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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-002-2016-01669-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-002-2016-01669-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación y FIJAR las agencias en derecho en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor de la parte ejecutante y a cargo de las entidades demandadas, que deberán asumir su pago de forma solidaria. Las costas se liquidarán por el Tribunal a quo. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-002-2016-01669-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

Temas: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO – Para procesos regidos por el CCA, pero cuya sentencia fue dictada en
vigencia del CPACA, el régimen jurídico aplicable frente a la ejecución del fallo, incluido el cálculo de intereses,
es el previsto en el Decreto 01 de 1984, de conformidad con las reglas de ultraactividad de la ley y con la
jurisprudencia constitucional, especialmente, la Sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional. –
RETENCIONES POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS – Constituyen un recaudo anticipado de impuestos cuyo
sujeto pasivo es el beneficiario del pago, de manera que son imputables al cumplimiento de la obligación
ejecutada.

1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Rama Judicial y
la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 30 de noviembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la
cual declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación y ordenó
seguir adelante con la ejecución por un saldo insoluto.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Joaquín Emilio Echeverry Zambrano, Luz Elena Jaramillo Arango, Saulia
Zambrano de Echeverry, Aceneth Echeverry Zambrano, Uriel Ramírez, Sandra
Milena Echeverry Jaramillo, Alexander Echeverry Jaramillo, Diana Lorena
Echeverry Jaramillo, Daniel Andrés Echeverry Jaramillo, Gerardo Antonio
Echeverry Zambrano, Isidro Antonio Echeverry Zambrano, María Argenis
Echeverry de Cardona, María del Rosario Echeverry Zambrano, Virginia
Echeverry de López, Ayda Luz Echeverry Zambrano, María Zuleid Echeverry
Zambrano y Ángela María Echeverry Zambrano, a través de apoderado judicial,
promovieron proceso ejecutivo en contra de la Rama Judicial y de la Fiscalía
General de la Nación, para obtener el pago de la obligación contenida en la
providencia del 29 de mayo de 2014, dictada en segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa n.° 76001-23-31-000-1997-25274-01, por medio
de la cual la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación condenó
a las ejecutadas a pagar, solidariamente, unas sumas de dinero. A través de
sentencia del 30 de noviembre de 2023, el a quo del presente trámite declaró
probada la excepción de pago parcial de la obligación y ordenó seguir adelante
con la ejecución por la suma de $315'180.696. Lo anterior, al encontrar que los
abonos efectuados por las entidades ejecutadas no cubrían en su totalidad el
capital adeudado y los intereses causados.

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

ANTECEDENTES

Demanda ejecutiva

3. El 17 de febrero de 20161, las personas señaladas anteriormente presentaron
demanda ejecutiva, en la que formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben con su propio énfasis y posibles errores2:

“PRIMERA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a
favor de JOAQUÍN EMILIO ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de la Nación-
Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo ello como
capital adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que
la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
doscientos noventa y ocho millones trescientos veintidós mil setecientos treinta y
ocho pesos ($298.322.738).

SEGUNDA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a
favor de LUZ ELENA JARAMILLO, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la
Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo ello como capital adeudado desde
la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la condena se produjo
en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de: noventa y seis millones
quinientos veintitrés mil pesos quinientos sesenta pesos ($96.523.560).

TERCERO.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a
favor de SAULIA ZAMBRANO, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación
y Nación – Rama Judicial del Poder, todo ello como capital adeudado desde la
ejecutoria del 12 de junio, teniendo en cuenta que la condena se produjo en salarios
mínimos legales mensuales vigentes la suma de: noventa y seis millones quinientos
veintitrés mil pesos quinientos sesenta pesos ($96.523.560).

CUARTO.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de ACENETH ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de Nación- Fiscalía General
de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo ello como capital adeudado
desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la condena se
produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de: cuarenta y ocho
millones doscientos sesenta y un mil setecientos ochenta pesos ($48.261.780).

QUINTA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de URIEL RAMÍREZ, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación y Nación
– Rama Judicial del Poder, todo ello como capital adeudado desde la ejecutoría el 12
de junio de 2014, teniendo en cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos
legales mensuales vigentes la suma de: cuarenta y ocho millones doscientos sesenta
y un mil setecientos ochenta pesos ($48.261.780).

SEXTO.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de SANDRA MILENA ECHEVERRY JARAMILLO, y en contra de la Nación- Fiscalía
General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

SÉPTIMA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de ALEXANDER JARAMILLO ECHEVERRY, en contra de la Nación- Fiscalía
General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

1 Folio 122 del cuaderno principal digitalizado (archivo “001 C.1 Image_00038” de la carpeta
“34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del Tribunal de primera instancia).
2 Subsanación de la demanda, folios 187 a 189 del cuaderno principal digitalizado digitalizado (archivo “002 C.2

Image_00039” de la carpeta “34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del
Tribunal de primera instancia).

2

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

OCTAVA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de DIANA LORENA ECHEVERRY JARAMILLO, y en contra de la Nación- Fiscalía
General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

NOVENA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de DANIEL ANDRÉS ECHEVERRY JARAMILLO, y en contra de la Nación- Fiscalía
General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DÉCIMA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor
de GERARDO ANTONIO ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de la Nación-
Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DÉCIMA PRIMERO.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de ISIDRO ANTONIO ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de la
Nación- Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como
capital adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que
la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DÉCIMA SEGUNDA.- Sirvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de MARÍA ARGÉNIS ECHEVERRY DE CARDONA, y en contra de
la Nación- Fiscalía General la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como
capital adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que
la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DÉCIMA TERCERO.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de MARÍA DEL ROSARIO ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra
de la Nación- Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo
como capital adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en
cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la
suma de: diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DÉCIMA CUARTA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de VIRGINIA ECHEVERRY DE LÓPEZ, y en contra de la Nación-
Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DÉCIMA QUINTA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de AYDA LUZ ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de la Nación-
Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172).

DECIMA SEXTA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo
a favor MARÍA ZULEID ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de la Nación- Fiscalía
General de la Nación y Nación — Rama Judicial del Poder, todo como capital
adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio 2014, teniendo en cuenta que la
condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de:
doce millones ciento doce mil trescientos veinte siete pesos con nueve centavos
($12.112.327,9).

DECIMA SÉPTIMA.- Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de ÁNGELA MARÍA ECHEVERRY ZAMBRANO, y en contra de la
Nación- Fiscalía General de la Nación y Nación — Rama Judicial del Poder, todo
como capital adeudado desde la ejecutoria del 12 de junio de 2014, teniendo en

3

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes la
suma de: diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos ($19.304.172)”.

