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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-005-2016-00695-01

De la libertad: falla del servicio

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-005-2016-00695-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-005-2016-00695-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: Óscar Javier Vernaza Vivas y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Reparación Directa - Ley 1437 de 2011

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - Daños causados por la Administración de Justicia / PRIVACIÓN INJUSTA
DE LA LIBERTAD - Falla del servicio / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA - Mora judicial.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

2. Se confirmará la sentencia apelada porque la medida de aseguramiento fue legal,
necesaria y proporcional, conforme a los criterios fijados en la sentencia SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional. Estuvo sustentada en los elementos materiales
probatorios que permitían inferir razonablemente la participación del imputado en
los delitos investigados; era indispensable para evitar que obstruyera la justicia y se
valoraron sus condiciones personales para imponer la restricción menos gravosa
que consagra la ley. Asimismo, la mora en el proceso penal está justificada.

ANTECEDENTES

Demanda

3. El 25 de mayo de 20161, los señores Óscar Javier Vernaza Vivas, Elizabeth Vivas
Vivas, Jesús María Vernaza, María Edith Vernaza Vivas y Sandra Patricia López
Escobar presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial para que se les indemnicen los perjuicios
ocasionados por la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de
la Administración de Justicia configurados en el proceso penal que se adelantó
contra la primera persona.

4. Solicitaron el reconocimiento y pago de las siguientes indemnizaciones: (i) 100
SMLMV por daño moral y daño a la vida de relación para cada uno de los actores;
y (ii) $487’000.000, más el 30% del valor total de perjuicios reconocidos por lucro
cesante a favor del directo perjudicado2.

Hechos

5. El distrito de Santiago de Cali celebró 12 contratos con la Fundación Fungnosis,

1 Fls. 909 - 946 del c.3 digitalizado.
2 “1.1 DAÑOS MORALES: Estimados en 100 SMLMV para cada uno de los demandantes (…). 1.2 DAÑOS A

LA VIDA DE RELACIÓN. Estimados en 100 SMLMV para cada uno de los demandantes (…). 1.3 DAÑOS
MATERIALES: Estimados en $487.000.000 más los intereses moratorios desde el 10/05/07 a la fecha, para el
representante de la Fundación (…). Con ocasión (…) de la suspensión de los contratos (…). 2. HONORARIOS
DE ABOGADO. (…) Que corresponden al 30% treinta por ciento del valor total de los valores reconocidos”.
1

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

representada legalmente por el señor Óscar Javier Vernaza Vivas, con el objeto de
capacitar a sus funcionarios en las áreas de gestión administrativa y organizacional.
Estos acuerdos se formalizaron en los siguientes términos:

Contrato Fecha Valor
370 30/04/2007 $43.000.000
371 30/04/2007 $43.000.000
372 30/04/2007 $43.000.000
373 10/05/2007 $43.000.000
374 10/05/2007 $43.000.000
375 10/05/2007 $43.000.000
376 10/05/2007 $43.000.000
377 10/05/2007 $43.000.000
378 10/05/2007 $43.000.000
379 10/05/2007 $43.000.000
380 10/05/2007 $43.000.000
381 10/05/2007 $43.000.000
Total $487.000.000

6. La Fiscalía 100 Seccional de Cali inició una investigación penal en su contra,
entre otras conductas, por falsedad en documento público, por no tener idoneidad
para contratar y porque presuntamente fraccionó el contrato para eludir la licitación
pública. Le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

7. Entre el 20 y el 30 de noviembre de 2007 se adelantó la audiencia preliminar ante
los Juzgados 21 y 12 Penal Municipal de Cali con Funciones de Control de
Garantías, en la que se le impuso la medida de aseguramiento de detención
domiciliaria. No obstante, esta solo se hizo efectiva el 30 de diciembre de ese año.

8. El 2 de julio de 2008 fue acusado por ese tipo penal, en la modalidad de coautor.
Sin embargo, la Fiscalía no realizó el descubrimiento de los elementos materiales
probatorios que pretendía validar en el juicio oral ni asistió a las audiencias, lo que
prolongó el término previsto para agotar la etapa preparatoria.

9. El 5 de agosto de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ordenó la
exclusión de las pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscalía.

10. Mediante sentencia del 4 de abril de 2014, el juzgado de conocimiento absolvió
al procesado de responsabilidad penal por ausencia de pruebas en su contra. A su
vez, compulsó copias para que se investigara al fiscal del caso.

11. Las entidades demandadas privaron injustamente de la libertad al señor Óscar
Javier Vernaza Vivas, pues decretaron e impusieron una medida de aseguramiento
sin el cumplimiento de los requisitos legales ni pruebas suficientes para inferir su
participación en los hechos investigados. Además, el delito imputado exigía la
condición de servidor público y él no la tenía.

12. También incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia al tardar más de 5 años en realizar la audiencia preparatoria, lo que afectó
la oportunidad para realizar un descubrimiento probatorio completo.

Contestación de la demanda

13. La Rama Judicial dijo que la restricción de la libertad del señor Óscar Javier
Vernaza Vivas se fundamentó en la denuncia penal formulada por presuntos actos
de corrupción y falsedad en la contratación del distrito de Santiago de Cali para el
2007, irregularidades que se soportaron en los informes elaborados por la Fiscalía
y la Procuraduría. Además, se le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, bajo
2

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

los criterios de proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento.

14. El proceso penal finalizó por el “abandono del fiscal en la etapa instructiva”, de
ahí que la Fiscalía era la responsable ante una eventual falla del servicio.

15. Propuso las excepciones de: (i) carencia de perjuicios y de daño antijurídico; y
(ii) culpa exclusiva de la víctima, sustentada en que el actor se expuso a la
intervención legítima de la autoridad judicial3.

16. La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

Sentencia de primera instancia

17. El 30 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda. Los razonamientos se concretaron así 4:

18. La medida de aseguramiento impuesta a la víctima directa del daño fue legal,
proporcional y razonable. Los medios de prueba aportados por la Fiscalía al Juez
de Control de Garantías5 permitían inferir su posible participación en el delito
imputado.

19. Entre el 30 de abril y el 24 de mayo de 2007, el municipio de Santiago de Cali
celebró 43 contratos para capacitar a sus funcionarios, 12 de estos con la Fundación
Fungnosis, representada por el investigado. Respecto de dichos negocios jurídicos,
se advirtieron presuntas irregularidades como el desconocimiento de los principios
de selección objetiva y la falsificación de documentos públicos, las que, junto con la
gravedad del delito y la pena prevista, justificaron la imposición de la medida de
aseguramiento.

20. Si bien el proceso penal culminó con sentencia absolutoria, esa decisión no
devino de una irregularidad de las autoridades judiciales que lo conocieron en la
etapa preliminar, sino a que posteriormente, en aplicación de los principios de
autonomía e independencia judicial, en el juicio oral se dio una valoración diferente
a las pruebas que soportaron la imputación inicial, para concluir que no se desvirtuó
la presunción de inocencia del sindicado.

21. Aun cuando existió una tardanza en el trámite del proceso penal, el estudio del
cumplimiento de los términos judiciales no era procedente, porque la parte actora
disponía de acciones judiciales y administrativas para exigir su observancia -control
de legalidad, acción de tutela y quejas- y no las agotó6.

Recurso de apelación de la parte actora

22. Pidió que se revoque la providencia anterior con base en que la Fiscalía y la
Rama Judicial eran responsables del daño alegado, pues la medida de
aseguramiento impuesta contra el señor Vernaza Vivas no cumplió los requisitos
legales. Careció de respaldo probatorio suficiente para inferir su participación en el
delito imputado, el cual, en todo caso, exige un sujeto activo calificado, condición
que no ostentaba. Tampoco se valoraron sus antecedentes penales ni se demostró
que representara peligro para la sociedad.

3 Fls. 997 - 1000 del c.3 digitalizado.
4 Archivo del expediente digital: 003_SENTENCIA.pdf.
5 Informes de la Comisión Especial de la Procuraduría, del Grupo de Asesores del Procurador y de los Grupos

de Delitos Económicos y Financieros y Contra la Administración Pública del CTI.
6 Condenó en costas y fijó 1 SMLMV por agencias en derecho.

3

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

23. Se configuró una mora injustificada atribuible a la Fiscalía, que dilató el trámite
penal con su reiterada inasistencia a la audiencia preparatoria. Esta fase se extendió
por cerca de 5 años, lo que condujo a la exclusión de los testimonios en el juicio oral
por la falta de descubrimiento oportuno. Ante ello, el único mecanismo de control
fue la compulsa de copias para que se investigara al fiscal del caso7.

