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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-002-2018-00671-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-002-2018-00671-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 2. NEGAR las pretensiones de la demanda. 37 Subregla i de la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, CP. Milton Chaves García. 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902) Demandante: Ingredión Colombia S.A. FALLO 3. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias y en agencias en derecho en el valor equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-002-2018-00671-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

30 de julio de 2026

Radicado: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902)
Demandante: Ingredión Colombia S.A.
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902)
Demandante: Ingredión Colombia S.A.
Demandado: Distrito Especial de Santiago de Cali
Temas: Impuesto de alumbrado público. Procedimiento administrativo de
determinación tributaria. Acto previo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial de
Santiago de Cali en contra de la sentencia de 30 de agosto de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Oficial No. 4131.041.21.4630 del
8 de mayo de 2017, y su confirmatoria 4131.040.21.1489 del 14 de diciembre de 2017,
mediante las cuales en cada caso se determinó la obligación por el Impuesto de Alumbrado
Público -IAP- de los periodos de enero a diciembre del año 2013.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, DECLARAR que la sociedad INGREDIÓN COLOMBIA S.A. no es
responsable del Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de Santiago de Cali, por
los periodos de enero a diciembre del año 2013.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente sentencia.
(…)”.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

El 6 de octubre de 2016, el Distrito Especial de Santiago de Cali notificó a Ingredión
Colombia S.A. un requerimiento mediante el cual la instó al pago del impuesto de
alumbrado público correspondiente a los periodos de enero a diciembre de 2013, por un
valor de $1.230.238.901. Este monto se calculó con base en el consumo de energía
eléctrica reportado por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en su condición de
prestadora del servicio de energía.

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Radicado: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902)
Demandante: Ingredión Colombia S.A.
FALLO

El 10 de octubre de 2016, Ingredión interpuso “recurso de reconsideración” contra el
requerimiento. Posteriormente, el Distrito expidió la Resolución 4131.041.4630 del 8 de
mayo de 2017, mediante la cual liquidó oficialmente el impuesto de alumbrado público a
cargo de la demandante, en los mismos términos del requerimiento previo.

El 10 de julio de 2017, Ingredión presentó nuevamente recurso de reconsideración, que
fue resuelto el 14 de diciembre de 2017 mediante la Resolución 4131.040.21.1489,
notificada el 21 de febrero de 2018, en la que se confirmó la obligación a su cargo por el
impuesto de alumbrado público correspondiente a los periodos de enero a diciembre de
2013.

Demanda y contestación de la demanda

La sociedad Ingredión Colombia S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones1:

“SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Previo a la decisión de fondo sobre la nulidad de los actos administrativos a través de
los cuales se liquida el impuesto al servicio al alumbrado y de la resolución que
resuelve el recurso de reconsideración, respetuosamente solicito se reconozca la
ocurrencia del silencio administrativo positivo (…).

DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos, en caso de no
reconocerse la ocurrencia del silencio administrativo positivo:

• REQUERIMIENTO No. 4131.1.12.10-149 del 27 de septiembre de 2016 a través
del cual se liquidó el impuesto a servicio de alumbrado público por los doce (12)
meses del año 2013.
• RESOLUCIÓN No. 4131.041.21.4630 del 8 de mayo de 2017 a través del cual
volvió a liquidarse el impuesto al servicio de alumbrado público por los doce (12)
meses del año 2013.
• RESOLUCIÓN No. 4131.041.21.1489 del 14 de diciembre de 2017 a través del
cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado contra el Requerimiento
No. 4131.1.12.10-149 del 27 de septiembre de 2016 y contra la Resolución No.
4131.041.21.4630 del 8 de mayo de 2017.
Como consecuencia de la anterior declaratoria, RESTABLECER EN SU DERECHO a
INGREDIÓN COLOMBIA S.A., disponiendo, que no está obligada a pagar suma
alguna por concepto del Impuesto al servicio de alumbrado público por los periodos
enero a diciembre de 2013;
CONDENAR A LA DEMANDADA al pago de las costas y gastos procesales, incluidas
las agencias en derecho, tal como lo señala el artículo 188 del CPACA y el artículo 361
del Código General del Proceso.

La parte demandante alegó la vulneración de los artículos 29 y 95 núm.9 de la
Constitución Política (CP); los artículos 5, 170 núm. 4 y 171 del Acuerdo 321 de 2011,
Resolución CREG 122 de 2011, artículos 4, 34, 53, 59, 60, 65, 81, 88 y 90 del Decreto
139 de 2012, artículo 69 de la Ley 1111 de 2006 y los artículos 683, 686, 712 y 719
del Estatuto Tributario (ET).

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Folios 68 a 110 pdf. Índice 039 Samai Tribunal.
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Radicado: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902)
Demandante: Ingredión Colombia S.A.
FALLO

Bajo el siguiente concepto de violación2, la demandante formuló los cargos de nulidad, y la
entidad demandada los controvirtió en la contestación de la demanda3, así:

Primer cargo: expedición irregular y ocurrencia del silencio administrativo positivo

1. La demandante sostuvo que el distrito de Cali determinó el impuesto de alumbrado
público a su cargo mediante el procedimiento de liquidación oficial, el cual considera
ilegal, por no estar previsto en la normativa local. Al respecto, indicó que el artículo
171 del Acuerdo Municipal 321 de 2012 estableció un sistema de recaudo en el que
la empresa de servicios públicos domiciliarios actúa como agente recaudador,
conforme a los criterios definidos en la Resolución CREG 122 de 2011. Afirmó que
ese esquema fue desconocido por el distrito, lo que dio lugar a un vicio de trámite
irregular.

Asimismo, alegó que, dado que no estaba obligada a presentar declaración por este
tributo ni a pagar facturas que no le fueron emitidas, el distrito no podía expedir un
requerimiento ordinario en términos equivalentes a un requerimiento especial, en
ausencia del deber de declarar el impuesto de alumbrado público por los periodos
del año 2013.

Enfatizó que el artículo 38 del Estatuto Tributario Local —Decreto 139 de 2012—
prevé el deber de atender requerimientos de información y de práctica de pruebas,
pero no les otorga el carácter de actos previos a la liquidación oficial, como lo sostuvo
el distrito en sede administrativa. Señaló que, en consecuencia, el requerimiento del
27 de septiembre de 2017 constituye un acto de determinación directa y no un acto
de trámite, razón por la cual era susceptible de recurso de reconsideración, el cual
fue interpuso oportunamente, pero no resuelto dentro del año siguiente.

Aseveró, además, que la expedición posterior de una liquidación no desnaturaliza el
carácter del requerimiento. Por el contrario, afirmó que dicha actuación tuvo por
finalidad inducir a error al contribuyente y restringir su derecho de defensa, al negarse
a tramitar el primer recurso de reconsideración interpuesto por Ingredión, pese a que
no fue inadmitido dentro de los 15 días siguientes a su interposición. En ese contexto,
sostuvo que la administración estaba obligada a decidirlo oportunamente y que, al no
hacerlo, se configuró el silencio administrativo positivo a su favor.

2. El Distrito Especial de Santiago de Cali se opuso al cargo. Señaló que, conforme
al artículo 9 del Estatuto Tributario Municipal - ETM (Decreto Extraordinario
411.0.20.0259 de 2015), tiene competencia para administrar todos los tributos
locales, incluido el impuesto de alumbrado público.

Indicó que el artículo 176 del ETM prevé la posibilidad de que el recaudo se realice
a través de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, no obstante, el
Distrito no tiene suscrito un convenio para el recaudo, sin que esa circunstancia
releve a los contribuyentes de cumplir la obligación cuando les sea requerida por la
Administración Tributaria.

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Índice 002, Samai CE.
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Índice 10, Samai Tribunal.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902)
Demandante: Ingredión Colombia S.A.
FALLO

Agregó que la determinación del tributo a cargo de Ingredión Colombia se efectuó
con base en la información sobre el consumo de energía eléctrica suministrada por
Electricaribe, en su calidad de comercializadora en el distrito. A partir de dicha
información, se aplicó la tarifa correspondiente y se comunicó al contribuyente el
valor del impuesto mediante requerimiento, con el fin de que se decidiera si aceptaba
la propuesta; en caso afirmativo, se le expedía el recibo oficial de pago, y en caso
contrario, se procedía a expedir la liquidación oficial.

Solicitó que se tuviera en cuenta que la demandante no desconoce su condición de
sujeto pasivo del tributo y que, por el contrario, en otros periodos ha efectuado su
pago mediante la aceptación del respectivo recibo de pago y cancelado el tributo.
Añadió que, en el curso de la actuación administrativa adelantada con fundamento
en el artículo 5 del Decreto 139 de 2012, se garantizaron las oportunidades para el
ejercicio del derecho de defensa.

Resaltó que, dada la naturaleza del impuesto de alumbrado público —que no admite
declaración privada—, no es posible aplicar los procedimientos convencionales
previstos para el recaudo de otros tributos, por lo que el pago debe propiciarse a
través de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica o directamente por
el distrito.

