Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-00546-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Reconocimiento de sanción moratoria de cesantías docente: procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-00546-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-008-2017-00546-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
1 de agosto de 2019
RECONOCIMIENTO DE SANCION MORATORIA DE CESANTÍAS DOCENTE - Procedencia
Mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018, a través de la cual se dispuso que los docentes oficiales al ostentar la calidad de servidores públicos, no solo no se les excluye de los términos previstos para el reconocimiento de las prestaciones sociales fijados por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que también les resulta aplicable la consecuente sanción moratoria, máxime si se tiene en cuenta que la disposición señalada al ser expedida por el Congreso de la República es de carácter preferente y prevalente al Decreto 2831 de 2005 y que no es posible aplicar de manera conjunta ambas normas por cuanto ello transgrede el principio de inescendibilidad de la Ley.
FUENTE FORMAL : LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006
SANCIÓN MORATORA DE CESANTÍAS DOCENTE – Computo
La Sala observa, que en el sub-judice el A-quo condenó al FOMAG a cancelar un periodo moratorio causado desde el 8 de noviembre de 2013 al 28 de julio de 2015, bajo el argumento de que a los 70 días hábiles que prevé el legislador para el pago oportuno de la prestación aludida se le deben adicionar de conformidad con el artículo 4 del Decreto 2831 de 2005, 15 días para que la entidad fiduciaria se pronuncie frente a la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías, sin tener en cuenta que ello desconoce la jurisprudencia de esta Corporación que ha establecido que el término para contabilizar la sanción pretendida transcurre así: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago; posición que fue posteriormente reiterada por la sección segunda del Consejo de Estado mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018.
PAGO DE CESANTÍAS - No puede supeditarse a la existencia de disponibilidad presupuestal
No existen razones constitucionalmente válidas, que permitan supeditar la resolución de una solicitud de liquidación de aludida prestación a la existencia de disponibilidad presupuestal, tal y como lo pretende la entidad demandada, toda vez que la mora en el pago de las cesantías parciales causa grave daño a los trabajadores, debido a que aquellas se crearon con la finalidad de solventar al empleado frente a las necesidades básicas de vivienda y educación, y es por ello, que el empleador que no cumpla con la obligación de cancelar el referido emolumento dentro del término previsto en la ley, se encuentra sujeto a una sanción.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 76001-23-33-008-2017-00546-01(4413-18)
Actor: SANDRA MARÍA CATAÑO RUIZ
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria – Cesantías - Docente – Aplicación de la Ley 1071 de 2006.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A., contra la sentencia proferida el 17 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, de conformidad con la Ley 244 de 1996 modificada por la Ley 1071 de 2006.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. La señora Sandra María Cataño Ruíz presentó demanda el 3 de febrero de 2017 contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la cual solicita las siguientes:
Pretensiones
a. Declarar la nulidad del acto ficto producto del silencio de la entidad demandada frente a la petición elevada el 5 de mayo de 2016, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.
b. Como restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad demandada a título de sanción moratoria, a un día de salario por cada día de retardo, a partir del vencimiento de los 65 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de la prestación aludida, hasta que se haga efectiva su cancelación.
c. Igualmente, solicitó la indexación de las sumas reconocidas a su favor y al cumplimiento del fallo, conforme a los artículos 187 y 192 del CPACA.
3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes:
Fundamentos fácticos.-
a. La demandante fue vinculada como docente del municipio Ulloa (Valle del Cauca) en la Institución Educativa María Inmaculada desde el 27 de octubre de 1993, y el 6 de julio de 2013 solicitó el retiro parcial de sus cesantías con destino a compra de vivienda, el cual fue autorizado por el secretario de educación del Valle del Cauca mediante la Resolución 1651 de 8 de abril de 2015, por la suma de $24.881.848, en atención al periodo laborado desde el 27 de octubre de 1993 hasta el 19 de abril de 2013.
b. Manifestó que la entidad demandada incurrió en 650 días de mora contados a partir del fenecimiento del plazo legal para el pago, el cual finalizaba el 8 de octubre de 2013, no obstante ello, el cumplimiento de la obligación solo se efectuó hasta el 29 de julio de 2015.
c. Adujo que mediante petición radicada el 5 de mayo de 2013 ante el FOMAG, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, frente a la cual se configuró el acto ficto acusado.