Trámite en segunda instancia

24. En auto del 18 de junio de 2024, esta Corporación admitió la apelación 8. Los
sujetos procesales no intervinieron.

25. El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia recurrida. Sostuvo que
la privación de la libertad del señor Óscar Javier Vernaza Vivas se justificó en las
pruebas sobre su posible participación en el delito investigado y no existió una
tardanza arbitraria del proceso penal9.

CONSIDERACIONES

26. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que invalide lo
actuado y se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción10, competencia11,
conciliación prejudicial12, caducidad13 y legitimación14.

Alcance de la apelación

27. El Tribunal de instancia negó las pretensiones de la demanda con sustento en
que la medida de aseguramiento impuesta al señor Vernaza Vivas se ajustó a
derecho. No estudió el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia
alegado, en tanto no se ejercieron los mecanismos para controvertir la mora en el
trámite del proceso penal.

28. Para la parte actora, la decisión de privar de la libertad a la víctima directa se
profirió sin pruebas suficientes para inferir su participación en el delito endilgado,
que además exige una calidad especial que él no tenía. Agregó que no se valoraron

7 Archivo del expediente digital: 005_RECEPCIONRECURSOAPELACION_PDF_MERGED20.pdf.
8 Archivo del expediente digital: 3_Autoqueadmite_71229ADMITERD_0_202406191419106411.pdf.
9 Archivo del expediente digital: 7_7_760012333005201600695011YYY07121043%22.pdf.
10 Según el numeral 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo

conoce de los procesos sobre “la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que
sea el régimen aplicable”.
11 De acuerdo con los artículos 150 y 152.6 de la Ley 1437 de 2011, se trata de la apelación de una sentencia

dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de doble instancia debido a la cuantía.
La pretensión mayor por lucro cesante asciende a la suma de $487’000.000 y para la fecha de presentación de
la demanda superaba el monto exigido de $344’727.500.
12 El trámite se agotó ante la Procuraduría, en atención al numeral 1 del artículo 161 del CPACA y la Ley 640

de 2001.
13 Pese a que se plantearon dos imputaciones -privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de

la Administración de Justicia-, el parámetro para establecer la oportunidad es igual para ambas, esto es, a partir
del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia del 4 de abril de 2014 (en esa decisión se absolvió de
responsabilidad al procesado y se ordenó definitivamente su libertad). Como esa providencia quedó en firme el
7 de abril de 2014, el término de 2 años para presentar la demanda (literal i, del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA), en principio, vencía el 8 de abril de 2016. Sin embargo, el 30 de marzo de 2016 se radicó solicitud de
conciliación prejudicial y el plazo se suspendió hasta el 24 de mayo siguiente, fecha en la que se expidió la
constancia de no acuerdo (Archivo del expediente digital: 012Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09.pdf.). La
demanda es oportuna porque se instauró al día siguiente.
14 El señor Óscar Javier Vernaza Vivas es la víctima directa de los daños alegados. La señora Sandra Patricia

López Escobar es su compañera permanente y los señores Elizabeth Vivas Vivas, Jesús María Vernaza y María
Edith Vernaza Vivas son sus padres y hermana, respectivamente. Esto permite superar la legitimación en la
causa por activa. (Fls. 11 - 20 del archivo del expediente digital: REFORMAALADEMANDA-DTEOSCAR
JAVIERVERNAZAYOTROSRAD2016-006952.pdf.)
La legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial se configura tras
las imputaciones formuladas en la demanda.
4

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

sus antecedentes ni se acreditó que fuera un peligro para la sociedad. Asimismo,
hubo mora injustificada en la etapa preparatoria que afectó el proceso penal y no
contó con medios eficaces para remediar esa situación.

Problemas jurídicos

29. ¿Debe confirmarse la decisión de primera instancia que negó la privación injusta
de la libertad del señor Óscar Javier Vernaza Vivas, o revocarse porque se decretó
sin elementos suficientes para inferir su participación en el delito imputado y sin
probarse los demás presupuestos que justificaban la medida de aseguramiento?

30. ¿Es acertada la conclusión del Tribunal Administrativo del Valle de descartar la
mora judicial o, por el contrario, se debe declarar la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación porque la audiencia preparatoria se celebró 5 años después
de programada?

Tesis

31. Se confirmará la sentencia de primera instancia. La medida de aseguramiento
fue legal, necesaria y proporcional, conforme a los criterios fijados en la sentencia
SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. Se basó en pruebas que permitían inferir
razonablemente la participación del procesado; evitó que obstruyera la justicia y
atendió a sus condiciones personales mediante la restricción menos gravosa
prevista en la ley. Además, la mora del proceso penal estuvo justificada.

32. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos: (i) responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad; (ii) privación de la libertad del señor Óscar
Javier Vernaza Vivas; (iii) título jurídico de defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia; (iv) mora en el proceso penal seguido contra el
procesado; y (v) condena en costas en segunda instancia.

Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

33. En sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y precisó que, en asuntos de privación injusta de la libertad, no es posible
la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debe examinar la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva para definir si existe mérito en adoptar
una decisión indemnizatoria15.

34. A través de providencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección
Tercera de esta Corporación, a partir de los supuestos del artículo 414 del Decreto
2700 de 1991, adoptó un régimen objetivo de responsabilidad cuando se absolvía
al sindicado porque: (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta
no era típica; y (iv) se concedió la libertad por aplicación del principio de “la duda se
resuelve a favor del acusado”16.

35. En sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional indicó que ningún cuerpo
normativo -ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270
de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- estableció un régimen específico de
responsabilidad aplicable a dichos eventos. Por tal razón, el juez determinaría, en

15 Sala Plena, sentencia C-037 de 1996, expediente PE-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
5

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

el caso concreto, si la medida fue legal, razonable, proporcionada y necesaria, sin
perjuicio del examen de la culpa de la víctima17.

36. En providencia del 15 de agosto de 201818, la Sección Tercera del Consejo de
Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos. Sin embargo, dicha providencia
quedó sin efectos por vía de tutela19.

37. El 6 de agosto de 2020 se profirió la decisión de reemplazo20. Aunque no tuvo
carácter de unificación, recopiló la jurisprudencia más reciente sobre la materia, en
especial, la sentencia C-037 de 199621, y reiteró que debía estudiarse la actuación
que origina la medida restrictiva de la libertad porque no puede predicarse una
reparación automática de perjuicios a partir de la preclusión o la absolución.

38. Para la Sala22, la sentencia SU-072 de 2018 no excluye la aplicación del régimen
objetivo de responsabilidad. Por el contrario, la misma jurisprudencia constitucional
reconoce su procedencia en eventos como la inexistencia del hecho o la atipicidad
objetiva de la conducta23.

39. Esta Corporación24 y la Corte Constitucional25 han sostenido que, como regla
general, los cambios jurisprudenciales se aplican a los procesos en curso. No
obstante, también han reconocido la posibilidad de modular sus efectos cuando
resulte necesario para proteger la seguridad jurídica, la confianza legítima o el
acceso a la administración de justicia. Como ninguna de esas circunstancias se
presenta en este asunto, la controversia se resolverá conforme al criterio
jurisprudencial vigente26.

17 Sala Plena, sentencia SU-072 de 2018, expedientes T-6.304.188 y T-6.390.556, M.P. José Fernando Reyes

Cuartas.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de

unificación del 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
19 Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de

esta Corporación, expediente 2019-00169-01 (AC).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de

agosto de 2020, expediente 46.947, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
21 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14

de julio de 2023, expediente 58.473, M.P. Marta Nubia Velasquez Rico, y sentencia del 1° de noviembre de
2025, expediente 67.387, M.P. María Adriana Marín.
23 La Corte Constitucional sostuvo: “105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos

deducidos por el Consejo de Estado -el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible
predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño
antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos. En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente
acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo
de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas
circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir
con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron
causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida. Nótese que en
el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si fenomenológicamente
hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida
privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde los albores de
la investigación. No en vano las diferentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace
parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un
hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta
punible. El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio
jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que
la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de
las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo”.
24 Se pueden consultar: auto del 30 de julio de 2021, expediente 66.941; y Sección Primera, sentencia de 29 de

abril de 2021, expediente 2021-01372-00 (AC), entre otras.
25 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, expediente T-

8.263.898, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
26 Sentencia del 1° de octubre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del

Consejo de Estado, Subsección C; sentencia del 18 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-
07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; y sentencia del 24 de mayo de 2021, expediente 11001-03-
15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
6

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Privación de la libertad del señor Óscar Javier Vernaza Vivas

40. Dado que la absolución del procesado no devino de alguna de las hipótesis que
permiten atribuir responsabilidad al Estado bajo un régimen objetivo 27, el caso se
abordará como una falla del servicio.

