Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-008-2015-00083-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-008-2015-00083-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-008-2015-00083-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
17 de junio de 2024
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 76001-23-33-008-2015-00083-01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y
Fondo de Empleados de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura
Demandado: La Nación, Ministerio de Transporte, Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI)
Referencia: Acción popular
Tema: Derecho colectivo a la libre competencia en ejecución del contrato de concesión portuaria.
Subtema 1: Alcance del derecho a la libre competencia como derecho colectivo. Subtema 2:
Vulneración del derecho a la libre competencia en el ámbito colectivo, no acreditada. Interés
económico particular del concesionario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura y el Fondo de Empleados de esta sociedad,
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que negó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y la ANI, en mayo de 2008,
suscribieron el otrosí nro. 2 al contrato de concesión portuaria 009 de 1994, mediante
el cual renegociaron la fórmula para el cálculo de la contraprestación conforme a lo
previsto en el Decreto 1873 de 2008, que incluyó como variable los ingresos brutos
portuarios proyectados por el concesionario para un determinado año, además del uso
de la zona pública y la infraestructura del puerto. La sociedad portuaria accionante
aduce que la renegociación del contrato de concesión vulneró el derecho colectivo a
la libre competencia, porque el decreto que estableció la fórmula de contraprestación
para tres sociedades portuarias regionales, entre las que se encuentra la de
Buenaventura, generó costos superiores.
II. ANTECEDENTES
2.1. Enrique Ferrer Morcillo, en condición de representante legal suplente de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (en adelante SPRBUN) y apoderado
del Fondo de Empleados de la citada sociedad, presentó demanda en ejercicio de
la acción popular en contra del Ministerio de Transporte y la ANI, para lograr la
defensa del derecho colectivo a la libre competencia, supuestamente vulnerado por
los organismos demandados al renegociar la contraprestación del contrato de
concesión portuaria 009 de 1994, conforme a la metodología dispuesta en el
Decreto 1873 de 2008, disposición que, a juicio de las accionantes, “generó una
situación discriminatoria-contraria a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad”.
2.1.1. En el escenario de vulneración descrito, las accionantes presentaron las
siguientes pretensiones: (i) “Que se revoque el Decreto 1873 de 2008”; (ii) “Que
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
en subsidio de la anterior pretensión se modifique el Decreto 1873 de 2008, de
forma tal que en el mismo se establezca una metodología de cálculo de la
contraprestación que sea igual a la que actualmente se utiliza para el cálculo de la
contraprestación de las sociedad portuarias regionales competidoras de la
SPRBUN”; (iii) “Que se disponga la modificación por sus suscriptores de la
cláusula quinta del Otrosí No. 2 al contrato de concesión No. 009 de 1194, en
el sentido de establecer una metodología de cálculo de la contraprestación que sea
igual a la que actualmente se utiliza” frente a otras sociedades portuarias regionales;
(iv) “Que, con el fin de asegurar el derecho a la libre competencia, una vez se cumpla
la modificación de que trata la pretensión que antecede, se le ordene a la Agencia
Nacional de Infraestructura restituir las cosas al estado anterior, esto es,
reembolsando a la SPRBUN la diferencia entre los valores que efectivamente haya
cancelado y aquellos que hubiere debido cancelar en el evento de que se hubiese
utilizado una metodología de cálculo de las contraprestaciones igual a aquella que
se le aplica a las sociedades portuarias con las que la SPRBUN compite.”.
2.1.2. Como sustento fáctico de las pretensiones, el accionante expuso, en
síntesis, que el otrosí nro. 2 al contrato de concesión 009, suscrito en 2008, modificó
la metodología para el cálculo de la contraprestación conforme a la fórmula prevista
en el Decreto 1873 de 2008, dictado en atención al documento Conpes 3342 de
2005. Adujo que la fórmula de la contraprestación aplicó “única y exclusivamente
para unas sociedades portuarias” (Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura),
circunstancia que, a su juicio, vulneró el derecho colectivo a la libre competencia,
porque la SPRBUN debe pagar, como mínimo, el 17.5% de los ingresos brutos
sujetos a contraprestación, mientras que las sociedades competidoras sólo pagan
“entre el 0,3% y el 2,4% de sus ingresos”. Como “consecuencia de la diferencia de
trato”, la sociedad accionante debe tener en cuenta “costos superiores para efectos
de determinar sus tarifas”, circunstancia que afecta la competencia entre
concesionarios portuarios1.
