Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00256-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-004-2016-00256-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00256-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-004-2016-00256-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta (30) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-004-2016-00256-01 (1672-2025)
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de emolumentos laborales
Decisión: Sentencia - segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante
y demandada, contra la sentencia del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1 Pretensiones.
1. La señora Aida Beatriz Sosa Ramírez, por conducto de apoderada
judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitando
la nulidad de la Resolución No. 6686 del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil
Catorce (2014), por medio de la cual, se negó el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir, durante el tiempo que fue
desvinculada del servicio.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se declare la
firmeza del Decreto 0323 del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
1
Folios 78 a 90, expediente físico.
2
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
(2014), y de la Resolución 1410 del Diez de marzo de Dos Mil Quince (2015),
ordenando al departamento del Valle del Cauca – Secretaría Departamental
de Educación, la reliquidación y pago de los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir, desde el Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil trece
(2013), hasta el Dos (2) de marzo de Dos Mil Catorce (2014)2; el pago de
aportes a seguridad social, con las respectivas indexaciones, sanción
moratoria e intereses a que haya lugar.
3. Adicionalmente, solicitó el pago de las cesantías y la sanción moratoria,
por su falta de pago oportuno, así:
«En consecuencia de la omisión en que incurre la GOBERNACIÓN DEL VALLE
DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL POR por el
no pago de las cesantías correspondientes al año 2013, sin justificación legal,
dentro del término que establece la Ley, se ordene a la Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria de Educación Departamental, al pago de este derecho
laboral y se condene al pago de la respectiva sanción moratorio (sic) por el no
pago oportuno de este auxilio»
1.2 Hechos
4. La señora Aida Beatriz Sosa Ramírez, se vinculó al departamento del
Valle del Cauca, en el cargo de auxiliar administrativo, código 470 grado 8, de
la planta de cargos administrativa de la Secretaría Departamental de
Educación, en virtud de la lista de elegibles, conformada mediante Resolución
2490 del Primero (1) de junio de Dos Mil Once (2011), por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, la cual, quedó en firme el Veintitrés (23) de junio de Dos Mil
Once (2011).
5. El nombramiento de la demandante se efectuó en periodo de prueba,
mediante Decreto No 0480, del Doce (12) de marzo de Dos Mil Doce (2012),
en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 08, en la Institución
Educativa Policarpa Salavarrieta del municipio de Yumbo, cargo
correspondiente a la planta de cargos administrativa de la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca; del cual tomó posesión el
Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil doce (2012).
2
En las pretensiones de la demanda se aduce esta fecha, pero, del recuento procesal y la fijación del litigo se tiene
que, la desvinculación se mantuvo hasta el Dos (2) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014).
3
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
6. El Cuatro (4) de octubre de Dos Mil Doce (2012), se realizó la evaluación
al periodo de prueba, la cual, arrojó una calificación definitiva satisfactoria del
85% y se concertaron objetivos para el periodo de evaluación ordinaria.
7. El Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Trece (2013), se le comunicó
que, su nombramiento había sido revocado, por medio del Decreto No 1034
del Veintidós (22) de octubre de Dos Mil Doce (2012).
8. Por inconformidad con la revocatoria de su nombramiento, la
demandante presentó acción de tutela, la cual fue resuelta mediante sentencia
No. 213 del Seis (6) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado
Doce Laboral del Circuito de Cali, ordenando su reintegro al cargo, providencia
que no fue impugnada.
9. Con el Decreto No. 0323 del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Catorce (2014), se dispuso el reintegro de la demandante, al cargo de Auxiliar
Administrativo Código 407, grado 8 en cumplimiento de la orden judicial;
tomando posesión nuevamente, el Dos (2) de mayo de Dos Mil Catorce (2014),
en la Institución Educativa Las Américas del municipio de Florida, Valle.
10. El Nueve (9) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), la demandante
interpuso recurso de apelación contra el Decreto 0323 de 2014, a efectos que,
se disponga el pago de los salarios y demás ingresos laborales dejados de
percibir, durante el tiempo que fue desvinculada del cargo, hasta su efectivo
reintegro.
11. El recurso de apelación fue resuelto mediante comunicación del Treinta
(30) de julio de Dos Mil Catorce (2014), por el jefe de la Oficina Jurídica de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, en la que se
adujo que, el acto administrativo no es susceptible de recurso, por ser de
trámite y, se le indica a la demandante que, los pagos solicitados deben ser
dirigidos al área de talento Humano de la Secretaría Departamental de
Educación.
12. El Veinte (20) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), la demandante
solicitó al área de talento humano, la liquidación y pago de los salarios y
4
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
prestaciones laborales dejadas de percibir, durante el tiempo que estuvo
desvinculada de su cargo.
13. El Treinta (30) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), mediante la
Resolución No 4696, se reconoce, liquida y ordena el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, desde la fecha de su despido hasta
el reintegro; así como, la cotización de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social.
14. El Diez (10) de marzo de Dos Mil Quince (2015), se revocó la
Resolución No 4696 del Treinta (30) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), y,
en su lugar, se expidió la Resolución No 1410, con el propósito de actualizar
la liquidación de los salarios y prestaciones dejados de percibir, estableciendo
que, al mes de febrero de 2015, la entidad territorial adeudaba el valor de
$20.717.625.
15. El Veintiocho (28) de mayo de Dos Mil quince (2015), la subsecretaria
de Presupuesto, Finanzas Públicas y Estudios Económicos del departamento
del Valle del Cauca, suspendió el trámite de pago, con fundamento en que, la
sentencia de tutela dispuso el reintegro, mas no el pago de las acreencias
laborales.
16. El Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Quince (2015), la secretaria de
Educación Departamental del Valle del Cauca, expidió la Resolución No 6686,
por medio de la cual, resuelve por segunda vez el recurso de apelación
interpuesto en contra del Decreto 2303 del Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Catorce (2014), revocando el pago de lo ordenado en la Resolución 1410
de marzo de 2015.
17. La Secretaría de Educación Departamental, se ha negado a consignar
las cesantías correspondientes al año 2013, no solo las de noviembre y
diciembre, reconocidas y liquidadas en la Resolución 1410 de 2015, sino
también, las correspondientes a los meses de enero a octubre de 2013,
periodo en el que la demandante prestó sus servicios con normalidad.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
18. La parte demandante invocó como normas vulneradas, el artículo 29 de
5
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
la Constitución Política, y el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, ante la falta de
aplicación del artículo 97 de esta misma norma.
19. Como concepto de violación señaló que, al momento de la expedición
del acto administrativo demandado, ya se había resuelto la apelación contra el
Decreto 323 de 2014, encontrándose en firme y mediante el cual, se había
dispuesto el pago de salarios y emolumentos dejados de percibir, creando a
favor de la demandante, un derecho particular y concreto que, para ser
revocado, debía contar con la anuencia de su titular.
20. Consideró que, existe falsa motivación, porque la entidad, so pretexto
de resolver un recurso de apelación que ya había sido resuelto, lo que hizo
fue, revocar su propio acto.
