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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-01335-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-01335-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fallida la apelación y, como consecuencia, se deja incólume la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra López [en representación de Angie Tatiana Verjan Sierra] Jhon Alexander y Brahiam Stiven Verjan Sierra, con fundamento en lo expuesto en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. 16En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 13 Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025) Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMT 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-004-2016-01335-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante: Jhon Alexander y Arnulfo Verjan Sierra y Saida Marleny Sierra
López
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reliquidación de la pensión de vejez del Inpec. Deber de
sustentación del recurso de apelación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra López [en representación de Angie
Tatiana Verjan Sierra] Jhon Alexander y Brahiam Stiven Verjan Sierra presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo1 en orden a que se declarara la nulidad parcial
de la Resolución PAP 027605 del 29 de noviembre de 2010, y total de las

1 En adelante CPACA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

resoluciones UGM–014566 del 24 de octubre de 2011, UGM 030721 del 1º de
febrero de 2012, RDP 022667 del 22 de julio y RDP 025161 del 15 de agosto de
2014, actos por medio de los cuales la entidad previsional reconoció la pensión
vejez sin tener en cuenta el régimen especial de alto riesgo de los empleados del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario2.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron i) la reliquidación de la pensión, «de jubilación especial de alto riesgo, en
cuantía de […] $2’034.871 […] a partir del día 7 de octubre de 2011, con el 85% del
promedio de todos y cada uno de los factores salariales devengados durante el último año
de servicio laborado, aplicando en su integridad los estipulado en la SENTENCIA No
25000-23-25-000-2002-06829-01 (3146-05) del CONSEJO DE ESTADO, Sección
Segunda, del 10 de agosto de 2006, en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado,
del 4 de Agosto de 2010, en armonía con lo preceptuado en el art. 45 del Decreto 1045 de
1978, y el art. 21 del Código Sustantivo del Trabajo» [sic]; ii) el pago del retroactivo
pensional causado desde el 7 de octubre de 2011 [fecha de su retiro]; iii) el
«des[cuento] [de] las sumas de dineros que se prueben se le haya cancelado a mi
mandante […] por concepto de mesada pensional y reliquidación de la pensión de vejez»;
iv) el pago de los intereses comerciales y de mora según el artículo «177 del Código
Contencioso Administrativo»; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 192 y siguientes del CPACA; vi) el pago de $96’652.500 por concepto de
perjuicio materiales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de perjuicios morales y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
por concepto de perjuicios fisiológicos; y vii) la condena en costas y agencias en
derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Arnulfo Verjan Ríos [Mediante Escritura Pública 1553 emitida el 13 de julio de
2009 fue registrado el cambio de nombre de Fenulfo Verjan Ríos a Arnulfo Verjan
Ríos] nació el 26 de junio de 1965 en Ibagué [Tolima], prestó sus servicios para la
Policía Nacional, en el cargo de agente desde el 1º de enero de 1984 hasta el 30
de septiembre de 1987, durante 3 años y 9 meses. Laboró para el Inpec, en el cargo
«Distinguido» grado 12, código 5255, desde el 16 de septiembre de 1988 hasta el 7
de octubre de 2011, fecha de su retiro, durante 23 años y 14 días. Así las cosas,
adquirió el estatus pensional el 15 de septiembre de 2008.

3.2. El 6 de agosto de 2000, contrajo matrimonio con Saida Marleny Sierra López en

2 En adelante Inpec

2

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

la Parroquia Santa Rosa de Lima de Cali [Valle del Cauca], unión de la cual nacieron
Jhon Alexander, Brahiam Stiven y Angie Tatiana Verjan Sierra.

3.3. A través de la Resolución 003829 del 21 de septiembre de 2011, la Dirección
General del Inpec aceptó la renuncia de Arnulfo Verjan Ríos [Fenulfo Verjan Ríos]
al cargo «Distinguido» código 4112, a partir del 7 de octubre de 2011.

3.4. Mediante la Resolución PAP 27605 del 29 de noviembre de 2010, Cajanal
reconoció la pensión vejez en cuantía de $938.403, sin tener en cuenta el régimen
especial de alto riesgo.