Normas violadas y concepto de violación.
4. Invocó como normas desconocidas: Arts. 5º y 15º de Ley 91 de 1989, Arts. 1º y 2º Ley 244 de 1995 y Arts. 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006.
5. Manifestó que la finalidad del legislador, al prever un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas y/o parciales, consistió en que la administración expidiera el correspondiente acto de liquidación y efectuara la cancelación en forma oportuna, en aras de evitar que la autoridad administrativa retardara su respuesta para evadir la acción de la justicia y así mismo, que una vez el empleado fuera retirado del servicio obtuviera unos recursos rápidos para contrarrestar la ostensible rebaja de sus ingresos.
6. Adujo conforme a la jurisprudencia de esta Corporación que el plazo previsto en la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006 para la cancelación de la prestación aludida, en el evento en que no haya pronunciamiento de la administración o este sea tardío, transcurre así: 15 días para expedir la resolución una vez haya sido radicada la solicitud, 5 días de ejecutoria y 45 días para la cancelación, los cuales una vez vencidos originan la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de mora.
Contestación de la demanda.
7. Las entidades demandadas Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y Fudiprevisora S.A. contestaron extemporáneamente la demanda, según se observa a folio 79 del expediente.
Audiencia Inicial.
8. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en Audiencia Inicial celebrada el 8 de marzo de 2018, fijó el litigio a folio 84 del expediente en los siguientes términos:
« […] establecer si la demandante, tiene derecho al pago de la sanción moratoria en los término de la Ley.»
III. SENTENCIA APELADA.
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 17 de abril de 2018, ordenó al FOMAG a pagar a título de restablecimiento del derecho «la sanción moratoria equivalente a total de 620 días transcurridos entre el 8 de noviembre de 2013 hasta el 28 de julio de 2015, como un día de salario por cada día de retardo en el pago de cesantías […]» y condenó en costas a la parte vencida, al considerar lo siguiente:
10. En primer lugar, sostuvo con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que los docentes son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006. Establecido ello, en cuanto al argumento de que las prestaciones sociales de los educadores se encuentran sujetas a que exista disponibilidad presupuestal, dispuso que «la parte demandada debe cumplir oportunamente con la obligación respectiva, debiendo efectuar las gestiones correspondientes, sin que pueda oponer su omisiones en los trámites correspondiente» máxime, cuando la ley ha fijado un término bastante laxo para la cancelación de las cesantías, que tratándose de maestros estatales se contabiliza así:
11. 15 días hábiles a partir de la radicación de la solicitud de liquidación de las cesantías la administración para que la administración expida el acto administrativo de reconocimiento, 10 días para presentar recursos, 15 días adicionales para que se pronuncie la entidad fiduciaria de conformidad con el artículo 4 del Decreto 2831 de 2005 y finalmente los 45 días que prevé la norma; los cuales una vez vencidos sin que se haya efectuado el respectivo pago causan a favor del empleador moroso la obligación de cancelar la sanción moratoria pretendida en el sub júdice.
12. Conforme a lo expuesto, encontró acreditado del material probatorio que la entidad demandada incurrió en una mora de 620 en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales liquidadas a favor de la demandante, configurándose la aludida penalidad desde el 8 de noviembre de 2013 al 28 de julio de 2015, día anterior a la fecha en la que se hizo efectiva la obligación (29 de julio de 2015), cuya liquidación deberá realizarse con base en el último salario devengado por el demandante al momento de hacerse exigible la sanción pretendida (2013), sin que haya lugar a declarar la prescripción en la medida que la reclamación fue elevada en sede administrativa dentro de los tres años siguientes a su causación, esto es, 5 de mayo de 2016.