2. Contestación de la demanda3.
21. El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones de la
demanda, por considerar que, para la imposición de la sanción moratoria se
debe verificar la mala fe del patrono, no pudiendo imponerse de manera
automática.
22. Como excepciones propuso las de cobro de lo no debido, prescripción
e innominada.
3. Sentencia de primera instancia4
23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas,
disponiendo:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 6686 del 4 de agosto
de 2015, expedida por el Secretario de Educación Departamental del Valle del
Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a que reconozca
3
Expediente físico, folios 159 a 165.
4
Aplicativo Samai – Gestión en otros despachos - Sentencia de primera instancia – índice 00044.
6
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
y pague a la señora AIDA BEATRIZ SOSA RAMÍREZ los salarios y todas las
prestaciones sociales a que tenía derecho, dejadas de percibir durante el
periodo que estuvo desvinculada del cargo de auxiliar administrativo 407, grado
08, es decir, desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 30 de abril de 2014,
descontando lo correspondiente a las cotizaciones a la seguridad social.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad índices de inflación certificados por el DANE y mediante la
aplicación de la siguiente formula:
R = Rh índice final
índice inicial
TERCERO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en
los términos del artículo 192 del CPACA.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas.»
24. El A-quo efectuó un recuento de las actuaciones administrativas
relativas a la vinculación y retiro del servicio de la demandante, su posterior
reintegro y las decisiones frente al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales por el periodo que fue desvinculada, concluyendo que, por medio de
la Resolución No. 6686 del Cuatro (4) de agosto de dos Mil Quince (2015), el
Secretario de Educación Departamental del Valle del Cauca, negó el
reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, afirmando que, la
sentencia de tutela no lo ordenó.
25. Concluyó que, la señora Aida Beatriz Sosa Ramírez ocupó el segundo
lugar en la lista de elegibles, para el cargo de auxiliar administrativo 407, grado
08, sin tenerse conocimiento sobre la situación del señor Javier Lalo Morán
Delgado, quien ocupaba el primer lugar, dado que, en ninguno de los actos
administrativos se hizo alusión a ello, es decir, no se tiene certeza si la
demandante fue nombrada porque aquel no aceptó el cargo, o, porque la
entidad cometió un error en el procedimiento, pues, en certificación del
Dieciocho (18) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), allegada por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, se indicó que, no fue posesionado en el
cargo.
26. Estableció que, una vez que la entidad demandada, por medio de la
Resolución No. 1410 del Diez (10) de marzo de Dos Mil Quince (2015),
reconoció y ordenó el pago a la actora, de los salarios y prestaciones sociales
7
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
dejados de percibir durante el periodo de desvinculación, no era procedente,
con el pretexto de resolver un recurso de apelación contra el Decreto No. 0323
del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), que el secretario de
Educación Departamental, revocara tal reconocimiento.
27. Tal conclusión, por cuanto, contra el mencionado decreto no procedía
recurso alguno, en la medida que, fue expedido por la máxima autoridad
departamental, como se lo hizo saber a la actora el jefe de la Oficina Jurídica,
de modo que, el secretario de educación no tenía competencia funcional para
revisar una decisión de su superior jerárquico; además que, las referidas
resoluciones crearon una situación jurídica particular y concreta para la
demandante, reconociéndole salarios y prestaciones sociales.
28. Refirió que, si en criterio de la entidad demandada, el reintegro al cargo
no implicaba reconocimiento salarial alguno, porque la sentencia de tutela no
lo ordenó, tenía que adelantarse el trámite de revocatoria directa consagrado
en el artículo 97 del CPACA, solicitando el consentimiento de la señora Sosa
Ramírez, para revocar la Resolución No. 1410 del Diez (10) de marzo de Dos
Mil quince (2015), sin embargo, no lo hizo, vulnerando sus derechos al debido
proceso y a la defensa, razón por la cual, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y, como restablecimiento del derecho, el pago de
los salarios y todas las prestaciones sociales a que tenía derecho, dejadas de
percibir durante el periodo que estuvo desvinculada del cargo de auxiliar
administrativo 407, grado 08, descontando lo correspondiente a las
cotizaciones a la seguridad social.
29. Finalmente, negó el pago de la sanción moratoria por la falta de pago
oportuno del auxilio de cesantías, en la medida que, se encontraba en
discusión y para ello, la parte actora debía presentar la respectiva solicitud.
4. El recurso de apelación
4.1. Parte demandada5
30. El departamento del Valle del Cauca, a través de apoderada, interpuso
recurso de apelación, insistiendo en que, no hay lugar a acceder a la
5
Aplicativo Samai – Gestión en otros despachos -Recurso de apelación, presentado por la apoderada del
Departamento– índice 00047.
8
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
pretensión de la sanción moratoria, en razón a que, para su imposición, debe
evaluarse el actuar del empleador y su buena fe, la cual se presume.
31. Asimismo, solicitó no acceder favorablemente a las pretensiones de la
accionante, toda vez que, la normatividad legal vigente no lo permite;
encontrándose fuera del contexto normativo que la rige, que le impide acceder
a este tipo de emolumentos, entre ellos, la sanción moratoria, considerando
que, de acceder a las pretensiones, se estaría vulnerando el debido proceso y
el estado social de derecho.
4.2. Parte demandante6
32. La parte demandante apeló parcialmente la decisión de primera
instancia, solicitando revocar el numeral cuarto, que dispuso negar las demás
pretensiones, en lo relativo al pago de auxilio de cesantías del año 2013 entre
los meses de enero a octubre de dicha anualidad, y la consecuente sanción
moratoria, causada desde el término legal que tenía el departamento del Valle
del Cauca para consignarlas; por no haber sido objeto de estudio o referencia
por el juzgador de primera instancia.
33. Señaló que, el departamento del Valle del Cauca, no consignó las
cesantías causadas entre enero y octubre de 2013, periodo para el cual, la
demandada laboró con normalidad, hechos que forman parte de la
controversia y respecto de los cuales, el demandado no niega el hecho 18.
34. Consideró que, las cesantías reclamadas son un derecho laboral
adquirido, el cual, es negado por el demandado sin justificación legal, porque
aduce la separación de cargo, generando con esta situación, un daño
resarcible a la demandante, de conformidad con el artículo 138 del CPACA,
siendo del caso ordenar al demandado, pagar, no solo las cesantías de los
meses de noviembre y diciembre del 2013, como dispuso el juez de primera
instancia, sino también, las cesantías correspondientes a los meses de enero
a octubre del 2013 y su consecuente sanción moratoria, desde el momento
que, el departamento del Valle del Cauca tenía la obligación de consignarlas.
6
Aplicativo Samai – Gestión en otros despachos -Recurso de apelación, presentado por la apoderada del
Departamento– índice 00049.
9
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
35. Enfatizó en que, en la sentencia recurrida, se hace referencia a la
sanción moratoria respecto del pago de las cesantías correspondientes a los
meses en que la demandante estuvo separada del cargo, pero no, a las
derivadas del periodo relacionado.
