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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01027-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01027-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Adicionar la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para ordenar a Gonzalo Rafael, Álvaro José y Manuel Antonio Caicedo Martínez que aporten copia de la sentencia ejecutoriada de la sucesión aprobatoria de la partición y adjudicación de los bienes de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega o la escritura pública que solemnice y perfeccione la participación o adjudicación de la herencia. Lo anterior se deberá cumplir en el término de 5 días contados a partir de la notificación del auto que dicte el mencionado tribunal en cumplimiento del artículo 329 del Código General del Proceso. En caso de no cumplirse con esta carga procesal, la Ugpp deberá efectuar el pago en los términos del artículo 381 de la misma norma [pago por consignación] a instancias del tribunal. Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 27 Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024) Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara el voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-008-2017-01027-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Ejecutivo
Radicación: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros1
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2

Tema: Excepción de pago. Condena en costas.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por las partes contra la sentencia
proferida el 13 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de pago de
la obligación y prescripción y, en consecuencia, se ordenó seguir adelante con la
ejecución.

I.- Antecedentes

1.1. La solicitud de ejecución3

1. Gonzalo Rafael, Álvaro José y Manuel Antonio Caicedo Martínez, en calidad de
hijos y sucesores procesales de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega, por medio de
solicitud de ejecución a continuación del proceso, solicitaron que se librara
mandamiento de pago en contra de la UGPP por las siguientes sumas:

1 En calidad de sucesores procesales de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega, demandante del proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 En adelante UGPP.
3 Cuaderno principal, folio 1

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

«PRMERO: LÍBRESE MANDAMIENTO DE PAGO a favor del pensionado Dr.
GONZALO MANUEL CAICEDO ORTEGA [...] por la suma de QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CON
CUARENTA Y OCHO PESOS ($537.820.048), por concepto de saldos de
mesadas indexadas impagadas desde junio de 2007 hasta abril de 2017.

SEGUNDO: LÍBRESE MANDAMIENTO DE PAGO [...] por las sumas que
correspondan a intereses moratorios desde junio de 2007 hasta cuando se
haga efectivo el pago.»

2. En el acápite de hechos se narró lo siguiente:

2.1. Mediante sentencia del 26 de abril de 2012 dictada por la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se resolvió (i)
declarar la nulidad parcial de la Resolución 5352 del 23 de junio de 1995 que
reconoció la pensión; (ii) ordenar la actualización de la base de liquidación de la
pensión del demandante, así como el pago de las diferencias indexadas de las
mesadas pensionales; y (iii) declarar la prescripción de aquellas causadas antes del
2 de junio de 2007.

2.2. En la audiencia de conciliación del 12 de septiembre de 2013, la Ugpp se
comprometió a «pagar al demandante las diferencias en el valor de las mesadas o
retroactivo que se genere desde la fecha en que se produzcan los efectos fiscales hasta la
fecha de inclusión en nómina de pensionados, debidamente indexadas. Se aplica[ría] la
prescripción trienal. El reconocimiento se realizará en un término de cuatro (4) meses
contados a partir de la aprobación de la conciliación por parte de la autoridad judicial y luego
de notificado el acto administrativo que da cumplimiento al acuerdo, dos meses para la
inclusión en nómina de pensionados [...]».

2.3. Gonzalo Manuel Caicedo Ortega falleció el 30 de enero de 2014.

2.4. Mediante la Resolución RDP 005132 del 14 de febrero de 2014 la Ugpp reliquidó
la pensión desde el 7 de septiembre de 1993, con efectos fiscales a partir del 2 de
junio de 2007 por prescripción trienal.

2.5. El valor de las diferencias causadas desde junio de 2007 a diciembre de 2013
ascendía a $344.641.697 y de aquellas comprendidas entre febrero de 2014 a abril
de 2017 a $78.030.524, para un total de $537.820.048.

1.2. Mandamiento de pago y el recurso de reposición interpuesto

3. En auto proferido el 18 de febrero de 20214 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca libró el mandamiento ejecutivo en los siguientes términos:

4 Cuaderno principal, folio 61.

3

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

«PRIMERO: Librar mandamiento ejecutivo a favor de los herederos
determinados e indeterminados en el trámite de la masa sucesoral del señor
GONZALO MANUEL CAICEDO ORTEGA [...] y a cargo de la UNIDAD
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL – UGPP, por las siguientes
obligaciones:

• Por la suma de TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($306.552.049,59), correspondiente
al valor de las diferencias pensionales causadas desde el 2 de junio de
2007 hasta la ejecutoria de la sentencia -octubre 1 de 2013. Debidamente
indexadas.

• Por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($187.591.146,88), correspondientes al
valor de las diferencias pensionales posteriores a la ejecutoria de la
sentencia -octubre 1 de 2013 y hasta el mes de abril de 2017.

• Por las diferencias que se causen a partir del 1º de mayo de 2017 hasta
que se cumpla el total de la obligación.

• Por los intereses sobre las sumas anteriormente determinadas, a partir del
1 de diciembre de 2013, con fundamento en el artículo 177 del C.P.A.C.A.,
y en lo acordado en el acuerdo conciliatorio.