13. Frente a la indexación, sostuvo con base en la jurisprudencia de esta Corporación que debido a que en el sub júdice no se declaró la prescripción de la sanción, se cumplió con la condición para excluir el reconocimiento de la actualización de la condena.
IV. RECURSO DE APELACIÓN.
14. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y la Fiduciaria la Previsora S.A. , sostuvieron con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación y del Tribunal Administrativo del Valle del Cuaca, que a los docentes no le resulta aplicable la sanción moratoria cuya aplicación se pretende en el presente asunto, en la medida que pertenecen al sistema especial previsto en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes, las cuales no contemplan una penalidad por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas.
15. Indicaron que el FOMAG no es sujeto para concurrir como parte en el proceso, por cuanto es una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, cuyos recursos provienen del erario público y son destinados para el pago de las prestaciones sociales de los docentes una vez hayan sido reconocidas por la Secretaría de Educación respectiva y se cuente, atendiendo al turno de radicación de las solicitudes, con la disponibilidad presupuestal para ello.
16. Manifestaron, conforme a lo previsto por el artículo 14 de la Ley 344 de 1996 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el pago de las cesantías reconocidas a los docentes se encuentra sujeta al turno de atención y a que exista disponibilidad presupuestal, pues de lo contrario se desconocería el derecho a la igualdad de los demás educadores que se encuentra sujetos a estas condiciones. En ese orden, sostuvo que no existe obligación por parte de este ente de cancelar la pretendida sanción por el pago tardío de las cesantías, en la medida que en el sub júdice el pago de la obligación respectiva se efectuó una vez el «fondo contó con los recursos para ello, y le correspondió el turno presupuestal», máxime cuando «el acto administrativo que expide la entidad territorial, con el reconocimiento de la prestación en su parte resolutiva condiciona el pago a la disponibilidad presupuestal, decisión que es notificada al docente en forma personal y frente a la cual el demandante no ejerció los mecanismo que la ley establece […]».
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
17. Las partes demandante y demandada, así como el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal, según consta a folio 150 del expediente.
VI. CONSIDERACIONES
Análisis del asunto
18. En principio, considera esta Sala pertinente señalar, que si bien es cierto el parágrafo 1 del artículo 63A de la Ley 270 de 1996, el cual a su vez remite de manera expresa al artículo 18 de la Ley 466 de 1998, dispone que las sentencias se deben dictar en el orden en el que los expedientes hayan ingresado al despacho, se le dará prelación al presente asunto, en atención a la facultad otorgada a las Altas Cortes del Estado por el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, relativa a que «cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr007.html" \l "230" 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896» se puedan decidir sobre casos similares que se encuentren en la epata de dictar fallo, sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, ello, atendiendo a la unificación que actualmente existe sobre la aplicación de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales.
19. Encontrándose la Sala en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG y la Fiduciaria la Previsora S.A., contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien irregularidades que deban sanearse por el órgano judicial, en tanto el trámite del proceso se encuentra ajustado a derecho, se planteará el siguiente problema jurídico a resolver:
19.1. Establecer si a los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, se les excluye de los términos previstos para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y la consecuente sanción moratoria.
20. Al respecto, esta Sala considera oportuno resaltar que el anterior problema jurídico ya fue solucionado por la Sección Segunda de esta Corporación mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018, a través de la cual se dispuso que los docentes oficiales al ostentar la calidad de servidores públicos, no solo no se les excluye de los términos previstos para el reconocimiento de las prestaciones sociales fijados por la Ley 244 de 1995 , modificada por la Ley 1071 de 2006 , sino que también les resulta aplicable la consecuente sanción moratoria, máxime si se tiene en cuenta que la disposición señalada al ser expedida por el Congreso de la República es de carácter preferente y prevalente al Decreto 2831 de 2005 y que no es posible aplicar de manera conjunta ambas normas por cuanto ello transgrede el principio de inescendibilidad de la Ley.