Lo probado sobre la medida de aseguramiento

41. Se acreditó que, entre el 30 de abril y el 11 de mayo de 2007, el señor Óscar
Javier Vernaza Vivas, en su condición de representante legal de la Fundación
Fungnosis, suscribió 12 contratos con el municipio de Santiago de Cali28 por un valor
total de $487’000.000, cuyo objeto fue la capacitación de los funcionarios
municipales en distintas áreas de gestión administrativa y organizacional29.

42. Con base en la revisión de los negocios jurídicos referidos y en los informes de
la Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación, así como del Grupo
de Delitos contra la Administración Pública y del Grupo de Delitos Económicos y
Financieros del CTI Cali, se estableció que los contratos fueron celebrados sin
cumplir los requisitos legales esenciales30. Esto vulneró los principios de selección
objetiva, responsabilidad, legalidad, economía y transparencia, consagrados en el
artículo 209 de la Carta Política31.

43. Asimismo, la Secretaría de Educación de Cali certificó que no autorizó a la
Fundación Fungnosis para desarrollar programas de formación académica, lo que
apuntaba a que el señor Vernaza Vivas falsificó y utilizó la Resolución 59-61 de
2006, supuestamente expedida para el fin contractual.

44. El 20 y el 30 de noviembre de 2007 ante los Juzgados 21 y 12 Penal Municipal
de Cali con Funciones de Control de Garantías, respectivamente, se le imputaron al
procesado los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos
legales y falsedad material en documento público agravada, y se le impuso medida
de aseguramiento de detención domiciliaria32, que se materializó el 21 de diciembre
de ese año33. Los razonamientos fueron los siguientes34:

Sobre la adecuación típica de la conducta35:

27 La absolución no se fundó en la atipicidad objetiva de la conducta ni en la inexistencia del hecho, sino en la

insuficiencia probatoria para respaldar la teoría del caso de la Fiscalía, lo que impidió desvirtuar la presunción
de inocencia del acusado.
28 Identificados así: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 381.
29 Esto se extrae de la síntesis de la medida de aseguramiento y el escrito de acusación (paginación 40 - 42 del

archivo del expediente digital: OSCARJAVIERVERNAZATOMO1).
30 Esto es: fraccionamiento del objeto contractual, deficiencias en los estudios de conveniencia y oportunidad,

imprecisión del plazo, ausencia de estudios de mercado, generalización de los costos y fijación de valores
ajenos a este tipo de actividades, así como falta de idoneidad jurídica, operativa y económica del contratista
para la ejecución del objeto contractual.
31 Ibidem.
32 Paginación 408, 665 - 66 del archivo del expediente digital: 062_DERECHO PENAL.pdf (paginación 400 -

418 del archivo digital: OSCARJAVIERVERNAZATOMO1).
33 Previo a hacer efectiva la medida, se ordenó prestar caución, suscribir el acta de compromiso y verificar el

domicilio por parte del INPEC.
34 Audios de las audiencias obrantes a Índice 34 de Samai del Tribunal.
35 “Formulación de imputación: según las denuncias, se presentó una feria de contratos en las dependencias

municipales, en cuantía cercana a los $25’000.000.000, muchos de los cuales se suscribieron con fundaciones
de papel que compartían sedes o funcionaban en casas o apartamentos. (…) Los investigadores del CTI y de
la Procuraduría detectaron múltiples irregularidades en los contratos celebrados por el entonces director de la
Oficina de Desarrollo Administrativo (…), quien (…) suscribió numerosos contratos estatales cuestionados por
los organismos de control (…), por lo menos 43 registran graves irregularidades al momento de su suscripción
(…) con representantes legales de las entidades privadas, a quienes se confió el cumplimiento de los fines del
Estado.
(…) Se encuentra un grupo de 12 contratos suscritos entre el 30 de abril y el 11 de mayo de 2007 por el director
de Desarrollo Administrativo de Cali y Oscar Javier Vernaza Zavivas, representante de la Fundación Fungnosis,
contratos cuyo objeto era la capacitación de funcionarios de la Administración en temas como resolución de
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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

● Al señor Vernaza Vivas se le imputó la conducta del artículo 410 del Código Penal:
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a título de coautor. Por ser un tipo
penal en blanco, sus requisitos esenciales se integran con el artículo 209 de la
Constitución y con el Estatuto General de Contratación.
● Conforme a los artículos 3 y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista se considera,
para efectos penales, particular que cumple función pública y responde como los
servidores públicos.
● Además, se le atribuyó la conducta del artículo 287 del Código Penal: falsedad
material en documento público, agravado por el artículo 290.

Sobre los elementos que permitían inferir su participación36:

● La imputación se sustentó en los informes de la Procuraduría y de los grupos de
Delitos contra la Administración Pública y de Delitos Económicos y Financieros del
CTI, en los que se relacionó al procesado como representante de la fundación
Fungnosis, con 12 de los contratos cuestionados.
● El objeto contractual se fraccionó para evitar el proceso de licitación exigible por la
cuantía. Cada contrato se suscribió por $43’000.000 —salvo uno por $14’000.000—
, pese a que compartían el mismo objeto. Si no se hubieran fraccionado los
contratos, el valor total era de $487’000.000, lo que impedía acudir a la modalidad

conflictos en la organización, estrategias de supervisión de tareas en el recurso humano de la organización,
desarrollo del capital urbano en la organización, desarrollo organizacional del talento humano, ética en la
empresa, gerencia estratégica, mejoramiento de procesos, etc. (…) Se predican irregularidades, como haberse
fraccionado el objeto contractual a fin de diluir el proceso de licitación que era exigible a la luz del Estatuto de
Contratación Pública por la cuantía de los mismos, pues no obstante haber sido suscritos por valor individual
de $43’000.000, salvo uno por $14’000.000, tratándose del mismo objeto, capacitación de funcionarios, su valor
total de $487’000.000 impedía su celebración mediante contratación directa sin formalidades al que se acudió.
Surgen otros cuestionamientos, como la falta de idoneidad del contratista, su poca o ninguna experiencia ni la
carencia de infraestructura (…) Para acceder a los publicitados contratos el señor Vernaza Vivas falsificó y usó
un documento público, específicamente la Resolución 59-61 de 2006, supuestamente expedida por la
Secretaría de Educación de Cali, pues de acuerdo con la información existente, se sabe que dicha entidad
jamás autorizó a Fundnosis para adelantar programas de formación académica. (…) Se concluye que (…)
concurrió con su voluntad a la celebración irregular de contratos estatales, pues no obstante carecer de
experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera, comprometió su responsabilidad y la de la
persona jurídica que representaba al suscribir dichos contratos con desconocimiento de los principios generales
de la contratación pública incurriendo en el tipo penal previsto en el artículo 410 del Código Penal. Debe
responder como coautor del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales,
sancionado con pena de prisión de 64 a 216 meses al tenor del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 (…).
(…) Se trata de un tipo penal en blanco que para su estructuración remite a los principios generales del artículo
209 de la Constitución y 23 y siguientes del Estatuto General de la Contratación Pública mismos que, de
acuerdo con la doctrina de la jurisprudencia constituyen los requisitos legales esenciales que prevé el legislador.
Tratándose de particulares que se vincularon a la Administración Pública para el cumplimiento de los fines
estatales tanto el funcionario público al que se confía el manejo directo de la función, como al que se suma en
virtud de una relación contractual, quedan sometidos al imperio de la ley y responden penalmente por
extralimitación o abuso. No se trata de una postura afincada por la Fiscalía, sino que se deriva del artículo 3 de
la Ley 80 de 1993, que consagra los deberes que incumben a los particulares que se contratan con la
Administración Pública, y se reafirman en el artículo 56 de la norma. Para efectos penales, el contratista se
considera particular que cumple función pública en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación
de los contratos que celebren con las entidades estatales y estarán sujetos a la responsabilidad que en esa
materia señale la ley para los servidores públicos. Adicionalmente, (…) debe responder penalmente como autor
del delito del artículo 287 del Código Penal, falsedad material en documento público. El que falsifique
documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, agravada a por el
artículo 290.
36 “Solicitud de imposición de medida de aseguramiento: la Fiscalía solicita (…) imponer medida de

aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva y en establecimiento de reclusión.
(…) Con fundamento en los elementos materiales de prueba y demás medios de información legalmente
recaudados en desarrollo de la indagación, se puede inferir razonablemente que pueden ser autor o partícipe
de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material de
particular en documento público agravada, ilicitudes que se hacen consistir en la suscripción irregular de
múltiples contratos estatales en cuantías cercanas a los $1.600’000.000, así como la falsificación y uso por
parte de Óscar Javier (…) de las resoluciones mediante las cuales supuestamente se le autorizó para ofrecer
y desarrollar programas de capacitación. (…) Para los fines previstos en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004,
someto a evaluación los informes de la Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación (…), el
Grupo de Delitos contra la Administración Pública del CTI y el Grupo de Delitos Económicos y Financieros del
Cuerpo Técnico Investigaciones de Cali, en cuanto ilustran con la suficiencia sobre las ilicitudes (…) Según el
artículo 308 de la Ley 906 del 2004, la medida de aseguramiento resulta viable cuando se muestre necesaria
para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, cuando el imputado constituye un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso
o que no cumplirá la sentencia. Adicionalmente, a la luz del artículo 309 (…) es indispensable para evitar la
obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá
destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. (…) Los contratos irregularmente
celebrados se encuentran vigentes, subsisten motivos fundados para asumir que hará todo lo posible para
destruir, modificar, ocultar o falsificar evidencias, más cuando (…) se le imputa la comisión de falsedad en
documentos públicos. Si (…) goza de su libertad, quedaría en óptimas condiciones para continuar su actividad
delictiva y, en especial, para menoscabar el patrimonio público de Cali”.
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de contratación directa. También se cuestionó la falta de idoneidad, experiencia e
infraestructura del contratista.
● Para acceder a los contratos, el procesado habría falsificado y usado la Resolución
59-61 de 2006, atribuida a la Secretaría de Educación de Cali, sin embargo, esa
entidad nunca autorizó a la fundación para ofrecer programas de formación
académica.

Sobre las razones para imponer la medida domiciliaria37:

● En la medida de aseguramiento, a diferencia de la pena (artículo 38 del Código
Penal), la sustitución por detención domiciliaria no depende del monto de la sanción.
Por tanto, que el delito tuviera una pena mínima de 64 meses no impedía
concederla, y ese delito no figura entre los que están excluidos de sustitución por el
artículo 314 ibidem.
● Los fines de la medida se lograban con la reclusión domiciliaria, que impedía
manipular pruebas o influir en testigos y aseguraba la comparecencia del procesado.
● Ni la Fiscalía ni el material probatorio establecieron que el imputado fuera proclive
al delito, por lo que se le tuvo por persona sin antecedentes.

45. La defensa y la Fiscalía apelaron el decreto de la medida de aseguramiento,
pero el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento
la confirmó bajo iguales argumentos a los del juez de control de garantías38.

46. El 10 de diciembre de 2008, el investigado recobró su libertad por vencimiento
de términos39.

37 “Decreto de la medida de aseguramiento: (…) debe decretarse medida de aseguramiento por un concurso

homogéneo de delitos (…) en modalidad de detención en lugar de residencia, prevista y reglamentada en el
numeral segundo del literal A del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 314, en
tanto que respecto de él es evidentemente aplicable el numeral primero de la última disposición que determina
cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión
en el lugar de residencia.
(…) Primero, a diferencia de lo que ocurre con la persona que soporta una sentencia condenatoria a quien por
virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Penal, solo es posible beneficiársele con la medida de
sustitución de la prisión por prisión domiciliaria, si el delito que se le adjudica es sancionado con pena de prisión
cuyo mínimo no supere los cinco años, en tratándose de la medida de aseguramiento, esa sustitución de la
detención en el lugar de residencia no está supeditada al aspecto cuantitativo de la punibilidad, porque ni el
referido artículo 314, ni ninguna otra norma de la Ley 906 o posterior a ella, entroniza alguna limitante al
respecto, lo que implica que en este evento donde la medida cautelar se impone por un delito de contrato sin
cumplimiento de los requisitos legales, sancionado con prisión mínima de 64 meses, no es impedimento de
ninguna especie para la concesión de esa gracia. Segundo, el artículo 314 de la Ley 906 de 2004 dice, no procederá la sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario por domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos (…) y arreglón
seguido relaciona una pluralidad de conductas punibles, varias de ellas atentatorias contra la Administración
Pública. Pero el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no se encuentra dentro de ellas, siendo
esta una exclusión que revela de modo inequívoco que el criterio del hacedor de la ley o la voluntad legislativa,
lo fue la de que, a este delito, si le fuera inherente esa medida sustitutiva, o que la persona imputada por una
conducta de esta especie podría ser susceptible de sometimiento a detención domiciliaria. Tercero, si los fines de la medida de aseguramiento tienen por objeto primordial el evitar que el imputado ejecute
alguna labor de obstrucción a la justicia a través de alguna de aquellas actividades relacionadas en el artículo
309 de la Ley 906 (…). La detención en el lugar de residencia sería suficiente y eficaz desde luego para
garantizar la no materialización de alguna de tales situaciones, pues al estar los imputados que nos ocupa con
peligro a permanecer en su lugar de domicilio no tendrían ninguna posibilidad de manipular pruebas, suprimirlas
o agenciarse la colaboración ilegítima de los testigos o peritos, etc. De continuar infringiendo la ley y colocando
con ello de cualquier modo en peligro a los asociados, siendo colegible también que esa reclusión en su lugar
de residencia garantizará sus comparecencias, pues no está establecido en el proceso que sean ellos personas
dispuestas a renunciar a todo aquello que constituye el ámbito en que se desarrolla su existencia a nivel familiar,
de trabajo, de amistades, etc., simplemente para eludir la justicia, eludir perdón, la acción de la justicia.

Cuarto, cuando advierte que ni por parte del sujeto procesal de la fiscalía, ni en el bagaje probatorio en que
sustentó su intervención, se alude como situación probada o simplemente supuesta que los imputados sean
personas proclives al delito o de nocivas costumbres, aspecto este que mientras no se acredite lo contrario,
obliga a que se les considere como personas carentes de antecedentes y de buena conducta anterior y a nivel
familiar, social o laboral, y a que se consideren las acciones ilícitas que se le adjudican como no propias de su
comportamiento, diríamos cuando a la hora de ahora y atendida la naturaleza de los hechos que se les endilgan,
es posible decir como particulares accedieron a contratar con la Administración de manera ciertamente irregular
para obtener un provecho económico y legítimo, en su labor de coautoría (…)”. 38 Paginación 439 - 440 del archivo del expediente digital: OSCARJAVIERVERNAZATOMO1. 39 Paginación 7 del archivo del expediente digital: 025Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.

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Solución del primer problema jurídico

47. En el sistema acusatorio40 desarrollado por la Ley 906 de 2004, la imposición
de la medida de aseguramiento corresponde al juez de control de garantías, previa
solicitud de la Fiscalía, que debe indicar la persona investigada, el delito atribuido,
los elementos de convicción que sustentan la petición y las razones que justifican
su necesidad, conforme al artículo 306 de dicho estatuto41.

48. La solicitud exige la formulación de imputación. En ese acto, la Fiscalía informa
a la persona que existe una investigación en su contra y los hechos por los que se
le atribuye participación en una conducta punible, según el artículo 287 de la norma
referida.

49. El artículo 308 de ese estatuto prevé que la medida restrictiva de libertad
procede cuando los elementos materiales probatorios42, la evidencia física o la
información legalmente obtenida43 permiten inferir razonablemente que el imputado
es autor o partícipe de la conducta investigada44 y siempre que se configure alguno
de los siguientes requisitos: (i) sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia;
(ii) el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima;
o (iii) para garantizar su comparecencia al proceso y el cumplimiento de la eventual
sentencia.

50. En los términos del artículo 309 de la Ley 906 de 2004, la aplicación del primer
postulado exige que el juez valore si existen motivos graves y fundados para inferir
que el imputado puede destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar
elementos de prueba; influir a coimputados, testigos, peritos o terceros a suministrar
información falsa o a actuar de forma desleal; o entorpecer el desarrollo de las
diligencias y la labor de las autoridades judiciales y demás intervinientes.

51. Ahora, según los artículos 308, 313 y 314 de la ley procesal penal, la detención
preventiva en establecimiento carcelario se admite para los delitos de competencia
de los jueces penales de circuito especializados y los investigables de oficio con
pena mínima igual o superior a 4 años, mientras que la detención domiciliaria
conduce a una medida sustitutiva cuando las condiciones personales del sindicado
permiten garantizar los fines de la medida sin internamiento intramural.