• Tener como sucesores procesales a los señores GONZALO RAFAEL,
ÁLVARO JOSÉ Y MANUEL ANTONIO CAICEDO MARTÍNEZ». [sic]

3.1. Para tal efecto, anotó lo siguiente:

3.2. El título ejecutivo era la sentencia 080 del 26 de abril de 2012 proferida por la
Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la cual
se condenó a Cajanal a actualizar la base de liquidación del causante, así como el
acuerdo de conciliación del 12 de septiembre de 2013, aprobado mediante auto del
19 de septiembre del mismo año. Estos contenían una obligación clara, expresa y
exigible.

3.3. Se cumplió con el término de 5 años previsto en el literal k) del artículo 164 del
CPACA, en razón a que el acuerdo conciliatorio se llevó a cabo el 12 de septiembre
de 2013, se aprobó el 19 de septiembre de 2013 y la demanda se presentó el 11 de
mayo de 2017.

3.4. El apoderado aportó los certificados de defunción de Gonzalo Manuel Caicedo
[30 de enero de 2014] y de su cónyuge, María Elena Martínez; además, allegó los
registros civiles de nacimiento de sus hijos, Gonzalo Rafael, Álvaro José y Manuel
Antonio Caicedo Martínez. En consecuencia, debía continuarse el proceso en virtud
de la sucesión procesal prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso,

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

con la precisión de que la condición de sucesor procesal no otorgaba titularidad
alguna sobre los valores que se llegaran a generar en favor del causante.

3.5. De acuerdo con la liquidación realizada por el profesional en contaduría adscrito
al tribunal, se debía librar el mandamiento de pago por las sumas señaladas en la
parte resolutiva.

4. Contra la anterior decisión, la Ugpp presentó recurso de reposición5, en el cual
alegó que (i) se cumplió con el acuerdo conciliatorio mediante la Resolución RDP
005132 del 14 de febrero de 2014 en la que se ordenó la indexación de la primera
mesada pensional y se incrementó el valor desde del 7 de septiembre de 1993, con
efectos fiscales a partir del 2 de junio de 2007 por prescripción trienal; (ii) con
ocasión del fallecimiento del causante se expidió la Resolución RDP 0452342 del
28 de septiembre de 2015 y se realizó un pago neto de $30.139.816,64; (iii) con la
Resolución RDP 011409 del 6 de abril de 2019 se modificó la anterior, en el sentido
de ordenar el pago del 100% de la pensión de sobrevivientes en favor de María
Marcelina Solano Hinestroza, desde del 1 de febrero de 2014 y con efectos fiscales
a partir del 28 de septiembre de 2015. Con ocasión de este último acto se pagó la
suma neta de $237.458.882,70.

5. Mediante proveído del 9 de junio de 20236 el tribunal resolvió
desfavorablemente el recurso, con sustento en que solo procedía para discutir los
requisitos formales del título ejecutivo, esto era los que permitían demostrar que los
documentos eran auténticos y que emanaban del deudor o de su causante. No
obstante, la entidad se limitó a exponer argumentos relacionados con el fondo del
asunto, en concreto, el cumplimiento de la obligación y el reconocimiento de la
indexación e intereses.

1.3. Escrito de excepciones7

6. La UGPP propuso las siguientes excepciones:

→ Pago

7. Mediante las resoluciones RDP 005132 del 14 de febrero de 2014, RDP 045342
del 28 de noviembre de 2018 y RDP 011409 del 6 de abril de 2019 se dio
cumplimiento al acuerdo conciliatorio aprobado por el tribunal el 19 de septiembre
de 2019, pues se indexó la primera mesada y se incrementó a $701.701,67, desde

5 Samai, proceso 76001-23-33-008-2017-01027-00, índice 15.
6 Samai, proceso 76001-23-33-008-2017-01027-00, índice 38.
7 Samai, proceso 76001-23-33-008-2017-01027-00, índice 25.

5

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

el 7 de septiembre de 1993, con efectos fiscales a partir del 2 de junio de 2007 por
prescripción trienal, de acuerdo con el fallo objeto de cumplimiento.

8. Asimismo, con el segundo acto se reconoció la pensión de sobrevivientes en
favor de la cónyuge del causante, María Marcelina Solano Hinestroza, en el 100%.
Con la última se resolvió modificar esta decisión.

9. En virtud de lo anterior, se realizaron 2 pagos en enero y julio de 2019, los cuales
debían imputarse sin aplicar el artículo 1653 del Código Civil, en razón a que se
trataba de recursos del Sistema General de Pensiones que tenían destinación
específica y exclusiva. Además, porque en el acto de cumplimiento se señaló de
manera expresa el origen de los pagos, el monto y su destinación.

→ Prescripción

10. De conformidad con el Decreto 1848 de 1969, las prestaciones sociales
prescribían en el término de 3 años contados a partir de la última petición. Si bien
no prescribía el derecho al reajuste de la pensión, las mesadas sí, por lo tanto, debía
declararse respecto de todas «las obligaciones pensionales, intereses corrientes y/o
moratorios, indexación, que se hubieren causado con anterioridad a los tres años contados
desde la fecha de la presentación de [la] demanda».

