Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-006-2016-01620-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-006-2016-01620-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-006-2016-01620-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 76001-23-33-006-2016-01620-01 (4633-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Licenia Estupiñán de Trejos
Temas: Caducidad del medio de control. Término para ejercer
acciones administrativas y judiciales. Artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. Ley 1437 de 2011
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por las partes1 en contra
de la sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual, se accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de las Resoluciones
004534 del 9 de enero de 1992, 039939 del 28 de enero de 1992, 004957 del 5
de febrero de 1992, 005560 del 18 de marzo de 1992 y 008234 del 17 de julio de
1992, expedidas por la Empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de
Buenaventura, por medio de las cuales se reconoció a favor de la demandada
1 La parte demandada también presentó recurso de apelación adhesiva dentro del término de traslado para
alegar.
2 Expediente digitalizado Primera instancia. Archivo «064ED_EXPEDIENTE1CUADERNO2.pdf». Folios 586
y s.s.
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una pensión de jubilación con fundamento en la Resolución 805 del 9 de octubre
de 1991 y la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1991 y 1993,
«[…] equivalente al 70,95% de lo devengado en el último año de servicio, en
cuantía de CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS CON 60/ 100 ($403.436,60) PESOS M/ CTE, efectiva a partir del 20 de
noviembre de 1991 […]»3.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la reliquidación
de la pensión reconocida a la señora Licenia Estupiñán de Trejos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 21 y el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993; así como ordenar a la accionada reintegrar las sumas de dinero pagadas
en exceso por ese concepto, debidamente ajustadas de acuerdo con el «artículo
187 del C.C.A» y que se condene en costas a la demandada.
2.1.2. Hechos
4. Según se indicó en la demanda, la señora Licenia Estupiñán de Trejos nació
el 8 de agosto de 1951 y prestó sus servicios a la Empresa Puertos de Colombia,
Terminal Marítimo de Buenaventura desde el 21 de octubre de 1970 al 19 de
noviembre de 1991, siendo su último cargo desempeñado el de jefe de
departamento de Tesorería.
5. A través de la Resolución 04052 del 2 de diciembre de 1991, el gerente del
Terminal Marítimo de Buenaventura reconoció a favor de la señora Licenia
Estupiñán de Trejos, las prestaciones sociales y cesantías definitivas en cuantía
de $ 6´011.871.50.
6. Mediante la Resolución 004534 del 9 de enero de 1992, el gerente del Terminal
Marítimo de Buenaventura reconoció a favor de la demandada una pensión de
jubilación, en virtud de la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991 y la
convención colectiva de trabajo vigente para los años 1991 y 1993, en cuantía
del 70.95 % del promedio mensual del salario del último año de servicio, con
efectividad desde el 20 de noviembre de 1991.
7. Por medio de la Resolución 039939 del 28 de enero de 1992 el jefe de la
Oficina Jurídica de la Empresa Puertos de Colombia confirmó la decisión anterior.
8. Por la Resolución 004957 del 5 de febrero de 1992, el gerente del Terminal
Marítimo de Buenaventura reconoció y ordenó el pago, a favor de la señora
Estupiñán de Trejos, de las mesadas atrasadas causadas del 20 de noviembre
al 30 de diciembre de 1991, por cuanto la inclusión en nómina se produjo el 15
de enero de 1992.
3 Folio 588 ibidem.
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9. Por la Resolución 005560 del 18 de marzo de 1992, el gerente del Terminal
Marítimo de Buenaventura reliquidó las cesantías y prestaciones sociales de la
demandada, por concepto de «tiempo extraordinario».
10. Luego, mediante la Resolución 008234 del 17 de julio de 1992, el gerente del
Terminal Marítimo de Buenaventura reconoció y ordenó el pago de mesadas
atrasadas causadas por reajuste pensional, a favor de la señora Estupiñán de
Trejos.
11. Con posterioridad, la señora Licenia Estupiñán de Trejos, solicitó en varias
oportunidades la reliquidación pensional, pero tales peticiones fueron denegadas
por la entidad.
12. Finalmente, mediante Auto ADP 000348 del 20 de enero de 2015, la UGPP
solicitó a la señora Estupiñán de Trejos su consentimiento para poder modificar
el reconocimiento pensional4.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
13. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 4.°,
48 y 150 de la Constitución Política; las Leyes 4ª de 1992, 33 de 1985, 62 de
1985 y los Decretos 1848 de 1969 y 1050 de 1968.