36. Adicionalmente, solicitó condenar en costas al demandado, por haber
actuado con manifiesta temeridad, porque, para negar los derechos de la
demandante, emitió el acto administrativo demandado, resolviendo por
segunda vez un recurso cuya decisión se encontraba en firme, y, por utilizar
esta decisión, no solo para negar el pago de los salarios y prestaciones del
tiempo que se separó a la demandante de su cargo, sino también, para
justificar hasta la fecha, la no consignación del auxilio de las cesantías de los
meses de enero a octubre del año 2013, periodo en el que la demandante
laboró con normalidad, situación que, en su criterio, justifica la condena en
costas al demandado, por los valores procesales que asumió el extremo
procesal activo, para lograr el reconocimiento de sus derechos laborales
negados, por los cuales, incluso la entidad territorial fue previamente
convocada a conciliación.
5. Trámite de segunda instancia
37. Con auto del Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el
consejero sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por las
partes y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que
modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de
alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente
regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.
38. El departamento del Valle del Cauca8, allegó escrito ante esta instancia,
insistiendo en los argumentos de la apelación.
39. Por su parte, la demandante9 además de iterar los argumentos de la
alzada, indicó que, la falta de pronunciamiento de la sentencia frente a la
pretensión relativa a las cesantías y su consecuente sanción moratoria, por el
7
Índice 00005 expediente digital – Samai.
8
Índice 00012 expediente digital – Samai.
9
Índice 00013 expediente digital – Samai.
10
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
periodo comprendido entre enero y octubre de 2013, vulnera el principio de
congruencia dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso,
omisión que, no puede entenderse subsanada por la delimitación del problema
jurídico efectuada por el A-quo, porque no exonera al juez de pronunciarse
sobre la totalidad de las pretensiones de la demanda.
6. Concepto del Ministerio Público.
40. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
41. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.
2.2 Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala establecer:
i) ¿La demandante tiene o no derecho, al pago de los salarios y
prestaciones sociales, entre los meses de noviembre de 2013 y abril de
2014?
ii) ¿Hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de las cesantías
causadas por la demandante, en virtud de los servicios prestados entre
enero y octubre de 2013?
iii) ¿Procede la condena por concepto de sanción moratoria, ante la no
consignación de las cesantías definitivas, por el periodo comprendido
entre enero y octubre de 2013?
iv) ¿Se configura el actuar temerario de la entidad, para disponer la
condena en costas de primera instancia?
11
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
43. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Material
probatorio; 2.5 Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3. Marco normativo.
2.3.1. Agotamiento de la vía administrativa como presupuesto para
demandar en nulidad y restablecimiento del derecho.
44. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, la actuación
administrativa tiene su génesis:
«ARTÍCULO 4o. FORMAS DE INICIAR LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:
1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.
2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.
4. Por las autoridades, oficiosamente.»
45. Frente a la actuación administrativa, a las cargas que corresponden a
quien tiene interés en generar la manifestación de la voluntad de la
administración, esta Subsección ha señalado que «[e]s obligatorio para quien
pretenda demandar un acto administrativo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, agotar la actuación administrativa
antes de acceder a la jurisdicción contenciosa; dicha reclamación debe
tramitarse ante la entidad pública llamada a reconocer o extinguir el derecho
que sea invocado por el administrado, es decir, aquella entidad que tenga la
competencia o atribución legal para crear o modificar situaciones jurídicas a
través de la expedición de actos administrativos de contenido particular y
concreto.»10.
46. De conformidad con lo anterior, constituye un presupuesto procesal en
cabeza del interesado, generar el pronunciamiento previo de la entidad
pública, a efectos de permitirle adoptar las actuaciones que correspondan, de
cara al derecho invocado y en los eventos en que, no exista manifestación
concreta de la entidad, esta no sea acorde con lo peticionado o se resuelva de
10
Sentencia del 11 de abril de 2018. Expediente 05001-23-33-000-2013-01104-01 (3931-15).
12
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
manera incompleta, al considerarse lesionado un derecho subjetivo, que, fruto
de la solicitud de parte, concluye en un acto administrativo expreso o presunto,
es factible acudir ante la jurisdicción en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.3.2 La revocatoria directa de los actos administrativos.
47. La doctrina define la revocatoria directa como «un mecanismo por medio del
cual un acto administrativo es suprimido o sustituido por el mismo órgano que lo
expidió, mediante otro acto administrativo con contenido de signo o sentido contrario,
proferido por fuera de las etapas propias del procedimiento administrativo u en virtud
de las causales expresa y especialmente señaladas»11.
48. Esta Subsección, por sentencia del 21 de mayo de 200912 señaló:
«[…] la Sala debe precisar que la revocatoria directa es una herramienta de la
que pueden hacer uso tanto la Administración como el administrado para que
en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos
administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que
no estén conformes con el interés público o social o cuando con ellos se cause
agravio injustificado a una persona. Es, por tanto, un medio eficaz con el que
cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir
al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse en el ejercicio de la
Administración Pública […]»
49. Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación estableció que:
«son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto
que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado:
Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra,
relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales»13.
50. Los artículos 93 a 97 del CPACA regulan la revocatoria directa de los
actos administrativos, así:
«ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
11
BERROCAL GUERRERO Luis Enrique, Manual del acto administrativo, Librería y ediciones del Profesional Ltda.
séptima edición, Bogotá, marzo de 2016. Pág. 511 a 537.
12
Expediente 76001-23-31-000-2005-00228-02(2222-01) MP Gerardo Arenas Monsalve.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de julio de 2002, M.P. Ana
Margarita Olaya Forero, proceso con radicado 23001-23-31-000-1997-8732-01 (IJ 029).
13
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona
ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría,
no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo
titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario
a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos
lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».
51. De conformidad con las normas en cita, la revocatoria directa de los
actos administrativos de carácter particular y concreto, exige la anuencia de
su titular, sin la cual, les corresponde a las entidades públicas, demandar su
propio acto, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2.4. Material probatorio
52. En el expediente reposan los siguientes medios de prueba:
• Decreto No. 0480 de Doce (12) de marzo de Dos Mil Doce (2012), por medio
del cual, el gobernador del departamento del Valle del Cauca, nombró a la
señora Aida Beatriz Sosa Ramírez, en periodo de prueba, en la planta de
cargos administrativa de los establecimientos educativos financiados con
recursos del sistema general de participaciones, en el empleo de Auxiliar
Administrativo, código 407, grado 08, en la Institución Educativa Policarpa
Salavarrieta, del municipio de Yumbo14.
14
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folios 10 y 11.
14
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
• Acta de posesión No. 0134 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Doce
(2012)15.
• Decreto No. 1034 de Veintidós (22) de octubre de Dos Mil Trece (2013), por
medio del cual, gobernador del departamento del Valle del Cauca, revocó el
decreto de nombramiento de la demandante, en razón a que, era la segunda
en la lista de elegibles y se omitió nombrar a quien ocupó la primera posición16.