1.4. Sentencia de primera instancia8

11. En sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca resolvió:

«PRIMERO: DECLAR NO PROBADAS las excepciones de pago de la
obligación y prescripción conforme a las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme a lo expuesto en
la parte motiva, por los siguientes conceptos y sumas de dinero:

i) valor diferencias pensionales causadas hasta el 30 de septiembre de 2013,
debidamente indexadas: $306.552.049,59;

ii) valor diferencias pensionales posteriores a la ejecutoria de la sentencia
octubre 1 de 2013 y hasta el 30 de enero de 2014: $19.658.578,31;

iii) intereses moratorios se causen conforme a lo establecido en el artículo 177
del C.C.A., que serán liquidados en la etapa de liquidación del crédito, toda vez,
obligación que todavía no ha sido pagada por la UGPP.

8 Samai, proceso 76001-23-33-008-2017-01027-00, índice 64.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

[...] CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia» [sic].

12. Para el efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de las
excepciones del proceso ejecutivo y, a continuación, resolvió el caso concreto en
los siguientes términos:

13. Si bien la Ugpp propuso la excepción de pago con fundamento en que cumplió
con el total de la obligación, en los alegatos de conclusión afirmó «abiertamente» que
no había lo había efectuado desembolso alguno. En concreto, expresó: «se
[encontraba] pendiente por pagar la indexación de la primera mesada pensional entre el 02
de junio de 2007 fecha ordenada en el acuerdo conciliatorio y la fecha de fallecimiento del
causante 30 de enero de 2014 y no la fecha que indica[ba] en el proceso ejecutivo abril de
2017, por cuanto esa ya fue cancelada a la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes».
Adicionalmente, solicitó la sentencia ejecutoriada de la sucesión aprobatoria de la
partición y adjudicación de los bienes para efectuar el pago por dicho concepto.

14. Sin embargo, la entidad pasó por alto que el tribunal libró mandamiento
ejecutivo en favor de los herederos determinados [Gonzalo Rafael, Álvaro José y
Manuel Antonio Caicedo Martínez] e igualmente en favor de los herederos
indeterminados en el trámite de la masa sucesoral.

15. Si bien se aportó un «pantallazo» sobre el pago por concepto de la pensión de
sobrevivientes a partir del 28 de septiembre de 2015 a María Marcelina Solano
Hinestroza, en modo alguno servía de base para declarar probada la excepción de
pago, pues dicha prestación era ajena al título ejecutivo, máxime si reconocía que
no se había efectuado desembolso alguno por la indexación y diferencias ordenadas
desde el 2 de junio de 2007 al 30 de enero de 2014.

16.De acuerdo con la liquidación realizada por el contador adscrito al tribunal, se
debían tener en cuenta los siguientes parámetros:

16.1. La pensión debía actualizarse año por año desde el momento de retiro [1 de
julio de 1982] al estatus [7 de septiembre de 1993]. El valor de la mesada para 1982
era de $65.781,49 y para 1993 de $701.701,67.

16.2. A partir del valor de la mesada para 1993, se establecían las diferencias
pensionales entre lo que se le pagó al causante y el valor que arrojaba el incremento
de la mesada año por año, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
Para tal efecto, se debía atender la fecha de prescripción declarada [2 de junio de
2007].

16.3.Una vez realizado el cálculo anterior, se debían indexar las mesadas mes a
mes de acuerdo con la fórmula señalada en la sentencia, desde el 2 de junio de

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

2007 al 1 de octubre de 2013 [ejecutoria], previamente los descuentos a salud, más
aquellas diferencias causadas con posterioridad a la sentencia y hasta el 30 de
enero de 2014, fecha de fallecimiento de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega. El primer
cálculo arrojaba un total de $306.552.049,59 y, el segundo, de $19.658.578,31.

16.4. En ese orden, la Ugpp adeudaba $326.210.627,91 por concepto de las
diferencias causadas entre el 2 de junio de 2007 y el 30 de enero de 2014, más los
intereses previstos en el artículo 177 del CCA que serían calculados al momento de
la liquidación del crédito, en tanto la obligación no se cumplió.

17. En consecuencia, los valores adeudados eran los siguientes:

18. Si bien se presentó la excepción de prescripción, no se cumplió con la condición
de que se tratara de hechos o circunstancias posteriores a la conformación del título
ejecutivo. Además, como los derechos y las mesadas pensionales fueron objeto de
análisis en la sentencia declarativa, era improcedente hacer el examen solicitado.

1.5. Recursos de apelación

19. Contra la anterior decisión, las partes presentaron recursos de apelación y los
sustentaron en los siguientes términos:

1.5.1. Parte demandante9

20. La decisión de no condenar en costas en la primera instancia desconocía el
trabajo que el «abogado ha cumplido desde el año 2012 como apoderado de la parte
accionante en el Proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho [...] y desde 2017, por
cuando la UGPP demostró su intención de procastinar, enredar e impagar los conceptos y
montos fijados en el acuerdo conciliatorio del 12 de septiembre de 2013». Además, se
pasó por alto que debió adelantar el proceso ejecutivo en procura del
restablecimiento jurídico y económico de los derechos pensionales del causante
que fueron «burlados y violados durante años».

21.Se desconoció lo previsto en los artículos «361» y «366» del Código General del
Proceso, según los cuales las costas estaban integradas por la totalidad de

9 Samai, proceso 76001-23-33-008-2017-01027-00, índice 71.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

expensas y gastos sufragados durante el proceso y por las agencias en derecho.
Igualmente, que en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 se
establecieron las reglas para fijar las agencias en derecho.

