Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00382-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00382-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-004-2016-00382-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-004-2016-00382-01 (4338-2024)
Demandante: Jorge Iván Monsalve Hernández
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Temas: Retiro del servicio activo por «Llamamiento a Calificar Servicios».
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 9 de mayo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. Se solicitó la nulidad del Decreto 1572 del 31 de julio de 20151, por medio de
la cual se retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares al demandante.
3. Como restablecimiento del derecho, se exigió su reintegro al cargo que venía
desempeñando al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior
categoría, con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde que fue retirado del servicio y hasta el día en que
se produzca su reincorporación.
4. Subsidiariamente se demandó la incorporación del actor al escalafón
complementario, teniendo en cuenta las condiciones profesionales en su
grado y por haber cumplido los requisitos de tiempo mínimo y excelente
conducta para continuar en la institución.
Hechos que fundamentan la demanda.
5. Desde su ingreso al Ejército Nacional, el accionante siempre se destacó por
ocupar los primeros puestos en los cursos de ascenso, por contar con una
hoja de vida impecable y por no tener sanciones de ninguna índole. Prueba
1 Folios 26 a 29 del PDF 15 del expediente digital.
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Demandante: Jorge Iván Monsalve Hernández
de ello es que en los últimos 10 años fue evaluado en lista uno (1) de
clasificación.
6. Durante su estancia en la institución castrense se hizo merecedor de 44
medallas y 253 felicitaciones, 59 de ellas en el grado de coronel. Además, en
reconocimiento de su hoja de vida fue seleccionado en 6 oportunidades para
comisiones en el exterior y fue el único coronel de su promoción que
comandó 3 unidades de nivel brigada en su grado.
7. Al terminar su estadía en el Colegio Real de Defensa en Londres, fue
asignado como jefe del Estado Mayor de la Tercera División en Popayán y
ante la dimisión de varios generales, se le asignó el mando de la Tercera
Brigada en Cali, unidad que bajo su mando logró resultados superiores a los
obtenidos por los anteriores comandantes.
8. El 2 de febrero de 2015 solicitó al comandante del Ejército Nacional su
inscripción en el escalafón complementario. Sin embargo, mediante el Oficio
20155531299933 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-ASC-53-3 del 10 de
febrero de 2015 se le informó que en la actualidad no se contaba con
disponibilidad de cupos para su ingreso.
9. Mediante el Decreto 1572 del 31 de julio de 2015 el presidente de la
República retiró al señor Monsalve Hernández bajo la modalidad de
llamamiento a calificar servicios, a pesar de no tener investigaciones penales
o disciplinarias en curso y/o ejecutoriadas que pudiesen evitar su postulación
para adelantar el curso de ascenso.
Fundamentos de derecho.
10. Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2.°, 4.°,
29 y 209 de la Constitución Política; numeral 3.° del artículo 57 del Decreto
1512 de 2000; Decreto Ley 1790 de 2000 y artículo 44 de la Ley 1437 de
2011. Al desarrollar el concepto de violación, se expuso lo siguiente:
11. El acto demandado está viciado por falsa motivación pues, aunque no todos
los militares pueden alcanzar los cargos más altos en las Fuerzas Militares,
la elección de los promovidos debe respetar a los que tengan perfiles
adecuados, siendo el demandante uno de los coroneles con mejor
desempeño académico y militar, incluso por encima de aquellos que fueron
seleccionados para ascenso.
12. La motivación que se realizó obedeció al poder de los integrantes de la Junta
de Generales, encargados de votar por los coroneles considerados dentro
del grupo de alumnos que deben realizar el curso de altos estudios militares.
La situación planteada sería diferente si los perfiles de los 13 seleccionados
fueran superiores al del accionante, en cuanto a condiciones profesionales,
militares, morales e intelectuales se refiere.
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Demandante: Jorge Iván Monsalve Hernández
13. Bajo estos presupuestos, el retiro del coronel Jorge Monsalve se produjo por
no ser llamado al Curso de Altos Estudios Militares - CAEM 2015, decisión
que, se reitera, estuvo en manos de la citada junta.
14. De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1790 de
2000, el retiro de un oficial del Ejército Nacional debe tener como objetivo el
mejoramiento del servicio. Por ello, cuando la desvinculación no tenga esa
finalidad se constituye la desviación de poder, como ocurrió en el presente
caso.
