Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-007-2018-00224-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-007-2018-00224-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-007-2018-00224-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-007-2018-00224-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-007-2018-00224-01 (0433-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de vejez, régimen de transición
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por conducto
de apoderado judicial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la señora Nelly Arias Castillo, con el propósito de obtener
la nulidad de las Resoluciones Nos. GNR 145999 del Dieciocho (18) de mayo
de Dos Mil Dieciséis (2016) y GNR 280448 del Veintidós (22) de septiembre
de Dos Mil Dieciséis (2016), mediante las cuales, se reconoció una pensión de
vejez, al considerar que, dicha prestación fue otorgada sin el cumplimiento de
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Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333007201800224011100103
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Sala conformada por los Magistrados Eduardo Antonio Lubo Barros, Juan Pablo Dossman Cortez y Omar Edgar
Borja Soto.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00037 -
11_760012333007201800224001EXPEDIENTEDIGI20220407170617.pdf. – folio 17 a 25.
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
los requisitos legales, particularmente por la indebida aplicación del régimen
de transición.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene a la señora
Nelly Arias Castillo la devolución de las sumas pagadas en virtud de los
referidos actos administrativos, desde su inclusión en nómina de pensionados
y hasta tanto se disponga su suspensión o se declare su nulidad.
3. Finalmente solicitó que, las sumas a reintegrar sean debidamente
actualizadas o que se reconozcan los intereses a que haya lugar, con el fin de
evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y prevenir un detrimento
patrimonial a la entidad demandante.
1.2 Hechos
4. La señora Nelly Arias Castillo, nació el Once (11) de mayo de Mil
Novecientos Cincuenta y Nueve (1959).
5. Señaló la entidad demandante que, el Ocho (8) de enero de Dos Mil
Dieciséis (2016), la demandada, solicitó ante la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, el reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
la cual, fue inicialmente negada mediante Resolución No. GNR 94941 del
Cinco (5) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016).
6. Indicó que, con ocasión del recurso de reposición, la entidad revocó dicha
decisión y, mediante Resolución No. GNR 145999 del Dieciocho (18) de mayo
de Dos Mil Dieciséis (2016), reconoció una pensión de vejez a favor de la
señora Arias Castillo; decisión que, fue posteriormente modificada en sede de
apelación a través de la Resolución No. VPB 27578 del Treinta (30) de junio
de Dos Mil Dieciséis (2016), en la que, se ordenó su reliquidación e inclusión
en nómina a partir del Primero (1°) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016).
7. Manifestó que, la demandada, solicitó su inclusión en nómina de
pensionados, el Ocho (8) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), y que, con
posterioridad, la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
S.A. E.S.P. – Acuavalle S.A. E.S.P., aceptó su renuncia, con efectos a partir
del Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016).
8. Señaló que, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
advirtió inconsistencias, en la fecha de efectividad del reconocimiento
pensional, por lo que, procedió a ajustar la prestación mediante Resolución
No. GNR 280448 del Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
fijando como fecha correcta el Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016).
9. Indicó que, en desarrollo de dichas actuaciones, la entidad solicitó a la
señora Nelly Arias Castillo, autorización para revocar los actos administrativos
de reconocimiento pensional, sin que, a la fecha de presentación de la
demanda, se hubiese obtenido respuesta frente a dicha solicitud.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
10. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, los artículos
pertinentes de la Constitución Política; la Ley 33 de 1985; la Ley 100 de 1993;
la Ley 797 de 2003; y el Acto Legislativo 01 de 2005, como disposiciones
aplicables al reconocimiento de la pensión de vejez y al régimen de transición.
11. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos
demandados, incurrieron en violación directa de las normas en que debían
fundarse, al reconocer una pensión de vejez, sin el cumplimiento de los
requisitos legales, particularmente, por la indebida aplicación del régimen de
transición.
12. Señaló que, la demandada, no acreditaba las condiciones exigidas para
ser beneficiaria del régimen de transición, en tanto, no cumplía con el número
mínimo de semanas cotizadas requeridas al Primero (1°) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), ni con las exigencias previstas en el
Acto Legislativo 01 de 2005.
13. Indicó que, en consecuencia, la prestación debía analizarse conforme al
régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
2003, por lo que, el reconocimiento efectuado resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
14. Finalmente, afirmó que, ante la imposibilidad de revocar directamente los
actos administrativos, sin el consentimiento de la beneficiaria, la entidad
acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
ejercicio de la acción de lesividad, con el fin de controvertir su legalidad y evitar
un detrimento patrimonial.
