Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-004-2016-00052-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-004-2016-00052-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-004-2016-00052-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de octubre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Demandante: LILIANA BERÓN CARDONA
Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL
Síntesis del caso: la señora Liliana Berón Cardona presentó demanda especial de fuero
sindical contra el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa Social del Estado Antonio
Nariño con el objeto que se declarara que su traslado entre ambas entidades se efectuó
sin agotar de manera previa la acción de levantamiento del fuero sindical, en consecuencia,
solicitó como indemnización i) el reintegro al cargo que desempeñaba y, ii) el pago de los
salarios y prestaciones en las mismas condiciones que percibía en el Instituto de Seguros
Sociales; el proceso fue conocido en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali quien, en sentencia dictada el 7 de noviembre de 2013
negó las pretensiones de la demanda por estimar que el traslado se dio en cumplimiento
de la sentencia T-041 de 2005 de la Corte Constitucional y el artículo 17 del Decreto 1750
de 2003, de modo que la incorporación de la demandante a la ESE Antonio Nariño fue
automática y no requería autorización judicial previa. La parte actora sostiene que en la
mencionada providencia se incurrió en un error jurisdiccional que le causó un daño
antijurídico que debe ser reparado. La Sala confirma la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 59
SAMAI) en contra de la sentencia proferida el 18 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (índice 56 SAMAI) que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No hay lugar a condenar en costas en esta instancia.” (fl. 9
del PDF “01Sentencia” índica 56 SAMAI - negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Mediante escrito radicado el 18 de enero de 2016 (fl. 216 cdno. ppal.), la señora
Liliana Berón Cardona por intermedio de apoderado judicial promovió el medio de
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
Reparación directa
Apelación sentencia
control jurisdiccional de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial
(fls. 108 a 126 cdno. ppal. 1) con las siguientes súplicas:
“PRIMERO: Declarar la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial -
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
de Justicia, por el daño antijurídico ocasionado a la señora LILIANA
BERÓN CARDONA, con la sentencia 207 del 7 de noviembre de 2013,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Laboral
que revocó la sentencia No. 203 del 20 de mayo de 2011 del Juzgado
Décimo Laboral del Circuito de Cali, dentro del proceso especial de
reintegro por violación del fuero sindical, interpuesto por la demandante
contra el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa Social del Estado
Antonio Nariño (entidades hoy liquidadas).
SEGUNDA: Declarar que la demandada es responsable de los perjuicios
morales y materiales en la modalidad de lucro cesante derivado de la
sentencia No. 207 del 7 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Laboral, que revocó la
sentencia No. 203 del 20 de mayo de 2011 del Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Cali, dentro del proceso especial de reintegro por violación
del fuero sindical, interpuesto por la actora contra el Instituto de Seguros
Sociales y la Empresa Social del Estado Antonio Nariño (entidades hoy
liquidadas).
Como consecuencia de las declaraciones anteriores deberá condenarse
a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, a:
Pagar a título de indemnización y en favor de la señora Liliana Berón
Cardona, el valor de las sumas resultantes al equivalente de:
a. Los salarios, prestaciones sociales, convencionales, dejados de
percibir desde la fecha en que debió efectuarse (26 de septiembre de
2006) y hasta el 31 de marzo de 2015 (fecha de liquidación del Instituto
de Seguros Sociales).
b. La indemnización por despido injusto prevista en el artículo 5 de la
Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y el sindicato
‘SINTRASEGURIDADSOCIAL’ teniendo como base lo devengado por los
trabajadores oficiales que desempeñaron el mismo o similar cargo que la
demandante, a la cual debe incluirse el aumento adicional del 40%, así
como la retroactividad de las cesantías.
c. El equivalente a las mesadas derivadas de la pensión de jubilación
convencional en los términos del artículo 98, desde la fecha en que
cumplió los requisitos hasta la fecha probable de vida de la demandante.
Pagar en favor de la doctora Liliana Berón Cardona, la suma de 100
SMLMV, por perjuicios morales, debido al daño causado con ocasión de
la sentencia no. 203 del 20 de mayo de 2011 del Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Cali, en el proceso especial de reintegro por violación de
fuero sindical, interpuesto por la convocante contra el Instituto de Seguros
Sociales y la Empresa Social del Estado Antonio Nariño (entidades hoy
liquidadas).
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
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Apelación sentencia
Las sumas que resulten en favor de la demandante, por concepto del
reconocimiento y pago de los perjuicios reclamados, deberán
actualizarse, desde el momento en que el derecho se hizo exigible, hasta
la fecha de la ejecutoria de la sentencia que así lo reconozca (…).
Ordenar dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso,
conforme a los términos previstos en los artículos 192 y siguientes del
CPACA.