14. En el concepto de violación explicó que los actos demandados incurrieron en
falta de competencia, expedición irregular, falsa motivación e indebida aplicación
e interpretación de las normas.
15. Para sustentar lo anterior explicó que, para la fecha de retiro, la señora
Licenia Estupiñán de Trejos se desempeñaba como jefe del Departamento de
Tesorería, y, por su categoría, correspondía a un empleo público, por lo que no
podía beneficiarse de la convención colectiva de la Empresa Puertos de
Colombia, pues esta solo cobijaba a los trabajadores oficiales.
16. Según lo indicó, en el Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991, expedido
por la Junta Directiva de la Empresa de Puertos de Colombia, se autorizó al
gerente general para «acordar, unificar y extender a los empleados públicos de
la empresa las condiciones de retiro actualmente vigentes para los empleados
públicos de la oficina principal – Bogotá, en un solo acto administrativo»; sin
embargo, el citado acto administrativo no fue aprobado por el Gobierno Nacional,
en atención al artículo 26 del Decreto 1050 de 1968. Además, de conformidad
con el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, la
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
4 No se indicó en la demanda si la señora Licenia Estupiñán de Trejos dio una respuesta a la solicitud de la
entidad.
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públicos es exclusiva del Congreso, por lo que, en su sentir, el gerente general
de la Empresa Puertos de Colombia carecía de competencia para reconocer
pensión a esos servidores.
17. Para la entidad accionante el derecho pensional de la señora Estupiñán de
Trejos se encuentra regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que le
permite pensionarse con los requisitos de la ley anterior, es esto es, la Ley 33 de
1985 (55 años de edad y 20 años de servicio), y por las reglas establecidas en el
artículo 21 y en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.2. Contestación de la demanda
18. La señora Licenia Estupiñán de Trejos5, se opuso a las pretensiones de la
demanda.
19. En su escrito de defensa precisó que su vinculación a la Empresa de Puertos
de Colombia se realizó mediante contrato de trabajo y que, si bien ocupaba el
cargo de jefe del Departamento de Tesorería cuando se retiró del servicio, esto
fue en comisión, por lo que, en su sentir, no perdió la condición de trabajadora
oficial.
20. Igualmente, el contrato de trabajo estuvo vigente todo el tiempo de servicio y,
por ende, le era aplicable a su caso las previsiones de la convención colectiva de
trabajo suscrita entre la entidad y sus trabajadores. Además, que la pensión
extralegal reconocida se había saneado en virtud de artículo 12 del Decreto Ley
135 de 1991, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, el literal b) del artículo 2 de
la Ley 4ª de 1992, y por los principios de buena fe y confianza legítima.
21. Señaló que, en caso de darse aplicación al régimen de transición de las
normas generales, la liquidación de la prestación debe efectuarse con inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
22. Finalmente indicó que no es procedente la solicitud de reintegro de sumas de
dinero, por cuanto ellas fueron recibidas de buena fe.
23. Por último, planteó las excepciones denominadas: «inexistencia de las
razones jurídicas invocadas por el actor», «inexistencia de causal invocada de
falsa motivación por haber operado la figura de saneamiento», «imposibilidad
jurídica de reajustar la pensión de la demandada, con fundamento en la solicitud
hecha por el actor», e «ineptitud del medio control de nulidad y restablecimiento
del derecho para ordenar el reintegro de dineros entregados a la demandante de
buena fe».
5 Folios 410 - 433 Expediente digitalizado Primera instancia. Archivo
«064ED_EXPEDIENTE1CUADERNO2.pdf».
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2.3. Sentencia de primera instancia6
24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 16 de
mayo de 2024 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reliquidar y reajustar la
pensión de jubilación reconocida a la señora Licenia Estupiñán de Trejos.
25. En primer lugar, se refirió al régimen prestacional de los empleados públicos
y trabajadores oficiales y con ello a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969
para referirse a la clasificación entre empleados públicos y trabajadores oficiales.
26. Luego estableció que la Constitución Política de 1991 asignó al Congreso de
la República la competencia para dictar normas generales sobre el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, y al Gobierno Nacional la
función de establecer dicho régimen bajo los lineamientos del legislador.
27. Posteriormente se refirió a la naturaleza jurídica de Puertos de Colombia
como una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de
Obras Públicas y Transporte, compuesta principalmente por trabajadores
oficiales y cargos de dirección y confianza por empleados públicos.