2 Contestación de la demanda.
2.1 Parte demandada – Nelly Arias Castillo4.
15. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda y solicitó su rechazo, al considerar
que, carecen de fundamento fáctico y jurídico, en tanto, la actuación de la
entidad demandante, desconoció las condiciones reales de su situación
pensional.
16. Sostuvo que, le fue reconocida pensión de vejez, mediante las
Resoluciones Nos. GNR 145999 del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016) y GNR 280448 del Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), con aplicación del régimen de transición, al cumplir los
requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
17. Indicó que, contrario a lo afirmado por la entidad demandante, sí acreditaba
las condiciones para ser beneficiaria del régimen de transición, en particular,
el tiempo de servicios exigido al Primero (1°) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), así como, las semanas requeridas para mantener
dicho régimen conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.
18. Señaló que, la entidad demandante, incurrió en inconsistencias en sus
decisiones administrativas, pues, inicialmente reconoció la prestación
pensional y, posteriormente, pretendió su revocatoria; precisó que, si bien
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00037 -
11_760012333007201800224001EXPEDIENTEDIGI20220407170617.pdf. – folio 172 a 184.
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Número Interno: 0433-2026
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Demandado: Nelly Arias Castillo
otorgó autorización para la revocatoria de la Resolución No. VPB 27578 del
Treinta (30) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), lo cierto es que, respecto de
las Resoluciones Nos. GNR 145999 del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016) y GNR 280448 del Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), no se acreditó la existencia de consentimiento expreso, lo
cual, en su criterio, evidencia la legalidad del derecho reconocido.
19. Finalmente, propuso excepciones previas, entre ellas, la existencia de otro
proceso judicial en curso sobre el mismo asunto y la falta de competencia de
la jurisdicción contencioso administrativa, al considerar que, el conflicto
corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que, solicitó negar las
pretensiones de la demanda.
3. La sentencia de primera instancia5.
20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las
pretensiones de la demanda, y dispuso negar la condena en costas.
21. El Tribunal consideró que, la señora Nelly Arias Castillo, sí cumplía los
requisitos, para ser beneficiaria del régimen de transición, previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto, al momento de entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones, para los servidores públicos del nivel
territorial —esto es, el Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995)— contaba con más de treinta y cinco (35) años de edad.
22. Señaló que, en consecuencia, la prestación pensional debía reconocerse
conforme al régimen anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, al acreditarse
igualmente el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios
exigidos para acceder a la pensión de vejez.
23. Asimismo, precisó que, no le asistía razón a la entidad demandante, al
sostener que, la demandada no cumplía con el número de semanas
requeridas, pues, se acreditó que, contaba con el tiempo de servicios
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00079.
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Demandado: Nelly Arias Castillo
necesario, desvirtuando así el fundamento de la acción de lesividad.
24. Finalmente, el Tribunal concluyó que, no se configuraban las causales de
nulidad invocadas, por lo que, debía mantenerse incólume la presunción de
legalidad de los actos administrativos acusados, y, en atención a la naturaleza
del asunto, se abstuvo de imponer condena en costas.
4. El recurso de apelación6.
25. La parte demandante, por intermedio de su apoderada judicial, interpuso
recurso de apelación, contra la sentencia del Diecinueve (19) de septiembre
de Dos Mil Veinticinco (2025), al considerar que, la decisión desconoció el
ordenamiento jurídico, al negar la nulidad de los actos administrativos
demandados y el restablecimiento integral del derecho.
26. Sostuvo que, el Tribunal incurrió en error, al concluir que la señora Nelly
Arias Castillo, era beneficiaria del régimen de transición, pues, en su criterio,
no acreditaba los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
en particular, el tiempo mínimo de servicios o semanas cotizadas requeridas
al momento de entrada en vigencia del sistema.
27. Afirmó que, en consecuencia, el reconocimiento de la pensión de vejez, se
efectuó con fundamento en un régimen, que no le era aplicable, lo que,
configura una violación del principio de legalidad y torna los actos
administrativos contrarios al orden jurídico.
28. Señaló que, adicionalmente, la negativa de ordenar la devolución de las
sumas pagadas indebidamente, desconoce el principio de sostenibilidad
financiera, del Sistema General de Pensiones y configura un enriquecimiento
sin causa, en detrimento del patrimonio público, por lo que, solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a la totalidad de las
pretensiones de la demanda.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00082.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
5. Trámite de segunda instancia
29. Con auto del Ocho (08) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.
6. Concepto del Ministerio Público.
30. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
31. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA8.
