Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-004-2017-01222-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-004-2017-01222-01 (2368-2024)
Demandante: Rosa Elvira Serna Herrera
Litisconsortes: María Seneida Mejía de Quintero y Floriberto Mejía Quintero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─
Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución de la asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes. Requisitos para que se conceda, en
forma vitalicia, la sustitución pensional. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora Rosa Elvira Serna
Herrera, contra la sentencia proferida el veintinueve (29) de enero de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. 514 del 7 de febrero de
2013 y No. 4669 del 12 de julio de 2013, se le ordenó a la demandada pagar la
sustitución de la asignación de retiro a la señora María Seneida Mejía de Quintero
y se negaron las demás pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Rosa Elvira Serna Herrera instauró demanda contra CASUR, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 514 del 7 de febrero de 2013,
proferida por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, por medio de la cual se suspendió el trámite de la sustitución de
asignación de retiro que pudiere corresponder a las señoras Rosa Elvira Serna
Herrera o María Seneida Mejía de Quintero, y se dejó pendiente el reconocimiento
del 50% del total de la prestación, que pudiere corresponder al señor Floriberto
Mejía Quintero.
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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara el reconocimiento
y pago de la pensión de sobreviviente, en proporción del 50%, en su calidad de
compañera permanente del señor Floriberto Quintero Guerrero, y el otro 50% a la
señora María Seneida Mejía de Quintero, en calidad de cónyuge, desde el 20 de
septiembre de 2012, fecha en la que falleció el causante.
Que se reconozcan y paguen todas las sumas correspondientes a las mesadas
pensionales, primas semestrales y de navidad, incluyendo el valor de los aumentos
que se hubieren decretado, debidamente indexados.
Que las sumas reconocidas se indexen de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Floriberto Quintero Guerrero trabajó para la Policía Nacional y obtuvo
su estatus pensional el 10 de diciembre de 1985, en cuantía equivalente al 95% del
sueldo básico y las partidas computables para el grado de cabo segundo.
Que sostuvo una unión marital de hecho con el causante desde 1962 y hasta que
este falleció.
Que el señor Floriberto Quintero Guerrero era quien velaba por su sostenimiento y
la proveía de alimentación, vestuario, vivienda y servicios médicos.
Que fruto de su relación procrearon a Eucaris, Iván y Floriberto Quintero Serna.
Que el 6 de agosto de 1966, el causante contrajo matrimonio con la señora María
Seneida Mejía de Quintero, de cuya unión nació el señor Floriberto Mejía Quintero.
Que la señora María Seneida Mejía de Quintero solicitó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes el 17 de octubre y el 27 de diciembre de 2012.
Que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el 3 de diciembre de
2012.
Que mediante Resolución No. 514 del 7 de febrero de 2013, la demandada
suspendió el trámite de la sustitución de asignación de retiro, toda vez que se
presentaron varias personas a reclamar el derecho.
Que, como consecuencia de ello, instauró proceso legal para que se reconociera la
unión marital de hecho con el causante. Que dicha pretensión fue desestimada por
los jueces de familia, aunque se dejó constancia que, en principio, sí existió una
relación de convivencia entre ellos.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
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Se indicaron como normas violadas los artículos 13 y 42 de la Constitución Política;
y el Decreto 4433 de 2004.
En el concepto de violación expresó que el Consejo de Estado ha reiterado su
interpretación sobre las normas que regulan el régimen especial prestacional de la
fuerza pública para que, en casos de controversia entre la cónyuge y la compañera
permanente que sostienen que hubo convivencia simultánea con el causante, se
reconozcan los derechos prestacionales en las mismas condiciones y proporción.
Que los artículos 13 y 42 constitucionales permiten afirmar la legitimidad que tiene
la compañera permanente para reclamar su derecho a la sustitución pensional, al
gozar de los mismos derechos prestacionales que le corresponden a la cónyuge
supérstite.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 22 de noviembre de 2017 se admitió la demanda y se dispuso vincular
a los señores María Seneida Mejía de Quintero y Floriberto Mejía Quintero, en
calidad de litisconsortes necesarios de la parte pasiva 1.
