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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-007-2016-00366-01

Fecha
4 de abril de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-007-2016-00366-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen, para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-007-2016-00366-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

4 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71.828)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón
Referencia: Repetición

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio
de Defensa - Armada Nacional contra la sentencia del 31 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La parte actora demandó en repetición al señor Fabio Estick Salamanca
Garzón, con el fin que reintegre la suma de dinero que ésta pagó en cumplimiento
de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura el
24 de marzo de 2011, confirmada parcialmente en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 13 de abril de 20121, a través
de las cuales se declaró responsable administrativa y extracontractualmente a la
entidad aquí demandante por la muerte de un civil.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones en las que se fundamenta

3. En escrito presentado el 18 de marzo de 20162, la Nación – Ministerio de
Defensa – Armada Nacional demandó en repetición al señor Fabio Estick
Salamanca Garzón, solicitando las siguientes declaraciones y condenas 3
(transcritas en su tenor literal, aun con los posibles errores):

“Que se declare responsable al señor FABIO ESTICK SALAMANCA GARZÓN,
identificado con la cédula de ciudadanía número 6.333.262; de los perjuicios

1
La sentencia fue adicionada y corregida por el mismo Despacho Judicial mediante sentencia del 24
de enero de 2013, debidamente ejecutoriada el 07 de febrero de 2013 (índice 30 SAMAI).
2
Ver SAMAI. Índice 001.
3
La demanda se admitió a través del auto No. 233 del 16 de junio de 2016 y se ordenó notificar al
Ministerio Público.

1

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

ocasionados a la Nación – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL,
como consecuencia de los perjuicios que se ocasionaron a los familiares del señor
BRIAN ANDRÉS VALENCIA MOSQUERA, con ocasión de la muerte ocasionada
con arma de dotación oficial manipulada irresponsablemente por el IMAR FABIO
ESTICK SALAMANCA GARZÓN.
Que se condene al señor FABIO ESTICK SALAMANCA GARZÓN identificado con
la cédula de ciudadanía número 6.333.262, a cancelar las siguientes sumas:
SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 51/100 MCTE
($630.365.967.51), a favor de la NACIÓN – COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, suma que pagó esta entidad a
favor de la doctora NANCY MONSALVE MORALES en su calidad de apoderada
judicial de los familiares del señor BRAYAN ANDRÉS VALENCIA MOSQUERA,
mediante la Resolución número 2000 del 12 de marzo de 2014.
Que se condene al demandado, a cancelar intereses comerciales a favor de la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL, desde la
ejecutoria de la providencia que ponga fin al presente proceso.

Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precio al consumidor”

4. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, en síntesis, adujo lo
siguiente:

5. Que el señor Fabio Estick Salamanca Garzón se encontraba vinculado al
Batallón Fluvial de Infantería No. 80 (en calidad de Infante de Marina Regular –
IMAR-) con sede en la ciudad de Buenaventura, para la fecha en la que ocurrieron
los hechos.

6. Asimismo, señaló que el 16 de noviembre de 2007 una patrulla militar se
trasladó a la comuna 9 del barrio 12 de abril sobre la carrera 57 A con calle 9 C
(Buenaventura), con el fin de ejercer funciones de inspección y vigilancia.

7. En medio de las operaciones de registro y control realizadas por la Armada
Nacional y ante la presencia intempestiva de un motociclista (Brian Andrés Valencia
Mosquera), el IMAR Salamanca Garzón, disparó el arma de dotación oficial
impactando a Valencia Mosquera “en la región escapular izquierda a 47 cms del
vertex, con una trayectoria postero anterior, ínfero superior y de izquierda a derecha,
ocasionándole la muerte.”

8. El Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura el 24 de marzo de 2011
dentro del proceso de reparación directa No. 2008-00074 condenó a la entidad
demandada, decisión confirmada de manera parcial el 13 de abril de 2012 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, adicionada y corregida por el mismo
despacho mediante sentencia del 24 de enero de 2013, debidamente ejecutoriada
el 07 de febrero de 2013.

