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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-002-2019-00129-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-002-2019-00129-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial RDO 2017-01175 del 31 de mayo de 2017 y de la resolución RDC 410 del 24 de julio de 2018, por medio de las cuales la UGPP le determinó a la demandante Beatriz Díaz Durán los aportes al sistema de seguridad social por los meses de enero a diciembre de 2014 y la sancionó por omisión. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho se ordena a la UGPP reliquidar los aportes al sistema de seguridad social a cargo de la demandante, tomando el IBC determinado por el Consejo de Estado, lo cual, a su vez, deberá ser observado al momento de determinar la sanción respectiva. Así mismo, se declara que la UGPP deberá devolver a la demandante las sumas a las que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos. 2. Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-002-2019-00129-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-002-2019-00129-01 (30596)
Demandante BEATRIZ DÍAZ DURÁN
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes. Notificación por aviso y conducta
concluyente. Sujeción pasiva de los rentistas de capital. Base
gravable. Indemnización. Determinación del IBC (ingresos,
costos y gastos). Falta de competencia de la UGPP. Aplicación
de la Ley 1753 de 2015. Sanción por omisión. Planilla J.
Devolución de aportes. Condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, acorde con las motivaciones de la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) expidió la liquidación oficial RDO 2017-01175 del 31 de mayo de 2017,
por medio de la cual determinó a cargo de la actora los aportes a salud y pensión
por los meses de enero a diciembre de 2014, y la sancionó por omisión.

La demandante presentó el recurso de reconsideración, el cual fue decidido en la
resolución RDC 410 del 24 de julio de 2018, en el sentido de disminuir el monto de
los aportes y la sanción2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1
Samai del Tribunal. Índice 35.
2
Los antecedentes administrativos obran en el Samai. Índice 19.

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Radicado: 76001-23-33-002-2019-00129-01 (30596)
Demandante: Beatriz Díaz Durán

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRETENSIONES PRINCIPALES:

Se declare la NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO-2017-01175 del 31 de mayo del 2017: “Por medio de la cual se
profiere a BEATRIZ DIAZ DURAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. (…) por
omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social
integral en el Subsistema de Salud y se sanciona por omisión” cuyos periodos están
comprendidos entre enero a diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al
sistema de la seguridad social por salud y pensión por un valor de CINCUENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($56.364.000) y sanción por la
omisión anterior, por un valor de CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
M/CTE ($112.728.000).

2. Resolución No. RDC-410 del 24 de julio de 2018: “Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2017-01175 del 31
de mayo del 2017” cuyos periodos están comprendidos entre enero de 2014 a diciembre
de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud
y pensión por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
PESOS M/CTE ($56.162.200) y sanción por la omisión anterior, por un valor de CIENTO DOCE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M /CTE ($112.324.400).

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría que, en caso
de no conceder la pretensión principal de NULIDAD del acto administrativo, se realice un
análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y
proceda a realizar una reliquidación de la presunta deuda fijada por la UGPP en el acto
administrativo demandado, declarando la nulidad parcial del mismo:
1. Resolución No. RDO-2017-01175 del 31 de mayo del 2017 (…)
2. Resolución No RDC-410 del 24 de julio de 2018 (…)
B. De igual forma, Señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al haber
interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado caso se
obligue a realizar un pago a seguridad social. Solicitamos cordialmente que se le EXONERE
del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social,
permitiéndole a mi representado por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente
planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas de sentencia judicial.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

A. Sobre el Daño Emergente:
1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en
la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso de fiscalización de la
UGPP para interponer el recurso de reconsideración y la presente demanda. Los valores
de los gastos incurridos son por un total de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.638.320), los cuales se prueban con los contratos
de prestación de servicios suscritos con la firma, documentos que se allegan en el acápite
de pruebas de la presente demanda.
2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados,
solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados
por concepto de pago de seguridad social del año fiscalizado, respeto al CAPITAL,
INTERESES MORATORIOS Y/O SANCIONES POR OMISIÓN, INEXACTITUD O MORA.

CONDENA EN COSTAS

Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3
Samai. Índice 23. Expediente digital. PDF demanda.

2
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Radicado: 76001-23-33-002-2019-00129-01 (30596)
Demandante: Beatriz Díaz Durán

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 48,
y 338 de la Constitución Política; 107, 330, 617 y 618 del Estatuto Tributario; 2, 3 y
5 de la Ley 797 de 2003; 18 de la Ley 1122 de 2007; 50 de la Ley 1739 de 2015;
135 de la Ley 1753 de 2015; 314 de la Ley 1819 de 2016 y 1° Decreto 3085 de
2007. Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Principio de reserva de ley
Sostuvo que para el período fiscalizado era una independiente por cuenta propia
que vendía productos de marroquinería y también rentista de capital porque percibía
ingresos por arrendamientos, sin embargo, para esa época no se había definido la
base gravable para ese tipo de sujetos, pues si bien se existía la Ley 1122 de 2007,
allí únicamente se hizo referencia a los contratistas de prestación de servicios; y
solo con la expedición de la Ley 1753 de 2015 se subsanó ese vacío normativo.
Explicó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 ordenó al gobierno reglamentar
un sistema de presunción de ingresos sobre las actividades económicas de los
declarantes del impuesto de renta, lo cual no ocurrió para el 2014 y, en caso de que
existiera, era un asunto de ley. Así, al no existir una base gravable, se configuró la
nulidad de que trata el artículo 730 del Estatuto Tributario, numeral 4.
Agregó que, en caso de considerar que sí existía la obligación de aportar, debía
cotizar sobre los ingresos declarados ante la entidad administradora a la cual se
afiliara (artículo 6 de la Ley 797 de 2003) o, en su defecto, sobre el salario mínimo
legal vigente por aplicación del principio de favorabilidad. Finalmente, puso de
presente que el Decreto 806 de 1998 desconoce el principio de jerarquía normativa
al reglamentar el tema de los afiliados al sistema cuando es una materia de
competencia del legislador.

2. Indebida notificación

Que, ante la imposibilidad de notificar personalmente el requerimiento de
información, el requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial, la
demandada debió acudir a otros medios de comunicación, como el teléfono y el
correo que aparecían en el RUT y en el expediente administrativo, antes de publicar
dichas decisiones mediante aviso. Así la UGPP desconoció el debido proceso y lo
dispuesto en el artículo 563 del Estatuto Tributario, lo que a su vez le impidió
defenderse ante la decisión de la accionada de tomar los ingresos brutos y dividirlos
para calcular las cotizaciones sobre el tope máximo.

3. No hay notificación por conducta concluyente

Como la demandante no tuvo la oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho
de defensa frente a la liquidación oficial ante la indebida notificación, se generó un
vicio en la actuación que implica su nulidad. Al efecto, explicó que su RUT fue
actualizado el día 4 de febrero de 2017 y se indicó como dirección principal la «carrera
42 No 36 – 70 de la Ciudad Tuluá – Valle del Cauca», pese a ello, la UGPP optó por enviar la
liquidación oficial a la dirección antigua, por lo que fue devuelta por parte de la
oficina de correo y se dio la consecuente notificación por aviso.