2.2 Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala establecer:
¿Debe revocarse la sentencia del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que negó las pretensiones de la demanda, al considerar ajustados a derecho
los actos administrativos que reconocieron la pensión de vejez a la señora Nelly
Arias Castillo? Con tal fin, se debe verificar:
7
Índice 00004 expediente digital – Samai.
8
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
i) ¿La señora Nelly Arias Castillo cumplía con los presupuestos para ser
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en particular, en lo relacionado con la edad y el tiempo de
servicios o semanas cotizadas exigidas al momento de entrada en
vigencia del sistema, o, por el contrario, el reconocimiento pensional se
efectuó sin fundamento legal?
ii) ¿Es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados y, como consecuencia, ordenar el restablecimiento del
derecho, en favor de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, consistente en el reintegro de las sumas pagadas con
ocasión del reconocimiento pensional, o, por el contrario, dicho reintegro
resulta improcedente en atención a las circunstancias del caso concreto?
33. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1 Régimen de transición pensional.
34. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se realizó un cambio
estructural en el Estado, por cuanto, el artículo 48 estableció que, la seguridad
social, es un servicio público de carácter obligatorio, lo que dio origen, a un
nuevo esquema, con la expedición de la Ley 100 de 1993, mediante la cual,
se creó el sistema integral, con dos regímenes pensionales; el primero el
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el segundo el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
35. Las personas afiliadas, podían escoger libremente entre estos dos citados
regímenes; además, la precitada ley, permitió que, el tiempo laborado o
cotizado en el sector privado o como servidor público fuera contabilizado para
efectos de pensión, fijando así nuevas reglas y requisitos para el
reconocimiento de las pensiones.
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
36. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición,
para los afiliados al sistema pensional, de modo que, aquellos que, contaran
con 15 años o más de servicios cotizados o tuvieran 40 años de edad para los
hombres y las mujeres 35 años para las mujeres, podían acogerse a este
régimen. Esto les garantizaba que su pensión sería reconocida conforme a los
requisitos de edad, tiempo de servicios y cuantía del régimen anterior
conservando así los beneficios especiales del régimen de transición.
37. La Corte Constitucional mediante sentencia C-789 de 2002, tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, indicando que, las personas que estuvieron afiliadas al régimen
de prima media con prestación definida, que se trasladaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad y posteriormente deciden regresar al de prima
media, tienen derecho a que se les aplique el régimen de transición, siempre
y cuando hubiesen cumplido con más de 15 años de cotizaciones equivalentes
a 750 semanas al 1° de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la
mencionada Ley para empleados del orden nacional y para el sector privado9.
38. Luego, con la expedición de la ley 797 de 2003, por la cual se modifica la
ley 100 de 1993, estableció en artículo 13 las características del sistema
general de pensiones y en el literal e) estableció que, « los afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez
efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada
cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia
de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10)
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez».
39. Posteriormente, se expidió el Decreto 3800 de 2003, en el artículo 3
dispuso:
«Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una
persona que a 1 de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con
9
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 23 de
octubre de 2014, radicación 25000-23-25-000-2011-01087-01(0803-13), consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, actor: Nubia María López Pérez, demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Sección
Segunda, mediante Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp 1095-07, acción de simple nulidad contra el literal b) del
artículo 3 del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, por el cual se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Número Interno: 0433-2026
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Demandado: Nelly Arias Castillo
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo
con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan
las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y
cuando …
(…) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se
traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, y
(…)».
40. Con la expedición del acto Legislativo 01 de 2005, se adiciona el artículo 48
de la Constitución Política, mediante la cual, establece como límite temporal al
régimen de transición el 31 de diciembre de 2010, excepto para quienes
ostentaran la calidad de beneficiarios del régimen de transición y tuviesen al
menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la
fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional, evento en el que el
régimen de transición se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2014.
41. Después, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-130 de 2013,
reafirma que solo los afiliados que al 1° de abril de 1994 disponían con quince
(15) o más años de servicios cotizados equivalentes a 750 semanas pueden
trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) conservando los
beneficios del régimen de transición.
42. Del análisis normativo y jurisprudencial se concluye que, a partir del 1º de
abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, los
beneficiarios del régimen de transición, regulado en el artículo 36, que a esa
fecha tengan al menos 750 semanas cotizadas equivalentes a 15 años o más
de servicios cotizados y que se hayan trasladado al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS) y que no hayan regresado aún al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida (RPM), tienen el derecho de volver al
RPM en cualquier momento, conservando los beneficios del régimen de
transición.