4. El proceso fue repartido inicialmente al Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Cali, despacho que, por auto del 12 de octubre de 20163, declaró la
falta de competencia y lo remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Hechos

5. El 29 de mayo de 2014, la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación dictó sentencia de segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado n.° 76001-23-31-000-1997-
25274-01. En dicha providencia revocó la decisión de primer grado y condenó a
la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar, solidariamente,
las siguientes sumas de dinero (se transcribe un fragmento de la demanda,
incluso con errores):

“PERJUICIOS MORALES:

• Joaquín Emilio Echeverry Zambrano (100) SMLMV,
• Luz Elena Jaramillo (100) SMLMV,
• Joaquín Echeverry Muriel (100) SMLMV,
• Saulia Zambrano (100) SMLMV,
• Aceneth Echeverry Zambrano (20) SMLMV,
• Uriel Echeverry Ramírez (50) SMLMV,
• Sandra Milena Echeverry Jaramillo (20) SMLMV,
• Jhon Alexander Jaramillo (20) SMILMV,
• Diana Lorena Echeverry Jaramillo (20) SMILMV,
• Daniel Andrés Echeverry Jaramillo (20) SMILMV,
• Gerardo Antonio Echeverry Zambrano (20) SMILMV,
• Isidro Antonio Echeverry Zambrano (20) SMILMV,
• Álvaro de Jesús Echeverry Zambrano (20) SMILMV,
• María Argenix Echeverry de Cardona (20) SMILMV,
• María del Rosario Echeverry Zambrano (20) SMILMV,
• Virginia Echeverry de López (20) SMILMV,
• Ayda Luz Echeverry Zambrano (20) SMILMV,
• María Zuleid Echeverry Zambrano (20) SMILMV,
• Ángela María Echeverry Zambrano (20) SMILMV,

En total de daños morales en SMLMV que serían en pesos de ($523.985.040)

PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE:

• Joaquín Emilio Echeverry Zambrano (20) SMLMV

En pesos equivale a ($13.789.080)

PERJUICIO MATERIAL MODALIDAD LUCRO CESANTE:

• Joaquín Emilio Echeverry Zambrano ($61.407.790)

PERJUICIO DE DAÑO A BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS:

• Joaquín Emilio Echeverry Zambrano (100 SMLMV)

En pesos equivale a ($68.945.400)”.4

6. La decisión de segunda instancia adoptada por esta Corporación cobró
ejecutoria el 12 de junio de 2014.

3 Folios 192 a 195 del cuaderno principal digitalizado ibidem.
4 Folios 2 y 3 del cuaderno principal digitalizado, ibidem.

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Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

7. El 13 de febrero de 2015, los aquí ejecutantes presentaron cuentas de cobro
ante la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Estas últimas, mediante
oficios del 1° de julio y del 18 de septiembre de 2015, respectivamente,
confirmaron que aquellas cumplían con los requisitos legales para el pago y que
se les había asignado turno para el efecto.

8. Transcurridos dieciocho (18) meses desde la ejecutoria de la sentencia que sirve
de título ejecutivo, la condena en ella impuesta se constituyó en una obligación
“clara, expresa y actualmente exigible”5.

Fundamentos de derecho

9. La parte accionante señaló que el título ejecutivo que soporta las obligaciones
cuyo pago se persigue es una sentencia judicial dictada por esta Corporación en
el marco de un proceso de reparación directa. Adujo que, transcurridos dieciocho
(18) meses desde su ejecutoria, las entidades demandadas no cumplieron con
el pago de las condenas impuestas en la referida providencia. Agregó que deben
reconocerse los intereses moratorios causados sobre las sumas adeudadas,
desde la firmeza de la decisión judicial que las contiene y hasta que se efectúe
el pago de estas.

Mandamiento de pago

10. A través de auto del 6 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca libró mandamiento ejecutivo en contra de la Rama Judicial y de la Fiscalía
General de la Nación, en los siguientes términos6 (se transcribe incluso con
errores):

“LÍBRESE mandamiento de pago contra la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, para que dentro del término de cinco (5) días contados
a partir de la notificación personal de este proveído, paguen las sumas de dinero a
que resultaron condenados mediante sentencia judicial proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de mayo de 2014 y, en favor de los ejecutantes
que se relacionan en la siguiente tabla:

1.1.
EJECUTANTES VALOR ADEUDADO
Joaquín Emilio Echeverry Zambrano $196.927.790.
Luz Elena Jaramillo Arango $61.600.000.
Saulia Zambrano $61.600.000.
Aceneth Echeverry Zambrano $30.800.000.
Uriel Echeverry Ramírez $30.800.000.
Sandra Milena Echeverry Jaramillo $12.320.000.
John Alexander Echeverry Jaramillo $12.320.000.
Diana Lorena Echeverry Jaramillo $12.320.000.
Daniel Andrés Echeverry Jaramillo $12.320.000.
Gerardo Antonio Echeverry Zambrano $12.320.000.

5 Folio del cuaderno principal digitalizado, ibidem.
6 Folios 203 a 205 del cuaderno principal digitalizado (archivo “002 C.2 Image_00039” de la carpeta
“34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del Tribunal de primera instancia).

5

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

Isidro Antonio Echeverry Zambrano $12.320.000.
María Argenis Echeverry de Cardona $12.320.000.
María del Rosario Echeverry Zambrano $12.320.000.
Virginia Echeverry de López $12.320.000.
Aida Luz Echeverry Zambrano $12.320.000.
María Zuleid Echeverry Zambrano $12.320.000.
Ángela María Echeverry Zambrano $12.320.000.

1.2. Por los intereses corrientes causados sobre las sumas relacionadas en la tabla
anterior, computados desde el 13 de junio hasta el 12 de julio de 2014 e intereses
moratorios causados desde el 13 de julio de 2014 hasta la fecha en la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, efectúen el pago. Su monto se definirá en la liquidación del crédito”7.

11. Contra la anterior providencia la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso
de reposición8, con fundamento en los siguientes argumentos: (i) el a quo
incurrió en un error porque en el mandamiento de pago no ordenó la liquidación
de intereses y no indicó que estos debían ser liquidados con la fórmula
establecida en la Resolución n.° 2469 del 22 de diciembre de 2015 del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y las Circulares Externas n.° 10 y 12 de 2014
expedidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, toda vez que
la demanda fue radicada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); (ii) el anterior cálculo debe ser
efectuado con aplicación de la DTF mensual vigente fijada por el Banco de la
República, durante los diez (10) meses siguientes a que la sentencia que sirve
de título cobró ejecutoria, y con la tasa comercial a partir del mes once; (iii)
debían indicarse los descuentos a efectuar sobre el pago de las sumas de dinero
a reconocer por concepto de lucro cesante e intereses moratorios, toda vez que
la entidad recurrente es agente retenedora; y (iv) no se tuvo en cuenta que la
parte demandante obró de mala fe al intentar un doble cobro de la misma
obligación, toda vez que interpuso la demanda cuando ya se le había asignado
un turno de pago.