Condenar en costas y agencias en derechos a las demandadas.” (fls. 109
a 110 cdno. ppal. - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante Liliana Berón
Cardona expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) Desde el 2 de enero de 1989 laboró en el Instituto de Seguros Sociales -en
adelante ISS- como trabajadora oficial y para el año 2003 se encontraba amparada
por fuero sindical, pues, pertenecía al sindicato “Sintraseguridadsocial”.
2) Mediante Decreto no. 1750 del 26 de junio de 2003, el Gobierno Nacional escindió
del ISS la prestación de los servicios de salud, clínicas y centros de atención
ambulatoria; asimismo, creó las Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE
Antonio Nariño encargada de prestar dichos servicios en los departamentos del
Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.
3) Como consecuencia de lo anterior y por decisión del “empleador”, a partir del 26
de junio de 2003 los servidores del área de salud que laboraban en el ISS fueron
trasladados a las Empresas Sociales del Estado, incluida la ESE Antonio Nariño,
sin solución de continuidad, en calidad de empleados públicos.
4) Por Resolución no. 1488 del 25 de junio de 2003, el presidente del ISS trasladó
a 465 directivos sindicales de la entidad a la ESE Antonio Nariño; sin embargo, dicha
decisión fue revocada por Resolución no. 1731 del 18 de julio de 2003, circunstancia
que dejó a los dirigentes en un limbo jurídico.
5) A raíz de esa situación, los trabajadores sindicalizados presentaron una acción
de tutela, la cual fue conocida en sede de revisión por la Corte Constitucional quien
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
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en sentencia T-041 de 2005 amparó sus derechos y ordenó que fueran vinculados
como empleados públicos, sin interrupción, en la ESE Antonio Nariño.
6) En cumplimiento de la decisión referida, a través de la Resolución no. 1814 del
20 de septiembre de 2006, comunicada ese mismo día por oficio del ISS, la
demandante fue incorporada como empleada pública en la ESE Antonio Nariño.
7) El 22 de septiembre de 2006, en ejercicio del derecho de petición, requirió al ISS
y a la ESE Antonio Nariño el respeto de sus derechos como directiva sindical, para
lo cual debía conservar las prerrogativas adquiridas como trabajadora oficial, pues,
“el cumplimiento de la sentencia conllevaba a la desmejora de estos” (fl. 112 cdno.
ppal.), sin embargo, la solicitud fue negada.
8) Aunque desde el 25 de septiembre de 2006 comenzó a laborar en la ESE Antonio
Nariño, promovió demanda especial de fuero sindical en contra de dicha entidad y
del ISS por estimar que el traslado implicó una desmejora de sus derechos
laborales; la aquí actora estima que debía ser reintegrada al ISS, entidad que para
dicha fecha seguía en funcionamiento.
9) El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali (Vall del Cauca) conoció la
referida demanda en primera instancia y, mediante providencia del 20 de mayo de
2011 condenó al ISS a reintegrarla en el mismo cargo que ejercía antes del traslado,
o en otro de similar categoría en las mismas condiciones laborales; además, ordenó
el pago de los salarios, incrementos legales y prestaciones dejadas de percibir
desde el 25 de septiembre de 2006 (fecha en la cual inició el traslado) y hasta
cuando se produjera el reintegro efectivo.
10) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en sentencia del 7 de noviembre
de 2013 revocó la decisión anterior y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
11) El traslado a la ESE Antonio Nariño implicó: i) la inaplicación de la convención
colectiva vigente en el ISS y ii) la negativa del reconocimiento de la pensión
convencional; de manera que, para obtener el reconocimiento de estos derechos
promovió demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la ESE
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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Antonio Nariño con el fin de que a) se le reconocieran los salarios y prestaciones
derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y el sindicato
Sintraseguridadsocial y, b) se le otorgara la pensión convencional. La primera
demanda (relativa a salarios y prestaciones) fue negada en el proceso no. 2011-
0098; la segunda, relacionada con la pensión, en el momento de la presentación del
presente medio de control judicial de reparación directa de la referencia era
conocida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
12) A través del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012 se ordenó la supresión
y liquidación del ISS la cual concluyó el 31 de marzo de 2015; el ISS durante el
proceso liquidatorio ofreció a sus trabajadores oficiales un plan de retiro voluntario
que incluía, entre otros beneficios, la retroactividad de las cesantías, un 40% de
indemnización y el pago de tres (3) años de seguridad social, este plan fue reiterado
en la Resolución 3473 del 24 de noviembre de 2014. La actora sostiene que, por el
hecho de haber sido trasladada a la ESE Antonio Nariño y no ser reintegrada al ISS,
no accedió a ninguno de estos beneficios.
13) Con la sentencia del 7 de noviembre de 2013 dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali se le causó un daño antijurídico, pues, mientras otros
trabajadores sindicalizados continuaron laborando en el ISS, “a la aquí demandante
se le desmejoraron sus derechos laborales (salarios – prestaciones extra legales,
indemnización, ofrecimiento del plan de retiro voluntario), como en la falta de
reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, lo cual no está obligada a
soportar, debido a que gozaba de la garantía del fuero sindical y no podía ser
desvinculada, trasladada o desmejorada sin la orden del juez laboral” (fl. 116 cdno.
ppal.).