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y su reforma
mediante autos de veintinueve (29) de enero y veinte (20) de mayo de dos mil quince
(2015)2.
2.3. El apoderado del Ministerio de Transporte presentó escrito de contestación de
la demanda en el que propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia de responsabilidad, con el argumento de que esa Cartera no
participó en la renegociación del contrato de concesión portuaria dispuesta en el
otrosí nro. 2 de 2008. Además, se opuso a las pretensiones con el argumento de
que dicho ministerio no tiene competencia para suscribir contratos de concesión
portuaria ni para modificar los existentes, facultad que está atribuida a la ANI3.
El apoderado de la ANI propuso las excepciones de inepta demanda por
improcedencia de la acción popular y falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues si bien la modificación del contrato de concesión fue suscrita por el INCO, hoy
ANI, la solicitud de renegociación de la contraprestación provino de la sociedad
portuaria accionante. Precisó, igualmente, que la solicitud de reembolso de la suma
de dinero que la sociedad portuaria supuestamente pagó en exceso por concepto
de contraprestación no está encaminada a proteger un derecho colectivo, sino a
lograr el restablecimiento de un derecho particular, circunstancia que desvirtúa la
procedencia de la acción popular. Concluyó que el sustento de hecho y de derecho
de la acción popular denota el desconocimiento del principio según el cual nadie
puede obtener provecho de su propia culpa, pues fue la sociedad accionante
portuaria quien solicitó y firmó la modificación del contrato de concesión4.
1 Folios 407 y 499 del c. 2 (demanda y reforma).
2 Folios 432 y 564 del c. 2.
3 Folio 480 del c. 2.
4 Folio 552 del c. 2.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró audiencia de pacto de
cumplimiento el trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), que resultó fallida
porque el apoderado de la ANI expresó que el comité de conciliación no autorizó la
presentación de fórmula de arreglo y el apoderado del Ministerio de Transporte
manifestó que resultaba improcedente un acuerdo frente a un contrato de concesión
que no suscribió5.
2.4. En la etapa probatoria, el tribunal referido decidió tener como pruebas los
documentos aportados por las partes e incorporó la prueba pericial presentada por
la SPRBUN, en la que se comparan las metodologías para el cálculo de la
contraprestación de diferentes concesionarios portuarios6.
2.5. En la etapa de alegaciones, la parte actora insistió en la protección del derecho
a la libre competencia supuestamente vulnerado por la aplicación de una fórmula
de contraprestación diferente a la prevista para la mayoría de sociedades portuarias
del país. El apoderado del Ministerio de Transporte recalcó la falta de legitimación
en la causa y el apoderado de la ANI reiteró la improcedencia de la acción por no
estar involucrada la violación o amenaza de un derecho colectivo7.
2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el
once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), negó las pretensiones de la demanda
al considerar que la acción popular no resulta procedente para ventilar derechos
individuales derivados del contrato de concesión portuaria que la sociedad
accionante pretende modificar en lo atinente a la fórmula de liquidación de la
contraprestación a su cargo. Afirmó que la modificación de la contraprestación
estipulada en el contrato de concesión debe ser debatida en ejercicio del medio de
control dispuesto para la definición de derechos individuales, por involucrar una
potencial afectación al patrimonio de la sociedad accionada. Concluyó que “la
esencia de la acción popular se desvanece en este caso debido a que no se ha
enfocado a la salvaguarda de los derechos colectivos, percibiéndose de manera
ostensible los intereses particulares de la parte actora”.