• Sentencia de tutela No. 213 del Seis (6) de diciembre de Dos Mil Trece
(2013), proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali17, por medio
de la cual, en amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo de la demandante, dispuso su reintegro, a un cargo de igual nivel y
condiciones al que ocupaba, al momento que fue separada del empleo.
• Decreto No. 323 del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014)18,
por medio del cual, el gobernador del departamento del Valle del Cauca, dio
cumplimiento a la orden de tutela, reintegrando a la demandante, en el cargo
de auxiliar administrativo, código 407, grado 08, en la Institución Educativa Las
Américas del municipio de Florida.
• Recurso de apelación presentado por la demandante, el Nueve (9) de mayo
de Dos Mil Catorce (2014)19, contra del Decreto 323 del Veintinueve (29) de
abril de Dos Mil Catorce (2014), a efectos que, se modifique o aclare,
ordenando el pago de los salarios y demás ingresos laborales dejados de
percibir, mientras estuvo retirada del servicio, así como los aportes a seguridad
social.
• Oficio COD 400-024-1278 del Treinta (30) de julio de Dos Mil Catorce
(2014)20, por medio del cual, el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca, le informa a la demandante que,
el acto administrativo apelado es de trámite y no admite recursos; señalando
adicionalmente que, debe solicitar ante el área de Talento Humano de la
15
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folios 69 y 70.
16
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folio 24.
17
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folios 71 a 83.
18
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folios 98 y 99.
19
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folios 87 y 88.
20
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folio 92.
15
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación, para que por vía administrativa, le pague los salarios
y prestaciones sociales dejadas de percibir, desde su despido, hasta la fecha
de reintegro; y cotice los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
• Oficio dirigido al coordinador de Talento Humano del Departamento del Valle
del Cauca, con radicación del Veinte (20) de agosto de Dos Mil Catorce
(2014)21, solicitando el pago de salarios, prestaciones, retroactivos y reajustes
a que haya lugar, desde el Veintinueve de octubre de Dos Mil Trece (2013),
hasta el Dos (2) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), así como, las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
profesionales). La petición fue reiterada el Siete (7) de octubre de Dos Mil
Catorce (2014)22.
• Resolución No. 4696 del Treinta (30) de octubre de Dos Mil Catorce (2014)23,
mediante la cual, “se da cumplimiento” a la sentencia de tutela 213 del Seis (6)
de diciembre de Dos Mil Trece (2013), ordenando el pago de salarios y
prestaciones sociales.
• Resolución No. 1410 del Diez (10) de marzo de Dos Mil Quince (2015)24, por
medio de la cual, se revocó la Resolución No. 4696 del Treinta (30) de octubre
de Dos Mil Catorce (2014) y se reliquidaron los valores a pagar, por concepto
de salarios y prestaciones sociales.
• Resolución 6686 de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Quince (2015)25, por
medio de la cual, el secretario de Educación Departamental del Valle del
Cauca, resolvió el recurso de apelación presentado por la demandante, el
Nueve (9) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), confirmando el Decreto 0323
del 29 de abril de Dos Mil Catorce (2014) y negando las prestaciones de
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, porque no fueron
reconocidas en la sentencia de tutela No. 213 del Seis (6) de diciembre del
Dos Mil trece (2013).
21
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folio 94.
22
Expediente físico, cuaderno antecedentes administrativos, folio 97.
23
Expediente físico, cuaderno principal, folios 13 a 17.
24
Expediente físico, cuaderno principal, folios 19 a 25.
25
Expediente físico, cuaderno principal, folios 2 y 3.
16
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
2.5. Caso concreto
53. En el sub lite, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo la nulidad de la
Resolución No. 6686 del 4 de agosto de 2015, por medio de la cual, se negó
a la señora Aida Beatriz Sosa Ramírez, el pago de salarios y prestaciones
sociales derivadas del reintegro, al no haberse ordenado de manera concreta
por el juez constitucional, y, a título de restablecimiento del derecho, condenó
al departamento del Valle del Cauca, al reconocimiento y pago de las sumas
dejadas de percibir entre el Primero (1) de noviembre de Dos Mil trece (2013),
hasta el Treinta (30) de abril de Dos Mil Catorce (2014), descontando lo
correspondiente a las cotizaciones a la seguridad social.
54. La decisión de primera instancia, se sustentó en la imposibilidad de la
entidad demandada, una vez expedido el acto administrativo por medio del
cual, se dispuso el pago de los salarios y prestaciones a la demandante, en
cumplimiento de la orden de tutela del Seis (6) de diciembre de Dos Mil Trece
(2013), proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali; de revocar
directamente el acto administrativo, para en su lugar, negar dichos pagos, por
considerar que, el amparo judicial no los dispuso.
55. En el sub lite, pese a que, el recurso de la entidad demandada, hace
énfasis en la imposibilidad de reconocer la sanción moratoria por pago
inoportuno de cesantías, lo que en principio daría lugar a la aplicación de la
figura de la apelación fallida, en tanto, tal pretensión fue negada por el A – quo,
no pierde de vista la Sala que, en la alzada, la entidad recurrente, de manera
general solicitó, no acceder a las pretensiones de la accionante, en razón a
que, la normativa vigente no lo permite; encontrándose fuera del contexto legal
que la rige, e impide acceder a este tipo de emolumentos, considerando que,
de acceder a las pretensiones, se estaría vulnerando el debido proceso y el
estado social de derecho, argumento que, daría lugar al pronunciamiento de
esta Sala de Decisión.
56. A efectos de resolver el planteamiento de la recurrente, lo primero que
debe señalar la Sala es que, en el presente asunto, no está en discusión la
vinculación de la demandante en el cargo de auxiliar administrativo, código
17
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
470 grado 8, de la planta de cargos administrativa, de la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca, como tampoco, su posterior
desvinculación, ni el reintegro por orden del juez constitucional.
57. La censura se circunscribe a determinar el derecho de la demandante
al pago de salarios y prestaciones, por el tiempo que estuvo desvinculada del
servicio, esto es, entre el desde el Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil trece
(2013), hasta el Dos (2) de mayo de Dos Mil Catorce (2014).
58. En criterio de la demandante, la orden de tutela a su favor, por medio
de la cual, se dispuso el reintegro al cargo de Auxiliar Administrativo Código
407 Grado 08, correspondiente a la planta de cargos administrativa de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, daba lugar al
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, razón por la cual,
interpuso recurso de apelación, contra la decisión que ordenó el reintegro, sin
decidir sobre estos emolumentos.
59. Pese a que, el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación
del Departamento del Valle del cauca, le señaló a la demandante que, dicho
acto administrativo no era pasible del recurso de apelación, al ser expedido
por el Gobernador, como máxima autoridad del ente territorial, se le indicó que,
la solicitud de sus reconocimientos salariales y prestacionales, debían
encauzarse ante la oficina de talento humano de la entidad.