28. En cuanto al caso concreto precisó que la señora Licenia Estupiñán de Trejos
nació el 8 de agosto de 1951 y trabajó en Puertos de Colombia desde el 21 de
octubre de 1970 hasta el 19 de noviembre de 1991; ocupó varios cargos,
incluyendo el de jefe del Departamento de Tesorería y se le reconoció una
pensión proporcional de jubilación mediante la Resolución 004534 del 9 de enero
de 1992, basada en la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991, que fijó
condiciones para el retiro de empleados públicos.
29. Estimó como acertado el argumento de la entidad demandante consistente
en que la pensión fue reconocida sin competencia, ya que la Resolución 805 de
1991 fue expedida sin la aprobación del Gobierno Nacional y por ello la
demandada no podía beneficiarse de la convención colectiva de la Empresa
Puertos de Colombia por ser empleada pública.
30. Concluyó entonces que los actos demandados, proferidos con base en la
Resolución 805 de 1991 expedida sin competencia, eran nulos; por ello, la
pensión debía ser reliquidada según el régimen prestacional para empleados
públicos. Sin embargo, como no se desvirtuó la presunción de buena fe de la
demandada, consideró que no se debían devolver las sumas de dinero recibidas
en exceso.
6 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. «Archivo 056Sentencia de
pr_0320160162000UGPPVSL.pdf »
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31. En consecuencia ordenó que la pensión debía ser reliquidada con el 75% del
promedio de lo devengado en los últimos diez años, incluyendo aquellos factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, que sirvieron de base para las
cotizaciones al sistema, con los respectivos reajustes a que haya lugar a partir
del 6 de agosto de 2006, con efectos fiscales desde la ejecutoria de la sentencia;
negó el reintegro de todas las sumas de dinero recibidas en exceso por la señora
Licenia Estupiñán Trejos por concepto de pensión y se abstuvo de imponer
condena en costas a la demandada
2.4. Recurso de apelación.
2.4.1. Parte demandada7. El apoderado de la señora Estupiñán de Trejos señaló
que debe revocarse la sentencia de primera instancia pues erró al considerar que
los actos administrativos demandados estaban viciados de nulidad por falta de
competencia.
32. Al efecto sostuvo que la demandada fue vinculada a la extinta empresa
Puertos de Colombia como trabajadora oficial y no como empleada pública, y que
su contrato de trabajo no fue modificado ni terminado. Adicional a lo anterior el
Tribunal no consideró principios y derechos fundamentales como la favorabilidad
laboral, la expectativa legítima, el respeto al acto propio, buena fe y seguridad
jurídica; aunado a que la demandada actualmente tiene 73 años de edad, es
sujeto de especial protección según la Constitución Política y no podrá asimilar
un cambio que se adopte en su pensión por parte de la jurisdicción.
33. Precisó que la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la demandada
fue desestimada sin un análisis adecuado y, asimismo, la jurisprudencia y
normativa aplicable, como el Decreto Ley 135 de 1991, la Ley 100 de 1993 y la
Ley 4ª de 1992 que no fueron consideradas adecuadamente en la sentencia.
34. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda, argumentando que la vinculación de la demandada
como trabajadora oficial y no como empleada pública debe ser reconocida.
2.4.2. La entidad demandante presentó recurso de apelación adhesiva8.
35. La apoderada de la entidad demandante presentó escrito de apelación
adhesiva, en el que solicitó la revocatoria de los numerales tercero y cuarto de la
sentencia de 16 de mayo de 2024, para que en su lugar se acceda a las
pretensiones de la demanda, específicamente frente al restablecimiento del
7 Expediente digitalizado índice 057 «MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf».
8 Índice 10 correspondiente al a segunda instancia en el expediente digitalizado.
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derecho y con ello que se ordene el reintegro de las sumas canceladas a la
demandante, así como que se le condene en costas.
36. Según la apoderada, el Tribunal incurrió en error al denegar la prosperidad
del restablecimiento del derecho y la devolución de los dineros adjudicados a la
parte demandada, pues con esta decisión se perpetúa el detrimento patrimonial
y el perjuicio ocasionado al sistema pensional. Esto porque la declaratoria de
nulidad de un acto administrativo, lleva implícito el efecto de retornar las cosas al
estado anterior en que se encontraban, al momento en que se profiere el acto
administrativo, además correspondía a la demandada demostrar que actuó de
buena fe al ser su carga procesal.