2.7. El apoderado de las accionantes interpuso recurso de apelación contra la
sentencia al considerar que la modificación de la fórmula de liquidación de la
contraprestación pactada en el contrato de concesión generó una “desventaja” que
impactó el derecho a la libre competencia, porque “los administradores de dicha
sociedad partieron del supuesto de que esas mismas reglas serían las que el Estado
aplicaría a la totalidad de sociedades portuarias que ingresaran al mercado (….),
sin embargo, el Estado fijó criterios de (…) pago de contraprestaciones totalmente
distintos y discriminatorios frente a aquellos que empleó cuando celebró el otrosí
No. 2 al contrato de concesión 009 de 1994”. Adujo que el tratamiento diferencial
dispuesto por el Estado para la liquidación de la contraprestación de los
concesionarios portuarios puede generar la desaparición de la sociedad portuaria
de Buenaventura al imponerle cargas superiores a las que asumen sus
competidores. Concluyó que la diferencia en el cálculo de la contraprestación
aplicada a tres sociedades regionales portuarias del país, entre las que se encuentra
la accionada, no tiene justificación válida, es “manifiestamente desproporcionado
(…), y deja a SPRBUN en una situación de debilidad manifiesta frente a los demás
competidores en el mercado”8.
2.8. El recurso de apelación interpuesto por la sociedad accionada fue concedido
por el tribunal y admitido por esta Corporación mediante auto de doce (12) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016)9. En auto posterior, se corrió traslado a las
partes para que presentaran alegaciones finales y al Ministerio Público para que
emitiera concepto. Esta oportunidad fue aprovechada por los apoderados de las
5 Folio 567 del c. 2.
6 Folios 641 y 648 del c. 2.
7 Folios 664, 690 y 715 del c. 2.
8 Folio 778 del c. ppal.
9 Folios 795 y 800 del c. ppal.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
accionadas, quienes reiteraron las razones de inconformidad con la sentencia, y por
la ANI, que insistió en la improcedencia de la acción popular para cuestionar la
legalidad de un decreto y modificar la contraprestación estipulada en un contrato de
concesión portuaria. El procurador delegado ante esta Corporación, doctor Nicolás
Yepes Corrales, presentó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia al
encontrar que lo pretendido por la sociedad demandante “está referido en forma
exclusiva a sus intereses y no a la protección real del derecho colectivo a la libre
competencia económica” 10.
2.9. El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento por haber
rendido concepto en condición de procurador primero delegado ante esta
Corporación. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique
Rodríguez Navas, por auto de treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020)11,
resolvieron declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales, porque la situación descrita encaja en la causal prevista en
el artículo 141.12 del Código General del Proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
demandada, habida consideración de la competencia que le asiste para ello, de
conformidad con los artículos 15 de la Ley 472 de 199812 y 152.1613 del CPACA,
pues se trata de un proceso iniciado en ejercicio de la acción popular, contra una
autoridad del orden nacional, que conoce la Sección Tercera en aplicación del
“criterio de especialidad” previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado14.
3.1.1. En lo atinente a la oportunidad de la acción popular, el artículo 11 de la Ley
472 de 199815 establece que su ejercicio procederá “durante el tiempo que subsista
la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo”, supuesto que se encuentra
acreditado en este caso porque al momento de presentación de la demanda se
encontraba en ejecución el contrato de concesión portuaria 009 de 1994, cuyo plazo
fue prorrogado por las partes hasta el veintiuno (21) de febrero de dos mil treinta y
cuatro (2034) y su contraprestación renegociada conforme al Decreto 1873 de
200816.
3.1.2. En cuanto a la legitimación para la causa por activa, la Sala observa que la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y el Fondo de Empleados de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., están habilitadas para ejercer
la acción popular conforme el artículo 12 de la Ley 472 de 1998 que permite su
ejercicio a cualquier persona natural o jurídica, representadas por quien tiene la
doble condición de gerente suplente integrante de la junta directiva de la SPRBUN
y representante legal del Fondo17.
10 Folios 820, 844, 862 y 889 del c. ppal.
11 Folios 904 y 906 del c. ppal.
12 Ley 472 de 1998, artículo 15. “Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones, y
omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.”.
13 CPACA, artículo 152. “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la
protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento,
contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen
funciones administrativas”.
14 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.
15 “La Acción Popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e
interés colectivo.”. La Corte Constitucional, en sentencia C-299 de 14 de abril de 1999, declaró exequible el
artículo 11 de la Ley 472 de 1998, excepto las expresiones "Cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas
al estado anterior, el término para interponerla será de cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión
que produjo la alteración".
16 Folios 366 y 416 del c. 1, en los que aparece el otrosí 02 al contrato de concesión 009 de 1994 (cláusulas
quinta y sexta) y el sello de radicación de la demanda fechado el nueve (9) de diciembre de dos mil catorce
(2014).