Advirtió que al resolver el recurso de reconsideración, la UGPP indicó que la
interposición del mismo implicaba la subsanación del defecto bajo la figura de
notificación por conducta concluyente, posición que no comparte porque, i) según
el artículo 567 del Estatuto Tributario, ante el envío a una dirección errada, se debe

3
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Demandante: Beatriz Díaz Durán

corregir la actuación; ii) el aviso solo procede cuando la devolución es por causales
diferentes a dirección errada; y iii) el recurso de reconsideración se interpuso días
antes de que se venciera el plazo, pero no pudo hacerse correctamente porque no
fue posible analizar el expediente ni recolectar el material probatoria adecuado.

4. Indebida presunción de ingresos

Reprochó que la demandada prorrateara en los 12 períodos fiscalizados los
ingresos brutos consignados en la declaración de renta desconociendo la
certificación expedida por el contador, que daba cuenta de sus ingresos mensuales.
Así, la UGPP incurrió en una violación normativa al exigir el pago de las
contribuciones sobre una base ajena a la realidad, por lo que dicha certificación
debía ser analizada, más cuando en otros procesos la UGPP había aceptado las
explicaciones del contador sobre los ingresos, so pena de desconocer el derecho al
debido proceso y el principio de igualdad.

5. Las indemnizaciones no hacen parte del IBC

Explicó que en el mes de enero de 2014 recibió un dinero de una indemnización por
el fallecimiento de un familiar, pero, en virtud del artículo 15 de la Ley 100 de 1993,
ese concepto no estaba gravado. Además, el artículo 45 del Estatuto Tributario
prescribía que las indemnizaciones por seguro de daño no constituían renta ni
ganancia ocasional, y menos debía serlo para seguridad social, puesto que «esta
venta no incremento (sic) su patrimonio, ni enriqueció su condición patrimonial». Al efecto, señaló
que al proceso de fiscalización allegó el soporte del banco con el pago y el monto,
el cual fue desestimado por la entidad por considerar que no hacía parte de su
actividad económica.

6. Presunción de veracidad de la declaración de renta

Sostuvo que su denuncio rentístico del año 2014 gozaba de presunción de
veracidad, razón por la cual la demandada no podía desconocer los costos y gastos
allí reportados y tomar únicamente los ingresos para determinar el IBC de los
aportes, actuación que desconocía el principio de buena fe.

7. Falta de competencia de la UGPP

Manifestó que la demandada no podía desconocer los costos y gastos declarados
en renta porque dicha labor era de la DIAN. De aceptarse lo contrario, los aportes
debían liquidarse sobre la renta líquida de la actividad productora de renta, sin entrar
a verificar las erogaciones.

8. Falta de sujeción pasiva de los rentistas de capital para pensión

Insistió en que además de ser una independiente por cuenta propia, también era
una rentista de capital, categoría frente a la cual el legislador para el año 2014 no
había establecido la obligación de realizar los aportes a pensión. Si bien se
reglamentó en el Decreto 806 de 1998 lo relacionado a salud, lo cierto era que esa
disposición nunca fue introducida en la ley.

Consideró que la expresión independiente no se puede ampliar a los rentistas de
capital con una providencia de la Corte Constitucional en la que se declaró inhibida.
Reiteró que tampoco se contaba con base gravable para estos sujetos.

4
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Demandante: Beatriz Díaz Durán

9. Sanción por omisión

Advirtió que para el momento en que fue notificado el requerimiento para declarar
y/o corregir estaba vigente el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, según el cual la
sanción por omisión no podía superar el monto adeudado por aportes, norma que
consagraba la aplicación del principio de favorabilidad. Hizo referencia a unos actos
en los que la demandada sí siguió los parámetros de esta norma. Así, no podía la
entidad argumentar que dicho requerimiento era un acto de trámite no susceptible
de control judicial, pues según la jurisprudencia, su debida motivación era un
requisito esencial so pena de declarar la nulidad de la liquidación oficial.

En este caso debió expedirse la ampliación al requerimiento como lo permite el
Estatuto Tributario, modificando la sanción al 5%, y, constatar que no superara el
monto de los aportes, para garantizar el principio de correspondencia.

10. Ingresos por arrendamientos

Manifestó que, según la interpretación dada por la DIAN y el Ministerio de Trabajo,
frente a los ingresos por arrendamientos no existe la obligación de cotizar al sistema
de seguridad social, pues dicha actividad no se trata de una prestación de un
servicio personal. Esto implicaba que la UGPP debía retirar de la base de cotización
los dineros percibidos por el alquiler de bienes inmuebles. Además, no se podían
desconocer los conceptos de otras entidades, pues estos orientaron la actuación
de la demandante creando una confianza legítima que le generó expectativas sobre
su correcto actuar.

11. Aplicación principio favorabilidad para determinación del IBC
Sostuvo que la Ley 1753 de 2015 definió la base de cotización para los
independientes por cuenta propia sobre el 40% de sus ingresos, por ende, la
demandada debió atender dicha disposición, aun cuando fuera posterior al período
fiscalizado, en virtud del principio de favorabilidad que regía la actuación tributaria.
Así, solicitó que, en caso de no accederse a los anteriores cargos, le fueran
liquidados los aportes sobre el 40% de la utilidad percibida en el año 2014.

Oposición de la demanda

La UGPP controvirtió las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente4
:

Propuso como excepción la caducidad debido a que la demanda no se presentó
dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del acto que le puso fin a la vía
administrativa5.

Frente a los cargos de reserva de ley, la sujeción pasiva en pensiones y el principio
de favorabilidad en la base de cotización, expuso que la actuación administrativa
estuvo debidamente motivada, lo cual podía observarse en los actos y los archivos
Excel anexos a ellos, donde se explicó cada uno de los conceptos tenidos en cuenta
por la entidad para liquidar el valor del aporte.

4
Samai del Tribunal. Índice 15.
5
Mediante auto del 13 de septiembre de 2023, se negó dicha excepción al considerar que la demanda se presentó
oportunamente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien remitió por competencia el proceso al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Samai del Tribunal. Índice 24.

5
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Demandante: Beatriz Díaz Durán

Por otro lado, señaló que los rentistas de capital estaban incluidos en la categoría
de trabajador independientes6, y desarrolló los elementos de la obligación tributaria,
destacando que cobijaban a la demandante quien contaba con capacidad de pago
según su declaración de renta, para lo cual citó el artículo 19 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 510 de 2003, según los cuales se debía cotizar atendiendo a los
ingresos efectivamente percibidos con la posibilidad de deducir los costos que
cumplieran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Lo anterior denotaba la existencia en el ordenamiento jurídico de una base gravable
de cotización para los independientes, incluso con anterioridad a la expedición de
la Ley 1739 de 2015, por lo que no había lugar a su aplicación.

Respecto a la indebida notificación del requerimiento de información, el
requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial, y la notificación por
conducta concluyente, explicó que, de manera previa, pidió a la DIAN el histórico del
RUT de la demandante, del cual se evidenciaba que para el momento de expedición
de los 2 requerimientos estaba vigente la dirección «CC LA HERRADURA LC J 11 TULUÁ- VALLE
DEL CAUCA.», por lo que remitió allí la comunicación. Sin embargo, fueron devueltos
por la oficina de correo bajo la causal «desconocido», razón por la cual optó por su
publicación mediante aviso en el portal web y en la cartelera de la entidad.

El acto de liquidación fue remitido a la misma dirección de los requerimientos
iniciales, pero esta había sido actualizada el día 4 de febrero de 2017 a la «carrera 42
No 36 – 70 de Tuluá Valle», surtiéndose la notificación por aviso. No obstante, la actora
el día 27 de junio de 2017 solicitó la expedición de copias de los actos previos y el
28 de agosto del mismo año interpuso el recurso de reconsideración, dentro de los
meses siguientes a la publicación por aviso, presentando objeciones de fondo, lo
que dejó en evidencia que conocía el contenido de las decisiones.