3.5. Por medio de la Resolución UGM 014566 del 24 de octubre de 2011, la entidad
previsional negó la reliquidación de la prestación. Decisión confirmada a través de
las resoluciones «UGM 014566 de fecha 24 de octubre del año 2011» y UGM 030721
del 1º de febrero de 2012.

3.6. Se solicitó la extensión de jurisprudencia y el Consejo de Estado negó « el
beneficio solicitado a través Resolución RDP No, 005825 del 20 de febrero de 2014, la cual
confirma en todas la Resolución No. 14566 del 24 de octubre de 2011» [sic].

3.7. El 2 de mayo de 2014, pidió nuevamente la reliquidación de la prestación, la cual
fue negada por la Ugpp, mediante la Resolución RDP 022667 del 22 de julio de
2014. Esta decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 025161 del 15
de agosto de 2014.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 29, 48 53, 58 y 90 de la
Constitución Política; 96 y 114 de la Ley 32 de 1986; 1 de la Ley 33 de 1985; 4 de
la Ley 4 de 1966; 184 del Decreto 407 de 1994 y los decretos 446 de 1994, 1045 de
1978.

5. En cuanto al concepto de violación3, expuso que los actos acusados fueron
expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, toda vez que el
IBL incluye todos los factores salariales que retribuyen la prestación del servicio, de
manera que para garantizar los principios de igualdad material, primacía de la
realidad sobre las formalidades y favorabilidad en material laboral, resultaba viable
la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año
de prestación de servicios. Además, los factores previstos en el Decreto 446 del 24

3 Índice 45 de Samai del tribunal, actuación denominada Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.zip)(.zip) NroActua 45, CD1.

3

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

de febrero de 1994 «no son taxativos son meramente enunciativo, tal como lo ha aclarado
la misma Corporación ya citada, Sala plena, a través de la Sentencia de Unificación,
permitiendo incluir otros factores que también fueron devengados por el trabajador durante
el último año de servicio laborado» [sic].

6. Asimismo, «la negativa de reconocer la pensión de jubilación del régimen especial de
alto riesgo a favor de mi mandante […] con todos los factores que constituyen salario por
mandato legal, no puede llegar al desconocimiento de las exigencias de la ley y de los
principios fundamentales constitucionales, ya que de ser así no se estaría dando
cumplimiento a los fines esenciales del estado, si no por el contrario estaríamos frente a un
estado autoritario, que además de desconocer los derechos fundamentales constitucionales
de sus nacionales, les niega la posibilidad de vivir una vida en condiciones digna[s], porque
no les da un trato acorde con su condición humana, aun teniendo pleno conocimiento que
el afectado con su decisión es un padre cabeza de familia» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

7. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:

7.1. Con la expedición de los actos acusados no se configuró causal alguna, toda
vez que la entidad reconoció la prestación y la posterior reliquidación, como
consecuencia de la cual fue elevada la cuantía a $1’335.312, efectiva a partir del 7
de octubre de 2011. Sin embargo, no era posible acceder a la reliquidación en los
términos solicitados por el pensionado, toda vez que adquirió el estatus pensional
el 15 de septiembre de 2008, en vigencia de la Ley 100 de 1993, de manera que le
fue aplicado el tiempo y monto determinados por el artículo 96 de la Ley 32 de 1986;
no obstante, en cuanto al IBL, por remisión expresa de los artículos 114 de la Ley
32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, le era aplicable el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.

7.2. En cuanto a la prima de riesgo «a pesar de estar consagrada específicamente tal
prima, esta no constituye factor de salario de conformidad con lo contenido en el citado
artículo, por lo cual no se puede incorporar dentro de la liquidación de la pensión, solo se
podría tener en cuenta si en dado caso el certificado de factores salariales lo define como
un factor salarial a lo cual se procedería a efectuar el correspondiente descuento del 5%,
tal afirmación se reitera en el artículo 10 del Decreto 611 de 2007».

7.3. Como
excepciones formuló las siguientes: i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos

4 Índice 45 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada: Contrato

104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 45.

4

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Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

administrativos demandados; y iii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la sentencia proferida el
19 de diciembre de 20245 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida en el proceso. Para tal efecto se pronunció
así:

8.1. El beneficio del régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986 no fue objeto de
controversia en el presente asunto, por lo que el problema jurídico se centró en la
forma en la que fue liquidada la prestación. Al respecto, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, según el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 «las
pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y
cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios», de
manera que calcularla con el 85% no resultaba viable.

