Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2019-00951-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2019-00951-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-002-2019-00951-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 002 2019 00951 01 (5738-2024)
Demandante: Álvaro Valencia Orozco
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a resolver los recursos de apelación
interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 28 de junio de 2024, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Álvaro Valencia Orozco, por intermedio de apoderado judicial
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 001126 de 18 de enero de
2017 y RDP 015261 de 11 de abril de 2017, con las que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia; el pago del reajuste en los términos del artículo 14 de la Ley 100
de 1993; el ajuste de la condena de conformidad con el artículo 187 del
CPACA; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento a la sentencia de
conformidad y se condene en costas.
4. Argumentó que nació el 08 de junio de 1956, razón por la cual cumplió 50
años el 7 de junio de 2006. Indicó que prestó servicios como docente de la
siguiente manera:
1 Visible en el archivo 01Demanda.pdf del expediente digital de primera instancia que reposa en la
aplicativo SAMAI
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Demandante: Álvaro Valencia Orozco
i) Desde el 04 de abril de 1978 hasta el 03 de junio de 1978, nombramiento
efectuado a través de la Resolución 0157 del 10 de abril de 1978, suscrito por
el director del Distrito Educativo No. 1 de Cali.
ii) Desde el 20 de marzo de 1992 hasta el 22 de mayo de 1994, como docente
en el Liceo Departamental Femenino de Cali, en virtud de los nombramientos
efectuados mediante los Decretos 0379 del 10 de marzo de 1992 y 0292 del
18 de febrero de 1994, proferidos por el Gobernador del Valle del Cauca.
iii) Desde el 06 de noviembre de 1997 hasta el 26 de junio de 2003, por orden
del Decreto 3433 del 22 de octubre de 1997, proferido por el gobernador del
Valle del Cauca.
5. Señaló que, con el proceso de descentralización del servicio público
educativo iniciado con la Ley 60 de 1993, el departamento del Valle del Cauca fue
certificado por el Ministerio de Educación Nacional para ser el prestador del
servicio de educación según Resolución 6017 de 22 de diciembre de 1995, por
lo que la labor ejecutada a partir del acta de entrega de la administración a dicho
ente (22 de abril de 1996), es de carácter territorial, y por tanto válida para la
pensión gracia.
6. Precisó que, ese vínculo laboral de carácter departamental mutó luego a
municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que el municipio de Cali
fue certificado según Resolución No. 2749 del 03 de diciembre de 2002, proferida
por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Valle del Cauca,
mediante la cual le entregaron el servicio educativo al ente municipal en cita,
según el Acta del 27 de junio de 2003; de manera que, la labor ejercida desde
esa data hasta el 7 de julio de 2016 es computable para obtener la prestación
reclamada.
7. El 30 de agosto de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con los
actos hoy demandados.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Indicó que la entidad demandada desconoció los artículos 1, 2, 13,
25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como
las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de
1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 1437 de 2011; y
los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.
9. Explicó que aquella expidió los actos administrativos con falsa motivación
al determinar que el docente prestó en su mayoría un servicio nacional y no
territorial.
10. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio
docente nacionalizado, departamental y municipal; sosteniendo que si bien tuvo
una vinculación del orden nacional, esta cambió al orden territorial con la
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expedición de la Ley 60 de 1993 y, específicamente, cuando el departamento del
Valle del Cauca asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la
Nación, momento en el cual fue incorporada a la planta de personal territorial,
completando así el tiempo de labor docente requerido para la pensión gracia de
acuerdo con la Ley 114 de 1913.
1.4 Contestación de la demanda2
11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante
apoderado judicial, ejerció su defensa solicitando se nieguen las pretensiones,
para lo cual expuso que el demandante no acreditó el requisito mínimo de 20
años de servicios docentes computables, toda vez que, según las certificaciones
expedidas por la Secretaría de Educación de Cali y el material probatorio obrante
en el expediente, los periodos laborados corresponden a vinculación de carácter
nacional, no siendo válidos para efectos de la prestación deprecada.
12. En ese orden, propuso las excepciones de i) inexistencia de la obligación,
ii) cobro de lo no debido, iii) imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, iv)
buena fe, v) prescripción.
1.5 Sentencia de primera instancia3
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28
de junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y se
abstuvo de condenar en costas.