Advirtió que la resolución que estudió el recurso de reconsideración fue notificada
de manera personal al apoderado de la demandante el 15 de agosto de 2018.
Además, el 10 de octubre de 2018 se le suministró copia de la liquidación al
apoderado, de conformidad con la petición presentada ese mismo día.

En cuanto a los cargos sobre la presunción indebida de ingresos y de veracidad de
la declaración de renta, así como la competencia de la UGPP, explicó que para la
determinación del IBC tomó los ingresos reportados en el denuncio privado del 2014,
y los dividió en partes iguales por los 12 meses del año ante la ausencia de pruebas
que demostraran la forma y períodos de percepción de los mismos.

Ahora, con el recurso de reconsideración se allegaron unos documentos que daban
cuenta de una parte del ingreso, los cuales fueron aceptados y asignados al mes
correspondiente, mientras que para los demás no se aportó prueba por lo que se
repartieron en los 12 meses fiscalizados. Así mismo, obraba un extracto bancario,
según el cual la demandante percibió pagos por compra de divisas, la cual no era
su actividad principal por lo cual se rechazó la prueba.

Agregó que la verificación por la UGPP en relación con los costos y gastos
únicamente fue en materia de aportes parafiscales y no en renta, aspecto que era
exclusivo de la DIAN. Señaló que para excluir del ingreso base de cotización las
erogaciones del denuncio rentístico, era necesario la verificación del cumplimiento
de los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario lo cual no se
6
Citó los artículos 15 del Decreto 3063 de 1998, 16 del Decreto 1406 de 1999 y 15 y 157 de la Ley 100 de 1993.

6
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evidencia en este caso. Además, en caso de aceptarse, la base continuaría siendo
el tope de los 25 SMLMV para cada período.

Con el recurso de reconsideración se aceptaron unas erogaciones, pero, se
rechazaron otras, como el pago de ICA, pues fue cancelado en el 2015. También
fue imposible reconocer lo dicho en el certificado expedido por la contadora ante la
ausencia de soportes que demostraran sus afirmaciones, como lo exigía el artículo
777 del Estatuto Tributario. Afirmó que en este caso era imposible aplicar la
presunción de costos prevista en el artículo 82 del Estatuto Tributario, debido a que
se trataba de una norma prevista para el impuesto de renta.

En lo referente a la indemnización recibida por la actora, dijo que se trataba de un
argumento nuevo expuesto en sede judicial, por lo que la entidad no tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y, en ese sentido, el juez debía
declararse inhibido para resolverlo.

En cuanto a la sanción por omisión manifestó que cuando fue expedido el
requerimiento para declarar y/o corregir no se encontraba vigente la Ley 1819 de
2016 sino la Ley 1607 de 2012, por lo que debió acudir a ésta última para el cálculo.
No obstante, en la liquidación oficial se dio aplicación a la modificatoria por ser más
favorable para la demandante. Además, se redujo al resolver el recurso de
reconsideración.

Finalmente, señaló que la percepción de arrendamientos daba lugar al pago de los
aportes al sistema de la seguridad social en la medida que demostraba la capacidad
de pago de quien los recibiera. Puso de presente que el concepto 48258 de 2014
proferido por la DIAN e invocado en la demanda se limitaba a un aspecto de los
requisitos para efectuar deducciones en materia de renta, lo cual se debía verificar
en un proceso diferente al adelantado por la demandada.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda
por lo siguiente7:

Luego de mencionar el marco jurídico de las contribuciones al sistema de seguridad
social y la competencia de fiscalización asignada a la UGPP, adujo que como la
demandante se trataba de una trabajadora independiente con capacidad de pago
según su declaración de renta, estaba obligada a pagar los aportes para el año
2014. Consideró que la demandante solo acreditó los meses en los cuales percibió
la suma de $50.738.523, por lo que era válido que la administración asignara el valor
restante ($524.050.477) en los 12 meses fiscalizados.

Destacó que la UGPP no asumió competencias propias de la DIAN para la
determinación del ingreso base de cotización, sino que su actuación obedecía a la
aplicación de los artículos 1 del Decreto 510 de 2003 y 107 del Estatuto Tributario.
En todo caso, se reconocieron erogaciones debidamente probadas ($15.796.000),
empero, los ingresos depurados seguían superando los 25 SMLMV. Con el recurso
de reconsideración se redujo el valor de los aportes y la sanción por omisión.

A su vez, tampoco se observaba una falsa motivación de la actuación administrativa,
sino el acatamiento del artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, entre otras
7
Samai del Tribunal. Índice 32.

7
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disposiciones. Agregó que tampoco se vulneró el derecho al debido proceso de la
interesada, por cuanto fue escuchada, se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas
al proceso y tuvo la oportunidad de ejercer los recursos de ley.

Finalmente, el a quo se abstuvo de condenar en costas debido a que no se presentó
una carencia de fundamento legal.

Recurso de apelación

La demandante apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en lo que
pasa a exponerse8:

1. Base gravable

Señaló que no compartía la decisión del tribunal porque para el período fiscalizado
existía un vacío legal. Además, no estaba afiliada a alguna entidad y tampoco
contaba con una declaración de ingresos, por lo que le era imposible aplicar la base
de cotización prevista en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993. Dijo que, en caso de
no decretar la nulidad de los actos demandados, y en aplicación del principio de
favorabilidad, se debían aceptar las cotizaciones sobre la base declarada o sobre el
salario mínimo.

2. Indebida notificación y falta de notificación por conducta concluyente9

Adujo que el tribunal no se pronunció sobre la indebida notificación de los
requerimientos y la liquidación oficial. Insistió en que, pese a que la entidad contaba
con la información del RUT para ubicar a la demandante, como lo eran el correo
electrónico y el número de teléfono, no adelantó las actuaciones pertinentes para
comunicar estos actos. Reiteró que el RUT de la demandante fue actualizado el 4 de
febrero de 2017, pese a esto, la UGPP optó por notificar el acto de liquidación a la
dirección antigua, razón por la cual el documento fue devuelto por la empresa de
correo y desencadenó la notificación por aviso.

Planteó que la interposición del recurso de reconsideración no subsanaba la
irregularidad, pues según el artículo 567 del Estatuto Tributario, cuando el acto
administrativo es enviado a una dirección errada a la informada por el contribuyente,
es deber de la entidad corregir la situación y enviarlo nuevamente a la dirección
nueva, para lo cual debe verificar el RUT y cerciorarse de la ubicación.

Lo anterior vulneró sus derechos de defensa y debido proceso, pues solo conoció
del proceso días antes de que se venciera la oportunidad para interponer el recurso
de reconsideración, por lo que tuvo que acudir a un abogado con premura sin que
pudiera analizar debidamente el expediente ni recolectar el material probatorio
pertinente.

3. Determinación del IBC, mensualización de ingresos y reconocimiento de
costos y gastos

Indicó que el tribunal no se pronunció sobre los reparos planteados sobre su
realidad económica. Manifestó que se desconoció la certificación expedida por su
contador, la cual reflejaba su realidad económica, vulnerando con ello principios

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Samai del Tribunal. Índice 36.
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En este cargo se unen los cargos segundo y tercero de la apelación.