17 Folios 406, 417 y 420 del c. 1.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
En lo atinente a la legitimación en la causa por pasiva, es del caso precisar que el
Ministerio de Transporte expidió el Decreto 1873 de 2008 que las accionadas
pretenden “se revoque” o “modifique” por constituir el fundamento normativo de la
fórmula aplicada para calcular la contraprestación a cargo de la SPRBUN en el
marco del contrato de concesión, circunstancia que denota la legitimación de
dicho ministerio. Como las accionadas también solicitaron la modificación de la
cláusula quinta del contrato de concesión suscrito por el entonces INCO 18, que pasó
a denominarse Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)19, dicho organismo se
encuentra legitimado para la causa.
3.2. Problemas jurídicos
Conforme al marco de juzgamiento fijado por las accionantes en el recurso de
apelación, la Sala procede a resolver los siguientes problemas:
3.2.1. ¿La modificación de la fórmula de liquidación de la contraprestación pactada
en el contrato de concesión portuaria suscrito por la Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura, vulneró el derecho a la libertad económica en su faceta colectiva
al crear una supuesta desventaja entre los competidores por la aplicación de
metodologías disímiles para el cálculo del valor de la contraprestación?
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la Sala procederá a resolver el
siguiente problema:
3.2.2. ¿La vulneración del derecho colectivo a la libre competencia en su dimensión
colectiva, habilita al juez contencioso para “revocar” o “modificar” las normas
atendidas por las partes en un contrato de concesión portuaria y para ordenar a
estas “suscribir” una modificación de la contraprestación que acoja la metodología
de cálculo aplicada a otras sociedades portuarias del país?
3.3. Escenario contractual que motivó el ejercicio de la acción popular
3.3.1. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y la Superintendencia de
Puertos suscribieron el contrato de concesión 009, el 21 de febrero de 1994, con
el objeto de entregar al concesionario “el derecho para ocupar y utilizar en forma
temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias (…), a
cambio de la contraprestación económica de que trata la cláusula décimo primera”,
en la que se fijó el valor del contrato por treinta y ocho millones ciento cuatro mil
quinientos noventa y nueve dólares (US $38.104.599).
Igualmente, estipularon que el concesionario pagaría una contraprestación por el
uso de los siguientes bienes: (i) las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias
(US $16.591.171) y, (ii) los activos de la empresa Puertos de Colombia (US
$21.513.428) cuya prestación fue calculada con base en el avalúo que arrojó un
valor de cien millones trecientos noventa y seis mil dólares (US $100.396.000).
Acordaron, además, que el plazo de la concesión sería de veinte (20) años
prorrogables por periodos de veinte (20) años, máximo, siempre que el
concesionario solicitara la prórroga por lo menos seis meses antes de la fecha de
expiración20.
3.3.2. Las partes suscribieron el otrosí nro. 02 al contrato de concesión, el treinta
(30) de mayo de dos mil ocho (2008), por medio del cual acordaron la incorporación
de nuevas áreas portuarias de concesión y reorganización física del terminal
(clausula segunda), fijaron el plan de inversión (cláusula tercera), modificaron el
18 Folio 366 del c. 1.
19 Decreto 4165 de 2011, artículo 1. “Cambio de naturaleza jurídica y denominación del Instituto Nacional de
Concesiones. Cámbiese la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento
público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que
se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.”.
20 Contrato de concesión 009 de 21 de febrero de 1994, folio 325 del c. 1.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
plazo de la concesión a veinte (20) años adicionales (cláusula sexta) y
establecieron el valor de la contraprestación que pagaría el concesionario a
partir de la fecha de expiración del plazo inicial. Seguidamente, incluyeron un cuadro
con la estimación de “las cargas, tarifas promedio e ingresos brutos proyectados de
El Concesionario” para el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2014 y el
21 de febrero de 2034, “consecuente con la metodología para fijar el valor de la
contraprestación establecida en el Decreto 1873” (cláusula quinta)21.
