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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2016-00867-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2016-00867-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 30 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las 39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 18 Radicado: 76001-23-33-002-2016-00867-02 (2138-2025) Demandante: Colpensiones pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones en contra de Víctor Mario Quijano Villaquirán. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 19

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-002-2016-00867-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-002-2016-00867-02 (2138-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Víctor Mario Quijano Villaquirán

Temas: Devolución de sumas pagadas de más. Buena fe

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante en
contra de la sentencia proferida el 30 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013
proferida por esa entidad, en la que reconoció una pensión de vejez a favor de Víctor
Mario Quijano Villaquirán.

1 En adelante Colpensiones.
2 La demanda fue presentada el 17 de junio de 2016. Acta de reparto en el folio 108 del documento

2 del expediente de la primera instancia en Samai.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Colpensiones

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez y
aportes a salud; y ii) la indexación del monto de la condena impuesta.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. A través de la Resolución GNR-187432 del 19 de julio de 2013 Colpensiones le
reconoció una pensión de vejez a Víctor Mario Quijano Villaquirán en cuantía de
$2.762.132, con efectos fiscales a partir del 13 de noviembre de 2004 y en aplicación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, de las
condiciones pensionales previstas en el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por medio
del Decreto 758 de ese año.

3.2. Envirtud de la Resolución 278681 del 8 de agosto de 2014 le solicitó al
pensionado autorización para revocar el acto de reconocimiento porque advirtió que
se había trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 5 y se
encontraba afiliado a la administradora de Pensiones Porvenir S.A., sin embargo, el
demandado no aportó la citada autorización.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 10, 12, 13, 16, 31 y 32 de la Ley 100 de
1993; y los decretos 692 y 1299 de 1994.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:

5.1. El Sistema General de Pensiones está integrado por dos regímenes solidarios
pero excluyentes: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Aunque la afiliación al
sistema es obligatoria, la elección del régimen es libre y voluntaria y determina tanto
las condiciones para acceder a las prestaciones como la administradora
responsable de su reconocimiento.

5.2. Mientras que en el RPM los aportes integran un fondo común y la pensión

4 Folios 3 al 7 del documento 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
5 En lo siguiente RAIS
6 Folios 14 al 21 del documento 2 del expediente de la primera instancia en Samai.

2

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Demandante: Colpensiones

depende del cumplimiento de los requisitos legales, en el RAIS las cotizaciones y
sus rendimientos se acumulan en una cuenta individual y determinan la financiación
de la prestación. Por ello, las cotizaciones que el afiliado hubiera efectuado
previamente al ISS, hoy Colpensiones, no habilitaban a la entidad para reconocerle
directamente una pensión de vejez, sino que, de cumplirse con los requisitos
legales, podían dar lugar al reconocimiento de un bono pensional tipo A destinado
a financiar su prestación en el RAIS.

5.3. Colpensiones solo tiene competencia para reconocer las prestaciones
correspondientes a los afiliados al RPM, mientras que las administradoras de fondos
de pensiones son responsables de las prestaciones de quienes se encuentran
vinculados al RAIS. Así, debido a que Víctor Mario Quijano Villaquirán escogió el
RAIS y se encontraba afiliado a Porvenir S.A., la competencia para estudiar y
reconocer su eventual pensión de vejez correspondía a esta última entidad y no a
Colpensiones.

5.4. La Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013 fue expedida sin
competencia, presupuesto fundamental para la validez de los actos administrativos,
pues solo puede ser ejercida por la autoridad a la que la Constitución o la ley le haya
atribuido expresamente la respectiva facultad. La falta de competencia es un vicio
insaneable y que incluso es susceptible de ser declarado de oficio por el juez.