15. El Consejo de Estado declaró la nulidad de un acto administrativo que,
invocando la modalidad de llamamiento a calificar servicio, desvinculó a un
oficial del Ejército Nacional a quien, en el año inmediatamente anterior al
retiro, se le registraron 66 anotaciones positivas relacionadas con su
profesionalismo, ejercicio en el mando, competencias administrativas y buen
desempeño. En dicha providencia se indicó que los militares con esas altas
calidades se esperan en las filas castrenses, a fin de garantizar el
cumplimiento de los fines que la Constitución Política le impone a la fuerza
pública.
16. En el caso de marras, la decisión demandada no estuvo acorde con los fines
previstos en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, ni
tampoco resultó proporcional a los que supuestamente le sirvieron de causa,
pues en sus últimos años en la institución, el demandante obtuvo anotaciones
favorables que daban cuenta de su idoneidad personal y profesional para
desempeñar el grado que ostentaba.
Contestación de la demanda.
17. Dentro de la oportunidad de ley, el Ejército Nacional contestó la demanda2,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con
tales fines alegó:
18. La parte actora confunde dos situaciones diferentes: de un lado, la selección
de los candidatos al curso de estado mayor, requisito esencial para ascender
al grado inmediatamente superior y, de otro, la facultad discrecional del
ministro de defensa de llamar a calificar servicios a los funcionarios que
llevan más de 15 años en la institución militar.
19. En ese contexto, precisó que la no inclusión en el curso de estado mayor no
constituye un requisito para el retiro por la aludida modalidad. Los oficiales
que no son recomendados tienen la posibilidad de continuar en la institución
por 5 años más en el escalafón complementario, para lo cual deben
manifestar su voluntad, situación que no ocurrió en el presente caso.
2 Folios 230 a 254 del PDF 15 del expediente digital.
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20. Aunque en la demanda se adujo que el actor contaba con una buena hoja de
vida, los otros compañeros que fueron seleccionados también la tenían, pero
solamente fueron escogidos los necesarios para llenar las vacantes, de
acuerdo con la planta de personal y los que, a consideración de la junta
asesora, reunían las mejores condiciones para ser brigadier general.
21. Sostuvo que, aunque la ley no establece un procedimiento específico para el
estudio de ascensos, frente al personal militar se basa en la trayectoria
institucional registrada en el folio de vida, el cual contiene calificaciones
anuales, evaluaciones, sanciones y reconocimientos.
22. En el caso del demandante, es claro que el gobierno nacional tuvo en cuenta
el interés general y no las consideraciones particulares que se dicen en la
demanda. Además, siendo el llamamiento a calificar servicios una decisión
que no requiere motivación alguna, salvo el cumplimiento del requisito que la
persona haya cumplido 15 años de servicio.
23. Así las cosas, la decisión cuestionada se ajustó a los parámetros previstos
en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000.
Sentencia de primera instancia.
24. Mediante sentencia de 9 de mayo de 20243, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas al demandante. Con tales propósitos, concluyó lo siguiente:
25. Mediante el Decreto 1572 del 31 de julio de 2015, el actor fue retirado por la
causal del llamamiento a calificar servicios, decisión que se fundamentó en
los artículos 99 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, entre otras
disposiciones. En la parte motiva del acto se dejó constancia de que, según
certificación del 19 de enero de 2015, suscrita por el oficial de Altas y Bajas
de la Dirección de Personal del Ejército Nacional el demandante contaba con
tiempo de labores superior a 15 años, lo que lo hacía merecedor a la
asignación de retiro.
26. Además, dicha decisión tuvo en cuenta la recomendación de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa consignada en el Acta 10 del 26 de
diciembre de 2014, en la que se indicó que el demandante no fue
seleccionado para integrar el curso de altos estudios militares CAEM-2015.
27. De acuerdo con la doctrina constitucional, que al expedir el acto no se
requiera motivación, no implica que esa figura sea utilizada como
herramienta de persecución, discriminación o abuso de poder. Por ende,
quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de dicha
3 PDF 52 del expediente digital.
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modalidad, debe demostrar esos hechos y, además, que su objetivo no
estuvo encaminado a mejorar el servicio, sino a satisfacer los intereses
personales del nominador.
28. Tales situaciones no fueron evidenciadas, toda vez que el buen desempeño
militar no otorga una estabilidad laboral absoluta, ni mucho menos limita la
facultad discrecional, pues el cabal cumplimiento de las funciones es
connatural al ejercicio de la labor castrense.
