Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-008-2012-00240-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-008-2012-00240-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-008-2012-00240-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
Temas: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Idónea en los eventos en los
que se alega la ilegalidad de un acto administrativo particular que habría causado daños a
un sujeto determinado / REPARACIÓN DIRECTA – Acción al amparo del cual se deben
tramitar las pretensiones que se edifican en la configuración de una operación
administrativa, entendida como el conjunto de actividades de ejecución de un acto
administrativo ––INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA – Está orientada a determinar la
acción procedente, según la fuente del daño / FACULTADES DE LA SEGUNDA
INSTANCIA – El ad quem está habilitado para determinar, a partir de la causa petendi, la
acción apropiada, con los consecuentes presupuestos procesales aplicables /CARGA DE
LA PRUEBA DEL DAÑO – La ausencia de menoscabo alegado resulta suficiente para
negar las pretensiones / COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO EN SEGUNDA INSTANCIA
– Condena cuando el recurso de apelación no próspera.
1. La Sala decide la apelación interpuesta por la demandante contra la
sentencia del 10 de febrero de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La accionante promovió el proceso de la referencia con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios que afirma le fueron causados por la privación de la
tenencia del predio con matrícula inmobiliaria 372-002169 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos1 de Buenaventura, que, según lo narrado en la demanda,
derivó de las Resoluciones 0523 y 1125 de 2010, ambas expedidas por la Dirección
Nacional de Estupefacientes2, mediante las cuales se ordenó su entrega, al margen
de que, para este mismo efecto, se encontraba en curso un proceso de restitución
de inmueble arrendado. El a quo consideró que el asunto se subsumía en un juicio
de legalidad subjetivo, situación que, no era susceptible de declarar en un proceso
de reparación directa, sin embargo, invocando el principio de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal, analizó el caso bajo el título de imputación de daño
especial y profirió fallo de fondo negando las pretensiones. La demandante apeló
por considerar que el Tribunal decidió el asunto a partir de un entendimiento errado
de la demanda y con desconocimiento de las pruebas practicadas.
1 Para los efectos de esta providencia, ORIP.
2 DNE
Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 30 de agosto de 20123, la sociedad Australian Bunker Supplier’s C.I.
S.A.S.4 presentó demanda de reparación directa contra la Nación –“Ministerio del
Interior y de Justicia”5 –Dirección Nacional de Estupefacientes6, con el fin de que se
le indemnizaran los perjuicios que afirmó le fueron causados por la operación
administrativa derivada de las falencias en la expedición y ejecución de las
Resoluciones 0523 del 1° de marzo de 2010, y 1125 del 22 de julio siguiente7.
Sostuvo que, con fundamento en dicha actuación, fue privada de la tenencia del
inmueble con matrícula inmobiliaria 372-002169 de la ORIP de Buenaventura. Al
respecto, pidió (transcripción en su tenor literal, con sus errores ortográficos y de
digitación):
“2.1 DECLARACIONES: Declárese que el Estado-Ministerio del Interior y de
Justicia- Dirección Nacional de Estupefacientes, es administrativamente
responsable de los perjuicios materiales y morales causados a mi representada
con las decisiones administrativas vistas en las Resoluciones 0523 del 01 de
marzo de 2010 y 1125 del 22 de julio de 2010, ambas suscritas por el
Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes y por medio
de las cuales se hace efectiva la entrega real y material de un inmueble y su
correspondiente ejecución mediante la denominada acta o diligencia de entrega
suscrita el 31 de agosto de 2010, hechos constitutivos de la denominada
operación administrativa.
2.2 CONDENAS: Que como consecuencia de la declaración anterior la entidad
demandada pagará a la actora:
2.2.1. A título de lucro cesante, las sumas dejadas de percibir por la actora en
razón de la rentabilidad que le estaba produciendo el inmueble en
arrendamiento, y conforme a los ingresos históricos y presentes al año 2010, la
suma de nueve mil quinientos ochenta y dos millones de pesos moneda
corriente ($9.582.000.000),ESTO ES LA GANANCIA FRUSTRADA, LA
UTILIDAD ESPERADA Y NO OBTENIDA valor definido en la estimación de la
cuantía o los mayores que resulten probados en el proceso o en incidente de
liquidación, en los términos del Código de Procedimiento Civil, artículo 308,
trabajo en que se tenga en cuenta en interés legal y de mora, y la
correspondiente indexación, desde la fecha en que se produjo el daño y hasta
cuando se haga efectivo su indemnización.
2.2.2. A título de Daño Emergente: El valor del Establecimiento de Comercio
que salió del patrimonio del actor, como consecuencia de su lanzamiento y que
se encontraba en funcionamiento; diez mil ochocientos treinta y nueve millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y seis peso moneda
3 Folio 263 del cuaderno 1 del expediente físico. El expediente es de carácter híbrido. Las
actuaciones de primera instancia obran en físico desde la presentación de la demanda hasta la
fijación de fecha para la audiencia inicial. Las actuaciones digitales obran en el Samai del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
4 Según el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Buenaventura el 21 de agosto de
2012, por decisión de la junta de socios del 16 de mayo de 2012, inscrita el 6 de julio siguiente, la
sociedad Australian Bunker Supplier’s C.I. Ltda. fue transformada en Australian Bunker Supplier’s
C.I. S.A.S. (folios 3 a 5 del cuaderno 1 del expediente físico). En adelante, la demandante, la
accionante, la parte actora, la arrendataria o la interesada.
5 La demanda se formuló en los términos indicados, a pesar de que, en virtud de la Ley 1444 de
2011, el Ministerio del Interior y la Justicia fue escindido.
6 En lo sucesivo, la accionada, la demandada, la DNE y/o la entidad.
7 Proferidas por el Subdirector Jurídico de la entidad accionada.
2
Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
comente ($10.839.468.676)valor definido en la estimación de la cuantía o los
mayores que resulten probados en el proceso o en incidente de liquidación, en
los términos del Código de Procedimiento Civil, artículo 308, trabajo en que se
tenga en cuenta en interés legal y de mora, y la correspondiente indexación,
desde la fecha en que se produjo el daño y hasta cuando se haga efectivo su
indemnización.
2.2.3. A título de Daño emergente, el valor de la prima comercial del
Establecimiento de Comercio, del cual fue lanzado el actor, valor que
igualmente salió de su patrimonio, tres mil veintiún millones de pesos
trescientos diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos moneda
corriente,($3.021.310.484); valor definido en la estimación de la cuantía o los
mayores que resulten probados en el proceso o en incidente de liquidación, en
los términos del Código de Procedimiento Civil, artículo 308, trabajo en que se
tenga en cuenta en interés legal y de mora, y la correspondiente indexación,
desde la fecha en que se produjo el daño y hasta cuando se haga efectivo su
indemnización.
2.2.4 A título de Daño emergente: Las sumas pagadas a los abogados para la
defensa de sus derechos en la actuación administrativa cuestionada, el valor de
cincuenta millones de pesos ($50.000.000)valor definido en la estimación de la
cuantía o los mayores que resulten probados en el proceso o en incidente de
liquidación, en los términos del Código de Procedimiento Civil, artículo 308,
trabajo en que se tenga en cuenta en interés legal y de mora, y la
correspondiente indexación, desde la fecha en que se produjo el daño y hasta
cuando se haga efectivo su indemnización.
2.2.5. A título de Daño emergente: Las sumas pagadas a tos abogados para el
ejercicio de esta acción, treinta millones de pesos, ($30.000.000.00),valor de
valor definido en la estimación de la cuantía o los mayores que resulten
probados en el proceso o en incidente de liquidación, en los términos del Código
de Procedimiento Civil, artículo 308, trabajo en que se tenga en cuenta en
interés legal y de mora, y la correspondiente indexación, desde la fecha en que
se produjo el daño y hasta cuando se haga efectivo su indemnización.
2.2.6. Condénese al Estado-Ministerio del Interior y de Justicia- Dirección
Nacional de Estupefacientes, entidad demandada, en costas, conforme lo
dispone el artículo 188 del CPCA y la Ley 446 de 1.998”8.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:
5. El 17 de marzo de 2003, la Fiscalía General de la Nación, en el marco de un
proceso de extinción de dominio, decretó el embargo y secuestro de los bienes de
la sociedad Gran Muelle S. A., incluido el identificado con la matrícula inmobiliaria
372-002169 de la ORIP, el cual quedó bajo custodia de la DNE, entidad que lo
administró por intermedio de distintos depositarios provisionales.
6. El 15 de julio posterior, una parte del referido lote, con una extensión 1.647
2 9
m , fue entregada en arrendamiento a la demandante para labores de
mantenimiento de embarcaciones, almacenamiento y procesamiento de aceite para
motores10. Se indicó que, en 2004, en el marco de un proceso de cobro coactivo, el
8 Folios 2 a 4 del escrito inicial.
9
Así se indicó en el hecho quinto de la demanda, folio 5 del escrito.
10
Según se narra en los hechos tercero y cuarto de la demanda el contrato fue suscrito entre la
demandante y Gran Muelle SA, representada por William Valencia Obando, quien había sido
designado por depositario provisional de la referida sociedad por la Dirección Nacional de
Estupefacientes el 20 de marzo de 2003.
3
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Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
inmueble fue objeto de embargo por la DIAN11, autoridad que, previa solicitud de la
actora, el 15 de septiembre de 2005, “ratificó” el contrato citado.
7. En 2006, el inmueble “vuelve a ser depositado” ante la accionada y, el 20 de
septiembre de 2007, fue entregado en arrendamiento a la parte actora12. En marzo
de 2009, la DNE le notificó a la demandante su decisión de no prorrogar dicho
vínculo13 y, el 26 de septiembre posterior Gran Muelle SA promovió contra esta
última un proceso de restitución de inmueble arrendado.