1.2. Contestación de la demanda

6. Claudia Clavijo Noreña, en calidad de cónyuge supérstite de Víctor Mario Quijano
Villaquirán, se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se
expresan a continuación7:

6.1. El reconocimiento pensional efectuado por Colpensiones no obedeció a una
actuación dolosa o fraudulenta por parte de Víctor Mario Quijano Villaquirán, por lo
que no puede desconocerse la presunción de buena fe que amparaba su conducta.
El afiliado solicitó inicialmente su pensión ante el ISS, pero esa entidad, mediante
Resolución 0844 de 2006, le negó el reconocimiento al considerar que se
encontraba afiliado a Porvenir S.A., decisión que le fue notificada el 5 de abril de
2006 y contra la cual no interpuso recursos, de modo que el ISS, hoy Colpensiones
tenían conocimiento de su afiliación al RAIS, pues en el expediente obra un
comunicado del 30 de enero de 2004, suscrito por María Teresa Ortega Nieto, en el
que se informó que el comité de multiafiliación había determinado la validez de su

7 Documento «001_45» del expediente de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Colpensiones

afiliación a Porvenir S.A.

6.2. Colpensiones pretendía trasladar al afiliado las consecuencias de una actuación
que fue exclusivamente atribuible a la propia entidad, pese a que esta contaba con
información suficiente sobre el régimen pensional al que pertenecía.

6.3. No es cierto que Víctor Mario Quijano Villaquirán se haya negado a autorizar la
revocatoria directa del acto pensional, pues la Resolución GNR 278681 del 8 de
agosto de 2014 nunca le fue notificada en vida. En el expediente administrativo y en
la carpeta pensional no existe constancia de notificación de dicho acto, ni se precisa
en los hechos de la demanda la fecha en que habría sido puesto en conocimiento
del pensionado.

6.4. La expedición y el pago de la pensión fueron consecuencia exclusiva del error
de Colpensiones y no de una actuación imputable al afiliado, quien no intervino en
la expedición de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013 ni tuvo injerencia
en la decisión administrativa de reconocerle la prestación, de modo que recibió la
pensión bajo la convicción legítima de que tenía derecho a ella y falleció sin que
Colpensiones le hubiera notificado la Resolución GNR 278681 de 2014.

7. Propuso las excepciones de inepta demanda por la no vinculación al proceso de
la Contraloría General de la República por el presunto detrimento patrimonial que
generó Colpensiones con el pago de la mesada; inexistencia del derecho; cobro de
lo no debido; buena fe; prescripción; y la innominada o genérica.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 30 de abril
de 20258, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no impuso
condena en costas. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

«PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de
2013, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-,
mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor del señor
Víctor Mario Quijano Villaquirán, acorde con lo explicado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.
[…]» [sic].

8 Documento 71 del expediente de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Colpensiones

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso Víctor Mario Quijano
Villaquirán se encontraba afiliado al RAIS, particularmente a la administradora
Porvenir S.A. y no hubo constancia de que se haya trasladado al RPM administrado
por Colpensiones. En el año 2006 se llevó a cabo un proceso de solución de
multiafiliación en el que se estableció que contaba con afiliaciones a los fondos
privados Horizonte, Protección y Porvenir S.A. y el ISS, hoy Colpensiones, y que la
entidad encargada del reconocimiento pensional era Porvenir S.A.

9.2. De acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994, Colpensiones
carecía de competencia para reconocer la pensión de vejez mediante la Resolución
GNR 187432 del 19 de julio de 2013, lo cual configuró un vicio de nulidad absoluta
por falta de competencia.

9.3. La buena fe bajo el cual actuó el causante, según se argumentó en la
contestación de la demanda, no podía prevalecer sobre la sostenibilidad financiera
del sistema pensional y no tenía la capacidad de subsanar el vicio de incompetencia
del acto administrativo.

9.4. No obstante, no se probó que el causante hubiera inducido a Colpensiones en
error para obtener la pensión, pues el problema no radicó en el incumplimiento de
los requisitos de edad o tiempo de servicio, sino exclusivamente en la falta de
competencia de la entidad para reconocerla. Además, la pensión constituía un
derecho derivado de las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral, las cuales
fueron realizadas al fondo privado Porvenir S.A., por lo que Colpensiones debía
acudir a dicha entidad para obtener el recobro de los recursos.