Argumentó que no es procedente el silencio administrativo positivo invocado por la
parte demandante, toda vez que el artículo 720 del ET establece que el recurso de
reconsideración procede contra las liquidaciones oficiales, regla que fue adoptada a
nivel local en el artículo 89 del Decreto 139 de 2012. En ese sentido, señaló que la
demandante pretende que se reconozca el silencio administrativo positivo respecto
de un recurso de reconsideración interpuesto contra un requerimiento previo a la
expedición de la liquidación oficial, lo que impide la configuración del presupuesto
legal alegado. Precisó que, aunque en dicho requerimiento se incluyó una liquidación
del tributo, ello no desvirtúa su naturaleza de acto de trámite.

Finalmente, sostuvo que las irregularidades alegadas en el procedimiento no tienen
entidad suficiente para desacreditar el aspecto sustancial de la obligación tributaria,
esto es, la condición de sujeto pasivo y el deber de pago del tributo. Por consiguiente,
solicitó privilegiar la sustancia sobre la forma, en tanto que, en todo caso, en el trámite
adelantado se garantizaron las garantías del debido proceso administrativo.

Segundo cargo: falta de competencia

1. La demandante sustentó que, dado que el Estatuto Tributario de Cali únicamente
previó el recaudo del impuesto de alumbrado público a través de un agente y no
asignó competencia a funcionario alguno para su determinación oficial, los actos
administrativos de liquidación carecen de competencia funcional. Señaló que, si bien
en los artículos 59 y 60 del Decreto 139 de 2012 se facultó a la Subdirección de
Impuestos y Rentas Municipales para adelantar procesos de determinación tributaria,
dicha habilitación no se extiende a todo tipo de tributos, sino únicamente a aquellos
que se liquidan mediante declaración privada, conforme a lo previsto en el artículo
65 ibídem.

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En ese sentido, afirmó que, ante la ausencia de un método alternativo de recaudo y
de una asignación expresa de competencia para la determinación oficial de este
impuesto, sumado a la falta de un convenio con Electricaribe S.A. E.S.P. para la
facturación y recaudo, se configura una imposibilidad jurídica para exigirle el pago
del tributo.

2. El Distrito Especial de Santiago de Cali se opuso al cargo. Indicó que el artículo
9 del ETM faculta al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y a la
Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales para ejercer las potestades de
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro de los
tributos municipales.
Asimismo, señaló que los artículos 64, 65 y 69 del Decreto Extraordinario
411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 atribuyeron competencias específicas
a la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas para
proferir liquidaciones oficiales sobre los valores a pagar por concepto de tributos.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que el requerimiento expedido por la
subdirectora de Impuestos y Rentas Municipales en ejercicio de sus competencias,
que la liquidación oficial fue proferida por la jefe de la Oficina Técnica Operativa de
Fiscalización y Determinación de Rentas, y que la resolución que decidió el recurso
de reconsideración fue suscrita nuevamente por la subdirectora de Impuestos y
Rentas Municipales, por lo que no se configura la alegada falta de competencia.

Tercer cargo: falta de motivación

1. La demandante, pese a que rotuló el cargo como falsa motivación, en el desarrollo
de sus argumentos sostuvo que los actos administrativos carecen de motivación
suficiente, en la medida en que no especifican el origen de la información con base
en la cual se determinó el impuesto de alumbrado público correspondiente a los
periodos de enero a diciembre de 2013. Señaló que las pruebas relativas a las
lecturas de consumo de energía no le fueron suministradas, lo que vulneró su
derecho de contradicción y defensa, al impedirle cuestionar los aspectos económicos
de la determinación del tributo.

2. El Distrito Especial de Santiago de Cali no se pronunció expresamente sobre
este cargo. No obstante, en el marco de la contestación al primer cargo, indicó que
la información sobre el consumo de energía eléctrica fue suministrada mensualmente
por Electricaribe, en su calidad de comercializadora del servicio en el distrito.

Cuarto cargo: infracción de las normas en que debía fundarse el acto
administrativo por falta de aplicación del principio de justicia tributaria

1. La demandante sostuvo que, como consecuencia de los cargos anteriores, el
Distrito vulneró el principio de justicia tributaria, al adelantar actuaciones fundadas en
criterios meramente recaudatorios y en desconocimiento de las garantías de la
contribuyente. Afirmó que esta situación daría lugar a un enriquecimiento sin causa
a favor del ente territorial, en la medida en que el cobro del impuesto de alumbrado
público está limitado al costo de la prestación del servicio. En ese contexto, indicó
que la carga tributaria debe estar debidamente respaldada en criterios técnicos, los
cuales, en este caso, no fueron puestos en conocimiento de Ingredión.

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2. El demandado señaló que el deber de contribuir, consagrado en el artículo 95-9
de la Constitución Política, impone a los contribuyentes la obligación de cumplir con
sus cargas fiscales. Indicó que, en el caso concreto, se encuentra acreditado que la
demandante es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público y que, en el trámite
de determinación, se garantizó el debido proceso administrativo. En consecuencia,
afirmó que no resulta procedente exonerarla del pago del tributo.

Sentencia apelada y recurso de apelación de las partes

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin imponer
condena en costas4. Contra dicha decisión, el Distrito Especial de Santiago de Cali
interpuso recurso de apelación5. Los fundamentos del fallo impugnado y los argumentos
de la alzada se resumen a continuación:

Primer cargo: trámite irregular y silencio administrativo positivo

1. Para el Tribunal, el requerimiento emitido por el Distrito constituye un acto de
trámite mediante el cual se propuso la liquidación del tributo, mientras que el acto
definitivo de determinación correspondió a la “liquidación oficial de aforo”. No
obstante, advirtió que, del examen de la actuación administrativa, se evidencia que
fue la empresa de servicios públicos la que, comprometiendo su responsabilidad,
dejó de facturar y liquidar el impuesto de alumbrado público a cargo de Ingredión.
Pese a ello, el Distrito no tuvo en cuenta dicha circunstancia, a pesar de que debía
asumirla y adelantar el procedimiento correspondiente para el recaudo del tributo.

Señaló, además, que el Distrito, en su propósito de recaudo, adelantó un trámite
“atípico” de determinación vía liquidación de “aforo” improcedente, dada la ausencia
del deber de declarar el impuesto de alumbrado público por parte del sujeto pasivo.
Agregó que dicho procedimiento no se encuentra previsto en el Decreto 139 de 2012,
cuyo artículo 65 únicamente contempla las liquidaciones de corrección aritmética, de
revisión y de aforo, sin que ninguna de ellas resultara aplicable al caso concreto.

Indicó que la expedición del denominado “requerimiento de información” tuvo por
finalidad suplir un requerimiento especial, con el propósito de proponer el pago del
impuesto insoluto y conducir a la expedición de una liquidación oficial de aforo, bajo
la denominación atípica de “liquidación del impuesto sobre el servicio de alumbrado
público”. A su juicio, esta actuación resulta reprochable, por cuanto desconoce los
principios de equidad e igualdad tributaria, al evidenciar una actuación administrativa
improvisada y carente de sustento normativo, en contravía de lo dispuesto en el
artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, que instó a las entidades territoriales a
reglamentar el régimen aplicable al impuesto de alumbrado público.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que se vulneró el principio de seguridad
jurídica, por la aplicación indebida de las normas y el ejercicio irregular de la potestad
de determinación del tributo, lo que a su vez implicó la afectación del derecho de
audiencia y defensa de la demandante. En consecuencia, consideró que los actos
administrativos resultan inoponibles y, por ende, están afectados de nulidad.

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Índice 40, Samai Tribunal.
5 Índice 43, Samai Tribunal.

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No obstante lo anterior, el Tribunal precisó que no se configuró el silencio
administrativo positivo alegado por la demandante, en la medida en que el
requerimiento frente al cual se interpuso el recurso de reconsideración constituye un
acto de trámite, lo que hacía improcedente dicho medio de impugnación e impedía,
en consecuencia, la configuración de un acto ficto positivo.

2. Para el Distrito Especial de Santiago de Cali, el Tribunal no hizo una valoración
crítica de las pruebas obrantes en el expediente ni expuso fundamentos jurídicos y
doctrinales que sustentaran las conclusiones de la sentencia.

Frente a la tesis del a quo, según la cual se desnaturalizó el procedimiento para la
expedición de la liquidación de aforo, cuestionó que la anulación de los actos se hubiera
basado en la mera denominación o rotulación asignada por la Administración. Afirmó que
la determinación del impuesto de alumbrado público no comportó una vulneración de los
derechos de audiencia y defensa ni del debido proceso.

Resaltó que, contrario a lo concluido por el Tribunal, no se expidió un requerimiento de
información, sino un requerimiento ordinario como acto previo a la liquidación oficial, en
el cual se propuso el impuesto a cargo de Ingredión Colombia S.A., con la explicación de
todos los elementos y factores empleados para su cuantificación. Indicó que dicho
procedimiento se adelantó en ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación,
con apego a lo previsto en el numeral 5 del artículo 170 del Acuerdo 321 de 2011 y en
los criterios del Consejo de Estado6, conforme a los cuales, cuando no existe el deber de
declarar en cabeza del contribuyente, la Administración debe preceder la liquidación del
tributo con un acto previo que garantice el derecho de defensa. A su juicio, tales
exigencias fueron observadas en el caso concreto.

Finalmente, solicitó dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, como lo
ordena el artículo 228 de la Constitución Política, y no relevar a la demandante de la
obligación de contribuir con el pago del impuesto de alumbrado público, en tanto se
encuentran acreditados los elementos del tributo y su condición de sujeto pasivo,
aspectos que no han sido objeto de controversia.