14. Para arribar a dicha conclusión, indicó que el actor ingresó al servicio
docente el 4 de abril de 1978, con vinculación inicialmente de carácter
nacionalizado, y que posteriormente prestó servicios en diferentes periodos en
planteles oficiales del orden departamental y municipal, entre ellos, desde el 20
de marzo de 1992 hasta el 22 de marzo de 1994 y desde el 6 de noviembre de
1997 hasta el 7 de julio de 2016, en instituciones educativas oficiales del Valle
del Cauca y del municipio de Santiago de Cali; y que aunque algunas
certificaciones calificaban estos últimos periodos como de carácter nacional,
concluyó que debían computarse como tiempos territoriales, en la medida en que
los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos por autoridades
departamentales y municipales, y las plazas correspondían a establecimientos
oficiales de ese orden. En síntesis, encontró demostrado todos los requisitos para
obtener la pensión gracia.
2
Visible en el archivo 09ContestaciónDDUGPP del expediente digital de primera instancia que reposa en la aplicativo
SAMAI. La demanda se presentó el 23 de octubre de 2019, y fue admitida el 29 de noviembre de 2019
3 Visible en el archivo 057Sentencia que a Sentencia _A2019095100UGPPrecon que reposa en el
expediente digital
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Demandante: Álvaro Valencia Orozco
1.6 Recursos de apelación4
15. A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderada judicial, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, al considerar que el Tribunal incurrió en error al reconocer la pensión
gracia sin que se acreditaran los requisitos legales exigidos. Sostuvo que los
tiempos de servicio del demandante corresponden a una vinculación de carácter
nacional, conforme a las constancias laborales emitidas por la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali, por lo que no podían computarse para
efectos de la pensión gracia.
16. Afirmó que la financiación de los salarios con recursos del situado fiscal y,
posteriormente, del Sistema General de Participaciones no mutó la naturaleza
nacional del vínculo docente, por cuanto, durante los periodos acreditados,
dichos recursos conservaron su carácter de rentas nacionales transferidas,
administradas a través de los Fondos Educativos Regionales (FER), en
cumplimiento de obligaciones a cargo de la Nación. En ese sentido, sostuvo que
los gobernadores y alcaldes que intervinieron en los nombramientos lo hicieron
en calidad de delegados del Gobierno Nacional, y no como autoridades
nominadoras territoriales, razón por la cual los servicios prestados por el actor —
en especial los comprendidos entre 1992 y 2016— debían calificarse como de
vinculación nacional, sin que pudieran validarse para acreditar los 20 años de
servicios territoriales o nacionalizados exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia.
17. Por su parte, el demandante se adhirió al recurso de apelación interpuesto
por la UGPP, solicitando que se revocara el numeral quinto del fallo para que se
ordenara el reajuste de la pensión gracia conforme al artículo 14 de la Ley 100
de 1993, al estimar que se trata de una obligación legal aplicable a las pensiones
de jubilación y que su negativa desconoce el mandato constitucional de mantener
el poder adquisitivo de las pensiones. De otro lado, se revoque la decisión de no
condenar en costas a la UGPP, al considerar que la entidad resultó vencida en
el proceso y que, conforme al artículo 188 del CPACA y a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, procedía la imposición de costas bajo un criterio objetivo y
valorativo.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
18. Mediante auto de 9 de diciembre de 2024, se admitieron los recursos de
apelación presentados por las partes.
19. En esta instancia, la UGPP reiteró que el demandante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, al
sostener que su vinculación docente fue de carácter predominantemente
4 Visible en los archivos 058_MemorialWeb_Recurso-201900951_ALVAROVAL.pdf y
060_MemorialWeb_Recurso-APELACIONCASOFAVO.pdf que reposan en el expediente digital
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nacional y no territorial. Afirmó que la carga probatoria recaía en el actor y que
las certificaciones obrantes en el expediente no demostraban una vinculación
territorial o nacionalizada computable. Finalmente, solicitó confirmar la legalidad
de los actos administrativos demandados, por ajustarse a la normativa vigente y
a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
20. El actor y el Ministerio Publico guardaron silencio.
21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, ambas
partes -demandante y demandada- presentaron recurso de alzada,
cuestionándose la totalidad de la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones.
2.2. Problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Álvaro
Valencia Orozco, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años
de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 La pensión gracia
25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido,
respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de
1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20
años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
26. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
27. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales7.
28. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20188 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el
entendimiento que había que darse en los casos en que los pagos a docentes
provienen del situado fiscal, lo que no implica que se traten de docentes
nacionales; y tampoco tienen está naturaleza por el hechos que en el acto de
vinculación intervenga además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado de la junta administradora del fondo educativo regional, así este último
certifique la vacancia del cargo y la disponibilidad presupuestal; y tampoco
porque se aluda que los recursos destinados para el sostenimiento tiene origen
o fuente en la Nación.
7 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto
de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
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29. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de
la calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de
los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)
30. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
31. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017).
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2.4 Actuación administrativa
32. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 30 de
agosto de 2016, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 001126 del 18 de enero de 201710, por considerar que el
tiempo de servicio desde el año 1992 hasta el 2016 es de carácter nacional.
33. Inconforme con dicha respuesta interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado a través de las Resolución RDP 015261 de 11 de abril de 2017
confirmando la negativa.
2.5 Caso concreto
34. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la
Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
35. Edad. Se encuentra acreditado que el señor Álvaro Valencia Orozco nació el
8 de junio de 1956, razón por la que, el 8 de junio de 2006, cumplió 50 años;
requisito este frente al cual no existe discusión.
36. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.
37. Vinculación del demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se
observan las siguientes novedades laborales del actor como docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 4 de abril de
1978 hasta el 3 de junio de 1978 (2 meses)
38. El jefe del Distrito Educativo Nro. 1 de Cali en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto No. 0973 de junio 20 de 1977 expidió la Resolución 0157
de 10 de abril de 1978, mediante la cual se concede una licencia de maternidad
por 60 días, y en su reemplazo de dicha docente nombró interinamente al señor
Álvaro Valencia Orozco para desempeñar las funciones de maestro seccional de
la Escuela No. 83 “REP ARGENTINA” de Cali, zona urbana, a partir del 4 de abril
de 1978, por el término que duró la licencia.
39. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, se estima que la
naturaleza del vínculo es nacionalizado, lo anterior encuentra respaldo en el
10Visible en la página 256 del expediente digital
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artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975».
40. A lo que se suma que, la actuación de los jefes de distrito al efectuar dichos
nombramientos se puede considerar como la ejecución del proceso de
nacionalización de la educación, como se dispone en la Ley 43 de 1975, al igual
que en el marco de la descentralización de los servicios educativos contemplada
en el Decreto Extraordinario 102 de 22 de enero de 198611. Ello, por cuanto los
jefes de distrito educativo fueron posteriormente integrados formalmente en la
estructura organizacional educativa mediante los Decretos 017912 y 018113
ambos expedidos el 22 de enero de 1982. Dichos decretos establecieron que
estos funcionarios eran directivos docentes designados mediante nombramiento
previo concurso de méritos efectuado por el gobernador, intendente, comisario o
alcalde mayor de Bogotá, con la firma del delegado regional del ministro de
educación como certificación de que se han cumplido todos los requisitos legales
y reglamentarios, encargados de la administración de dos o más núcleos de
Desarrollo Educativo y que dependían administrativamente de las secretarías de
educación de los respectivos entes territoriales y sus funciones eran establecidas
por el Ministerio de Educación Nacional14. Por lo demás, los distritos educativos
eran determinados en cada entidad territorial por la Junta Administradora del
Fondo Educativo Regional15.
41. Precisado lo anterior, la Sala considera que durante este interregno la
actora acreditó un total de dos (2) meses, tiempo que debe ser computado para
los efectos de la prestación reclamada.
42. Así, se encuentra acreditada la existencia de un vínculo anterior al 31 de
diciembre de 1980, como docente nacionalizado. Es pertinente indicar que sobre
este periodo las partes no plantean controversia.
• Desde el 20 de marzo de 1992 hasta el 22 de mayo de 1994 (2 años, 2
meses y 2 días)
43. Observa la Sala que, a través del Decreto 0379 de 10 de marzo de 1992,
el gobernador del departamento del Valle del Cauca en uso de sus atribuciones
11 por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras
disposiciones
12 Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre jornada
laboral, asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los funcionarios docentes
directivos y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-escolar, básica y media vocacional.