9.5. Sin embargo, no había lugar a impartir orden alguna en ese sentido contra
Porvenir S.A. porque esa entidad no fue convocada al proceso, lo que impidió
adoptar una decisión que afectara sus derechos sin garantizarle el debido proceso.

1.4. El recurso de apelación

10. Colpensiones presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos9:

10.1. Aunque el a quo reconoció que la buena fe no subsana la falta de competencia,

9 Documento 72 del expediente de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Colpensiones

desconoció las consecuencias derivadas de la ilegalidad del acto administrativo al
negar la devolución de las mesadas pagadas y desconocer la necesidad de proteger
los recursos del Sistema General de Pensiones.

10.2. «No se configuró la cosa juzgada, pues no existía identidad de objeto entre los
procesos involucrados, dado que las pretensiones formuladas en cada uno eran diferentes»
[sic].

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no se corrió traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia al considerar que no se logró probar la mala fe por
parte de Víctor Mario Quijano Villaquirán11.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a establecer
¿si Colpensiones logró desvirtuar la presunción de buena fe de Víctor Mario Quijano

10 Tal como se indicó en el auto admisorio del 4 de septiembre de 2025.
11 Documento 8 del expediente de segunda instancia en Samai.
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Colpensiones

Villaquirán en relación con el reconocimiento de la pensión de vejez que le fue
concedida por medio de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013, de
modo que hubiere lugar a ordenar la devolución de los dineros pagados por ese
concepto? Y ¿si hay lugar a estudiar el argumento de la entidad apelante
relacionado con la cosa juzgada?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la devolución
de prestaciones periódicas

14. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración13.

15. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos14, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u
opinión, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en
relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se
le denomina ‹principio de probidad›», entiéndase por probidad, de conformidad con
la Real Academia de la Lengua Española15, como honradez.

16. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199516, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del
derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad
en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar
que los demás procedan en al (sic) misma forma».

17. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

13 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
14Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
15 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
16 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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Demandante: Colpensiones

Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los casos
en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse17.

18. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa
de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho,
deberá probarlo». Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el
principio de la buena fe como rector de los contratos en las etapas precontractual y
contractual y su ejecución.

19. A su turno, el Código Contencioso Administrativo18 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero
no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe». [se resalta]

20. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el
cual dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas». [Se resalta].

21. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional19 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

22. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere

17 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
18 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
19 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso […]». [Se resalta]

23. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular de cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
esperan de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

24. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200420, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico […]». [Se resalta]

25. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin

20 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.

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Demandante: Colpensiones

embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros21.

26. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

27. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu[cen] racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad
de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o
sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»22, en otras palabras, el
beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción de
que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento colombiano
protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares de buena
fe.

28. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

29. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200823, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la

21 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
22 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
23 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.

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Radicado: 76001-23-33-002-2016-00867-02 (2138-2025)
Demandante: Colpensiones

alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que ‹Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe›, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto24[…]».

30. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 25, la corporación
indicó:

«Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente
que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre
prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se
presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción
que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben
atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos […]

[…]

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA […]».
[Se resalta].

31. En pronunciamiento del 18 de marzo de 202126, sostuvo que «el principio de la
buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le
corresponde a quien lo echa de menos probar que el peticionario actuó de mala fe.
Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien
no reunía los requisitos legales, no puede permitir a la entidad alegar a su favor su
propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de
buena fe […]». [Se resalta].

32. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades

24 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya

Forero.
25 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
26 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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Radicado: 76001-23-33-002-2016-00867-02 (2138-2025)
Demandante: Colpensiones

se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

33. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

34. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda «de
lesividad», reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación27.

35. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

36. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad
de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que

27 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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Demandante: Colpensiones

llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

37.1. El 30 de enero de 2004, el ISS le informó a Víctor Mario Quijano Villaquirán que
el conflicto de multiafiliación se había resuelto y que se encontraba válidamente
vinculado al fondo de pensiones Porvenir S.A. en atención al traslado que tuvo lugar
el 9 de octubre de 2000, que cualquier dinero de aportes sería enviado a esa entidad
y que debía seguir realizando sus aportes pensionales a la mencionada
administradora de pensiones28.

37.2. El 16 de diciembre de 2005, Víctor Mario Quijano Villaquirán solicitó ante el ISS
el reconocimiento de una pensión de vejez29.

37.3. El 2 de febrero de 2006, por medio del Oficio DAP 2426, el jefe del
Departamento de Atención al Pensionado de Colpensiones le informó a la
Vicepresidencia de Pensiones de la entidad que existía un conflicto de multiafiliación
con una serie de pensiones de vejez por traslado a fondos privados, entre las que
se encontraba la de Víctor Mario Quijano Villaquirán y que debían ser incluidas «en
la próxima reunión»30.

37.4. Por medio de Auto 844 del 21 de marzo de 2006, el ISS negó el reconocimiento
de la mesada pensional pedida en diciembre de 2005 y explicó que la entidad
encargada era el fondo de pensiones Porvenir S.A y que su competencia se limitaba
a la expedición del bono pensional31. La notificación de esta decisión no se dirigió a
Víctor Mario Quijano Villaquirán sino a Porvenir S.A.32.

37.5. El20 de junio de 2007 Víctor Mario Quijano Villaquirán solicitó al ISS la
reliquidación del bono pensional emitido porque existía un error en el cálculo de la

28 Folio 77 del documento 2 de la demanda.
29No se encontró copia de esta solicitud, pero la información está contenida en el Auto 844 del 21 de

marzo de 2006 visible en el folio 93.
30 Folio 39 del documento 2 de la demanda.
31 Folio 93 del documento 2 de la demanda.
32 Folio 94 del documento 2 de la demanda.

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Radicado: 76001-23-33-002-2016-00867-02 (2138-2025)
Demandante: Colpensiones

base de liquidación33. La petición fue reiterada el 18 de mayo de 2009 en el que
indicó «este derecho de petición [ha] sido solicitado en otras ocasiones presentando
silencio administrativo por parte del ISS […]»34. Ante la falta de pronunciamiento, acudió
a la Procuraduría General de la Nación35, entidad que requirió al ISS para que
atendiera la petición presentada36, pero en el expediente administrativo no se
encontró una respuesta de fondo relacionada con el bono pensional.

37.6. Por medio de la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de 2013, Colpensiones
le reconoció a Víctor Mario Quijano Villaquirán una pensión de vejez como
beneficiario del régimen de transición de la ley 100 de 1993 y del régimen previsto
en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de 1990. Se tuvieron
en cuenta un total de 1.237 semanas cotizadas, una tasa de reemplazo del 87% y
una base de liquidación de $3.174.864 para una mesada final de $2.762.132,
causada a partir del 13 de noviembre de 2004. De acuerdo con el contenido del
acto, su expedición obedeció a la solicitud de reconocimiento interpuesta por el
pensionado el «12» [sic] de diciembre de 200537.

37.7. Víctor Mario Quijano Villaquirán falleció el 10 de febrero de 201738.

2.4. Análisis sustancial

38. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, pues, aunque declaró la nulidad del acto demandado negó la pretensión
de devolución de las sumas pagadas de más al considerar que no se probó que el
pensionado hubiera actuado de mala fe.

39. La parte demandada no propuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, pues solo fue recurrida por Colpensiones, circunstancia que le da
la calidad de apelante único. En atención a lo anterior y a lo dispuesto en el artículo
328 del CGP que dispone que la competencia del juez de segunda instancia está
condicionada al objeto de la apelación, en esta oportunidad solo se analizará lo
relativo a la devolución de lo pagado por concepto de pensión de vejez, por ser el
único disentimiento planteado por la entidad.