La entidad demandada contestó la demanda indicando que los hechos eran
parcialmente ciertos, toda vez que el señor Floriberto Quintero Guerrero percibía
asignación de retiro desde el 21 de mayo de 1986 2.
Los señores María Seneida Mejía de Quintero y Floriberto Mejía Quintero se
opusieron a las pretensiones de la señora Rosa Elvira Serna Herrera, indicando que
entre esta y el causante no existió un vínculo marital. Que el causante nunca veló,
económicamente, por ella ni por sus hijos.
Que no era cierto que ostentara la calidad de compañera permanente del señor
Floriberto Mejía Quintero porque durante sus últimos 3 años de vida, a este le era
imposible desplazarse desde la zona urbana del municipio de Guadalajara de Buga,
en el cual residía, hasta el corregimiento de Presidente, zona rural del municipio de
San Pedro, en donde vivía la señora Rosa Elvira Serna Herrera 3. En esa
oportunidad procesal, igualmente, presentaron demanda de reconvención 4.
Por auto del 5 de octubre de 2018, se corrigió el auto admisorio de la demanda en
el sentido de indicar que la vinculación al proceso de los señores María Seneida
Mejía de Quintero y Floriberto Mejía Quintero se haría en calidad de litisconsortes
necesarios de la parte activa y se rechazó, por improcedente, la demanda de
reconvención 5.
El 30 de mayo de 2019 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 6. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
1
Véanse los folios 103-104.
2
Véanse los folios 121-123.
3
Véanse los folios 130-134.
4
Véase el cuaderno 2 anexo.
5
Véase el folio 172.
6
Véanse los folios 192-194.
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dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la señora Rosa Elvira
Serna Herrera.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024), ordenó a la demandada
pagar la sustitución de la asignación de retiro a la señora María Seneida Mejía de
Quintero, tras considerar que al momento del fallecimiento del causante esta
ostentaba su condición de cónyuge, aun cuando se probó que su sociedad conyugal
fue liquidada de mutuo acuerdo desde 1994, lo cual no era causal de disolución del
matrimonio.
Que si bien era cierto que el inciso final, del parágrafo 2° del artículo 11 del Decreto
4433 2004 exige que la sociedad conyugal permanezca vigente para efectos de que
la cónyuge tenga derecho a la sustitución de la asignación de retiro, dicho requisito
se exige exclusivamente cuando acuden a reclamar la prestación tanto el
compañero (a) permanente como el cónyuge del causante, cuya convivencia no fue
simultánea con este último y a pesar de mantenerse vigente la unión conyugal,
existe una separación de hecho durante los últimos 5 años de vida del causante.
Que lo anterior no ocurrió, pues la prueba recolectada demostró que entre la señora
María Seneida Mejía de Quintero y el señor Floriberto Quintero Guerrero existió una
convivencia permanente desde el momento en que contrajeron matrimonio, hasta
la fecha en que este último falleció; es decir, no se acreditó la existencia de una
separación de hecho entre ambos, que tornara necesario exigir la vigencia de su
sociedad conyugal para que la señora Mejía de Quintero pudiera acceder al
reconocimiento prestacional.
Que las declaraciones rendidas al interior del proceso fueron concisas e inequívocas
en señalar que conocieron a la pareja conformada por la señora María Seneida
Mejía de Quintero y el señor Floriberto Quintero Guerrero, explicando que
convivieron como esposos prestándose apoyo mutuo hasta el momento en que este
último falleció, que la convivencia de la referida pareja fue constante e
ininterrumpida y que, en los últimos años, residían en la carrera 14 # 12-29 del barrio
Sucre del municipio de Buga, aunado a que afirmaron no haber conocido a otra
pareja que de forma simultánea conviviera con el señor Floriberto Quintero
Guerrero, aunque el testigo Jefferson Andrés Vásquez Ortiz sí dijo tener
conocimiento de la existencia de otra hija del causante llamada Eucaris Quintero
Serna, pero no de una relación entre aquél y la señora Rosa Elvira Serna Herrera.