2

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

9. Que la indemnización cancelada por la entidad fue la suma de
$630.365.967,51, la cual se realizó a través de la Resolución No. 2000 del 12 de
marzo de 2014.
10. Adujo que la conducta del IMAR Fabio Estick Salamanca revistió las
características propias de la culpa grave, pues se logró acreditar que, con absoluta
imprudencia, manipuló un arma de uso oficial, sin tomar medidas mínimas de
seguridad.

11. Concluyó que el demandado era una persona calificada e instruida para el
manejo de armas, por lo que no previó las consecuencias que generaba su
manipulación, máxime que no mantuvo su arma asegurada, y, por el contrario,
disparó contra la humanidad del señor Brian Andrés Valencia ocasionándole la
muerte, actuar culposo que conllevó a que se condenara a la entidad.

La contestación de la demanda4

12. El curador ad litem5 del señor Fabio Estick Salamanca Garzón contestó la
demanda y no se opuso a que se dictara una sentencia favorable a las pretensiones
de la demandante, siempre y cuando se llegaran a probar los hechos que
fundamentaron el petitum.

13. Sostuvo que para la procedencia de la acción de repetición se debe cumplir
los siguientes supuestos que: (i) la entidad pública haya sido condenada por la
jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos que con su
acción u omisión hayan causado a un particular, (ii) se encuentre claramente
establecido el daño antijurídico que se produjo como consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex funcionario, y (iii) la entidad
condenada efectivamente haya pagado la suma de dinero fijada por el juez
contencioso en la sentencia de condena.

Alegatos en primera instancia

14. La Armada Nacional 6 reafirmó que es evidente la responsabilidad que le
asiste al demandado, pues se acreditó el cumplimiento de los requisitos del medio
de control de repetición, ya que se encuentra probado: (i) la calidad de agente
estatal, como miembro de la Armada Nacional, (ii) la existencia de una condena
judicial a cargo del Estado, (iii) el pago efectivo realizado por éste, así como (iv) la
cualificación de la conducta del agente determinante del daño como gravemente
culposa.

4
En auto del 15 de julio de 2022 se designó como curador ad litem al abogado Christian Johan
Alomia Riascos, quien fue notificado el veintiuno (21) de julio de 2022 (Índice 024 Índice 025.
Documento 001. Ver SAMAI. Índice 012. Documento 01. PP. 1 a 2 SAMAI).
5
Ver SAMAI. Índice 031. Documento 001. PP 1 a 3.
6
Ver SAMAI. Índice 040. Documento 001. PP 1 a 14.

3

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

15. El Curador ad litem del demandado no se pronunció en esta etapa procesal.

16. El Ministerio Público guardó silencio.

La sentencia de primera instancia7

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
anticipada8 del 31 de mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

18. Sostuvo que se encuentra acreditada la condena judicial, con ocasión a la
providencia del 24 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Buenaventura y la sentencia del 13 de abril de 2012 de esa
Corporación; y que esta fue pagada a través de la Resolución No. 2000 del 12 de
marzo de 2014, por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
de Asuntos Legales reconoció, ordenó y autorizó el pago de la suma de
$630.365.967.51 a favor de Nancy del Carmen Mosquera Cabezas y otros;
corroborado con la certificación expedida por la tesorera principal.

19. Ahora bien, indicó que la entidad aduce que, para el 16 de noviembre de
2007, el demandante se encontraba vinculado al Batallón Fluvial de Infantería
Marina de la ciudad de Buenaventura; no obstante, no se aportó prueba alguna que
acredite tal aseveración.

20. Aclaró que las providencias judiciales emanadas del Juzgado Primero
Administrativo de Buenaventura y de esa Corporación (en el proceso de reparación)
no constituyen prueba de la calidad de exagente del Estado del demandado y
tampoco demuestran, per se, que la conducta desplegada por este haya sido dolosa
o gravemente culposa.