2. El Tribunal no se pronunció sobre el resto de los cargos de la demanda y La
demandante no interpuso recurso de apelación.

Costas

1. El Tribunal no condenó en costas porque en atención al artículo 188 del CPACA,
la demanda y la oposición presentada por el Distrito demandado no se consideraron
carentes de fundamento. Asimismo, al amparo de lo previsto en el numeral 8 del
artículo 365 del CGP, no se acreditó la causación de expensas en el expediente.

2. No hubo apelación sobre este aspecto.

Pronunciamientos finales.

La parte demandante y el Ministerio Público no se pronunciaron.

6 Refirió la sentencia del 18 de octubre de 2018, rad. 22892, CP Milton Chaves García.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

A partir del recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial de Santiago de
Cali, en los términos del artículo 328 del CGP, la Sala resuelve los siguientes problemas
jurídicos:

1. ¿El Distrito Especial de Santiago de Cali incurrió en el vicio de trámite irregular en la
expedición de los actos administrativos mediante los cuales determinó el impuesto de
alumbrado público a cargo de Ingredión Colombia S.A. por los periodos de enero a
diciembre de 2013?

En desarrollo de ese problema jurídico principal, se analizará si:

2. ¿Debe existir un procedimiento especial para que los municipios determinen el
impuesto de alumbrado público cuando no media un acuerdo o contrato de recaudo con
la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica?

De decidirse favorablemente al apelante los planteamientos anteriores, la Sala resolverá
los cargos de la demanda que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se relevó de
analizar, al haber hallado procedente el cargo de nulidad por trámite irregular, para
garantizar la tutela efectiva y el acceso a la administración de justicia, y que se concretan
en los siguientes tópicos:

3. ¿Los actos administrativos adolecen de falta de competencia funcional de la
Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de Cali para la expedición de
liquidaciones oficiales por concepto del impuesto de alumbrado público?

4. ¿Los actos administrativos incurren en falta de motivación por no especificar la
información a partir de la cual se hizo la determinación del impuesto de alumbrado público
a la demandante?

5. ¿Se desconoció el principio de justicia tributaria porque no se demostró que el cobro
del impuesto atendiera a criterios técnicos que demostraran que perseguía efectivamente
el recaudo del costo de la prestación del servicio de alumbrado público?

Análisis del caso concreto

1. Sobre el vicio de trámite irregular

La sentencia de primera instancia acogió la tesis de la demandante, en cuanto a la
ocurrencia de un trámite irregular en la expedición de los actos administrativos, mediante
los cuales el Distrito Especial de Santiago de Cali determinó oficialmente el impuesto de
alumbrado público a cargo de Ingredión Colombia S.A., por los periodos de enero a
diciembre de 2013. Sostuvo el Tribunal que tal actuación se surtió a través de una
liquidación oficial no prevista en el Estatuto Tributario Municipal para este tributo, dado
que el recaudo se asignó a la empresa de servicios públicos domiciliarios.

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Demandante: Ingredión Colombia S.A.
FALLO

En ese contexto, se resaltó que, al no existir obligación de presentar declaración por este
tributo, el Distrito no podía expedir una liquidación oficial y que, en consecuencia,
adelantó una actuación irregular que afectó el derecho de audiencia y defensa de la
demandante.

Para abordar el asunto, debe recordarse que el vicio de trámite irregular se configura
cuando el procedimiento no se ajusta a las normas procesales preestablecidas para
adelantar la actuación administrativa. No obstante, no toda irregularidad constituye causal
de nulidad, pues se requiere que tenga la entidad de afectar el derecho sustancial al
debido proceso, en particular el derecho de defensa. Sobre el alcance de esta causal de
nulidad, esta Sección7 ha considerado que:

(…) no toda irregularidad constituye causal de invalidez de los actos administrativos. Para
que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad
sea grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que
pueden sanearse por la propia administración o entenderse saneadas, si no fueron
alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la
actuación administrativa.

En ese sentido, en la sentencia del 16 de octubre de 2014, la Sala precisó lo siguiente:

4.7.- No todo desacato de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico para
la expedición de los actos administrativos puede catalogarse como una afectación al
debido proceso, de la misma manera que se ha sostenido, que no cualquier
irregularidad apareja la nulidad de la decisión. Debe tratarse del desconocimiento de
formalidades de índole sustancial que afecten el núcleo esencial del debido proceso
y, en especial, el del derecho de defensa.

Cuando las formalidades son consagradas por el ordenamiento en interés de la
organización administrativa, su quebranto, en principio, no vulnera el debido proceso y
tampoco conduce a la anulación del acto, pero, si las formalidades se prevén en
beneficio del administrado o para la salvaguardia de claros principios
constitucionales o legales (llámense también sustanciales), su pretermisión implica
violación al debido proceso e ilegalidad de la decisión.
(…)

Según lo anterior, dentro del trámite para la emisión de un acto administrativo se
identifican procedimientos técnicos o de gestión – regidos por formalidades no
sustanciales que no afectan necesariamente su validez– y procedimientos
propiamente administrativos –caracterizados por la existencia de formalidades
sustanciales-, cuya inobservancia por la autoridad genera consecuencias más
gravosas para el acto final, por consistir en la violación de requisitos que se
encuentran establecidos como garantía de los derechos del administrado8, y que, en
el plano de la tutela efectiva de los derechos, tornan imperiosa la protección del
debido proceso.

7
Sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 19732, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
8
RODRÍGUEZ MONSALVE, Mario. Notas para un curso de derecho administrativo general. Medellín: Universidad de Medellín, 1989,
p. 44.
9

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FALLO

(…) la doctrina extranjera asocia el concepto de formalidad sustancial a la función de
garantía a favor de los intereses del administrado9, de ahí que la inobservancia de éstas
configuren irregularidades merecedoras de sanción con la nulidad del acto administrativo,
pues, de lo contrario, se caería en un formalismo extremo que colisionaría con la
salvaguarda de otros intereses igualmente relevantes, como son los fines estatales
que guían la actuación de las autoridades públicas.

Naturalmente que a ese criterio o pauta, habría que agregar, en primer lugar, el que podría
denominarse legal, entendiendo por tal aquel vicio o irregularidad que el legislador
explícitamente considere como causal de nulidad del acto, pues, en esas circunstancias, la
formalidad debe calificarse como sustancial.

Esta idea conduce, necesariamente, a reconocer que si la omisión o cumplimiento irregular
de las formas sustanciales es lo único que, en principio, acarrea la invalidez de la decisión
administrativa, con mayor razón, será también lo único que cause un menoscabo del debido
proceso, pues carecería de lógica avalar la legalidad del procedimiento y no obstante
declarar vulnerado con él un derecho fundamental”. (Se destaca).

En hilo con lo anterior, resulta pertinente precisar el núcleo fundamental del debido
proceso, con el fin de identificar aquellas garantías sustanciales cuya inobservancia
concreta la causal de nulidad por trámite irregular. A partir del artículo 29 de la
Constitución Política este derecho comprende: i) el derecho al juez natural o funcionario
competente, ii) el derecho a ser juzgado conforme a las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, a las normas procesales establecidas para el desarrollo de la
actuación judicial o administrativa; y iii) las garantías de audiencia y defensa, que incluyen
la posibilidad de aportar, producir y controvertir pruebas, la presunción de inocencia, el
derecho a una defensa técnica, a un proceso público y sin dilaciones, así como a obtener
una decisión motivada que permita ejercer la impugnación y la garantía del non bis in
idem10.

El presente asunto se circunscribe al cuestionamiento del trámite administrativo
adelantado para la determinación del impuesto a cargo de la demandante; no obstante,
no se plantea una vulneración de las garantías del derecho de audiencia y defensa, en la
medida en que, en cada etapa del procedimiento -tanto de manera previa a la expedición
de la liquidación oficial como con posterioridad a esta-, el Distrito Especial de Santiago
de Cali concedió a la sociedad actora la oportunidad de participar, aportar pruebas y
controvertir los elementos del tributo, y garantizó que las actuaciones fueran adelantadas
por los funcionarios competentes, conforme a lo previsto en los artículos 9011 5312 y 5913

9
Cfr. VEDEL, Georges. Derecho Administrativo. Traducción de la 6ª ed. francesa. Madrid: Aguilar, 1980, p. 496. Según este autor:
“Se debe considerar en primer lugar como sustancial todo requisito formal que tenga por objeto garantizar los derechos de los
administrados; (…) Por el contrario, constituyen requisitos de forma no sustanciales los que no han sido promulgados con objeto de
garantizar los derechos de los administrados o cuya intervención no hubiera modificado el sentido de la decisión impugnada”. Ibíd.,
p. 496.
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 19732, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
11
Artículo 90: Competencia funcional de discusión: Corresponde a la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, fallar los
recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de tributos y que imponen sanciones, y en general, los demás
recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario.
12
Artículo 53: Facultades de fiscalización e investigación: La Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales tiene amplias facultades
de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.
Para tal efecto podrá:
a) Verificar la exactitud de las declaraciones y otros informes, cuando lo considere necesario;
b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
tributarias, no declarados;
(…)
f) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos, facilitando
al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. (Se destaca)
13
Artículo 59: Comperencia para la actuación fiscalizadora: Corresponde al Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales proferir
los requerimiento especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demás
actos de trámite en los procesos de determinación de tributos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de
sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los tributos y retenciones.
10

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FALLO

del Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012.