3.3.3. El Decreto 1873 de 2008, citado por las partes en la cláusula quinta del otrosí
02, adoptó “los criterios para el cobro de las contraprestaciones por concepto de las
concesiones portuarias sobre los activos entregados a las Sociedades Portuarias
Regionales de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura”, conforme a las
negociaciones previas efectuadas con estas sociedades. La fórmula dispuesta en
este decreto tuvo en cuenta los ingresos brutos portuarios proyectados por el
concesionario y los ingresos brutos reales. A partir de estos determinó un coeficiente
de recaudo fijo equivalente al 17,5% de los ingresos brutos proyectados, también
aplicable “cuando los ingresos brutos portuarios reales sean menores a los ingresos
brutos portuarios proyectados”, y un coeficiente de recaudo de 27,5% sobre “los
ingresos brutos reales portuarios que excedan los ingresos brutos portuarios
proyectados del concesionario”.
El monto de los ingresos brutos portuarios proyectados para el año y los ingresos
brutos reales del concesionario, según le caso, se determinarían con base en: (i) “la
tarifa ponderada para muelle, uso de instalaciones a la carga, uso de instalaciones
al operador portuario y almacenamiento referidos a la carga general y la carga a
granel”; (ii) “el volumen de toneladas movilizadas de carga general y carga a granel
durante el periodo año”; (iii) “la tarifa ponderada para muellaje, uso de instalaciones
a la carga, uso de las instalaciones al operador portuario y el almacenamiento para
la carga contenerizada”; (iv) “el número de TEUS movilizados durante el año”.
3.3.4. La SPRBUN presentó ante la ANI “requerimiento para la protección del
derecho colectivo de competencia económica”, el 13 de noviembre de 2014, en el
que afirmó que la metodología de liquidación de la contraprestación del contrato de
concesión portuaria, aplicado “única y exclusivamente para unas sociedades
portuarias, y no de manera general como lo exige la Ley 1 de 1991”, vulneró el
derecho a la libre competencia. Para sustentar esta afirmación expuso que la
diferencia aplicada para el cálculo de las contraprestaciones de los concesionarios
portuarios genera un valor mayor para SPRBUN en comparación con el que deben
asumir sus competidores, porque: “mientras que de acuerdo con el Otrosí nro. 2 al
contrato de concesión de la SPRBUN, las contraprestaciones representarán como
mínimo el 17,5% de los ingresos brutos (…), para las sociedades competidoras de
la SPRBUN las contraprestaciones solamente representarán entre el 0,3% y el 2,4%
de sus ingresos (…) tal situación constituye una infracción de los artículos 13 y 333
de la Constitución Política y del derecho a la libre competencia, considerado por la
Ley 472 de 1998 un derecho colectivo” 22.
3.4. Caso concreto
3.4.1. Conforme a los artículos 88 de la Constitución Política y, 2 y 9 de la Ley 472
de 1998, la acción popular procede para la protección de los derechos e intereses
colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza, con el propósito de evitar el daño contingente derivado
de su vulneración por la acción u omisión de las autoridades públicas, de los
particulares, o para hacer cesar el peligro, la amenaza, la violación o el agravio, o
para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
21 Otrosí nro. 2 al contrato de concesión 009, folio 366 del c. 1.
22 Folio 397 del c. 1, “Requerimiento” radicado ante la ANI el 13 de noviembre de 2014.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
En lo atinente a la libre competencia, la Constitución Política prescribe que “es un
derecho de todos que supone responsabilidades” en el ejercicio de la actividad
económica y de la iniciativa privada, enmarcado “dentro de los límites del bien
común”. En este ámbito, le corresponde al Estado impedir que se obstruya o se
restrinja la libertad económica, evitar o controlar el abuso de la posición dominante
de las empresas en el mercado nacional y delimitar su alcance cuando lo exija “el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”23. “La libertad
económica es el género de los derechos económicos, que se despliega en los
derechos a la libertad de empresa y la libertad de competencia”24.
En cuanto al alcance del derecho a la libre competencia, la Corte Constitucional ha
considerado que “consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de
orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un
mercado, en un marco de igualdad de condiciones”, ejercicio que comprende los
siguientes presupuestos: “(i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de
ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la
posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas,
esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de
ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco
de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos
de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros”25- 26.
En lo que atañe a la libre competencia como derecho colectivo, la jurisprudencia de
esta Sección ha considerado “que la protección de la libertad económica en sus dos
dimensiones colectivas: la libre empresa y la libertad de competencia económica,
supone igualmente la tutela colectiva del derecho de los consumidores o usuarios.