21. En efecto, el Consejo de Estado, en interés de unificar sobre si los educadores estatales tienen derecho a la penalidad por mora derivada del incumplimiento del empleador en la cancelación de las cesantías parciales y/o definitivas, determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«[…] 3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.» (Se resalta).
22. De lo expuesto, se concluye, contrario a lo señalado por la parte apelante, que a los docentes les resulta aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 y que la misma se contabiliza, en atención a los diferentes eventos planteados en la sentencia de unificación, tales como, cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando la administración guarda silencio, en cuyo caso la aludida penalidad corre pasados los 70 días hábiles (65 días en CCA) después de radicada la solicitud, o por ejemplo, en el evento en que exista acto administrativo expedido en tiempo y debidamente ejecutoriado, aquella correrá al vencimiento de contados los 45 días desde su firmeza.
Solución al asunto.
23. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala determinar, si en el caso concreto se causó la aludida penalidad; frente a lo cual se relacionará el acervo probatorio aportado al proceso, así:
23.1. Copia de la Resolución 1651 de 8 de abril de 2015, proferida por el secretario de educación del Valle del Cauca, en virtud de la solicitud con radicación 2013-CES-24295 de 6 de julio de 2013, por la cual se le autorizó el retiro parcial de cesantías con destino a compra de vivienda, por el periodo laborado desde el 1993 a 2013 como docente de vinculación nacional– situado fiscal en la Institución Educativa María Inmaculada del municipio de Ulloa (Valle del Cauca), por la suma de $24.881.848.
23.1.1. La anterior resolución le fue notificada personalmente a la titular el 21 de mayo de 2015, como consta al a folio 3 del expediente.
23.2. Copia del recibo expedido por la entidad bancaria BBVA, del cual se observa que el pago de la referida prestación social reconocida en la resolución anterior ($24.884.848), ocurrió el 29 de julio de 2015.
23.3. Copia de la petición elevada por la demandante el 5 de mayo de 2016, ante el FOMAG, con la finalidad de reclamar la sanción moratoria como consecuencia del reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales liquidadas a través de la Resolución 1651 de 8 de abril de 2015, frente a la cual se configuró el activo acusado a través del presente medio de control.
24. De acuerdo con los elementos de prueba aportados al proceso, se encuentra acreditado que la administración incurrió en un retardo al expedir el acto administrativo que liquidó las cesantías parciales a la señora Cataño Ruíz, en tanto la petición de la prestación social se radicó el 6 de julio de 2013, de manera que el plazo de los 15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, venció el 26 de julio de ese año, y la Resolución 1651 solo se expidió hasta 8 de abril de 2015, esto es, 1 año, 9 meses y 2 días después de la solicitud.
25. En consecuencia, debido a que el acto administrativo no se emitió dentro de la oportunidad legal, deberá aplicarse la regla jurisprudencial fijada en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, que respecto de la exigibilidad en dicho evento, indicó:
«[…] la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.»
26. Por lo anterior, debido a que el agotamiento de la vía gubernativa o la petición de la actora en el sub júdice se radicó el 6 de julio de 2013, esto es, en rigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, el término se contabilizará así:
Vencimiento del término para el reconocimiento - 15 días (Art. 4º L. 1071/2006): 26 de julio de 2013.
Vencimiento del término de ejecutoria - 10 días (CPACA – Ley 1437 de 2011, artículos 76 y 87): 12 de agosto de 2013.
Vencimiento del término para el pago - 45 días (Art. 5º L. 1071/2006): 16 de octubre de 2013.