21. Precisó que, en aras de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa,
la sentencia judicial que da lugar al presente medio de control no puede constituir la
prueba de la calidad de agente del Estado y, menos aún, acreditar la existencia de
dolo o culpa grave en la conducta atribuida a éste, pues se destaca que el análisis
que debe adelantar el juzgador en la repetición es independiente al efectuado en la
sentencia condenatoria y, por lo tanto, éste debe ceñirse a las pruebas aportadas al
proceso a su cargo.

22. Concluyó que la providencia objeto de repetición no es la prueba conducente
de la calidad de agente estatal y tampoco esta puede servir para examinar si hubo
una conducta dolosa o gravemente culposa, pues “…la sentencia objeto de
repetición no es conducente para soportar elementos distintos a su propia

7
Sentencia del Tribunal administrativo del Valle del Cauca. Ver SAMAI. Índice 043. Documento 01,
pp. 1 a 14. Notificada el 19 de junio de 2024. Ver SAMAI. Índice 024. Documento 001.
8
Mediante auto de fecha 17 de abril de 2024, el Tribunal a quo prescindió de la audiencia inicial en
los términos del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y anunció sentencia anticipada (índice 0035
SAMAI).

4

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

existencia, la fecha de suscripción, la entidad que la emitió, el quantum de la
condena, etc.”.

23. Finalmente, el Tribunal a quo condenó en costas a la parte demandante
considerando que esta Corporación ha acogido un criterio objetivo para su
reconocimiento, y, dado que se negaron la totalidad de las pretensiones, se fijó
como agencias en derecho el 1% de las mismas.

Recurso de apelación

24. El 2 de julio de 20249, el accionante presentó recurso de apelación en contra
de la precitada sentencia y solicitó que se revoque en su integridad.

25. El apelante argumentó que, a diferencia de lo fallado en la sentencia de
primera instancia, la entidad demandante, acreditó en debida manera los requisitos
para que prosperara la acción de repetición, en ese entendido se pronunció frente
a cada uno de ellos de la siguiente forma:

26. Señaló que, Fabio Estick Salamanca Garzón ostentaba el grado de Infante
de Marina Regular del Batallón fluvial No. 80, para el 16 de noviembre de 2007,
además que dentro de las decisiones adoptadas por las distintas entidades se tiene
que el demandado tuvo participación en los hechos que conllevaron a la
desafortunada muerte del joven Brian Andrés Valencia ocurrida en el municipio de
Buenaventura (Valle del Cauca).

27. Asimismo, indicó que existe una condena en contra de la entidad proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ejecutoriada el 7 de febrero de
2013; y que mediante Resolución No. 2000 de 12 de marzo de 2014 se ordenó el
pago, el cual se realizó día 21 del mismo mes y año.

28. Aseguró que el demandado ejecutó una conducta gravemente culposa, al ser
negligente en su grado máximo, por cuanto tenía en sus manos evitar el resultado
y no lo hizo, por el contrario, fue “imprudente en su actuar, cargó y desaseguró su
fusil sin razón entendible y a pesar de lo anterior manejó el arma
irresponsablemente, situación que desde todo punto de vista es reprochable”.

29. Alegó que el accionado tuvo toda la responsabilidad en el grado de culpa
grave para que se presentara el desenlace fatal, al cargar, desasegurar y disparar
imprudentemente su fusil; además, que no se admite como excusa que “no cargó el
fusil y que no sabe quién lo hizo”; situación que no es cierta, porque el arma con la
que se ocasionó la muerte a la víctima directa estaba bajo su responsabilidad, le fue
asignado en forma personal según acta que se encuentra en el proceso penal, no
lo podía dejar abandonado (como dice que lo hizo en su testimonio, para después
tratar de culpar a otros); además que la calificación penal en la condena fue a título

9
Recurso de apelación. Ver SAMAI. Índice 043. Documento 01, pp. 1-4.

5

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

de culpa, ya que objetivamente la falta de previsión del resultado predecible fue la
determinante en el hecho dañoso.