60. Ante la petición elevada por la demandante, se expidieron, por parte de
la secretaria de educación departamental, dos actos administrativos, en los
que se ordenaba el pago de dichos emolumentos, en cumplimiento de la
sentencia de tutela.
61. No obstante, con posterioridad, el mismo secretario de educación,
manifiesta resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante,
confirmando el Decreto 0323 del Veintinueve de abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024), y negar el pago de salarios y prestaciones sociales, al no haber sido
ordenadas en la sentencia de tutela.
18
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
62. Verificada la sentencia No. 213 del Seis (6) de diciembre de Dos Mil
Trece (2013), por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, en la misma el
juez constitucional dispuso:
«PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo de la señora AIDA BEATRIZ SOSA RAMIREZ, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-
Secretaria de Educación Departamental que, en la primera vacante que se
presente, reintegre a la actora, sin necesidad de concurso público de méritos,
en un cargo de igual nivel y condiciones a aquél que ocupaba al momento de
haber sido separado del mismo, en el evento de haber sido nombrada otra
persona en el cargo de auxiliar administrativo del colegio Policarpa
Salavarrieta, siempre y cuando se encuentre posesionado y ejerciendo las
funciones del empleo al momento del fallo de tutela.
En caso contrario, proceda a reintegrar a la actora al cargo que venía
desempeñando en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente providencia.
TERCERO.- ADVERTIR a la parte accionada que podrá demandar ante la
jurisdicción competente su propio acto administrativo, con el fin de no ocasionar
daños a la administración, mientras no se pronuncie el juez competente al
respecto deberá seguir amparado el derecho de la accionante.
(…)»
63. A partir de la orden constitucional así dispuesta, resulta evidente para
la Sala que, de ella no se desprende el pago de salarios y prestaciones
sociales requeridas por la demandante.
64. Esta circunstancia, en principio hubiera dado lugar a negar la petición
elevada ante el ente territorial, pues, de conformidad con el criterio de esta
subsección, para retrotraer las cosas a su estado inicial, era necesario
demandar el acto administrativo de retiro del servicio ante el juez natural, a
efectos de estudiar su legalidad o ilegalidad. Así, en sentencia del Treinta (30)
de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019)26, se dilucidó:
«Así las cosas, si bien es cierto el restablecimiento del derecho derivado del
reintegro ordenado debe implicar el reconocimiento y pago de los derechos
salariales y prestacionales reclamados por el demandante, por ser ello la
consecuencia legal, lógica y natural que emana de tal ordenación, también lo
es que, tal efecto es propio en el escenario del proceso ordinario contencioso
laboral en el cual, se declara primeramente la nulidad del acto administrativo y
como consecuencia de la prosperidad de la pretensión declarativa, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena el reintegro de la parte demandante,
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B. Radicación No.
68001-23-33-000-2015-01293-01(4174-17). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
precisándose la manera como debe producirse el mismo, de tal suerte que, en
dicho proceso no solo se define lo atinente a la legalidad de la decisión
cuestionada sino que también, se precisa el restablecimiento del derecho no
siendo ello lo ocurrido en el presente asunto, en la medida que lo sucedido fue
sencillamente la protección de los derechos fundamentales alegados por el
accionante en el cual, se dispuso solo su reintegro.
Al respecto, el tratadista Luis Enrique Berrocal Guerrero al pronunciarse sobre
el concepto de anulación del acto administrativo, señaló que es la decisión
judicial de suprimirlo o hacerlo desaparecer del mundo jurídico a instancia de
parte, es decir, en virtud de la acción contenciosa administrativa, pero, es más,
expresó en relación con el medio de nulidad y restablecimiento del derecho que:
“(…) Aquí se busca la nulidad del acto, pero como condición necesaria para
obtener el restablecimiento de un derecho que ha sido afectado por el acto
administrativo que se demanda, y/o la reparación del daño que se le haya
causado al accionante (artículo 138 CPACA).
Por tanto, el juez, además de declarar la nulidad del acto administrativo,
podrá instituir disposiciones nuevas en remplazo de las contenidas en él,
así como modificar o reformar estas últimas (artículo 187 CPACA). Debido
a que ello, esta acción se conoce, desde sus orígenes en el derecho
administrativo y la jurisprudencia francesa, como acción de plena
jurisdicción, lo que significa que el juez tiene poder o autoridad para decidir
sobre las implicaciones del acto acusado.
(…)”.
En ese orden de ideas, el argumento expuesto por el recurrente no es válido
para el caso en concreto, por cuanto olvidó que en ningún momento se ha
debatido la legalidad el acto administrativo que culminó con su retiro; en efecto,
no obra prueba alguna que demuestre que el señor Oscar Ferney González
Martínez hubiese acudido ante la jurisdicción contenciosa, pues lo que hizo fue
que con ocasión de la sentencia de tutela que ordenó su reintegro, generar de
la administración un nuevo pronunciamiento, pretendiendo el pago de los
salarios y prestaciones sociales por el tiempo en que estuvo retirado del
servicio.
Como puede apreciarse, el actor no puede ahora pretender un reconocimiento
económico cuando el mismo no tiene origen ni en la sentencia de tutela del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, ni en algún proceso ante
la jurisdicción contenciosa en el que se hubiera debatido la legalidad del acto
de retiro, pues, se insiste, a través de fallo de tutela se le protegieron los
derechos fundamentales a la vida, el debido proceso y al mínimo vital, pero sin
que tal amparo haya ordenado el pago de salarios y prestaciones, toda vez que,
lo que genera o produce que las cosas vuelvan a su estado anterior, es la
declaratoria de nulidad del acto administrativo por haberse configurado una de
las causales que afecta la validez del acto administrativo acusado o, en su
defecto, cuando el juez de tutela se abroga la competencia del juez
administrativo y por vía de una sentencia sustitutiva o de reemplazo y bajo la
cuerda procesal del mecanismo constitucional de tutela, declara dicha nulidad,
20
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
condiciones éstas que no fueron precisamente las ocurridas en el presente
asunto.»
65. No obstante lo anterior, se tiene que, el secretario de Educación, a
efectos de dar cumplimiento a la orden de tutela, dispuso la liquidación y
ordenó el pago de los emolumentos en favor de la señora Aida Beatriz Sosa
Ramírez, causados durante el tiempo que estuvo retirada del servicio,
generando una situación particular y concreta en favor de la empleada.
66. A partir de esta actuación administrativa, es claro para la sala que, la
Resolución 6686 de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Quince (2015), por medio
de la cual, el secretario de Educación Departamental, resolvió el recurso de
apelación presentado por la demandante, el Nueve (9) de mayo de Dos Mil Catorce
(2014), confirmando el Decreto 0323 del 29 de abril de Dos Mil Catorce (2014) y
negando las prestaciones de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales, porque no fueron reconocidas en la sentencia de tutela No. 213 del Seis (6)
de diciembre del Dos Mil trece (2013), adolece de yerros que, tal como determinó
el A-quo, dan lugar a su declaratoria de nulidad.