13 Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de planificación y
administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Link:
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709830
14 Decreto 0181 de 1982, artículo 12
15 Sobre ello se refirió esta Subsección A del Consejo de Estado, en providencia expedida el 26 de junio de
2025, expediente con radicado 76001 23 33 009 2018 00846 01 (5544–2024)
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Demandante: Álvaro Valencia Orozco
legales nombró al señor Álvaro Valencia Orozco en el cargo de profesor de
tiempo completo en el “Liceo Departamental Femenino de Cali, Distrito Educativo
#18, mientras duraba la comisión de estudios no remunerada concedida el titular
del cargo Lic. Jorge Arcesio Martínez (Decreto #1379-91)”.
44. La duración del periodo objeto de análisis, que se extiende hasta el 22 de
mayo de 1994, encuentra sustento en la ampliación de la comisión de estudios
no remunerada concedida al titular del cargo, dispuesta mediante el Decreto
0292 de 18 de febrero de 1994, expedido igualmente por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca. En virtud de dicho acto, se prorrogó la
comisión por un término adicional de dos (2) meses, razón por la cual el señor
Álvaro Valencia Orozco continuó ejerciendo como profesor de tiempo completo
en el “Liceo Departamental Femenino de Cali”.
45. A su vez, la Secretaría de Educación en Formato Único para la Expedición
de Historia Laboral del 7 de julio de 2016, certificó que el señor Valencia Orozco
fue vinculado a través del Decreto 0379 de fecha 10 de marzo de 1992, iniciando
laborales a partir del 20 de marzo de 1992, como docente en provisionalidad.
46. De acuerdo con el acto de nombramiento y las autoridades que
intervinieron en su expedición, se concluye que no le asiste razón a la entidad
cuando con el recurso de apelación afirma que la vinculación del docente a partir
del año 1992 es de carácter nacional, toda vez que el nombramiento se efectuó
por voluntad de la autoridad territorial, dejándose constancia que el gobernador
del Valle del Cauca actuaba en uso de sus facultades; ahora, si bien en el
acto administrativo no se dejó sentado, la Sala estima que la firma del delegado
del Ministerio de Educación Nacional se pudo encaminar a garantizar la
disponibilidad de los recursos para el pago de los salarios del docente, más ello
no implica en modo alguno, que el demandante tuvo la condición de docente
nacional.
47. Si bien le asiste razón a la entidad recurrente, respecto a que no es
procedente el reconocimiento de la pensión gracia a docentes nacionales, lo
cierto es que, para determinar la naturaleza del vínculo la jurisprudencia unificada
de esta Corporación ha sostenido que debe acudirse a los actos de designación,
o en su defecto a los certificados de tiempos de servicios expedidos por la entidad
nominadora que sin lugar a equívocos permitan establecer lo anterior. Empero,
la existencia de constancias, como en el caso, que indican que la vinculación fue
nacional, no impide a la Sala contrastar las mismas con el acto de nombramiento,
y establecer cuál de dichos documentos ofrece certeza sobre el aspecto en
estudio.
48. Así entonces, aunque en el plenario se hubieren allegado certificaciones
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laborales que indiquen que este periodo fue del orden nacional16, lo cierto es que
una revisión de los decretos 0379 de 10 de marzo de 1992 y 0292 de 18 de
febrero de 1994, por el contrario llevan a esta Colegiatura a concluir que el actor
ejerció como docente nacionalizado, ello en tanto, además de que no existe
constancia que la plaza fuere del orden nacional, o que se hubiere actuado por
delegación del Ministerio de Educación; el nombramiento lo efectuó una
autoridad territorial, en una fecha posterior al 1° de enero de 1976, es decir, en
el marco del proceso de nacionalización contenido en la Ley 43 de 1975 y contó
con el aval de las autoridades pertinentes. Además, lo anterior se acompasa con
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, respecto a los docentes
nacionalizados.17
49. Se destaca que la firma del delegado del Ministerio de
Educación Nacional evidencia que el nombramiento atendió al mandato del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, la cual dispuso que «[e]n adelante ningún
departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios
podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de
enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de
nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional».
50. En ese orden de ideas, el tiempo de servicios objeto de estudio, en un total
de 2 años, 2 meses y 2 días, es válido para acreditar el requisito exigido para
obtener la pensión gracia, pues, se trata de un vínculo como
docente nacionalizado, distinto a lo afirmado por el a quo que le dio el carácter
de territorial, diferencia que en todo caso no tiene incidencia frente al cómputo de
dicho termino, pues, uno u otro resulta válido.