30. Por último, señaló que la entidad pública cumplió a cabalidad con los
presupuestos señalados en la Ley 678 de 2001, Ley 1437 de 2011, precedente
jurisprudencial y demás disposiciones para la prosperidad del medio de control de
repetición.

Trámite en segunda instancia10

31. El recurso fue admitido por este Despacho mediante auto del 18 de
noviembre de 202411.

32. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional 12 se
pronunció y reiteró los argumentos expuestos en la apelación, frente al cumplimiento
de la totalidad de requisitos para la prosperidad de la acción de repetición,
solicitando revocar el fallo de primera instancia.

33. Por su parte, el curador ad litem del demandado13 señaló que, atendiendo la
naturaleza de la presente acción, la carga de la prueba le corresponde a la entidad
demandante, quien tiene que demostrar los tres elementos para su prosperidad.
Añadió que debe evidenciar que el demandado actuó con dolo o con culpa grave
frente a la acción u omisión en la obligación constitucional de proteger la vida y
bienes de los ciudadanos.

34. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES

35. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado, se procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.

Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si está probada en el sub examine la
calidad de servidor o exservidor público del demandado Fabio Estick Salamanca
Garzón. En caso afirmativo, se impone establecer si el accionado actuó con culpa

10
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto del 28 de agosto de 2024, concedió
en efecto suspensivo el recurso de apelación (Índice 00051 Samai).
11
Auto que admite el recurso, se le ordenó notificar el recurso al Ministerio Público, y se le reconoció
personería adjetiva a la abogada Juliana Andrea Guerrero Burgos, identificada con cédula de
ciudadanía 31.576.998 y portadora de la tarjeta profesional número 146.590 del Consejo Superior
de la Judicatura, para representar judicialmente al Ministerio de Defensa -Armada Nacional. Ver
SAMAI. Índice 003. Documento No. 1. Se notificó el 22 de noviembre de 2024. Ver SAMAI. Índice
08. Documento 001.
12
Ver SAMAI. Índice 009. Documento 001. Pp 1 a 3.
13
Ver SAMAI. Índice 010. Documento 001. Pp 1 a 3.

6

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

grave en los hechos que ocasionaron la condena judicial en contra de la
demandante, y si su conducta fue determinante, esto es, si existe una relación de
causalidad entre la responsabilidad de la entidad y la presunta acción u omisión que
dio lugar a dicha decisión14.

37. Previo a resolver de fondo los problemas jurídicos planteados, es menester
hacer unas breves consideraciones sobre el medio de control de repetición, el
régimen jurídico aplicable al presente caso, y, los presupuestos para su prosperidad.

Generalidades del medio de control de repetición

38. El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado
a reparar un daño antijurídico debe repetir contra su agente cuando la condena haya
sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este15, de igual
manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001, Ley 1437 de
201116 y recientemente en la Ley 2195 de 202217.

39. Según se estableció en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, la repetición “es
una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor
o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”.

40. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de
la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que
las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente,
al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en la carga
probatoria dentro del proceso. Además, en punto a los aspectos procesales de la
acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia,

14
La Sala no realizará el estudio de los presupuestos objetivos relacionados a la existencia de una
condena judicial y su respectivo pago, en tanto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como
juez de primera instancia ya los analizó y en el recurso de apelación no se planteó cuestionamiento
concreto frente a estos argumentos.
15
Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.
16
“ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento
indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos
que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor
público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra
estos por lo pagado.
La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso
de responsabilidad contra la entidad pública.
Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o
servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será
prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario
responsable del daño.”
17
Publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

7

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la
conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de
su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición
y las medidas cautelares en el proceso18.

41. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena
en contra de la Armada Nacional ocurrieron en el año 2007, esto es, el 16 de
noviembre cuando falleció el joven Brian Andrés Valencia Mosquera, el régimen
aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin
que para los efectos pueda tenerse en cuenta la modificación introducida por la Ley
2195 de 202219, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento
de los hechos.