14) En la decisión judicial referida se incurrió en un error judicial porque “pese a lo
dispuesto en la sentencia T-041 de 2005, las consecuencias de aplicar dicho fallo
resultaban violatorios del derecho constitucional consagrado en el artículo 39, los
artículos 405 y ss del Código Sustantivo del Trabajo, asimismo de los convenios 87
y 89 de la OIT” (fl. 117 cdno. ppal.).
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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3. Contestación de la demanda
1) Por auto del 22 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la demanda y ordenó la notificación personal del representante de la entidad
accionada (fls. 129 a 130 cdno. ppal.).
2) Mediante escrito radicado el 4 de junio de 2016 (fls. 140 a 143 cdno. ppal.), la
Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que
en la providencia dictada el 7 de noviembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali no existió error judicial, por cuanto, la decisión
no obedeció a un acto arbitrario o ilegal, se enmarcó en fundamentos objetivos y
razonables y no obedeció a actuaciones subjetivas, caprichosas y/o arbitrarias;
además, lo que realmente pretende la demandante es reabrir el debate del proceso
ordinario. Propuso como excepciones i) “la inexistencia de perjuicios ocasionados”
y ii) “caducidad”.
4. Audiencia inicial
El 24 de octubre de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo fijó que el litigio se circunscribía a lo
siguiente:
“La controversia jurídica se contrae a determinar si se debe declarar
administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por la
presunta existencia de un error judicial contenido de la sentencia no. 207
del 7 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Cali –
Sala Laboral, al haberse desconocido para su análisis normas de
aplicación internacional y nacional en materia de protección al fuero
sindical del que asegura la demanda ostentaba la actora, o si, por el
contrario, tal como lo aduce la demandada en este caso no se dan los
presupuestos para la aplicación de dicha figura, previstos en la Ley 270
de 1996 (fls. 170 vuelto a 171 cdno. ppal.).
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 18 de marzo de 2025
negó las pretensiones de la demanda (índice 56 SAMAI de la primera instancia),
como argumentos de la decisión adujo lo siguiente:
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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1) La sentencia dictada el 7 de noviembre de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali no adolece de error judicial porque i) “fue
expedida en acogimiento del precedente constitucional contenido en la Sentencia
T-041 de 2005 en cuanto a las decisiones allí adoptadas, así como en sus
interpretaciones respecto del contenido y alcance del Decreto 1750 de 2003, sobre
la forma de incorporación de los empleados y trabajadores que pertenecían al ISS,
a la nueva entidad ESE Antonio Nariño, considerando para el efecto, que en el caso
de la actora no se dio un traslado como ella lo alegaba en su demanda, sino una
incorporación a la planta de esta entidad, para lo cual no se requería del permiso al
que alude el artículo 113 del Código Procesal Laboral” 1, ii) la Corte Constitucional
en varias providencias declaró la exequibilidad del Decreto 1750 de 2003; de modo
que, este era de obligatorio cumplimiento y observancia y, iii) aunque el tribunal se
fundamentó en una sentencia de tutela, lo cierto es que, también acudió a
providencias C-121/04, C-306/04, C-314/04, C-349/04, C-350/04, C-409/04 y C-
559/04 proferidas por la Corte Constitucional.
2) No hay lugar a imponer condena en costas, porque no fueron acreditadas.
6. Recurso de apelación
El 7 de abril de 2025, la parte demandante interpuso recurso de apelación (índice
59 SAMAI de la primera instancia), las razones de inconformidad con el fallo de
primera instancia se resumen así:
1) El Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 ordenó la escisión de la prestación de
servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) del ISS y la
creación de siete empresas sociales del Estado, a las cuales fueron incorporados,
sin solución de continuidad, los extrabajadores oficiales del ISS del área de salud,
quienes pasaron a ser empleados públicos, salvo aquellos que desempeñaban
funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales,
que conservaron la condición de trabajadores oficiales.
1 Fl. 7 del PDF “041Sentencia” índice 56 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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2) El sindicato Sintraseguridadsocial, junto con varios directivos sindicales,
instauraron acciones de tutela contra el ISS y las Empresas Sociales del Estado
para que se garantizaran los derechos de asociación sindical, fuero sindical, trabajo
en condiciones dignas y justas, debido proceso, respeto a la dignidad humana,
igualdad y no discriminación; los accionantes solicitaron ser incorporados a las ESE,
sin solución de continuidad, como trabajadores oficiales, con estabilidad laboral y
sin desmejora de sus condiciones.
3) De igual forma, se demandó la inexequibilidad del Decreto 1750 de 2003 y la
Corte Constitucional en sentencia C-341 de 2004 consideró que el artículo 18 era
restrictivo, por lo cual debían respetarse las convenciones colectivas de los
empleados públicos.