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2.3.2 Devolución de sumas pagadas10.
43. Debe señalarse que, según el artículo 8311 de la Carta Política, la buena
fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-131
de 200412, definió el principio general de la buena fe, así:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho13, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
44. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas, a las que se les haya reconocido una
prestación, sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía,
en el proceso deberá estar probada, la mala fe con que pudieron actuar para
obtener el pago de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una
presunción que requiere ser desvirtuada.
45. En ese sentido, se pronunció esta Sala el Veintitrés (23) de marzo de Dos
10
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-
23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
11
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
12
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
13
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
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Demandado: Nelly Arias Castillo
Mil Diecisiete (2017)14, al estimar que «[…] la devolución de las sumas pagadas por
prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables
encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de
modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que
«[e]l concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir
los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los
derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por
mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta». Criterio reiterado por esta Sala, el Dieciséis (16) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)15.
2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.
46. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:
47. La señora Nelly Arias Castillo, nació el Once (11) de mayo de Mil
Novecientos Cincuenta y Nueve (1959)16, conforme consta en el documento
de identidad obrante en el expediente.
48. Obra reporte de semanas cotizadas expedido por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, actualizado al Doce (12) de julio
de Dos Mil Trece (2013)17, en el cual se registra la historia laboral de la
demandada y se evidencia que efectuó cotizaciones al sistema general de
pensiones, inicialmente, a través de distintos empleadores y, posteriormente,
de manera continua al servicio de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE, ACUAVALLE S.A., ACUAVALLE S.A. E.S.P. y SOCIEDAD DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
– ACUAVALLE S.A. E.S.P., desde el Veintidós (22) de febrero de Mil
14
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
Novecientos Noventa y Uno (1991) y hasta el Treinta (30) de junio de Dos Mil
Trece (2013), acumulando un total de 1.233,86 semanas cotizadas.
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Número Interno: 0433-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Nelly Arias Castillo
49. Mediante Resolución No. GNR 94941 del Cinco (5) de abril de Dos Mil
Dieciséis (2016)18, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la
señora Nelly Arias Castillo. En dicha decisión, la entidad contabilizó múltiples
periodos laborados por la demandada al servicio de « ACUED Y ALCANT DEL
VALLE» y «ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS», correspondientes a tiempos de
servicio cotizados entre los años 1991 y 2016, para un total de 9.663 días
laborados equivalentes a 1.380 semanas cotizadas, así:
50. Con ocasión del recurso de reposición, interpuesto contra la anterior
decisión, mediante Resolución No. GNR 145999 del Dieciocho (18) de mayo
de Dos Mil Dieciséis (2016)19, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, revocó la decisión inicial y, en su lugar, reconoció la pensión de
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vejez a favor de la demandada.
51. Posteriormente, mediante Resolución No. VPB 27578 del Treinta (30) de
junio de Dos Mil Dieciséis (2016)20, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, dispuso la reliquidación de la pensión de vejez
reconocida, así como su inclusión en nómina.
52. Más adelante, mediante Resolución No. GNR 280448 del Veintidós (22)
de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016)21, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, revocó parcialmente la Resolución No. VPB 27578
del Treinta (30) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), en el sentido de fijar la
pensión de vejez, en cuantía de Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro
Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos ($2.354.858), con efectividad a partir
del Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016).
2.5. Caso concreto.
2.5.1 Sobre la procedencia de la nulidad del acto de reconocimiento
pensional y la aplicación del régimen de transición.
53. Como punto de partida, la Sala recuerda que, el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene como finalidad,
proteger las expectativas legítimas de quienes, al momento de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones, se encontraban próximos a
consolidar su derecho pensional, permitiéndoles acceder a la prestación
conforme al régimen anterior, siempre que, cumplan las condiciones allí
previstas.
54. En esa línea, la jurisprudencia constitucional ha señalado que22, dicho
régimen constituye un mecanismo de garantía de estabilidad jurídica, en tanto
«protege las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, evitando que
los cambios normativos alteren de manera abrupta sus condiciones ».
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Corte Constitucional, sentencia C-789 de 2002
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55. Ahora bien, en lo que respecta a los servidores públicos del orden territorial,
el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 estableció que el Sistema General de
Pensiones entraría a regir, a más tardar, el Treinta (30) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), circunstancia que incide directamente en
la determinación del momento a partir del cual deben verificarse los requisitos
del régimen de transición para este grupo de trabajadores.