42. La jurisprudencia de esta Corporación20 ha determinado los presupuestos
para la prosperidad de la pretensión de repetición, a saber: (i) la condena al Estado
a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la
víctima del daño; (iii) la calidad de agente estatal de los demandados (elementos
objetivos), y, (iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del
agente como factor determinante de la condena (elemento subjetivo).

Caso concreto

La calidad con la que actuó el demandado

43. Este presupuesto para que proceda la repetición consiste en que el
demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la
responsabilidad, tenga la calidad de agente del Estado21.

44. En el caso sub lite se aportaron únicamente los siguientes medios
probatorios22:

(i) Sentencia de fecha 24 de marzo de 2011 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Buenaventura (Valle del Cauca), dentro de la acción de
reparación directa, radicado: 76-109-33-31-001-2008-0074-00,

18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23
de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
19
“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra
la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
20
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,
sentencia del 08 de julio de 2024, Radicación: 05001-23-33-000-2016-02413-01 (70.116)
21Servidor o exservidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.

22
Mediante auto de fecha 17 de abril de 2024 se negó oficiar a la abogada Nancy Monsalve a fin de
que informara sobre el pago realizado por la entidad, toda vez que era una prueba innecesaria, pues
obra en el plenario certificación suscrita por la Tesorera Principal de Ministerio de Defensa; además,
revisada la demanda no se observa que la parte demandante haya solicitado se decretara alguna
otra prueba.

8

Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

demandante: Nancy del Carmen Mosquera Cabezas y otros, demandado:
Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional23.

(ii) Sentencia del 13 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca dentro del radicado 2008-00074-0124, por medio de la
cual modifica25 el numeral segundo de la sentencia No. 00044 del 24 de
marzo de 2011 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Buenaventura.

(iii) Resolución No. 200 del 12 de marzo de 201426, “por la cual se da
cumplimiento a una sentencia a favor de Nancy del Carmen Mosquera
Cabezas y otros27”.

(iv) Certificación de fecha 26 de febrero de 201628 suscrita por la Tesorera
Principal del Ministerio de Defensa en la que consta lo siguiente: “Que la
Resolución No. 2000 del 12 de marzo de 2014, por valor de
$630.365.967,51 se canceló a la señora NANCY MONSALVE MORALES
identificada con (…) con la orden de pago del sistema integrado de
información financiera SIIF No. (…), a través de la dirección del Tesoro
Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta (…) el 21 de
marzo de 2014.”

23
Folios 20 a 40 Pdf índice 00030 SAMAI.
24
Folios 42 a 61 Pdf índice 00030 SAMAI
25
El cual quedó así: “SEGUNDO: se condena a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA
NACIONAL, a pagar a los actores por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas: -A
ROOSVELT VALENCIA REINA y la señora NANCY DEL CARMEN MOSQUERA como padres del
fallecido, la suma de 8º SMMLV para cada uno de ellos. A ROOSVELT VALENCIA MOSQUERA,
JESSICA ALEXANDRA VALENCIA MOSQUERA, ALEXANDER VALENCIA YEPES' NICOLLE
STEFANY VIVEROS ix /, - 5 MOSQUERA como hermanos del fallecido y a MIGUEL ANGEL
VALDEZ PAYAN como hermano de crianza la suma de 40 SMMLV para cada uno de ellos. - A
FLAVIO MOSQUERA CABEZAS y ELSY NORA CABEZAS como abuelos maternos del fallecido y a
EDILMO VALENCIA VALENTIERRA y CARMEN A I YOLANDA REINA TORRES como abuelos
paternos 30 SMMLV para cada uno de ellos. A ELSA YANETH y SANDRA PATRICIA MOSQUERA
CABEZAS en su calidad de tías hermanas 40 SMMLV para cada una de ellas. A DENISE
JASBLEIDY RUIZ ITURRE en su calidad de compañera permanente de Brian Andrés Valencia
Mosquera la suma 100 SMMLV. A ORLANDO VIVEROS ANGULO, en calidad de tercero
damnificado, la suma de 20 SMMLV.” SEGUNDO: Confírmese en lo demás la Sentencia No. 0044
del 24 de marzo de dos mil once (2011) proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Buenaventura”. Ver SAMAI. Índice 030. Documento 003- 004.
26
Folios 62 a 66 Pdf índice 00030 SAMAI.
27
“ARTÍCULO 1- Reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de SEISCIENTOS TREINTA
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
CON 51/100 M/CTE ($630,365,967,51), a favor de la señora NANCY DEL CARMEN MOSQUERA
CABEZAS (…) identificada con cédula de ciudadanía No. 66.734.148 expedida en Buenaventura, a
través de su apoderada Doctora NANCY MONSALVE MORALES, identificada con cédula de
ciudadanía No. 42.090.190 de Pereira y portadora de la Tarjeta Profesional No. 64920 del Consejo
Superior de la Judicatura.. ARTÍCULO 2- La Tesorería Principal de la Dirección Administrativa del
Ministerio de Defensa Nacional – Gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley
con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor de la Doctora NANCY
MONSALVE MORALES (…)”
28
Folio 69 Pdf índice 00030 SAMAI.