8. El 1° de marzo de 2010, sin que se hubiese concluido la actuación judicial
citada, la demandada expidió la Resolución 0523, en la que ordenó la entrega
inmediata del predio, en virtud de las facultades previstas en los Decretos 2568 de
2003 y 135 de 2010, que profirió con falsa motivación y desconocimiento del trámite
enunciado. Según la accionante, “el autor de la Resolución 0523 de 2010, la profiere
en abierta y manifiesta violación a ley, en un ejercicio arbitrario de las propias
razones; en violación además al debido proceso, con abuso de autoridad y
desviación de poder”14.
9. El 2 de marzo siguiente, la decisión fue comunicada a Australian Bunker
Supplier’s C.I. S.A.S., que, al advertir “ostensibles irregularidades (…) en la
expedición”15, presentó acción de tutela. En esas diligencias, el juez constitucional,
el 9 de marzo de 2010, suspendió transitoriamente dicho acto administrativo. En la
misma fecha, la Dirección Nacional de Estupefacientes inició la diligencia de
entrega, en la que se abstuvo de resolver las oposiciones presentadas, para
finalmente, conceder un plazo para la devolución del terreno. Durante la semana
siguiente, la entidad le solicitó a tal compañía cumplir con la entrega mediante
distintas comunicaciones.
10. El 23 de marzo de la misma anualidad, el Juzgado 3° Civil del Circuito de
Buenaventura concedió el amparo solicitado y mantuvo la suspensión de la
Resolución 0523 del 2010. No obstante, esta sentencia fue revocada el 5 de mayo
posterior por el Tribunal Superior de Buga.
11. El 22 de julio de 2010, previos requerimientos a Australian Bunker Supplier’s
C.I. S.A.S. para que procediera en los términos indicados en el acto administrativo
del 1° de marzo anterior, la entidad profirió la Resolución 1125, en la que dispuso
que el predio debía ser desalojado en 3 días. El 31 de agosto ulterior, se realizó una
nueva diligencia de entrega y se le concedió a la parte actora plazo hasta el 28 de
septiembre de 2010 para retirar sus muebles.
11. El proceso de restitución de inmueble finalizó el 29 de agosto de 2011 con
sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
11 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
12
Según se indica en el hecho noveno de la demanda, el contrato fue suscrito por el señor Luis Arturo
Mendoza Alemán, en su calidad de nuevo depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
13
De acuerdo con el hecho trece de la demanda la comunicación fue suscrita por Miguel Torres
Núñez, nuevo depositario provisional designado por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
14 Folios 254 y 255 del cuaderno físico 1.
15 Folio 255 del cuaderno físico 1.
4
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Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
12. En criterio de la parte actora, el proceder de la accionada tuvo como finalidad
dar por terminado, al margen de los procedimientos legales, el contrato de
arrendamiento vigente y obtener el desalojo a partir de mecanismos distintos a los
establecidos por el ordenamiento jurídico.
Contestación de la demanda
13. La Dirección Nacional de Estupefacientes16 alegó que el medio de control
procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que en la
demanda se controvirtió la legalidad de las Resoluciones 0523 y 1125 de 2010.
Además, lo relacionado con el derecho de renovación del contrato de arrendamiento
le correspondía definirlo a la jurisdicción ordinaria, en los términos previstos en el
artículo 519 del Código de Comercio.
14. La entidad también propuso su falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque el contrato de arrendamiento invocado en la demanda fue celebrado por un
depositario provisional, que no contaba con autorización para tal fin, de ahí que
fuera el llamado a responder por los daños causados.
15. Sobre el fondo del asunto, indicó que su proceder se ajustó a las decisiones
adoptadas por la Fiscalía General de la Nación frente a los activos de Gran Muelle
S.A., así como a lo dispuesto en las Leyes 793 y 785 de 2002, que le confirieron
facultades de policía administrativa para abogar por la entrega de los bienes
afectados con ocasión de trámites de extinción de dominio. En todo caso, la
arrendataria incurrió en culpa, al permanecer en el inmueble después del
vencimiento del plazo contractual y del preaviso de terminación remitido en debida
forma.
16. Explicó que en la diligencia de entrega no se estructuró una operación
administrativa, pues se le informó a la demandante que, en virtud del artículo 4 del
Decreto Ley 135 de 2010, las oposiciones debían ser resueltas por la autoridad
penal.
17. Finalmente, señaló que no fueron acreditados los perjuicios.
18. De otro lado, la entidad llamó en garantía a los señores Luis Arturo Mendoza
Alemán, Fernando Durán Quintana y Miguel Torres Núñez, quienes se
desempeñaron como depositarios provisionales en el caso debatido. El a quo
admitió tal solicitud de vinculación el 5 de abril de 201317.
19. Surtida la notificación personal18, el primero de los citados argumentó19 que
su gestión fue diligente y estuvo precedida de un estudio económico, así como de
la autorización de la accionada. Enfatizó que no tuvo injerencia en la expedición de
los actos administrativos calificados en el escrito inicial como ilegales —
Resoluciones de la DNE 0523 y 1125 de 2010—. Añadió que la demandada actuó
en el marco de sus competencias, y que en el expediente no obraba prueba de los
16 Folios 497 a 532 del cuaderno 1A del expediente físico.
17 Folios 537 y 539 del cuaderno 1A del expediente físico.
18 Folios 537, 599, 607 y 676 del cuaderno 1 A del expediente físico.
19 Folios 679 a 711 del cuaderno 1 A del expediente físico.
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Referencia: Reparación directa
menoscabos alegados. El segundo20 señaló que su actuación se ajustó a la ley y a
las instrucciones impartidas por la DNE. Expuso que las resoluciones expedidas por
la entidad estaban amparadas por la presunción de legalidad, que debía ser
desvirtuada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. También rechazó
los montos de indemnización solicitados por falta de acreditación.
20. El último de los referenciados allegó memorial en el que indicó que, por ser
una persona de la tercera de la edad con problemas de salud, estaba en disposición
de comparecer ante la administración de justicia, siempre que se le permitiera
hacerlo desde Bogotá21.
Trámite relevante de primera instancia
21. Previo a la audiencia inicial, a través de auto del 7 de marzo de 201722,
confirmado en sede de reposición el 25 de abril de 201823, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca concluyó que el asunto debía ser tramitado por la jurisdicción
ordinaria, a la que ordenó remitir las diligencias. Al respecto, argumentó que entre
la demandada y la parte actora no existió relación alguna, pues los hechos se
originaron en el contrato celebrado con el depositario provisional designado por la
DNE, quien habría actuado sin autorización. En esa medida, se trataba de una
controversia entre particulares.
22. El 16 de mayo siguiente, el Juzgado 2º Civil del Circuito de Buenaventura
propuso conflicto de jurisdicciones24, que fue decidido por el Consejo Superior de la
Judicatura el 17 de julio de 201925. En esta oportunidad se determinó que el juez de
lo contencioso administrativo era el competente para conocer del sub lite, en cuanto,
en sede de reparación directa, se pretendía la indemnización del daño generado por
una entidad pública con ocasión de las labores de materialización de las
Resoluciones 0532 del 1° de marzo y 1125 del 22 de julio de 2010, supuesto ajeno
a aquellos que debía tramitar la justicia civil.
23. En firme la anterior determinación, el 1° de marzo de 202126, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca llevó a cabo la audiencia inicial, en la que agotó
las etapas previstas en la Ley 1437 de 201127, incluida la de decisión de
excepciones previas, para lo cual precisó que lo atinente a la legitimación en la
causa por pasiva de la DNE debía resolverse en la sentencia, previa valoración del
20 Folios 626 a 636 del cuaderno 1 A.
21 Frente al señor Torres Núñez obra constancia de notificación personal del 15 de agosto de 2013
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud del despacho comisorio remitido para tal
fin por la corporación a quo. Mediante memorial del 3 de septiembre siguiente manifestó su decisión
de atender los requerimientos que se le formularan (folios 570 y 573 del cuaderno 1 A del expediente
físico).
22 Folios 728 a 730 del cuaderno 3 del expediente físico.
23 En virtud del recurso interpuesto por la parte demandante (folios 742 a 759 del cuaderno 3 del
expediente físico).
24 Folios 1 a 4 del cuaderno 1A del expediente físico.
25 Folios 5 a 18 del cuaderno 1A del expediente físico.
26 Índice 128 de Samai.
27 Adicionalmente, en tal diligencia se resolvió sobre la reconstrucción parcial del expediente, dada
la pérdida de los folios 263 a 384 del cuaderno 1 del expediente físico, en los que obraba el dictamen
pericial aportado con la demanda. Al respecto, el ponente incorporó al proceso el archivo digital
aportado previo a la audiencia por la accionante, cuyo apoderado manifestó bajo la gravedad del
juramento que era una copia de la documental aportada inicialmente. El magistrado declaró
reconstruidas las diligencias, sin que se formularan objeciones.
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Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
material probatorio recaudado. Frente a la indebida escogencia de la acción,
concluyó que no estaba llamada a prosperar, porque la accionante no atacó los
actos administrativos expedidos por la demandada, sino solo debatió sus efectos
nocivos. En todo caso, indicó que dichas determinaciones no eran susceptibles de
ser demandadas, por ser de ejecución en tanto materializaron la orden proferida por
la Fiscalía 25 de la Dirección Nacional de Fiscalías- Unidad Nacional del Extinción
del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos. Las partes no interpusieron
recursos.
24. Luego, el ponente indicó que, a título de fijación del litigio, correspondía
determinar si la operación administrativa adelantada por la DNE, al ordenar la
entrega definitiva del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No.
372-002169 de la ORIP28 de Buenaventura, “implicó y en qué medida, el
rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas causándole los
presuntos perjuicios al demandante”29. De ser así, se debería establecer la
responsabilidad de los llamados en garantía.
25. El 12 de abril de 202130, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que,
a título de medida de saneamiento, el ponente explicó que, aunque la demanda se
formuló contra el “Ministerio del Interior y de Justicia- Dirección Nacional de
Estupefacientes”, el auto admisorio solo tuvo como accionada a la DNE, decisión
que quedó en firme. Agregó que, en todo caso, dicha entidad contaba con
personería jurídica y patrimonio propio, por tal razón, no debía comparecer al
proceso por intermedio de otra autoridad. De este modo, la corporación de primer
grado concluyó que en el sub lite no fue vinculada como integrante de la parte pasiva
cartera ministerial alguna y bajo ese entendimiento debía resolverse la litis. Este
razonamiento no fue impugnado por las partes.