El derecho del consumo es un límite a la libertad económica, sobre la base de que
ésta no es un fin en sí misma, sino que está concebida principalmente en beneficio
de la parte más frágil: el consumidor o usuario, dada su posición de inferioridad
manifiesta frente a los agentes del mercado.”27.
La titularidad del derecho a la libre competencia en cabeza de empresarios y
usuarios o consumidores hace necesario precisar que el derecho colectivo, según
la jurisprudencia de esta Corporación, “es el que recae sobre una comunidad entera
a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una(s) persona(s)
determinada(s). El derecho colectivo debe ser anterior a la amenaza o vulneración;
no son los hechos los que dan lugar al aparecimiento del derecho colectivo (…); es
por esto que el derecho colectivo no aparece por la afectación plural de personas a
consecuencia de una situación de acción u omisión proveniente del demandado
(…); el derecho colectivo va más allá de la esfera de los derechos particulares o
subjetivos; no vincula los intereses propios de los individuos, porque de ser así,
como ya se dijo, bastaría que muchos sujetos estuvieran en la misma situación para
que el derecho fuera colectivo.”28.
En este marco, el derecho a la libre competencia citado en la Ley 472 de 1998 como
derecho colectivo, hace referencia a la garantía que representa para los
consumidores el ejercicio adecuado del derecho a la libertad económica de los
empresarios oferentes de bienes y servicios, en virtud del cual ejercen los derechos
a la libertad de empresa y libertad de competencia. Entonces, la doble clasificación
23 Constitución Política, artículo 333.
24 Corte Constitucional, sentencia C-032 de 2017.
25 Sentencia C-909 de 2012, en la que se citan las sentencias C-197 de 2012, C-992 de 2006 y C-389 de 2002,
C-616 de 2001.
26 Sentencia y C-815 de 2001. “La protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la
competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre
competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el
derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios,
las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que
produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los
competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado [derecho de todos]”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de agosto de 2008, exp. 2004-00888-01(AP).
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de septiembre de 2004, exp. 2002-02693-01(AP).
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
que admite el derecho obedece a la condición que ostentan quienes participan en
el mercado, ya como empresarios ya como usuarios, ámbito en el que “se concibe
a la libre competencia económica como un derecho individual y a la vez
colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un estado de
competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual
para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes
y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo. Por
lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo como
garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las
desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales
libertades’.” 29.
3.4.2. En el caso bajo estudio, las actoras sustentaron el ejercicio de la acción
popular en los supuestos de hecho previstos en el segundo inciso del artículo 144
del CPACA, que habilitan su procedencia cuando la vulneración del derecho
colectivo proviene de un “acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro
evento pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar
las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos”.
En este marco adujeron que la vulneración del derecho a la libre competencia
provino, en primer lugar, del Decreto 1873 de 2008, en cuanto fijó la metodología
para la estimación del valor de la contraprestación a cargo de la SPRBUN, en
condición de concesionario, y, en segundo lugar, del otrosí nro. 2 al contrato de
concesión portuaria 009 de 1994 suscrito por la SPRBUN y la ANI, en el que
estipularon la modificación del valor de la contraprestación de acuerdo con la
fórmula establecida en el acto general citado.
En lo atinente al Decreto 1873 de 2008, es del caso poner de presente que sus
disposiciones sobre la fórmula para el cálculo de la contraprestación resultaban
aplicables sólo en el evento de que las sociedades portuarias regionales de
Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura acordaran la “modificación de los
contratos de concesión portuaria para explotar la zona de uso público y la
infraestructura de propiedad de la Nación”, modificación que la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura convino mediante el otrosí nro. 02, suscrito en mayo de
2008. Por tanto, es válido afirmar que la causa de la supuesta vulneración del
derecho colectivo se circunscribe al otrosí del contrato de concesión en el que se
encuentra inmerso el acto general que la SPRBUN convino aplicar para renegociar
la contraprestación.