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como el de la igualdad, pues en casos similares la entidad aceptó la mensualización
de los ingresos en los términos certificados.

Adujo que, así como la UGPP tuvo en cuenta los ingresos de la declaración de renta,
debió tomar los costos y gastos, sin comprobaciones adicionales, como lo ha
aceptado el Consejo de Estado quien ha reconocido el principio de indivisibilidad de
la prueba y la presunción de veracidad.

4. Indemnización

Afirmó que, para el mes de enero recibió dinero proveniente del exterior, se trataba
de una indemnización por la muerte de un familiar, y por esto, no debía integrar la
base de cotización de los aportes al sistema, pues según el artículo 15 de la Ley
100 de 1993 aquella estaba conformada únicamente por el ingreso efectivo. Puso
de presente que este asunto no fue analizado por el tribunal. E Insistió en que por
disposición del artículo 45 del Estatuto Tributario, las indemnizaciones por daño no
constituyen renta ni ganancia ocasional, de manera que no se podía exigir el pago
a seguridad social sobre éstas, ya que la «venta no incrementó su patrimonio».

5. Falta de competencia de la UGPP

Alegó nuevamente que la demandada carecía de facultades legales para analizar
los costos y gastos registrados en renta, por ser un asunto exclusivo de la DIAN, ya
que la Ley 1151 de 2007 no la habilitó para ello.

6. Cotización a pensión

Señaló que para el año 2014 no existía una norma que obligara a los rentistas de
capital a cotizar a pensión, únicamente el Decreto 806 de 1998 fue el que dispuso
el deber de contribuir para esta clase de personas, pero al subsistema de salud.
Sumado a esto, era errado que en los actos de liquidación ampliaran las
cotizaciones para los rentistas con fundamento en un auto en el que la Corte
Constitucional se declaró inhibida para decidir el tema.

7. Favorabilidad

Planteó que como el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 23 de
enero de 2017, debió aplicarse la Ley 1819 de 2016 por ser la norma vigente a ese
momento, la cual le era más favorable, tal como se había hecho en otros procesos
similares. Esto implicó también la vulneración al principio de correspondencia
tributaria, al cambiarse abruptamente la proporción de las sanciones y generando
un perjuicio para la aportante.

8. Ingresos por arrendamientos

Insistió en que lo percibido por esta actividad no estaba gravado con las
contribuciones parafiscales, pues para el año 2014 tampoco existía una base
regulada para los rentistas de capital. Agregó que el Decreto 806 de 1998, que
invocó la demandada era un decreto reglamentario, pero solo para salud.

9. Aplicación Ley 1753 de 2015
Expuso que para el momento en que fueron proferidos los actos de liquidación ya
estaba vigente la Ley 1753 de 2015, por lo que, en virtud del principio de

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favorabilidad, la UGPP debió liquidar los aportes sobre el 40% de la base de
cotización, tal como lo hizo en otros casos similares al presente.

10. Sanción
Reprochó que el Tribunal se abstuviera de retirar la sanción por omisión, la cual era
improcedente debido a que la conducta no fue realizada por la demandante, quien
tenía la creencia de que su actuar estaba permitido10.

Oposición a la apelación

La demandada no se pronunció

Intervención del Ministerio Público

El agente de dicha entidad guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
nulidad de la liquidación oficial RDO 2017-01175 del 31 de mayo de 2017 y RDC 410
del 24 de julio de 2018, por medio de las cuales la UGPP le determinó los aportes al
sistema de seguridad social por los meses de enero a diciembre de 2014 y la
sancionó por omisión.

Como cuestión previa se advierte que en el cargo décimo de apelación fue
reprochado que el a quo se abstuviera de retirar la sanción por omisión debido a
que la conducta no había sido realizada por la demandante, quien tenía la creencia
de que su actuar no vulneró el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la Sección no se pronunciará al respecto por tratarse de un argumento
nuevo expuesto solo hasta el recurso de apelación, 11 pues en la demanda
únicamente hizo mención de los porcentajes aplicados, la norma vigente para la
época y por ende la aplicación del principio de favorabilidad, sin referirse a la
eximente de responsabilidad12.

Decantado lo anterior, será del caso analizar en esta instancia: i) la indebida
notificación de los actos previos y de la liquidación oficial; ii) la sujeción pasiva de
los rentistas de capital (arrendamientos); iii) la regulación de la base gravable para
los independientes; iv) la inclusión en el IBC de la presunta indemnización percibida
por la demandante; v) la mensualización de los ingresos y el reconocimiento de
costos y gastos; vi) la falta de competencia de la entidad para fiscalizar los costos y
gastos; vii) la aplicación de la Ley 1753 de 2015; y viii) la favorabilidad en la sanción
por omisión.

10
Sobre el asunto citó la sentencia del 4 de abril de 2025, radicado 52001-23-33-000-209-00275-01, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
11
Sobre el particular ver la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 22 de abril de 2021, exp 25427, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
En términos similares se pronunció recientemente la Sección en sentencia del 4 de diciembre de 2025, exp 29585, M.P.
Luis Antonio Rodríguez Montaño.

10
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Análisis del caso concreto
1. De la indebida notificación
En cuanto a la notificación de los requerimientos previos a la liquidación oficial debe
ponerse de presente que la demandante no discute que la UGPP enviara por correo
certificado dichos actos a la dirección que en ese momento aparecía en el RUT y
que al ser devueltos por la causal desconocido se realizara su notificación por aviso,
lo que en realidad controvierte es que no se utilizaran otros medios para dar a
conocer el proceso de fiscalización adelantado en su contra.
Para resolver, se tiene que, en virtud de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151
de 2007, la demandada estaba habilitada para aplicar los artículos 565 y 568 del
Estatuto Tributario, el primero prevé que los requerimientos, entre otros actos,
podrán notificarse por correo, para lo cual se entregará copia del acto en la última
dirección suministrada por el contribuyente en el RUT. La segunda norma, indica que
en caso de devolución del correo por cualquier motivo diferente al de dirección
errada, se deberá notificar por aviso en la página web de la entidad.
La Sección considera que las actuaciones adelantadas por la UGPP obedecen a lo
dispuesto en los citados artículos, comoquiera que la administración consultó la
dirección informada por el demandante en el RUT13, cuestión diferente es que, por
asuntos ajenos a ella, el envío fuera devuelto y se procediera a su notificación por
aviso, procedimiento que fue habilitado por el legislador, sin que fuera obligatorio
acudir a otros medios como llamadas telefónicas o correos electrónicos como lo
pretende la demandante. Así las cosas, no procede el reparo14.
Ahora, en cuanto a la notificación de la liquidación oficial la entidad la remitió por
correo certificado a la dirección «CC LA HERRADURA LC J 11», pero ante la devolución
bajo la causal «desconocido», se optó por su publicación mediante aviso fijado entre
el 21 y 28 de junio de 201715. Obra en el expediente el RUT16 de la demandante con
fecha de actualización del 4 de febrero de 2017, y allí se observa como dirección la
«CR 42 36 70» en la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca).