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Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

45. En el sub examine, resulta evidente que no obra medio de convicción29 que
acredite que el señor Fabio Estick Salamanca Garzón era un agente estatal para la
época de los hechos, dado que las providencias judiciales proferidas por esta
Jurisdicción30 no constituyen prueba de tal hecho, pues según la jurisprudencia de
esta Subsección la sentencia objeto de repetición no es conducente para soportar
elementos distintos a su propia existencia31.

46. Al respecto, es importante resaltar que esta Sala comparte el criterio
expuesto por la Corte Suprema de Justicia32 respecto del alcance que, como medio
de prueba, se le debe otorgar a una providencia judicial: “la copia de una decisión
jurisdiccional (…) acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha,
excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte”, a saber:

(…) aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad.... no
puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza,
como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor
y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con
arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que
se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha
Corporación, en la fecha mencionada, mas no sirve para la demostración de los
hechos que fundamentaron tal resolución... pues como lo ha reiterado la Sala tener
como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de
una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos ‘... incompatibles
con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la
causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia
convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar
el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no

29
Advierte la Sala que la entidad demandante no aportó ni solicitó en el libelo introductorio (o escrito
de alzada) pruebas tendientes para acreditar este supuesto.
30
Cabe precisar que no obra en el plenario, los expedientes trasladados de los procesos penales y
de reparación directa, sino únicamente las sentencias que les pusieron fin.
31“(…) De ahí que las pruebas señaladas por la apelante no permitieron la identificación plena del

demandado Jhon Bautista Morales como un sargento segundo del Ejército Nacional activo en la
institución para la época de los hechos, tanto así que no se probó que fuera llamado a las
investigaciones penal y disciplinaria que se adelantaron por la muerte del cabo segundo José
Nemecio Vallecilla Rojas y ni siquiera la demandante pudo identificarlo, pues el subdirector de
personal del Ejército Nacional no encontró registro alguno del demandado en la base de datos de la
entidad ni logró ubicarlo, dado que al presentar la demanda de repetición manifestó que desconocía
su paradero y solicitó su emplazamiento.
De manera que no se acreditó la calidad de agente o exagente del Estado de la persona contra quien
se dirigió la demanda, razón por la cual analizar lo concerniente a la conducta del demandado resulta
impertinente, pues al no ser identificado plenamente como miembro del Ejército Nacional, mal podría
hablarse de su conducta dolosa o gravemente culposa como agente estatal.”
(Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C P:
Marta Nubia Velásquez Rico, 02 de Julio de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2015-01050-01(65825)).
32
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia S-011-99, 6 de abril de
1999, M.P.: José Fernando Ramírez Gómez; Expediente 4931. Al respecto, ver también: Consejo de
Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014. Consejero
ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455), reiterada en la
sentencia del 26 de abril de 2017, Sección Tercera, Subsección A, radicado: 4100-12-33-1000-
201000009-01 (45.536).

