Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-004-2017-01365-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-004-2017-01365-01 (3045-2025)
Demandante: Amparo Patricia Maya Llanos
Demandada: Departamento del Valle del Cauca
Vinculado: Municipio de Cali
Tema: De la legitimación en la causa. De la pensión restringida de
jubilación. Deficiencias probatorias y carga de la prueba.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y se inhibió para conocer
de fondo.
ANTECEDENTES
1. La señora Amparo Patricia Maya Llanos instauró demanda contra el
departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 0580 del 5 de julio de 2016, por
medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la
señora Lesvia Llanos de Rojas, con ocasión del fallecimiento del señor Alfonso
Rojas; y la nulidad de la Resolución Nro. 1006 del 11 de octubre de 2016, mediante
la cual se rechazó, de plano, el recurso de reposición interpuesto contra el anterior
acto administrativo.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare su calidad de
sucesora procesal de la señora Lesvia Llanos de Rojas, porque es su heredera y,
en consecuencia, que se condene a la demandada a reconocer y pagar la
sustitución pensional post mortem a la señora Llanos de Rojas, a partir del 3 de
diciembre de 2010 y hasta el 11 de marzo de 2015, fecha en la que falleció.
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4. Que se condene al departamento del Valle del Cauca al pago del retroactivo
pensional que se generó a favor de la señora Lesvia Llanos de Rojas, así como el
que surja a partir de la reliquidación de la pensión de jubilación, con el
reconocimiento de los intereses a los que haya lugar.
5. Que, subsidiariamente, se condene a la entidad demandada a pagar las sumas
de dinero debidamente indexadas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que es hija de la señora Lesvia Llanos de Rojas, quien contrajo matrimonio con
el señor Alfonso Rojas, pensionado por parte del departamento del Valle del Cauca.
7. Que el señor Alfonso Rojas falleció el 3 de diciembre de 2010, razón por la que
su esposa y, a la vez, su madre ─la señora Lesvia Llanos─, solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional. No obstante, ella también falleció el 11
de marzo de 2015.
8. Que mediante Resolución Nro. 0580 del 5 de julio de 2016, se negó la sustitución
pensional a la señora Lesvia Llanos de Rojas, en el entendido de que, en vida, no
solicitó la sustitución pensional por el fallecimiento del señor Alfonso Rojas.
9. Que, pese a que interpuso recurso de reposición, este se rechazó, de plano, a
través de la Resolución Nro. 1006 del 11 de octubre de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Se indicaron como violados los artículos 53 y 58 de la Constitución Política; el
artículo 56 de la Ley 962 de 2005; el artículo 68 de la Ley 1564 de 2012; el artículo
92 del Decreto 1848 de 1968; los artículos 5 y 6 del Decreto 3135 de 1968; y el
artículo 2 del Decreto 2381 de 2005.
11. En el concepto de violación manifestó que los actos administrativos
demandados violaron las normas constitucionales y legales por falta de aplicación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
12. La demanda se inadmitió en auto del 5 de febrero de 2018, con el fin de que se
allegara constancia de la calidad de heredera de la señora Lesvia Llanos de Rojas1.
13. En el escrito de subsanación, se indicó que prescindía del hecho sexto y que
aclaraba que lo pretendido es el reconocimiento y pago de la sustitución pensional
post mortem a la señora Lesvia Llanos de Rojas, con ocasión del fallecimiento del
1 Véase a folios 98-100 PDF del archivo «1 - Demanda - Contrato 104 DE 2020 - SASI-», visible a índice 65 de
SAMAI del Tribunal.
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señor Alfonso Rojas2; razón por la que se admitió en providencia del 12 de julio de
2019 y se ordenó la vinculación del municipio de Cali3.
14. El municipio de Cali contestó y se opuso a las pretensiones, luego de
considerar que el reconocimiento y pago de prestaciones sociales del magisterio
son del orden nacional, razón por la que carecía de competencia para pronunciarse
sobre lo pretendido. Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la
causa por pasiva, prescripción, inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo
no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido e innominada4.
15. El departamento del Valle del Cauca expresó que la señora Lesvia Llanos de
Rojas, en vida, nunca solicitó la sustitución pensional y, por el contrario, lo que
realizó fue una solicitud de reliquidación pensional. Adujo, además, que la señora
Amparo Patricia Maya Llanos no cumple con los requisitos establecidos por la ley,
porque no ostenta la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional, es decir, no
es titular del derecho subjetivo y, en consecuencia, no está legitimada en la causa
para adquirir el derecho solicitado.
16. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa,
inexistencia de la obligación, carencia del derecho, enriquecimiento sin causa, cobro
de lo no debido, prescripción e innominada5.
17. Por auto del 26 de septiembre de 2023 decidió impartirse el trámite de sentencia
anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas6. El 15 de agosto
de 2025 se dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del quince (15) de
agosto de dos mil veinticinco (2025), declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa y se inhibió para conocer de fondo las
pretensiones.
19. Consideró que, de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, a
la señora Lesvia Llanos de Rojas le asistía, eventualmente, el derecho a la
sustitución pensional de su esposo, pero que según las circunstancias fácticas que
rodearon el caso, no existió prueba de que en vida hubiera presentado la respectiva
reclamación administrativa ante la entidad demandada, por lo que después de
fallecida, sus hijas no podían solicitar, en nombre de ella, el reconocimiento de tal
prestación o del retroactivo causado hasta el momento del fallecimiento de la citada
señora.
20. En consecuencia, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa de la señora Amparo Patricia Maya Llanos porque, pese a tener la
calidad de heredera de su progenitora, ello no la habilitaba para presentar la
2 Véase a folios 117-127 PDF, ibid.
3 Véase a folios 139-140 PDF, ibid.
4 Véase a folios 164-170 PDF, ibid.
5 Véase el archivo «14_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACION_DE_DEMA(.ZIP)», visible a índice
44 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 55 de SAMAI del Tribunal.
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reclamación administrativa tendiente a obtener la sustitución pensional del señor
Alfonso Rojas y, tampoco, para presentar la demanda, cuando fue claro que la real
beneficiaria no reclamó su derecho, extinguiéndose, de esa forma, la prestación, lo
que conllevaba inhibirse para conocer de fondo las pretensiones7.
RECURSO DE APELACIÓN
21. La demandante interpuso recurso de apelación, en el que indicó que el fallo de
primera instancia fue contradictorio, porque si admitió que el derecho existía en
cabeza de la causante, mal podía negar a sus herederos la legitimación para
reclamar los créditos causados y no pagados, máxime cuando forman parte de la
herencia.
22. Que el Tribunal confundió el concepto de titularidad sustancial del derecho
pensional con la legitimación procesal para reclamar créditos ya causados, toda vez
que lo primero alude a quién es el legítimo beneficiario del derecho pensional,
mientras que lo segundo se refiere a quién tiene la calidad para reclamar el derecho
en un proceso judicial.
23. Que la señora Lesvia Llanos de Rojas causó, de manera automática, su derecho
a la pensión de sobrevivientes el 3 de diciembre de 2010, fecha en la que su
cónyuge falleció. Adujo, además, que el derecho de su madre se prolongó hasta su
deceso por lo que, con independencia de si en ese lapso reclamó el derecho ante
la demandada o no, lo cierto era que el derecho existió, sin que fuera posible
condicionar su nacimiento a algo tan formal como el reclamo. Consideró que los
derechos no existen porque se reclamen, sino que se consolidan cuando se
cumplen los requisitos que la ley dispone, en este caso, el fallecimiento del
pensionado y la acreditación del vínculo matrimonial.
24. Que causado el derecho pensional y, fallecido el beneficiario directo, se
consolida un retroactivo que hace parte de la masa sucesoral, tal y como lo han
sostenido diversos pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de
Justicia, entre ellos, la sentencia SL2801-2022.
25. Señaló que, con base en lo anterior, sí está legitimada en la causa por activa,
en tanto que no actúa como beneficiaria directa de la sustitución pensional, sino en
calidad de heredera de los créditos patrimoniales ya causados a favor de su madre,
entre el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de marzo de 2015.
26. Que debió tenerse presente que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el acto administrativo que reconoce una pensión es de naturaleza
declarativa y no constitutiva, razón por la que la ausencia de radicación en vida no
extingue un derecho ya consolidado, en la medida que los retroactivos pensionales
forman parte del patrimonio del causante y, por ende, son transmisibles a sus
herederos.
27. Indicó que la negativa de acceder a lo solicitado vulnera los artículos 53 y 58 de
la Constitución Política, ya que la Corte Constitucional, en Sentencias T-651 de
7 Véase a índice 70 de SAMAI del Tribunal.
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2011 y T-020 de 2019, admitió que los herederos pueden reclamar retroactivos
pensionales como parte de la herencia.