De la revisión de la actuación desplegada, se advierte que los reproches tienen su origen
en la denominación que el Distrito otorgó a los actos administrativos y las implicaciones
jurídicas de ello. En efecto, se cuestiona la expedición de un “requerimiento” —así
rotulado en el acto previo—, por considerarse improcedente, en tanto se trata de una
actuación propia de la fiscalización de tributos sujetos a declaración.

Dado que el impuesto de alumbrado público en el Distrito de Santiago de Cali no está
sometido al deber formal de declarar, se sostiene que el procedimiento adelantado se
apartó de las reglas preestablecidas en el Estatuto Tributario Municipal de Cali. En
particular, se alega la infracción del artículo 171 del Acuerdo 321 de 2011, que dispone
lo siguiente:

Artículo 171. Recaudación y pago: Son agentes de recaudo de este impuesto, las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que atienden a los usuarios a que alude el
presente Capítulo. Las Empresas que prestan los Servicios Públicos Domiciliarios, en su
calidad de agentes de recaudo, podrán facturar el Impuesto sobre el Servicio de
Alumbrado Público, no sólo en la expedida para el cobro del servicio público de
energía, sino también, en la facturación de cualquier servicio público que presten.
(Se resalta)

En efecto, la norma no prevé que, para el pago y recaudo del impuesto de alumbrado
público en el Distrito Especial de Santiago de Cali, los contribuyentes estén obligados a
presentar declaración del tributo. Por el contrario, dispuso la figura del recaudador
tributario, asignando dicha condición a las empresas prestadoras de servicios públicos.
Sin embargo, esta previsión tiene un carácter habilitante y no categórico, en tanto la
norma la consagra como una posibilidad y no como un mandato imperativo.

No obstante, no debe pasarse por alto que la sola inclusión del deber de recaudo del
impuesto de alumbrado público en una norma local no basta para concretar obligaciones
a cargo de las empresas prestadoras del servicio público. Ello, por cuanto la regulación
de la prestación del servicio de alumbrado público se encuentra sujeta a los parámetros
fijados en normas de orden nacional, en consideración a que, de conformidad con el
artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos están sometidos al régimen
jurídico que establezca la ley, en virtud del principio de reserva de ley14. En este sentido,
esta Sección ha precisado que15:

“2.4. Teniendo en cuenta que el impuesto recae sobre el servicio de alumbrado público,
debe precisarse que con la expedición de la Constitución de 1991, se estableció que los
servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley16, por lo que
corresponde al Congreso regular directamente la prestación de esos servicios. Es decir,
existe reserva de ley en materia de servicios públicos”.

Corresponde a los servidores públicos de esta dependencia, previa autorización o comisión del Subdirector de Impuestos y Rentas
Municipales, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones
preparatorias a los actos de competencia del Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales. (Énfasis de la Sala).
14
ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de
los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios
públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una
actividad lícita. (Se destaca).
15
Sentencia de 12 de agosto de 2014, exp. 20303, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Artículo 365.
11

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En ese orden, como responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, los
municipios deben sujetarse a las reglas fijadas por el legislador y el Gobierno nacional,
en tanto se trata de una materia sometida al principio de reserva de ley. Ahora bien,
aunque el servicio de alumbrado público y el impuesto que lo financia constituyen ámbitos
diferenciados, se encuentran estrechamente vinculados, en la medida en que el tributo
es el mecanismo de financiación del servicio. Por ello, si bien los municipios disponen de
un margen para definir las formas de recaudo del impuesto, dicha facultad debe ejercerse
en armonía con las reglas que rigen la prestación y el recaudo del servicio. Sobre el
particular, esta Sección17 ha sostenido lo siguiente:

“Es importante aclarar que una cosa es el impuesto y otra el servicio público sobre el cual
recae y, como se observa, cada uno está regulado por regímenes distintos, por ello, al
municipio le corresponde actuar dentro de las competencias que en cada materia le ha
asignado la ley.

En ese entendido, si bien el municipio puede establecer las diferentes formas de
recaudo del impuesto que se han dispuesto en materia tributaria (declaraciones
oficiales o sugeridas, o mediante terceros), de acuerdo con la naturaleza y las
características del tributo, también puede atender a las normas que regulan el
recaudo del servicio de alumbrado público en tanto lo que se recauda vía impuesto
corresponde al pago de la prestación de ese servicio.

2.9. Así las cosas, se encuentra que la regulación especial prevista para el servicio público
de alumbrado público permite que el municipio recaude el valor del servicio utilizando la
infraestructura de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica. Esto no significa
que la entidad no sea la responsable de su prestación, pues en dicho caso le corresponde
ejercer el respectivo control y vigilancia, el manejo de cartera, y el pago de la totalidad de
la deuda por el servicio público”. (Se destaca)

El servicio de alumbrado público se rige, en lo sustancial, por las Leyes 14218 y 14319 de
1994, el Decreto 2424 de 2006 y la regulación expedida por la CREG, en particular las
Resoluciones 043 de 1995 y 122 de 2011, que prevén el recaudo del impuesto de
alumbrado público de manera articulada con el servicio de energía eléctrica. A partir de
este marco normativo, esta Sección ha considerado que el recaudo del tributo exige la
previa suscripción de un contrato o convenio con las empresas prestadoras del servicio
público domiciliario de energía eléctrica.

Lo anterior, por cuanto, conforme al artículo 9 de la Resolución CREG 043 de 1995, el
mecanismo de recaudo debe instrumentarse mediante convenios con las empresas
distribuidoras del servicio a los usuarios, de quienes únicamente puede recuperar el costo
asociado a la prestación, expansión y mantenimiento del servicio. Asimismo, dicha
disposición precisa que las empresas de servicios públicos no asumen obligaciones por
el manejo de cartera, y que corresponde al municipio atender el pago del suministro, así
como el mantenimiento y la expansión del servicio de alumbrado público.

17
Sentencia de 12 de agosto de 2014, exp. 20303, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
Con esta ley se reguló la prestación de los servicios públicos domiciliarios, las actividades atinentes y las empresas prestadoras.
En su artículo 74.1 se fijaron las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, como lo es regular el ejercicio
de las actividades del sector energético.
19
Esta ley estableció el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el
país y en su artículo 23 previó que la CREG debe crear las condiciones para la operatividad de las empresas del sector de energía
eléctrica.
12

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En este contexto, la Sección20 ha sostenido que la obligación de recaudo del impuesto
de alumbrado público no puede tener como fuente un acto unilateral, como lo es una
norma de carácter local (acuerdo), sino que debe establecerse mediante un convenio de
recaudo en el que se prevean prestaciones recíprocas.

En desarrollo de las Leyes 142 y 143 de 1994, el Gobierno nacional expidió el Decreto
2424 de 2006, mediante el cual reglamentó la prestación del servicio de alumbrado
público. Su artículo 4 prevé que dicho servicio puede ser prestado directamente por los
municipios. Sin embargo, cuando se pretenda que el recaudo del impuesto sea efectuado
por un tercero, la suscripción de un contrato no constituye una simple opción, sino una
condición necesaria e ineludible para tal efecto, en la medida en que solo a través de este
instrumento pueden definirse las obligaciones, responsabilidades y la correspondiente
remuneración por la prestación del servicio y el uso de los activos asociados, con cargo
al impuesto de alumbrado público (artículos 9 y 10 ibidem).

Lo expuesto resulta relevante porque, si bien el acuerdo municipal de Cali prevé la
posibilidad de recaudar el tributo a través de las empresas prestadoras de servicios
públicos, para los periodos en discusión la entidad demandada había suscrito un
convenio interadministrativo con EMCALI para tal fin. No obstante, dicha empresa no
prestó el servicio de energía eléctrica de Ingredion Colombia, pues este fue suministrado
por Electricaribe.

Fue esta última la que proporcionó al Distrito la información sobre el consumo de energía
de la demandante, con base en la cual se determinó el tributo. Sin embargo, como la
entidad demandada no tenía suscrito contrato o acuerdo de recaudo con Electricaribe,
procedió a adelantar directamente el proceso de determinación y cobro del tributo.

Esa situación fue puesta en conocimiento de Ingredion en la respuesta del 9 de mayo de
2019 a la petición presentada ante la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y
Determinación de Rentas de Cali, relativa al consumo y costo del servicio de energía
facturado a la demandante, según el reporte dado por Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P., que fungió como comercializadora de dicho servicio en el año 2015. En dicha
respuesta se informó a la demandante que21:
“En relación con los contratos de facturación y recaudo —se refiere al impuesto de
alumbrado público—, se informa que el Municipio de Cali, no ha celebrado ningún
contrato con la empresa de energía Electrificadora del Caribe S.A. ESP”.

Lo anterior resulta suficiente para explicar que, en el presente asunto, no había lugar a
exigirle el pago del tributo a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica que
lo suministró y facturó a la demandante, puesto que Electricaribe S.A. E.S.P. no ostentaba
la calidad de agente recaudador del tributo, ante la ausencia de convenio que la habilitara
para tal efecto. Ello, si se tiene en cuenta que el artículo 171 del Acuerdo 321 de 2011
posibilitó la figura del recaudador, pero no la instauró como exclusiva, razón por la cual
no existe desplazamiento pleno del deudor primigenio que es el sujeto pasivo del
impuesto. En otras palabras, no le restó la posibilidad al Distrito de reclamar el tributo
directamente al contribuyente que incurre en el hecho generador.