67. En primer lugar, advierte la Sala que, el secretario de educación del
Departamento del Valle del Cauca, sustenta el acto administrativo, en la
resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Sosa Ramírez
contra el Decreto 0323 del Veintinueve de abril de Dos Mil Catorce (2014),
expedido por el gobernador departamental.
68. Tal como lo estableció el tribunal, no era competencia del secretario de
educación departamental del Valle del Cauca, resolver un recurso de
apelación frente a un decreto expedido por el gobernador del ente territorial.
69. Lo anterior por cuanto, el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, es
absolutamente claro en disponer lo siguiente:
«ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán
los siguientes recursos:
1. El de reposición, (…)
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional
con el mismo propósito.
21
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos
del nivel territorial.
(…)» Negrillas de la Sala.
70. Atendiendo el tenor literal de la norma, siendo el gobernador del
departamento del Valle del Cauca el jefe de la entidad, el Decreto 0323 del
Veintinueve de abril de Dos Mil Catorce (2014), no era susceptible del recurso
de apelación y menos aún, que el secretario de educación se considerase
superior de este para resolverlo; lo que concreta la falta de competencia y, por
ende, la nulidad del acto administrativo censurado.
71. Asimismo, la negativa del reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones, con fundamento en que estos no fueron dispuestos en la orden
de tutela, necesariamente implica la revocatoria directa de la Resolución No.
1410 del Diez (10) de marzo de Dos Mil Quince (2015), por medio de la cual,
se reliquidaron los valores a pagar, por concepto de salarios y prestaciones
sociales.
72. El artículo 97 de la Ley 1437 de 201127, frente a los actos administrativos
de carácter particular y concreto, estipuló de manera general que, para
proceder a su revocatoria directa, debe mediar la autorización expresa de su
titular, requisito sin el cual, la entidad no está habilitada, salvo las excepciones
dispuestas en la ley, para revocar su propio acto, debiendo demandarlo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
27
«ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley,
deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al
procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.»
22
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
73. En el acervo procesal que reposa en el plenario, no se evidencia que,
el secretario de Educación del departamento del Valle del Cauca, haya
adelantado el procedimiento de revocatoria directa, sino que, bajo el sustento
de estar resolviendo un presunto recurso de apelación (frente al cual no tenía
competencia), revocó el acto administrativo que reconoció el pago de
emolumentos a la demandante mientras estuvo retirada del servicio, actuación
que, al haber mediado un acto de contenido particular y concreto que,
reconocía unos derechos en favor de la demandante, requería su autorización
y en su ausencia, el acto administrativo está viciado de nulidad, tal y como lo
sentenció el tribunal de primera instancia.
74. Siendo así las cosas, en criterio de la Sala, el argumento de la
recurrente según el cual, a la demandante no le asistía el derecho reclamado
y su reconocimiento comprometía el debido proceso de la demandada, no
tiene vocación de prosperidad, por tanto y en cuanto, si bien es cierto, en
principio, no procedía el pago de salarios y prestaciones sociales, con base en
la sentencia de tutela No. 213 del Seis (6) de diciembre de Dos Mil Trece
(2013), proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, por no
haberse dispuesto de manera concreta al momento de ordenar el reintegro,
tampoco es menos cierto que, el ente territorial, reconoció los emolumentos
correspondientes al interregno del retiro del servicio, mediante un acto
administrativo de carácter particular y concreto, el cual, creó una situación
jurídica en favor de la demandante, lo que le imponía, adoptar el procedimiento
de la revocatoria directa ante la pretendida ilegalidad, y de no mediar
consentimiento de su titular, proceder a demandar su propio acto, en ausencia
de ello, tal como lo dilucidó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el
acto administrativo está viciado de nulidad, debiendo confirmarse la decisión
de instancia en este aspecto.
75. Corresponde a la Sala analizar, los argumentos de apelación del
extremo procesal activo, encaminados a que se produzca un pronunciamiento
de fondo por parte de la judicatura, respecto a las pretensiones de la demanda,
relativas a la orden de reconocimiento y pago de las cesantías causadas entre
los meses de enero y octubre de 2013, tiempo en que prestó sus servicios
como auxiliar administrativo con normalidad, y la consecuente sanción
moratoria, por falta de consignación.
23
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
76. La parte demandante aduce que, en la sentencia de primera instancia
se omitió el pronunciamiento frente a este aspecto, comprometiendo la
congruencia de la decisión judicial. Asimismo, en el escrito allegado en sede
de segunda instancia, consideró que, no es dable concluir que, la sentencia se
circunscribe a la fijación del litigio efectuado en primera instancia, dado que, al
juez le corresponde pronunciarse sobre todos los planteamientos de la
demanda.
77. Para resolver el recurso de apelación, es necesario remitirse al artículo
281 del CGP, que regula el principio de congruencia, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
(…).»
78. De acuerdo con la norma referenciada, la omisión del juez de
pronunciarse frente a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes
comprometen el principio de congruencia.
79. Sin embargo, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, este
principio debe concatenarse con los artículos 180 y 182 A de la Ley 1437 de
2011, en los que se establece que, o bien en la audiencia inicial, o bien al
momento de proferir auto para dictar sentencia anticipada, el director del
proceso debe fijar el litigio.
24
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
80. Así, en el proceso contencioso administrativo, el principio de
congruencia debe verificar los presupuestos delimitados por el juez en la
audiencia inicial, quien, en participación de las partes, bien sea en la audiencia
inicial, o por el traslado del auto que dispone dictar sentencia anticipada, fija
los extremos que le corresponde absolver al momento de dictar sentencia y
orientan los esfuerzos procesales de las partes para, según su rol, llevar al
convencimiento del juez sus argumentos fácticos y jurídicos en cada asunto
en particular, así lo ha expresado esta Corporación, entre otras en la sentencia
de Veintidós de julio de Dos Mil Veintidós28, en los siguientes términos:
«La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»29, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza
el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver
el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las
excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las
partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.»
81. En consonancia con lo anterior, la corresponsabilidad de los sujetos
procesales, al sentar su anuencia con la fijación del litigio dispuesta por el juez,
tiene absoluta incidencia respecto del principio de congruencia, pues, no
resulta admisible que, en una etapa procesal posterior, se pretenda añadir
puntos al problema jurídico, cuando la etapa procesal es preclusiva y garantiza
los derechos de acción, pero también de defensa y contradicción, al delimitar
el problema jurídico desde un estado inicial del proceso, teniendo las partes la
oportunidad legal para sentar su acuerdo o desacuerdo, cumpliendo así con
las cargas y obligaciones procesales que les corresponden, de conformidad
con el inciso final del artículo 10330 de la Ley 1437 de 2011.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. Radicación No.
23001-23-33-000-2013-00163-02 (4789-2018). M.P. William Hernández Gómez.
29
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
30
«ARTÍCULO 103. OBJETO Y PRINCIPIOS. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la
preservación del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y
los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe
ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.