Que también se aportaron declaraciones extraprocesales que, a pesar de no haber
sido ratificadas en el proceso, tenían pleno valor probatorio. Que de esas
declaraciones importaba aquella que fue rendida por el mismo causante, en la que
dejó constancia que la señora María Seneida Mejía de Quintero era su cónyuge,
que convivían junto con su hijo Floriberto Quintero Mejía en la Carrera 14 # 11-29
de la ciudad de Buga en calidad de arrendatarios y que este núcleo familiar
dependía económicamente de él.
Que los declarantes María Ruth Mejía de Robledo, Lepoleon Caicedo y Luis Carlos
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Rivera García, también expusieron que la mencionada pareja convivió en ese
mismo lugar de habitación desde el año 1999 y hasta el momento en que el
causante falleció.
Que todo ello encontraba respaldo en la prueba documental aportada, pues del
contrato de arrendamiento allegado podía determinarse que la casa ubicada en la
carrera 14 # 11-29 de la ciudad de Buga fue arrendada por los señores Floriberto
Quintero Guerrero, María Seneida Mejía de Quintero y Floriberto Quintero Mejía
desde el 1° de septiembre de 1999.
Que, asimismo, en formato de la Policía Nacional diligenciado el 6 de febrero de
2002, el causante designó a su cónyuge y a su hijo como sus únicos beneficiarios,
e incluso, otorgó testamento el 24 de julio de 2012, en el cual, además de indicar
que convivía para ese momento con su cónyuge en el lugar de habitación tantas
veces mencionado, decidió, de forma voluntaria, transmitir su asignación de retiro,
una vez falleciera, a la señora María Seneida Mejía de Quintero, en su calidad de
cónyuge y a su hijo Floriberto Quintero Mejía, por su condición de invalidez, en
partes iguales.
Que, con lo anterior, podía concluirse que la señora María Seneida Mejía de
Quintero cumplía los requisitos exigidos en la norma para acceder de forma vitalicia
a la sustitución de la asignación de retiro solicitada por el fallecimiento del causante.
Que, por su parte, la señora Rosa Elvira Serna Herrera no solicitó la práctica de
prueba testimonial alguna tendiente a verificar el requisito de convivencia y los
elementos de convicción que reposaban en el expediente no permitían concluir que
entre ella y el causante hubiese existido una convivencia ininterrumpida durante los
últimos 5 años de vida de este.
Que la demandante pretendía que se valorara la prueba testimonial que fue
recolectada y estudiada al interior del proceso que se surtió ante la jurisdicción
ordinaria, en su especialidad de familia, en el que solicitó que se declarara la
existencia de una relación marital de hecho entre ella y el fallecido desde febrero de
1962 y hasta el 20 de septiembre de 2012, pero que, se limitó a aportar las
sentencias adoptadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Primero de
Familia de Buga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga–Sala Civil
Familia, y no aportó o solicitó la aludida prueba testimonial para que fuese valorada
como prueba trasladada.
Que mediante sentencia del 29 de mayo de 2018, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga–Sala Civil Familia declaró la existencia de una unión marital de
hecho y de la sociedad patrimonial que de allí se deriva entre la señora Rosa Elvira
Serna Herrera y el señor Floriberto Quintero Guerrero desde el 21 de octubre de
1963 y hasta el 5 de agosto de 1966, día anterior al momento en que el causante
contrajo matrimonio con la señora María Seneida Mejía de Quintero, la cual se
declaró disuelta y en estado de liquidación.
Que la decisión adoptada en la aludida providencia, no le permitía acceder al
derecho prestacional reclamado, en la medida que el escaso periodo de existencia
de la relación marital de hecho no alcanzó el mínimo de convivencia de 5 años
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inmediatamente anteriores al deceso del causante que la norma exige.