20
Sentencias de 11 de octubre de 2024, exp. 28379, CP. Milton Chaves García; del 29 de mayo de 2014, CP. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, expediente No. 20533 y la sentencia de 4 de abril de 2019, exp. 22956, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
Folio 125 pdf. Expediente de primera instancia. Índice 39, Samai Tribunal.
13

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De manera que la falta de convenio de recaudo —de carácter potestativo y no esencial—
no conlleva la imposibilidad de exigir el pago del impuesto de alumbrado público a
Ingredión, pues esta sociedad cumplió con las condiciones previstas en el artículo 170
del Acuerdo 321 de 2011 para ser sujeto pasivo del tributo en los periodos de enero a
diciembre de 2015, lo cual no es objeto de controversia entre las partes. La norma
dispone:

3. Sujeto Pasivo: Los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica,
beneficiarios del servicio de alumbrado público, domiciliados en el Municipio de Santiago
de Cali, pertenecientes a los sectores residencial, comercial, oficial, industrial y otros
usuarios del servicio según la clasificación prevista en el numeral 5 de este artículo.

Valga advertir que, si bien esta Sección, en un proceso anterior entre las mismas partes,
resolvió una controversia similar, dicha decisión no fue adoptada con una postura
mayoritaria de los hoy integrantes de esta Sala22, sino que el quórum deliberatorio se
integró con la participación de un conjuez, en cuyo marco se concluyó que:

En línea con el precedente23, si bien el contribuyente -quien realiza el hecho imponible- del
impuesto de alumbrado público debe satisfacer la cuota tributaria, no está a cargo del
cumplimiento de esa prestación ante la autoridad ni de los deberes formales respectivos,
los cuales recaen en la empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, quien retendrá el monto total del impuesto. Por ende, el contribuyente queda
liberado «de toda carga distinta a la de soportar la retención en la fuente que le practicará el sustituto
por la totalidad del tributo», dado que el municipio demandado «adoptó un sistema en el que
el obligado tributario sustituto del impuesto es quien declara y le traslada la cuota tributaria
recaudada del contribuyente, por lo que estamos en principio ante un tributo que es
autoliquidado por el agente retenedor del tributo, a tal punto que la autoridad tendrá
potestades para revisar los denuncios presentados o iniciar la actuación correspondiente de
forma directa contra el sustituto del impuesto, sin que en esa relación jurídico tributaria quepa
incluir a la contribuyente, pues, como se explicó, hay un desplazamiento de dicho sujeto
tributario en relación con el cumplimiento de las prestaciones que se deben acreditar ante el
fisco».

En consonancia con el criterio que se reitera, acorde con los principios de certeza y
seguridad jurídica, no se ajustó a la legalidad el procedimiento que tramitó la entidad
demandada contra la actora, en la medida en que no tenía vínculo de cumplimiento de la
prestación material o de la presentación de la declaración tributaria por cuenta del
esquema adoptado en su normativa local. En ese contexto, al no existir un
procedimiento con el que la demandada pudiera liquidar y recaudar la cuota tributaria
de forma directa a la contribuyente, resultaba igualmente impropio emitir
requerimiento en su contra en procura de recaudar el impuesto, para posteriormente
proferir un acto de liquidación.

Por tanto, acorde con el precedente solo le era exigible a la demandante soportar la
retención de la cuota tributaria que le hiciera la empresa prestadora del servicio
público domiciliario de energía, toda vez que la normativa local no preveía la
posibilidad de dirigir los actos de gestión tributaria contra la contribuyente y ello
tampoco se convalidaba por la falta de convenio entre el municipio y el prestador de
servicios públicos domiciliarios”. (Se destaca)

No obstante, en esta oportunidad la Sala se aparta del criterio previamente transcrito, en
la medida en que parte de una interpretación según la cual el esquema normativo local
configuraba un verdadero mecanismo de sustitución tributaria, con desplazamiento del
contribuyente en la relación jurídico-tributaria frente a la administración.
22
En esa providencia salvaron su voto los magistrados Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño.
23
Se refiere a la sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 27984. CP. Wilson Ramos Girón.
14

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A juicio de la Sala, dicha conclusión no se deriva de una lectura integral de las
disposiciones aplicables -artículo 171 del del Acuerdo 321 de 2011-, pues desconoce que
la intervención de las empresas prestadoras de servicios públicos en el recaudo del
impuesto de alumbrado público no constituía una regla exclusiva ni implicaba, por sí
misma, la sustitución del sujeto pasivo, sino que se encontraba condicionada a la
existencia de acuerdos de recaudo que, en todo caso, no cobijaban a la totalidad de los
contribuyentes, dada la pluralidad de prestadores del servicio en el Distrito para la época
de los hechos económicos. En consecuencia, el cargo de apelación prospera, puesto
que, al no mediar acuerdo de recaudo con la empresa prestadora del servicio de energía
eléctrica a la demandante, el Distrito podía adelantar el procedimiento de determinación
de manera directa.

2. Sobre el procedimiento de determinación aplicado

El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos al considerar que el
procedimiento adelantado por la entidad territorial no estaba permitido en las normas
locales, con lo cual no era posible expedir una liquidación oficial precedida de un
requerimiento ordinario. A lo cual, el Distrito se opone al considerar que en el
procedimiento administrativo no se vulneraron las garantías del debido proceso.

En concordancia con lo previamente analizado, para esta Sala no es válido concluir que,
por no haberse suscrito un acuerdo de recaudo con Electricaribe S.A. E.S.P., el Distrito
de Cali hubiera perdido sus facultades para recaudar directamente el tributo que
legítimamente le corresponde. En efecto, mediante el Decreto Extraordinario
411.0.20.0139 del 28 de febrero de 2012, el alcalde del Distrito adoptó el procedimiento
tributario, en el cual se radicó en la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales la
competencia, con las amplias facultades de fiscalización e investigación, orientadas a
asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales.

En particular, el artículo 53 le atribuyó competencia para:

«En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinación de los tributos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u
omisión que conduzca a una correcta determinación».

A partir de lo anterior, se advierte que la Administración Tributaria Local contaba con
competencia funcional para adelantar los procedimientos de determinación de sus
tributos. Y, si bien no se estableció un trámite específico para la fiscalización del impuesto
de alumbrado público, no puede perderse de vista que, en todo caso, las entidades
públicas, en ejercicio de la función administrativa, pueden acudir -salvo norma expresa
en contrario- al procedimiento administrativo general previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para asegurar el
cumplimiento de los fines estatales y los deberes del Estado y sus ciudadanos, conforme
lo dispuesto en su artículo 1.

En ese sentido, el inciso tercero del artículo 2 del referido código habilita tal actuación,
en los siguientes términos:

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este
Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no
previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código. (Se destaca).

15

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Es clara la disposición general que habilita a las autoridades administrativas para que, en
ejercicio de sus funciones y en procura del interés general, acudan a las normas del
procedimiento administrativo general cuando las disposiciones especiales no prevean un
trámite expreso para una determinada materia.

En el presente asunto las disposiciones especiales que rigen en materia tributaria en el
Distrito Especial del Valle del Cauca son las de su Estatuto Tributario Municipal -Acuerdo
321 de 2011 y el Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012- en los cuales no se
estableció un procedimiento específico para adelantar el recaudo del impuesto de
alumbrado público, pues de manera expresa el artículo 171 del Acuerdo 321 de 2011
previó la posibilidad de que la exacción sea facturada por la empresa de servicios
públicos domiciliarios, que como ya se advirtió, conforme a las reglas que rigen la
prestación del servicio propiamente dicho, requería de un convenio de recaudo que, en
Cali no cubría a todos los contribuyentes.

Bajo esa premisa, y siendo un hecho no controvertido entre las partes que el Estatuto
Tributario Local no reguló un procedimiento específico para la determinación del impuesto
de alumbrado público respecto de aquellos contribuyentes que, habiendo causado el
tributo, no podían ser objeto de recaudado a través de las empresas prestadoras, debe
concluirse que tales circunstancias -derivadas, entre otros factores, de las dificultades
administrativas propias de la suscripción de convenios de recaudo y de las condiciones
particulares de cada entidad territorial- no pueden conllevar la pérdida de los recursos
endógenos por razones meramente operativas.

En este sentido, conviene tener en cuenta que el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 prevé
la posibilidad de que las entidades territoriales apliquen las normas del Estatuto Tributario
Nacional en versiones simplificadas para efectos del recaudo de los tributos, según su
naturaleza. A partir de este referente, y en desarrollo del principio de autonomía de las
entidades territoriales en la gestión y administración de sus rentas, esta Sección24 ha
considerado, frente a dicha disposición y las potestades de las entidades locales, que:

“Entonces, si las entidades territoriales deben adecuar los procedimientos del orden
nacional (Libro V del E.T.) a los tributos territoriales, es claro que con el fin de determinar
el tributo en su jurisdicción, dichos entes podrán practicar liquidaciones oficiales, en
ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación que le asiste a la administración,
para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Esas liquidaciones oficiales se podrán expedir para (i) verificar la exactitud de las
declaraciones presentadas por los contribuyentes respecto de los tributos del orden
territorial o corregir los errores de las declaraciones privadas (v. gr. liquidación oficial de
revisión y de corrección aritmética) o (ii) para suplir su falta adelantando, para tal fin, las
investigaciones necesarias para establecer la ocurrencia de hechos generadores de
obligaciones tributarias en su jurisdicción, no declarados (v. gr. liquidación de aforo).