25
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
82. La anterior conclusión, sin perjuicio de las facultades de saneamiento
que tiene el juez para encauzar en debida forma la cuestión litigiosa sometida
a su conocimiento, pero se insiste, sin que pueda convertirse en una
oportunidad adicional para que las partes procesales, pretendan corregir las
consecuencias derivadas de sus propias omisiones; por lo que no es atendible
para esta Corporación el argumento de la parte demandante según el cual,
con prescindencia de lo resuelto en la fijación del litigio, corresponde
pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones.
83. Para la Sala es claro, una vez analizado el escrito de demanda que, en
efecto, entre las pretensiones incoadas por la señora Aida Beatriz Sosa
Ramírez, se encuentran las relativas a las cesantías por el interregno
comprendido entre los meses de enero y octubre de 2013 y su consecuente
sanción moratoria, ante la falta de consignación, en los tiempos dispuestos
legalmente para tal fin.
84. Asimismo, la demanda contiene los fundamentos de estas
pretensiones, relativos a que, el departamento del Valle del Cauca omitió su
consignación, pese a que estos tiempos no corresponden al de la
desvinculación, sino que, fueron prestados con normalidad, en virtud de su
nombramiento y posesión, pero, el ente territorial se ha abstenido de
consignarlos a partir de la desvinculación del servicio, en los meses de
noviembre y diciembre de dicha anualidad.
85. Sin embargo, en la audiencia inicial, el litigio se fijó31 en los siguientes
términos:
«De conformidad con lo expuesto, la CONTROVERSIA JURÍDICA se contrae a
determinar la legalidad del acto administrativo demandado, estableciendo si la
señora AIDA BEATRIZ SOSA RAMÍREZ tiene derecho a que se le reconozcan
los salarios y prestaciones sociales solicitadas en la demanda, producto del
tiempo que estuvo desvinculada de la entidad demandada, a pesar de que la
referida sentencia de tutela que ordenó su reintegro al cargo de Auxiliar
Administrativo no emitió una orden en ese sentido, para lo cual deberá tenerse
en cuenta su ubicación dentro de la lista de elegibles conformada en la
Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de
colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las
cargas procesales y probatorias previstas en este Código.»
31
Expediente físico, folio 198, reverso.
26
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Resolución No. 2490 del 1 de junio de 2011, expedida por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para proveer los empleos de carrera de la Gobernación del
Valle del Cauca; así mismo deberá establecerse si había alguna causal para
proceder a la revocatoria de su nombramiento.»
86. Al tenor literal del problema jurídico establecido por la primera instancia,
es claro que, este se circunscribió al tiempo de desvinculación del servicio,
cuestión que, en principio llevaría a concluir a la Sala que, la pretensión relativa
al pago del auxilio de cesantías y su consecuente sanción moratoria, por el
tiempo en que la demandante prestó el servicio, esto es entre los meses de
enero y octubre de 2013, no se encuentran incluidos en la fijación del litigio.
87. No obstante, verificada la audiencia inicial, se encuentra que, aunque la
demandante puso de presente a la juzgadora de primera instancia, que en la
fijación del litigio hacían falta dichas pretensiones, la magistrada a cargo de la
diligencia fue categórica en manifestarle al extremo procesal activo que, en la
fijación del litigio estaban comprendidas la totalidad de las pretensiones,
señalando adicionalmente que, a partir de dicho problema jurídico, al momento
de dictar sentencia se absolverían todas aquellas elevadas por la parte
demandante32.
88. Vistas así las cosas, en este proceso, si bien en la delimitación del
problema jurídico, no se incluyó la pretensión relativa a las cesantías y aquella
encaminada a la sanción moratoria por el periodo comprendido entre enero y
octubre de 2013; cuestión que en principio daría lugar a abstenerse a
pronunciarse sobre este aspecto en sede de segunda instancia, lo cierto es
que, tal situación no obedeció a la incuria de la propia parte, quien en la etapa
procesal correspondiente, puso en evidencia la necesidad de complementar el
problema jurídico, pero fue la directora del proceso quien, consideró que sí
estaba incluida en la fijación del litigio, lo que le imponía resolverla en la
sentencia de primer grado.
89. Sin embargo, tal como lo aduce la recurrente, en la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no hubo pronunciamiento
específico sobre estas pretensiones, existiendo incongruencia en la sentencia,
lo que le impone a la Sala pronunciarse sobre el petitum.
32
Expediente físico, folio 200, audiencia inicial, minuto 22.
27
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
90. En criterio de la recurrente, la falta de pago de las cesantías por parte
del departamento del Valle del Cauca, entre los meses de enero y octubre de
2013, cuando se encontraba servicio activo, está ligada a la desvinculación
posterior del servicio y por lo tanto, procede el pronunciamiento expreso, de
cara a la nulidad dispuesta por el sentenciador de primera instancia.
91. La Sala no encuentra sustento en la pretensión de la demandante,
comoquiera que, ninguna de las peticiones, ni en sede de tutela, ni ante el ente
territorial, estuvieron encaminadas a este petitum, por lo cual, resulta
razonable que, la entidad no se haya pronunciado al respecto.
92. Adicionalmente, no existe razón jurídica, más allá del planteamiento de
la propia parte, para concluir que, la ausencia de pago de las cesantías en el
tiempo en que esta estuvo en servicio activo, tuvo como fundamento la
desvinculación posterior, pues se insiste, la parte, en ningún momento ha
buscado la manifestación de la voluntad de la administración en estos
términos.
93. En este orden de ideas, la pretendida declaratoria de nulidad, con
ocasión a la ausencia de pago de las cesantías, por el tiempo en que estuvo
en servicio, no guarda correspondencia con lo peticionado en sede
administrativa, y por lo tanto, siendo que, para demandar en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho, es necesario el pronunciamiento de la
administración de manera expresa o presunta; manifestación de la voluntad
que, en este caso debía ser provocado por la parte demandante, no existe
razón jurídica para, bajo esta misma cuerda procesal, resolver la pretensión.
94. Adicionalmente, llama la atención de la Sala que, la propia demandante
arguye la liquidación efectuada por la entidad en el mes de noviembre de 2014,
a partir de la desvinculación dispuesta mediante acto administrativo y, en sede
administrativa, al liquidar los emolumentos adeudados, no incluyó las
cesantías por este interregno, por lo que, en todo caso, aún si se admitiese el
estudio de fondo de la pretensión, no existirían elementos de juicio para
absolverla, aspecto que, correspondía a la propia parte acreditar.
95. En cuanto a la sanción moratoria, derivada de la falta de consignación
de las cesantías, por el tiempo de servicios comprendido entre los meses de
28
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
enero y octubre de 2013, al no prosperar la pretensión principal, relativa al
auxilio de cesantías, resulta inocuo pronunciarse sobre este punto, máxime,
que tampoco fue solicitado por la demandante ante el departamento del Valle
del Cauca.