8.2. Asimismo, en tanto las disposiciones de la Ley 100 de 1993 no eran aplicables
a los servidores públicos beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el reconocimiento de
la prestación debía efectuarse con el 75% del promedio mensual obtenido durante
el último año de servicio, con la inclusión de los factores establecidos en el Decreto
446 de 1994, como se computó en la Resolución RDP 022667 del 22 de julio de
2014. En efecto, en el acto demandado se tuvieron en cuenta la asignación básica,
el auxilio de alimentación, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios
prestados y las primas de navidad, vacaciones y servicios, de manera que «aunque
la pensión fue inicialmente mal reconocida no tuvo impacto en el demandante porque su
corrección y pago posterior se hizo desde la fecha misma en que se retiró del servicio y
comenzó a gozar de la prestación».

8.3. En cuanto a los factores correspondientes a la prima de riesgo, el subsidio por
unidad familiar y la bonificación por recreación, se advierte que los 2 primeros fueron
excluidos expresamente como factores pensionales en los artículos 11 y 15 del
Decreto 446 de 1994 y el último corrió igual suerte mediante los artículos 15 del
Decreto 446 de 1994 y el 14 del Decreto 916 de 2005.

8.4. Finalmente, negó la condena en costas, con fundamento en los artículos 188
del CPACA y 365 del Código General del Proceso, al no encontrarse acreditada su
causación.

5 Índice 46 de Samai del tribunal, actuación denominada:
20Sentenciaquen_20160133500RELIQUIDA(.pdf) NroActua 46.

5

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

1.4. El recurso de apelación

9. Los demandantes solicitaron que se revocara la sentencia de primera instancia y,
después de transcribir las consideraciones de la sentencia de primera instancia,
manifestaron lo siguiente6:

«Con el mayor respeto manifiesto a la señora Honorable Magistrada del TRIBUNAL
CONTENCIOSO DEL VALLE DEL CAUCA doctora LUZ ELENEA SIERRA VALENCIA, que en mi
calidad de apoderado […] me declaro inconforme con la sentencia objeto del recurso de
apelación por cuanto no es clara, coherente no se ajusta a derecho y es contraria a la
constitución y a la ley.

Por todo los expuesto solicito […] se sirva REVOCAR Y MODIFICAR la SENTENCIA S/N de
Primera Instancia de fecha 19 de diciembre de 2024 […] Notificada el día 14 de enero
de 2025 […] por ser contraria a la ley y en su derecho se sirva conceder las pretensiones
solicitadas en la presente demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho a favor de mis mandantes por haber sido perjudicados con el actuar de los
funcionarios de la entidad demandada».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio8.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscribe a establecer

6 Índice 53 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7 Según lo dispuesto en el auto proferido el 23 de julio de4 2025, mediante el cual fue admitido el

recurso de apelación, visible en el índice 5 de Samai.
8 Notificación a índice 7 de Samai
9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

6

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

lo siguiente:

13. ¿Si el recurso de apelación presentado por los demandantes permite abordar un
estudio de fondo sobre los argumentos expuestos en la sentencia de primera
instancia? y, de ser así ¿si Arnulfo Verjan Ríos tenía derecho a la liquidación de la
pensión especial de vejez, como exservidor del Inpec, con la inclusión de la totalidad
de los factores salariales devengados durante el último año de servicio?

2.2. Deber de sustentación del recurso de apelación

14. A través del recurso de apelación se materializa el principio de la doble instancia
establecido en el artículo 31 de la Constitución Política. Los artículos 320 y
siguientes del Código General del Proceso10 establecen que este recurso se
encuentra regido por presupuestos de procedencia, legitimación, interés,
oportunidad y sustentación que al acreditarse permiten que « el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».

15. Ahora, el artículo 322 del CGP prevé que el recurso puede interponerse contra
sentencias bajo reglas de procedencia, como lo es «precisar, de manera breve, los
reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que
hará ante el superior». En ese orden, la argumentación expuesta ante el juez de
segunda instancia se entenderá «sustentación suficiente» siempre que «el recurrente
exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada».