2.5. Alegatos en segunda instancia
37. Dentro de esta etapa procesal las partes guardaron silencio.
2.6. Concepto del Ministerio Público9.
38. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó
confirmar en sus precisos términos la sentencia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en tanto fue congruente y ajustada a derecho, al determinar que
el gerente de Puertos de Colombia carecía de competencia para expedir la
resolución de reconocimiento pensional; además, la demandada al ser
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la
liquidación de su pensión debía ajustarse a los términos de la Ley 33 de 1985,
en cuanto a tiempo de servicio y edad, y el ingreso base de liquidación (IBL) debía
calcularse conforme a los factores del Decreto 1158 de 1994. En este sentido, le
resultaba aplicable la subregla de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, que establece que «los aumentos anuales deben aplicarse exclusivamente
sobre la asignación básica».
39. Por tanto, en su consideración, la sentencia respondió adecuadamente a las
pretensiones de la demanda, no se demostró mala fe por parte de la señora
Estupiñán de Trejos y con ello, no había lugar a ordenar la devolución de las
mesadas pagadas.
40. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.
9 Índice 11 Segunda instancia.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
41. Es competente esta Subsección para decidir los recursos de apelación
interpuestos por las partes en contra de la sentencia de 16 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 15010 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
3.2. Aclaración previa.
42. La entidad demandante UGPP presentó recurso de apelación adhesiva
dentro del término para alegar de conclusión de segunda instancia, que se estima
fue interpuesto oportunamente según lo establece el artículo 243 del CPACA11.
3.3. Problemas Jurídicos.
43. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿esta jurisdicción es competente
para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos demandados
en esta ocasión por parte de la UGPP, como son las Resoluciones 004534 del 9
de enero de 1992, 039939 del 28 de enero de 1992, 004957 del 5 de febrero de
1992, 005560 del 18 de marzo de 1992 y 008234 del 17 de julio de 1992,
expedidas por la Empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de
Buenaventura?
44. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa deberá
verificar la Sala si ¿en este caso, al tenor del artículo 187 del CPACA, debe
10«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
11 «Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia:
[…]
PARÁGRAFO 3º. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las
partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente
sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su
despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que
la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo
profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del
término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión deberá sujetarse
a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal. »
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declararse la caducidad conforme lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024, «por
medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la
vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»?
45. Si no hay lugar a declarar la caducidad, la Sala verificará si ¿las Resoluciones
004534 del 9 de enero de 1992, 039939 del 28 de enero de 1992, 004957 del 5
de febrero de 1992, 005560 del 18 de marzo de 1992 y 008234 del 17 de julio de
1992, expedidas por la Empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de
Buenaventura, fueron proferidas con competencia para ello y si se ajustan al
ordenamiento jurídico?
3.3. Primer problema jurídico. Competencia de la jurisdicción contenciosa
administrativa frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en modalidad de lesividad, cuando se discuten actos
administrativos de reconocimiento pensional de trabajadores oficiales.
46. En este caso la apoderada de la accionada insistió en que se configuró la
excepción de falta de jurisdicción comoquiera que se trata de una trabajadora
Oficial y en virtud de ello la jurisdicción competente para pronunciarse sobre la
competencia se trata de la ordinaria laboral.
47. Al respecto, para resolver el cuestionamiento planteado es necesario
pronunciarnos sobre la naturaleza del cargo de la demandada al momento del
reconocimiento pensional y la competencia de jurisdicción contenciosa en
tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su
modalidad de lesividad.
3.3.1 Naturaleza de la vinculación laboral de la señora Licenia Estupiñán de
Trejos ante la Empresa Puertos de Colombia.
48. Sobre el particular, debe recordarse que la empresa Puertos de Colombia se
creó a través de la Ley 154 de 195912 como un establecimiento público, que
posteriormente fue reestructurado través del Decreto 561 de 197513, como
empresa comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, a la que le correspondía la dirección, administración, explotación,
conservación y vigilancia de los terminales marítimos de Barranquilla,
Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Leticia y los
demás puertos que posteriormente fuesen incorporados por el Gobierno
Nacional.
49. El citado Decreto 561, en su artículo 27, estableció que las personas «que
prestan sus servicios a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales. Sin
embargo, en los estatutos de la entidad se determinará qué cargos, deben ser
12 « Por la cual se crea la Empresa Puertos de Colombia».