29. Tampoco es de recibo que el desempeño y formación de los oficiales y
suboficiales configure una expectativa legítima de ascenso, de estabilidad y
permanencia en la institución militar, en razón a que la decisión de retiro no
depende de ellos.
30. Tanto la decisión de negar el ingreso del accionante al curso de altos estudios
militares, como la negativa a inscribirlo en el escalafón complementario, son
absolutamente independientes de la facultad discrecional prevista en el
artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, la cual se funda única y
exclusivamente en la acreditación de que su destinatario tiene los requisitos
para disfrutar de su asignación de retiro y, además, de que previamente se
obtuvo la recomendación por parte de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares.
31. Quedó demostrado que el demandante, una vez tuvo conocimiento de su no
inclusión en el curso de altos estudios militares CAEM - 2015, radicó el 2 de
febrero de ese año una petición ante el comando del Ejército Nacional en la
que exigió ser inscrito en el escalafón complementario, solicitud que fue
negada mediante oficio del 10 de febrero de 2010. Sin embargo, en la
demanda no se solicitó su nulidad y tampoco se expuso el concepto de
violación respecto a esta pretensión.
Recurso de apelación.
32. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del demandante la recurrió
en apelación4. En su intervención, censuró que el tribunal de primera
instancia hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:
33. Si bien el a quo acertó en dar por cierto que el demandante tuvo una
destacada carrera militar, estos distintivos no se tuvieron en cuenta, pese a
lo establecido por la Corte Constitucional.
34. De los documentos aportados al proceso, se advierte una arbitrariedad en el
llamamiento a calificar servicios, dado que el señor Monsalve Hernández
cumplió con los requisitos para continuar vinculado en el grado que ostentaba
o, incluso, para ser promovido a uno superior.
4 PDF 53 del expediente digital.
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35. Al actor se le vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que las razones
por las cuales la junta asesora recomendó su retiro del servicio solo las pudo
conocer en el trámite judicial.
36. Con la desvinculación que ahora se demanda, el Ejército Nacional no mejoró
el servicio, pues el coronel Monsalve fue el único de su promoción que
comandó tres unidades de nivel brigada en su grado así: la Décima Brigada
del Cesar y La Guajira, la Brigada Móvil Nro. 8 con sede en Planadas -Tolima
y la Jefatura de Estado Mayor de la Tercera División en Popayán. Además,
reiteró que obtuvo mejores calificaciones que varios de los oficiales que
fueron promovidos.
37. Con fundamento en lo anterior, en el presente caso se presentó una clara
desviación de poder ejercida por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,
toda vez que el demandante contaba con una mayor experticia y preparación
académica que otros uniformados, prueba de ello son las múltiples
felicitaciones y condecoraciones por su actuar militar que no justifican un
retiro discrecional.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
38. La admisión del recurso. Mediante auto de 25 de septiembre de 20245 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de los plazos previstos en los
numerales 4° y 6° del artículo 247 del CPACA, solo intervino la apoderada de
la parte demandada,6 quien solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia.
39. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo
que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
40. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta
Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación presentado.
5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 Actuación visible en el índice 9 de la plataforma SAMAI.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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41. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,9 la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos
por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayas apelado
toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto
es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el
apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante único.
42. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, le corresponde a la Sala establecer sí:
42.1 ¿El acto administrativo demandado fue expedido con desviación de
poder?
42.2 ¿Con la decisión cuestionada se vulneró el derecho al debido proceso
del coronel Jorge Iván Monsalve Hernández?
42.3 ¿La hoja de vida del actor y su buen desempeño militar fueron
valoradas por el tribunal de primera instancia?
El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.
43. Primer interrogante: ¿El acto administrativo demandado fue expedido con
desviación de poder?
44. La desviación de poder como causal de nulidad del acto administrativo.
En el artículo 137 del CPACA la «desviación de las atribuciones propias de
quien profirió el acto administrativo», comúnmente conocida como
«desviación de poder» se erige, con autonomía, como una causal de
anulación que se concreta, en sentir de la jurisprudencia de esta Subsección
«[…] cuando el acto si bien fue expedido por órgano o autoridad competente
y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que
ha fijado el ordenamiento jurídico».10
45. Esta irregularidad se configura cuando la finalidad perseguida con la decisión
es distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos
administrativos dimanados de la potestad discrecional, debe demostrarse
que existe contradicción entre el objeto perseguido por la ley y el alcanzado
por su autor. Así, para el caso bajo estudio, es necesario acreditar que con
la determinación acusada se desmejoró la prestación del servicio militar.