28. Que el ordenamiento jurídico proscribe la posibilidad de proferir fallos
inhibitorios, porque eso constituye denegación de justicia y vulnera el artículo 229
de la Constitución y que, de acuerdo con el artículo 100 del Código General del
Proceso, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa debió
resolverse en una etapa previa, esto es, en la audiencia inicial o en auto posterior,
y no en la sentencia8.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
29. El 20 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia9.
30. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
31. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la señora Amparo Patricia
Maya Llanos está legitimada en la causa por activa para reclamar el reconocimiento
de la sustitución pensional, así como el retroactivo pensional que pudo generarse a
favor de la señora Lesvia Llanos de Rojas, con ocasión del fallecimiento del señor
Alfonso Rojas. De estar legitimada, se estudiará si la señora Llanos de Rojas
acreditó los requisitos para ser la sustituta pensional del señor Rojas.
De la legitimación en la causa
32. La legitimación alude a la «[c]apacidad procesal para poder actuar como parte
activa o pasiva en un proceso, determinada por la relación en que se encuentra la
persona con el objeto litigioso»10, es decir, se trata de «[…] ser la persona que de
conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones
contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser el sujeto activo o pasivo
de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben
ser objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquella o éste existan» 11.
33. Jurisprudencialmente, se ha distinguido entre legitimación material y
legitimación de hecho o procesal. La primera alude a la titularidad del derecho que
es reclamado y pretendido vía judicial, mientras que la segunda se refiere a la
relación procesal que se establece entre el demandante y demandado por
intermedio de la pretensión formulada, que nace a partir de la atribución de la
conducta reprochada que se le hace a la demandada.
8 Véase a índice 74 de SAMAI del Tribunal.
9 Véase a índice 5 de SAMAI.
10 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.
11DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Bogotá:
Editorial ABC 1996, Tomo I, p. 279.
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34. Sobre el particular, el Consejo de Estado, ha precisado que:
«[…] legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la
demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le
atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está
legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio
de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la
participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la
formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no,
o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no
necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados
materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron
origen a la formulación de la demanda»12 (negrillas y subrayas originales).
35. De acuerdo con lo anterior, la legitimación material, ya sea por activa o por
pasiva, implica el estudio de si existe o no relación real de la parte demandante o
demandada con la pretensión que se atribuye o la defensa que se hace,
respectivamente, por lo que constituye una condición anterior y necesaria, entre
otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado. En
ese orden de ideas, la ausencia de legitimación en la causa no genera la nulidad
del proceso, pero enerva la posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto.
36. Ahora, en materia de sucesiones, el artículo 1321 del Código Civil preceptúa:
«ARTÍCULO 1321. <ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA>. El que probare
su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero,
tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas
hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el
difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario,
arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños».
37. En ese sentido, se ha interpretado que, a través de la acción hereditaria, los
herederos toman el papel del causante, por lo que pueden reclamar los créditos y
ejercer las acciones que en vida pudo ejercer el causante. De prosperar, la herencia
es la beneficiaria y el heredero que promovió la acción, es su representante, para
fines procesales.
De la pensión restringida de jubilación
38. La Ley 171 de 1961, «Por la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras
disposiciones sobre pensiones», preceptuaba que:
«Artículo 8º. El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de
una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00),
después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias
durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o
discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá
derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para
entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que
cumpla esa edad con posterioridad al despido.
12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 2004. Rad. 76001-23-31-000-1993-0090-
01 (14452). C.P. María Elena Giraldo Gómez.
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Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15)
años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador
despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha de despido,
si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta
(60) años de edad.
La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios
respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos
los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas
legales de la pensión vitalicia de jubilación.
Parágrafo Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores
ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los
establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos
y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial».
39. Como se observa, dicha pensión nacía a la vida jurídica por el retiro voluntario
del trabajador o por el despido sin justa causa, así como el tiempo de servicio
requerido en la ley, porque el requisito de la edad era de exigibilidad de la prestación
económica, más no de su causación, tal y como lo ha concluido la Corte Suprema
de Justicia13.
40. Respecto a la viabilidad de la sustitución de la pensión sanción y restringida de
jubilación, incluso cuando el afiliado tenía el tiempo de servicio, pero no la edad
antes del momento de su muerte, se señaló lo siguiente:
«[…] si en los eventos en los que el derecho no logra consolidarse por la muerte
del afiliado antes del cumplimiento de la edad, se entiende que la pensión es
sustituible, debe admitirse también en los que la pensión sí se causa en vida del
afiliado y, en ese sentido, se concluye que dicho derecho integra el componente
de su transmisibilidad, por ser este un elemento indisoluble del mismo.