4) En ese sentido, dado que entre el ISS y sus trabajadores existía una convención
colectiva de trabajo vigente debía garantizarse, como mínimo, el reconocimiento de
la pensión de jubilación convencional.
5) La señora Liliana Berón Cardona fue trasladada a la ESE Antonio Nariño sin el
reconocimiento de sus derechos convencionales y sindicales, mientras que a José
Herberth Tofiño, María del Pilar García y Rolando Soto Gutiérrez se les permitió
continuar en el ISS y, por ende, ser beneficiarios de los beneficios de la convención
colectiva que se encontraba vigente.
6) Se configuró el error judicial, pues, aunque la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali se apoyó en la sentencia T-041 de 2005, lo cierto es que,
en dicha providencia no aparece la exigencia del permiso judicial para el traslado o
desvinculación de los aforados, la cual era indispensable para evitar el detrimento
de sus derechos laborales; además, se desconocieron disposiciones
constitucionales y los convenios 87, 98 y 105 de la OIT.
7) La sentencia T-041 de 2005 fue dictada el 27 de enero de 2005, mientras que el
acto de reintegro de la aquí demandante se expidió en septiembre de 2006, por
tanto, resulta inaceptable sostener que el traslado del ISS a la ESE Antonio Nariño
se produjo en cumplimiento de dicha providencia, pues, para efectuarlo se requería
de autorización judicial; adicionalmente, la decisión de tutela solo es criterio auxiliar
de interpretación y no es vinculante ni obligatoria.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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8) Se configuró el error judicial porque i) no se valoró la condición de aforada, ii) se
interpretó que la sentencia T-041 de 2005 dispuso una “incorporación” sin examinar
las advertencias del numeral 5 de esa misma decisión; iii) se desconocieron las
sentencias de tutela 330 de 2005 y 285 de 2006 y, iv) no se aplicó el bloque de
constitucionalidad.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto del 24 de julio de 2025 (índice 5 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y el 2 de septiembre de 2025 (índice 12 SAMAI) ingresó el expediente al
despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
2) Durante el término de ley, el Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó
la confirmación de la sentencia de primera instancia porque, en su criterio, no se
configuró el error judicial (índice 11 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar en
el presente caso si la Nación - Rama Judicial es patrimonial y extracontractualmente
responsable por la decisión emitida el 7 de noviembre de 2013 por la Sala Laboral
2 La demandante predica la existencia del error judicial respecto de la providencia del 7 de noviembre
de 2013 dictada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, la cual quedó en firme el 19 de noviembre del mismo año (fl. 395 cdno. anexos); de manera
que, la parte actora tenía en principio hasta el 20 de noviembre del 2015 para radicar el medio de
control de reparación directa. El 6 de noviembre de 2015, faltando 14 días para que feneciera el
plazo se presentó la solicitud de conciliación prejudicial, por lo cual los términos se suspendieron
desde dicha fecha y hasta el 14 de enero de 2016 (fls. 63 a 64 cdno. ppal.), mientras que la demanda
se radicó de manera oportuna el 18 de enero de 2016 (fl. 126 cdno. ppal.).
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del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en un proceso de fuero sindical y
que se acusa de haber incurrido en un error jurisdiccional con el que se causó un
daño antijurídico a la demandante.
La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada, pues, no se acreditó el error jurisdiccional alegado.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
2.1 Examen de los presupuestos del error judicial
1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia define la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que lo contienen son
las siguientes:
“ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.
ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
2) Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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3) La Sala encuentra probados los cinco primeros requisitos, por cuanto la decisión
acusada de error jurisdiccional, esto es, la de 7 de noviembre de 2013 proferida en
el proceso ordinario fuero sindical promovida por la señora Liliana Berón Cardona i)
fue expedida por la Sala de Decisión Laboral de Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali; ii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali actúo como juez
en segunda instancia y, iii) la decisión se encuentra en firme y ejecutoriada, pues
contra la misma no cabían los recursos de reposición y apelación.
4) En cuanto corresponde al último requisito, esto es, que se trate de providencia
contrariara a la ley, la Sala observa que este mismo no se encuentra acreditado,
como se explica a continuación.
2.2 Examen concreto del error judicial reclamado
1) Superados los requisitos previamente mencionados se procede a determinar las
alegadas irregularidades en que pudo incurrir la autoridad jurisdiccional en el
momento de proferir la decisión cuya legalidad se reprocha con la demanda.
Para tal fin, es preciso tener en cuenta que el error judicial se concreta en “una
decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las pruebas -
error de hecho- o que provenga de aplicaciones normativas indebidas -error de
derecho-”3, se trata de falencias en las que se incurre en providencias judiciales al
punto de contraponerse al ordenamiento jurídico. Esta Sección de tiempo atrás lo
ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad
de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión”4.