26. Agotado lo anterior, se surtió la contradicción del dictamen aportado con el
escrito inicial y se practicó el interrogatorio de parte de la accionante, a través de su
representante legal. Concluida la actuación, se corrió traslado para alegar de
conclusión, oportunidad en la que la actora sostuvo que sus pretensiones tenían
vocación de prosperidad, pues fue obligada a entregar el inmueble en el que
desarrollaba sus actividades económicas a pesar de que se encontraba en curso un
proceso de restitución de inmueble arrendado y con el único fin de beneficiar un
tercero, esto es, a una nueva arrendataria31. Los llamados en garantía Luis Arturo
Mendoza Alemán y Fernando Durán Quintana reiteraron que se desempeñaron en
los términos de ley, sin que les resultara imputable falencia alguna y que, en todo
caso, no fueron acreditadas las afectaciones alegadas. El primero de los citados
añadió que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del
derecho32.
28 Oficina de Registro de instrumentos Públicos.
29 Minuto 46 de la audiencia.
30 Índice 128 de Samai.
31 Índice 105 de Samai.
32Índice 105 de Samai.
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Sentencia de primera instancia
27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia 10 de
febrero de 202533, decidió negar las pretensiones. El a quo señaló que la Resolución
523 del 1º de marzo de 2010, proferida por la DNE con el fin “hacer efectiva la
entrega real y material” del inmueble, fue cuestionada por la parte actora mediante
cargos que apuntaban a su ilegalidad. En su criterio, tales reproches exigían un
análisis propio de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser el escenario
idóneo para determinar si la decisión se emitió con violación del debido proceso o
falsa motivación, tal como lo concluyó el Tribunal Superior de Buga, en el fallo de
tutela del 5 de mayo de 2010, en el que se indicó que las causales en ese sentido
debían formularse a través de dicha acción.
28. Agregó que, aunque en la audiencia inicial se concluyó que no se configuró
la excepción de indebida escogencia de la acción, lo cierto era que la demandante
planteó sus pretensiones al amparo de un medio de control distinto al que
correspondía. Sin embargo, al considerar que no era el momento procesal para ello,
el Tribunal optó por no declarar dicha irregularidad y, en su lugar, emitió sentencia
de mérito, bajo la óptica del daño especial, en virtud del principio de prevalencia de
lo sustancial sobre lo formal.
29. En concordancia con lo expuesto, indicó que la operación administrativa de
hacer entrega del bien inmueble a favor de la DNE no podía calificarse como un
daño antijurídico o una carga excesiva considerando la precariedad de la entrega
en provisionalidad de los bienes objeto de extinción del dominio.
30. En suma, no se acreditaron los elementos de especialidad y anormalidad
aplicables a estos eventos, de ahí que debieran negarse las pretensiones.
31. Finalmente, no emitió condena en costas, en cuanto no se advirtió una
manifiesta carencia de fundamento legal en la demanda y, en todo caso, no se
causaron erogaciones para tal fin.
Recurso de apelación
32. La parte accionante apeló34 y argumentó que el fallo de primera instancia
pasó por alto que las pretensiones se edificaban en una operación administrativa, y
no en un daño especial o en un juicio de legalidad frente a las Resoluciones 0523 y
1125 de 2010 proferidas por la accionada, como se concluyó en la audiencia inicial;
además, en sede de tutela, no se advirtió que la controversia se enmarcara en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues a lo que se aludió
fue a la posibilidad de la arrendataria de ejercer su defensa tanto ante la jurisdicción
civil como ante la contenciosa.
33. A juicio de la apelante, el Tribunal pasó por alto que la causa petendi se
enmarca en “la expedición de las irregulares resoluciones 1125 y 0523 ejecutadas
en igual irregularidad”. Esto, en cuanto la DNE la obligó a desocupar el bien objeto
de controversia a pesar de encontrarse en curso el proceso de restitución de
33 Índice 110 de Samai.
34 Índice 114 de Samai.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
inmueble arrendado. Actuación arbitraria que tuvo como única finalidad el
favorecimiento de una nueva arrendataria —Best Distribution Services S.A.—,
propósito que se ocultó con “con una falsa motivación de las resoluciones 1125 y
0523 de 2010 (….) falsa motivación, no como causal de nulidad de un acto que no
solicité, la refiero como una conducta irregular, (…) constitutiva de abuso de
autoridad, y desviación de poder, conducta IRREGULAR propia de un actuar de
HECHO y no en DERECHO como era obligación de quienes suscribieron dichos
actos, generado de la FALLA EN EL SERVICIO como se expuso en la demanda”35.
34. En conclusión, el daño debía analizarse al amparo del medio de control de
reparación directa y a partir de las distintas falencias en las que incurrió la
demandada en su actuación, que fueron plenamente acreditadas, así como los
perjuicios que se generaron.
Trámite de segunda instancia
35. El 18 de noviembre de 202536, esta Corporación admitió la apelación
interpuesta por la accionante e informó a las partes y al Ministerio Público que
podían intervenir hasta la ejecutoria del referido auto y el ingreso del expediente al
despacho para fallo, respectivamente. Ninguna de los mencionados realizó
manifestaciones en la oportunidad señalada.
CONSIDERACIONES
36. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad que invalide lo
actuado, por lo cual procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia de primera instancia, contexto en el que, acorde
con los cargos formulados en el recurso de alzada, se dará respuesta a los
siguientes problemas jurídicos: i) ¿La causa petendi se enmarca en un juicio de
legalidad de las Resoluciones 0523 del 1º de marzo y 1125 del 22 de julio de 2010
y/o en una operación administrativa?; A partir de la respuesta este primer
interrogante se deberá establecer si ii) ¿Se cumplen los presupuestos procesales
para el ejercicio de la acción correspondiente? Una vez superado este análisis, de
ser procedente se definirá si iii) ¿las pretensiones, están llamadas a prosperar, por
haberse acreditado las irregularidades imputadas a la actuación debatida, así como
los perjuicios causados?
37. Para este efecto, se establecerán los hechos que resultaron acreditados,
para luego, abordar los cuestionamientos planteados.
Los hechos probados y la fuente del daño alegado
38. Con el propósito de analizar este punto, la Sala reitera que la parte actora
pretende la indemnización de los perjuicios causados porque asevera que fue
privada de la tenencia del inmueble con matrícula inmobiliaria 372-002169 de la
ORIP, situación que, según las pruebas aportadas, se presentó en el contexto que
se expone a continuación:
35 Folio 3 del recurso interpuesto.
36 Índice 16 de Samai.
9
Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
39. El 31 de marzo de 1999, la DIAN, en el marco de un proceso de cobro
coactivo37, ordenó el embargo del inmueble objeto de controversia38—el identificado
con la matrícula inmobiliaria 372-002169 de la ORIP de Buenaventura—, de
propiedad de Gran Muelle S.A., con una extensión39 de 27.774 m2.
40. Posteriormente, el 17 de marzo de 200340, la Fiscalía General de la Nación
inició diligencias de extinción de dominio respecto de dicha compañía41 y la totalidad
de sus activos, incluidos los predios con folios: i) 372-01140, ii) 372-0244242, y iii)
372-0659743 de la oficina de registro citada, los cuales, junto con el inicialmente
embargado, eran colindantes e integraban una misma zona de explotación44 de
aproximadamente 56.000 m2.
41. El 20 de marzo siguiente45, el fiscal del caso dejó como depositario
provisional al gerente de la Gran Muelle S.A.46 hasta tanto la DNE asumiera su
administración. Bajo ese encargo, el 15 de julio posterior47, el designado celebró
con la demandante un contrato de arrendamiento por 6 meses, sobre una fracción48
de 1.647 m2, sin identificación precisa del predio ni referencia al número de folio.
42. El 11 de marzo de 2004, mediante la Resolución 310 la DNE designó como
depositario provisional de Gran Muelle SA al Mayor retirado Fabio Cujillo Amaya, no
obstante, por Resolución 1017 del 23 de julio siguiente la entidad escogió en su
reemplazo a Luis Alberto Caicedo Benavides49 y el 8 de julio de 2005 a través de la
Resolución 0712 a Jairo Medina Hurtado, con este mismo propósito.
43. De otro lado, el 19 de noviembre de 200550, según oficio 1762, la DIAN
comunicó a la DNE que decretó el embargo de dos de los bienes afectados por la
fiscalía en la decisión del 17 de marzo de 200351 —matrículas 372-06597 y 372-
01140—.
37 En su calidad de garante de Unipapel S.A.
38 Folios 42 y 43 del cuaderno 1 del expediente físico.
39 Según la información contenida en el avalúo comercial del 14 de marzo de 2007 de la Lonja
Colombiana de Propiedad Raíz, practicado a solicitud del depositario provisional del DNE, con el fin
de determinar sus condiciones de arrendamiento (folios 25 a 50 del cuaderno 2 del expediente físico).
40 Folios 409 a 420 del cuaderno 1 del expediente físico.
41 Con ocasión de las diligencias adelantadas frente a Joaquín Mario Valencia Trujillo y su núcleo
familiar.
42 En la decisión citada el inmueble se relacionó con la matrícula “372-02-442-0063-000”; no
obstante, en la actuación a cargo de la DNE tal bien aparece identificado con la matrícula 372-02442.
43 Folio 431 del cuaderno 1 del expediente físico.
44 De conformidad con las pruebas relacionadas en la nota a pie de página del numeral precedente.
45 En la decisión indicada en el párrafo precedente, el funcionario instructor indicó que, materializado
el secuestro, lo bienes quedarían a disposición de la demandada.