16. Por su parte, el artículo 328 ibidem dispone que el juez de segunda instancia
solamente se pronunciará sobre los reparos concretos expuestos en la sustentación
del recurso de apelación, pues son los argumentos que las partes exponen en el
recurso las que delimitan la competencia del juez de segunda instancia para adoptar
la decisión. En este sentido, la norma establece que «[e]l juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

17. La Corte Constitucional en la sentencia C-718 de 2012 indicó que la finalidad del

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10 En adelante CGP. Artículos aplicables al caso concreto por remisión expresa del artículo 306 del

CPACA, normativa que ya estaba en vigencia antes de la interposición del recurso de apelación,
esto es, el 27 de enero de 2022.

7

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

recurso es que se revise la providencia recurrida por otro funcionario ante el cual se
amplía la deliberación del asunto y sirve, además, para evitar la ocurrencia de
errores judiciales.

18. En el mismo sentido, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia SU-
418 del 11 de septiembre de 2019 al revisar las sentencias proferidas en el trámite
de una acción de tutela presentada contra una providencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que había confirmado la decisión de primera instancia
con el argumento de que la parte actora había sustentado en debida forma el
recurso de apelación.

19. La providencia en cita confirmó las sentencias de tutela que negaron el amparo
porque encontró acreditado que la decisión judicial se sustentó en que la
argumentación del recurso fue «abstracta y escasa». A su vez, indicó que «[f]rente a
la sustentación de la apelación, - contra la providencia de primer grado, el impugnante o
recurrente tiene la obligación o la carga procesal de señalar las discrepancias, toda vez que
esas discrepancias son las que deberán ser analizadas y resueltas en la providencia de
segunda Instancia».

20. La Corte precisó que el recurso de apelación constituye un mecanismo judicial
eficiente para concretar la garantía de la doble instancia. Este mecanismo permite
corregir los yerros en que pudo incurrir el juez o fallador en la adopción de una
determinada decisión judicial, siempre que el interesado o el afectado con la
providencia los exponga de manera precisa o concreta, sin convertir la apelación en
una herramienta para «probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse
a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que
el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige
que la apelación deba ser sustentada»11.

21. En esa línea, la sustentación de la impugnación se convierte en una carga
procesal ineludible para quien la presenta, pues son las razones que en ella se
plasman las que permiten al juez de segunda instancia examinar la decisión del de
primera. Esta carga argumentativa es la que da lugar a delimitar el problema jurídico
a resolver, por lo que en ella se debe señalar de manera clara y precisa los errores
en que incurrió la providencia del a quo12. Por lo tanto, la ausencia de motivos que
refuten la providencia o la exposición de otros que nada tienen que ver con el asunto
debatido torna imposible su revisión.

22. En efecto, los razonamientos del recurso de apelación deben permitir la

11 Corte Constitucional, sentencia SU-418 del 11 de septiembre de 2019.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2019. Radicado

25000-23-42-000-2012-00832-01(2769-15).

8

Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

confrontación de la motivación plasmada por el juez de primera instancia para
decidir el caso. Esto implica que tiene que existir una relación directa entre la
fundamentación de la apelación y la de la providencia recurrida, puesto que «[…] un
escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes a desvirtuar las razones que
fundamentan el fallo de primera instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter
oficioso por parte de la segunda instancia […]»13.

2.3. Caso en concreto

23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente14:

23.1. Arnulfo15[Fenulfo] Verjan Ríos nació el 26 de junio de 1965. Contrajo
matrimonio con Saida Marleny Sierra López [fecha nacimiento: 3 de abril de 1973]
el 6 de agosto de 2000, en la Parroquia Santa Rosa de Lima de Cali [Valle del
Cauca]. Unión de la cual nacieron Brahiam Stiven, el 3 de octubre de 1997, Jhon
Alexander, el 6 de diciembre de 1993 y Angie Tatiana Verjan Sierra, el 28 de febrero
de 2005.

23.2. El jefe de división financiera del Inpec certificó lo devengado durante el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 2008.

23.3. Por medio de la Resolución PAP 027605 del 29 de noviembre de 2010, la
entidad previsional reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez con el 75%
de lo devengado durante los 10 últimos años de servicios, según la fecha del estatus
pensional del 15 de septiembre de 2008, efectiva a partir del 1° de octubre de 2008,
condicionada al retiro definitivo del servicio.