1.5.2. Parte demandada10

22. El a quo no tuvo en cuenta los antecedentes administrativos que demostraban
el cumplimiento de la obligación, en concreto:

22.1. Resolución 12944 del 26 de marzo de 2008 que negó la reliquidación de la
pensión. Esta fue confirmada mediante Resolución 46762 del 11 de
septiembre de 2008.

22.2. El Auto 204317 del 8 de junio de 2009 que ordenó el archivo del expediente
administrativo porque no existía petición alguna pendiente por resolver.

22.3. Resolución RDP 005132 del 14 de febrero de 2014, mediante la cual se dio
cumplimiento al acuerdo conciliatorio aprobado el 19 de septiembre de 2013
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de indexar la
primera mesada e incrementar su valor, desde el 7 de septiembre de 1993,
con efectos fiscales a partir del 2 de junio de 2007 por prescripción trienal.

22.4. Resolución 27174 del 2 de julio de 2015 que negó la pensión de sobrevivientes
solicitada por María Marcelina Solano Hinestroza, como cónyuge del causante.

22.5. Resolución RDP 041318 del 7 de octubre de 2015 que resolvió el recurso de
apelación contra la Resolución 27174 de 2015.

22.6. Resolución RDP 045342 del 28 de noviembre de 2018 que reconoció la
pensión de sobrevivientes a la cónyuge de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega,
en el 100%.

22.7. Resolución RDP 011409 del 6 de noviembre de 2019 que modificó el acto
anterior.

23. Mediante escrito del 10 de mayo de 2021 la Subdirección de Nómina de
Pensionados informó que la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes fue incluida
en nómina en enero de 2019 y se realizó un pago de $30.139.816,64;
posteriormente mediante Resolución RDP 011409 del 6 de abril de 2019 se modificó
la Resolución RDP 045342 del 28 de noviembre de 2018 y se desembolsó la suma
de $237.458.882,70. Asimismo, se informó: «[e]s pertinente mencionar que no se
reportan pago por Indexación y/o intereses moratorios, toda vez que No se generan

10 Samai, proceso 76001-23-33-008-2017-01027-00, índice 70.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

teniendo en cuenta que la prescripción (Con efectos fiscales a partir del 28 de septiembre
de 2015, es posterior a la Ejecutoria (1/10/2013)».

24. En el escrito mencionado se concluyó que «[e]n el ejecutivo No tiene en cuenta los
efectos fiscales a partir de 28 de septiembre de 2015». Además, que a María Marcelina
Solano Hinestroza se le reconocieron las mesadas reliquidadas con ocasión de la
pensión de sobrevivientes desde del 1 de febrero de 2014, pero con efectos fiscales
a partir del 28 de septiembre de 2015, por un valor de $297.997.258,13.

25. De lo anterior se concluía que estaba «pendiente por pagar la indexación de la
primera mesada pensional entre el 02 de junio de 2007 fecha ordenada en el acuerdo
conciliatorio y la fecha de fallecimiento del causante 30 de enero de 2014 y no la fecha que
se indic[ó] en el proceso ejecutivo abril de 2017, por cuanto esa ya fue cancelada a la
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes».

26. El tribunal no tuvo en cuenta que la entidad expidió un acto que dio cumplimiento
a la sentencia y que estaba suspendida porque no se aportó la sentencia de
ejecutoria y/o la escritura pública de sucesión para pagar la deuda a quienes
correspondiera. En consecuencia, no procedía la orden de «actualización de la
liquidación del crédito».

27. El valor del crédito constituía parte de la herencia del ejecutante, razón por la
cual debía especificarse en favor de quienes debía ser entregado y en qué
proporción o porcentaje. La unidad no tenía la competencia legal para determinar la
distribución de los recursos o elementos constitutivos de la herencia.

1.6. Trámite de segunda instancia

28. Mediante auto del 12 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por «la entidad ejecutada», en los términos de la Ley 2080 de 202111.

II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

29. Previamente a resolver sobre la competencia, el problema jurídico a resolver y
el caso concreto, es del caso señalar que ambas partes presentaron recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, los cuales fueron concedidos en
auto del 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, en auto del 12 de diciembre de 2024
únicamente se admitió el interpuesto por la entidad ejecutada. Contra esta decisión
no se presentó recurso alguno.

11 Samai, índice 5.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

30. Comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 23 de
septiembre de 2024 y la parte actora presentó el recurso oportunamente el 24 del
mismo mes y año, la Sala lo resolverá en procura de los principios de celeridad y
economía procesal.

2.2. Competencia

31. De conformidad con los artículos 443 y 446 del Código General del Proceso12,
en el proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en
una providencia, «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.

32. En el caso concreto, el 13 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resolvió declarar no probadas las excepciones de pago de la
obligación y prescripción y seguir adelante con la ejecución, es decir, profirió una
sentencia.

33. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer de los recursos de apelación presentados por las
partes, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales
«[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.3. Problemas jurídicos

34. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

34.1. ¿La Ugpp dio cumplimiento a la sentencia dictada el 26 de abril de 2012 y al
acuerdo conciliatorio aprobado en auto del 19 de septiembre de 2013, ambos
proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en razón a que
expidió la Resolución RDP 005132 del 14 de febrero de 2014, en la cual se
resolvió indexar la primera mesada e incrementar su valor, desde el 7 de
septiembre de 1993, con efectos fiscales a partir del 2 de junio de 2007 por
prescripción trienal?

34.2. ¿Debía imponerse la condena en costas en la primera instancia?

12 En adelante CGP.

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

35. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo y jurisprudencial del
proceso ejecutivo; y segundo, se resolverá el caso concreto.

2.4. El proceso ejecutivo. Marco normativo y jurisprudencial

36. El mandamiento de pago es la primera decisión en el proceso ejecutivo y «en
cierta forma equivale al auto admisorio de la demanda que se dicta en un proceso ordinario,
pero con notables diferencias»13. Esta Subsección la ha definido como «una orden
judicial provisional de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las
condiciones de un título ejecutivo [...]»14.

37. Conforme con el artículo 430 del CGP, radicada la demanda y acompañada del
documento que preste mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa
y exigible, el juez podrá inadmitir la demanda o librar el mandamiento de pago.

38. Cuando la demanda ejecutiva no contenga los requisitos previstos en los
artículos 162 [contenido de la demanda15], 166 [anexos de la demanda] del CPACA
y 9016 del CGP, el juez deberá inadmitirla, pero únicamente por estas razones y no,
por ejemplo, cuando faltan los documentos necesarios para integrar el título
ejecutivo.

39.En caso contrario, si la demanda cumple con los requisitos antes mencionados,
se procederá a librar el mandamiento de pago. El artículo 298 del CPACA,
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, estableció lo siguiente:

«Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos
en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena
impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el
factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas
en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa
solicitud del acreedor.

13 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

Edición 6, 2021, pág. 510.
14 Auto del 8 de agosto de 2017, radicación 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-17).
15 Según este canon, la demanda deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la designación

de las partes y sus representantes; (ii) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad; (iii)
los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados; (iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones; (v) la petición de las
pruebas que el demandante pretende hacer, pero deberá aportar las documentales que se
encuentren en su poder; y (vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
16 Conforme con el cual, la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, no se

acompañen los anexos ordenados por la ley, las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos
legales, quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso, entre otros.

12

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un
laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento
ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis
(6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se
señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las
sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas
establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de
providencias judiciales.

[...]» [se resalta]

40. A su turno, el artículo 430 del CGP estableció 2 opciones para librar el
mandamiento ejecutivo: (i) cuando fuere procedente, en la forma pedida por la parte
ejecutante; y (ii) en la que el juez considere legal. Respecto de esta última, esta
Sección ha señalado que el juez «debe sustentar su decisión en argumentos razonables
para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas»17. Adicionalmente,
en esta providencia se ordenará «al demandado que cumpla la obligación» y los
requisitos formales del título, «sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento ejecutivo».

41. Además, si el proceso versa sobre el pago de sumas de dinero, el juez ordenará
el pago con los intereses desde la ejecutoria de la sentencia hasta la «cancelación»
de la deuda. En caso de prestaciones periódicas, «la orden de pago comprenderá,
además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen», según el artículo 431
ibidem.

42. Ahora bien, de conformidad con el artículo 438 del CGP, «[e]l mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de
reposición lo revoque, lo será en el suspensivo». Idéntica disposición se plasmó en el
artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, pues
en el numeral 1 dispuso que será apelable el auto «que rechace la demanda o su
reforma, y que el niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo», caso en el cual,
el recurso deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término
previsto para recurrir [parágrafo 2] y se concederá en el efecto suspensivo. De
conformidad con el literal g) del artículo 125 ibidem18, el conocimiento del recurso
de apelación será competencia de la Sala o Subsección.

43. Lo anterior significa que, cuando el juez libra dicha providencia en la forma
pedida por el ejecutante, la decisión no será apelable, mientras que si de los cálculos

17 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 17001-23-

33-000-2018-00112-01 (6127-19).
18 «Artículo 125. De la expedición de providencias. [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones

dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3
del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra
estas». [se resalta]

13

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

concluye que la obligación es menor o que no se deben incluir aspectos que no
fueron ordenados en el título de recaudo, pero sí fueron solicitados o, simplemente,
que no hay lugar a librarlo [por citar un ejemplo], lo negará total o parcialmente,
según el caso y procederá el recurso de apelación.

44. En línea con lo anterior, si el mandamiento de pago se niega total o
parcialmente, la competencia radica en la Sala, Sección o Subsección al tenor del
literal g) del numeral segundo del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo
20 de la Ley 2080 de 2021, de cuyo tenor literal se extrae que será competencia de
las salas, secciones y subsecciones expedir los autos enunciados «en los numerales 1
a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de
apelación contra estas».

45.Por el contrario, si el mandamiento ejecutivo se libra en la forma pedida, se
deberá acudir a la regla prevista en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, esto
es que «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve
el recurso de queja».