27. De lo expuesto, la Sala de decisión observa que de acuerdo con la fecha en que se radicó la solicitud de retiro parcial de cesantías con destino a compra de vivienda, la sanción moratoria se causó desde el 17 de octubre de 2013, esto es, al día siguiente del vencimiento de los 70 días hábiles con que contaba la administración para el reconocimiento y pago de la prestación aludida, hasta el 28 de julio de 2015, día anterior en que se hizo efectivo la cancelación de la suma reconocida conforme a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, toda vez que el pago por el valor reconocido tuvo lugar el 29 de julio de 2015, tal como se evidencia del recibo expedido por la entidad bancaria BBVA a folio 8 del expediente, como se expone a continuación:
Concepto
Tiempo
Petición de reconocimiento cesantías
6 de julio de 2013
Vencimiento término para el reconocimiento
26 de julio de 2013
Vencimiento del término de ejecutoria
12 de agosto de 2013
Término para efectuar el pago
16 de octubre de 2013
Causación de la sanción moratoria
17 de octubre de 2013
Fecha en que fue pagada las cesantías
28 de julio de 2015
Vencimiento de los 3 años para reclamar la sanción moratoria
17 de octubre de 2016
Fecha de reclamación de la sanción moratoria ante la administración.
5 de mayo de 2016
28. En ese orden de ideas, en el sub-lite se causó un período de mora desde el 17 de octubre de 2013 hasta 28 de julio de 2015, es decir, 1 año, 9 meses y 11 días.
29. Ahora bien, la Sala observa, que en el sub-judice el A-quo condenó al FOMAG a cancelar un periodo moratorio causado desde el 8 de noviembre de 2013 al 28 de julio de 2015, bajo el argumento de que a los 70 días hábiles que prevé el legislador para el pago oportuno de la prestación aludida se le deben adicionar de conformidad con el artículo 4 del Decreto 2831 de 2005, 15 días para que la entidad fiduciaria se pronuncie frente a la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías, sin tener en cuenta que ello desconoce la jurisprudencia de esta Corporación que ha establecido que el término para contabilizar la sanción pretendida transcurre así: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago; posición que fue posteriormente reiterada por la sección segunda del Consejo de Estado mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018.
30. Aunado a ello, se reitera conforme se expuso en el acápite de las consideraciones que no es posible aplicar de manera conjunta los términos previsto en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 y en el Decreto 2831 de 2005, por cuanto ello transgrede el principio de inescendibilidad de la ley, máxime si se tiene en cuenta que la primera de estas disposiciones al ser expedida por el Congreso de la República es de aplicación preferente y prevalente.
31. Con fundamento en las razones expuestas, se modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de que se ordenará al reconocimiento y pago de la penalidad desde el 17 de octubre de 2013, día hábil siguiente al vencimiento de los 70 días previstos por el legislador para el reconocimiento y pago de la prestación aludida, hasta el 28 de julio de 2015, día anterior a la fecha en la que se hizo efectiva la obligación.
32. En lo concerniente al salario base de liquidación será la ASIGNACIÓN BÁSICA, atendiendo también la regla jurisprudencial adoptada por la mencionada Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018, devengada por la demandante en la anualidad de 2013, por ser la vigente al primer día en que se causó la mora respecto del reconocimiento y pago de las cesantías parciales.
33. Establecido lo anterior, en cuanto al cargo relativo a que el FOMAG no puede ostentar la calidad de parte en el presente asunto en razón a que no tiene personería jurídica, se le señala, que por mandato legal fue creada como una cuenta especial de la Nación para atender las prestaciones sociales de los maestros oficiales y por tanto, es través de aquella que le es posible comparecer al proceso, máxime cuando la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación ha sido pacífica en establecer que es el aludido fondo quien en caso de mora en el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes debe restablecer el derecho, ello en la medida que por disposición legal le corresponde la cancelación de los emolumentos reconocidos a favor de sus afiliados; criterio que fue establecido por las Subsecciones A y B, así:
«En este orden de ideas, reitera el Despacho conforme lo expuesto en la parte considerativa de ésta providencia, que para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes, la Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece la docente peticionaria, actúa en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo ésta la encargada de elaborar el proyecto de acto administrativo que reconoce o niega la prestación social, resolución que con posterioridad debe ser aprobada o no por la sociedad fiduciaria, quien administra los recursos del Fondo de Prestaciones.
En efecto, no hay duda de que es a la fiduciaria representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989.»