En la práctica, el cumplimiento de esta regla de unificación, a nivel nacional, del
régimen procedimental en materia tributaria tiene la dificultad de que en la estructura
de los procedimientos tributarios para la aplicación de los impuestos nacionales el
punto de partida es la declaración, lo que no ocurre con todos los tributos del orden
territorial, porque algunos son liquidados por la propia administración, como es el
caso de las estampillas, en las que, por su naturaleza, no es posible que el
contribuyente presente una declaración, es decir, no existe la obligación formal de
declarar.
(…)

24
Sentencia de 4 de mayo de 2015, exp. 20615, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez
16

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Naturalmente que el hecho de que el sujeto pasivo del impuesto no tenga el deber
de presentar declaración, no lo exime del cumplimiento de otras prestaciones que
dimanan directamente de la naturaleza del gravamen, como obligación de dar lo que,
además, apareja el derecho –deber de la administración de percibir el valor, suma de
dinero o prestación que se deriva de su calidad de titular o sujeto activo del
gravamen-, lo que explica, en últimas, las potestades de fiscalización y control que
le otorga el ordenamiento con miras a lograr su recaudo forzoso, si el deudor no lo
hiciera voluntariamente.
(…)

Es decir, como en el proceso de determinación del tributo –estampillas-, la parte actora
no estaba obligada a cumplir con la obligación formal de declarar, el municipio
demandado expidió un acto previo (oficio persuasivo) y otro de carácter definitivo
que denominó liquidación de aforo.

Respecto de esa “liquidación de aforo”, aunque la parte actora no cuestiona su
procedencia, la Sala aclara que, técnicamente hablando, esta clase de liquidación, que se
expide para suplir la falta de declaración por parte del contribuyente, siempre y cuando esté
obligado a hacerlo, no puede configurarse en el caso concreto.

Pero tal circunstancia no implica la inexistencia o invalidez de las decisiones
adoptadas en ella.

Lo cierto es que se trata del acto que determinó de manera oficial la obligación
sustancial con cargo a la parte actora, independientemente que se le haya denominado
liquidación de aforo. Constituyó, por lo tanto, un acto administrativo, manifestación de
la facultad de fiscalización de la administración, en el que se determina el tributo a
cargo del contribuyente, más si se tiene en cuenta que es el contenido del acto y los
efectos que genera, el aspecto primordial a tener en cuenta en el presente asunto,
más que su denominación.

Por eso, que se llame liquidación de aforo cuando no lo es, por las razones dichas, no
desvirtúa su validez, fuerza vinculante y ejecutoria como acto administrativo.

Aclarado lo anterior, observa la Sala que al acto de determinación del tributo le
antecedió un acto previo al que se tituló oficio persuasivo, mediante el cual el
municipio demandado explicó los motivos por los cuales consideró que la sociedad
actora era sujeto pasivo de la obligación tributaria en discusión y expuso los factores
que tuvo en cuenta para fijar y cuantificar el tributo. Es decir, la administración le dio la
oportunidad a METROCINCO PLUS S.A. de conocer las razones por las cuales decidió
determinar la obligación de carácter tributario a su cargo, con lo que se le proporcionó
la oportunidad para expresar sus opiniones respecto del requerimiento hecho,
previo a proferir el acto de carácter definitivo.

En otras palabras, con esta actuación previa se garantizó el debido proceso y se
acataron las normas generales sobre las actuaciones administrativas25, en concreto,
el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo26, vigente para la época de los

25
En este sentido, confrontar la sentencia del 16 de octubre de 2014, radicado No. 2007-00380-01 (19126), C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.
26
“Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.
(…)”.
[Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la sentencia, mediante sentencia C-371 del
26 de mayo de 1999, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, 'en el entendido de que las decisiones que se tomen
en materia de derecho de petición, así se motiven tan solo sumariamente, sí deberán resolver el fondo del asunto sometido a
consideración y no limitándose la autoridad competente a dar una respuesta formal sobre el trámite o el estado de la solicitud].
17

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FALLO

hechos, aplicable al municipio demandado con fundamento en el artículo 1 ibídem27”.

A juicio de la Sala, la postura anterior es la que mejor armoniza la garantía del debido
proceso con la potestad tributaria de las entidades territoriales para la obtención de sus
recursos propios, en aquellos eventos en que no resulta posible encauzar la fiscalización
y el recaudo de determinados tributos a través de un procedimiento específico de los
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, porque, es claro el artículo 59 de la Ley
788 de 2002 prevé el deber de aplicar las normas del ET cuando resulten acordes con
la naturaleza de los tributos locales, premisa jurídica que no es aplicable al impuesto de
alumbrado público, dadas sus características especiales previamente advertidas, pues
no es un tributo declarable dado que su causación no atiende a hechos económicos
respecto de los cuales los contribuyentes tengan dominio para estimar la carga fiscal a
su cargo. A la par, tampoco es posible aplicar por analogía otras formas de recaudo
propias de los demás impuestos locales (verbigracia: predial, delineación urbana,
valorización, etc.) reguladas en los ordenamientos tributarios municipales o distritales.

Como se denota, por la naturaleza y dinámica del gravamen, no es viable acudir a los
procedimientos de aforo o revisión, dado que no todos los tributos del orden territorial
conllevan el deber formal de ser declarados, como sí ocurre con los impuestos
nacionales regulados por el ET; circunstancia que, en todo caso, no impide su exigibilidad
cuando han sido válidamente causados a favor del fisco territorial.

Ante esa ausencia de normatividad expresa aplicable en el propio estatuto tributario local
y en el nacional, al igual que en la providencia citada referida con el recaudo de las
estampillas, la Sala advierte que en el presente asunto el Distrito Especial de Santiago
de Cali garantizó plenamente los derechos de contradicción y de defensa de la
contribuyente. En efecto, desde una etapa inicial permitió que esta conociera las razones
por las cuales se le consideraba sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público;
discriminó sus elementos, y le brindó la oportunidad de pronunciarse frente al
denominado “requerimiento”, que, con independencia de su denominación, constituyó un
acto previo válido que cumplió con la finalidad prevista en el artículo 42 del CPACA, que
dispone:

ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN. Habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles,
se tomará la decisión, que será motivada.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro
de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos. (Se destaca)

De esta manera, contrario a lo sostenido en el precedente del que se aparta la Sala, en
el sub examine no se configura la pretermisión del acto previo ni la consecuente
vulneración del debido proceso, en la medida en que la Administración Distrital sí otorgó
a la contribuyente una oportunidad real y efectiva para conocer, controvertir y
pronunciarse sobre los elementos de la obligación tributaria antes de la expedición del
acto definitivo.

27
“Artículo 1. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas
del Poder Público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público,
a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este Código, a todos
ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".
Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las
normas de esta parte primera que sean compatibles.
(…)”.
18

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FALLO

En ese orden, la actuación administrativa se ajustó a las garantías previstas en el
ordenamiento jurídico y a la línea jurisprudencial que esta Sección28 en relación con el
procedimiento de determinación del impuesto de alumbrado público en aquellos
supuestos en los que no existe el deber formal de declarar, en los siguientes términos:

“Acorde con el criterio de decisión adoptado por la Sección29, para el caso del impuesto de
alumbrado público se tiene que: «aun en los casos en que se haya dispuesto que los
obligados no deben autoliquidar la obligación tributaria a su cargo se puede generar violación
al debido proceso si la administración no emite un acto previo a la determinación de la
obligación fiscal». De modo que la expedición directa de las liquidaciones oficiales
informativas, sin que hayan sido precedidas por dicho acto previo «… implica la violación del
artículo 42 del CPACA, según el cual para que la administración pueda tomar una decisión debe dar
al administrado la oportunidad de expresar sus opiniones, como garantía del debido proceso y del
derecho de defensa»; previsión aplicable «a todos los organismos y entidades que conforman
las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, en lo no previsto en
las normas especiales que las regulan (artículo 2 del CPACA)».

En línea con lo anterior, es menester precisar que, con independencia de que la norma
local no determinara la necesidad de expedir un acto previo, tal actuación era
requerida para garantizar el debido proceso del obligado tributario, garantía
constitucional, lo cual no se subsana por haberse tenido la oportunidad de interponer el
recurso de reconsideración; pues, como se explicó en precedencia, es indispensable que
se surta una oportunidad procesal de manera previa a la emisión de los actos
administrativos definitivos por medio de los cuales se establezca una obligación
tributaria a cargo de los administrados - liquidación oficial-.
(…)
Bajo esos supuestos en que el municipio cataloga y directamente determina un
tributo a un obligado es que la jurisprudencia de esta corporación ha dictaminado la
necesidad de que, previamente, se le expida un acto administrativo en el que se le
ponga de presente al administrado los motivos por los que estaría sujeto al impuesto
de alumbrado público en el respectivo territorio, por lo cual, resulta indiferente que
el acto de determinación empleado por la autoridad haya sido facturación o el
ordinario acto administrativo de liquidación oficial, pues la tesis jurídica de la Sala
consiste en que se garantice el debido proceso, contradicción y defensa con un acto
previo que omitió el demandado en esta oportunidad.