-Desde el 6 de noviembre de 1997 hasta el 7 de julio de 2016 (18 años,
8 meses y 1 día)
51. Figura en el plenario el Decreto 3433 de 22 de octubre de 1997, con el
cual el gobernador del Valle del Cauca designó al actor como docente del área
de electricidad y electrónica en el Instituto Técnico Industrial Pedro Antonio
Molina del municipio de Cali, Distrito Educativo No. 1A, acto suscrito por dicho
funcionario y el secretario de educación departamental.
52. A su vez, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali en Formato
Único para la Expedición de Historia Laboral del 07 de julio de 2016, certificó que
el señor Valencia Orozco fue vinculado a través del Decreto 3433 de fecha 22 de
octubre de 1997, iniciando laborales a partir del 6 de noviembre de 1997, como
16 Certificado de tiempo de servicio de 30 de agosto de 2007, expedido la secretaría de educación de Cali.
Y otros de 7 de julio de 2016, en los que se indica como régimen de pensiones nacional, esto último como
se lo ha venido sosteniendo la subsección, difiere de la naturaleza de la plaza ocupada, y que por tanto no
resulta determinante frente a dicho aspecto.
17 Son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
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docente en propiedad y que a la fecha de expedición del mismo se encontraba
activo.
53. Así las cosas, esta Subsección considera procedente computar el periodo
comprendido entre el 6 de noviembre de 1997 hasta el 07 de julio de
2016, toda vez que corresponde a una vinculación territorial, de aquellas que el
ordenamiento jurídico reconoce para acceder a la prestación en comento;
designación en la que no intervino el Ministerio de Educación ni delegado de esta
cartera. Y si bien en los certificados de historia laboral aportados al proceso se
consigna que se trató de un docente del nivel nacional y que el régimen de
pensiones es el nacional, dichas anotaciones se iteran, no determinan la
naturaleza del vínculo, pues, de un estudio del acto de nombramiento y de la
entidad territorial que efectuó la vinculación, se concluye lo contrario.
54. Ahora, aun cuando la resolución en comento se emitió con posterioridad a
la expedición de la Ley 43 de 1975, que dispuso la nacionalización de la
educación, lo cierto es que en los mismos no se invoca dicha normativa, y
tampoco se precisa que la plaza ocupada por el actor fuera de aquéllas objeto de
la nacionalización, y menos aún se advierte que los recursos fueron
administrados por el FER. En todo caso, es menester indicar que, aun si se
tratará de un docente nacionalizado, dicho vinculo también resulta válido a fin de
obtener la pensión gracia.
55. Así entonces, no le asiste razón a la entidad recurrente respecto que el
docente laboró en el orden nacional, por el contrario se demostró que su
designación fue del orden territorial, lo cual encuentra respaldo en el artículo 1°
de la Ley 91 de 1989, así como en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 201818; por lo que hay lugar a computar en razón a este
vínculo un total de 18 años, 8 meses y 1 día -contabilizados hasta la fecha del
último certificado laboral-; ello en tanto, la designación se realizó por parte de
la autoridad territorial sin intervención de la Nación - Ministerio de Educación.
56. En ese orden, los tiempos de servicios acreditados por el actor se
sintetizan así:
Periodo de servicio Tipo de vínculo Total
Desde el 4 de abril de Nacionalizado 2 meses
1978 hasta el 3 de junio
de 1978
18 “Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de ese orden a partir del 1. de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio
presupuesto”
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Desde el 20 de marzo de Nacionalizado 2 años, 2 meses y 2 días
1992 hasta el 22 de
mayo de 1994
Desde el 6 de noviembre Territorial 18 años, 8 meses y 1 día
de 1997 hasta el 7 de
julio de 2016
Total 21 años y 3 días
57. Así entonces, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, para la
Sala, el señor Álvaro Valencia Orozco, acredita 21 años y 3 días al servicio
docente, cumpliendo con los requisitos para obtener la prestación en comento
contemplados en las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, entre estos, el de 20 años
de servicios como docente territorial y nacionalizado, con una vinculación de
dicha naturaleza antes del 31 de diciembre de 1980.