46. Es del caso precisar que, si bien es cierto que el artículo 298 ibidem estableció
que vencidos los términos previstos en el artículo 192 del código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta, «el juez o magistrado competente» adoptará la
decisión inicial, también lo es que se refiere al escenario en que se debe librar el
mandamiento ejecutivo, pero no es un referente normativo para determinar la
competencia de la Sala o el ponente, en razón a que no enunció expresamente las
3 alternativas que pueden ocurrir en esta etapa procesal: librarlo, no librarlo o librarlo
parcialmente.

47. En efecto, la norma citada (i) se refirió al magistrado competente, no al
magistrado ponente; y (ii) incluye el adjetivo competente para referirse al
conocimiento por factor de conexidad y las reglas que deben seguirse para iniciar
el proceso ejecutivo.

48. Ciertamente, la lectura armónica de cada una de las expresiones del artículo
298 citado, conllevan a concluir que en este no se determinó la competencia para
proferir el mandamiento ejecutivo, sino las reglas que debe seguir el magistrado
competente por el factor de conexidad. En ese orden de ideas, comoquiera que en
el CPACA se fijó una regla explícita para aquellos autos que lo nieguen total o
parcialmente, es esta la que debe atenderse.

49. Ahora bien, cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los
10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad
únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y

14

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«su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con
posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título19»20. Estas son:

«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a
las siguientes reglas:

[...]

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional,
sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la
cosa debida.» [se resalta]

50. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló que «[c]on respaldo en lo
señalado, puede afirmarse que el legislador ha querido que cuando el «título ejecutivo» sea
una «providencia judicial» que haya condenado a alguna de las partes o en la que fue
provocada la terminación del litigio por conciliación o transacción, las excepciones están
limitadas a la lista taxativa que fue referida en el párrafo precedente, con el propósito de
evitar dilaciones injustificadas en la materialización del derecho sustancial reconocido»21.

51. Estas excepciones tienen como único objeto desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda y, de conformidad con el artículo 442 transcrito, solo
podrán ser alegadas cuando se trate de hechos posteriores al título de recaudo,
pero antes de que se profiera el mandamiento ejecutivo, pues con posterioridad a
este, en caso de expedirse un acto administrativo que lo acate, se comprenderá que
se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel, en razón a que el artículo
431 del CPACA prevé que, cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su
pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta
la cancelación de la deuda».

52. Por ello, al momento de «contestar la demanda», la entidad ejecutada podrá optar
por lo siguiente: (i) guardar silencio; (ii) contestar la demanda y no proponer
excepciones; (iii) proponer excepciones de aquellas previstas en el artículo 442 y
otras que no lo estén; (iv) proponer exclusivamente las excepciones de ese mismo
artículo. La etapa subsiguiente, dependerá de la actuación de la ejecutada.

19 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
20 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

6ª Ed., 2021, pág. 782.
21 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-

00806-01.

15

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53. En primer lugar, si la entidad decide guardar silencio o no proponer excepciones
oportunamente, el juez ordenará «por auto que no admite recurso», el remate y el
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si
fuere el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado; así lo prevé el artículo 440 del CGP.

54. En segundo lugar, si la entidad propone las excepciones previstas en el artículo
442, pero también otras que no lo están, procederá lo siguiente: (i) se rechazarán
de plano las excepciones improcedentes22 mediante auto [de ponente] que será
apelable, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP23; (ii) se correrá
traslado de las excepciones que sí estén contenidas en el artículo 442 para que el
ejecutante «se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer
valer»; y (iii) se proferirá la sentencia.

55. Y, en tercer lugar, si la ejecutada propone exclusivamente una o varias
excepciones señaladas por el artículo 442 citado, se procederá de la misma manera
que el punto (iii) del párrafo anterior, es decir, se dictará la sentencia.

56. Si la sentencia de excepciones es totalmente favorable al demandado se dará
por terminado el proceso, se ordenará el desembargo de los bienes «y se condenará
al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las
medidas cautelares y del proceso»; por el otro, si las excepciones «no prosperan o
prosperan parcialmente», «en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en
la forma que corresponda». Esta, la sentencia, hace tránsito a cosa juzgada.

57. Esta, la orden de seguir adelante con la ejecución se puede impartir mediante
auto o sentencia. En el primer caso, procederá cuando no se propongan las
excepciones indicadas por el artículo 442 del CGP y contra la decisión no
procederá recurso alguno, mientras que la sentencia que resuelva las que sí son
procedentes, expedida por la sala, sección o subsección, será susceptible del
recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.

58. Ciertamente, lo anterior fue previsto también por el CGP al regular la liquidación
del crédito cuando estableció que «[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante
la ejecución o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que
no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la

22 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

6ª Ed., 2021, pág. 782.
23 «Artículo 321. [...] También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

[...] 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.» [se resalta]

16

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liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la
fecha de su presentación [...]», e, igualmente, por el parágrafo del artículo 298 del
CPACA, según el cual «[l]os defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por
el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso».

59. En este punto, es preciso señalar que, cuando se trate de recursos de apelación
presentados contra sentencias en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el trámite de la
segunda instancia deberá ser adelantado conforme con los mandatos del CPACA,
pues así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de
unificación proferido el 12 de septiembre de 202324, en el cual se fijó la siguiente
regla:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen
aplicable para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto
en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un
proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA. Esta regla no
se hace extensiva a la ejecución en materia de contratos de que trata el
artículo 299 ibidem.»