Esto denota un error por parte de la administración, por cuanto la ubicación de la
demandante para el momento en que surtió el proceso de comunicación del acto de
determinación había cambiado desde hacía más de 3 meses, yerro que no fue
corregido en su debido momento y, en ese orden, era inadecuado que la UGPP
acudiera a la notificación por aviso como una forma subsidiaria para dar a conocer
su decisión.
Sobre los errores o falencias en las notificaciones, la Sección ha manifestado que
debe17 «ser advertido y subsanado por la administración a efectos de garantizar el principio de
publicidad como elemento esencial del debido proceso que materializa el derecho de defensa del
contribuyente. De no ser así, la notificación supletiva queda invalidada, entendiéndose como no
practicada18, a no ser que dicha irregularidad sea saneada por el propio administrado cuando se

13
Debe recordarse que en la oposición a la demanda la entidad afirmó que consultó ante la DIAN el histórico de direcciones
reportadas en el RUT de la demandante, siendo la «CC LA HERRADURA LC J 11», la que se encontraba vigente al momento
de la expedición de los actos, hecho que no fue cuestionado por la demandante.
14
En igual sentido se pronunció recientemente la Sección en sentencia del 20 de febrero de 2025, exp 28953, reiterada en
la sentencia del 2 de octubre de 2025, exp 28613 ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
La devolución y el aviso se pueden consultar en la carpeta antecedentes administrativos/ Liquidación Oficial.
16
Samai. Índice 23. Expediente digital. 43ED_CD01zip.(.zip) NroActua 23. Zip. Carpeta CD01. Demanda y anexos Beatriz
Díaz. Anexos. RUT. PDF.
17
Sentencia del 5 de junio de 20205, exp 29458, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello

11
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notifica por conducta concluyente dentro del mismo plazo dispuesto por la norma para notificar la
liquidación oficial19».

En los antecedentes administrativos reposa el «acta de entrega de copias y/o anexos en
actuaciones administrativas parafiscales notificaciones parafiscales» del cual se lee que el día
27 de junio de 2017 «se hizo presente en el Punto de Atención Virtual de la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP- ubicado en el Centro
Comercial Chipichape (…) la señora BEATRIZ DIAZ DURAN (…) con el fin de solicitar la expedición de
nuevas copias del siguiente Actos Administrativos: (…)» acto seguido se identificaron el
requerimiento de información y el requerimiento para declarar y/o corregir proferidos
dentro del presente proceso.

Así mismo, consta que el apoderado de la demandante interpuso el recurso de
reconsideración el 28 de agosto de 2017, razón por la cual se entiende que con
esta actuación se dio la figura de la notificación por conducta concluyente20.

Si bien la demandante cuestiona este tipo de notificación porque no pudo ejercer
correctamente su derecho de defensa, y aunque no concretó porque se vio
conculcado, se pone de presente que se revisó el recurso de reconsideración
interpuesto, el cual presenta 10 cargos de inconformidad que cobijan aspectos de
orden procedimental como de fondo, y la mayoría son similares a los expuestos en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incluso planteó argumentos
adicionales, tales como la aplicación de costos presuntos del artículo 82 del Estatuto
Tributario y la inexistencia del servicio de salud o falta de goce del mismo.

Además, se observa que se allegaron varias pruebas como facturas de
proveedores, certificado de contador, cuentas de cobro, extractos bancarios, por lo
que se concluye que la demandada pudo ejercer su defensa y controvertir lo
expuesto en la liquidación oficial.

En consecuencia, no prosperan los argumentos de la apelación.

2. Sujeción pasiva de los rentistas de capital

Según la demandante para el año 2014 no existía una norma que obligara a esta
clase de independientes a cotizar a pensión ya que el Decreto 806 de 1998 dispuso
el deber, pero solo para el subsistema de salud.

Además, en el cargo octavo de apelación se discute que los pagos por
arrendamientos no se encuentran gravados con las contribuciones parafiscales,
pues para el año 2014 no existía norma alguna que regulara el asunto para los
rentistas de capital.
Como los argumentos planteados discuten la sujeción pasiva de los rentistas de
capital al sistema de seguridad social, se resolverán de manera conjunta. A su vez,
debe ponerse de presente que la Sección ya se pronunció frente a la obligatoriedad
de cotizar tanto a pensión como al subsistema de salud para esta clase de sujetos,
y por esta razón se reiterará en lo pertinente el criterio de decisión adoptado21.

19
Sentencia del 21 de octubre de 2021, exp,24673, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Posición reiterada en sentencia del
7 de septiembre de 2023, exp.27076, M.P. Milton Chaves García.
20
Se pone de presente que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó por aviso desfijado el 20 de enero de 2017
por lo que la demandante tenía 3 meses para contestar dicho acto y la administración debía proferir la liquidación oficial
6 meses después, esto es a más tardar en el mes de octubre de 2017
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp 24719, reiterada en sentencias del 7 de
septiembre de 2023, exp 26481, del 26 de junio de 2025, exp 29580 y del 19 de febrero de 2026, exp 30316 todas con
ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello

12
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Según los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 2 y 3 de
la Ley 797 de 200322), tanto los trabajadores dependientes como independientes deben
afiliarse de manera obligatoria al subsistema de pensión. A su vez, los artículos 156
y 15723 de la misma normativa dispusieron que todos los habitantes del territorio
debían estar afiliados al subsistema de salud en condición de afiliados al régimen
contributivo o como subsidiados, o en forma temporal como participantes vinculados
y, para tal efecto, incluyó de manera puntual a los trabajadores independientes con
capacidad de pago. Mandato que fue reglamentado en el Decreto 806 de 199824,
artículo 26 literal d) incluyendo de manera expresa a los rentistas de capital, como
obligados a afiliarse en calidad de cotizantes.

En igual sentido los artículos 1 y 16 literal c del Decreto 1406 de 1999, reglamentario
de la Ley 100 de 199325, señalaron como aportantes al Sistema de Seguridad Social
a los rentistas de capital, trabajadores independientes y demás personas con
capacidad de contribuir financieramente. A su vez el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011 dispuso que se presumía con capacidad de pago y, por ende, como obligados
a afiliarse al régimen contributivo, las personas naturales declarantes del impuesto
de renta y complementarios.

Ahora, cabe mencionar que de una interpretación amplia a la expresión «trabajadores
independientes» contenida en el numeral 1, literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de
1993, podía entenderse incluidos a los rentistas de capital como sujetos obligados
a realizar aportes a salud26. También se pone de presente que esta Sección al
estudiar la legalidad del artículo 26 del Decreto 806 de 199827,señaló que «no solo
deben afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en salud los rentistas de capital y los
propietarios de empresas, sino también todas las personas naturales residentes en el país que no
tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador.».

Igualmente, se mencionó en la providencia que se reitera28 que frente a «los aportes
a pensión se tiene que aplicar las mismas razones, pues los principios de solidaridad y universalidad
se predican de todo el Sistema General de Seguridad Social, incluido el de pensiones, por lo que
todas las personas con capacidad económica deben contribuir con su financiamiento».

Así las cosas, dentro de la expresión trabajadores independientes se ubican
aquellos que no cuentan con contrato de trabajo, relación legal o reglamentaria, pero
que tienen capacidad de pago, tales como los rentistas de capital, accionistas,
comerciantes, trabajadores por cuenta propia, entre otros.