9 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]»
10 Sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente No. 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). C.P. Dr.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
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46. Por tanto, al invocar esta causal de nulidad, el demandante deberá aportar
las pruebas pertinentes que le permitan al fallador verificar si esas
condiciones se presentaron o no -independientemente de si tal objetivo fue o
no expresado en él-, esto es, si tal finalidad satisfizo los intereses públicos
-tales como la garantía de buen servicio- o, por el contrario, si fue ajena a la
norma o normas que posibilitaron su emisión. Sobre el particular, en
sentencia de 16 de julio de 2020,11 esta Sala de Subsección concluyó:
«Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien
ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien
puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades
legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le
corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses
públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar
la competencia en cuestión.
Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del
derecho público y con el fin de someter los actos administrativos
discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que
precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la
discrecionalidad».
47. Esta Corporación, aunque ha reconocido las dificultades que se pueden
presentar en punto a la demostración de esta causal, no ha morigerado la
carga probatoria que le asiste a quien la alega. Por tanto, el interesado
deberá acreditar que el interés o móvil que subyace a las expresiones de la
determinación gubernamental, escapan a la finalidad prevista en la
disposición citada como fundamento de aquella.
48. Así las cosas, y de acuerdo con lo analizado, la Sala abordará el primer
interrogante.
49. Como se anotó en el acápite anterior, corresponde a la parte actora
demostrar la causal de nulidad por «desviación de poder», para lo cual
deberá acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los autorizados por la norma que le sirvió de base.
50. En el presente caso, el abogado apelante insistió en que la decisión
demandada está impregnada por esa irregularidad, pues no propendió por el
mejoramiento del servicio, dado que el actor tuvo mejores calificaciones que
varios compañeros que ascendieron y también contaba con una experticia y
preparación académica mayor a la de varios coroneles, fundamentada en
felicitaciones y condecoraciones.
51. Advierte la Subsección que la afirmación relacionada con el “no mejoramiento
del servicio” carece de respaldo probatorio para hacer brotar el nexo causal
con la aludida desvinculación.
11 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18), C.P. William Hernández Gómez.
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52. En primer lugar, se desconoce la lista de los oficiales que ascendieron, los
puntajes obtenidos y los parámetros aplicados para su selección. Si bien se
aportaron extractos de hoja de vida de algunos oficiales que si fueron
seleccionados al Curso de Altos Estudios – CAEM-2015, ello no desvirtúa la
legalidad del acto acusado. La comparación entre las hojas de vida de
oficiales promovidos y aquellos que no fueron no afecta la validez del acto
administrativo de retiro, siempre que se cumplan los requisitos legales
establecidos para el llamamiento a calificar servicios, situación que se
acreditó en el plenario.
53. A ello se suma que los oficiales convocados al curso también registran en
sus hojas de vidas12 múltiples felicitaciones, condecoraciones y anotaciones
positivas, lo que evidencia que la trayectoria destacada no era exclusiva del
actor.
54. En segundo lugar, conforme la reiterada jurisprudencia de esta Corporación13
la formación académica, el buen desempeño y la idoneidad en el ejercicio de
un empleo público se exige de todo servidor estatal. De suerte que, la
excelente trayectoria militar no restringe la potestad discrecional con que
cuenta el Gobierno Nacional para conformar la cúpula de las Fuerzas
Militares y, de contera, señalar quienes no pueden continuar en servicio
activo.
55. Por ende, se insiste, las condecoraciones, felicitaciones y anotaciones
positivas en la hoja de vida del personal uniformado no condicionan la
voluntad del nominador para definir qué oficiales son idóneos para continuar
en el servicio, pues con esos fines atiende elementos tales como la
conveniencia, oportunidad y necesidad del servicio.
56. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que, según lo establecido en el
artículo 66 del Decreto Ley 1790 de 2000, el gobierno nacional tiene total
libertad para escoger a los coroneles que ascenderán al grado de brigadier
general, por lo que, el cumplimiento de los requisitos de ley y aun la
superación del “Curso de Altos Estudios Militares”, no garantiza la aludida
promoción.
57. En consecuencia, no se demostró que el acto enjuiciado haya incurrido en
«desviación de poder». Lo que si se acreditó fue que el ente accionado
satisfizo los requerimientos legales previstos para emplear esa figura, esto
es: i) que su destinatario había cumplido las exigencias para acceder a la
asignación de retiro y; ii) que previamente la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para las Fuerzas Militares emitió la recomendación de
retiro.