46 Folios 424 y 425 del cuaderno 1 A del expediente físico.
47 Folios 11 a 15 del cuaderno 1 del expediente físico.
48 Para efectos de para almacenamiento y cargue de aceite para motores de uso marítimo.
49 Folios 430 a 442 del cuaderno 1 A del expediente físico.
50 Folios 450 del cuaderno 1 A del expediente físico.
51 A folios 409 a 420 del cuaderno 1 A del expediente físico, obra decisión del 17 de marzo de 2003
de la fiscal 25 especializada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de
Dominio y contra el Lavado de Activos. En la decisión se ordena el embargo, incautación y
consecuente suspensión del poder dispositivo, entre otros, de los inmuebles con matrículas
inmobiliarias 372-06597 (folio 413) y 372-01140 (folio 412).
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
44. Con ocasión de la solicitud elevada el 19 de agosto de 200552, la DIAN emitió
concepto el 9 de septiembre del mismo año53, en el que consideró viable que se
suscribiera con la accionante un acuerdo contractual frente al predio identificado
con la matrícula 372-002169, que regiría mientras subsistieran las medidas
ordenadas en el proceso de cobro coactivo54. La secuestre informó esa decisión a
la demandante durante la siguiente semana y le puso de presente que, para lo
pertinente, se había tomado en consideración la preexistencia de “un vínculo
contractual que goza de legalidad representado en los contratos de arrendamientos
celebrados con ustedes y la DIAN por intermedio de la suscrita”.
45. El 1° de octubre posterior, la demandante le pidió a la autoridad tributaria el
arrendamiento de un terreno adicional de 1.609 m 255sin que obre prueba del trámite
otorgado a esta petición.
46. El 6 de abril de 2006, la DIAN ordenó el desembargo del inmueble con
matrícula 372-00216956.
47. El 20 de septiembre de 200757, el depositario Luis Arturo Mendoza Alemán58
celebró contrato de arrendamiento con la demandante sobre un área de 1.609 m 2
del predio referenciado59, para la explotación del negocio de comercialización de
combustibles y actividades afines, por un término de 2 años sin especificar el folio
de matrícula inmobiliaria. En el acápite de cuestiones preliminares del acuerdo
52 Previa solicitud formulada por la actora, la cual obra a folios 6 y 7 del cuaderno 2 del expediente
físico.
53 Folio 8 cuaderno 2 del expediente físico.
54 Folio 8 del cuaderno 2 del expediente físico.
55 Folio 38 de cuaderno 1 del expediente físico.
56 Folios 42 y 43 del cuaderno 1 del expediente físico. El 23 de mayo de 2006, el señor Jaime Medina
Hurtado, en calidad de depositario provisional de Gran Muelle S.A., suscribió contrato de
arrendamiento frente a este bien con la sociedad Best Distribution Service S.A., por el término 7
años. Frente a lo cual, la Dirección Nacional de Estupefacientes emitió concepto el 30 de enero de
2007, en el que indicó que el nombramiento del citado había sido revocado el 1° de septiembre de
2006 y que, por ende, a partir de allí habían cesado los efectos de la negociación, la cual no era
oponible a la entidad, por haberse celebrado sin autorización (folios 248 a 246 y 443 a 449 del
cuaderno 1 A del expediente físico). Con antelación a dicho contrato, en concreto, el 2 de mayo de
2005 (folios 239 a 242 del cuaderno 1 del expediente físico), el depositario provisional designado por
la DNE le entregó en arrendamiento a Best Distribution Service S.A. uno de los inmuebles de Gran
Muelle S.A., contiguo al objeto de debate y respecto del cual se precisó (se transcribe literal, incluso
con posibles errores):
“En caso de llegar a un acuerdo con la DIAN respecto al lote de matrícula inmobiliaria No 372-
0002169, embargado por esa entidad o se llegase a desembargar quedando en manos de GRAN
MUELLE S. A. La total administración de dicho patio, incluido el cobertizo, la empresa BDS
LOGISTICS S. A., será la Arrendataria de dicho patio y cobertizo en las mismas condiciones de éste
contrato para lo cual se establece desde ahora el canon adicional mensual de catorce millones de
pesos, que se incrementarán anualmente de acuerdo al IPC decretado por el Gobierno Nacional. Se
adjunta plano”.
Como depositario actuó el señor Luis Alberto Caicedo Benavides, quien fue nombrado por la
demandante mediante la Resolución 1017 del 23 de julio de 2004, cuya renuncia fue aceptada el 8
de julio de 20005 (folios 434 a 449 del cuaderno 1 A del expediente físico).
57 Folios 72 a 75 del cuaderno 2 del expediente físico.
58 El citado fue designado depositario provisional de la sociedad implicada el 1º de septiembre de
2006 y fue reemplazado el 29 de febrero de 2008 por el señor Miguel Torres Núñez, quien, a su vez,
fue sustituido el 8 de junio de 2009, por el señor Fernando Quintana Durán. Folios 452 a 457, 467 a
472, y 475 a 480 del cuaderno 1 A del expediente físico.
59 En el contrato de arrendamiento no se indicó el número de matrícula inmobiliaria; sin embargo, de
las actuaciones posteriores es posible inferir que se trata del indicado en el párrafo precedente, pues
fue a partir de ese vínculo contractual que, luego, se promovió proceso de restitución de inmueble
372-002169 de la ORIP de Buenaventura.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
suscrito, dejaron constancia de la existencia de contratos previos con la DIAN, de la
ocupación prolongada por parte de la demandante sin pago de canon, de la
necesidad de formalizar la situación y del concepto emitido por la DNE el 23 de julio
de 2007, así (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
“1) Que el arrendatario, celebro contrato de arrendamiento con la secuestre
designada por la DIAN, como auxiliar de la justicia, (15 de octubre del 2005),
con el objeto de establecer en predios de Gran Muelle S.A. una empresa
comercializadora de combustible, 2) Que de hecho, y desde hace
aproximadamente 4 años, en la actualidad la empresa Australian Bunker se
encuentra establecida en el predio, objeto del presente contrato de
arrendamiento sin que cancelen el canon de arrendamiento alguno, 3) Que se
hace necesario entrar a legalizar esta situación, con el propósito de generar
mayores ingresos a la Sociedad Gran Muelle S.A. 4) Que el depositario
provisional de Gran Muelle S.A. mediante informe escrito el 26 de junio del 2007,
puso en consideración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, esta
situación, solicitando a su vez las autorizaciones correspondientes 5) Que la
dirección Nacional de Estupefacientes, mediante memorando No. SJU 725 de
fecha 23 de julio de 2.007 (…) emitió concepto al respecto”.
48. Mediante comunicación del 13 de marzo de 2009, la DNE60 le informó a
Australian Bunker Supplier’s C.I. Ltda. su decisión de no prorrogar el anterior
acuerdo. Luego, el depositario provisional de Gran Muelle S.A. promovió en su
contra61 proceso de restitución de inmueble arrendado, actuación respecto de la
cual se aportó la sentencia del 19 de agosto de 2011 proferida por el Juzgado
Primero Civil de Circuito de Buenaventura62.
49. A través de la Resolución No. 0523 del 1° de marzo de 201063, la DNE, con
fundamento en las facultades previstas en los Decretos 2568 de 2003 y 135 de
2010, ordenó a los “ocupantes” del inmueble con matrícula inmobiliaria 372-002169
su desalojo en un término de 3 días. Argumentó que los allí presentes carecían de
título que los habilitara para explotar el predio y, por ende, era necesaria la adopción
medidas que permitieran materializar las determinaciones adoptadas en la
providencia que inició las diligencias de extinción de dominio (se transcribe literal,
con posibles errores):
“Que los ocupantes del inmueble no poseen título alguno emanado de la
Dirección Nacional de Estupefacientes que legitime su permanencia en el lugar,
motivo por el cual, la manifestación de su renuencia a salir del inmueble
desconocen abiertamente la orden emitida por la Fiscalía 25 de la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos de Bogotá.
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo cuarto del Decreto Ley No. 135
de 2010, el Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
tiene funciones de Policía Administrativa, con el objeto de hacer efectiva la
entrega (…) de los bienes respecto de los cuales el Operador Judicial haya
60 Al respecto, la entidad, el 1º de marzo de 2009, remitió oficio al depositario provisional para que le
pusiera de presente a la demandante la decisión de no continuar con el contrato de arrendamiento,
frente a lo cual el citado libró la comunicación pertinente el 13 el mismo mes y año (folios 473 a 474
del cuaderno 1 A del expediente físico).
61 Según el certificado del 21 de agosto de 2012 de la Cámara de Comercio de Buenaventura, la
sociedad Australian Bunker Supplier’s C.I. Ltda. fue transformada el 16 de mayo anterior en
Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S. (folios 3 a 5 del cuaderno 1 del expediente físico).
62 Folios 167 a 165 del cuaderno 1 del expediente físico.
63 Folios 7 a 10 del cuaderno 1 del expediente físico.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
decretado las medidas de embargo, secuestro y consecuente suspensión del
poder dispositivo.
Que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ley No. 135 de 2010 (…) habilitó
al Subdirector Jurídico (…), en ejercicio de la función de Policía Judicial
Administrativa, para hacer efectiva la entrega real y material de los bienes
inmuebles urbanos o rurales, muebles, sociedades y/o establecimientos de
comercio, respecto de los cuales se haya decretado el embargo, secuestro y
consecuente suspensión del poder dispositivo.
(…) Que en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 4o del Decreto Ley
No. 135 de 2010, se debe requerir al actual ocupante y demás personas que se
encuentren en el inmueble (…) para que efectúen la entrega real y material del
mismo a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, concretándose así
lo dispuesto en la Resolución de la (…) Fiscalía 25.
Que la medida cautelar de secuestro y consecuente suspensión del poder
dispositivo sobre (…) el inmueble (…), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 113 del CPC y en lo que atañe a la entrega real y material de la misma,
conlleva implícita la orden de allanar, si fuere necesario”.
50. Con la demanda se allegó la comunicación del 2 de marzo de 201064, dirigida
a los “ocupantes” del bien citado, con el fin de ponerles en conocimiento la anterior
determinación; no obra constancia de la fecha en la que fue recibida por la parte
actora.