23.4. A través de la Resolución 003829 del 21 de septiembre de 2011, el director
general del Inpec aceptó la renuncia de «Fenulfo» Verjan Ríos al cargo de
«Distinguido Código 4112 Grado 12 del EPC de Jamundí», a partir del 7 de octubre de
2011.

23.5. Mediante la Resolución UGM 014566 del 24 de octubre de 2011, la entidad
previsional negó la reliquidación de la prestación, al considerar que «la aplicación del
Decreto 1045 de 1978 no es posible acceder a esta petición ya que el peticionario adquirió
el [e]status el 15 de septiembre de 2008 y dicha normatividad solo es aplicable para las
personas que adquieren el [e]status jurídico de pensionado antes del 29 de agosto de

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019.
Radicado 13001-23-33-000-2015-00035-01(4719-16).
14 Índice 48 de Samai del tribunal, archivo «00.ExpedienteDigital.pdf»
15 Según el Registro Civil de Nacimiento [indicativo serial 40480178] fue cambiado el nombre de

Fenulfo por Arnulfo mediante escritura pública 1553 del 13 de julio de 2009, fecha de inscripción: 29
de julio de 2009.

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Radicado: 76001-23-33-004-2016-01335-01 (1434-2025)
Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

1985». Decisión confirmada por medio de la Resolución UGM 030721 del 1° de
febrero de 2012.

23.6. A través de la Resolución RDP 005825 del 20 de febrero de 2014, la Ugpp negó
una solicitud de extensión de jurisprudencia en la cual Arnulfo Verjan Ríos pidió la
aplicación del precedente judicial correspondiente a la sentencia del 4 de agosto de
2010, proferida por el Consejo de Estado en el expediente 25000-23-25-000-2006-
07509-01 (0112 09).

23.7. El subdirector operativo del Inpec certificó la prestación del servicio entre el 16
de septiembre de 1988 y el 6 de octubre de 2011, tiempo durante el cual ejerció los
cargos de dragoneante [desde el 16 de septiembre de 1988 hasta el 1° de abril de
1996] y distinguido [desde el 2 de abril de 1996 hasta el 6 de octubre de 2011].

23.8. A través de Resolución RDP 022667 del 22 de julio de 2014, la Ugpp ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez y manifestó que «ante el cotejo de dos normas
aplicables habrá de escogerse la más favorable; sin embargo, dado que el solicitante, de
conformidad con el análisis que en precedencia se realizó, adquirió el [e]status pensional el
día 15 de septiembre de 2008, fecha para la cual cumplió con el tiempo de servicios
requerido por la Ley 32 de 1986, es decir, 20 años de servicio, se puede establecer que de
acuerdo con el principio de inescindibilidad según la cual se elige la norma que sea más
favorable al trabajador, pero en su totalidad, sin aplicarse parcialmente, ya no podría
aplicarse en su totalidad la Ley 100 de 1993. El interesado fue retirado del servicio por
medio de Resolución No. 3829 del 21 de septiembre de 2011, a partir del 7 de octubre de
2011. Son disposiciones aplicables: Ley 32 de 1986, Decreto 407 de 1994, Acto Legislativo
01 de 2005 y CCA». Decisión confirmada por medio de la Resolución RDP 025161
del 15 de agosto de 2014.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

24. En el caso concreto, Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra López [en
representación de Angie Tatiana Verjan Sierra] Jhon Alexander y Brahiam Stiven
Verjan Sierra solicitaron la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la
entidad previsional reconoció la pensión vejez sin tener en cuenta el régimen
especial de alto riesgo de los empleados del Inpec.

22.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que, a Arnulfo Verjan Ríos le asistía derecho al
reconocimiento de la prestación con el 75% del promedio mensual obtenido durante
el último año de servicio, con la inclusión de los factores establecidos en el Decreto
446 de 1994, como en efecto fue computado en la Resolución RDP 022667 del 22
de julio de 2014, en la cual se tuvieron en cuenta la asignación básica, el auxilio de

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Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

alimentación, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios prestados y las
primas de navidad, vacaciones y servicios.