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Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción...Sentencia S-011
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del seis de
abril de 1999) 33”.

47. En el mismo sentido, esta Subsección34 ha reiterado que la calidad de
agentes estatales no se prueba con la existencia de una decisión condenatoria: “(…)
En lo atinente a la calidad de agentes estatales, resulta evidente que en el plenario
no obra medio de convicción alguno que acredite que los señores Juan Carlos del
Río Crespo, Jader Alexander Montoya Mira y Sergio Andrés Pérez Cárdenas eran,
para el momento de los hechos, integrantes del Ejército Nacional. Al respecto, se
debe destacar que la providencia judicial emanada del Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Medellín no constituye prueba de tal hecho, toda vez que, según la
jurisprudencia pacífica de la Sección Tercera, la sentencia objeto de repetición no
es conducente para soportar elementos distintos a su propia existencia, la fecha de
su suscripción, la entidad que la emitió, el quantum de la condena etc.”

48. Por último, en reciente providencia de fecha 28 de octubre de 202435 esta
Corporación confirmó la sentencia de primera instancia que había negado las
pretensiones de la demanda, al no probarse la calidad de servidores, exservidores
públicos o de particulares que cumplían funciones públicas de los demandados, al
concluir que, si bien no existe una tarifa legal, sí se debe allegar prueba idónea que
permita fehacientemente tener por acreditado este presupuesto para la procedencia
del medio de control. Sobre el particular, explicó:

“(…) De modo que no se acreditó la calidad de servidor o ex servidor público o de
particular que cumplía funciones públicas del demandado, para la época de los
hechos.
(…)
Además, se echa de menos, que la entidad demandante no allegara los
documentos conducentes para acreditar la calidad en que los médicos se
encontraban vinculados al servicio para cuando falleció la paciente y/o realizaron
su intervención, más aun teniendo en cuenta que ejercían una profesión liberal y se
supone que eran agentes del Estado y eran parte de la estructura de servicios de
salud departamental, era la propia entidad quien tenía la facilidad para acreditar
cabalmente la calidad necesaria estipulada en la ley para la procedencia de la
acción de repetición en su contra.

No obstante, no le asiste razón a la apelante, pues si bien no existe una tarifa legal,
la prueba idónea debe examinarse en cada caso concreto a fin de establecer si se
encuentra acreditado plenamente este presupuesto de la acción para su

33
Original de la cita: “Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de
mayo de 2008, radicación 54001-23-31-000-1998-00869-01 (19.307), con ponencia del consejero
Enrique Gil Botero”.
34
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 24 de abril de 2020,
Consejera Ponente: María Adriana Marín, radicación número 05001-23-31-000-2012-00599-02
(62186).
35
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,
C.P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 28 de octubre de 2024, radicado:
15001233300020160071502 (69074)

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Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

procedencia. En el sub judice aunque se demostró la atención médica por parte de
los galenos demandados, de la cual se podría determinar si obraron con dolo o
culpa grave, ello no acredita su vinculación con el Estado para la época de los
hechos, es decir, no permite establecer con certeza que se trataba de
servidores o ex servidores públicos o particulares que cumplían funciones
públicas. Además, tal calidad no puede inferirse como lo pretende la apelante,
cuando la entidad estaba en la capacidad de allegar copias de los actos de
nombramiento, actas de posesión, contratos de trabajo o de prestación de
servicios o certificaciones laborales que, en este caso, resultaban las más
idóneas para acreditar la calidad de los demandados, de modo que pudieran
ser llamados en repetición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley
678 de 2001.” (Resaltado de la Sala).

49. En efecto, la entidad demandante no aportó al plenario, verbigracia, el acto
de nombramiento o posesión del señor Salamanca Garzón o certificación por parte
del jefe de personal – o quien haga sus veces – de la Armada Nacional, en la que
se especificara el vínculo y el cargo desempeñado por el demandado para la época
de los hechos, máxime que le competía allegar la acreditación de la calidad de
sujeto de repetición del accionado36, pues no era una prueba externa o ajena a la
propia demandante.