12. El apoderado de los actores, al pronunciarse sobre el recurso de reposición 9,
indicó que la acreencia reclamada es actualmente exigible, porque transcurrió el
término de dieciocho (18) meses previstos en la ley para el pago de obligaciones
contenidas en providencias judiciales. Señaló que el a quo no incurrió en error
por no haber ordenado el pago de intereses liquidados de la forma indicada en
el recurso y al no disponer los descuentos de carácter tributario que deben ser
efectuados por las ejecutadas, pues son aspectos que correspondían ser
resueltos en la sentencia que ponga fin al proceso. Agregó que no existe un
doble cobro de la misma obligación, toda vez que los beneficiarios tienen
derecho de buscar el pago de lo debido por vía judicial.

13. Mediante auto del 6 de diciembre de 201910, el Tribunal Administrativo del Valle

7 El señor Víctor Manuel Téllez Cobo había presentado la demanda ejecutiva como apoderado de los
beneficiarios de la condena y también en nombre propio. Sin embargo, al subsanar el escrito introductorio (en
cumplimiento del auto por el que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Cali lo inadmitió), se eliminaron
las pretensiones que habían sido formuladas por dicho sujeto. Por lo anterior, el mandamiento de pago no se
libró a su favor.
8 Folios 348 a 352 del cuaderno principal digitalizado ibidem.
9 Folios 363 a 364 del cuaderno principal digitalizado ibidem.
10 Folios 369 a 374 del cuaderno principal digitalizado ibidem.

6

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

del Cauca confirmó la providencia del 6 de julio de 2017. Para el efecto, sostuvo
que: (i) los intereses sobre la suma adeudada deben calcularse con las reglas
previstas en el Código Contencioso Administrativo (CCA), por ser la norma bajo
la cual se dictó la sentencia objeto de ejecución, mientras que “ninguna de las
normas” invocadas en el recurso de reposición son aplicables a los casos que
se rigen por el CPACA y no al presente caso “comoquiera que el título ejecutivo
que aquí se discute tiene que ser ejecutado conforme al CCA”; (ii) en el
mandamiento ejecutivo no deben indicarse los descuentos por conceptos
tributarios a los que está sometido el pago ordenado; y (iii) la parte actora no
pretende un doble pago de la misma acreencia, sino que busca la ejecución de
las sumas ordenadas en una sentencia judicial.

Oposición de las entidades ejecutadas

14. Al contestar la demanda, la Fiscalía General de la Nación propuso las siguientes
excepciones frente a las pretensiones formuladas por los ejecutantes: (i) la
liquidación de intereses se rige por la Ley 1437 de 2011 y por los lineamientos
fijados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Circular
Externa n.° 10 del 13 de noviembre de 2014, de ahí que, los réditos moratorios
deben calcularse aplicando la tasa DTF mensual fijada por el Banco de la
República, pero una vez pasados diez (10) meses desde la fecha en que cobró
ejecutoria la sentencia que sirve de título ejecutivo; (ii) al pago de la obligación
reclamada deben efectuarse los descuentos de ley, dentro de los que se
encuentra la retención en la fuente, de acuerdo con los artículos 368, 368-1 y
368-2 del Estatuto Tributario Nacional; (iii) los intereses moratorios solo pueden
calcularse a partir de la fecha en la que la solicitud de pago presentada por los
demandantes cumplió con el lleno de los requisitos legales, lo cual ocurrió luego
del vencimiento del plazo de tres (3) meses señalado en el artículo 192 del
CPACA; y (iv) los ejecutantes buscan un doble pago de la misma obligación,
toda vez que presentaron la demanda ejecutiva cuando ya tienen un turno de
pago asignado, el cual debe ser respetado, comoquiera que aquel atiende a las
normas presupuestales por las que se rigen las entidades públicas y procura la
efectividad de los derechos constitucionales a la igualdad y al debido proceso.

15. La Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al contestar la
demanda, propuso la excepción de pago total de la obligación. Para el efecto,
señaló que, mediante Resolución n.° 6155 del 29 de septiembre de 2017,
reconoció a los demandantes la suma de $438'853.086. Además, el día 7 de
noviembre del mismo año, abonó dicho valor a la cuenta de los ejecutantes. A
partir de lo anterior, adujo que la entidad se encuentra a paz y salvo con la
acreencia solidaria reclamada.

16. En una etapa posterior, pero previo a que el a quo dictara sentencia de primera
instancia, la Fiscalía General de la Nación presentó solicitud de terminación del
proceso por pago total de la obligación11. En sustento de lo anterior indicó que,
mediante Resolución n.° 2867 del 17 de junio de 2022, esa entidad estableció
que el monto total adeudado correspondía a la suma de $518'491.001,
incluyendo capital e intereses. Agregó que dicha acreencia fue reconocida por

11 Índices 00059 y 00085 del aplicativo Samai, en primera instancia.

7

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (por Resolución n.° 1984 del 28 de
julio de 2022) y fue cancelada a través de depósito judicial constituido el 9 de
agosto de 2022 en el Banco Agrario de Colombia, efectuando previamente las
respectivas retenciones.

La sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 30 de
noviembre de 202312, en la que declaró probada, de oficio, la excepción de “pago
parcial de la obligación en favor de la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación”. Además, ordenó seguir adelante con la ejecución respecto de
dichas entidades, por las siguientes sumas:

“PRIMERO. DECLÁRESE comprobada la excepción de pago parcial de la
obligación en favor de la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, acorde con lo explicado precedentemente. En consecuencia:

SEGUNDO. ORDENASE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN para el
cumplimiento de la obligación a cargo de la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, a favor del grupo ejecutante, por las siguientes sumas de
dinero, liquidadas hasta el 9 de agosto de 2022:

BENEFICIARIO VALOR ADEUDADO AL 9
DE AGOSTO DE 2022
JOAQUÍN EMILIO ECHEVERRY ZAMBRANO $150.055.015,38
LUZ ELENA JARAMILLO $26.332.678,91
SAULIA ZAMBRANO $26.332.678,91
ACENETH ECHEVERRY ZAMBRANO 13.056.218,08
URIEL ECHEVERRY RAMÍREZ $13.056.218,08
SANDRA MILENA ECHEVERRY JARAMILLO $5.380.247,92
JHON ALEXANDER JARAMILLO $27.165.159,06
DIANA LORENA ECHEVERRY JARAMILLO $5.380.247,92
DANIEL ANDRÉS ECHEVERRY JARAMILLO $5.380.247,92
GERARO ANTONIO ECHEVERRY $5.380.247,92
ZAMBRANO
ISIDRO ANTONIO ECHEVERRY ZAMBRANO $5.380.247,92
MARÍA ARGENIX ECHEVERRY DE $5.380.247,92
CARDONA
MARÍA DEL ROSARIO ECHEVERRY $5.380.247,92
ZAMBRANO
VIRGINIA ECHEVERRY DE LÓPEZ $5.380.247,92
AYDA LUZ ECHEVERRY ZAMBRANO $5.380.247,92
MARÍA ZULEID ECHEVERRY ZAMBRANO $5.380.247,92
ÁNGELA MARÍA ECHEVERRY ZAMBRANO $5.380.247,92
VALOR ADEUDADO AL 9 DE AGOSTO DE $315.180.696
2022

(…)”.