«Por lo tanto, al Fondo le está dada la función de aprobar el acto administrativo por el cual se reconoce y ordena el pago de la prestación solicitada por el docente, pero ello se realiza a través de la Secretaría de Educación del ente territorial respectivo donde se suscribe el acto administrativo en nombre de aquel. Esto, en virtud de los artículos 5.º a 8.ºdel Decreto 1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de 2005. »
34. Finalmente, en cuanto al cargo relativo a que por disposición legal, solo se procederá al pago y reconocimiento de las cesantías de los docentes siempre que haya disponibilidad presupuestal, esta Corporación en sentencia 10 de mayo de 2018, con ponencia de la suscrita, señaló lo siguiente:
«De otro lado, no encuentra la Sala de recibo los argumentos del FOMAG, relativos a que por disposición legal, solo se procederá al pago y reconocimiento de las cesantías pretendidas siempre que haya disponibilidad presupuestal, por cuanto, la Corte Constitucional en sentencia C428 de 1997, estudió la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 344 de 1996, y para tales efectos, lo declaró condicionalmente exequible con excepción de las expresiones “reconocerse y liquidarse y”, bajo el entendido de que la gestión administrativa, no puede depender exclusivamente de la apropiación presupuestal, pues el objetivo acorde con la Constitución consiste en la agilización global de las solicitudes y reconocimientos pendientes de pago, en cuanto la mora causa grave daño a los trabajadores y compromete disciplinariamente a los servidores públicos responsables de ella.»
35. Igualmente la Corte Constitucional, sobre este punto ha sido reiterativa en indicar a través de diferentes pronunciamientos que no puede negarse ni supeditarse el reconocimiento de las prestaciones del trabajador a la existencia de una partida presupuestal, tal como se evidencia a continuación:
«Sentencia C-428 de 1997. «Son actos que apenas hacen explicita una obligación ya existente en cabeza del organismo estatal y, lo más importante, el correlativo derecho del trabajador solicitante, quien según las normas jurídicas en vigor, si se somete a esos requisitos, puede pedir que se le reconozcan y liquiden las sumas que por tal concepto le es posible retirar.
En la sentencia T – 794 de 1998, en donde estudió el caso de una docente que solicitó sus cesantías al Fondo de Prestaciones del Magisterio Seccional Huila, sin que esta se pronunciara al respecto a pesar de haber transcurrido un término de dos años desde que fue interpuesta la solicitud, se precisó que las entidades encargadas de reconocer y pagar las prestaciones sociales a que tienen los trabajadores no pueden supeditar el derecho de petición, al cumplimiento de actuaciones por parte de ellas mismas o de otras entidades, o condicionar la respuesta a tal petición con base en el criterio de la no disponibilidad de recursos para pagar el posible derecho que se esté reconociendo»»
36. De lo expuesto, se concluye que no existen razones constitucionalmente válidas, que permitan supeditar la resolución de una solicitud de liquidación de aludida prestación a la existencia de disponibilidad presupuestal, tal y como lo pretende la entidad demandada, toda vez que la mora en el pago de las cesantías parciales causa grave daño a los trabajadores, debido a que aquellas se crearon con la finalidad de solventar al empleado frente a las necesidades básicas de vivienda y educación, y es por ello, que el empleador que no cumpla con la obligación de cancelar el referido emolumento dentro del término previsto en la ley, se encuentra sujeto a una sanción.
Condena en costas.
37. En el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en costas a la parte demandada. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso; descartándose así una apreciación que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
38. En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción. Por consiguiente, se revocará el numeral cuarto de la parte resolutiva que condenó en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las consideraciones expuestas en precedencia.