51. El 9 de marzo siguiente65, los funcionarios de la Dirección Nacional de
Estupefacientes se presentaron en el terreno y requirieron a Australian Bunker
Supplier’s C.I. Ltda.66 para que lo desalojara, la cual se opuso con fundamento en
el contrato de arrendamiento celebrado en 2007, la falta de competencia de la
entidad y la ausencia de precisión frente los linderos. Los cuestionamientos fueron
abordados por el funcionario compareciente quien señaló que la competencia para
resolver la oposición formulada correspondía a la autoridad judicial de conocimiento,
indicó que la entidad actuaba conforme a las facultades previstas en el artículo 5
del Decreto 135 de 2010, con el objeto de hacer entrega real y material del inmueble.
Posteriormente, la representante legal manifestó su voluntad de entregar el bien. La
entidad lo recibió y lo dejó a disposición del depositario provisional de Gran Muelle
S.A., adicionalmente, concedió a la actora dos meses para el retiro de la maquinaria
instalada. El acta fue firmada por los presentes sin salvedades.
52. A través de decisión notificada el 10 de marzo de 2010, el Juzgado 3º Civil
del Circuito de Buenaventura admitió la acción de tutela presentada por la actora
dos días antes contra la DNE y decretó la medida provisional solicitada que consistió
en suspender el desalojo y los efectos de la Resolución 523 de 2010 67.
64 Folio 6 del cuaderno 1 del expediente físico.
65 Folios 77 a 83 del cuaderno 1 del expediente físico.
66 Por conducto de su representante legal.
67 Folios 82 a 84 del cuaderno 2 del expediente físico. Al respecto, se sostuvo (se transcribe literal,
incluso con posibles errores):
“[S]e accederá a la medida provisional hasta tanto se falle por esta agencia judicial la presente acción
de tutela, la cual determinará si se han violado o no los derechos fundamentales solicitados por el
actor, razón por la cual se ordenará suspender la entrega efectiva del inmueble ubicado en la avenida
Simón Bolívar No. 29-30, identificado con matrícula Inmobiliaria No. 372-002169 de la Oficina de
Registro público y privado de Buenaventura”.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
53. En relación con la acción constitucional referida, la accionante allegó varias
piezas, a saber: i) el interrogatorio de parte rendido por su representante legal68,
quien señaló que para ese momento el área utilizada ascendía 6.000 m 2, lo que
superaba lo pactado inicialmente, en atención a un acuerdo verbal con el depositario
que suscribió el contrato de septiembre de 200769; ii) la declaración del señor Julio
César Díaz Romero70, arrendatario de otro de los bienes de Gran Muelle S.A., que
afirmó que Australian Bunker Supplier’s C.I. Ltda. explotaba cerca de 9.000 m 2; y iii)
el testimonio del administrador designado por la accionada para esa época71, el cual
sostuvo que la compañía citada ocupaba una superficie cercana a siete veces la
extensión inicialmente contratada.
54. El juez constitucional concedió el amparo el 23 del mismo mes y año, como
mecanismo transitorio, hasta tanto: i) se demandara la Resolución 0523 de 2010 en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho72; y ii) se resolvieran las diligencias
de restitución de inmueble arrendado73. No obstante, el Tribunal Superior de
Guadalajara de Buga revocó la decisión el 5 de mayo de 201074, al estimar que la
tutela era improcedente, pues la entrega se había efectuado desde el 9 de marzo
precedente y existían mecanismos judiciales idóneos para que la accionante
ejerciera su defensa, tales como el proceso de restitución de inmueble y la acción
judicial para discutir la legalidad del respectivo acto administrativo.
55. El 18 de mayo posterior, el depositario provisional requirió a la compañía para
el retiro de los equipos75. Luego, el 22 de julio de 201076, la Dirección Nacional de
Estupefacientes profirió la Resolución 1125, mediante la cual ordenó la entrega
definitiva del predio. Como fundamento de la determinación, la entidad invocó: i) las
facultades de policía administrativa derivadas del artículo 73 de la Ley 1395 de
68 El 10 de marzo.
69 Folio 18 a 20 del cuaderno 1 del expediente físico. El depositario Luis Arturo Mendoza Alemán.
70 Folio 25 del cuaderno 1 del expediente físico.
71 Fernando Quintana Durán (folios 27
72
Folio 134 del cuaderno 1 del expediente físico. En el fallo se señaló: ”(…) se concederá la presente
acción de tutela como mecanismo transitorio, dejando claro que el accionante debe acudir a la
jurisdicción Contencioso administrativa con el objeto que inicie la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho del acto administrativo 0523 del 01 de marzo de 2010(…)”.
73 Folios 88 a 138 del cuaderno 1 A del expediente físico. Sobre este punto, se sostuvo (se transcribe
literal, incluso con posibles errores):
“[C]omo quiera que el acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes
lesiona los intereses de la empresa (…) y para evitar un daño irreparable y un perjuicio irremediable
se concederá la presente acción de tutela como mecanismo transitorio, dejando claro que el
accionante debe acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa con el objeto de que inicie la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo 0523 de 01 de marzo del
2010, (…). De igual manera se concede la presente acción de tutela, como mecanismo transitorio
mientras se falla el proceso Abreviado de restitución de inmueble arrendado (…). Con base en lo
anterior se ordena la suspensión del acto administrativo 0523 de marzo 01 del 2010 expedido el
subdirector jurídico de la D.N.E, como sus efectos (…)”.
74 Folios 139 a 152 del cuaderno 1 del expediente físico.
75 En el expediente no obra constancia de la entrega a su destinatario; sin embargo, en la demanda
se sostuvo que tal comunicación fue recibida el mismo día, manifestación a la que se le conferirá
mérito probatorio en los términos dispuestos en el artículo 193 del CGP.
76 Folios 156 a 159 del cuaderno 1 del expediente físico. En el expediente obra un oficio del 18 de
mayo de 2010, dirigida a la demandante por parte del depositario provisional del inmueble, en la que
se solicita el cumplimiento de lo acordado en la visita del 10 de marzo de 2010. A pesar de que en
el expediente no obra constancia de la fecha de su entrega, lo cierto es que en la demanda se indicó
que fue ese mismo día, manifestación que se valorará en los términos del artículo 191 del CGP.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
201077; ii) la necesidad de abogar por el cumplimiento de lo ordenado en el trámite
de extinción de dominio; iii) lo dispuesto en la Resolución 523; iv) la diligencia del
10 de marzo de dicha anualidad, incluido el plazo concedido para el desmonte de la
maquinaria; y v) el alcance de las decisiones proferidas en el trámite constitucional
referenciado. Además, en la parte resolutiva indicó que “contra la presente
resolución, por tratarse de un acto de ejecución, no proceden los recursos por la vía
gubernativa”.
56. Para comunicar lo anterior, la entidad libró el oficio “700-1684 de 2010”, sin
que obre constancia de entrega a su destinataria78; sin embargo, Australian Bunker
Supplier’s C.I. Ltda.79, en memorial radicado ante la demandada el 2 de agosto de
la misma anualidad80, manifestó conocer la decisión. Además, señaló que, una vez
agotadas todas las vías legales sin éxito, no le quedaba otra opción que acatar lo
dispuesto por la entidad, para lo cual trasladaría sus instalaciones a otro predio en
la misma zona, en un lapso de 60 días, dadas las complejidades logísticas. En el
expediente no obra prueba del trámite dado a este memorial.
57. El 31 de agosto siguiente81, la DNE se dirigió nuevamente al predio y, a
solicitud de parte, concedió a la empresa plazo hasta el 28 de septiembre de 2010
para retirar su infraestructura. En tal visita, el apoderado de la sociedad intervino e
invocó la falta de trámite de la oposición presentada en marzo anterior, la ausencia
de decisión de los recursos interpuestos contra la Resolución 1125 y la existencia
de un proceso civil de restitución aún pendiente de decisión. La entidad indicó que,
por mandato del artículo 73 de la Ley 1395 de 2010, las oposiciones debían
resolverse por la autoridad judicial en el proceso de extinción de dominio, que el
acto administrativo citado no admitía recursos por ser de ejecución82; y que los
ocupantes no contaban con título vigente, dada la expiración del plazo contractual
77 “Funciones de policía administrativa de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El Subdirector
Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefaciente tendrá funciones de Policía de índole
Administrativa para hacer efectiva la entrega real y material de los bienes inmuebles urbanos o
rurales, muebles, sociedades y/o establecimientos de comercio ordenada en la sentencia de
extinción de dominio de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.
Así mismo, tendrá funciones de índole administrativa para hacer efectiva la entrega (…) de los bienes
respecto de los cuales la autoridad judicial haya decretado las medidas de embargo secuestro y
suspensión del poder dispositivo. En este evento, las oposiciones presentadas serán dirimidas
por la autoridad judicial de conocimiento en la oportunidad procesal respectiva y, en este
caso no se suspenderá el cumplimiento de la medida cautelar decretada, ni el curso de la
diligencia.
(…) Corresponde al Subdirector Jurídico en el término de cuarenta y ocho (48) horas hacer efectiva
la entrega ordenada por la Autoridad Judicial competente de bienes sobre los cuales recae la medida
cautelar o la sentencia de extinción de dominio.
El acto que disponga hacer efectiva la entrega, se comunicará por el medio más expedito al
poseedor, tenedor o persona que a cualquier título se encuentre ocupando administrando el bien.
Transcurridos tres (3) días desde la fecha de comunicación del acto, el Subdirector Jurídico
practicará la diligencia directamente o por comisión al Inspector, Corregidor o Comisario de Policía”
(se destaca).
78 Folio 162 del cuaderno 1 del expediente físico.
79 Por conducto de su representante legal.
80 Memorial del siguiente tenor (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
JOSE LUBER GIRALDO CASTAÑO, (…) actuando en calidad de Representante legal de la sociedad
AUSTRALIAN BUNKERS SUPPLIERS C.I. LTDA., (…) teniendo en cuenta (…) lo comunicado
mediante Oficio No. 70000-1684-2010, me permito manifestarle lo siguiente: (…) [L]uego del camino
procesal tanto administrativo, ante la entidad, como las diferentes instancias agotadas en la
Jurisdicción Ordinaria, no fue posible la declaratoria (…) de las prerrogativas que pretendía (…), no
obstante (…). De tal suerte que, habiendo agotado todos los caminos legales existentes, le solicito
tener en cuenta que (…) he adquirido un nuevo bien (…) para trasladar las instalaciones (…)”.