18. Como sustento de sus decisiones, expuso que, si bien las dos entidades
ejecutadas habían efectuado abonos, no era claro si estos lograban cubrir la
totalidad de la obligación o si, por el contrario, existía un saldo pendiente. Señaló
que, por lo anterior, resultaba necesario efectuar la liquidación del crédito, de la
que resultaron las sumas indicadas en el fragmento transcrito.

12 Índice 00088 del aplicativo Samai, en primera instancia.

8

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

19. En dicho ejercicio, el a quo tuvo en cuenta que la Rama Judicial efectuó un pago
por valor de $438'853.086, pero encontró que este no incluía las sumas
adeudadas al ejecutante Jhon Alexander Jaramillo Echeverry.

20. Frente a la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de primera instancia
encontró que realizó los siguientes pagos: (i) uno por $518'491.001 a favor de
los ejecutantes, del cual debían deducirse las sumas que la referida entidad
reconoció al señor Joaquín Echeverry Muriel, quien no compareció al proceso; y
(ii) otro por la suma de $340'013.028, que fue efectuado a órdenes del
apoderado de los ejecutantes, señor Víctor Manuel Téllez Cobo, por lo que
procedió a determinar qué porción de dicho valor debía atribuirse a cada uno de
los demandantes, por concepto de capital y de intereses.

21. A lo anterior agregó que, de acuerdo con el artículo 177 del CCA, deben
calcularse intereses corrientes desde el 13 de junio hasta el 12 de julio de 2014
(esto es, durante el mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia objeto de
ejecución) y moratorios desde el 13 de julio del mismo año y hasta que se haga
efectivo el pago total de la obligación. Lo anterior, empleando las tasas
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, convertidas a tasa
nominal diaria, en atención a lo señalado en el artículo 2.8.6.6.2 del Decreto
2469 de 2015.

22. Finalmente, señaló que, una vez realizado el cálculo indicado, debían
considerarse las deducciones por retención en la fuente, correspondientes al 7%
sobre los intereses de mora y el 3.5% sobre los valores reconocidos por
concepto de lucro cesante.

Los recursos de apelación

23. La Rama Judicial interpuso recurso de alzada13, en el que adujo que ya cumplió
con la obligación perseguida, comoquiera que, mediante Resolución n.° 6155
del 29 de septiembre de 2017, le reconoció a los ejecutantes la suma de
$438'853.086, la cual fue abonada a la cuenta bancaria autorizada el 7 de
noviembre de 2017. Agregó que los intereses moratorios no deben ser liquidados
“tomando la máxima tarifa de usura fijada por la Superintendencia que equivale
al 1.5 de los intereses comerciales”, sino que debe efectuarse con la fórmula
establecida en la Resolución n.° 455 del 24 de febrero de 2009 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y en el Decreto n.° 2469 del 22 de diciembre de 2015,
que emplea la DTF mensual vigente certificada por el Banco de la República.

24. La Fiscalía General de la Nación, formuló recurso de reposición y, en subsidio,
apelación14. Al respecto, señaló que el a quo incurrió en un error al tomar como
pago solamente la suma de $518'491.001 cancelada a los beneficiarios, toda
vez que también abonó $340'013.058 al abogado Víctor Manuel Téllez Cobo,
apoderado de los aquí ejecutantes, y $6.662.145 al señor Carlos Holmes. Señaló
que a los desembolsos efectuados a dicha entidad hizo las retenciones en la

13 Índice 00092 del aplicativo Samai, en primera instancia.
14 Índice 00094 del aplicativo Samai, en primera instancia.

9

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

fuente que ordena la ley, de acuerdo con los artículos 368, 368-1 y 368-2 del
Estatuto Tributario, dada su calidad de agente retenedor.

25. Mediante auto del 5 de julio de 202415, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca rechazó de plano el recurso de reposición formulado por la Fiscalía
General de la Nación y concedió ante el superior las apelaciones interpuestas
por las dos entidades demandadas.

Trámite relevante en segunda instancia

26. Recibido en esta Corporación, el asunto fue asignado por reparto al magistrado
Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la Subsección C de la Sección Tercera,
quien admitió los recursos de apelación formulados contra la sentencia de
primera instancia mediante providencia del 8 de octubre de 202416.

27. Posteriormente, a través de auto del 16 de junio de 202517, el referido despacho,
hoy a cargo de la magistrada Adriana Polidura Castillo, remitió el expediente al
ponente de esta sentencia, por corresponderle su conocimiento debido al factor
de competencia por conexidad. Para el efecto, señaló que la providencia que
sirve de título ejecutivo fue proferida por este despacho y que, en tal medida, le
corresponde conocer del proceso de la referencia.

28. A través de auto del 9 de septiembre de 202518, el ponente avocó conocimiento
del trámite. Además, requirió a la demandada Rama Judicial para que nombrara
nuevo apoderado, toda vez que quien fungía como tal renunció al mandato.

29. El 15 de septiembre siguiente19, la referida entidad nombró nueva apoderada.

CONSIDERACIONES

Régimen jurídico-procesal aplicable al proceso ejecutivo

30. Comoquiera que la demanda fue presentada el 17 de febrero de 2016 20, a este
proceso le es aplicable lo previsto en el CPACA, con las modificaciones
incorporadas por la Ley 2080 de 2021, vigentes al momento de la formulación
de los recursos de apelación, y las disposiciones del CGP, con ocasión de la
remisión expresa establecida en el artículo 298 del primer estatuto procesal
nombrado. Por su parte, en relación con el régimen sustantivo de la liquidación
de intereses moratorios, la Sala se pronunciará más adelante, al ser un aspecto
que se relaciona con uno de los recursos de apelación.

15 Índice 00108 del aplicativo Samai, en primera instancia.
16 Índice 00004 del aplicativo Samai, en esta instancia.
17 Índice 00015 del aplicativo Samai, en esta instancia.
18 Índice 00025 del aplicativo Samai, en esta instancia.
19 Índice 00029 del aplicativo Samai, en esta instancia.
20 Folio 122 del cuaderno principal digitalizado (archivo “001 C.1 Image_00038” de la carpeta
“34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del Tribunal de primera instancia).