22.2. En consecuencia, concluyó que «aunque la pensión fue inicialmente mal reconocida
no tuvo impacto en el demandante porque su corrección y pago posterior se hizo desde la
fecha misma en que se retiró del servicio y comenzó a gozar de la prestación».

25. En el recurso de apelación, los demandantes solicitaron que se revocara la
decisión de la primera instancia y una vez transcritas las consideraciones del fallo
de primera instancia señalaron: «me declaro inconforme con la sentencia objeto del
Recurso de Apelación por cuanto no es clara, coherente no se ajusta a derecho y es
contraria a la Constitución y a la Ley. Por todo los [sic] expuesto solicito […] se sirva
REVOCAR y MODIFICAR la SENTENCIA S/N de Primera Instancia de fecha 19 de
diciembre de 2024 […] Notificada el día 14 de enero de 2025 […] por ser contraria a la ley
y en su derecho se sirva conceder las pretensiones solicitadas en la presente demanda de
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho a favor de mis mandantes por haber sido
perjudicados con el actuar de los funcionarios de la entidad demandada».

26. Al respecto, según el marco normativo expuesto, la Sala advierte una falta de
carga argumentativa del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia, puesto que no presentaron argumentos
concretos tendientes a desvirtuar las consideraciones del tribunal.

27. El recurso simplemente se limitó a indicar su inconformidad con lo dispuesto en
la primera instancia por el a quo, sin que fuera expresado algún reparo preciso en
relación con la liquidación de la prestación en concordancia con el régimen especial
concluido, ni respecto de la normativa aplicada para ello, en razón al ejercicio como
servidor del Inpec.

28. En efecto, los demandantes omitieron controvertir de forma concreta los
argumentos del a quo para concluir que no era procedente la aplicación del artículo
45 del Decreto 1045 de 1978 y de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto
de 2010, por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, a su
vez, del 85% del promedio de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio o la inclusión de la prima de riesgo, de la bonificación por recreación
y el subsidio de unidad familiar.

29. En suma, la carga argumentativa en el recurso de apelación se refiere a la
obligación del recurrente de fundamentarlo con argumentos sólidos que demuestren
los errores o desacuerdos de la sentencia proferida en la primera instancia. No
basta, como se hiciera este asunto, con expresar una inconformidad general o
abstracta, sino que se deben señalar específicamente los errores de hecho o de

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Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

derecho que justifican la revocación de la decisión.

30. Así las cosas, los recurrentes incumplieron con el deber de señalar de manera
clara y precisa los errores en que pudiese haber incurrido el a quo en la providencia
y, por tanto, el recurso de apelación carece de falta de carga argumentativa porque
no presenta fundamentos de hecho y de derecho tendientes a desvirtuar las
consideraciones del tribunal.

31. En atención a lo hasta aquí considerado, la Sala mantendrá incólume la sentencia
proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que la parte
demandante no cumplió con la carga de identificar concretamente los yerros con
base en los cuales respaldaba el recurso de apelación, pues simplemente se limitó
a indicar su desacuerdo con la decisión, sin haber hecho un señalamiento concreto
ni específico de lo concluido por el tribunal de primera instancia. En ese sentido, al
tratarse de un instrumento judicial que le permite al juez de instancia soportar la
decisión de revocar o modificar la decisión del a quo resulta insuficiente su
contenido.

2.5. Costas

32. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

33. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

34. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

aplicación razonable de la norma16.

35. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

36. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

37. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los recurrentes
incumplieron con el deber de señalar de manera clara y precisa los errores en que
incurrió el a quo en la providencia y, por tanto, el recurso de apelación carece de
carga argumentativa porque no presenta fundamentos de hecho y de derecho
tendientes a desvirtuar las consideraciones del tribunal, lo cual impide analizar los
reproches allí formulados, puesto que vulnerarían los derechos de defensa y
contradicción de las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fallida la apelación y, como consecuencia, se deja incólume la
sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Arnulfo
Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra López [en representación de Angie Tatiana
Verjan Sierra] Jhon Alexander y Brahiam Stiven Verjan Sierra, con fundamento en
lo expuesto en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

16En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante Arnulfo Verjan Ríos, Saida Marleny Sierra
López, Jhon Alexandre y Brahian Stiven Verjan Sierra.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT

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