81 Según el acta que obra a folios 163 a 166 del cuaderno 1 del expediente físico.
82 Folio 125 cuaderno 1 del expediente físico.
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en 2009. Al finalizar dicha diligencia, la entidad declaró recibido el terreno, el cual
fue dejado en la misma diligencia a disposición del depositario provisional de Gran
Muelle S.A.
La medida adoptada por la DNE
58. La Ley 793 de 2002- vigente para la fecha en que la demandada profirió los
actos objeto de análisis- estableció que la extinción de dominio “es la pérdida de
este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de
naturaleza alguna para su titular83” Esta acción es “de naturaleza jurisdiccional,
de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho
real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder,
o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos”84.
59. De acuerdo con este marco normativo, corresponde a la Fiscalía General
de la Nación promoverla de oficio cuando se presenten las causales definidas
en la ley85. En desarrollo del proceso, esa entidad está facultada para decretar
medidas cautelares, o solicitar al juez competente su adopción las cuales se
concretan en la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de
los respectivos bienes86.
60. La ley 1395 de 2010 en el artículo 74 - en mismo sentido lo había hecho el
Decreto Legislativo 135 de ese año87- le atribuyó al Director Jurídico de la DNE
83
Ley 793 de 2002, artículo 1.
84 Ibid, artículo 4.
85 Ibid, artículo 2.
86 Ibid, artículo 12.
87 Similar disposición se encontraba en el artículo 4 del Decreto Legislativo 135 de 2010, norma que
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-292 de 21 de abril de 2010. El
artículo 4 establecía lo siguiente: “El Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes
o el responsable de la dependencia que haga sus veces, tendrá funciones de policía de índole
Administrativa para hacer efectiva la entrega real y material de los bienes inmuebles urbanos o
rurales, muebles, sociedades y/o establecimientos de comercio ordenada en la sentencia de
extinción de dominio de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.
Así mismo, tendrá funciones de índole administrativa para hacer efectiva la entrega a favor de la
Nación - Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco
• Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, de los bienes respecto de los cuales la autoridad
judicial haya decretado las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. En
este evento, las oposiciones presentadas serán dirimidas por la autoridad judicial de conocimiento
en la oportunidad procesal respectiva y, en este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la
medida cautelar decretada, ni el curso de la diligencia.
Parágrafo 1º. Las autoridades de Policía Locales, Departamentales y Nacionales estarán obligadas
a prestar el apoyo que requiera el Subdirector Jurídico para estas actuaciones.
Parágrafo 2º. Corresponde al Subdirector Jurídico en el término de setenta y dos (72) horas hacer
efectiva la entrega ordenada por la Autoridad Judicial competente de los inmuebles, muebles,
sociedades, establecimientos de comercio y demás bienes sobre los cuales recae la medida cautelar
o la sentencia de extinción de dominio; si el Director Nacional de Estupefacientes, la Subdirección
de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el depositario provisional o el funcionario que
tenga a su cargo la administración del bien de que se trate, lo solicita; el acto que disponga hacer
efectiva la entrega, se comunicará por el medio más expedito al poseedor, tenedor o persona que a
cualquier Título se encuentre ocupando o administrando el bien”.
Transcurridos tres (3) días desde la fecha de comunicación del acto, el Subdirector Jurídico
practicará la diligencia directamente o por comisión al Inspector, Corregidor o Comisario de Policía.
(subrayado fuera del texto).
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funciones de policía administrativa88 para hacer efectiva la entrega real y material
de los bienes inmuebles urbanos o rurales, muebles, sociedades y/o
establecimientos de comercio cuando esta es ordenada en la sentencia de extinción
de dominio de la que trata el artículo 18 de la Ley 793 de 2002. De otra parte, la
norma establece una función de índole administrativa para: “hacer efectiva la
entrega favor de la Nación– Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado Frisco– Dirección Nacional de Estupefacientes DNE,
de los bienes respecto de los cuales la autoridad judicial haya decretado las
medidas de embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo”.
61. En las Resoluciones 0523 del 1° de marzo y 1125 del 22 de julio, ambas de
2010, la DNE invocó como norma habilitante en el primer caso el artículo 4 del
Decreto Legislativo 135 de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1395 de 2010 en el
segundo. También señaló que actuaba en virtud de la orden de embargo y secuestro
emitida el 17 de marzo de 2003 por la Fiscalía 25, en el marco de un proceso de
extinción de dominio, la cual estaba siendo desconocida, en tanto, para ese
momento, los ocupantes del inmueble no contaban con un título que los habilitara
para ese efecto.
La causa petendi
62. Según la parte actora, la Dirección Nacional de Estupefacientes debe
indemnizarla por cuanto el desalojo del inmueble objeto de la litis fue consecuencia
de una operación administrativa derivada de las irregularidades en la expedición y
ejecución de las Resoluciones 0523 del 1° de marzo de 2010 y 1125 del 22 de julio
siguiente. Frente a la primera de las citadas, en la demanda se indicó que fue
proferida, con desconocimiento del título válido de tenencia —contrato de
arrendamiento— y del trámite en curso para lograr la restitución del inmueble
arrendado, así (se transcribe literal, con posibles errores):
“El autor del citado acto administrativo, lo profiere con fundamento en sus
facultades y competencias legales, Decreto Ley 135 de 2010, situación que,
desde ya, se dirá no admite discusión alguna.
Lo que no se admite y será una de las situaciones que se deberá debatir en
este proceso, es el motivo o finalidad del citado acto, además del momento
en que se profiere (…). Se dice en el acto administrativo: ‘Que los ocupantes
88
La Corte Constitucional, en sentencia C-024 de 1994, con respecto al concepto de policía
administrativa, consideró lo siguiente: “(…)De otro lado, encontramos lo que la doctrina ha conocido
como la policía administrativa. En término generales puede ser definida como el conjunto de medidas
coercitivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de
utilidad pública y lograr de esa manera la preservación del orden público.
Se comprende entonces la distinción entre estas dos acepciones de la policía. Mientras que la policía
administrativa, en sentido técnico, implica un poder jurídico de tomar decisiones que limitan la libertad
y propiedad de los particulares, las fuerzas de policía tienen una misión de ejecución material, siendo
sus funcionarios agentes de ejecución, que no realizan actos jurídicos, sino operaciones materiales.
Además, no siempre hay coincidencia entre los fines perseguidos por la policía administrativa y por
las fuerzas de policía. La fuerza policial busca lograr coactivamente el respeto al ordenamiento
jurídico. Para eso debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la policía
administrativa, principalmente el aseguramiento del orden público (policía de seguridad), pero
también las fuerzas policiales persiguen finalidades ajenas a la estricta policía administrativa:
investigar la comisión de delitos públicos deteniendo a sus autores (policía judicial), pero bajo estricto
control judicial (…)”.
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del inmueble no poseen título alguno emanado de la Dirección Nacional de
Estupefacientes que legitime su permanencia en el lugar, motivo por el cual, te
manifestación de su renuencia a salir del inmueble desconocen abiertamente la
orden emitida por la Fiscalía 25 de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos’.
El autor del referido acto administrativo, lo profiere, igualmente,
desconociendo que el citado inmueble ya había sido incautado desde el
20 de marzo de 2003, como lo cita en uno de sus considerandos; y que la
misma entidad (…) lo entregó en arrendamiento desde la misma fecha,
generándose por parte de la entidad JUSTO TITULO DE TENENCIA DEL
INMUEBLE, en este caso por parte del actor de esta demanda.
El autor del referido acto administrativo, igualmente pasa por alto, que la misma
entidad, Dirección Nacional De Estupefacientes por intermedio de su secuestre
designado en el bien objeto de extinción, había otorgado poder desde el 26 de
septiembre del año 2009, para iniciar proceso de restitución de inmueble contra
el aquí demandante, actuación judicial que debía esperarse para que se
profiriera cualquier otra decisión.
Así, el autor de la Resolución 0523 de 2010, la profiere en abierta y manifiesta
violación a ley, en un ejercido arbitrario de las propias razones; en violación
además al debido proceso, con abuso de autoridad y desviación de
poder”89. (resaltado de la Sala)
63. En cuanto a la Resolución 1125 de 2010, la accionante señaló que se
sustentaba en las mismas consideraciones de hecho y de derecho de la precedente.
En el acápite relativo a los elementos de la responsabilidad, la parte actora afirmó,
sin hacer referencia específica a una de las dos resoluciones, que la entidad
desconoció las disposiciones sobre renovación y terminación de contratos de
arrendamiento comerciales.
64. De otro lado, como se indicó en el aparte de antecedentes de esta
providencia, en el recurso de apelación la parte actora reiteró discrepancias contra
la Resolución 1125 de 2010, para lo cual adujo que dicho acto administrativo, al
igual que el primero, tuvo como única finalidad el beneficio de un tercero —una
nueva arrendataria —, lo que se traducía en una “falsa motivación de las
resoluciones 1125 y 0523 de 2010 (….) falsa motivación, (…) conducta irregular,
(…) constitutiva de abuso de autoridad, y desviación de poder, conducta
IRREGULAR propia de un actuar de HECHO y no en DERECHO”90.
65. Establecido el alcance de los reparos de ilegalidad, se determinarán los
aspectos, que, en punto de la ejecución, fueron alegados por la sociedad
accionante. Al respecto, se sostuvo que las diligencias del 9 de marzo y del 31 de
agosto de 2010, se presentaron distintas irregularidades, a saber: i) omisión en el
trámite de las objeciones; ii) requerimientos posteriores para entregar el bien, a
pesar de la orden de suspensión dada en sede de tutela; e iii) inobservancia del
proceso de restitución de inmueble arrendado que se encontraba en curso para ese
momento.