13 « Por medio del cual se reestructura a la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos»
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desempeñados por empleados públicos»14, disposición, ésta que se compasa
con lo señalado por el Decreto 3135 de 196815, en cuyo artículo 5.°, inc. 3.°,
dispuso que «Las personas que prestan sus servicios en las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo,
los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o
confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de
empleados públicos».
50. Ahora bien, de acuerdo con el Decreto 2465 del 10 de septiembre de
198116, mediante el cual se aprobaron los estatutos de Colpuertos, en su artículo
38 se dispuso que «Las personas que presten sus servicios a Puertos de
Colombia son trabajadores oficiales, a excepción de los Subgerentes, los Jefes
de oficina, el Secretario General y el Asistente de la Gerencia General de la
Oficina principal, así como los Gerentes de los terminales, quienes son
empleados públicos. […]»17.
51. El citado Decreto 2465 de 1981 fue modificado por el Decreto 1043 del 5 de
junio de 1987, que en su artículo primero dispuso:
«[…] Artículo 1° El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981 aprobado por
el Decreto número 2465 del mismo año, quedará así:
Las personas que prestan sus servicios a Puertos de Colombia, son
trabajadores oficiales, a excepción de las siguientes, que son empleados
públicos:
[…] b) En los Terminales Marítimos.
Gerentes, Directores, Secretarios, Jefes de Oficina, Jefes de Departamento.
Jefe Administrativo de Servicios Médicos, Jefes de Sección, Médicos,
Odontólogos, Abogados, Ingenieros, Analistas, Expertos, Supervisores
Administrativos Laborales, Almacenistas y Pilotos prácticos. […]
Parágrafo. Así mismo, son empleados públicos aquellas personas que
desempeñen los cargos de dirección o confianza que se llegaren a establecer
mediante cualquier reestructuración de la planta del personal y que sustituya
los que por el presente Acuerdo se precisan como tales. […]». (Negrillas y
subrayas de la Sala).
52. Posteriormente, mediante el Decreto 2318 del 9 de noviembre de 1988, se
derogó el Decreto 1043 de 1987, y con su artículo segundo se modificó el artículo
38 del Decreto 2465 de 1981, el cual señaló:
«[…] Artículo 2° El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981 aprobada por
el Decreto número 2465 de 1981 quedará así: "Artículo 38. Las personas que
trabajan al servicio de la Empresa con las excepciones que a continuación se
14 Negrilla de la Sala.
15 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»
16 «Por el cual se aprueban los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia».
17 Negrilla de la Sala.
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precisan son trabajadores oficiales vinculados a ella por contrato de trabajo. Son
empleados públicos de libre nombramiento y remoción del nominador,
además del Gerente General, las personas que por ejercer funciones de
dirección y confianza desempeñen los siguientes cargos:
[…] b) En los terminales marítimos:
Gerentes, Directores, Jefes de Oficina Secretarios, Jefes de Departamento,
Jefe Administrativo de Servicios Médicos, Jefe de Sección III de Registro y
Control de Personal, Jefe de Sección III de Caja, Jefe de Sección III de
Cobranzas, Jefe de Sección III de Facturación, Jefe de Sección III de Control
Entrada y Salida, Médicos, Odontólogos, Abogados, Ingenieros, Supervisores
Administrativos Laborales, Almacenistas, Pilotos Prácticos, Jefe de Sección
Administrativa (terminal marítimo de Tumaco), Jefe de Sección de Operaciones
y Mantenimiento (terminal marítimo de Tumaco). […]
Parágrafo. Así mismo, serán empleados públicos aquellas personas que
desempeñen los cargos de dirección o confianza que se llegaren a establecer
mediante cualquier reestructuración de la planta de personal, o que sustituyan
los que por el presente Acuerdo se precisan como tales o que amparados bajo
la presente denominación y nomenclatura figuren en la planta adicional de
personal". […]». (Negrilla y subrayas de la Sala).
53. Finalmente, el Decreto 287 de 1991, aprobatorio del Acuerdo 016 del 9 de
octubre de 1990, modificó los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia y
precisó la condición de trabajador oficial y empleado público de las personas que
trabajan en referida empresa, así:
«Artículo 1°. El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981, aprobado por
Decreto número 2465 de 1981, quedará así:
Artículo 38. Las personas que trabajan al servicio de la Empresa con las
excepciones que a continuación se precisan son trabajadores oficiales vinculadas
a ellas por contrato de trabajo. Son empleados públicos de libre nombramiento y
remoción, además del Gerente General, las personas que desempeñan los
siguientes cargos:
(…)
b) En los Terminales Marítimos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa
Marta, Tumaco.
Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Secretarios Generales -Terminales-,
Jefes de Departamento, Jefes Administrativos de Servicios Médicos, Jefes de
Sección III de Registro y Control de Personal, Jefes de Sección III de Caja, Jefes
de Sección III de Cobranzas, Jefes de Sección III de Facturación, Jefes de
Sección III de Control Entrada y Salida, Médicos, Odontólogos, Abogados,
Ingenieros, Supervisores Administrativos Laborales, Almacenistas. Pilotos
Prácticos, Jefe de Sección Administrativa (Terminal Marítimo de Tumaco), Jefe
de Sección de Operaciones y Mantenimiento (Terminal Marítimo de Tumaco),
Capitán, Draga Colombia (Terminal Marítimo de Barranquilla), Jefe de Ingenieros
-Draga Colombia (Terminal Marítimo de Barranquilla), Primer Ingeniero - Draga
Colombia (Terminal Marítimo de Barranquilla), Primer Oficial - Draga Colombia
(Terminal Marítimo de Barranquilla)».(Negrilla de la Sala).
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54. Ahora bien, de los certificados aportados18 se tiene que la accionada desde
el año 1985 y hasta el momento de su retiro, ocurrido el 20 de noviembre de
1991, por aceptación de la renuncia, ocupaba el cargo de jefe del departamento
de tesorería, como se aprecia a continuación:
55. De acuerdo con lo señalado se tiene que para la fecha de desvinculación de
la señora Estupiñán de Trejos, esto es, el 20 de noviembre de 199119, estaba
vigente el Decreto 287 de 199120, según el cual las personas que presten sus
servicios a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales, a excepción de los
jefes de Oficina y jefes de Departamento, entre otros, quienes son empleados
públicos.
56. Lo expuesto permite afirmar que la señora Estupiñán de Trejos ostentaba la
condición de empleada pública al momento de su retiro de la entidad.
18 Folio 59 del archivo pdf «33_760012333006201601620002ALLEGAMEMORIAL20221109142839.pdf »
índice 48 de la primera instancia.
19 Conforme se indicó en la certificación ya mencionada, que obra folio 356 del cuaderno principal.
20 «Por el cual se aprueban los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia».
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3.3.2. Competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa frente al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad
de lesividad
57. El artículo 104 del CPACA, norma aplicable a este proceso describe el objeto
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo así:
«ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida
para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
[…]
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos
y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté
administrado por una persona de derecho público.
[…]
PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad
pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su
denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o
participación estatal igual o superior al 50%.»(Negrilla de la Sala).
58. Igualmente, el CPACA estableció unas excepciones frente al conocimiento
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo así:
«ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
no conocerá de los siguientes asuntos:
[…]
4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus
trabajadores oficiales.»
59. De acuerdo con lo anterior esta jurisdicción está instituida, entre otras
materias, para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se
controviertan actos de cualquier autoridad.
60. Ahora bien, el artículo 2.º del C.P.L. modificado por el artículo 2.º de la Ley
712 de 2001, señala lo siguiente:
«ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el
artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción
Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de
trabajo.
[…]
4. <Numeral modificado por del artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto
es el siguiente:> Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los
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empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de
responsabilidad médica y los relacionados con contratos.».
61. Conforme con lo anterior, la jurisdicción ordinaria laboral es competente para
conocer las controversias relacionadas con los contratos de trabajo, y también
con el sistema de seguridad social que se susciten entre los afiliados,
beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administradoras, aspecto
que cobra relevancia por la categoría de trabajador oficial que alega tener la
accionada, dado que este tipo de servidores justamente se vinculan mediante
ese acto consensual.
62. Sin embargo, es necesario precisar que en tratándose de los casos en que
la Administración demanda sus propios actos a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura ha precisado que la competencia para
desatar la controversia corresponde a esta jurisdicción. A tal decisión arribó
mediante providencia de 10 de julio de 2019, donde indicó lo siguiente21:
«[…]
Como puede observarse, la acción de lesividad para obtener la anulación de un acto
administrativo mediante el cual se reconoce una pensión y se ordena su pago, no
está entre los asuntos exceptuados del conocimiento de la Jurisdicción
Administrativa.