2) En el presente caso, respecto de la sentencia del 7 de noviembre de 2013 dictada
por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se
alega, en síntesis, que se incurrió en error judicial por no haberse ordenado el
reintegro de la demanda al ISS o, de manera subsidiaria, por no haberse dispuesto
que la ESE Antonio Nariño le reconociera y pagara todos sus derechos laborales y
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, expediente
38.229, MP Ramiro Pazos Guerrero.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128,
MP Ramiro Saavedra Becerra.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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convencionales, tal como los percibía en el ISS, pues, no medió autorización del
juez de trabajo.
3) Sobre el particular, la revisión de la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2013
da cuenta que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali revocó la providencia que había accedido parcialmente a las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, las negó con el apoyo en el siguiente razonamiento:
a) El artículo 17 del Decreto 1750 de 2003 dispuso que los servidores públicos que,
a la entrada en vigor de dicho decreto, se encontraban vinculados a las clínicas,
centros de atención ambulatoria y vicepresidencia de prestación de servicios de
salud del ISS, quedaban automáticamente incorporados, sin solución de
continuidad, a la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas
mediante dicho decreto, entre ellas, la ESE Antonio Nariño.
b) Varios dirigentes sindicales no fueron incorporados a las Empresas Sociales del
Estado, razón por la cual radicaron diversas acciones de tutela que fueron
acumuladas y decididas por la Corte Constitucional mediante revisión de sentencia
de tutela T-041 del 27 de enero de 2005.
c) En dicha providencia la Corte Constitucional consideró que la vulneración de los
derechos fundamentales de los accionantes se configuró por el desconocimiento
del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, motivo por el cual ordenó a la gerente
general de la ESE Antonio Nariño incorporar a los actores en el proceso de acción
de tutela -entre ellos, a la aquí demandante-, a la planta de personal de la entidad.
e) La Corte Constitucional en la sentencia T-041 del 27 de enero de 2005 precisó i)
que los demandantes debían ser incorporados como empleados públicos y, ii) que
dicha incorporación se producía por ministerio de la ley, por lo cual no era aplicable
el procedimiento previsto en el artículo 113 del Código Procesal del Trabajo relativo
con la autorización judicial previa para levantar el fuero sindical.
f) Mediante Resolución no. 1814 del 20 de septiembre de 2006, la demandante fue
incorporada a la planta de personal de la ESE Antonio Nariño en cumplimiento de
la decisión de la Corte Constitucional y por ministerio de la ley.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
Reparación directa
Apelación sentencia
g) “La incorporación automática de la demandante a la ESE Antonio Nariño no
requería de autorización judicial previa mediante una acción especial para el
levantamiento de fuero sindical, tal como lo puntualizó la Corte Constitucional,
proceder que además se ajusta a lo previsto en el artículo 411 del CST, modificado
por el artículo 9 del Decreto 204 de 1957, norma en virtud de la cual, cuando se
trate del cumplimiento de una sentencia de autoridad competente no requiere previa
calificación judicial de la causa en ningún caso” (fl. 585 cdno. anexo 1).
4) La demandante considera que en la mencionada sentencia del 7 de noviembre
de 2013 la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali incurrió en error jurisdiccional porque i) la Corte Constitucional en la sentencia
C-341 de 2004 indicó que los servidores públicos adscritos a las Empresas Sociales
del Estado, que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de
los trabajadores oficiales, debían conservar los derechos laborales y prestacionales
obtenidos mediante convenciones colectivas y durante el término de vigencia de
aquellas; por tanto, en su caso, como mínimo se le debió reconocer la pensión de
jubilación convencional, la cual perdió, pese a que la convención estuvo vigente
hasta el 31 de diciembre de 2017; ii) fue trasladada a la ESE Antonio Nariño sin el
reconocimiento de sus derechos convencionales y sindicales, mientras que a José
Herberth Tofiño, María del Pilar García y Rolando Soto Gutiérrez se les permitió
continuar en el ISS y, por ende, seguir siendo beneficios de la convención colectiva
que se encontraba vigente; iii) la Corte Constitucional, en ninguna parte de la
sentencia T-041 de 2005 se pronunció sobre la exigencia del permiso judicial para
el traslado o desvinculación de los trabajadores aforados, requisito indispensable
para evitar el menoscabo de sus derechos laborales; además, se desconocieron
disposiciones constitucionales y los convenios 87, 98 y 105 de la OIT y, iv) la
sentencia T-041 de 2005 fue proferida el 27 de enero de 2005, mientras que el acto
de reintegro se expidió en septiembre de 2006; por tanto, resulta improcedente
sostener que su traslado del ISS a la ESE Antonio Nariño se produjo en
cumplimiento de dicha providencia, pues, para efectuarlo se requería de
autorización judicial; adicionalmente, la decisión de tutela constituye un criterio
auxiliar de interpretación, mas no tiene carácter vinculante u obligatoria.