De esa forma, según el derecho aplicable y, específicamente, el criterio jurisprudencial
expuesto, la Sala encuentra que, la pretermisión del acto previo conculcó el debido proceso
y el derecho de defensa a la apelante única. Lo anterior, con prescindencia de que la
norma local, no lo consagrara expresamente, en tanto esto constituye garantía del
prenotado principio constitucional y, por lo mismo, no puede entenderse subsanado por
la posibilidad o el ejercicio del recurso de reconsideración, como lo planteó la
Administración. Prospera el cargo de apelación”. (Se destaca).

Nótese cómo esta Sección ha sido enfática en señalar que, con independencia de que la
norma local no consagre un procedimiento específico para la determinación directa del
impuesto de alumbrado público por parte de los municipios o distritos, en el ejercicio de
la facultad de liquidación del tributo, la entidad territorial debe garantizar el debido proceso
mediante la expedición de un acto previo al acto definitivo bajo las reglas generales del
artículo 42 del CPACA, por disposición del artículo 2 ibidem.

28
Sentencia del 16 de octubre de 2025, exp. 29462, CP. Wilson Ramos Girón.
29
Se refiere a las sentencias del 06 de marzo de 2025, exp. 29463, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 12 de junio de 2025
exp. 30002 y 29918 del 18 de septiembre de 2025, ambas con CP. Wilson Ramos Girón.
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Tal exigencia, en el presente asunto, se cumplió cabalmente, como se constata al revisar
el contenido del requerimiento del 27 de septiembre de 2016, emitido por la Subdirección
de Impuestos y Rentas Municipales del Distrito Especial de Santiago de Cali30, en el cual
se expusieron:

1. Las normas que fundamentan la competencia funcional de la administración y los
elementos esenciales del tributo previstos en el artículo 170 del Acuerdo 321 de 2011.

2. El origen de la información sobre el consumo de energía eléctrica reportada por
Electricaribe S.A.

3. Los periodos objeto de liquidación (enero a diciembre de 2013).

4. La condición de sujeto pasivo de Ingredión, en su calidad de usuario comercial del
servicio público de energía eléctrica y beneficiario del servicio de alumbrado público.

5. La ausencia de facturación del tributo por parte de la empresa prestadora del
servicio de energía eléctrica, en los términos del artículo 171 del Estatuto Tributario
Municipal.

6. La calidad del ente territorial como sujeto activo del impuesto de alumbrado público.

7. El hecho generador, determinado a partir del consumo de energía eléctrica, que, a
la vez, constituye la base gravable del impuesto.

8. La liquidación detallada, por cada mes (periodo) del año 2013, con base en el
consumo de kWh, el valor de la energía consumida y la tarifa aplicada, conforme a lo
previsto en el numeral 5 del Acuerdo 321 de 2011, así como el total a pagar.

9. El término de 15 días para dar respuesta al requerimiento, de conformidad con lo
previsto en el Decreto Extraordinario 0139 de 2012, y la indicación de la dependencia
competente ante la cual debía presentarse.

A partir de ese acto previo, la demandante dio respuesta al requerimiento mediante
escrito que rotuló como recurso de reconsideración31, al otorgarle el alcance de una
liquidación oficial; circunstancia que en nada afectó el trámite subsiguiente. En efecto, el
Distrito profirió la liquidación oficial del tributo mediante la Resolución 4630 del 8 de mayo
de 201732, en idénticos términos, frente a la cual sí indicó la procedencia del recurso de
reconsideración, de conformidad con lo previsto en los artículos 89 y siguientes del
Decreto Extraordinario 139 de 2012.

Dicho recurso fue interpuesto por Ingredión el 10 de julio de 201733 y decidido
oportunamente mediante la Resolución 1489 del 14 de diciembre de 201734.

A partir de la revisión y consideraciones aquí expuestas, para la Sala es claro que en el
procedimiento administrativo adelantado por el Distrito Especial de Santiago de Cali no
se desconocieron las garantías del debido proceso administrativo, pues en todas las
etapas de la actuación se permitió el ejercicio efectivo de los derechos de contradicción
y defensa. Asimismo, el trámite desplegado cumplió con la finalidad de determinar la

30
Visible en los folios 18 a 20 pdf. del Cuaderno Principal. Índice 49, Samai Tribunal.
31
Folios 21 a 33 pdf. del cuaderno principal. Índice 39, Samai Tribunal.
32
Folios 34 a 36 pdf. del cuaderno principal. Índice 39, Samai Tribunal.
33
Folios 37 a 47 pdf. del cuaderno principal. Índice 39, Samai Tribunal.
34
Folios 54 a 67 pdf. del cuaderno principal. Índice 39, Samai Tribunal.
20

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obligación tributaria sustancial, que se causó válidamente a favor de la entidad territorial,
sin que subsista controversia sobre la condición de Ingredión como sujeto pasivo del
impuesto, al haber realizado el hecho generador conforme a lo previsto en el artículo 170
del Estatuto Tributario Municipal.

En consecuencia, resulta procedente dar prevalencia al derecho sustancial sobre las
formas, en los términos del artículo 228 de la Constitución Política, toda vez que el
procedimiento adelantado por el Distrito demandado no solo se orientó a la determinación
de la obligación tributaria, sino que además se ajustó a las reglas generales del
procedimiento administrativo. En esa medida, debe privilegiarse la satisfacción del interés
general que se concreta en el recaudo de los recursos fiscales, indispensables para el
cumplimiento de los fines del Estado a cargo de las entidades territoriales.

A partir de lo aquí analizado y a manera de conclusión, se obtienen los siguientes criterios
de interpretación, para este caso y los que en adelante tengan situaciones fácticas
similares, así:

1. Naturaleza no exclusiva del recaudo a través de prestadores de servicios
públicos. La habilitación normativa para recaudar el impuesto de alumbrado público a
través de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no configura una regla
exclusiva ni implica, por sí misma, la sustitución del sujeto pasivo en la relación jurídico-
tributaria, sino que constituye un mecanismo instrumental cuya operatividad depende de
la existencia de acuerdos de recaudo válidamente celebrados, por lo cual, en ausencia
de dicho acuerdo, las entidades territoriales conservan la facultad de fiscalización,
determinación y cobro del tributo.

2. Inexistencia de sustitución automática del contribuyente. La ausencia de un
acuerdo de recaudo con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica impide
atribuirle a esta la calidad de agente recaudador, pero no comporta el desplazamiento del
contribuyente ni excluye su condición de sujeto pasivo frente al ente territorial, cuando se
acrediten los presupuestos sustanciales del tributo.

3. Aplicación supletoria del procedimiento administrativo general. Ante la
ausencia de un procedimiento especial previsto en la normativa tributaria territorial para
la determinación oficial del impuesto de alumbrado público, sumada a la imposibilidad de
acudir, por la vía de la remisión prevista en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, a los
procedimientos contemplados en el Estatuto Tributario Nacional, debido a las
particularidades de este gravamen, conduce a que la administración tributaria pueda
aplicar, de manera supletoria, a las reglas del procedimiento administrativo general
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

4. Exigibilidad del tributo en ausencia de deber formal de declarar. El hecho de
que determinados tributos territoriales no estén sujetos al deber formal de declaración no
excluye su exigibilidad, ni limita la potestad de la administración para determinarlos
oficialmente, siempre que se respeten las garantías del debido proceso.

21

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5. Necesidad del acto previo como garantía del debido proceso. En los
procedimientos de determinación directa del impuesto de alumbrado público, incluso en
aquellos casos en los que no exista obligación de declarar, la administración debe
garantizar el debido proceso mediante la expedición de un acto previo que permita al
contribuyente conocer, controvertir y pronunciarse sobre los elementos de la obligación
tributaria antes de la adopción del acto definitivo.

6. Irrelevancia del nomen iuris del acto administrativo. La validez de los actos
administrativos de determinación del tributo no depende de su denominación formal, sino
de su contenido material y de los efectos jurídicos que producen, de manera que la
utilización de una denominación impropia no afecta su fuerza vinculante ni su
ejecutoriedad, siempre que se hayan respetado las garantías procedimentales.

7. Prevalencia del derecho sustancial en materia tributaria territorial. En los
procedimientos de determinación del impuesto de alumbrado público, debe privilegiarse
la efectividad del derecho sustancial sobre las formas, en los términos del artículo 228 de
la Constitución Política, siempre que el trámite administrativo garantice el debido proceso
y cumpla la finalidad de establecer la obligación tributaria conforme a la ley.

Como corolario de lo expuesto, los cargos de apelación formulados por el Distrito Especial
de Santiago de Cali están llamados a prosperar. No obstante, como se advirtió al delimitar
los problemas jurídicos, la Sala procede a resolver los cargos de la demanda que no
fueron decididos en primera instancia para garantizar el acceso a la administración de
justicia y la tutela efectiva.

3. Sobre la falta de competencia funcional

La demandante aseveró que la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de Cali
no tenía competencia para adelantar la determinación del impuesto de alumbrado
público, dado que sus facultades para emitir una liquidación oficial solo aplican a los
impuestos que son declarables.

Frente a ese cargo, la Sala advierte que en el artículo 5 del Acuerdo 321 de 2011, se
habilitó al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y a la Subdirección de
Impuestos y Rentas Municipales de Cali para el ejercicio de las potestades tributarias de
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro
coactivo de todos los tributos municipales, con lo cual la competencia funcional para el
ejercicio de la función administrativa fiscal sí fue legalmente concedida de manera
general a dichas dependencias.