Que la señora Rosa Elvira Serna Herrera tan solo contó con las declaraciones
extraprocesales rendidas por los señores Tirso Rivera Cárdenas, Jorge Enrique
González y Alba Mery Rivera Cárdenas (las cuales obran en el expediente
administrativo que aportó la demandada) quienes afirmaron que ella era la
compañera permanente del causante y que convivieron, de forma continua e
ininterrumpida, por espacio superior a 20 años bajo el mismo techo en el
corregimiento de Presidente, municipio de San Pedro, hasta el día en que este
último falleció.
Que ello no era suficiente para dar por acreditada una convivencia simultanea entre
el causante y las dos mujeres que acudieron a solicitar la sustitución de su
asignación de retiro, comoquiera que los testimonios que fueron inicialmente
valorados, una vez confrontados con la prueba documental, dejan claro que el señor
Floriberto Quintero Guerrero residía con su cónyuge para el momento en que
falleció en la carrera 14 # 12-29 del barrio Sucre del municipio de Buga.
Que la prueba valorada en su conjunto imposibilitaba tener la certeza necesaria
para otorgar el derecho prestacional reclamado por la señora Rosa Elvira Serna
Herrera, en la medida que las declaraciones extrajudiciales traídas al proceso
presentaban serias inconsistencias en sus relatos e imprecisiones que no podían
pasarse por alto, máxime cuando la legislación no admite que se otorgue el
beneficio de la sustitución pensional a una persona que no demostró, sin lugar a
dudas, mantener una relación real de pareja con el pensionado, basada en un apoyo
mutuo.
Que, si bien entre la señora Serna Herrera y el causante pudo existir algún tipo de
relación sentimental, ello no demuestra que entre ellos haya existido vida marital,
seguida de una convivencia no inferior a 5 años inmediatamente anteriores al
fallecimiento del causante, en los términos del parágrafo 2°, del artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004.
Que frente al señor Floriberto Quintero Mejía se tenía que aportó tres experticias
distintas, de las cuales, solo la emitida por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Valle del Cauca calificó la pérdida de capacidad laboral con un valor
que normativamente puede ser considerado como un estado de invalidez, esto es,
en un 50,10%. Que, sin embargo, en ese dictamen se plasmó como fecha de
estructuración de esa invalidez el 26 de mayo del año 2016, esto es, con
posterioridad al deceso del causante ocurrido el 20 de septiembre del 2012.
Que no obraron pruebas adicionales que permitieran concluir que la fecha de
estructuración plasmada en el dictamen emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca deba cambiarse por una que resulte
anterior al deceso del causante, debido a que no se aportaron las historias clínicas
del señor Floriberto Quintero Mejía en las que se soportaron esas calificaciones y
en razón a ello, no existió forma de establecer si las causas de la invalidez se
produjeron con antelación al fallecimiento de su padre.
Que tampoco se cumplió con el requisito de dependencia económica, en la medida
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que se acreditó que el señor Quintero Mejía devengaba una pensión de invalidez y
no demostró que los ingresos percibidos por concepto de esa prestación le fueran
insuficientes para vivir en condiciones dignas, en garantía de un mínimo vital
cualitativo7.
RECURSO DE APELACIÓN
La señora Rosa Elvira Serna Herrera interpuso recurso de apelación en el que
manifestó que se comprobó que ella y la señora María Seneida Mejía de Quintero
convivieron con el causante durante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento.
Que la sentencia de la jurisdicción de familia determinó que entre ella y el causante
sí existió una relación de convivencia y que dicha prueba se aportó al proceso.
Que el Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias allegadas y no decretó pruebas de
oficio, las cuales eran necesarias, máxime cuando indicó que del proceso de la
jurisdicción ordinaria no se trasladaron las pruebas allí practicadas.