58. En cuanto a la solicitud encaminada a que la pensión gracia sea reajustada
en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, considera la Sala que dicha
pretensión no resulta procedente. Ello es así, por cuanto la pensión gracia no
constituye una prestación pensional en sentido estricto, sino una dádiva de origen
legal, creada por el legislador como un beneficio excepcional en favor de
determinados docentes, sujeta al cumplimiento de condiciones específicas y
ajena al Sistema General de Pensiones.
59. En ese orden, el reajuste previsto en el citado artículo 14 fue concebido
para las pensiones reconocidas dentro del sistema integral instaurado por la Ley
100 de 1993, sin que sea jurídicamente viable extender su aplicación a una figura
que no participa de la naturaleza prestacional ni del régimen jurídico propio de
dicho sistema. En consecuencia, se mantendrá la negativa al reconocimiento del
reajuste solicitado, al no existir sustento normativo que autorice su aplicación
respecto de la pensión gracia; tesis que ya ha sostenido esta Sala de Subsección
en sentencia de 8 de agosto de 2025.19 Por lo anterior, no prospera el cargo de
apelación formulado por la parte actora.
60. En torno a la prescripción, advierte la Sala la necesidad de declarar de
oficio su configuración como pasa a explicarse. Al respecto, debe precisarse que,
si bien la pensión constituye una prestación periódica de carácter imprescriptible,
las mesadas pensionales sí se encuentran sometidas al fenómeno de la
prescripción trienal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, normas que prevén
que las acciones que emanan de los derechos allí consagrados prescriben en
tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se hizo
19 Expediente 25000 23 42 000 2019 00373 01 (3673-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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exigible, y que el simple reclamo escrito del interesado ante la entidad obligada
interrumpe la prescripción, pero solo por una vez y por un lapso igual; y al
respecto se ha referido esta Subsección20.
61. En el caso concreto, se tiene que el derecho pensional se hizo exigible a
partir del 3 de julio de 2015, fecha en la cual el demandante consolidó el estatus
pensional; la reclamación administrativa fue presentada el 30 de agosto de 2016,
interrumpiendo por una vez el fenómeno prescriptivo, sin embargo la demanda
fue radicada el 23 de octubre de 2019, esto es, una vez superado el término de
3 años de que trata la norma, razón por la cual se encuentran prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 23 de octubre de 2016, aspecto que no
fue considerado por el a quo. Lo anterior implica, además, modificar el numeral
segundo de la sentencia para precisar los efectos fiscales de la prestación.
2.6. Conclusión
62. El señor Álvaro Valencia Orozco cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, con una vinculación
como docente del orden territorial y nacionalizado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, así como los demás requisitos para ser acreedor de la
pensión gracia, por tal razón, la sentencia de primera instancia será modificada,
en cuanto a los efectos económicos del reconocimiento se encuentran limitados
por la prescripción trienal de las mesadas, en los términos expuestos en esta
providencia.
2.8. Condena en costas
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
20 Sentencia del 23 de octubre de 2024, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves, núm. 3441-2020
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65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
66. Pues bien, la parte actora cuestiona la sentencia objeto de alzada, en
tanto el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada, al
considerar que esta resultó vencida en el proceso. No obstante, se advierte que
dicha decisión será confirmada, pues, aunque en primera instancia se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, también se negaron otras
solicitudes elevadas por el demandante, razón por la cual no es posible predicar
la existencia de una parte vencida en los términos exigidos por la ley.
67. De igual manera, en esta instancia no habrá lugar a condenar en costas,
toda vez que los recursos de apelación formulados por las partes no prosperan.
En consecuencia, al no configurarse una parte vencida en segunda instancia, la
Sala se abstendrá de imponer condena por este concepto.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. De oficio declarar probada la excepción de prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 23 de octubre de 2016, conforme la
motivación.
SEGUNDO. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de 28 de junio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones; la orden quedará de la siguiente forma:
«[…] Ordenar a título de restablecimiento del derecho a la UGPP, reconocer y
pagar al señor Álvaro Valencia Orozco, con cédula de ciudadanía 16.602.131,
la pensión gracia, a partir del 03 de julio de 2015, en cuantía equivalente al
(75%) del promedio de la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicios anterior a la causación del derecho
pensional. Con efectos fiscales a partir del 23 de octubre de 2016, por
prescripción trienal.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de junio de 2024,
que accedió a las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en
esta sentencia.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
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Demandante: Álvaro Valencia Orozco
CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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