10

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

Problemas jurídicos

31. En esta instancia, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados con los recursos de apelación en contra de la sentencia
de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y
definir de manera oficiosa21.

32. Así las cosas, al analizar el recurso de apelación de la Rama Judicial, la Sala
encuentra que dicha parte sustenta su inconformidad en cuanto al régimen
normativo aplicado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para
calcular los intereses moratorios producto de la condena impuesta en la
sentencia objeto de ejecución, pues aduce que dicho cálculo debe efectuarse
empleando la tasa DTF mensual vigente certificada por el Banco de la República,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto n.° 2469 del 22 de diciembre de
2015.

33. Por su parte, la impugnación de la Fiscalía General de la Nación se funda en
que la liquidación adoptada por el a quo no tuvo en cuenta las sumas de
$340'013.058 y $6'662.145 reconocidas a favor de los señores Víctor Manuel
Téllez Cobo y Carlos Holmes, que también deben ser imputadas al pago de la
obligación perseguida. Además, se sustenta en que dicha entidad tuvo que
efectuar la respectiva retención en la fuente a los abonos efectuados, de acuerdo
con los artículos 368, 368-1 y 368-2 del Estatuto Tributario Nacional.

34. Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir que la controversia se
circunscribe a determinar los siguientes aspectos: (i) si la liquidación de los
intereses moratorios debe realizarse con aplicación de la tasa DTF mensual
vigente certificada por el Banco de la República; (ii) si la Fiscalía General de la
Nación reconoció y pagó las sumas de $340'013.058 y $6'662.145 a favor de los
señores Víctor Manuel Téllez Cobo y Carlos Holmes y si en la sentencia apelada
se tuvieron en cuenta dichos abonos para establecer si la obligación estaba
saldada; y (iii) si la referida entidad efectuó retenciones a los desembolsos
realizados y si el a quo imputó tales valores a la acreencia ejecutada.

Liquidación de intereses moratorios para el cumplimiento de sentencias
tramitadas por las reglas del CCA, pero causados en vigencia del CPACA

35. En cuanto los parámetros para determinar los intereses que se causan en
cumplimiento de las sentencias dictadas en vigencia del CPACA, pero cuyos
procesos iniciaron bajo las reglas del CCA, esta Subsección ha establecido que
no es posible que exista una mixtura en la aplicación de las normas consagradas
en los dos estatutos procesales, de conformidad con el régimen de transición

21 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de

abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el
juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para
proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida
escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas
Betancourth.

11

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

dispuesto en la Ley 1437 de 2011, por lo que ha precisado que “las disposiciones
sustanciales frente a los intereses moratorios son inherentes al título del cual
emanan, sin que resulte posible, a efectos de la liquidación, su fraccionamiento
o escisión, independientemente del momento de su causación”22.

36. Lo anterior se sustenta en lo previsto en el artículo 308 del CPACA, que se refiere
al régimen de transición y vigencia de esa codificación, en el que se señala que
esta rige a partir del 2 de julio de 2012, para las demandas y procesos que se
instauren desde esa fecha, y que los que se encuentren en curso se seguirán
tramitando y culminarán según el régimen anterior, es decir, con las reglas del
CCA. Por este motivo, para los asuntos que iniciaron bajo este último marco
normativo mencionado, resulta indiferente que su terminación haya ocurrido
cuando el mismo ya se encontraba derogado, dado el fenómeno de
ultraactividad de la ley que permite la subsistencia de estas normas, “bajo el
criterio de que el tiempo rige el acto (tempus regit actum), como lo admite -en
general- la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-619 de 2001 y C-763 de
2002 de la Corte Constitucional)”23.

37. De igual forma, la Sala considera oportuno resaltar que la determinación de las
normas aplicables para la liquidación de los intereses derivados de las condenas
impuestas a través de providencias judiciales tiene efectos importantes en su
cálculo, toda vez que las reglas sobre las tasas y los plazos difiere de manera
significativa en los dos estatutos procesales.

38. Según el artículo 177 del CCA -teniendo en cuenta los apartes que fueron
declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-188 de
199924-, los intereses moratorios se devengan desde la ejecutoria de la
sentencia, salvo que en esta se señale un plazo para realizar el pago, evento en
el cual, en ese lapso, se generarán intereses comerciales. De igual forma, dado
que este código no establece una tasa para su cómputo, resulta necesario acudir
a lo previsto en el artículo 884 del Código de Comercio, que dispone que cuando
no existe convenio sobre el interés, este será el bancario corriente y el moratorio
equivaldrá a una y media veces aquella tasa. Por su parte, el artículo 195 del
CPACA establece que se devengarán intereses moratorios desde la ejecutoria
a una tasa equivalente al DTF; no obstante, una vez transcurran 10 meses desde
ese momento o 5 días desde que la entidad reciba los recursos para el pago -lo
que ocurra primero- sin que se efectúe el desembolso, la tasa será la comercial.

39. Una diferencia adicional entre los dos regímenes se refleja en el plazo con el
que cuentan los beneficiarios de las condenas para realizar la solicitud de pago
a la entidad, lo cual tiene incidencia directa en el cálculo de los intereses, dado
que, con el CCA (artículo 177), si cumplidos 6 meses sin que esto se lleve a

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 6 de

mayo de 2024, rad. 70.549, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
23 Ibidem.
24 Conforme a esta providencia, los efectos de la declaratoria implican que: “En cuanto al artículo 177 del Código

Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el
pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan
a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18)
meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.

12

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

cabo, cesará la causación de intereses de todo tipo, mientras que, con el CPACA
(artículo 192), este término se redujo a 3 meses.

40. La Subsección también resalta que si bien es cierto que la Sala de Consulta y
Servicio Civil en el Concepto No. 2184 del 29 de abril de 2014 llegó a una
conclusión diferente a la expuesta en precedencia, al determinar que en la
situación analizada, como los intereses se causaban en vigencia del CPACA,
era esta norma la que debía regir su cómputo25, la Sección Tercera, en múltiples
pronunciamientos, se ha decantado por la tesis contraria, con base en el análisis
del régimen de transición y vigencia de la Ley 1437 de 2011, lo cual se ratifica
en esta providencia26.

Las retenciones de orden tributario a los pagos de condenas impuestas en
sentencias judiciales

41. El artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional (ETN) dispone que son agentes
de retención, entre otros, las entidades de derecho público. A su vez, el artículo
375 Ibidem señala que “[e]stán obligados a efectuar la retención o percepción
del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos
u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha
retención o percepción”. En caso de que uno de los obligados a realizar la
retención no lo haga, será responsable por las sumas que debía retener y por
las sanciones o multas que se les imponga por el incumplimiento en sus
deberes27.