5) Para resolver lo anterior, la Sala encuentra que la señora Liliana Berón Cardona
en el proceso de fuero sindical concibió las súplicas de la demanda en los siguientes
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
Reparación directa
Apelación sentencia
términos:
“A. PRINCIPALES
1. Se declare que la demandante, como servidora del ISS Seccional Valle
fue trasladada a otra entidad, la ESE ANTONIO NARIÑO, cuando estaba
amparada por la garantía del fuero sindical como directiva sindical.
2. Que se declare que no existió autorización del juez de trabajo a favor
del ISS o la ESE ANTONIO NARIÑO para trasladar a la demandante del
ISS a la ESE ANTONIO NARIÑO.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE, reintegrar a
la demandante al cargo que desempeñaba al momento de su traslado a
la ESE ANTONIO NARIÑO o a un cargo de igual o superior jerarquía, que
no implique desmejora de la demandante.
4. Que se declare que no hubo solución de continuidad en la relación
laboral de la demandante con el ISS SECCIONAL VALLE.
5. Se ordenará la indexación de las sumas a pagar a la demandante
conforme el índice de precios al consumidor certificado por el DANE entre
la fecha del despido y la fecha en que ocurra el reintegro de la
demandante.
6. Se condene en costas a la entidad demandada.
B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En subsidio del conjunto de pretensiones del anterior literal A (todas en
contra del ISS formuló las siguientes pretensiones subsidiarias en contra
de la ESE ANTONIO NARIÑO.
1. Se declare que la demandante, como servidora del ISS SECCIONAL
VALLE fue incorporada la ESE ANTONIO NARIÑO, con desmejora de su
relación y sus derechos salariales y prestaciones, cuando estaba
amparada por la garantía del fuero sindical como directiva sindical.
2. Que se declare que no existió autorización del juez de trabajo a favor
del ISS o la ESE ANTONIO NARIÑO para desmejorar a la demandante
en su incorporación a la ESE ANTONIO NARIÑO.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a
la ESE ANTONIO NARIÑO reestablecer y pagar los derechos laborales y
legales y convencionales de la demandante, afectada con la desmejora
ocurría por su incorporación del ISS SECCIONAL Valle a la ESE
ANTONIO NARIÑO.
4. Se ordenará la indexación de las sumas a pagar a la demandante
conforme el índice de precios al consumidor certificado por el DANE entre
la fecha del despido y la fecha en que ocurra el reintegro de la
demandante.
5. Se condene en costas a la entidad demandada.” (fls. 19 a 20 cdno.
anexos – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
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Apelación sentencia
6) Como puede fácilmente observarse, la demandante tanto en las pretensiones
principales como en las subsidiarias sostuvo que no podía ser trasladada del ISS a
la ESE Antonio Nariño, por cuanto no medió la autorización del juez del trabajo.
7) La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
consideró que dicha autorización no era necesaria, puesto que el traslado obedeció
a lo dispuesto en el Decreto 1756 de 2013 y lo expresado por la Corte Constitucional
en la sentencia T-041 de 2015.
8) Al respecto, el artículo 17 del Decreto 1750 de 2013 estableció que los servidores
de las Empresas Sociales del Estado vinculados al ISS debían quedar
automáticamente incorporados en una ESE, en los siguientes términos:
“Artículo 17. Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la
entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la
Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a
los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales,
quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en
la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el
presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen
funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios
generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución
de continuidad”.
9) La Corte Constitucional en la sentencia T-041 de 20155 analizó lo relativo al
levantamiento del fuero sindical y concluyó que esto no se requería en virtud del
artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, así:
“4.2.1.3 Ahora bien en relación con el derecho de asociación sindical y el
fuero sindical que las organizaciones y directivos sindicales demandantes
estiman igualmente vulnerados, cabe recordar que esta Corporación ha
sostenido de manera reiterada que el mecanismo constitucional de
protección de los derechos fundamentales resulta, por principio,
improcedente para resolver controversias surgidas con ocasión de una
relación de trabajo, porque el ordenamiento cuenta con mecanismos
idóneos y eficaces para ello.
Al respecto la Corte recuerda que, como atrás se señaló, en la
legislación laboral efectivamente se establece que si el empleador
no obtiene previamente el levantamiento del fuero que protege a los
antedichos trabajadores, éstos pueden demandar el
restablecimiento de su derecho y la indemnización de los perjuicios
5 Aunque la sentencia T-041 de 2015 de la Corte Constitucional no fue aportada en el proceso de la
referencia, la misma puede ser consultada en la página de la Rama Judicial.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
Reparación directa
Apelación sentencia
causados mediante un procedimiento ágil, y con el pleno respeto de
las garantías constitucionales de ambas partes -Artículos 405 C.S.T.;
118 C.P.T-
(…).