En este escenario, la Sala observa que la modificación de la contraprestación de la
concesión portuaria en la forma establecida en el Decreto 1873 de 2008, fue
sustentada en las negociaciones que realizó el representante legal de la SPRBUN
con los representantes del Gobierno Nacional, del departamento del Valle del Cauca
y del municipio de Buenaventura, acompañados por las Cámaras de Comercio de
Cali y Buenaventura, plasmadas en los siguientes documentos: (i) el “acta de
compromisos” de 27 de abril de 2007, mediante la cual la sociedad accionante
“asumió ciertos compromisos, incluyendo la realización de inversiones para el
mejoramiento inmediato del puerto”, y, (ii) el “memorando de entendimiento” de 2
de agosto de 2007 celebrado entre el ministro de trabajo y la representante legal de
la SPRBUN, por medio del cual “acordaron los hechos y razones que deben tenerse
presentes en la visión del puerto de Buenaventura y aspectos básicos que serán
adoptados como acuerdos contractuales al momento de aprobar la modificación y
revisión del contrato”; aprobación que fue conferida por el CONPES el 19 de
noviembre de 2007.
Los asuntos convenidos en la etapa precontractual, citados en precedencia, y el
otrosí modificatorio del contrato de concesión 009 de 1994, acreditan que la
29 Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2010.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
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SPRBUN participó en la modificación de la contraprestación a su cargo como
presupuesto para obtener la prórroga del plazo contractual en el contexto portuario
global, regional y nacional descrito en el CONPES 3342 de 2005, distinto al que se
presentaba en el año 1993, época en la que inició la entrega de las concesiones a
sociedades portuarias regionales30.
Este documento reveló un crecimiento de la demanda de los servicios portuarios
por causa de “la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales
que obligará la adopción de una logística más sofisticada por parte de cada uno de
los eslabones de la cadena de comercio exterior”. La circunstancia descrita generó
la implementación de estrategias para “propiciar la prestación de servicios
portuarios eficientes con un alto nivel de calidad, aumentar la capacidad instalada
de uso público, fomentar la competencia en los servicios portuarios, e incentivar la
inversión social sostenible”.
En lo atinente a las condiciones del puerto de Buenaventura, operado por la
SPRBUN, el documento CONPES expuso:
≪La Costa Pacífica posee una oferta portuaria limitada debido al carácter de
monopolio natural que posee Buenaventura, ante las condiciones físicas y la
especialización en granel liquido de Tumaco. En Buenaventura se presenta una alta
saturación de instalaciones con síntomas de congestión en particular en los tráficos
contenerizados, restricciones en la capacidad de los accesos terrestres, y un calado
insuficiente para el volumen de carga que maneja. La demanda portuaria esta
caracterizada por el crecimiento acentuado de exportaciones e importaciones ya que
este puerto maneja cerca del 45% del comercio exterior colombiano, y las
posibilidades de recategorización en el ámbito regional ante un posible
redireccionamiento de los flujos y el progresivo incremento de las tarifas en el canal
de Panamá.
Por las características portuarias que presenta el litoral pacífico, su potencial e
importancia conducente al desarrollo del sector, las estrategias planteadas se
dividieron en estrategias con visiones de corto y de mediano plazo:
a) Corto Plazo
· Buscar mayores niveles de servicio que mejoren los estándares de eficiencia en la
zona portuaria de Buenaventura.
· Facilitar la expansión marginal del terminal de Buenaventura.
· Fomentar la mejoría en la gestión de calidad para los procesos portuarios
(certificaciones).
(…)≫
Las circunstancias descritas denotan el interés económico individual que
envuelven las pretensiones de la SPRBUN, al ser la sociedad que, en ejercicio de
la autonomía de la voluntad, convino la prórroga del plazo contractual por veinte
años y la modificación de la contraprestación de acuerdo con la fórmula establecida
por el Gobierno Nacional para las sociedades portuarias regionales de Barranquilla,
Santa Marta y Buenaventura, estipulaciones que ahora la misma sociedad señala
como causa de la vulneración del derecho a la libre competencia en el ámbito
colectivo.
Frente a los presupuestos configurativos de la violación del derecho a la libre
competencia en el ámbito colectivo, la jurisprudencia de esta Sección ha
considerado:
30 Ley 1 de 1997, artículo 7. “Monto de la contraprestación. Periódicamente el Gobierno Nacional definirá, por
vía general, en los planes de expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones
que deben dar quienes se beneficien con las concesiones portuarias.