42. La retención en la fuente tiene como finalidad conseguir de forma gradual que el
respectivo tributo se recaude, en lo posible, dentro del mismo ejercicio gravable
que se cause28. En efecto, según lo ha establecido la Sección Cuarta de esta
Corporación, se trata de un “mecanismo anticipado de recaudo del impuesto”,
cuya finalidad principal es “garantizar que el recaudo se realice en el mismo
periodo en que se causa”29. En este sentido, como se trata de la previsión
anticipada de un impuesto cuyo sujeto pasivo es el destinatario del pago, éste
podrá deducir la suma retenida en la declaración privada que realice del
respectivo tributo30.

25
Se precisa que ese criterio de la Sala de Consulta y Servicio Civil no fue acogido, con corta diferencia
temporal, por esta Sección en la sentencia del 20 de octubre de 2014, rad. 52001-23-31-000-2001-01371-02,
tal como lo señaló el Fondo en su impugnación.
26 Al respecto, se pueden consultar -entre otras- las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 24 de enero de 2024, rad. 70.152, C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2022, rad. 65.021, C.P. José Roberto Sáchica; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 10 de febrero de 2021, rad.
62.208, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección
A, sentencia del 21 de febrero de 2025, rad. 70.467, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
27 “Artículo 370. Los agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente. No realizada

la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio
de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o
multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad”.
28 Artículo 367 del ETN.
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de enero de 2012, expediente n.° 17.318, C.P. Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas.
30 “Artículo 373. Los valores retenidos se imputan en la liquidación privada. En las respectivas liquidaciones

privadas los contribuyentes deducirán del total del impuesto sobre la renta y complementarios el valor del
impuesto que les haya sido retenido. La diferencia que resulte será pagada en la proporción y dentro de los
términos ordinarios señalados para el pago de la liquidación privada”.

13

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

43. Ahora, teniendo en cuenta el alcance de la retención en la fuente, es claro que
los valores deducidos no permanecen en las arcas de los agentes retenedores,
puesto que, en atención a lo dispuesto en el artículo 376 ETN, “deberán
consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal
efecto señale el Gobierno Nacional”. Además, están obligados a presentar una
declaración mensual de las retenciones que debieron efectuar en el respectivo
mes31.

44. En este orden de ideas, los valores descontados por tal concepto no son sumas
dejadas de cancelar por el agente retenedor, sino que están destinadas al
recaudo anticipado de tributos cuyo sujeto pasivo es el beneficiario del pago. De
modo que, de no efectuarse las retenciones, una vez reciba el desembolso, el
beneficiario deberá cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de éste y
cancelar los impuestos que correspondan (incluido el de renta). Por lo anterior,
es claro que, en los procesos ejecutivos, las sumas deducidas por conceptos
tributarios son imputables a la deuda y, en tal medida, deben ser tenidas en
cuenta para efectos de examinar el cumplimiento de la obligación que se
buscaba cubrir32.

Lo acreditado en el proceso

45. El 29 de mayo de 2014, esta Subsección profirió sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de reparación directa con radicación 76001-23-31-000-1997-
25274-01, por medio de la cual revocó la decisión de primera instancia adoptada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y condenó a la Rama Judicial
y a la Fiscalía General de la Nación a pagar, solidariamente, las siguientes
sumas33:

Beneficiario Concepto Valor
Joaquín Emilio Echeverry Zambrano Perjuicios morales 100 SMLMV
Daño emergente 20 SMLMV
Lucro cesante $61.407.790
Daño a bienes 100 SMLMV
constitucionalmente
protegidos
Luz Elena Jaramillo Perjuicios morales 100 SMLMV
Joaquín Echeverry Muriel Perjuicios morales 100 SMLMV
Saulia Zambrano Perjuicios morales 100 SMLMV
Aceneth Echeverry Zambrano Perjuicios morales 50 SMLMV
Uriel Echeverry Ramírez Perjuicios morales 50 SMLMV
Sandra Milena Echeverry Jaramillo Perjuicios morales 20 SMLMV
Jhon Alexander Jaramillo Perjuicios morales 20 SMLMV
Diana Lorena Echeverry Jaramillo Perjuicios morales 20 SMLMV
Daniel Andrés Echeverry Jaramillo Perjuicios morales 20 SMLMV
Gerardo Antonio Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV
Isidro Antonio Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV
Álvaro de Jesús Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV

31 “Artículo 382. Obligación de declarar. Los agentes de retención en la fuente deberán presentar declaración

mensual de las retenciones que debieron efectuar durante el respectivo mes, de conformidad con lo establecido
en los artículos 604 al 606, inclusive”.
32 Sobre el particular, ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, Subsección A. auto del 31 de julio de 2024, rad. 70.432, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
33 Folios 103 a 105 del cuaderno principal digitalizado (archivo “001 C.1 Image_00038” de la carpeta

“34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del Tribunal de primera instancia).

14

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

María Argenis Echeverry de Cardona Perjuicios morales 20 SMLMV
María del Rosario Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV
Virginia Echeverry de López Perjuicios morales 20 SMLMV
Ayda Luz Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV
María Zuelid Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV
Ángela María Echeverry Zambrano Perjuicios morales 20 SMLMV

46. La referida providencia quedó ejecutoriada el 12 de junio de 2014, según
constancia expedida el 14 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca34.

47. Los aquí demandantes, a través de apoderado, presentaron sendas cuentas de
cobro ante la Rama Judicial35 y la Fiscalía General de la Nación36, con el fin de
que se les pagaran las sumas referidas anteriormente. Además, informaron que
el 39% de las mismas debían ser reconocidas a favor del abogado Víctor Manuel
Téllez Cobo.

48. Mediante comunicaciones del 1° de julio37 y del 18 de septiembre de 201538, la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente, informaron
que las cuentas de cobro cumplían con los requisitos legales y que se les había
asignado turno de pago.

49. El 29 de septiembre de 2017, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
expidió la Resolución n.° 615539, por medio de la cual reconoció la suma de
$438'853.086 a favor de los aquí ejecutantes y también de los señores Joaquín
Echeverry Muriel y Álvaro de Jesús Echeverry Zambrano, quienes no actúan
como demandantes en el presente proceso.

50. En el mismo acto, la referida entidad ordenó: (i) efectuar una retención en la
fuente por valor de $2'487.570; (ii) consignar a órdenes del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca la suma de $10'209.590, correspondientes al
señor Álvaro de Jesús Echeverry Zambrano; y (iii) del valor total reconocido,
consignar $259'955.155 a los beneficiarios y los restantes $166'200.811 al
abogado Víctor Manuel Téllez Cobo (teniendo en cuenta que los beneficiarios le
cedieron a este último el 39% de la condena contenida en el título ejecutivo).