[…]
En consecuencia, con independencia de que la naturaleza sea sancionatoria o
prestacional, lo cierto es que el artículo 8.° de la Ley 171 de 1961, que regula
esta pensión, establece que, en los aspectos no previstos por dicha normativa,
esta se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación, entre
otras, su vocación de transmisibilidad»14.
41. Bajo este panorama, la pensión restringida de jubilación podía legítimamente
transmitirse a los beneficiarios del pensionado, en la medida que la sustitución
pensional no constituye un derecho originario, sino derivado, cuyas condiciones de
consolidación, eventual compatibilidad o compartibilidad e inclusive vocación de
transmisibilidad, constituyen elementos arraigados del derecho principal.
Resolución del caso concreto
13 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de mayo de 2017. Rad. 48074
(SL9773-2017). M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.
14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 14 de marzo de 2018. Rad. 65326
(SL757-2018). M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
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42. La señora Amparo Patricia Maya Llanos es hija de quien en vida se identificó
como Lesvia Llanos de Rojas15, que contrajo matrimonio con el señor Alfonso Rojas
el 30 de septiembre de 196116 y que, a su vez, era pensionado por el departamento
del Valle del Cauca, según la Resolución Nro. 132 del 6 de noviembre de 1991, que
reconoció el derecho pensional con base en la Ley 171 de 196117.
43. La señora Lesvia Llanos de Rojas y el señor Alfonso Rojas procrearon a Isabel
Cristina y Luis Alfonso Rojas Llanos18.
44. El señor Alfonso Rojas falleció el 3 de diciembre de 2010, tal y como se inscribió
en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 0673021419.
45. El 3 de marzo de 2015, la señora Llanos de Rojas otorgó poder para que se
adelantara la reclamación administrativa de sustitución pensional20, pero falleció el
11 de marzo de 2015, tal y como se inscribió en el registro civil de defunción con
indicativo serial Nro. 0866702321.
46. El 12 de marzo de 2015, esto es, un día después del fallecimiento, su abogada
radicó petición en la que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional, con
ocasión del fallecimiento del señor Alfonso Rojas22.
47. Mediante Resolución Nro. 0580 del 5 de julio de 2016, el secretario de gestión
humana y desarrollo organizacional del departamento del Valle del Cauca negó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, para lo cual argumentó:
«[…] Que el día 3 de diciembre de 2010 falleció en Tulúa (Valle), el señor
ALFONSO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.2.689.157,
quien disfrutaba de Pensión de Jubilación otorgada por el Departamento del
Valle del Cauca.
Que mediante solicitud radicada en la central de correspondencia de la
Gobernación del Valle del Cauca, identificada con el número SADE 878744 del
12 de marzo de 2015, la Doctor Diana Garcés Ospina, apoderada de la señora
Lesvia Llanos de Rojas solicita ante el Secretario de Educación Departamental,
Doctor Nelson Rafael Vargas la sustitución pensional por el fallecimiento del
señor Alfonso Rojas, intereses moratorios del retroactivo de las mesadas, prima
de servicios, bonificación por servicios prestados y bonificación por recreación.
[…]
Que el 11 de marzo de 2015 fallece la señora Lesvia Llanos.
[…]
Que no se presentó prueba alguna de haber solicitado, antes del fallecimiento
de la señora Lesvia Llanos De Rojas la sustitución pensional por el fallecimiento
del señor Alfonso Rojas.
15 Véase a folio 32.
16 Véase a folio 38.
17 Véase a folio 52.
18 Véase a folios 33-34.
19 Véase a folio 2.
20 Véase a folio 17.
21 Véase a folio 4.
22 Véase a folios 18-27.
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[…]
De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra
supérstite proviene del latín superstes, que significa sobrevive y para el
presente caso la ley establece que quien solicita la sustitución pensional debe
sobrevivir al causante, así mismo no obra en la historia laboral solicitud de
reconocimiento y pago de sustitución pensional alguna de la señora Lesvia
Llanos Rojas. […]»23 (subrayas fuera de texto).
48. A través de la Resolución Nro. 1006 del 11 de octubre de 2016, se rechazó, de
plano, el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, en
consideración a que la señora Amparo Patricia Maya Llanos no tenía interés para
recurrir24.
49. Visto lo que antecede, la Sala verificará si la señora Amparo Patricia Maya
Llanos está legitimada en la causa por activa para demandar el reconocimiento de
la sustitución pensional para su madre fallecida y, principalmente, el retroactivo
pensional que pudo generarse con ocasión del fallecimiento del señor Alfonso
Rojas.