40 Previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002.
41 Sin la modificación de la Ley 1453 de 2011.
42 Según el artículo 275 de la Ley 906 de 2004 corresponden a: (i) huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios

y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva; (ii) armas, instrumentos, objetos y cualquier otro
medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva; (iii) dinero, bienes y otros efectos provenientes de la
ejecución de la actividad delictiva; (iv) elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo
de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; (v) documentos de
toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por
quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí; (vi) elementos materiales obtenidos mediante
grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia,
en recinto cerrado o en espacio público; (vii) mensajes de datos y (viii) demás elementos materiales similares a
los anteriores debidamente descubiertos, recogidos y custodiados.
43 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “comprende los denominados

informes de investigador de campo y de investigador de laboratorios, conocidos también como informes
policiales e informes periciales y toda fuente de información legalmente obtenida que no tenga cabida en la
definición de elemento material probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial,
las exposiciones tomadas por la fiscalía (artículo 347) y las declaraciones juradas rendidas ante los Alcaldes,
los Inspectores de Policía o los Notarios Públicos, a instancias de la defensa (artículo 272)” (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de marzo de 2015, expediente 44.540, M.P. Eugenio
Fernández Carlier).
44 La Corte Constitucional ha precisado que “[el hecho de] que ciertos elementos de conocimiento hayan sido

suficientes para ordenar una medida de aseguramiento no significa que también lo sean para demostrar la
responsabilidad penal del acusado» y ha aclarado que “[l]a presentación, contradicción y evaluación de los
elementos de conocimiento que prevé el artículo 306 no buscan establecer la responsabilidad del imputado,
como sí lo hacen las pruebas, sino la procedencia de una medida de aseguramiento que incide en los derechos
del imputado” (Corte Constitucional, sentencia C-1154 del 15 de noviembre de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
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52. En el caso concreto, la parte demandante alegó que la privación de la libertad
del señor Óscar Javier Vernaza Vivas fue injusta. Sin embargo, la Sala no advierte
una falla en el servicio, como pasa a explicarse.

53. El artículo 56 de la Ley 80 de 199345 establece que los contratistas, para efectos
penales, se consideran particulares que cumplen función pública en desarrollo de la
actividad contractual del Estado y, por ende, están sometidos al régimen aplicable
a los servidores públicos.

54. En consonancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia46
ha precisado que el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales previsto en el artículo 410 del Código Penal47 protege la legalidad de esa
actividad48 y que los particulares que interviene en la contratación pública pueden
comprometer responsabilidad penal por su realización, aun cuando no ostenten la
calidad de servidor público exigida por el tipo. Bajo ese entendimiento, al señor
Vernaza Vivas se le imputó dicha conducta a título de coautor49.

55. Bajo ese contexto, era razonable la imputación de tal conducta al señor Vernaza
Vivas. Se sustentó en la denuncia presentada por las irregularidades evidenciadas
en la contratación del distrito de Santiago de Cali y en los informes de la
Procuraduría y del CTI, que lo relacionaban, en calidad de representante legal de la
Fundación Fungnosis, con la celebración de 12 de los contratos cuestionados y con
el uso de documentación presuntamente falsa para acreditar la idoneidad de esa
entidad.

56. En todo caso, la calificación jurídica que se efectúa en la etapa preliminar es
provisional y puede ser modificada hasta antes de la acusación50 —artículo 154 de
la Ley 906 de 2004, en armonía con el precedente de la Corte Suprema de
Justicia51—. Entonces, la discrepancia sobre la adecuación típica de la conducta,

45 “Artículo 56. De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal. Para

efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen
funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren
con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley
para los servidores públicos”.
46 La finalidad del tipo penal es salvaguardar la legalidad de la contratación estatal. Impone a todos los

intervinientes en el trámite, celebración o liquidación del contrato el deber de sujeción estricta al ordenamiento
jurídico, para prevenir decisiones subjetivas, desviadas del poder u orientadas a favorecer intereses particulares
en detrimento del interés general. El mencionado delito es especial propio cuyo sujeto activo es el servidor
público, pero no excluye la responsabilidad de quienes no ostentan dicha calidad cuando concurren en su
realización, conforme a las reglas de autoría y participación previstas en la ley penal (Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de abril de 2002, expediente 12.191; del 25 de enero de 2023,
expediente 62.766; y Corte Constitucional, sentencias C-015 de 2018 y C-050 de 2024).
47 “Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio

de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin
verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”.
48 En el Estado social de derecho, la actividad contractual es una manifestación de la gestión pública orientada

a la realización del interés general. El contrato estatal opera como un instrumento jurídico en el que el Estado
cumple sus fines, materializa los deberes públicos y garantiza la prestación de los servicios a su cargo, con la
participación de los particulares (Corte Constitucional, sentencia SU-214 del 16 de junio de 2022, expediente T-
8.165.203, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).
49 El precedente de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la responsabilidad penal de los particulares que

intervienen en la contratación estatal, a partir de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993. En este
caso, la formulación de imputación atribuyó al señor Vernaza Vivas, como representante legal de la Fundación
Fungnosis, la calidad de coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Véase la síntesis
de la formulación de imputación obrante en el expediente.
50 Si se encuentran nuevas evidencias o una mejor adecuación típica, siempre que sea del mismo género y de

menor entidad.
51 “La enumeración que contiene el artículo 154 de la Ley 906 de 2004 de los asuntos que deben ser tramitados

en audiencia preliminar ante un juez de control de garantías, es enunciativa, no taxativa, particularidad que
inequívocamente surge del contenido de su numeral noveno, donde se incluye una cláusula residual que
autoriza resolver en audiencia preliminar situaciones similares a las hipótesis que allí se relacionan. También el
artículo 153 ejusdem avala esta conclusión, pues establece que las actuaciones, peticiones y decisiones que
no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en las audiencias de formulación de la acusación, preparatoria o
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por sí sola, no basta para concluir que la imputación no era ajustada, sobre todo
cuando era plausible y se mantuvo durante el proceso.

57. Superado ese punto, la Sala encuentra que la medida de aseguramiento cumplió
los requisitos previstos en los artículos 308 y siguientes de la Ley 906 de 2004. Para
la fecha de su imposición, los elementos de prueba recaudados permitían inferir
razonablemente la posible participación del procesado en los hechos investigados,
estándar que difiere del grado de ausencia de duda razonable exigido para dictar
sentencia condenatoria.

58. La parte actora sostuvo que la restricción de la libertad era improcedente porque
no se acreditó que el señor Vernaza Vivas representara un peligro para la sociedad.
No obstante, ese reproche no desvirtúa la actuación de la autoridad penal. La
medida de aseguramiento no se fundó en esa causal, sino en la necesidad de evitar
la obstrucción de la justicia, supuesto autónomo previsto en la ley procesal penal.

59. Los contratos surtían efectos y existían motivos fundados para deducir riesgos
en la actividad probatoria, máxime cuando -pese a que los demandantes no lo
dijeron- una de las conductas investigadas consistía en la falsificación y utilización
de documentos públicos. Adicionalmente, la naturaleza de delitos investigados y la
cuantía de los recursos comprometidos justificaban una determinación orientada a
preservar el adecuado desarrollo del proceso penal y asegurar la comparecencia
del imputado.

60. Por último, esta Sala no tiene duda de que la decisión fue proporcional. Si bien
los punibles atribuidos admitían una medida más gravosa de la libertad, se ponderó
que sus fines podían alcanzarse mediante una detención domiciliaria. Para ello se
valoraron expresamente las condiciones personales del señor Vernaza Vivas y se
advirtió que no existían elementos que hicieran necesaria una reclusión intramural.

61. De modo que, contrario a lo afirmado en la apelación, los antecedentes sí se
consideraron para definir el alcance de la restricción de la libertad. La sustitución de
la detención en su residencia refleja que se sopesaron tales circunstancias y se optó
por la alternativa menos restrictiva.

62. En definitiva, la medida de aseguramiento impuesta al señor Óscar Javier fue
legal, razonable y proporcional. La posterior absolución no altera esa conclusión,
pues el decreto de la medida no exige la demostración definitiva de responsabilidad,
sino la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación y de una
necesidad cautelar debidamente acreditada.

Título jurídico de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia

63. El defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia derivado del

del juicio, oral, se resolverán en audiencia preliminar, dejando en claro que los asuntos que no son propios de
ellas deben ser definidos en audiencias de este tipo ante el juez de garantías. Sostener, por tanto, que la
realización de una nueva audiencia para variar la imputación jurídica de la conducta viola el debido proceso, por
no estar incluida dentro del listado de modalidades que relaciona el artículo 154, carece de sentido, porque la
enumeración que la disposición contiene no es excluyente, puesto que la propia normatividad deja abierta la
posibilidad de acudir a esta vía cuando se esté frente a situaciones afines. Tampoco se advierte que la
realización de esta audiencia desconozca las garantías de los sujetos procesales. Por el contrario, la posibilidad
de realizar los ajustes pertinentes redunda en beneficio del proceso y en interés de sus protagonistas, como
quiera que permita actualizar el objeto de la investigación y aplicar las consecuencias jurídico-procesales que
una modificación de esta índole comporta, permitiendo a las partes conocerlas y reorientar sus posturas frente
a la nueva imputación. Resumiendo, puede decirse entonces que los contenidos de la imputación no son
inamovibles, y que nada se opone a que el fiscal pueda propiciar su variación por razones fácticas o jurídicas
antes de la acusación, ante un juez de control de garantías, cuando las circunstancias del caso lo ameriten,
criterio que la Corte ya ha tenido la oportunidad de exponer de alguna manera en oportunidades anteriores, en
el análisis de situaciones similares” (Sentencia del 17 de noviembre de 2010, expediente 32.749).
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retraso injustificado en la adopción de decisiones judiciales debe analizarse a la luz
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia previstos en los artículos 29 y 228 de la Carta Política52. Estos mandatos
exigen que las autoridades judiciales impulsen y decidan los asuntos en
oportunidad, sin dilaciones y con respeto de los términos procesales.