51. Mediante la Resolución del 17 de junio de 202240, la Fiscalía General de la
Nación reconoció la acreencia derivada de la sentencia del 29 de mayo de 2014
por un total de $865'166.204, discriminados así: (i) $518'491.001 a favor de los
aquí ejecutantes; (ii) $6'662.145 a favor de Carlos Holmes; y (iii) $340'013.058 a
favor de Víctor Manuel Téllez Cobo.

52. El 9 de agosto de 2022, la entidad antes indicada efectuó los pagos de las sumas
reconocidas a favor de los ejecutantes, según los comprobantes que obran en

34 Folio 107 del cuaderno principal digitalizado, ibidem.
35 Folio 108 del cuaderno principal digitalizado, ibidem.
36 Folios 109 y 110 del cuaderno principal digitalizado, ibidem.
37 Folio 116 del cuaderno principal digitalizado, ibidem.
38 Folio 119 del cuaderno principal digitalizado, ibidem.
39 Folios 278 a 291 del cuaderno principal digitalizado (archivo “002 C.2 Image_00039” de la carpeta
“34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del Tribunal de primera instancia).
40 Índice 00059 del aplicativo Samai, en primera instancia.

15

Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

el expediente41. En relación con el abono a favor de Víctor Manuel Téllez Cobo,
obra orden de pago n.° 239097922 del 5 de agosto de 202242.

Caso concreto

53. En el asunto de la referencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la sentencia del 30 de noviembre de 202343, encontró acreditada la
excepción de pago parcial de la obligación. Llegó a tal conclusión al adoptar la
liquidación del crédito elaborada por la Unidad de Contabilidad de esa
corporación, la cual generó en el a quo la convicción de que existía un saldo
insoluto que ameritaba seguir adelante con la ejecución.

54. Ahora, las demandadas endilgan ciertos defectos a la referida providencia que,
según aducen, condujeron al tribunal de primera instancia a adoptar una decisión
errónea en relación con el pago de la obligación perseguida. Sin embargo, el
recuento probatorio efectuado previamente lleva a la Sala a concluir que la
providencia impugnada no incurrió en los yerros alegados, como pasa a
explicarse:

Parámetros para el cálculo de los intereses moratorios sobre las sumas
adeudadas

55. Al respecto, la Rama Judicial adujo que debió efectuarse con la tasa DTF vigente
certificada por el Banco de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2.8.6.6.1 del Decreto n.° 2469 del 22 de diciembre de 2015. No obstante,
se advierte que con dicho Decreto el Gobierno nacional desarrolló lo dispuesto
en el parágrafo 1° del artículo 195 del CPACA44, en el sentido de reglamentar el
cumplimiento y reconocimiento de obligaciones dinerarias a cargo de entidades
públicas derivadas de sentencias judiciales. De manera que sus disposiciones
resultan adjudicables a la ejecución de condenas cuyo cumplimiento se rige por
el referido estatuto procesal y, por tanto, no es aplicable al presente caso.

56. En efecto, la acreencia perseguida en el sub examine está contenida en una
orden judicial cuya expedición estuvo regida por el CCA y no por el CPACA. La
demanda fue incoada con base en la sentencia dictada en segunda instancia por
esta Subsección el 29 de mayo de 2014, dentro del proceso de reparación
directa identificada con radicado n.° 76001-23-31-000-1997-25274-01, que tuvo
origen en la demanda presentada el 13 de noviembre de 199745, cuando estaba
vigente el Decreto 01 de 1984.

41 Comprobante de pago n.° 00338795 del 9 de agosto de 2022 y certificado de constitución de depósito judicial

de la misma fecha, que obran en el índice ibidem.
42 Orden de pago del sistema SIIF n.° 239097922 del 5 de agosto de 2022 visible a índice 00094 del aplicativo

Samai, en primera instancia.
43 Índice 00088 del aplicativo Samai, en primera instancia.
44 “ARTÍCULO 195. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: (…)

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con el fin de que se cumplan
los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el
reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar (…)”.
45 Folio 485 del cuaderno principal digitalizado (archivo “001 C.1 Image_00038” de la carpeta

“34_PROCESOABONADO_ONEDRIVE”, índice 00002 del aplicativo Samai del Tribunal de primera instancia).

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Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

57. En esa medida, como se indicó anteriormente, los asuntos que iniciaron en
vigencia del CCA se seguirán tramitando y culminarán bajo dicho régimen,
incluyendo la sentencia y su cumplimiento. De ahí que, resulte improcedente dar
aplicación a las normas invocadas por la entidad impugnante, que ordenan la
aplicación de la tasa DTF para el cálculo de intereses moratorios, comoquiera
que aquellas están previstas para la ejecución de sentencias dictadas en
procesos regidos por el CPACA, supuesto que no se presenta en el caso
examinado, en el que el cumplimiento de la condena cuyo pago se persigue no
está sometido a las normas de la codificación antes indicada.

58. Ahora, de acuerdo con el artículo 177 del CCA, las sumas impuestas en una
sentencia judicial devengan intereses moratorios desde el día siguiente al de su
ejecutoria, salvo que en la respectiva providencia se hubiere establecido un
plazo para el pago, lapso dentro del cual se generarán intereses corrientes. Así,
toda vez que el referido estatuto no estableció la tasa con la que deberían
calcularse los réditos moratorios, debe acudirse a los parámetros establecidos
en el artículo 884 del Código de Comercio, según el cual, cuando no existe
convenio al respecto, deberá emplearse una y media veces la tasa de interés
bancario corriente.

59. De lo anterior resulta claro que no le asiste razón a la Rama Judicial cuando
afirma que los intereses moratorios derivados de las sumas adeudadas por dicha
entidad deben calcularse a partir de la tasa DTF. Por lo anterior, no hay lugar a
declarar la prosperidad de dicho cargo.

Pago efectuado por la Fiscalía General de la Nación a favor de Víctor
Manuel Téllez Cobo y Carlos Holmes

60. La referida entidad sostiene que el a quo, en la sentencia de primera instancia,
no tuvo en cuenta los pagos que efectuó a favor de las referidas personas, por
valor de $340'013.058 y $6'662.145, respectivamente.

61. Sobre el particular, la Sala advierte que en el ejercicio de liquidación del crédito
con fundamento en la cual el tribunal de primera instancia adoptó las decisiones
contenidas en la sentencia apelada sí tuvo en cuenta las sumas reconocidas y
pagadas al señor Víctor Manuel Téllez Cobo y las imputó al pago de la obligación
ejecutada, distribuyéndolas en cada uno de los ejecutantes. Lo anterior,
excluyendo las sumas que en la liquidación efectuada por la Fiscalía General de
la Nación se atribuyen a Álvaro de Jesús Echeverry Zambrano, quien no acudió
a demandar.