50. Es claro que tratándose del reconocimiento de la sustitución pensional y de
retroactivos pensionales, quien tiene la legitimación para incoar las acciones
administrativas y judiciales es la persona a quien le fue o le será reconocida la
titularidad de la prestación y será el futuro titular del derecho.
51. Sin embargo, cuando esa persona fallece, de acuerdo con la norma citada
previamente, cualquiera de sus herederos e, incluso, los acreedores, están
legitimados para reclamar para la sucesión las sumas que el causante pudo causar
en vida, pero que no le fueron pagadas.
52. Bajo esta lógica, no pueden confundirse los anteriores aspectos, porque cada
uno posee un procedimiento, beneficiarios y finalidad, a saber: mientras que el
derecho a la sustitución pensional protege al núcleo familiar del pensionado
fallecido, garantizándoles estabilidad económica ante la pérdida de ingresos y
asegurándoles condiciones dignas de vida; el derecho a la herencia protege la
transmisión del patrimonio ─bienes, derechos y obligaciones─ de una persona
fallecida a sus herederos, sin que para el efecto se necesite determinar el grado de
necesidad o dependencia económica que tenían con el causante.
53. Aplicados los anteriores razonamientos al caso concreto, se tiene que la
pretensión principal de la demandante es que se declare la nulidad de las
Resoluciones Nro. 0580 del 5 de julio de 2016 y 1006 del 11 de octubre de 2016,
por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional a la señora Lesvia Llanos de Rojas. Y que, a título de restablecimiento
del derecho, se condene a la demandada a reconocer y pagar la sustitución
pensional post mortem a la señora Llanos de Rojas, a partir del 3 de diciembre de
2010 y hasta el 11 de marzo de 2015, fecha en la que esta falleció, pero ese crédito
sería para la sucesión, mas no para la demandante.
23 Véase a folios 53-55.
24 Véase a folios 58-59.
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54. Además, el litigio se fijó, en el auto que decidió impartir el trámite de sentencia
anticipada, de la siguiente manera:
«La controversia jurídica se circunscribe a determinar en primer lugar, si la
señora Lesvia Llanos de Rojas cumplía los requisitos legales para que se le
reconociera una sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del
señor Alfonso Rojas; de otro lado, deberá establecerse si tal como se indicó en
los actos administrativos acusados y en la contestación de la demanda, la
prestación se extinguió con la muerte de la citada señora, de modo que sus
herederos no puedan acceder al reconocimiento de la mesadas pensionales
causadas hasta el momento de su deceso».
55. En ese orden, la Sala estima que la demandante sí está legitimada en la causa
por activa porque no está reclamado, como se dijo, un derecho para ella, sino para
la sucesión.
56. Frente a esto último, quedó probado que el 12 de marzo de 2015, es decir, un
día después del fallecimiento de la señora Lesvia Llanos de Rojas, su abogada
presentó reclamación administrativa ante el departamento del Valle del Cauca en la
que se solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional25, razón por la que la
Administración y el fallador de primera instancia estimaron que no podía
reconocerse derecho alguno, ya que ese derecho nunca se solicitó en vida.
57. Sin embargo, pese a la apariencia de certeza que posee tal argumento, lo cierto
es que la abogada de la señora Lesvia Llanos de Rojas sí estaba facultada para
presentar la reclamación administrativa pues, de conformidad con el artículo 2194
del Código Civil, «[s]abida la muerte natural del mandante, cesará el mandatario en
sus funciones; pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del
mandante, será obligado a finalizar la gestión principiada».
58. En otros términos: aun cuando la señora Llanos de Rojas no presentó en vida
la reclamación administrativa para que se le reconociera la sustitución pensional a
la que podía tener derecho con ocasión del fallecimiento de quien fue su esposo, su
abogada estaba obligada, legalmente, a darle continuidad y efectividad al poder que
ella le había otorgado pues, de no hacerlo, se causaba un perjuicio a los herederos
de la mandante.
59. Entonces, como la demandante sí está legitimada en la causa por activa, como
heredera, para reclamar la sustitución pensional y el retroactivo pensional que pudo
generarse a favor de su madre, deberá estudiarse si la señora Lesvia Llanos de
Rojas reunió los requisitos para ser la sustituta pensional de la prestación
económica que tenía reconocida su esposo.