39. Así las cosas, la Sala confirmará con modificación la sentencia proferida el 17 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió las pretensiones de la demanda, en tanto se debe condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, a título de sanción, desde 17 de octubre de 2013 al 28 de julio de 2015, con base en la asignación básica devengada por la demandante en la anualidad de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 17 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, salvo los numerales segundo y cuarto que se modifican; y en su lugar, se dispone:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo desde el 17 de octubre de 2013 al 28 de julio de 2015, a título de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, liquidable con base en la asignación básica devengada en la anualidad del 2013, sin que haya lugar a la indexación, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: No condenar en costas.
SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011
Según se observa a folio 33 del expediente. En adelante, FOMAG.
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
Folios 18 a 20 del expediente. Folios 19 a 27 del expediente. Consejo de Estado, Sentencia de 27 de marzo de 2007, Rad. 2000-02513-01, C.P.: Jesús María Lemos Bustamante; Consejo de Estado, Sentencia de 8 de abril de 2008, Rad. 2004-01302-02; Sentencia de 28 de enero de 2010, Rad. 2266-08C.P.: Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia de 30 de julio de 2009, Rad. 2001-0006-01, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
« Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
« Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0244_1995.html" \l "1" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
F.F. 44 a 52. Folios 83 a 85. Folio 109 a 117 del expediente. Consejo de Estado, Sentencia de 21 de mayo de 2009, Rad. 2004-00069-02 (0859-08); Sentencia de 21 de octubre de 2011, Rad. 2003-012901 (0672-09); Sentencia de 10 de julio de 2014, Rad. 2012-00080-01 (20099-13); Sentencia de 22 de enero de 2015, Rad. 0271-14. SU-336 de 2016, C.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
Transcripción literal.
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones
[…]
ARTÍCULO 4°. Trámite de solicitudes, El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 5 de agosto de 2012, N.I. 1521-2010. F.F. 125 a 127
Consejo de Estado – Sección Segunda, Sentencia de 25 de marzo de 2010, ad. 2003-01125-01, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 29 de noviembre de 2007, Rad. 2001-02988, C.P.: Jesús María Lemus Bustamante.
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral, Sentencia de 4 de diciembre de 2012, M.P.: Carlos Eduardo Sevilla Cadavid.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 14. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán reconocerse, liquidarse y pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio que en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando existan. En este caso, el rezago deberá reducirse al menos en un 10% anual, hasta eliminarse.»
T-228 de 1997, C-428 de 1997. Transcripción literal visible a folio 127 del expediente. Transcripción literal visible a folio 127 y reverso.
«ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[…]
ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. [….].»
«Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
[….]
ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.»
«Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.
[…]
ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.»
« Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
Rad.
73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
«por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
Artículos 68 y 69 CPACA.
«por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.». Folios 4 a 7 del expediente. A folio 8. Folios 12 y 13 del expediente.
« por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»
«ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
[…]
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»
«Artículo 51. Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.
[…]
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme.
[…]»
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»
«ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
[…]
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones
[…]
ARTÍCULO 4°. Trámite de solicitudes, El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.»
Sentencia de Unificación de 27 de marzo de 2007, proferida por la Sala Plena de esta Corporación Rad. 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ). C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
Subsección B, Auto de 15 de noviembre de 2017, Rad. 2015-00686-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez; Subsección A, Rad. 2015-00739-01, C.P.: William Hernández Gómez
Rad. 2013-00569-01. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Artículo 14º.- Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán reconocerse, liquidarse y pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio que en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando existan. En este caso, el rezago deberá reducirse al menos en un 10% anual, hasta eliminarse. Art. 14 declarado Exequible excepto las expresiones "reconocerse, liquidarse y" subrayados. [ HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2350" \l "0" Sentencia C- 428 de 1997] [Sentencia T-206 de 1997] [Sentencia C-584 de 1997] [Sentencia C-061 de 1998]. Corte Constitucional.
HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1188" \l "0" Ver el Decreto Nacional 2712 de 1999 , HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5496" \l "1" Ver Art. 3° Decreto Nacional 1919 de 2002»
T-831933 de 2004. M.P.: Clara Ines Vargas Hernandez. Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (Artículos 361 y ss. CGP). Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
“ARTÍCULO 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Negrillas y subrayado fuera del texto original).
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