64. Los artículos 4 y 7 de la Ley 270 de 1996 prevén que la Administración de
Justicia debe ser eficiente, pronta y eficaz, lo que comporta para los jueces la
obligación de actuar con diligencia en la sustanciación de los procesos que conocen,
sin sacrificar la calidad de sus decisiones. En armonía, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos53 reconoce el derecho de toda persona a ser
juzgada en un plazo razonable, garantía aplicable a procesos de cualquier
naturaleza54.

65. Esta Corporación ha manifestado que la responsabilidad estatal por mora
judicial no se configura solo por el vencimiento de los términos legales. También
deben examinarse factores como: la complejidad del asunto, la conducta procesal
de las partes, la carga laboral del despacho judicial, las particularidades del trámite,
las condiciones de funcionamiento de la Administración de Justicia y cualquier
evento externo que incida de manera directa en su duración55.

66. La Sala ha puntualizado que los retrasos injustificados afectan el derecho a la
tutela judicial efectiva, por lo que el juez debe evaluar las condiciones reales en que
se presta el servicio de justicia, sin acudir a referentes teóricos o ideales sobre su
funcionamiento56.

Mora en el proceso penal seguido contra el señor Óscar Javier Vernaza Vivas

67. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no revisó las actuaciones del
proceso penal. La recurrente sostuvo que la Fiscalía General de la Nación retrasó,
sin motivo, la celebración de la audiencia preparatoria.

68. Antes de examinar el cargo, la Subsección precisa que, contrario a lo dicho en
la sentencia de primera instancia, la falta de presentación de acciones de tutelas,

52 La Corte Constitucional ha sostenido “(…) El acceso a la administración de justicia no es un derecho apenas

formal que se satisfaga mediante la iniciación del proceso sino que su contenido es sustancial, es decir, implica
que la persona obtenga a lo largo de la actuación y hasta la culminación de la misma, la posibilidad real de ser
escuchada, evaluados sus argumentos y alegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus peticiones, de manera
que las resoluciones judiciales sean reflejo y realización de los valores jurídicos fundamentales. En tal sentido,
el acceso a la administración de justicia es inescindible del debido proceso y únicamente dentro de él se realiza
con certeza” (Corte Constitucional, sentencia T-173 de 1993).
53 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
54 CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho

Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306 - 307 y 442.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2013, expediente 30.495, M.P. Stella

Conto Díaz del Castillo, criterio reiterado en sentencia de esta Subsección del 24 de mayo de 2018, expediente
44.861. También ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 26 de febrero de 2018, expediente 41.978, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
56 Esto se ha dicho: “Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas

en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo
estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el
comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el
despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se
señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que
este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una
administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación
de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 25 de noviembre de 2004, expediente 13.539, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 25 de agosto
de 2011, expediente 19.162, M.P. Hernán Andrade Rincón).
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Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
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quejas u otros mecanismos encaminados a exigir el cumplimiento de los términos
procesales no impide analizar la existencia de una mora judicial ni establecer si esta
fue o no justificada. Como la apelación cuestionó expresamente ese razonamiento
al sostener que no existían medios eficaces para remediar la situación denunciada,
procede el estudio de fondo del retraso alegado.

69. Ahora, para definir si el planteamiento de la parte actora prospera, en el
siguiente cuadro se sintetiza el trámite surtido por la Fiscalía desde la presentación
del escrito de acusación hasta que se realizó la audiencia preparatoria.

Lo probado sobre las actuaciones del proceso penal

FECHAS ACTUACIONES
2007
El 14 de diciembre de 200757 La Fiscalía acusó al señor Óscar Javier Vernaza Vivas y 9 personas
más de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los
requisitos legales y falsedad material en documento público, agravada
por el uso.
El 20 de diciembre de 200758 El Juzgado 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Cali no impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria
contra algunos de los procesados, decisión que se apeló.
2008
El 21 de febrero de 200859 El apoderado de la defensa solicitó la suspensión de la audiencia de
acusación por incapacidad médica.
El 27 de febrero de 200860 El apoderado del señor Vernaza Vivas presentó excusas para asistir a
la audiencia de formulación de acusación.
El 29 de febrero de 200861 Se suspendió la audiencia de acusación porque uno de los
representantes de los procesados presentó incapacidad médica por
una cirugía.
El 31 de marzo de 200862 La Fiscalía solicitó la programación de la audiencia de acusación.
El 7 y 12 de mayo de 200863 Los abogados de la defensa renunciaron a los poderes otorgados.
El 1° de abril de 200864 El Juzgado 8 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento
confirmó la decisión de no imponer medida de aseguramiento en centro
carcelario.
El 2 de julio de 200865 El Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento
incorporó el escrito de acusación y dispuso que se entregaran los
documentos relacionados en ese escrito a la defensa y al Ministerio
Público para llevar a cabo la audiencia preparatoria.
El 21 julio de 200866 El defensor de 2 de los procesados señaló que la Fiscalía tenía 15 días
para la entrega y descubrimiento de los elementos materiales
probatorios, lo que no había cumplido.
El 1° de agosto de 200867 Se instaló la audiencia preparatoria, pero no se pudo realizar porque el
fiscal y un procesado no asistieron a la diligencia.
El 12 de agosto de 200868 Se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos para los
procesados, decisión que se apeló.
El 22 de agosto de 200869 Se instaló la audiencia preparatoria. Como no comparecieron los
defensores de 3 de los procesados, no se llevó a cabo la diligencia.
El 25 de agosto de 200870 El juzgado requirió a uno de los apoderados de los procesados para
que justificara su inasistencia a la audiencia preparatoria.
El 1° de septiembre de 200871 Por el atentado terrorista perpetrado contra el Palacio de Justicia de
Cali, se suspendieron los términos de los Juzgados Penales de
Conocimiento, hasta tanto se tuviera una ubicación para continuar con
la labor.
El 3 de diciembre de 200872 La Fiscalía solicitó la programación de la audiencia preparatoria.
El 10 de diciembre de 200873 El Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali con Funciones de
Conocimiento concedió la libertad por vencimiento de términos al señor

57 Paginación 275 - 289 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
58 Paginación 36 - 37 del archivo del expediente digital: 003Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
59 Paginación 313 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
60 Paginación 29 del archivo del expediente digital: 003Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
61 Paginación 308 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
62 Paginación 306 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
63 Paginación 96 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
64 Paginación 21 - 22 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
65 Paginación 292 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
66 Paginación 259 - 260 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
67 Paginación 269 - 270 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
68 Paginación 265 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
69 Paginación 262 - 263 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
70 Paginación 261 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
71 Paginación 53 del archivo del expediente digital: 004Contrato104 DE 2020-SASI-2020-09.pdf
72 Paginación 255 - 258 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
73 Paginación 50 del archivo del expediente digital: 004Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.