Que solo valoró las pruebas aportadas por la señora María Seneida Mejía de
Quintero y no las sentencias que allegó, en las que le reconocieron una convivencia
simultánea con el causante. Que las sentencias de la jurisdicción de familia
plasmaron múltiples testimonios que daban cuenta que conformó una familia con el
causante, los cuales no se valoraron.
Que con base en lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia T-466 de
2023, el Tribunal desconoció que las sentencias sí son prueba contundente y hacen
tránsito a cosa juzgada.
Que no se tuvo en cuenta que la sociedad conyugal conformada entre la señora
María Seneida Mejía de Quintero y el causante fue liquidada, razón por la que esta
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por cuanto los
efectos patrimoniales cesaron una vez se liquidó esta 8.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 6 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara para fallo.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si a la señora Rosa Elvira Serna
Herrera le asiste o no razón jurídica para reclamar la sustitución de la asignación de
7
Véase a índice 65 de SAMAI del Tribunal.
8
Véase a índice 70 de SAMAI del Tribunal.
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retiro del señor Floriberto Quintero Guerrero, para lo cual deberá verificarse si probó
o no su calidad de compañera permanente y el tiempo de convivencia, anterior a la
muerte, que exige la norma.
Marco normativo aplicable a la sustitución de la asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública
Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes del mismo.
Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la
sustitución pensional o la pensión de sobreviviente como un mecanismo de
protección a los familiares del trabajador pensionado, que busca suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba un afiliado o pensionado al grupo
familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Este derecho es una protección directa a la familia, cualquiera que sea
su origen o fuente de conformación.
Bajo esa lógica, atendiendo al hecho que la Ley 100 de 1993 en su artículo 279
excluyó a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional,
expresamente, de su ámbito de aplicación, se expidió la Ley 923 de 2004 que, en
su artículo 3°, dispuso:
“ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,
que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
[…]
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será
establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el
parentesco con el titular.
En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de
retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con
este. La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
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máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema
para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos
con el causante aplicará el numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensiona do por invalidez
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan
los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte en letra itálica, CONDICIONALMENTE exequible> En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente,
la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o
de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o
el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al
numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco (5) años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a
la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente” (cursivas y
subrayas originales).
La anterior ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004 que, sobre la
sustitución de la asignación de retiro, preceptúa así:
“Artículo 40. Sustitución de la asignación de retiro o de la pensión. A la
muerte de un Oficial, Suboficial, alumno de la escuela de formación o
Soldado de las Fuerzas Militares, Oficial, Suboficial, miembro del Nivel
Ejecutivo, Agente o alumno de la escuela de formación de la Policía
Nacional, en goce de asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios en el
orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto,
tendrán derecho a una pensión mensual que será pagada por la entidad
correspondiente, equivalente a la totalidad de la asignación o pensión que
venía disfrutando el causante”.
Por su parte, el artículo 11 ibidem dispone:
“Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio
activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales,
Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional,
y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán
reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra
mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años
y hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la
pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos
estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si
dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o
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compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales,
para los padres que dependían económicamente del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni
hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando
dependieran económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni
hijos, ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el
causante era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18)
años o inválidos.
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la
del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás
casos no habrá lugar a acrecimiento.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y
hermanos será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la
invalidez de los beneficiarios, será acreditada con fundamento en las normas
del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la
determinación de dicho estado.
Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de
la pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera
permanente, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión
de invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su
muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga menos de treinta (30) años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si
tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan
los literales a y b del presente parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge o compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será
la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera
o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a
la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente” (subrayas fuera
de texto).
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
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inmediatamente anteriores a la muerte del causante, es claro que el legislador lo
previó como un mecanismo de protección, para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden buscar solo un provecho económico 9.
Igualmente, deberá acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo que
no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido
pensionado.