4.2.2 Empero la Sala pone de presente que en el presente caso la
vulneración a que aluden los demandantes de sus derechos a la
igualdad, a la dignidad, a la libertad sindical, al debido proceso y al
propio fuero sindical, no se configura originalmente con la
expedición de las resoluciones a que se han hecho referencia, sino
que encuentra su fundamento es en el desconocimiento para el caso
de los accionantes de la incorporación automática y sin solución de
continuidad ordenada por el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003 para
los servidores públicos que a la entrada en vigencia del referido decreto -
a saber el 26 de junio de 2003- se encontraban vinculados a la
Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a
los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales.
La afirmación hecha por el Instituto de los Seguros sociales sobre la
necesidad de respetar a los demandantes -directivos sindicales todos- el
fuero que les es reconocido por la Ley a dichos directivos (art. 405 CST)
-porque la referida incorporación automática y sin solución de continuidad
implicaría dar por terminada la relación laboral- constituyó en realidad una
ficción para no darles el tratamiento ordenado - sin ninguna distinción- en
el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003 para todos los servidores públicos
que a la entrada en vigencia del citado Decreto se encontraban vinculados
a la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y
a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales y
de esta manera se dio un tratamiento discriminatorio a dichos servidores,
motivado no por la voluntad de respetar sus derechos sino de evitar la
vinculación de los directivos sindicales a las empresas Sociales del
Estado, afectando así no solo su derecho a la igualdad sino el ejercicio de
sus derechos sindicales.
Al respecto cabe precisar que en la medida en que dicha
incorporación automática y sin solución de continuidad se efectuó
por ministerio de la ley, es claro que en esa hipótesis no cabía dar
aplicación al procedimiento señalado en el artículo 113 del Código
Procesal del Trabajo, previsto para regular la relación entre el
empleador y el trabajador-directivo sindical, pero que obviamente no
puede invocarse frente a la actuación del Legislador aún
extraordinario como en este caso.
(…).
Así las cosas dado que la incorporación se produjo por ministerio de la ley
y ello en relación con todos los servidores sin distinción, es claro que no
cabía dar a los accionantes un tratamiento diferente al de los demás
servidores.
(…).
Dado que es de allí originalmente que se desprende la vulneración
de los derechos de los demandantes es claro que para proteger a los
accionantes del desconocimiento efectuado en su caso de la
incorporación automática que ordenó el Decreto Ley 1750 de 2003
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
Reparación directa
Apelación sentencia
en las plantas de personal de las empresas Sociales del Estado no
era evidentemente el fuero sindical un medio judicial idóneo, pues
el procedimiento previsto en el artículo 118 del Código Procesal del
Trabajo no está previsto para esa circunstancia, como tampoco lo
están los mecanismos administrativos y penales previstos en la
Legislación para proteger los derechos a la libre asociación y el
ejercicio de la libertad sindical.
(…).
En ese orden de ideas la Sala procederá a hacer cesar la vulneración de
los derechos fundamentales de los accionantes y ordenará que en
atención a la incorporación automática efectuada por el artículo 17 del
Decreto 1750 de 2003 se proceda por parte de los gerentes de las
Empresas Sociales del Estado demandadas a proveer los cargos que
corresponden a los accionantes dentro de las respectivas Empresas.
Ahora bien, dado que dicha incorporación fue efectuada por ministerio de
la Ley y que ella implicó el cambio de régimen de los servidores -cambio
de régimen en relación con cuya constitucionalidad frente a los derechos
invocados por los actores ya fue establecida por la Corte, es claro que es
en tal calidad y no en la que los demandantes solicitan, a saber la de
trabajadores oficiales, que dichos servidores serán vinculados a las
Empresas pues dicha calidad es la que ostentan en virtud del Decreto
1750 de 2003 en las empresas Sociales del Estado.” – negrillas fuera de
texto.
10) De igual manera, la Corte Constitucional en la referida sentencia de tutela
ordenó que los accionantes fueran incorporados como empleados públicos.
11) La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
tuvo en cuenta lo ordenado en el Decreto 1750 de 2003, así como también lo
decidido en la sentencia de tutela, la cual era de obligatorio cumplimiento para las
partes en conflicto, esto es, la aquí demandante, el ISS y la ESE Antonio Nariño.
12) Las sentencias de tutela son de cumplimiento obligatorio para las partes en el
proceso, por ello la demandante fue incorporada en la ESE Antonio Nariño sin que
mediara autorización judicial para el levantamiento del fuero sindical.
13) En efecto, la acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
de 1991 como un mecanismo preferente, sumario e inmediato para la protección de
los derechos constitucionales fundamentales cuando estos sean vulnerados o
amenazados por acción u omisión de una autoridad y, los fallos de tutela son de
obligatorio cumplimiento en los términos del artículo 27 del Decreto Legislativo 2591
de 1991, pues, en caso de ser desconocidos se puede incurrir en sanciones
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
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disciplinarias e incluso penales (como por ejemplo el delito de fraude a resolución
judicial).