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Óscar Javier Vernaza Vivas.
El 11 diciembre de 200874 Las partes, por mutuo acuerdo, señalaron que los defensores
entregarían los documentos que tenían en su poder a la Fiscalía.
2009
El 28 de mayo de 200975 A la audiencia no asistió el procurador ni el fiscal, y algunos procesados
no estaban asistidos por apoderado, por lo que se les avisó que se les
designaría un nuevo defensor.
El 28 de agosto de 200976 El fiscal solicitó aplazamiento de la audiencia porque se encontraba en
Bogotá asistiendo a otra diligencia.
El 22 de septiembre de 200977 El fiscal no pudo atender la audiencia, porque estaba en un encuentro
nacional obligatorio de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
El 24 de septiembre de 200978 Se aplazó la audiencia preparatoria, en tanto 3 de los acusados no
tenían apoderado judicial.
2010
El 10 de febrero de 201079 Camino a la sala de audiencias, el fiscal fue despojado del maletín y los
documentos que portaba para presentar en esa diligencia, por lo que
formuló la denuncia respectiva.
El 18 de marzo de 201080 La Fiscalía afirmó que había sido imposible reconstruir y recuperar toda
la información que se le hurtó y que era útil para la etapa de juicio, razón
por la que solicitó aplazamiento de la diligencia.
El 23 de marzo de 201081 Se dejó constancia de que el fiscal no compareció y no pudo llevarse a
cabo la diligencia.
El 25 de marzo de 201082 Uno de los procesados solicitó copias del proceso.
El 5 de mayo de 201083 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 10 de mayo de 201084 El apoderado de los procesados solicitó aplazamiento de la audiencia
porque debía atender otra diligencia en otra dependencia judicial.
El 11 de mayo de 201085 Uno de los apoderados de los procesados renunció al poder otorgado.
El 12 de mayo de 201086 No se pudo realizar la diligencia, porque el apoderado de uno de los
investigados presentó excusa.
El 5 de agosto de 201087 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ordenó la exclusión de
los testimonios que se decretaron a favor de la Fiscalía.
El 10 de agosto de 201088 El fiscal comunicó que se encontraba incapacitado por una lesión de
columna. Ese mismo día, solicitó la continuación de la diligencia.
El 20 de octubre de 201089 Se solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 5 de noviembre de 201090 Uno de los apoderados de los procesados allegó excusa para asistir a
la audiencia preparatoria por un cuadro viral.
El 22 noviembre de 201091 La Fiscalía pidió la continuación de la audiencia preparatoria.
El 6 de diciembre de 201092 La Fiscalía solicitó adelantar o postergar la audiencia, porque para la
fecha programada debía atender una cita médica.
2011
El 29 de marzo de 201193 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 6 de abril de 201194 Uno de los abogados de los procesados presentó incapacidad.
El 15 de abril de 201195 El abogado de uno de los procesados solicitó la suspensión de la
diligencia porque tenía asignada otra audiencia para la misma fecha.
El 18 de mayo de 201196 Se solicitó la remisión de una carpeta para la práctica de una inspección
judicial decretada.
El 29 de mayo de 201197 La Fiscalía pidió la continuación de la audiencia preparatoria.
El 9 de junio de 201198 Se instaló la audiencia preparatoria y, ante las estipulaciones
probatorias de los sujetos procesales, se suspendió la diligencia para
que aquellos revisaran los documentos y testimonios descubiertos.
El 21 de junio de 201199 Se suspendió la audiencia.

74 Paginación 244 - 252 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
75 Paginación 230 - 231 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
76 Paginación 240 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
77 Paginación 223 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
78 Paginación 9 -10 del archivo del expediente digital: 036Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
79 Paginación 199 - 204 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
80 Paginación 208 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
81
Paginación 206 - 207 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
82 Paginación 198 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
83 Paginación 335 del archivo del expediente digital: 032Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
84 Paginación 194 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
85 Paginación 193 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
86 Paginación 192 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
87 Paginación 63 - 93 del archivo del expediente digital: 004Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
88 Paginación 187 del archivo del expediente digital: Contrato104 DE 2020-SASI-2020-09.pdf.pdf.
89 Paginación 8 - 9 del archivo del expediente digital: 033Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
90 Paginación 177 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
91 Paginación 175 - 76 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
92 Paginación 174 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
93 Paginación 179 - 180 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
94 Paginación 169 - 170 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
95 Paginación 167 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
96 Paginación 166 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
97 Paginación 163 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
98 Paginación 165 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
99 Paginación 142 - 161 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

El 25 agosto 2011100 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 30 de agosto de 2011101 La fiscal pidió aplazamiento de la audiencia porque estaba en un
seminario de la Embajada de Estados Unidos.
El 31 de agosto de 2011102 El señor Óscar Javier Vernaza Vivas designó nuevo apoderado judicial.
El 14 de septiembre de 2011103 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 22 de septiembre de 2011104 El defensor de 2 de los acusados solicitó cambio de fecha de la
audiencia preparatoria porque debía atender otra diligencia.
El 3 de octubre de 2011105 El apoderado de uno de los procesados pidió la suspensión de la
audiencia por incapacidad médica.
El 10 de octubre de 2011106 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 10 de diciembre de 2011107 Uno de los procesados otorgó poder a un nuevo abogado.
El 12 diciembre de 2011108 Se instaló la audiencia preparatoria, pero el abogado defensor de uno
de los procesados no asistió y se suspendió.
2012
El 21 de febrero de 2012109 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia.
El 5 de marzo de 2012110 El abogado de uno de los procesados renunció al mandato.
El 6 de marzo 2012111 La audiencia no se realizó por ausencia de un abogado defensor.
El 9 de abril de 2012112 Uno de los abogados de los procesados renunció al poder.
El 10 de abril de 2012113 Un defensor público asumió la defensa de los procesados.
El 16 de abril de 2012114 Los imputados designaron nuevo apoderado judicial.
El 7 de mayo de 2012115 Se requirió a la Defensoría del Pueblo la designación de un defensor
para que asistiera, entre otros, al aquí demandante.
El 15 de mayo de 2012116 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 17 mayo 2012117 Se pidió a la Defensoría Pública asistir a 2 de los acusados.
El 23 mayo de 2012118 Uno de los procesados otorgó poder especial.
El 5 de junio 2012119 No se atendió la audiencia por ausencia del fiscal. Ese mismo día, aquel
presentó excusa porque aún no se le habían entregado los elementos
materiales de prueba que aportaría en el juicio.
El 6 de junio de 2012120 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 31 de julio de 2012121 La Fiscalía pidió la continuación de la audiencia preparatoria.
El 21 de agosto de 2012122 El fiscal presentó excusa porque tuvo un accidente.
El 24 agosto 2012123 La Fiscalía solicitó la continuación de la audiencia preparatoria.
El 11 de octubre y el 9 de Se realizó un cese indefinido en las actividades por un paro de Asonal
noviembre de 2012124 Judicial y se suspendieron las audiencias.
2013
El 5 de febrero de 2013125 Se requirió la designación de un defensor público para uno de los
procesados. El abogado de otro procesado pidió la suspensión.
El 19 de abril de 2013126 El Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento
instaló la audiencia preparatoria y dejó constancia del cambio de
abogado de los procesados. La Fiscalía anunció las pruebas
testimoniales que introduciría en el juicio oral. La defensa solicitó su
exclusión y apeló el decreto de los testimonios.
El 23 de mayo 2013127 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declaró fundado el
impedimento de uno de sus magistrados.
El 5 de junio de 2013128 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali aplazó la audiencia de
decisión porque el proyecto aún se encontraba en discusión.
El 19 de julio de 2013129 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó el auto del 19
de abril de 2013, proferido por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali

100 Paginación 139 - 142 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
101 Paginación 138 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
102 Paginación 131 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
103 Paginación 135 -136 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
104 Paginación 130 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
105 Paginación 129 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
106 Paginación 125 - 127 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020- SASI-2020-09.pdf.
107 Paginación 122 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
108 Paginación 113 - 116 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
109 Paginación 109 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
110 Paginación 117 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
111
Paginación 107 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
112 Paginación 105 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
113 Paginación 97 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
114 Paginación 84 - 87 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
115 Paginación 92 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
116 Paginación 93 - 95 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
117 Paginación 89 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
118 Paginación 91 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
119 Paginación 82 - 83 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
120 Paginación 79 - 81 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
121 Paginación 76 - 78 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
122 Paginación 74 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
123 Paginación 70 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
124 Paginación 69 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
125 Paginación 63 - 64 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
126 Paginación 25 - 41 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
127 Paginación 107 -110 del archivo del expediente digital: 032Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
128 Paginación 23 - 24 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
129 Paginación 19 - 20 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

con Funciones de Conocimiento.
El 25 de julio 2013130 La Fiscalía informó que tenía dificultad para contactar a varios testigos.
El 29 de julio 2013131 Se instaló la audiencia preparatoria, pero el fiscal se excusó ante la
imposibilidad de ubicar a los testigos. La defensa del señor Vernaza
Vivas no asistió.
El 25 de septiembre de 2013132 La Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia de juicio oral, en
tanto no logró ubicar algunos testigos.
El 23 de octubre de 2013133 Se instaló la audiencia pública para llevar a cabo el juicio oral y se corrió
el traslado para los alegatos de conclusión.
El 22 de noviembre de 2013134 El Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento
instaló la audiencia de juicio oral e indicó el sentido del fallo.
2014
El 4 de abril de 2014135 Se dictó la providencia en la que se absolvió de responsabilidad al
actor. Se basó en que el fiscal tuvo inconvenientes en el descubrimiento
de las pruebas testimoniales que pretendía hacer valer en el juicio oral
y no logró sustentar la teoría del caso “con el escaso material probatorio
disponible”. Además, se compulsó copias a la autoridad disciplinaria
por dicha situación.