Resolución al caso concreto
Del recurso logra extraerse que la demandante increpa que la sentencia de primera
instancia no tuvo en cuenta que sí se acreditó una relación de convivencia entre ella
y el causante, durante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento; y, por otro,
que no se apreciaron, en debida forma, las pruebas que aportó.
Lo primero que debe advertirse, es que atendiendo al hecho que la causación del
derecho que se discute es el 20 de septiembre del 2012, fecha del fallecimiento del
causante, el régimen de seguridad social aplicable es el Decreto 4433 de 2004,
norma con la que se estudiará el caso.
En efecto, el parágrafo 2°, del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 prescribe como
requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a
continuación se relacionan:
i) La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii) La vida marital con el causante hasta su muerte que, como el anterior,
está referido a demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de
socorro y ayuda mutua de la pareja, que constituyen elementos
fundamentales de un núcleo familiar, protegido por la Constitución y las
leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de
manera artificial e injustificada.
iii) La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte.
El régimen de convivencia por 5 años que trae la norma solo se fija para
el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
9
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de noviembre de 2017.
Exp. 0286-15. C.P. William Hernández Gómez.
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disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.
Para acreditar los anteriores requisitos, la demandante aportó las siguientes
pruebas documentales, las cuales permiten tener por acreditados los siguientes
hechos:
Que según Escritura Pública No. 613 del 11 de marzo de 1994, expedida en la
Notaría Segunda de Guadalajara de Buga, la sociedad conyugal que habían
conformado la señora María Seneida Mejía de Quintero y el señor Floriberto
Quintero Guerrero se encontraba disuelta y liquidada10.
Que por Sentencia Civil No. 101 del 3 de julio de 2015, proferida por el Juzgado
Primero de Familia de Buga, se desestimaron las pretensiones de la señora Rosa
Elvira Serna Herrera, tendientes a declarar la existencia de una unión marital de
hecho con el señor Quintero Guerrero11. Sin embargo, por sentencia del 29 de mayo
de 2018, proferida por el Tribunal Superior de Buga Sala Civil Familia, la cual se
modificó la sentencia del 3 de julio de 2015, para lo cual se dispuso:
“[…] MODIFICA la sentencia apelada (No. 101 proferida el 03-07-
2015 por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE BUGA), en el
sentido de (i) PRECISAR que la desestimación de las pretensiones
de la demanda -y la consecuente absolución a los demandados- está
referida al lapso transcurrido entre el 06-08-1966 y el 20-09-2012; (ii)
DECLARAR que durante el lapso comprendido del 21-10-1963 al 05-
08-1966 existió UNION MARITAL DE HECHO y SOCIEDAD
PATRIMONIAL entre la señora ROSA ELVIRA SERNA y
FLORIBERTO QUINTERO GUERRERO (q.e.p.d.); (iii) DECLARAR
disuelta y en estado de liquidación la referida sociedad universal”12
(negrillas y subrayas originales).
Del análisis de los medios de prueba, la Sala advierte que de los 3 requisitos que
exige la norma, tan solo se probó el de la calidad de compañera permanente ─y eso
que en un lapso inferior a 3 años─; mientras que los de vida marital con el causante
hasta su muerte y convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte, no fueron acreditados.
Nótese que este es el punto esencial del presente litigio, por cuanto el requisito de
del criterio temporal de la convivencia es el que advirtió el juez de primera instancia
que no se cumplió.
Para ello, la Sala pone de presente que para la acreditación de estos requisitos no
es necesario analizar las circunstancias que rodearon la convivencia, sino que se
refiere a un criterio formal, es decir, aquel que exige que deba verificarse si la vida
marital se dio por un término no inferior a 5 años, lo cual no se probó con suficiencia
por la demandante, situación que, claramente, da lugar a confirmar la negativa de
las pretensiones.
Por consiguiente, no le asiste razón a la apelante cuando afirmó que no fue valorada
10
Véanse los folios 5-6.
11
Véanse los folios 12-29.
12
Véanse los folios 152-157.