96. A partir de las conclusiones que anteceden, la sala considera necesario
adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, para declarar
configurada la excepción de inepta demanda, frente a las pretensiones
relativas al auxilio de cesantías y su respectiva sanción moratoria, por el
interregno comprendido entre los meses de enero y octubre de 2013,
declaratoria que, puede efectuarse de oficio en esta instancia, de conformidad con el
inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según el cual el juez debe pronunciarse
sobre todas las excepciones probadas en el proceso, incluso si no fueron propuestas
por las partes u observadas por el A quo.
2.6. De la condena en costas en primera instancia
97. La parte demandante, consideró que existió temeridad en la actuación
de la entidad demandada, porque, para negar los derechos de la demandante,
emitió el acto administrativo demandado, resolviendo por segunda vez un
recurso cuya decisión se encontraba en firme, y, por utilizar esta decisión, no
solo para negar el pago de los salarios y prestaciones del tiempo que se separó
a la demandante de su cargo, sino también, para justificar hasta la fecha, la no
consignación del auxilio de las cesantías de los meses de enero a octubre del
año 2013, periodo en el que la demandante laboró con normalidad.
98. La posición mayoritaria de la Sala ha sostenido de manera reiterada
que, si bien el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, otorga al juez la facultad
de valorar la procedencia de las costas, ello implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar
que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el
simple resultado adverso del proceso33.
33
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, sentencia de 27 de enero de 2017. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter;
Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), reiterada por el mismo ponente en el radicado 05001-23-33-000-
2014-00767-01(2227-16). Sentencia del 2 de octubre de 2019; Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16),
de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
29
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
99. En relación con la condena en costas, el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA), dispone:
«ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.»
100. Como se señala en la norma transcrita, la condena en costas integra la
sentencia que define la litis, la cual se constituye en un orden judicial que obliga
a una de las partes de un juicio a pagar los gastos generados por el
proceso. Las costas incluyen las expensas generadas en el curso de la
controversia y las agencias del derecho.
101. Ahora bien, en cuanto a la interpretación de la palabra “dispondrá”
prevista en la norma trascrita, la Sala34 ha señalado que, tiene una segunda
acepción en el diccionario de la Real Academia Española que significa: «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello se traduce y así se ha
entendido, que el enunciado según el cual, «la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas», no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio, “sino que exige un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida,
que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma”.
102. De igual forma, cuando la ley prevé que la liquidación y ejecución se
regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General
del Proceso, no implica entender que deberá atenderse a las reglas allí
señaladas para los eventos en que procede la condena en costas, sino que,
en caso de acreditar su causación, la liquidación y ejecución seguirá esas
disposiciones. Así, la remisión a las normas del procedimiento civil está
precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016, radicado 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter
30
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
un pronunciamiento sobre la condena en costas, y que solo en caso de
encontrar acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución
debe acudirse al Código General del Proceso35.
103. El artículo 79 del Código General del Proceso (C.G.P.) prevé:
“Artículo 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido
temeridad o mala fe en los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la
demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal
y expedito del proceso.
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”.
104. El artículo 365 ibidem, por su parte, consagra las reglas que deben
tenerse en cuenta para la condena en costas, como se observa a continuación:
“Artículo 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación,
queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de
primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda.
35
Así se dijo en la sentencia proferida por esta Subsección el 11 de julio de 2024, en
el proceso con radicado 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)
31
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas,
el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada
se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas,
a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere
sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por
no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y
en los casos de desistimiento o transacción” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
105. De conformidad con las normas en cita, la condena en costas es una
facultad del Juez que no opera de forma automática en manera objetiva,
entendida de una manera restrictiva, sino que, está sujeta a la valoración que
se haga de la conducta de la parte vencida, que permita calificarla como
temeraria o constitutiva de abuso de sus atribuciones y derechos procesales.
106. De ahí que, una interpretación que resulta acorde con la finalidad de la
norma, vista de un modo integral con el resto del ordenamiento jurídico,
permite establecer que solo habrá lugar a costas, cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación y cuando se
establezca que alguna de las partes obró con temeridad o mala fe.
107. La jurisprudencia de la Sala36 en dicha temática ha precisado que, si
bien el ordenamiento jurídico habilita al juez para condenar en costas, también
le exige realizar juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
36
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Reiteración en sentencia del 2 de julio de 2022. Exp. 4134-2016. M.P. Sandra Lisset Ibarra.
32
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la
actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente
aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del
artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.
108. En cuanto a la facultad que tiene el juez para aplicar el criterio subjetivo
en la condena en costas, la Sala37 ha señalado:
«[De]be reiterar la Sala lo expuesto por esta sección sobre el
particular,38 en la medida que el artículo 188 del CPACA39 entrega al
juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, lo cual debe
resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal,
tales como la conducta de las partes, y que principalmente deben
aparecer causadas y comprobadas, siendo consonantes con el
contenido del artículo 365 del CGP40; descartándose así una
apreciación solamente objetiva sobre el particular, que simplemente
consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas, pues se
exige una valoración de la conducta.
En el caso concreto, observa la Sala que el juez de primera instancia
no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte
vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la
jurisprudencia, no encontrándose además ninguna causación de
expensas que justifiquen su imposición a la parte demandante, quien
37
Sentencia del 8 de septiembre de 2017. Exp. 1327-16. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
38
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
39
Condena es Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
40
Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con
la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.3.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos
de su decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.9. Las estipulaciones de las
partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en
los casos de desistimiento o transacción.
33
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho de acción.
Por ello, se revocará el ordinal tercero de la sentencia apelada.»
109. En oportunidad posterior, la Sección Segunda también ha sostenido:
“La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que
disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su
causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de
que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (Artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (Artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten
el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por
ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (Artículo 79 CGP). Así las cosas, frente al
resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció
de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía
de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que
la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo
consideró. Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa
deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas,
puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las
resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha
imposición surge después de tener certeza de que la conducta
desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
34
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder
de la parte demandante, no se impondrá condena en costas”41.
110. De conformidad con el desarrollo normativo y jurisprudencial en la
materia, no es dable en el sublite, acceder a la condena en costas, atendiendo
los argumentos de la parte demandante, porque estos hacen referencia a los
mismos reproches sustantivos de la demanda, y respecto de la actuación en
sede administrativa, sin que se aduzcan situaciones que, comprometan la
actuación procesal en sede judicial, respecto de la cual, no se vislumbra por
esta Sala, temeridad o mala fe, por lo que se confirmará la decisión de primera
instancia que negó la condena en costas.
2.7. Condena en costas de segunda instancia
111. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente, la sentencia del Veintisiete (27) de
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Veintisiete (27)
de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, el cual quedará así:
41
Sentencia del 2 de octubre de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16). M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
35
Número Interno: 1672-2025
Demandante: Aida Beatriz Sosa Ramírez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
«CUARTO: DECLARAR de oficio, la excepción de inepta demanda frente a
las pretensiones relativas al auxilio de cesantías y su respectiva sanción
moratoria, por el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de
2013. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.»
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.