60. Al respecto, y contrario a lo sostenido por la recurrente ─que manifestó que solo
bastaba el fallecimiento del pensionado y la acreditación del vínculo matrimonial─,
es palmario que la Ley 171 de 1961 no dispuso el orden de beneficiarios y, en
consideración a que el fallecimiento del señor Alfonso Rojas ocurrió el 3 de
diciembre de 2010, se estima que las normas que gobiernan la sustitución pensional
que se debate son las vigentes al momento del deceso del causante, es decir, la
25 Véase el poder otorgado por la señora Lesvia Llanos de Rojas a las abogadas Diana María Garcés Ospina
y Melba Victoria Peláez Gómez, ante la Notaría Once de Cali, visible a folio 17.
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Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 ─por tratarse del régimen
general─.
61. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe como requisitos para que en
forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a continuación se
relacionan:
i) La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar
el derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la
titularidad de este.
ii) Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii) La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido
a demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro
y ayuda mutua de la pareja, que constituyen elementos
fundamentales de un núcleo familiar, protegido por la Constitución y
las leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la
sustitución pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y
con vocación de permanencia, lo cual pretende dejar de lado
aquellas conductas que pudieran dirigirse únicamente a obtener el
beneficio económico de manera artificial e injustificada.
iv) La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte.
El régimen de convivencia por 5 años que trae la norma solo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo
de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de
última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la
sustitución pensional.
62. Del análisis del anterior acervo probatorio, la Sala advierte que de los cuatro
requisitos que exige la norma, solo se probó que la señora Lesvia Llanos de Rojas
poseía la calidad de cónyuge y la edad, mientras que los de vida marital con el
causante hasta su muerte y convivencia con el fallecido por no menos de cinco años
continuos, inmediatamente anteriores a su muerte, no fueron debida y
suficientemente acreditados.
63. Para ello, se pone de presente que la ley acoge un criterio material ─convivencia
efectiva al momento de la muerte─ y no simplemente formal ─vínculo marital─ en
la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica,
de ahí que se concluya que los medios de prueba no permitieron determinar que
entre la cónyuge supérstite y el causante hubiera una relación con las
características propias de una verdadera vida marital, es decir, convivencia, apoyo
y soporte mutuo.
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64. En otras palabras: más allá de demostrarse que entre la señora Llanos de Rojas
y el señor Alfonso Rojas hubo un vínculo matrimonial, del que se procrearon hijos,
no se probó que se hubiese gestado una comunidad de vida estable, permanente y
definitiva en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja fuesen la base de
la relación, permitiendo que bajo un mismo techo se consolidase un hogar, producto
de la pretensión voluntaria de crear una familia, pues la sola demostración de la
existencia de un vínculo marital vigente no es criterio suficiente para acceder al
reconocimiento de una sustitución pensional, cuya carga onerosa y vitalicia debe
tener una justificación clara y evidente para que su titularidad sea trasladada a un
tercero.
65. Por ende, al no resultar probada esa situación, esto es, los aspectos subjetivos
de la convivencia, es claro que el acervo probatorio no permitió dilucidar que entre
la señora Llanos de Rojas y el causante hubiera existido una auténtica comunidad
de vida caracterizada por el ánimo mutuo de permanencia y de unidad, de los que
se derivan, jurídicamente, la noción de familia, lo cual impide tener como cierto el
supuesto de la unión de vida permanente de la pareja en cuestión.
66. De ese modo, ante la ausencia de este material, las pretensiones no tienen
vocación de prosperar, por cuanto su estudio exigía la demostración que entre la
cónyuge supérstite y el causante existió una unión con vocación de permanencia,
lo cual obedece a lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso,
conforme con el cual incumbe «[…] a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
67. Corolario de lo anterior, se revocará la sentencia proferida el quince (15) de
agosto de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por las razones expuestas y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
68. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
69. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
70. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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71. En consecuencia, ya que en esta instancia se accedió a las peticiones del
recurso de apelación, en principio, habría lugar a imponer costas en ambas
instancias en contra de la parte demandada, por cuanto ante la prosperidad de la
apelación de la demandante se revocará el fallo impugnado. Sin embargo, pese a
que en esta instancia se conoció de fondo y se negaron las pretensiones, no se
impondrán costas en esta instancia.
72. Empero, sí se impondrán costas en primera instancia a la parte demandante,
por cuanto se negaron totalmente sus pretensiones, lo cual implicó una decisión
desfavorable en su contra y resultó vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas y, en su lugar, se niegan las pretensiones.
Segundo. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el quince (15)
de agosto de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y, en su lugar, se condena en costas de primera instancia a la parte
demandante.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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