33 Folio 47 del documento 2 de la demanda.
34 Folio 48 del documento 2 de la demanda.
35 Folio 49 del documento 2 de la demanda.
36 Folio 52 del documento 2 de la demanda.
37 Folios 97 al 102 del documento 2 de la demanda.
38 Folio 149 del documento 9.

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Demandante: Colpensiones

40. Al respecto, como se explicó en el acápite del marco normativo y jurisprudencial,
de acuerdo con las normas constitucionales y legales, en el Estado colombiano se
presume la buena fe en el actuar de los particulares lo que conlleva a que quien
alegue un comportamiento contrario debe desvirtuarla. En ese orden, le
correspondía a Colpensiones demostrar que Víctor Mario Quijano Villaquirán logró
el reconocimiento de la pensión a través de actos deshonestos.

41. No obstante, el material probatorio no permite concluir que Víctor Mario Quijano
Villaquirán hubiera actuado de manera deshonesta, fraudulenta o deliberadamente
encaminada a obtener una prestación a la que sabía que no tenía derecho. Por el
contrario, la secuencia de actuaciones documentada en el expediente evidencia que
el causante acudió inicialmente al ISS para solicitar el reconocimiento de su pensión
de vejez el 16 de diciembre de 2005, momento para el que la entidad ya tenía
conocimiento de la situación de multiafiliación y, desde el 30 de enero de 2004,
había informado que el conflicto había sido resuelto y que el causante se encontraba
válidamente vinculado a Porvenir S.A.

42. En consecuencia, no se trata de un afiliado que hubiera ocultado
deliberadamente su situación pensional o suministrado información falsa para
obtener el reconocimiento, sino de una persona que acudió a la administración para
que le definiera la prestación a la que consideraba tener derecho.

43. Ahora bien, aunque mediante Auto 844 del 21 de marzo de 2006 el ISS negó la
solicitud de reconocimiento pensional y señaló que la entidad competente era
Porvenir S.A., no se demostró que dicha decisión hubiera sido notificada al
causante, pues la constancia obrante en el expediente evidencia que la
comunicación de esa decisión fue dirigida a Porvenir S.A. y no a Víctor Mario
Quijano Villaquirán.

44. Esta circunstancia resulta determinante para establecer si el causante tenía
conocimiento efectivo de que el ISS había rechazado su solicitud y que, en
consecuencia, no podía posteriormente acudir a Colpensiones para obtener el
reconocimiento de la prestación, de modo que no es posible atribuirle el
conocimiento de una decisión administrativa que no le fue comunicada, menos aún
para deducir de ello una conducta dolosa o contraria a la buena fe.

45. Por el contrario, la ausencia de notificación impide tener por demostrado que el
causante conociera la negativa y, particularmente, que tuviera conciencia de que un
eventual reconocimiento posterior por parte de Colpensiones sería contrario a las
reglas de competencia del sistema pensional. A lo anterior se suma que el

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Demandante: Colpensiones

reconocimiento efectuado mediante la Resolución GNR 187432 del 19 de julio de
2013 no obedeció a una nueva solicitud de pensión presentada por el causante,
sino que Colpensiones retomó la petición que formuló el 16 de diciembre de 2005,
pues así se desprende del propio contenido del acto administrativo.

46. Además, es necesario tener en cuenta que el 20 de junio de 2007 solicitó la
reliquidación del bono pensional y reiteró dicha petición el 18 de mayo de 2009, ante
la falta de respuesta de la entidad. La ausencia de pronunciamiento persistió al
punto de que tuvo que acudir a la Procuraduría General de la Nación, que requirió
al ISS para que atendiera su solicitud. Sin embargo, en el expediente administrativo
no obra una respuesta de fondo mediante la cual se le hubiera definido la situación
planteada y que, además, hubiera sido puesta en conocimiento del causante.