Asimismo en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 del 28 de febrero de 2012 que
establece el procedimiento tributario en el Distrito de Cali, dispone en su artículo 53 que
la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales tiene amplias facultades de
fiscalización y en desarrollo de ellas puede emitir requerimientos (literal b) y de manera
general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinación de los tributos (literal f); también puede fiscalizar el recaudo que de los
tributos locales hagan otras entidades -artículo 57- y de manera expresa el artículo 59 de
dicho decreto prevé que:

22

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“Corresponde al Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales proferir los
requerimientos especiales, pliegos y traslados de cargos o actas, los
emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los
procesos de determinación de tributos y retenciones, y todos los demás actos
previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar,
declarar y determinar correctamente los tributos y retenciones.
(…)”. (Se destaca)

La norma anterior, se acompasa con el artículo 60 de ese mismo Decreto Extraordinario
411.0.20.0139 del 28 de febrero de 2012, en el que se concedió la competencia al
Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales a proferir además de los requerimientos
especiales, las liquidaciones oficiales de revisión, corrección y aforo “y demás actos de
determinación oficial de tributos y retenciones”, a la par que indica que los funcionarios
de esa dependencia “previa autorización, comisión o reparto del Subdirector de
Impuestos y Rentas Municipales, (…) proyectar las resoluciones y liquidaciones y demás
actuaciones previas y necesarias”.

De esa manera, resulta demostrado que la competencia funcional no se limita a la
expedición de las liquidaciones de aforo, revisión o corrección, sino también a cualquier
acto administrativo de determinación de los tributos locales independientemente del
rótulo que se use para nominarlos.

De la revisión de los actos administrativos (requerimiento, liquidación oficial y resolución
que decidió el recurso de reconsideración) se advierte que todos fueron emitidos por los
funcionarios de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de Cali, con lo cual
no se desbordó la competencia funcional y, contrario a lo considerado por la demandante,
los actos de determinación del impuesto de alumbrado público también están incluidos
dentro del marco de autorización legal de las reglas de competencia fijadas en el Distrito
Especial de Santiago de Cali, como quedó advertido de la revisión de las normas locales.

De ahí que el cargo de falta de competencia funcional no tenga prosperidad.

4. Falta de motivación

La demandante planteó que los actos adolecen de nulidad porque (i) carecen de
motivación suficiente porque no especifican el origen de los datos a partir de los cuales
se determinó el impuesto de alumbrado público por los periodos del año 2013 y (ii) que
no se le dieron a conocer los consumos de energía. Aspectos que concretan el vicio de
falta de motivación y no de falsa motivación, como fue rotulado el cargo en la demanda.

Al margen de esa distinción, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado, al revisar el
contenido de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público -Resolución
4131.041.21.4630 del 8 de mayo de 2017, se observa que el acto sí contiene los motivos
legales y fácticos a partir de los cuales se determinó el tributo, pues identifica las normas
locales en las que se establecen los elementos esenciales del impuesto y las razones por
las cuales Ingredión es sujeto pasivo en la jurisdicción del Distrito de Santiago de Cali en
su calidad de usuario comercial del servicio de energía eléctrica, discrimina la base
gravable a partir del consumo de energía en kilovatios hora y la tarifa aplicada.

23

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Asimismo, indica que la información del consumo mensual reportado por la empresa
prestadora del servicio de energía eléctrica, a partir del cual aplicó la tarifa prevista en el
numeral 5 del artículo 170 del Acuerdo 321 de 2011, cuya discriminación del tributo a
cargo es la siguiente:

Valga advertir que esos mismos datos fueron informados en la motivación del acto previo
-requerimiento del 27 de septiembre de 2016-, en donde, además, de manera expresa se
indicó que35:

“En desarrollo del programa de fiscalización del Impuesto sobre el servicio de Alumbrado
Público se establecen y verifican los valores facturados y las tarifas aplicadas a los usuarios
del servicio público de energía eléctrica en el Municipio de Santiago de Cali.

De acuerdo con la información suministrada por la empresa ELECTRIFICADORA DEL
CARIBE S.A. SIGLA ELECTRICARIBE S.A., se efectuó la revisión de los periodos
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2013.

Una vez revisada la información suministrada se pudo evidenciar que respecto del usuario
INGREDION COLOMBIA S.A., perteneciente al sector COMERCIAL, no se efectuó la
facturación y recaudo del Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público (…)”.

Como se observa, no es cierto que los actos administrativos adolezcan de falta de
motivación, pues en ellos sí se informó el origen de la información con base en la cual se
liquidó el impuesto a cargo, a partir del cual le era posible corroborar los datos del
consumo y el cálculo del tributo, según la base y la tarifa preestablecidas en el Estatuto
Tributario Local. Así, la demandante contaba con los elementos técnicos y cuantitativos
para ejercer el derecho de contradicción y defensa, en lo que respecta al aspecto
cuantitativo del tributo. En consecuencia, el cargo de falta de motivación no prospera.

35
Índice 25, Samai Tribunal. Folios 1 a 3 del cuaderno de antecedentes administrativos.
24

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5. Vulneración del principio de justicia tributaria

La demandante aseveró que el impuesto determinado puede conllevar un
enriquecimiento sin causa porque no se demostró que el cobro del tributo tuviera relación
con el costo de la prestación del servicio, por falta de exposición de los criterios técnicos
que justifiquen la tarifa aplicada.

Sobre este aspecto, la Sala recuerda que en la sentencia de unificación del 6 de
noviembre de 201936 esta Sección en la subregla j) se estableció que «la carga de probar
la no razonabilidad y/o no proporcionalidad de la tarifa es del sujeto pasivo». En dicha
providencia se manifestó que, en cuanto a las tarifas, vale recordar que en el impuesto
de alumbrado público la tarifa debe reflejar el costo real de la prestación del servicio y,
para el efecto, las entidades territoriales pueden acudir a distintos métodos para calcular
las tarifas.

A partir de lo anterior y como se advirtió anteriormente, en el artículo 170 del Acuerdo
0321 de 2011 se estableció que la base gravable y la tarifa estaban ligadas al consumo
de energía eléctrica, así:

“4. Base gravable: se determina por el consumo de energía eléctrica descontando los
subsidios otorgados y se establece con base en los rangos de consumo de energía en
kilovatios hora (KWH) para los sectores, comercial, industrial, oficial y otros usuarios del
servicio de alumbrado público y, con base en el estrato para el sector residencial.

5. Tarifas: las tarifas se aplican de acuerdo a estratos para el sector residencial y rangos
de consumo en kilovatios hora (KWH) para los sectores comercial, industrial, oficial y otros
usuarios del servicio de alumbrado público, como se indica a continuación:
(…)

(…)
Parágrafo 1: Las tarifas se ajustarán mensualmente con el comportamiento de incremento
en el valor del kilovatio hora (KWH) del mercado regulado por la autoridad competente, a
partir del valor causado en el mes inmediatamente anterior.

36
Expediente 23103, CP. Milton Chaves García.
25

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Como se advierte de la norma, la forma de cuantificar el tributo atiende a criterios de
consumo y para las tarifas se establecieron rangos de dicho consumo, con posibilidad de
ajustes mensuales al valor del kilovatio hora. Dichos criterios fueron los que se aplicaron
en la liquidación del impuesto a cargo de Ingredion de los periodos en discusión, por lo
que, en principio, la cuantificación se limitó a la aplicación de la normativa local.

Ahora, la demandante no puede afirmar de manera llana y desprovista de criterios
técnicos y elementos probatorios que el tributo determinado comporta un enriquecimiento
sin causa, pues la mera aseveración no es suficiente. Si bien en el parágrafo 2 del artículo
9 de la Resolución CREG 43 de 1995 se establece que “el municipio no podría recuperar
más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y
mantenimiento” y que, por ende, las tarifas del impuesto de alumbrado público deben ser
razonables y proporcionadas con respecto al costo que demanda prestar el servicio a la
comunidad37, estaba a su cargo la demostración de la desproporción de la tarifa cobrada
con el costo de la prestación del servicio.

En consecuencia, como la demandante no cumplió la carga probatoria sobre el aspecto
cuantitativo del tributo que le fue determinado, dado que no aportó ningún elemento de
prueba para desacreditar el cobro justo del tributo, no es posible concluir que el Distrito
Especial de Santiago de Cali desconoció el principio de justicia tributaria. Razón
suficiente para negar el cargo.

Como corolario de lo aquí analizado y agotado plenamente el objeto de la litis en esta
instancia, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

Costas

Como consecuencia de la revocatoria plena de la sentencia de primera instancia y según
lo previsto en el numeral 4 del artículo 365 del CGP, aplicable por remisión del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), se condenará en costas a la parte demandante en ambas instancias. Y, en
virtud del Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, se condena a la parte demandante al pago de
agencias en derecho en ambas instancias, las cuales se fijan en un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.

Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el incidente de liquidación de costas, según
las reglas previstas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

37
Subregla i de la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, CP. Milton Chaves García.
26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-002-2018-00671-01 (29902)
Demandante: Ingredión Colombia S.A.
FALLO

3. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias y en agencias en
derecho en el valor equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se ordena al tribunal
tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salva voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

27

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