[…]
En consecuencia, como quiera que las pretensiones del demandante están
enderezadas a que se declare la nulidad del acto administrativo antes citado que fue
expedido por ella misma, en virtud de las atribuciones que le fueron conferidas habida
su condición de entidad pública, se considera que esta controversia sin dubitación
alguna está sujeta al derecho administrativo, pues la teoría del acto administrativo y
del principio de legalidad, sus causales de nulidad y la acción de lesividad misma, así
como la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo, son
estructuraciones conceptuales propias y exclusivas de esta rama del derecho, razón
suficiente para sostener que la controversia debe ser ventilada ante la Jurisdicción
Administrativa.
[…]».
63. Esta tesis fue aplicada por esta Subsección, a través de proveído de 1.° de
octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2018-00205-01(1833-20) con
ponencia del Consejero Dr. William Hernández Gómez, donde afirmó lo siguiente:
«[…]
No obstante, en providencias del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Disciplinaria,722 al dirimir conflictos de competencia entre las jurisdicciones de lo
21 Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Alejandro Mesa Cardales.
Auto de 10 de julio de 2019, Radicación No. 11001-01-02-000-2019-01080-00.
22 Auto del 23 de noviembre de 2017, dentro del proceso, 11-001-01-02-000-2017-02640-00, M.P Julio
Cesar Villamil Hernández, auto del 11 de julio de 2018, dentro del proceso 11-001-02-000-2018-01165-00
MP. Magda Victoria Acosta Walteros y auto del 14 de julio de 2019, dentro del proceso 11-001-01-02-000-
2019-01014-00 MP. Alejandro Meza Cardales.
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contencioso administrativo y la ordinaria en sus especialidades laboral y de
seguridad social, ha asignado la competencia a esta corporación cuando se trata
de demandas presentadas por entidades públicas en las que se pretende anular
el acto administrativo que fue expedido por ella misma, con fundamento en las
siguientes premisas: (i) que las pretensiones formuladas van encaminadas a
obtener la nulidad de un acto administrativo, (ii) la parte demandante es una
entidad de carácter público, (iii) el control de legalidad de los actos administrativos
corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, (iv) la acción de
lesividad equivale a la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
porque procede en todos los casos en que la Nación o las entidades públicas
acuden como demandantes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en la búsqueda de la nulidad de sus propios actos
[…]».
64. Igualmente, la Subsección B ha señalado reiteradamente, que en casos de
contornos similares al presente, acoge la posición de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya expresada, tal como lo
indicó a través de sentencia de 4 de febrero de 202123 dentro del proceso
radicado 76001-23-31-000-2010-01603-02(4080-17) cuando señaló:
«[…]comoquiera que la que formula la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho del epígrafe es la misma Administración contra su propio acto, en virtud
del referido precedente, esta jurisdicción es competente para resolver la
controversia de que trata la demanda, lo cual desvirtúa la necesidad de fijar
jurisprudencia como lo reclama el demandado.»
65. Bajo tal entendido, como en este caso fue la UGPP quien instauró el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho a efectos de analizar la
legalidad del acto de reconocimiento pensional de un empleado público, se tiene
que, de acuerdo con lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura, esta
jurisdicción es competente para resolver el asunto litigioso de que trata la
demanda, razón por la cual, la Sala se pronunciará sobre el siguiente problema
jurídico planteado en precedencia.
3.4. Segundo problema jurídico. ¿En este caso, al tenor del artículo 187 del
CPACA, debe declararse la caducidad al tenor de lo dispuesto por la Ley
2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección
social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan
otras disposiciones»?
3.4.1. Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024
66. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
23 Con ponencia del consejero Dr. Carmelo Perdomo Cuéter
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constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación
judicial, en desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal.
67. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
68. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
69. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
(Subrayas fuera del texto)
70. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:
a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.
b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.
c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
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hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.
d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir de la vigencia de dicha ley.
71. El legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley 24, optó por
acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión de que
trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003, por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración
solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales. Sobre el
particular destacó que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante
la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe
entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se
busca garantizar los principios de seguridad y certeza jurídica.25
72. De igual forma, revisada la exposición de motivos, se advierte también que la
finalidad de la norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas
de manera perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar
el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.
73. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»
24 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de
mayo de 2024.
25 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.