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en legal y debida forma el material probatorio que le era útil a sus pretensiones pues,
una vez asignado el mérito individual a cada prueba, y luego de analizarlas de
manera conjunta mediante el contraste de la información suministrada por cada una
de ellas, considera esta Sala que se llega a una hipótesis, con alto poder explicativo
y concordante con el contexto de la experiencia, sobre la no acreditación de los
requisitos de vida marital con el causante hasta su muerte y convivencia con el
fallecido por no menos de 5 años continuos, inmediatamente anteriores a su muerte.
Que no se realizara el análisis probatorio conforme al interés de la demandante, no
significa ausencia de este, pues simplemente se trató del ejercicio de valoración de
la prueba que le corresponde al operador judicial.
En cuanto al argumento de que no se tuvieron en cuenta las sentencias allegadas
de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad familia, en las que supuestamente se
reconoció una convivencia simultánea entre el causante, la apelante y la señora
María Seneida Mejía de Quintero, advierte la Subsección que la parte realizó una
interpretación errónea de las mismas, de la cual pretende valerse para que le sea
reconocida la prestación reclamada.
Obsérvese que, en primera instancia, el Juzgado Primero de Familia de Buga
dispuso que entre la señora Rosa Elvira Serna Herrera y el señor Floriberto Quintero
Guerrero no se estructuró una unión marital de hecho; mientras que el Tribunal
Superior de Buga Sala Civil Familia dispuso que esta sí se estructuró, pero en el
período comprendido entre el 21 de octubre de 1963 al 05 de agosto de 1966, es
decir, 46 años anteriores al fallecimiento del causante.
En consecuencia, es claro que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad familia,
en ningún momento consintió en que se haya estructurado una convivencia
simultánea pues, por el contrario, fijó los extremos temporales del vínculo jurídico
que sostuvo la apelante con el causante, los cuales no coinciden con los extremos
del vínculo jurídico que hubo entre este y la señora María Seneida Mejía de
Quintero, razón por la que no puede reconocerse la prestación en partes iguales.
Respecto a que no se valoraron los múltiples testimonios plasmados en las
sentencias de la jurisdicción ordinaria que daban cuenta que conformó una familia
con el causante, se pone de presente que dichas providencias judiciales se
incorporan al proceso como prueba documental y deben valorarse como tal.
Por consiguiente, en la medida que la utilidad de esta prueba documental se
materializó en servir de medio de percepción directa al invocar el efecto que la
declaración de derecho pudo tener para el proceso ulterior ─el de nulidad y
restablecimiento del derecho─, no era posible darle un alcance distinto al ya
plasmado en ella, porque la jurisdicción ordinaria, al determinar los extremos
temporales del vínculo jurídico que sostuvo la apelante con el causante, emitió una
sentencia amparada por la cosa juzgada material, es decir, una “[…] decisión
jurisdiccional inmutable e irrevisable en un juicio posterior” 13.
13
ROMERO SEGUEL, Alejandro. La sentencia judicial como medio de prueba. Revista Chilena de
Derecho, Vol. 39 N° 2. pp. 251–276.
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En otras palabras: los testimonios practicados en el proceso ordinario sobre
declaración de existencia de unión marital de hecho, y que se plasmaron en las
providencias judiciales aportadas a este proceso, no podían valorarse más allá de
lo que en derecho se decidió, esto es, que tal unión se estructuró en el período
comprendido entre el 21 de octubre de 1963 al 05 de agosto de 1966.
Sobre el no decreto de pruebas de oficio por parte del Tribunal, se destaca que al
tenor del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, esto solo procede cuando se necesite
esclarecer la verdad o puntos oscuros o difusos de la contienda, más no para suplir
las deficiencias probatorias de las partes.