50. Además, se debe realizar hincapié en que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 167 del Código General del Proceso37, “incumbe a las partes probar el

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 46162, CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa: “La Sala,
considera oportuno efectuar un severo llamado de atención a las entidades públicas, por falta (sic)
vigilancia y control de la actividad procesal como actores en la interposición de la denominada acción
de repetición, la cual busca como objetivo primordial establecer la responsabilidad de sus agentes y
la recuperación de los dineros de naturaleza pública. Lo anterior, teniendo en cuenta la manera
descuidada y poco diligente, que se observa en la presentación de este tipo de demandas, en las
cuales no se acredita cabalmente el cumplimiento de los requisitos esenciales para la prosperidad
de dicha acción, esto es, la calidad del agente, la condena, conciliación o cualquier otra forma de
terminación de conflictos, el pago efectivo y por último, el dolo o culpa grave del servidor público, a
pesar de la reiterada jurisprudencia de esta Corporación en la materia. Cabe advertir, que la carencia,
deficiencia o indebido material probatorio allegado a cada una de las demandas presentadas por el
Estado para la procedencia de la acción de repetición, no ha permitido en esta instancia conceder y
en consecuencia, hacer efectiva la acción de repetición, como en el caso analizado en el sub lite,
situación que genera desgaste y congestión en la administración de justicia, poca efectividad en el
cumplimiento de la finalidad de la acción y en algunos casos, podría configurarse un detrimento
patrimonial del erario público por la sumas pagadas y no recuperadas y adicionalmente, por los
costos administrativos generados por la interposición de la demandas, solo para dar cumplimiento a
un mandato legal”
37
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

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Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga
procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales del
medio de control de repetición.

51. En conclusión, dado que no fue acreditado el elemento objetivo para la
procedencia de la repetición consistente en la calidad de servidor o exservidor
público del demandado, la Sala se releva del estudio de los demás elementos38 y,
como consecuencia, confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de
la demanda.

Costas

52. El artículo 18839 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

53. Esta Subsección40, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 2001 41, ha considerado que el proceso que se adelanta en
ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un
interés público, pues se busca la protección del patrimonio público, por lo tanto, la

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
38
En gracia de discusión, la Sala debe recordar que la condena de una entidad estatal, a través de
un juicio previo y totalmente ajeno al de la referencia -por razón de su objeto, de las partes que
intervienen, de las pretensiones que se examinan e incluso de los medios de prueba que se allegan
y se valoran para la expedición del respectivo fallo- no implica automáticamente la responsabilidad
de la persona que eventualmente hubiere ocasionado el daño por el cual resultó condenado el
Estado, por cuanto la conducta que se le endilga debe quedar establecida en el respectivo proceso
de repetición (Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009,
expediente 33.450, y del 22 de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado
Mauricio Fajardo Gómez.).
En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al medio
de control de repetición, el juez de este tipo de procesos no puede limitarse a reproducir, de manera
mecánica, las consideraciones de la sentencia por medio de la cual se condenó a una entidad
pública, sino que debe evaluar la conducta personal y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, con apoyo
en los medios de prueba oportuna, regular y debidamente allegados a este nuevo juicio. En el sub
examine reitera la Subsección que no se solicitó el traslado del proceso de reparación directa y
tampoco se aportó medio de convicción alguno diferente a las sentencias condenatorias, por
ejemplo, el proceso penal o disciplinario presuntamente adelantado contra el señor Fabio Estick
Salamanca Garzón, es decir, no se realizó ningún esfuerzo probatorio para acreditar el elemento
subjetivo.
39
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021.> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519;
sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
41
Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 76001-23-33-007-2016-00366-01 (71828
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
Demandado: Fabio Estick Salamanca Garzón.
Referencia: Repetición.

Sala se abstendrá de condenar en costas a la Nación - Ministerio de Defensa –
Armada Nacional.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal Administrativo de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

14

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