56. En tal sentido, esta Sala ha precisado que, tratándose de empleados
públicos del nivel territorial, el análisis del cumplimiento de los presupuestos del
régimen de transición debe efectuarse con referencia a la fecha de entrada en
vigencia del sistema para dicho sector, esto es, el Treinta (30) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), y no al Primero (1°) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), previsto para el nivel nacional y el sector
privado.
57. Bajo este marco, procede la Sala a verificar, si la señora Nelly Arias Castillo,
reunía las condiciones exigidas para acceder al régimen de transición.
58. En el sub examine, la Sala encuentra acreditado que, la demandada nació
el Once (11) de mayo de Mil Novecientos Cincuenta y Nueve (1959), por lo que,
al Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), contaba con
36 años de edad superando el umbral de treinta y cinco (35) años exigido por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para las mujeres.
59. Así mismo, se acreditó que, la señora Arias Castillo, prestó sus servicios a
la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. –
Acuavalle S.A. E.S.P., entidad del orden departamental, circunstancia que,
determina la aplicación de la regla especial, de entrada en vigencia del sistema,
prevista en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.
60. En consecuencia, al verificarse el cumplimiento, del requisito etario al
momento relevante, la demandada, adquirió la condición de beneficiaria, del
régimen de transición, lo que, le permitía acceder a la pensión de vejez,
conforme al régimen anterior al cual se encontraba afiliada, esto es, la Ley 33
de 1985.
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61. Ahora bien, la Sala precisa que, en lo que atañe a los requisitos, para el
reconocimiento de la prestación bajo dicho régimen, se encuentra probado que,
la demandada cumplió la edad de cincuenta y cinco (55) años el Once (11) de
mayo de Dos Mil Catorce (2014), y que, acreditó más de veinte (20) años de
servicios, conforme a la información obrante en el expediente.
62. Aunado a lo anterior, la Sala observa que, la señora Nelly Arias Castillo,
consolidó su estatus pensional el Once (11) de mayo de Dos Mil Catorce (2014),
fecha en la cual, cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad y, conforme a la
historia laboral obrante en el expediente, ya acreditaba más de veinte (20) años
de servicios oficiales al servicio de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados
del Valle del Cauca S.A. E.S.P. – Acuavalle S.A. E.S.P. En ese sentido, para
dicha fecha, continuaba vigente el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, conforme a la prórroga establecida en el Acto
Legislativo 01 de 2005, aplicable a quienes acreditaran al menos setecientas
cincuenta (750) semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios al
momento de entrada en vigencia de dicha reforma constitucional.
63. En efecto, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente,
la demandada acreditaba el tiempo de servicios necesario, para conservar los
beneficios del régimen de transición, hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Catorce (2014), razón por la cual, no le asiste razón a la entidad
demandante cuando afirma que el reconocimiento pensional se efectuó por
fuera del límite temporal fijado por el constituyente derivado.
64. De este modo, contrario a lo sostenido por la entidad demandante, el acceso
al régimen de transición no depende exclusivamente del número de semanas
cotizadas, pues el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 prevé condiciones
alternativas, esto es, el cumplimiento del requisito etario; en el caso concreto,
si bien la demandante centra su reproche en la insuficiencia de semanas al
Primero (1°) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), lo cierto es
que, tratándose de una servidora pública del nivel territorial, el análisis debe
efectuarse con referencia al Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), fecha para la cual la señora Nelly Arias Castillo, ya contaba con
más de treinta y cinco (35) años de edad, circunstancia suficiente para ser
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beneficiaria del régimen de transición, sin que resulte necesario acreditar de
manera concurrente el tiempo de servicios o semanas cotizadas.
65. En ese orden de ideas, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto determinó que, la señora
Nelly Arias Castillo, sí reunía los presupuestos para ser beneficiaria del régimen
de transición y, por ende, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
vejez conforme a la Ley 33 de 1985.
66. Así las cosas, no se configura la violación del ordenamiento jurídico alegada
por la parte demandante, razón por la cual, la presunción de legalidad de los
actos administrativos demandados se mantiene incólume.
67. Finalmente, en lo que respecta al restablecimiento del derecho, consistente
en el reintegro de las sumas pagadas, la Sala advierte que, al no prosperar la
pretensión de nulidad, no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre dicho
aspecto, por sustracción de materia.
2.6 Condena en costas
68. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
69. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Diecinueve (19) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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