2.5. Análisis de la Sala.

2.5.1. El pago de la obligación

60.La entidad demandada alegó que el a quo no tuvo en cuenta los actos
administrativos que demostraban el cumplimiento de la obligación.

61. Pues bien, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;

[...]»

62. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

24 Radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.

17

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63. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.

64. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:

«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación
efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se
hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.

En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo
del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando
la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad
de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado
de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in
obligatione”». [se resalta]

65. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de
extinguir las obligaciones, así25:

«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar,
solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la
ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la
satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o
solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase
de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las
obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las
pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de
dinero.»

66. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil26.

67. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente27:

25 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia,

2002, pág. 571.
26 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,

salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
27 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

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«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el
pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»

68. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del
CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

69. Asimismo, la doctrina28 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

70. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de
201629, consideró lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es
enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se
encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se
libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es
la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago,
para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos
administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas
que pretenda hacer valer para demostrarlo.

[...]

Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una
condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso
administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las
excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo
442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.

28 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
29 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo
arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o
totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba
de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del
mismo.» [se resalta]

71. Ahora bien, en este proceso se pretendió el cobro de la sentencia dictada el 26
de abril de 2012 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
Gonzalo Manuel Caicedo Orteza. En esta providencia se consideró y resolvió:

«El demandante solicita que la base de liquidación de su pensión sea actualizada
teniendo en cuenta el IPC, toda vez que su retiro del servicio se produjo el 2 de
julio de 1982 y la pensión solo fue reconocida a partir de septiembre 7 de 1993.

[...] En acopio con la jurisprudencia en cita, debe concluirse que un
reconocimiento pensional de una persona que se retiró del servicio sin reunir el
requisito de edad y años más tarde, cuando se cumple con tal requisito, se
reconoce en su favor una pensión sin la respectiva indexación, como ocurrió en
el caso presente, desconoce la realidad innegable de la perdida adquisitiva de la
moneda, en detrimento de los derechos constitucionales del actor.

FALLA

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 5350 de junio
23 de 1995, expedida por CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, en cuanto a la
forma en que fue liquidada la pensión de jubilación reconocida a favor del señor
GONZALO MANUEL CAICEDO ORTEGA.

SEGUNDO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la entidad demandada a actualizar
la base de liquidación de la pensión del demandante en los términos y de
acuerdo a la fórmula expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN debe pagar al actor las
diferencias de las mesadas pensionales, entre los valores que le reconoció y los
que debe reconocer conforme esta providencia con los reajustes de Ley, sumas
que deberán ser indexadas de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

CUARTO.- Se decreta la prescripción de las diferencias resultantes entre la
liquidación inicial y la nueva liquidación anteriores al 2 de junio de 2007.

QUINTO.- DESE cumplimiento a esta sentencia, en los términos previstos en los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO.- Sin condena en costas» [sic].

72. Después de la sentencia se realizó la audiencia de conciliación prevista en el
artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, en la cual las partes llegaron al siguiente
acuerdo:

20

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01027-01 (6497-2024)
Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

«[...]. Así las cosas, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la
entidad demandada, quien manifiesta: “El comité de conciliación y defensa
judicial de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP mediante
acta del 6 de septiembre de 2013 se reunió y decidió conciliar las pretensiones
del demandante en el siguiente sentido: En cuanto a la solicitud de indexación
de la primera mesada pensional y realizar dicha indexación de la base salarial
aplicando los IPC consolidados año a año, desdeNo el año de retiro hasta el año
de adquisición del estatus pensional. La UGPP, en el evento de llegarse a un
acuerdo conciliatorio, se compromete a pagar al demandante las diferencias en
el valor de las mesadas o retroactivo que se genere desde la fecha en que se
produzcan los efectos fiscales hasta la fecha de inclusión en nómina de
pensionados, debidamente indexadas. Se aplicará la prescripción trienal. El
reconocimiento se realizará en un término de cuatro (4) meses contados a partir
de la aprobación de la conciliación por parte de la autoridad judicial y luego de
notificado el acto administrativo que da cumplimiento al acuerdo, dos meses para
la inclusión en nómina de pensionados para lo cual el demandante se
compromete a radicar en la entidad declaración juramentada de no haber
iniciado proceso ejecutivo en contra de la UGPP para el cumplimiento de la
obligación. Es todo. [...]. Seguidamente hace uso de la palabra el apoderado del
actor, quien expresa: “En términos generales en mi calidad de apoderado del
señor GONZALO MANUEL CAICEDO manifiesto que acepto la oferta de
conciliación con la siguiente salvedad: En la página 2 se lee textualmente: “[...],
dos meses para la inclusión en nómina de pensionados para lo cual el
demandante se compromete a radicar en la entidad declaración juramentada de
no haber iniciado proceso ejecutivo en contra de la UGPP para el cumplimiento
de la obligación”, en el sentido de que esos dos meses son el plazo para el pago
de los dineros que corresponden a los reajustes, aclarando que el demandante
ha estado en nómina por años y no hay necesidad de incluirlo en nómina. No
obstante lo anterior, la parte que represento acepta en su integridad la propuesta
de la entidad demandada. En cuanto a la declaración juramentada de no haber
presentado un ejecutivo, se puede cumplir dicha formalidad por parte de mi
cliente, aunque no habría título para hacerlo. [...]».