Solución al segundo problema jurídico

70. La Sala aclara que el señor Óscar Javier Vernaza Vivas recuperó su libertad el
10 de diciembre de 2008 por vencimiento de términos. Empero, el estudio de la
mora judicial no se circunscribe al período de privación de la libertad, sino que
comprende la prolongación del proceso penal para llevar a cabo la audiencia
preparatoria. Por tal motivo, es necesario examinar las actuaciones surtidas durante
ese trámite.

71. El 14 de diciembre de 2007, la Fiscalía acusó al señor Vernaza Vivas y otras
nueve personas por delitos contra la Administración Pública. No consta la fecha de
radicación del escrito respectivo, pero la audiencia de formulación solo se realizó el
2 de julio de 2008, aun cuando se convocó para el 21 de febrero de ese año136. Esta
demora se debió a situaciones atribuibles a la defensa: solicitudes de suspensión
por incapacidad médica, la renuncia conjunta de los abogados de los acusados y la
necesidad de resolver las apelaciones de la medida de aseguramiento.

72. Concluida esta etapa, el juez fijó fecha para la audiencia preparatoria dentro del
término legal. El 21 de julio de 2008, ordenó el descubrimiento de los elementos
probatorios y programó la diligencia para el 1º de agosto siguiente 137. No obstante,
esta no pudo adelantarse conforme a los plazos máximos previstos en la Ley 906
de 2004138, por una sucesión de aplazamientos y suspensiones justificadas.

73. Durante el resto del 2008, la diligencia fue suspendida por solicitudes reiteradas
de la defensa, por la ocurrencia del atentado terrorista contra el Palacio de Justicia
de Cali -hecho constitutivo de fuerza mayor que ocasionó el cese de labores
judiciales- y por el estudio de las peticiones de libertad por vencimiento de términos,
causales expresamente previstas para suspender la audiencia139. Al cierre del año,
las partes acordaron el traslado de documentos para pronunciarse posteriormente.

130 Paginación 116 del archivo del expediente digital: 032Contrato104 DE 2020-SASI-2020-09.pdf.
131 Paginación 21 - 22 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
132 Paginación 86 del archivo del expediente digital: 036Contrato104 DE 2020-SASI-2020-09.pdf.
133 Paginación 11 - 18 del archivo del expediente digital: 002Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
134 REFORMAALADEMANDADTEOSCARJAVIERVERNAZAYOTROSRAD2016006951.pdf.
135 Paginación 90 - 92 del archivo del expediente digital: Contrato104DE2020-SASI-2020-09.pdf.
136 Los artículos 338 y 339 de la Ley 906 de 2004 indican que, una vez la Fiscalía radique el escrito de acusación,

el juez, dentro de los 3 días siguientes, celebrará la audiencia de formulación a los procesados y correrá traslado
para que manifiesten alguna oposición o el ente acusador lo aclare, corrija o adicione.
137 El artículo 343 prescribe que, surtida la audiencia de formulación de imputación, la audiencia preparatoria

debe fijarse en los 15 días siguientes.
138 Los artículos 175 y 355 de la Ley 906 de 2004 señalan que la audiencia preparatoria debe llevarse a cabo,

en principio, dentro de los 45 días siguientes a su señalamiento, término que se duplica cuando se trata de
delitos contra la Administración Pública o existen más de tres imputados. En todo caso, su validez exige la
presencia del juez, del fiscal y del defensor.
139 Según el artículo 363 de la Ley 906 de 2004.

17

Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

74. En el curso del 2009, persistieron los aplazamientos. Si bien en una oportunidad
el fiscal no asistió a la diligencia, justificó su inasistencia por atender compromisos
judiciales y actividades institucionales previamente asignadas. Por su parte, la
defensa solicitó en varias ocasiones su postergación y, en la última convocatoria del
año, se advirtió que 3 acusados carecían de representación judicial, circunstancia
que impedía la instalación de la audiencia.

75. En 2010, el fiscal fue víctima del hurto del maletín en el que transportaba los
elementos probatorios que pretendía presentar en la audiencia preparatoria
-caso fortuito-, hecho que denunció e informó al juez. Aunque el 23 de marzo de
2010 no compareció a la diligencia, esa situación estaba relacionada con la pérdida
de los documentos necesarios para la actuación, de ahí que no se trató de un evento
caprichoso o injustificado que impusiera el ejercicio de potestades correccionales.

76. La continuación de la audiencia también resultó afectada por actos de la
defensa: el 10 de mayo de 2010 uno de los apoderados solicitó aplazamiento porque
debía atender otra diligencia judicial y el 11 de mayo se produjo otra renuncia de
uno de los defensores. Incluso al día siguiente no fue posible adelantar la audiencia
por las excusas presentadas por otro abogado. A su vez, estaba en trámite ante el
Tribunal Superior de Cali la exclusión de pruebas testimoniales, causal de
suspensión140.

77. A lo largo del 2011, la Fiscalía insistió en la continuación de la diligencia,
mientras que la defensa promovió aplazamientos y se presentaron incidencias
relacionadas con la representación de varios acusados. Si bien el 30 de agosto de
ese año, el fiscal se excusó por encontrarse en una actividad institucional, dicha
circunstancia fue aislada en el trámite que ya acumulaba múltiples suspensiones
justificadas por razones diversas y no revela una actitud desatenta frente a sus
deberes. El 12 de diciembre siguiente, la audiencia debió aplazarse por la
inasistencia de un defensor.

78. No se puede predicar que durante ese lapso -2008 a 2011- hubo actuaciones
injustificadas de la Fiscalía que dilataran el plazo para el desarrollo de la audiencia.
Por el contrario, el impulso del proceso fue acorde con las vicisitudes de ese
período, determinadas, en esencia, por la falta de representación judicial de los
procesados y sus peticiones de aplazamiento, la configuración de las causales de
suspensión, como recursos pendientes y eventos ajenos a la labor judicial.

79. Ahora, la audiencia logró instalarse el 9 de junio de 2011 y se suspendió para
adelantar estipulaciones probatorias, procedimiento autorizado por el estatuto
procesal penal141. Posteriormente, nuevas renuncias y excusas de inasistencia de
la defensa impidieron su culminación durante ese año.

80. A principios del 2012, persistían problemas de representación judicial de
algunos acusados, lo que obligó a gestionar la intervención de la Defensoría del
Pueblo. De nuevo se presentaron aplazamientos por temas logísticos relacionados
con el descubrimiento probatorio, así como por un accidente sufrido por el fiscal y,
luego, por el cese indefinido de actividades judiciales ante el paro de Asonal Judicial.

81. En 2013, el juez requirió de nuevo el apoyo de la Defensoría Pública para
garantizar la defensa técnica. Aunque en abril de ese año comparecieron todas las
partes, la defensa pidió la exclusión142 de las pruebas testimoniales anunciadas por

140 Ibidem.
141 Según los artículos 356 y 357 de la Ley 906 de 2004.
142 Contemplado en el artículo 359 de la Ley 906 de 2004.

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Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

la Fiscalía y apeló, lo que dio lugar a una nueva suspensión de la diligencia. La
apelación fue resuelta por el Tribunal Superior de Cali el 19 de julio de 2013 y, 10
días después, finalizó la audiencia preparatoria.

82. En esta etapa -2012 a 2013-, la mora obedeció de factores propios del trámite,
que no ameritaron la adopción de medidas correctivas143 ni fueron cuestionados por
la defensa. La Fiscalía exhortó en varias ocasiones la continuación de la audiencia,
pero la multiplicidad de acusados complejizó la defensa técnica, al punto de requerir
el apoyo de la Defensoría. Ahora, aun cuando la diligencia logró reanudarse, volvió
a suspenderse por la apelación de la defensa contra la exclusión de pruebas.

83. Para la Subsección, no se configuró un defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia, en vista de que no puede calificarse como injustificada
la demora judicial presentada para realizar la audiencia preparatoria.

84. Finalmente, se precisa que la compulsa de copias tiene por objeto determinar
eventuales conductas infractoras, no prevenir ni corregir la mora procesal. Además,
pese a que la parte actora no acudió a instrumentos idóneos y oportunos, como el
control de legalidad, recursos o acción de tutela, las pruebas del expediente
demuestran que la dilación respondió a causas razonables.

Costas en segunda instancia

85. El artículo 365.1 del CGP menciona que la condena en costas se impone a
“quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el numeral 8 de
ese artículo la condiciona a “...cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.

86. No se condenará en costas. Si bien la apelación se resolvió desfavorablemente,
las entidades demandadas no intervinieron en segunda instancia y no se causaron
agencias en derecho a su favor.

87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

143 De las que trata el artículo 143 de la Ley 906 de 2004.

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Radicación número: 76001-23-33-005-2016-00695-01 (71.229)
Demandante: ÓSCAR JAVIER VERNAZA VIVAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.

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