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74. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial
52.81926, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 1.° de julio de 2025.27
3.4.2. Caso concreto
75. Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5
años, para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas
frente a las pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable
incluso, a los procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la
oportunidad de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha
normatividad.
76. En este caso la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social solicitó la nulidad de los
siguientes actos administrativos (Visibles en los folios 145 y s.s. del PDF
correspondiente a la demanda. Índice 64 de la primera instancia):
a) La Resolución 004534 del 9 de enero de 1992, el gerente del Terminal
Marítimo de Buenaventura de la Empresa Puertos de Colombia reconoció
a la señora Licenia Estupiñán de Trejos una pensión proporcional de
jubilación, de conformidad con la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991,
en cuantía del 70.95% del promedio mensual del salario recibido en el
último año de servicios, y a partir del 20 de noviembre de 1991, por su
labor en esa entidad desde el 21 de octubre de 1970 al 19 de noviembre
de 1991. Para un total de 20 años, 11 meses y 11 días.
b) La Resolución 039939 del 28 de enero de 1992, a través de la cual el
jefe de la Oficina Jurídica de la Empresa Puertos de Colombia en
Liquidación confirmó el anterior acto administrativo, enviado para consulta,
y en la parte motiva señaló que: «del estudio del expediente se desprende
que tal reconocimiento se ajusta a derecho y a lo contemplado en la
Convención Colectiva de Trabajo vigente».
26 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e
27 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente
sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario
Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de
los mismos.”
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
c) La Resolución 004957 del 5 de febrero de 1992, proferida por el gerente
del Terminal Marítimo de Buenaventura de la Empresa Puertos de
Colombia reconoció y pagó a la señora Licenia Estupiñán de Trejos la
suma de $954.799, por concepto de mesadas pensionales atrasadas
desde el 20 de noviembre al 30 de diciembre de 1991, pues la inclusión
en nómina se llevó a cabo el 15 de enero de 1992.
d) La Resolución 005560 del 18 de marzo de 1992, dictada por el gerente
del Terminal Marítimo de Buenaventura de la Empresa Puertos de
Colombia por la que reconoció y ordenó el pagó a la señora Estupiñán de
Trejos de la suma de $2´231.580.16, por reliquidación de las cesantías
definitivas y prestaciones sociales.
e) La Resolución 008234 del 17 de julio de 1992, por la que el gerente del
Terminal Marítimo de Buenaventura de la Empresa Puertos de Colombia
reconoció y pagó a la demandada la suma de $8.037.11, por las mesadas
atrasadas de reajuste pensional entre el 1° de enero al 15 de mayo de
1992.
77. Ahora bien, en el índice 64 del expediente digitalizado de la primera instancia,
folio 631, se advierte que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
en su modalidad de lesividad fue radicada el 25 de octubre de 2016, es decir,
14 años después de dictada la Resolución 008234 del 17 de julio de 1992.
78. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
puede establecer fehacientemente, que en el presente asunto ha operado el
fenómeno de la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término
de 5 años establecido en dicha normativa y contabilizados a partir de la
reliquidación de la prestación periódica.
79. Vale la pena aclarar que, en el presente asunto no se está debatiendo que el
reconocimiento pensional se obtuvo bajo fraude o con ocurrencia de algún delito,
por lo que no es aplicable la excepción descrita previamente para la caducidad
contemplada en la citada Ley 2381 de 2024.
80. Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control.
81. Es de anotar que mediante providencia de 28 de septiembre de 2017 ( fol
67728) el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó la medida cautelar
solicitada por la entidad accionante por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre
devolución de suma alguna.
28 Expediente digitalizado Primera instancia. Archivo «064ED_EXPEDIENTE1CUADERNO2.pdf».
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Radicado: 76001-23-33-006-2016-01620-01 (4633-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
3.5. Condena en costas
82. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas por
los siguientes motivos:
83. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
empero, actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica para decidir si se imponen.
84. Comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera instancia,
debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG29, por tanto, no hay
lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron las
razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que
implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.
85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – DECLARAR no probada la excepción de falta de jurisdicción
propuesta por el apoderado de la señora Licenia Estupiñán de Trejos, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - REVOCAR la sentencia de 16 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO. - En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por
medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la
29 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]».
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Radicado: 76001-23-33-006-2016-01620-01 (4633-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo
anterior conforme lo ya expuesto.
CUARTO. - Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.
QUINTO. - Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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