62. Efectivamente, en la providencia impugnada se consideró lo siguiente:

“Por su lado, la Fiscalía General de la Nación allegó la Resolución No. 2867 del 17
de junio de 2022, donde se establece el pago realizado a los ejecutantes de este
proceso, a los que no intervienen como tales (Joaquín Echeverry Muriel -fallecido-,
Carlos Holmes Echeverry y Víctor Manuel Téllez Cobo, estos dos últimos no son
beneficiarios de la condena impuesta en el título ejecutivo).

Con respecto a la suma de $340.013.028,00, liquidado y pagado a favor del abogado
Víctor Manuel Téllez Cobo, resulta necesario distribuirlo entre capital e intereses así:
capital: $117.680.119,00 e intereses: $222.332.939,00. Luego se distribuye entre
cada uno los beneficiarios incluidos en el título base de ejecución, con la salvedad

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Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

del derecho del señor Álvaro de Jesús Echeverry Zambrano, quien no obra como
ejecutante, pues su capital se tuvo en cuenta en la liquidación del abogado Téllez
Cobo (…)”.

63. En relación con el pago de $6'662.145 efectuado al señor Carlos Holmes, se
observa que este no es beneficiario de las condenas establecidas en la
sentencia que sirve de título ejecutivo y que no se libró mandamiento de pago a
su favor. Además, no se acreditó que los aquí ejecutantes hubieren efectuado
una cesión de crédito, total o parcial, a favor de dicho sujeto. De manera que, no
hay lugar a atribuir dicho abono al pago de la obligación cuyo cumplimiento se
persigue dentro del proceso de la referencia.

64. De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala no encuentra
configurada la omisión alegada por la Fiscalía General de la Nación y, por lo
tanto, no hay lugar a revocar la decisión impugnada por dicha razón.

De las retenciones a los pagos realizados por las entidades demandadas

65. La Fiscalía General de la Nación, en el escrito de apelación, afirmó que a los
pagos efectuados tuvo que realizar las respectivas retenciones en la fuente, en
cumplimiento de las normas de carácter tributario. Agregó que los valores
deducidos deben ser tenidos en cuenta a efectos de determinar el cumplimiento
de la obligación.

66. Al respecto, la Sala estima que los montos deducidos por concepto de impuestos
también deben ser imputados al pago de la acreencia objeto de ejecución. Lo
anterior, comoquiera que la retención en la fuente no corresponde a sumas que
la entidad deja de pagar y se apropia para sí, sino que son descontadas para
efectuar un recaudo anticipado de determinados impuestos, cuyo sujeto pasivo
es la parte ejecutante. Por lo anterior, las sumas descontadas por conceptos
tributarios hacen parte del pago que la entidad realiza a favor de la parte
acreedora y, en tal medida, deben ser consideradas para efectos de establecer
la satisfacción de la deuda.

67. En el sub examine, se advierte que la liquidación del crédito contenida en la
sentencia del 30 de noviembre de 2023 sí consideró los montos descontados
por retención en la fuente sobre los valores desembolsados por concepto de
lucro cesante e intereses de mora.

68. Ciertamente, en las tablas denominadas “Resumen de liquidación – respecto al
valor pagado por la Rama Judicial” y “Resumen de liquidación – respecto al valor
pagado por la Fiscalía General de la Nación” contenidas en la providencia
apelada, se evidencia que el a quo imputó al pago de la acreencia los siguientes
valores: (i) $73'870.731, correspondientes a las retenciones realizadas a los
pagos efectuados por la Rama Judicial por concepto de lucro cesante e intereses
liquidados; y (ii) $45'726.387, por deducciones sobre el desembolso hecho por
la Fiscalía General de la Nación a título de intereses.

69. En este orden de ideas, más allá de la forma en que se determinaron los montos
descontados por la entidad apelante (aspecto que no fue objeto de reproche), la

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Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

Sala concluye que la liquidación contenida en la sentencia apelada sí tomó en
consideración las deducciones efectuadas por conceptos tributarios. De manera
que el cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación no está llamado a
prosperar.

Conclusiones

70. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará la
sentencia de primera instancia, por la cual se declaró probada la excepción de
pago parcial de la obligación reclamada y se ordenó seguir adelante con la
ejecución, toda vez que no se encontraron configurados los defectos atribuidos
por las apelantes.

71. A modo de recapitulación, se tiene que: (i) el cálculo de los intereses moratorios
no debe efectuarse con la tasa DTF, toda vez que las normas que así lo disponen
se refieren a condenas que se rigen por el CPACA, mientras que en el presente
caso el cumplimiento de la providencia que sirve de título ejecutivo está sometida
al CCA; (ii) el a quo sí tuvo en cuenta el pago realizado a favor del señor Víctor
Manuel Téllez Cobo, distribuyendo su monto entre los ejecutantes; (iii) en cuanto
al abono efectuado a favor del señor Carlos Holmes, se encontró que este no
funge como demandante, no es beneficiario del mandamiento ejecutivo y no se
demostró una cesión de crédito a su favor; y (iv) los valores de las retenciones
en la fuente efectuadas por las entidades demandadas fueron consideradas en
el ejercicio de liquidación realizado por la Unidad de Contabilidad del tribunal de
primera instancia y fueron imputadas al pago de la acreencia ejecutada.

Las costas de segunda instancia

72. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA 46,
y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP 47, se
condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación.

73. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a las entidades
ejecutadas, en la medida que, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales
3 y 8 del CGP, los argumentos de la alzada resultaron imprósperos. Las costas
de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo
previsto en el artículo 366 del CGP.

74. Respecto de las agencias en derecho, las mismas se encuentran causadas,
puesto que, si bien el apoderado de los ejecutantes no se pronunció sobre los
recursos de apelación, ha debido vigilar el trámite y ha adelantado gestiones de

46 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso concreto,

atendiendo la fecha de interposición de los recursos de apelación (18 de diciembre de 2023). “Artículo 188.
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
47 Artículo 365: “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (…)” (se destaca).

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Radicación: 76001-23-33-002-2016-01669-01 (71.686)
Ejecutantes: Joaquín Emilio Echeverry Zambrano y otros
Ejecutada: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Ejecutivo

impulso48. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554
de 201649, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta providencia, a favor de la parte demandante y a
cargo de las entidades demandadas, de forma solidaria.

75. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de
pago parcial de la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación y FIJAR las agencias en derecho en suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia, en
favor de la parte ejecutante y a cargo de las entidades demandadas, que deberán
asumir su pago de forma solidaria. Las costas se liquidarán por el Tribunal a quo.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF

48 Índices 00003, 00006, 00013, 00014 y 00023 del aplicativo Samai, en segunda instancia.
49 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

4. Procesos Ejecutivos. (...) En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”.

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