66. Aclarado lo anterior, la Sala concluye que la causa petendi, si bien se formuló
bajo la denominación de reparación directa, realmente se estructura en dos
89 Folios 254 y 255 del cuaderno físico 1.
90 Folio 3 del recurso interpuesto.
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aspectos distintos: i) la ilegalidad atribuida a las Resoluciones 0523 del 1º de marzo
de 2010 y 1125 del 22 de julio de 2010; y ii) en la ilicitud de las diligencias efectuadas
el 9 de marzo y el 31 de agosto de la misma anualidad para materializar lo ordenado
en la última de las citadas. De esta forma se da respuesta al primer problema
jurídico.
La acción procedente y sus presupuestos procesales
67. La vía procesal idónea y sus presupuestos procesales es un aspecto que
debe ser analizado de oficio por el juez incluso en segunda instancia, y que, al
margen del dicho del actor, se debe considerar el fin perseguido.91
68. Ante la constatación de que la actora plantea en primer lugar un juicio de
legalidad subjetivo, dado que fue clara en controvertir los actos expedidos, a partir
de las causales de falsa motivación, desviación de poder y violación de la norma
jurídica superior, la Sala estima que la acción procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ahora bien, los pedimentos derivados de la
materialización de los actos deben ser estudiados bajo la de reparación directa.
69. Así, una vez verificado que frente a las pretensiones incoadas se cumplen
los presupuestos relativos a la jurisdicción, competencia, legitimación en la causa
por activa y pasiva y agotamiento de la conciliación; y verificados los requisitos de
la demanda en forma, corresponde determinar si la acción se promovió
oportunamente en cada caso.
70. En el sub júdice, consta que la accionante no enjuició la Resolución 0523 de
2010 de la DNE dentro de los 4 meses que correspondía92, en cuanto acudió ante
esta jurisdicción hasta el 30 de agosto de 201293, a pesar de que estuvo al tanto de
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 13 y 30 de agosto de 2024, así como 11 de agosto de 2025, expedientes 69.872,
70.247 y 70.074, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. En concreto, en la segunda de las citadas, se
precisó: “Para determinar el nombre del medio de control que rotule una determinada controversia,
se debe estudiar el contexto en el cual ésta surge, es decir, la causa que motiva al interesado a
acudir a la administración de justicia, lo cual, a su vez, concretará las características del ejercicio del
derecho de acción, a fin de determinar si se reúnen, entre otros, los presupuestos para acreditar la
legitimación procesal de dicho sujeto, la oportunidad en la presentación de la demanda o la
necesidad de agotar requisitos de procedibilidad, como el trámite de la conciliación prejudicial en
derecho. Esclarecido ello, el juzgador deberá analizar, con base en lo demostrado a lo largo del
proceso, si el accionante reunió los requisitos de orden material para obtener una sentencia favorable
a sus pretensiones.
En el evento en el que el demandante mencione un medio de control diferente para ventilar este tipo
de controversias, esta circunstancia no impide que se emita una sentencia de mérito, siempre que
se cumpla con los presupuestos procesales. Como los litigios que giran en torno a los medios de
control de reparación directa, controversias contractuales y nulidad con restablecimiento del derecho
se tramitan bajo el mismo proceso (en su naturaleza), de forma que no existe adecuación alguna
que se debe efectuar sobre el trámite cuando se aduzca un epígrafe diverso al que se considere
procedente”
92 Para la época de los hechos se encontraba vigente el artículo 136.2 del Decreto 01 de 1984, a
cuyo tenor: “2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según
el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en
cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
93 Previo trámite de conciliación extrajudicial promovido cuando ya se habían superado los 4 meses
aplicables. En efecto, la respectiva solicitud se formuló el 19 de diciembre de 2011 y el 20 de febrero
de 2012 se expidió la constancia de no acuerdo por inasistencia de la demandada (folio 242 del
cuaderno 1 del expediente físico).
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su contenido desde, por lo menos, el 8 de marzo de 201094, fecha en la que solicitó
su suspensión vía demanda de tutela, y con ocasión de lo cual se le indicó —tanto
en primera como segunda instancia—que para los fines pretendidos debía
promover el respectivo juicio de legalidad subjetivo, lo que imponía la carga de
demandar en tiempo; sin embargo, como se precisó, no procedió de conformidad.
71. En lo que respecta a la Resolución 1125 del 22 de julio de 2010, para
comunicarla la entidad libró el oficio “700-1684 de 201095”, sin que obre constancia
de entrega a su destinataria96; sin embargo, Australian Bunker Supplier’s C.I.
Ltda.97, en memorial radicado ante la demandada el 2 de agosto de la misma
anualidad98, manifestó conocer la decisión, de forma tal que para la fecha de
presentación del escrito inicial99ya habían transcurrido más de cuatro meses100. De
este modo, operó la caducidad de la acción judicial, excepción que será declarada
en esta instancia.
72. Lo anterior no agota el objeto del presente litigio, pues, aunque por las
razones indicadas, no es posible emitir pronunciamiento frente a la legalidad de las
resoluciones, persiste el deber de examinar los aspectos alegados por Australian
Bunker Supplier’s C.I. S.A.S sobre su materialización101, pretensiones que sí fueron
planteadas dentro del término previsto para el efecto102, puesto que las diligencias
culminaron el 31 de agosto de 2010 y la demanda fue presentada el 30 de agosto
de 2012.
73. Habiendo establecido a partir de la causa petendi las acciones procedentes
y verificado el cumplimiento de los presupuestos procesales, en particular si en cada
caso la demanda fue presentada en tiempo, asunto frente al que se concluyó que
esto sólo ocurrió en lo concerniente al petitum relacionado con las actuaciones
anteriormente mencionadas y no respecto del juicio de legalidad de las resoluciones
expedidas por la DNE, se da respuesta al segundo problema jurídico.
94 Folio 81 del cuaderno 1 del expediente físico.
95
Folio 155 del cuaderno del expediente físico.
96 Folio 162 del cuaderno 1 del expediente físico.
97 Por conducto de su representante legal.
98 Folios 160 a 162 del cuaderno 1 del expediente físico. En el memorial es del siguiente tenor (se
transcribe literal, incluso con posibles errores):
JOSE LUBER GIRALDO CASTAÑO, (…) actuando en calidad de Representante legal de la sociedad
AUSTRALIAN BUNKERS SUPPLIERS C.I. LTDA., (…) teniendo en cuenta (…) lo comunicado
mediante Oficio No. 70000-1684-2010, me permito manifestarle lo siguiente: (…) [L]uego del camino
procesal tanto administrativo, ante la entidad, como las diferentes instancias agotadas en la
Jurisdicción Ordinaria, no fue posible la declaratoria (…) de las prerrogativas que pretendía (…), no
obstante (…). De tal suerte que, habiendo agotado todos los caminos legales existentes, le solicito
tener en cuenta que (…) he adquirido un nuevo bien (…) para trasladar las instalaciones (…)”.
99 30 de agosto de 2012.
100
Como se indicó et supra, el trámite de conciliación extrajudicial promovido cuando ya se habían
superado los 4 meses aplicables. En efecto, la respectiva solicitud se formuló el 19 de diciembre de
2011 y el 20 de febrero de 2012 se expidió la constancia de no acuerdo por inasistencia de la
demandada (folio 242 del cuaderno 1 del expediente físico).
101
La Sala ha definido la operación administrativa como “la ejecución de una o varias decisiones de
la administración” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, M-P- José Roberto Sáchica Méndez).
102
Para la época de los hechos se encontraba vigente el artículo 136.8 del Decreto 01 de 1984, a
cuyo tenor: “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida
la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público
o por cualquiera otra causa.”.
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La responsabilidad de la accionada por las condiciones en las que se
ejecutaron las resoluciones proferidas por la accionada
74. La Sala debe precisar que este estudio, según lo ha considerado esta
Corporación, debe realizarse: “[A]catando estrictamente el contenido del acto
administrativo, sin realizar juicios de valor sobre éste. Pues no es posible para el
juez de lo contencioso administrativo, analizar el contenido del acto desde su
legalidad o validez, en una acción de reparación directa (…); por lo que [en este
contexto], todas las decisiones que tengan la naturaleza de acto administrativo,
deben estudiarse, siempre, bajo la premisa de estar amparadas por la presunción
de legalidad de este”103.
75. En suma, este acápite se contraerá a las diligencias de entrega del 9 de
marzo y del 31 de agosto de 2010, en tanto actuaciones de ejecución, sin que, por
lo expuesto, corresponda emitir pronunciamiento alguno sobre la validez de los
actos proferidos por la accionada el 1° de marzo y el 22 de julio de 2010, porque
debe partirse de la premisa según la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes
se encontraba habilitada para expedirlos y para exigir, con fundamento en ellos, la
entrega del inmueble objeto de controversia.
76. Como se refirió en el aparte hechos probados, el 9 de marzo de 2010104, con
fundamento en la orden de desalojo del predio identificado con matrícula 372-
002169 de la ORIP de Buenaventura proferida por la DNE en la Resolución 0523
del 1° de marzo anterior, los funcionarios de la Dirección Nacional de
Estupefacientes se presentaron en el terreno y, previa identificación de sus linderos,
requirieron a Australian Bunker Supplier’s C.I. Ltda.105 para que lo desalojara. La
empresa, a través de apoderado, se opuso a dicha petición, para lo cual manifestó
que, con fundamento en el artículo 338 del CPC106, formulaba las siguientes
objeciones: i) desconocimiento del contrato celebrado el 20 de septiembre de 2007;
ii) falta de competencia para expedir la Resolución 0523, por carencia del derecho
de propiedad y por la existencia de un mecanismo procedente para tal fin —proceso
judicial de restitución de inmueble arrendado—, y iii) ausencia de claridad de los
linderos.