En el sub examine, según el RUT29 la actora se dedica a la fabricación de artículos
de viaje, bolsos de mano y artículos de cuero (actividad 1512), al arrendamientos
de bienes inmuebles (6810), entre otras, es decir, una trabajadora independiente
por cuenta propia y una rentista de capital, actividades que en conjunto demuestran
22
Mediante sentencia C-1089 de 2003 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 3 de la Ley
797 de 2003. Así mismo, en la sentencia C-259 de 2009, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “trabajadores
independientes” contenida en el literal a) del artículo 2 y en el numeral 1 de artículo 3 de la Ley 797 de 2003.
23
Declarado exequible en la sentencia C-663 de 1993.
24
Si bien el Decreto 2353 de 2015 derogó el Decreto 806, la nueva normativa de igual manera replicó en el artículo 34, que
los trabajadores independientes como los rentistas de capital y, en general, todas las personas residentes en el País
debían estar afiliados al régimen contributivo como cotizantes, siempre y cuando sus ingresos fueron iguales o superiores
a un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente esta disposición se encuentra compilada en el Decreto 780 de
2016, artículo 2.1.4.1 numeral 4.
25
Compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 780 de 2016.
26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp 23379, M.P. Milton Chaves García.
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp 25056 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp 24719, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
29
Ambos documentos obran en Samai. Índice 23. Expediente digital. 43ED_CD01zip(.zip) NroActua 23. Zip. Carpeta
Anexos.

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su capacidad de pago según los ingresos declarados, razón suficiente para
determinar que estaba obligada a realizar los aportes a pensión, y que éstos deben
integrar la base de cotización. No prospera el cargo.

3. Base gravable de los trabajadores independientes

Frente a los reparos de la apelante encaminados a discutir la falta de base gravable,
la Sección reiterará el precedente que al respecto se ha fijado30.

En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones

PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”
“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES. Los afiliados al
sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de
servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad
a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente. (subraya la Sala)

A su vez, según el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 «se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario»

De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que, si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia a las personas naturales con
contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es reglamentar
el artículo 15 de la mencionada Ley 100 de 1993, «el cual como se citó anteriormente,
hace referencia a los trabajadores independientes y a los ingresos efectivamente percibidos, de ahí
que lo dispuesto en el reglamento cobija a todos los trabajadores independientes sean o no
contratistas».

Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica. Así mismo, el artículo 3 del
Decreto 510 se refirió a los límites de cotización, por lo que los aportes no pueden
ser inferiores a 1 SMMLV ni superar los 25 salarios, rango que también resulta
aplicable al subsistema de salud.

Sobre este punto la Sección, en la sentencia reiterada, se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no «puede alterar o modificar el
30
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp 26001, reiterada el 2 de octubre de
2025, exp 28613, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador»31. Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:

Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art. 189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas”32.
Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales33”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden.

Frente al IBC en materia de salud, la Sección hizo referencia al parágrafo 2º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: «para efectos del cálculo de la base de
cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de
presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral,
las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la
periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y
periodicidad de sus ingresos».

Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 199534 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTÍCULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES AFILIADOS AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-

31
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp 20998, M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp 23781 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 14 de septiembre
de 2023, exp 26001, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
32
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp 15399 M.P. Ligia López Díaz
33
Ibidem.
34
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio
de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.

15
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EPS deberán, al momento de la afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores
independientes los cuestionarios que, con el fin de determinar las bases presuntas mínimas
de los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos
de control o aquellos que sean establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume con capacidad
de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser
afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos.

Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, entre los que se cuentan los rentistas de capital y aquellos
que trabajan por cuenta propia, la Sección concluyó que el IBC: «tanto para salud como
para pensión se compone de los ingresos percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites
de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo caso, el mismo legislador ha señalado
que estos deben corresponder a los ingresos reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo
ingresos presuntos o se omitiera la obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)»

Se tiene entonces que, para el año 2014, esta clase de trabajadores independientes,
entre los cuales se encuentra la demandante, sí contaban con una base
determinada por el ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de
Seguridad Social, sin que dicho elemento estuviera sujeto de modo alguno a la
declaración de ingresos ante la entidad a la cual se encontraba afiliado, como lo
afirmó la apelante, pues se reitera que corresponde a los ingresos realmente
percibidos por el obligado, entre los cuales se encuentran también los
arrendamientos. En consecuencia, no prospera el cargo.

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Demandante: Beatriz Díaz Durán

4. Indemnización

Según la demandante para el mes de enero recibió una suma de dinero
correspondiente a una indemnización por la muerte de un familiar, por tanto, no
debía integrar la base de cotización de los aportes parafiscales. Además, por
disposición del artículo 45 del Estatuto Tributario, las indemnizaciones por daño no
constituían renta ni ganancia ocasional y, por tanto, tampoco para seguridad social.
Así mismo, en la apelación puso de presente que el tribunal no estudió este cargo
y que el pago fue realizado desde el exterior.

Como prueba de lo anterior, la interesada únicamente aportó un extracto bancario35
en el que consta un movimiento de $519.990.460 el día 22 de enero de 2014, sin
embargo, en el detalle del concepto se indicó que correspondía a un pago por
compra de divisas. En ese sentido, y ante la ausencia de alguna prueba que
sustente las afirmaciones de la actora, no puede entenderse que la suma en
discusión corresponda a una indemnización desde el extranjero por la muerte de un
familiar.

Con todo, en cuanto a la aplicación del artículo 45 del Estatuto Tributario, se pone
de presente que esta disposición regula un asunto en materia del impuesto de renta,
cuya depuración es sustancialmente diferente a la base de cotización de los aportes
parafiscales, la cual corresponde a los ingresos efectivamente percibidos de
conformidad con el Decreto 510 de 2003, norma que permite su depuración única y
exclusivamente con lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto y no con la invocada
por la demandante. Además, dicho mandato tampoco se encuentra dentro de la
remisión que hizo el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 a la norma tributaria, siendo
entonces improcedente su aplicación. Se niega el cargo.

5. Determinación del IBC

La demandante reprocha el desconocimiento de la certificación expedida por su
contador, la cual reflejaba su realidad económica, pese a que en casos similares la
entidad había aceptado los ingresos en los términos discriminados por dichos
profesionales.

En este caso la entidad al resolver el recurso de reconsideración tomó en cuenta
varios de los soportes allegados en esa oportunidad y aceptó la mensualización de
una parte de los ingresos, acto seguido prorrateo la diferencia con los declarados
en renta, así36:

5. PRORRATEO DE
4. INGRESOS SOPORTADOS
DIFERENCIA ENTRE TOTAL INGRESO
Mes (Recurso de
MENSUALIZACIÓN Y MENSUAL
Reconsideración)
SOPORTES DOCUMENTALES
Enero $17.491.869 $43.670.873 $61.162.742
Febrero $2.314.969 $43.670.873 $45.985.842
Marzo $3.624.969 $43.670.873 $47.295.842
Abril $2.304.969 $43.670.873 $45.975.842
Mayo $3.089.969 $43.670.873 $46.760.842
Junio $2.714.969 $43.670.873 $46.385.842
Julio $2.038.969 $43.670.873 $45.709.842

35
Obra en la carpeta de los antecedentes administrativos. Reconsideración. Recurso de reconsideración (1). PDF. Página 56
del PDF.
36
Página 20 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, valores que a su vez coinciden con los consignados
en el Excel en la pestaña «FACTORES IBC»

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Demandante: Beatriz Díaz Durán

5. PRORRATEO DE
4. INGRESOS SOPORTADOS
DIFERENCIA ENTRE TOTAL INGRESO
Mes (Recurso de
MENSUALIZACIÓN Y MENSUAL
Reconsideración)
SOPORTES DOCUMENTALES
Agosto $2.126.969 $43.670.873 $45.797.842
Septiembre $3.158.969 $43.670.873 $46.829.842
Octubre $2.228.969 $43.670.873 $45.899.842
Noviembre $2.218.969 $43.670.873 $45.889.842
Diciembre $7.063.969 $43.670.873 $50.734.842
TOTAL $50.378.523 $524.050.477 $574.429.000