12 PDF 1 del expediente digital.
13 Entre otras, sentencia del 27 de marzo de 2025 con radicado interno (1701-2022) c.p: Juan Camilo Morales
Trujillo, sentencia del 18 de abril de 2024 con radicado interno (0763-2023) c.p: César Palomino Cortés.
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58. Segundo interrogante: ¿Con la decisión cuestionada se vulneró el derecho
al debido proceso del coronel Jorge Iván Monsalve Hernández?
59. La Sala responde que el derecho alegado no fue vulnerado por la entidad
demandada.
60. El abogado de la parte actora insistió en que antes de su desvinculación la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares no emitió
ningún concepto de retiro, amén de que éste solo fue conocido en el curso
de este proceso.
61. Sobre el particular, precisa la Sala que, a diferencia de lo afirmado por el
recurrente, sí existió concepto previo a su retiro. Véase que mediante el Acta
10 del 26 de diciembre de 201414 la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares recomendó la desvinculación del actor, por haber
cumplido más de 15 años de servicio en la institución castrense y por tener
derecho a la asignación de retiro. Además, se indicó que fue seleccionado a
calificar servicios porque no fue considerado para el Curso de Altos Estudios
– CAEM-2015.
62. Ahora, frente al reparo relacionado con la falta de comunicación del
documento mencionado, la Sala recuerda que su eventual ocurrencia no
afecta la validez de las decisiones administrativas sino su eficacia. Con todo,
se destaca que el actor tuvo pleno conocimiento de los fundamentos de esa
recomendación, pues fueron consignados en el acto administrativo que
ordenó su desvinculación del servicio militar. Por tanto, se descarta la
infracción de ese derecho fundamental.
63. Tercer interrogante: ¿La hoja de vida del actor y su buen desempeño militar
fueron valoradas por el tribunal de primera instancia?
64. La Sala responde que, para negar las pretensiones de la demanda, el a quo
sí reseñó y valoró las pruebas que el demandante aportó en el libelo. Véase
que en la parte considerativa de la sentencia apelada se indicó que:
«[…] pues si bien el demandante aseguró que su retiro no tuvo en cuenta la
mejora del servicio porque desconoció el buen servicio que prestó en la
carrera militar, además de sus calidades académicas y amplios
reconocimientos y condecoraciones, los que incluso considera superan a los
de los oficiales que fueron llamados al curso de asenso CAEM 2015, no
obstante, esa situación, por si sola, no constituye un abuso de poder que
vicie de ilegalidad el acto administrativo, ya que según lo advierte la
jurisprudencia “ el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad
absoluta y no limita la facultad discrecional, pues el cabal cumplimiento de
las funciones es connatural al ejercicio de la labor”. Además, no se puede
pretender que el desempeño y formación de los oficiales y suboficiales,
constituyan el amparo de una expectativa legítima de ser ascendidos y no
14 Folios 307 a 316 del PDF 15 del expediente digital.
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ser retirados del servicio, en razón a que la decisión de retiro no depende en
todo de tales ítems [...]»
65. Lo anterior demuestra que, contrario a lo afirmado por el apelante, el a quo
sí evaluó las evidencias aportadas al plenario. No obstante, llegó a la
conclusión de que tales medios no desvirtúan la presunción de legalidad del
acto demandado, situación que comparte esta Sala15, pues se reitera que la
existencia de un desempeño sobresaliente y el cumplimiento de los requisitos
para ascender, no le otorga a su titular un derecho adquirido de inamovilidad
en el cargo, ni mucho menos limita la facultad discrecional del Estado para
gestionar la renovación de las Fuerzas Militares.
66. Por lo que sigue, y en atención a que los cargos formulados en la apelación
no prosperaron, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
67. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en costas a
la parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de 2021,
tal sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la demanda -en
nuestro caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue presentada con
«manifiesta carencia de fundamento legal».
68. Así las cosas, se considera que los argumentos vertidos en el escrito
impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte actora sustentó su
posición en razones jurídicas que, aunque no fueron acogidas por la Sala, no
se estiman irracionales y carentes de fundamento jurídico. En consecuencia,
no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 9 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovió el señor Jorge Iván Monsalve Hernández en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
15 En sentencia del 28 de noviembre de 2024, con radicado 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023), se
llegó a esa misma conclusión.
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Radicado: 76001-23-33-004-2016-00382-01 (4338-2024)
Demandante: Jorge Iván Monsalve Hernández
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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