Por ende, como era claro el alcance del pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria
respecto a la estructuración de la unión marital de hecho entre la señora Serna
Herrera y el señor Quintero Guerrero, y como no hubo otros medios probatorios que
acreditaran el requisito del criterio temporal de la convivencia entre ella y el
causante, el Tribunal no estuvo en un escenario procesal que le implicara esclarecer
algún punto del litigio y que lo obligara a decretar pruebas de oficio.
Finalmente, en cuanto al argumento que no se tuvo en cuenta que la sociedad
conyugal conformada entre la señora María Seneida Mejía de Quintero y el
causante fue liquidada, razón por la que esta no tenía derecho al reconocimiento de
la pensión de sobreviviente, la Sala manifiesta que los requisitos que se exigen en
el parágrafo 2°, del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, tan solo reclaman la
calidad de cónyuge o compañera permanente, así como el período de convivencia
al que ya se aludió.
Sin embargo, se destaca que la Corporación ha sostenido que el derecho a la
pensión de sobrevivientes requiere que la sociedad conyugal esté vigente, pues la
liquidación podría implicar la pérdida del derecho, incluso cuando el vínculo
matrimonial permaneciere activo, lo cual se explica porque una vez realizada la
separación de bienes, los haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de
la masa patrimonial 14. No obstante, también se ha admitido que es posible acceder
al reconocimiento, siempre que se pruebe la convivencia con el causante durante
los 5 años anteriores al fallecimiento, considerando que tal escenario, no impide que
la vida en común continúe 15.
El criterio expuesto deja ver que la exigencia de la cohabitación es fundamental en
el análisis del cumplimiento de los requisitos respecto al cónyuge supérstite que
reclama la prestación, cuando concurre la disolución de la sociedad patrimonial, la
vigencia del vínculo conyugal y la separación de hecho. Lo cual, se precisa, no
excluye el estudio de otras condiciones relevantes para decidir lo propio en cada
asunto.
Precisamente en este caso esa convivencia entre la señora María Seneida Mejía de
14 Véanse: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 28 de octubre de 2016. Exp.
2650-2015; Sentencia del 27 de septiembre de 2018. Exp. 3232-2017; Sentencia del 19 de marzo
de 2020. Exp. 0544-2018.
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de abril de 2018.
Exp. 2564-2014; Sentencia del 2 de julio de 2020. Exp. 3633-2019; Sentencia del 9 de septiembre
de 2021. Exp. 1598-2019; Sentencia del 10 de febrero de 2022. Exp. 5017-2019; Sentencia del 21
de septiembre de 2023. Exp. 4358-2022.
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Quintero y el causante Floriberto Quintero Guerrero, fue acreditada efectivamente,
pues las pruebas documentales allegadas por la interesada, las advertidas en los
testimonios y las pruebas extraproceso, las cuales dan fe de los límites temporales
exigidos por la norma para la procedencia del reconocimiento pensional y de la
vocación de estabilidad y permanencia de la unión, las relaciones de apoyo y
comprensión mutua.
Por todo ello, quedó demostrado que para el 20 de septiembre de 2012 la señora
María Seneida Mejía de Quintero convivía con el causante y que esa convivencia
se dio por no menos de 5 años continuos, inmediatamente anteriores a su muerte,
por lo que no era necesario que la sociedad conyugal continuara vigente pues,
materialmente, se cumplieron los requisitos teleológicos de la norma que regula
dicha prestación.
En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos
demandados, se confirmará la sentencia proferida el veintinueve (29) de enero de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual se declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. 514 del 7 de
febrero de 2013 y No. 4669 del 12 de julio de 2013, se le ordenó a la demandada
pagar la sustitución de la asignación de retiro a la señora María Seneida Mejía de
Quintero y se negaron las demás pretensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.
No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que se ha adoptado una nueva postura, en la que en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de enero de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de la cual se declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. 514 del 7 de febrero
de 2013 y No. 4669 del 12 de julio de 2013, se le ordenó a la demandada pagar la
sustitución de la asignación de retiro a la señora María Seneida Mejía de Quintero
y se negaron las demás pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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