Artículo 8°. Plazo y reversión. El plazo de las concesiones será de veinte años por regla general. Las
concesiones serán prorrogables por períodos hasta de 20 años más y sucesivamente. Pero excepcionalmente
podrá ser mayor, a juicio del Gobierno, si fuere necesario para que en condiciones razonables de operación,
las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones hechas, o para estimularlas a prestar servicio al
público en sus puertos.”.
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
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≪En otras palabras, para que resulte procedente una acción popular por violación o
puesta en peligro del derecho a la libre competencia económica, se hace necesario
evidenciar la dimensión colectiva de este. Como consecuencia de ello no basta la
demostración de la afectación que de este derecho le haga un agente económico a
otro, sino que se hace necesario demostrar y evidenciar una afectación a una
colectividad indeterminada o determinable.
Los derechos de los consumidores de las actividades económicas, por una parte, y
por la otra, el orden y corrección del mercado en sí mismo considerado, constituyen
entonces los bienes jurídicos protegidos con el derecho colectivo a la libre
competencia económica. Demostrar esta afectación, a través de acciones específicas
de autoridades públicas o particulares, con la finalidad de obtener una garantía,
implica entonces probar el detrimento que sufren los consumidores de una
determinada actividad económica o la alteración o irrupción indebida a un mercado
específico≫ 31.
En atención a este derrotero jurisprudencial, es válido afirmar que la modificación
de la fórmula para el cálculo del valor de la contraprestación de la concesión
portuaria no acredita, por sí misma, la afectación del mercado en desmedro de los
intereses económicos de los competidores de la actividad portuaria, porque la
SPRBUN, destinataria de la autorización para la modificación del plazo del contrato,
conservó la libertad de ofrecer las condiciones comerciales que estimara
convenientes en el nuevo marco contractual convenido por la misma sociedad, sin
la intromisión de los agentes prestadores del servicio. Tampoco está acreditada la
alteración de la libre competencia como garantía del derecho de los usuarios a elegir
el prestador del servicio con mejores condiciones para sus intereses, pues la
SPRBUN no ejerció la acción popular como usuario del mercado portuario sino
como oferente del servicio.
La condición de la SPRBUN como concesionario portuario revela entonces un
interés económico individual connatural a la actividad que desarrolla como oferente
del servicio portuario, que no encuadra en la faceta colectiva del derecho a la libre
competencia, pues no demostró que el supuesto trato diferente entre
concesionarios-competidores hubiera generado cambios en el mercado de servicios
portuarios en desmedro de los intereses de los usuarios. Precisamente, el cotejo
sobre las estipulaciones contractuales de los concesionarios portuarios en lo relativo
a la fórmula de cálculo de la contraprestación denota, claramente, la inconformidad
del concesionario accionante con lo estipulado en el contrato de concesión que
suscribió, circunstancia que involucra un interés particular susceptible de defensa
mediante el ejercicio de los mecanismos judiciales idóneos para resolver
controversias contractuales.
El amparo del derecho colectivo a la libre competencia solicitado por el Fondo de
empleados de la SPRBUN tampoco encuentra soporte probatorio, primero, porque
este fondo no demostró la condición de competidor en el mercado de servicios
portuarios supuestamente alterado con la modificación de la fórmula de liquidación
de la contraprestación estipulada por la SPRBUN. Y, segundo, porque no acreditó
la condición de usuario del mercado de servicios portuarios en el que participa como
oferente la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
En este orden, es válido afirmar que la respuesta al primer problema jurídico es
negativa, porque las accionadas no demostraron que la modificación del cálculo del
valor de la contraprestación estipulado mediante el otrosí nro. 2 al contrato de
concesión portuaria 009 de 1994, hubiera generado la violación del derecho a la
libertad económica en su dimensión colectiva por una supuesta desventaja entre
competidores, dado que no se demostró la alteración del mercado por los
competidores ni el desmedro de los derechos de los usuarios del servicio portuario.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2007, exp. 2005-00549-01(AP).
Expediente: 76001-23-33-008-2015-00083-01 (AP)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y otro
3.5. Conforme a las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia
apelada que negó el amparo del derecho colectivo a la libre competencia.
4. Costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el caso concreto no se
evidenció una actuación temeraria de las partes, condición prevista en el artículo 38
de la Ley 472 de 1998 para que proceda esta condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que negó las
pretensiones de la acción popular.
SEGUNDO: No hay lugar a la imposición de costas en segunda instancia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
VF
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