47. Esta circunstancia permite advertir que la relación del afiliado con la
administración estuvo marcada por la búsqueda de una definición de su situación
pensional y del bono correspondiente, sin que se encontrara acreditado que hubiera
recibido una respuesta clara, completa y oportuna sobre la entidad responsable de
reconocer su prestación. En ese contexto, no resulta jurídicamente admisible
trasladarle las consecuencias del error cometido por Colpensiones.

48. Lo anterior obedece a que la entidad conocía la situación de afiliación de Víctor
Mario Quijano Villaquirán, pues el expediente da cuenta de las actuaciones
adelantadas por el ISS para resolver la multiafiliación y de la conclusión según la
cual Porvenir S.A. era la administradora responsable de la prestación. Incluso, el
propio ISS había negado en el año 2006 el reconocimiento pensional con
fundamento precisamente en esa circunstancia y pese a ello, años después
Colpensiones retomó la solicitud presentada en 2005 y reconoció la pensión.

49. Aun cuando el demandado solicitó en los años 2007 y 2009 la reliquidación del
bono pensional por parte de Colpensiones, lo que podría indicar su conocimiento
sobre la afiliación a Porvenir SA, lo cierto es que tal actuación no evidencia que
haya actuado de mala fe respecto del reconocimiento pensional efectuado en el año
2013, más aún si se toma en consideración que ese derecho no le fue concedido
con ocasión de una nueva solicitud de reconocimiento presentada por él, sino
porque la parte demandante retomó la petición que fue radicada en el año 2005. En
tal sentido, dicha circunstancia no puede ser entendida como prueba de una
conducta deshonesta o fraudulenta para obtener el reconocimiento de la mesada.

50. Tampoco puede perderse de vista que la nulidad del acto por falta de
competencia no conduce, por sí sola, a concluir que los recursos recibidos deban

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ser restituidos por el beneficiario. Una cosa es establecer que Colpensiones carecía
de competencia para reconocer la prestación y, por ello, que el acto administrativo
debía ser retirado del ordenamiento jurídico, y otra distinta determinar si el particular
debía responder patrimonialmente por las sumas percibidas. Para esto último
resulta indispensable establecer que el pago indebido sea jurídicamente imputable
a una conducta de mala fe o, al menos, que el beneficiario hubiera intervenido de
manera determinante en la obtención irregular de la prestación.

51. El argumento relativo a la pérdida de recursos del sistema pensional tampoco
tiene vocación de prosperidad porque dicho argumento no puede utilizarse para
presumir la mala fe del particular ni para relevar a la administración de demostrar
las circunstancias que hacen procedente la restitución de los recursos. En este
caso, la protección de los emolumentos ya se encuentra garantizada mediante la
declaratoria de nulidad del acto expedido sin competencia y la posibilidad de que
Colpensiones, tal como lo indicó el a quo, solicite la devolución de las cifras pagadas
a la administradora de pensiones que era competente.

52. Finalmente, en el recurso de apelación se controvirtió la inexistencia de cosa
juzgada. Sin embargo, se advierte que dicho planteamiento no guarda relación con
el objeto de la controversia, toda vez que la sentencia de primera instancia no
efectuó ningún análisis ni adoptó una decisión con fundamento en la configuración
de dicho fenómeno jurídico. En consecuencia, al no existir un pronunciamiento del
a quo sobre este aspecto que pueda ser objeto de revisión en segunda instancia,
no se efectuará consideración adicional al respecto.

53. En consecuencia, al no encontrarse acreditado que Víctor Mario Quijano
Villaquirán hubiera actuado de mala fe o hubiera inducido a Colpensiones a
reconocerle la prestación, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó el restablecimiento del derecho consistente en la devolución de las sumas
pagadas por concepto de pensión de vejez.

2.5. Costas

54. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca

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que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.39

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Colpensiones no logró
desvirtuar la presunción constitucional de buena fe, de modo que no hay lugar a
ordenar la devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez a
Víctor Mario Quijano Villaquirán. Por tal razón se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 30 de abril de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las

39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Colpensiones

pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Colpensiones en contra de Víctor Mario Quijano Villaquirán.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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