14) La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
analizó esa circunstancia, junto con el hecho de que el Decreto 1750 de 2013
dispuso que la incorporación de los servidores del ISS a las empresas sociales del
estado debía efectuarse de manera inmediata, razón por la cual declaró que el
traslado de la señora Liliana Berón Cardona del ISS a la ESE Antonio Nariño no
requería de autorización judicial.
15) El análisis de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali tiene fundamento en una interpretación razonada de las normas
aplicables y la sentencia de tutela de la Corte Constitucional; de manera que, no es
posible predicar la existencia de un error jurisdiccional por el solo hecho de que la
demandante no comparte la apreciación realizada por aquel.
16) De otro lado, en relación con el argumento referente a la pérdida de los derechos
convencionales de pensión por efecto del traslado es pertinente precisar que la
misma Corte Constitucional manifestó que los derechos adquiridos se mantenían
mientras estaba vigente la convención colectiva respectiva.
17) La demandante no desconoce lo anterior y, en el recurso de apelación
presentado en el proceso de la referencia, indicó que había promovido el medio de
control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión de la
UGPP que negó el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación pensional,
empero, aduce que dicha pretensión fue desestimada mediante sentencias del 16
de febrero de 2017 y 6 de febrero de 2020.
18) El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no fue solicitado ni
aportado como prueba, de modo que se desconocen los motivos por los cuales se
negó la pensión de jubilación pensional reclamada por la aquí actora; pese a ello,
es relevante poner de presente que en el proceso de fuero sindical no se debatió el
derecho al reconocimiento de la pensión de la señora Liliana Berón Cardona; por el
contrario, el debate estuvo se centró en determinar si debía estar o no incorporada
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
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Apelación sentencia
a la planta de personal de la ESE Antonio Nariño sin que mediara una orden judicial
de levantamiento del fuero sindical.
19) La demandante sostiene que con la decisión judicial del 7 de noviembre de 2013
se desconocieron disposiciones constitucionales y los convenios 87, 98 y 105 de la
OIT; sin embargo, lo cierto es que la providencia fue emitida conforme al marco
normativo aplicable y a lo expuesto por la propia corte constitucional en un fallo de
tutela de cumplimiento obligatorio.
20) Si la señora Liliana Berón Cardona consideraba que la Corte Constitucional
incurrió en error en su decisión debió solicitar la responsabilidad patrimonial
extracontractual por el supuesto yerro en dicha providencia.
21) De otro lado, la aquí actora alegó en el recurso de apelación que existió un trato
discriminatorio, pues mientras los señores José Herbert Tofiño, María Del Pilar
García y Rolando Soto Gutiérrez continuaron laborando en el ISS, ella fue
trasladada a la ESE Antonio Nariño.
22) Sobre este aspecto, la Sala observa que en el proceso de fuero sindical no se
discutió la situación de las personas mencionadas por la demandante y, en todo
caso, la señora Liliana Berón Cardona no demostró que en el proceso de acción
tutela por ella promovido dichas personas también actuaron como accionantes6.
23) Finalmente, la demandante manifiesta que su incorporación al ISS no se dio en
cumplimiento del fallo de tutela, pues, aquel fue proferido el 27 de enero de 2005,
mientras que la incorporación a la ESE Antonio Nariño le fue comunicada en oficio
del 20 de septiembre de 2006.
24) Al respecto, la Sala evidencia que lo antedicho no fue materia de discusión en
el proceso de fuero sindical y, por el contrario, la aquí actora en los hechos de la
demanda que en su momento presentó en contra del ISS y la ESS Antonio Nariño
refirió que “por Resolución 1814 del 20 de septiembre de 2006, el Gerente de la
6 En la sentencia de tutela T-041 de 2015 no se hace ninguna mención a los señores José Herbert
Tofiño, María Del Pilar García y Rolando Soto Gutiérrez.
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
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Empresa dio cumplimiento a la sentencia de tutela T-041 del 27 de enero de 2005”
(fl. 18 cdno. anexos).
25) Luego entonces, en el proceso de fuero sindical no fue materia de discusión que
el ISS adujo que el traslado se dio en cumplimiento del fallo de tutela; pretender
ahora alegar una circunstancia que no fue debatida en el proceso laboral es
desconocer los derechos del debido proceso que le asiste a la parte demandada.
26) Así las cosas, la Sala concluye que se no acreditó la existencia de un error
jurisdiccional en la decisión del 7 de noviembre de 2013 y, en consecuencia, se
confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
3. Conclusión
Se confirmará la sentencia de primera instancia por ser denegatoria de
pretensiones, debido a que en el presente caso no se demostró el error judicial
alegado por la parte demandante.
4. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia proferida el 18 de marzo de 2025 por el Tribunal
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Expediente 76001-23-33-004-2016-00052-01 (73.053)
Actor: Liliana Berón Cardona
Reparación directa
Apelación sentencia
Administrativo del Valle del Cauca
2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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