Se observa que en el expediente administrativo37 y en los anexos de la demanda38
obra documento proferido por la contadora de la demandante en el que se indica:
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA A QUIEN INTERESE

MARTHA LILIANA GARCÍA VÁZQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. (…) de Cali,
actuando en calidad de contadora de la persona natural, la señora BEATRIZ DIAZ DURAN
identificada con cedula de ciudadanía No. (…) de la Ciudad de Cali, persona que desarrolla la
actividad comercial No. 1512 y 6812 desde el año 2009, me permito certificar que la
información relacionada en medio magnético y físico en este memorial en formato archivo
Excel, sobre los ingresos y costos asociados a la actividad productora de la señora BEATRIZ
DIAZ DURAN como propietaria del establecimiento BBD Tienda Marroquinería, se entregan en la
siguiente estructura y corresponden a lo efectivamente percibido en el año 2014.
(…)
Por último, avalo y doy fe pública que la información entregada en este memorial corresponde
a los libros contables de la señora BEATRIZ DIAZ DURAN, constituyendo prueba contable para
los procesos de fiscalización que adelanten las entidades públicas en especial la UGPP, toda
vez que el Estatuto Tributario en su articulado 777 me faculta para ello.
La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de
agosto de dos mil diecisiete (2017).

Así mismo, se allegó una relación mes a mes con los conceptos percibidos por la
demandante por la suma de ($574.429.000)39, de manera que, ante la existencia de
esa información, valor que coincide con la totalidad de lo reportado en la declaración
de renta del año 2014, esta Sección adoptará la mensualización allí descrita40, tal
como pasa a exponerse41:

MES INGRESOS MES INGRESOS

Enero $537.214.900 Julio $1.632.000
Febrero $1.908.000 Agosto $1.720.000
Marzo $3.218.000 Septiembre $2.752.000
Abril $1.898.000 Octubre $1.822.000
Mayo $2.683.000 Noviembre $1.812.000
Junio $2.308.000 Diciembre $15.461.100

En consecuencia, le asiste razón a la apelante y debe accederse a la
37
Obra en la carpeta de los anexos de la demanda. Samai. Índice 23. Expediente digital. 43ED_CD01zip(.zip) NroActua 23.
Zip. Carpeta Anexos. Certificación del contador. PDF.
38
Índice 23. Expediente digital. 43ED_CD01zip(.zip) NroActua 23. Carpeta anexos de la demanda
39
Antecedentes administrativos. Reconsideración. Archivo comprimido. Carpeta Beatriz Durán. Excel INFORM BDD 2014.
40
Una postura similar asumió la Sección en sentencia del 2 de octubre de 2025, expediente 28613, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
41
Se advierte que según el certificado de Bancolombia, el día 22 de enero percibió la suma de $519.990.000 por concepto
de compra de divisas, razón por la cual se imputó ese ingreso en dicho mes, monto que también reportó la contadora en
ese período en el certificado. Así mismo, se pone de presente que en la descripción de los ingresos que hizo la entidad
en el SQL de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, fueron prorrateados en los 12 meses unos
rendimientos financieros, sin embargo, en los soportes de la contadora consta que los mismos fueron recibidos en
diciembre, razón por la cual se dejarán asignados a ese período ante la existencia de la prueba contable.

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mensualización probada.

Ahora bien, corresponde analizar la depuración de la base gravable con el
reconocimiento de las erogaciones a efectos de establecer el restablecimiento del
derecho. En esta misma oportunidad la actora alega que debían tenerse en cuenta
los costos y gastos de la declaración de renta sin exigir comprobaciones adicionales.

Sobre este asunto, la Sección42 ha manifestado que, la remisión al denuncio privado
no puede ser parcializada, es decir, únicamente valorar los ingresos, sino que
también deben tenerse en cuenta los costos y gastos en que incurrió el
contribuyente para desarrollar la actividad productora de renta, puesto que la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 cobija a toda la declaración.

La anterior conclusión43 se sustenta en que i) el artículo 250 del Código General del
Proceso señala que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados
es indivisible; ii) la UGPP puede solicitar comprobaciones especiales de los costos y
gastos, pero la declaración de renta demuestra tanto los ingresos como las
erogaciones, sin que sea admisible que este documento acredite las situaciones
que perjudican al demandante, pero no las que lo benefician; y iii) la presunción de
veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta no puede ser controvertida
por una autoridad distinta a la DIAN, conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario
y el decreto que lo reglamenta.

Según el precedente citado, le asiste razón a la demandante, en el sentido de que
la UGPP no puede desconocer los costos y gastos registrados en la declaración de
renta, pues en la medida que la administración parte de los ingresos de dicha
declaración, debe tomar las erogaciones igualmente registradas allí a efectos de
determinar el IBC de los aportes al sistema de seguridad social.

No obstante, se pone de presente que en la declaración de renta de la demandante
se reportaron un total de costos y deducciones de $15.796.000, sin embargo, con
ocasión al recurso de reconsideración, la UGPP aceptó erogaciones por valor de
$17.771.109, así44:

MES COSTOS ACEPTADOS MES COSTOS ACEPTADOS
Enero $185.440 Julio $881.440
Febrero $185.440 Agosto $881.440
Marzo $2.224.520 Septiembre $1.785.786
Abril $971.440 Octubre $881.440
Mayo $1.658.440 Noviembre $1.073.440
Junio $1.566.440 Diciembre $5.475.838

En consecuencia, considera la Sección que deben mantenerse los valores probados
en sede administrativa, al contar con los respectivos soportes y en aras de no
desconocer un asunto que le fue favorable a la aportante.

Por lo anteriormente expuesto, el ingreso base de cotización quedará de la siguiente
manera:
42
En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp 26206, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
43
En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp 26808, reiterada
en las sentencias del 4 de abril de 2024, exp 28342 y del 21 de agosto de 2025, exp 29803, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
44
Página 29 de la resolución RDC 410 del 24 de julio de 2018 y archivo SQL hoja de costos

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TOTAL IBC CON
MES TOTAL INGRESOS TOTAL COSTO IBC DEPURADO
TOPE 25 SMMLV45

Enero $537.214.900 $185.440 $537.029.460 $14.738.00046
Febrero $1.908.000 $185.440 $1.722.560 $1.723.000
Marzo $3.218.000 $2.224.520 $993.480 $993.000
Abril $1.898.000 $971.440 $926.560 $927.000
Mayo $2.683.000 $1.658.440 $1.024.560 $1.025.000
Junio $2.308.000 $1.566.440 $741.560 $742.000
Julio $1.632.000 $881.440 $750.560 $751.000
Agosto $1.720.000 $881.440 $838.560 $839.000
Septiembre $2.752.000 $1.785.786 $966.214 $966.000
Octubre $1.822.000 $881.440 $940.560 $941.000
Noviembre $1.812.000 $1.073.440 $738.560 $739.000
Diciembre $15.461.100 $5.475.838 $9.985.262 $9.985.000
Total $574.429.000 $17.771.109

En ese contexto, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la UGPP
reliquidar los aportes de conformidad con la base de cotización calculada en la
presente providencia.