77. El funcionario compareciente indicó que la objeción, por tratarse de un bien
sujeto a un proceso de extinción de dominio y por mandato del inciso segundo del
artículo 4 del Decreto 135 de 2010, debía tramitarse ante la autoridad judicial que lo
adelanta, sin que su interposición generara la suspensión de la actuación. En todo
caso, argumentó que, en virtud de las Leyes 785 y 793 de 2002, en concordancia
con lo indicado en el acto administrativo del 1° de marzo de dicha anualidad, la
entidad tenía a su cargo la administración y custodia del respectivo predio, en el que
la compañía objetante permanecía sin título que la habilitara, dada la terminación
del acuerdo de arrendamiento desde el 20 de septiembre de 2009, por tanto,
resultaba procedente el ejercicio de las facultades conferidas por las normas citadas
para ordenar su entrega. En cuanto a la delimitación, se anotó que se contaba con
103
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 30 de mayo de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, exp: 35.783.
104 Folios 77 a 83 del cuaderno 1 del expediente físico.
105 Por conducto de su representante legal.
106 El cual regula las oposiciones a las diligencias de entrega ordenadas en decisiones judiciales.
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un plano de áreas que permitía confirmar que el lugar el que se encontraban
correspondía al relacionado en la Resolución 0523, sin que se aportaran pruebas
que acreditaran lo contrario.
78. Aclarado lo anterior, la representante legal manifestó su voluntad de entregar
el bien ocupado. La entidad lo declaró formalmente recibido y, luego, lo dejó a
disposición del depositario provisional de Gran Muelle S.A., sin perjuicio de lo cual
le concedió a la empresa dos meses para el retiro de la maquinaria instalada.
79. El 10 de marzo de 2010, a la Dirección Nacional de Estupefacientes le fue
notificada la decisión adoptada el día anterior en sede de tutela por el Juzgado 3º
Civil del Circuito de Buenaventura, en virtud de la cual, a solicitud de la parte actora,
se ordenó la suspensión de las diligencias de devolución del predio107. El juez
constitucional concedió el amparo el 23 del mismo mes, condicionado a que la
demandante ejerciera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Resolución 0523 de 2010 y a la culminación del proceso de restitución de inmueble
arrendado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga revocó esa
decisión el 5 de mayo de 2010 por improcedente, al advertir que la entrega se había
realizado el 9 de marzo y que existían medios judiciales suficientes de defensa. En
consecuencia, la suspensión ordenada inicialmente se mantuvo únicamente hasta
el fallo de segunda instancia, con posterioridad al cual, en concreto, el 18 de mayo
posterior, el depositario provisional requirió a la compañía el cumplimiento de los
compromisos pactados 108.
80. Si bien el 9 de marzo de 2010 la demandante manifestó su voluntad de
entregar el predio y la DNE dejó constancia de haberlo recibido, dichas
manifestaciones no dan cuenta la recuperación efectiva del inmueble, pues los
bienes de Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S. continuaron en el terreno, al punto
de que, como se indicó, fue requerida para que liberara el área, sin que hubiese
procedido de conformidad.
81. Ante este panorama, la entidad profirió109 la Resolución 1125 del 22 de julio
de 2010, mediante la cual emitió una segunda orden de desalojo, que dio lugar a
una nueva visita, que fue practicada el 31 de agosto siguiente, oportunidad en la
que el representante legal de la empresa solicitó plazo hasta el 28 de septiembre
de 2010 para terminar el desmonte de su infraestructura, el cual fue concedido.
Luego, en la misma diligencia, el apoderado de la implicada puso de presente las
siguientes situaciones: i) la falta de decisión de la oposición formulada en la
diligencia de marzo anterior; ii) la ausencia de pronunciamiento de los recursos
interpuestos el 30 de julio contra la Resolución 1125; y iii) el hecho de que estuviese
pendiente de decisión el proceso de restitución de inmueble arrendado.
107 Folios 82 a 84 del cuaderno 2 del expediente físico. Al respecto, se sostuvo (se transcribe literal,
incluso con posibles errores):
“[S]e accederá a la medida provisional hasta tanto se falle por esta agencia judicial la presente acción
de tutela, la cual determinará si se han violado o no los derechos fundamentales solicitados por el
actor, razón por la cual se ordenará suspender la entrega efectiva del inmueble ubicado en la avenida
Simón Bolívar No. 29-30, identificado con matrícula Inmobiliaria No. 372-002169 de la Oficina de
Registro público y privado de Buenaventura”.
108 En el expediente no obra constancia de la entrega a su destinatario; sin embargo, en la demanda
se sostuvo que tal comunicación fue recibida el mismo día, manifestación a la que se le conferirá
mérito probatorio en los términos dispuestos en el artículo 193 del CGP.
109 Folios 156 a 159 del cuaderno 1 del expediente físico.
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Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
82. Respecto de los anteriores supuestos la autoridad señaló que: i) según lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1395 de 2010, las oposiciones debían ventilarse
en el marco del proceso de extinción de dominio; ii) el respectivo acto administrativo
no era pasible de recursos por ser de ejecución; y iii) los ocupantes carecían de
título que justificara su presencia en el inmueble, por cuanto el contrato de
arrendamiento pertinente expiró desde el 20 de septiembre de 2009. Aclarado lo
anterior, la entidad declaró recibido el terreno, el cual fue dejado en la misma
diligencia a disposición del depositario provisional de Gran Muelle S.A.
83. Así las cosas y aunque la entrega del inmueble, aun de haberse producido,
derivó de las resoluciones emitidas por DNE y estas no pueden ser objeto de
cuestionamiento en tanto la acción no fue promovida en tiempo, lo cierto es que lo
acontecido en la diligencia adelantada el 31 de agosto tampoco es suficiente para
afirmar que se consolidó el desalojo del inmueble—que fue lo alegado a título de
daño—. Aunque en el acta se dejó consignado que ello ocurrió, lo cierto es que, de
manera simultánea se autorizó a Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S. para
mantener su infraestructura hasta el 28 de septiembre siguiente, lo que evidencia
que la ocupación material permaneció en cabeza de la compañía y que la restitución
del bien nuevamente quedó aplazada.
84. Al sub-lite no fueron aportados elementos probatorios que permitan
establecer lo ocurrido con posterioridad a las diligencias. Sin embargo, en la
audiencia de pruebas del 12 de abril de 2021, durante interrogatorio de parte
practicado al representante legal de la actora, al preguntársele si el 28 de
septiembre de 2010 se había efectuado la entrega, respondió: “No, no fueron
capaces, no fueron capaces. Todavía en esa época, yo me les quedé y me les
quedé y me les quedé ahí y me les quedé. Y ellos me sacaron a mí definitivamente,
me sacaron en septiembre del 2011. Llegó directamente la policía de Bogotá (…) y
me sacaron110”. Agregó que en esa última oportunidad —septiembre de 2011— le
dieron un nuevo plazo de 90 días para sacar la maquinaria, y que parte de esos
equipos se dejaron para un socio, al punto de que algunos elementos continuaban
en el terreno incluso para la fecha de la audiencia.
85. Aunque la falta de certeza del daño alegado resulta suficiente para negar las
pretensiones, se precisa que, en todo caso, no se estructuró una falla en el servicio
en las labores de ejecución de las Resoluciones DNE 0523 del 1° de marzo y 1125
del 22 de julio de 2010. La accionante sustentó su imputación en la supuesta falta
de trámite de la objeción formulada en la diligencia del 9 de marzo de la misma
anualidad; sin embargo, del acta levantada en esa oportunidad se desprende que
sí se abordaron tales puntos y se expusieron de manera expresa las razones por
las cuales no se acogían, en particular, la ausencia de título vigente y las
competencias de la entidad frente a bienes sujetos a extinción de dominio. Tampoco
se observa el desconocimiento de la orden de suspensión impartida por el juez de
tutela, toda vez que la actuación se reanudó luego de que el Tribunal Superior de
Guadalajara de Buga revocara el amparo, por tanto, la ejecución no se dio en
contravía de lo decidido en sede constitucional.
110 Récord 1h 52 m de la diligencia.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
86. En lo relacionado con el reproche de que la DNE materializó lo ordenado en
sus resoluciones a pesar de encontrarse en curso el proceso de restitución de
inmueble arrendado, se estima que tal supuesto está relacionado con la motivación
de los respectivos actos, pues, según la actora, esta circunstancia fue omitida por
la entidad, a pesar de su relevancia. De este modo, tal aspecto debió controvertirse
en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad,
siendo improcedente su estudio al amparo de los postulados de la operación
administrativa, los cuales, se insiste, habilitan al juez para valorar las condiciones
fácticas y procedimentales en que se ejecutó una decisión, pero partiendo de su
presunción de validez.
87. En las condiciones analizadas, se responde el tercer problema jurídico en el
sentido de señalar que si bien erró el a quo al analizar el tema bajo el título
imputación que invocó en la sentencia, lo cierto es que no se acreditó ninguna
irregularidad en las diligencias practicadas así como tampoco la entrega efectiva en
esas oportunidades, la cual aun de haberse producido no llevaría a la prosperidad
de las pretensiones, pues se reitera, esta derivaría de las resoluciones cuya
legalidad no fue controvertida oportunamente.
Costas de segunda instancia
88. De conformidad con los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011111 y 365.4 del
CGP, se condenará en costas a la parte demandante por cuanto su apelación no
prosperó 112, las cuales deberán incluir las agencias en derecho que se hubieren
causado. La liquidación la efectuará el a quo según lo previsto en el artículo 366 del
CGP113 .
89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 10 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR probada la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de la Resoluciones 0523 del 1° de marzo
de 2010 y 1125 del 22 de julio de 2010; proferidas por la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
111 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
112 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
113 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]”.
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Radicación: 76001-23-33-008-2012-00240-01(72.752)
Demandante: Australian Bunker Supplier’s C.I. S.A.S.
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Reparación directa
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, en cuanto se refieren a
la materialización de las Resoluciones 0523 y 1125 de 2010, expedidas por la
DNE”.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas por la segunda instancia a la parte
demandante, las cuales incluirán las agencias en derecho que se hubiesen
causado. La liquidación correspondiente la adelantará el a quo, según lo previsto en
el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO. DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Conjuez
Aclaración de Voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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