6. Competencia de la UGPP

La recurrente señala que la entidad carecía de facultades legales para analizar los
costos y gastos de la declaración de renta, y no podía rechazarlos fundamentándose
en la Ley 1151 de 2007.

Para resolver se tiene que, el artículo 156 de la citada ley creó a la UGPP y, dentro
de sus funciones, previó la de realizar las tareas de seguimiento, colaboración y
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la Protección Social.

En el Decreto Ley 169 de 2008, artículo 1º, se reglamentó el ejercicio de las
funciones de la UGPP y se estableció que para ejercer el seguimiento, colaboración
y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones, contaría con amplias facultades para adelantar acciones como
solicitar información, verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar las
investigaciones que considere convenientes, solicitar explicaciones y documentos,
requerir informes o testimonios, efectuar cruces de información con las autoridades
tributarias, entre otros47.

Así, destaca la Sección que dentro de las competencias asignadas a la demandada
se incluye la verificación de la información que obtenga del cruce de información
con otras entidades, como en efecto lo hizo con los ingresos de la declaración de
renta del demandante del año 2014 para la determinación de la base de las
contribuciones de ese período. No obstante, y de conformidad con el precedente
reiterado en el cargo anterior, lo que le está vedado es desconocer las erogaciones
del denuncio rentístico cuando precisamente esa fue la prueba valorada para la
determinación de los ingresos.

Con todo, la Sección no dará prosperidad al presente cargo, comoquiera que se
mantuvieron los costos que se probaron en sede administrativa, que como se indicó
45
Valores aproximados en aplicación del artículo 10 del Decreto 1406 de 1999
46
Artículo 1 del Decreto 3085. Se ajusta con los salarios del año anterior, esto es por $589.500 para 2013
47
Ver sentencia del 3 de octubre de 2024, exp.26293, reiterada el 2 de octubre de 2025, exp 28613 ambas con ponencia
de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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fueron superiores a los de la declaración de renta, asunto que finalmente era el que
perseguía la demandante.

7. Aplicación de la Ley 1753 de 2015

Para resolver este asunto, se pone de presente que esta norma aplica desde su
vigencia, es decir, de julio de 2015 en adelante, y no para los períodos anteriores a
éste como lo pretende el demandante48. Se aclara que en materia sustantiva
impositiva no hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, so pena de
vulnerar el principio de irretroactividad de la ley tributaria, consagrado en los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política49.

8. Sanción por omisión

Para decidir este cargo se tiene que en la liquidación oficial RDO 2017-01175 del 31
de mayo de 2017, la UGPP indicó lo siguiente50:
Ahora bien, el Requerimiento para Declarar y/o Corregir N° 2160 fue proferido el 01/12/2016,
esto es, se expidió en vigencia de la Ley 1607 de 2012, y la presente liquidación oficial se
profiere en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la cual introdujo como conducta sancionable la
mora y modificó las bases y tarifas de las sanciones por las conductas de omisión e inexactitud
consagradas en la norma anterior.
Hay que mencionar, además, que el parágrafo transitorio del numeral 1º del artículo 314 de la
Ley 1819 de 2016, que modificó el numeral 1° del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012,
estableció que la sanción por no declarar por las conductas de omisión y mora será aplicada
a los procesos en curso a los cuales no se les haya decidido el recurso de reconsideración, si
le es más favorable.
(…)
En ese sentido, el principio de favorabilidad se aplicará en caso de ser procedente, tanto a la
conducta de omisión como a la inexactitud.
Por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección comparará las sanciones correspondientes
a la luz de las referidas normas, para finalmente imponer al aportante la que le resulte más
favorable.
(…)
Verificado el resultado del cálculo de la sanción, de acuerdo al anterior análisis, se concluye
que la más favorable para EL OBLIGADO es la contenida en el numeral 1° del artículo 314 de la
Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012; así las cosas, en el
presente acto se impone sanción por no declarar por la conducta de omisión por valor de
CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($112.728.000).

Así mismo, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la entidad
modificó la sanción determinada inicialmente, pero debido a que en esa instancia
se redujo el valor de los aportes respecto del mes de enero, lo cual quiere decir que
mantuvo lo dispuesto en los términos de la Ley 1819 de 2016. En consecuencia, la
demandada aplicó la norma que reclama la demandante.

No prospera el cargo.

48
En iguales términos se pronunció la Sala en sentencias del 23 de noviembre de 2023, exp.27594, y del 4 de abril de
2024, exp.28342, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
49
Artículo 338. (…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
50
Página 12 del PDF de la liquidación oficial.

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De las demás pretensiones de la demanda y condena en costas
La demandante, en sus pretensiones subsidiarias, solicitó que como consecuencia
de una nulidad parcial se ordenara la exoneración del pago de intereses moratorios
y se le permita usar la planilla tipo J para condenas de sentencias judiciales; la
devolución de las sumas pagadas por concepto de aportes y el reconocimiento del
daño emergente causado, el cual consiste en los gastos asumidos para ejercer su
derecho de defensa en el trámite administrativo.
Frente al primer punto, que consiste en la exoneración de intereses, el demandante
lo vinculó al uso de la planilla tipo J, sobre lo cual, la Sección reitera que su uso
dependerá de la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación
particular del aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por
lo que no corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido51.
Con relación a la devolución de los aportes pagados, el artículo 311 de la Ley 1819
de 2016 dispuso que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de
los actos administrativos y se ordene la devolución de aportes, la UGPP debe proferir
un acto mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas
la devolución de los montos determinados. Como en este caso hay lugar a la nulidad
parcial de los actos demandados, se ordenará a la demandada que, previa
verificación de los pagos realizados por el demandante, adelante el procedimiento
correspondiente para la devolución que resulte procedente de las órdenes aquí
dadas.
Frente al daño emergente alegado (pago de los gastos incurridos en la defensa
jurídica ejercida durante el proceso de fiscalización de la UGPP y para interponer la
presente demanda), la Sección observa que este hace parte de la condena en
costas, razón por la cual se estudiarán de manera conjunta52.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sección revocará la sentencia de primera
instancia, para en su lugar, declarar la nulidad parcial de los actos acusados, debido
a que prosperó el cargo relacionado con la mensualización de los ingresos. En ese
sentido y, a título de restablecimiento del derecho, la demandada deberá reliquidar
los aportes conforme al IBC determinado por la Sección, lo cual también deberá
observarse para la sanción impuesta en los actos. Sumado a esto, se ordenará la
devolución de las sumas a las que hubiere lugar, previa verificación de los pagos.

Costas

Como se revoca la sentencia de primera instancia y se accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda, no hay lugar a la condena en costas, de conformidad
con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

51
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp 26208 M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto
52
En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia del 26 de junio de 2024, exp 28302, reiterada en fallo del 2 de
octubre de 2025, exp 28613, ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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FALLA

1. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de abril de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial RDO 2017-01175 del 31 de
mayo de 2017 y de la resolución RDC 410 del 24 de julio de 2018, por medio de las cuales la
UGPP le determinó a la demandante Beatriz Díaz Durán los aportes al sistema de seguridad
social por los meses de enero a diciembre de 2014 y la sancionó por omisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho se
ordena a la UGPP reliquidar los aportes al sistema de seguridad social a cargo de la
demandante, tomando el IBC determinado por el Consejo de Estado, lo cual, a su vez, deberá
ser observado al momento de determinar la sanción respectiva.

Así mismo, se declara que la UGPP deberá devolver a la demandante las sumas a las que
haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los pagos.

2. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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