73. En auto del 19 de septiembre de 2013 el tribunal aprobó el acuerdo conciliatorio,
en tanto versó sobre derechos litigiosos que podían conciliarse y no se advertía
violación de la ley o la afectación a los intereses patrimoniales del Estado.

74. El entonces demandante falleció el 30 de enero de 2014 y, en cumplimiento del
acuerdo, la Ugpp expidió la Resolución RDP 005132 del 14 de febrero de 2014 para
indexar la primera mesada pensional e incrementarla a $701.701,67, desde el 7 de
septiembre de 1993, pero con efectos fiscales a partir del 2 de junio de 2007 por la
prescripción declarada.

75. A su vez, María Márcelina Solano Hinestroza, en calidad de cónyuge, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. No obstante, solo hasta el
28 de noviembre de 2018 [cuando se expidió la Resolución RDP 045342] se accedió
a la petición. Posteriormente, la entidad modificó el acto anterior mediante la
Resolución RDP 011409 del 06 de abril de 2019 y, con ocasión de dichas

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

disposiciones, pagó a la solicitante las sumas de $30.139.816,64 y
$237.458.882,70.

76.Como se observa, la Ugpp únicamente desembolsó lo adeudado por la pensión
de sobrevivientes reconocida a María Marcelina Solano Hinestroza, pero no ha
aportado comprobante alguno que dé cuenta del cumplimiento de la condena
impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
Gonzalo Manuel Caicedo Ortega.

77. No se pasa por alto que después de proferido el mandamiento de pago aportó
el el Auto ADP 002959 del 24 de mayo de 2021, mediante el cual se reportaron las
sumas pagadas [que son las mismas supra señaladas]; no obstante, en este
reconoció que la deuda no fue satisfecha. Obsérvese:

«[...] De lo anterior podemos concluir, que se encuentra pendiente por pagar la
indexación de la primera mesada pensional entre el 02 de junio de 2007 fecha
ordenada en el acuerdo conciliatorio y la fecha de fallecimiento del causante 30
de enero de 2014 y no la fecha q se indica en el proceso ejecutivo abril de 2017,
por cuanto esa ya fue cancelada a la beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes» [sic] [se resalta].

78. Como se anotó, la entidad se limitó a señalar que se habían desconocido los
actos que daban cuenta de que la obligación se satisfizo, pero estos conciernen a
la pensión de sobrevivientes reconocida a la cónyuge del causante.

79. Si bien es cierto que también se expidió la resolución por la que se dio
cumplimiento a la sentencia objeto de recaudo, lo cierto es que no aportó el
comprobante que diera cuenta de la entrega efectiva del dinero e, incluso, en el
recurso de apelación reiteró que estaba pendiente por pagar las diferencias
causadas entre el 2 de junio de 2007 y el 30 de enero de 2014, es decir, las que
fueron ordenadas en el título. Se recuerda que, de acuerdo con lo supra expuesto,
la expedición del acto administrativo que da cumplimiento a la sentencia objeto de
recaudo no es suficiente para extinguir la obligación.

80. Respecto de los intereses, ha de señalarse que el título ejecutivo ordenó su
pago en los términos del artículo 177 del CCA y en el acuerdo conciliatorio aprobado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nada se pactó sobre el particular.

81. A pesar del silencio de las partes, debe precisarse que el artículo 177 del CCA
previó que las cantidades reconocidas en las sentencias devengarían intereses. Si
bien en este aparte nada mencionó sobre las conciliaciones aprobadas por el juez
competente, en el siguiente sí mencionó que, cumplidos los 6 meses desde la
ejecutoria de la providencia que impusiera o liquidara una condena o de la que
aprobara una conciliación, sin que los beneficiarios acudieran a la entidad

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responsable para hacerla efectiva, cesaría «la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma».

82. En ese orden, si la Ugpp acordó un plazo de 4 meses para efectuar el
reconocimiento y 2 más para materializar la inclusión en nómina y dentro de dicho
término no pagó la obligación, ha de concluirse que vencido se causaban por
ministerio de la ley, tal como lo sostuvo esta Subsección en el auto proferido el 26
de noviembre de 202530:

«35. Pese a que al estudiar la legalidad del acuerdo conciliatorio el tribunal avaló
la renuncia a los intereses por parte de la demandante, en todo caso, no es
razonable, con fundamento de esa determinación, desconocer abiertamente la
preceptiva normativa del artículo 192 del CPACA ante el incumplimiento de los
términos pactados y aprobados del acuerdo conciliatorio, para eludir su finalidad
de sancionar la desidia de la entidad frente a la obligación asumida en un
mecanismo alternativo de solución de conflictos, cuyo propósito fue la
terminación anticipada de un litigio iniciado en ejercicio del derecho de acción,
con el compromiso de lograr un reconocimiento pensional más célere.

36. Una interpretación en sentido contrario implicaría admitir que la entidad
pudiera invocar su propia conducta negligente como fuente de un beneficio
jurídico, lo que resulta abiertamente incompatible con el principio constitucional
de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. Este
principio, que irradia todas las actuaciones de las autoridades públicas, exige
que estas obren con lealtad, rectitud y coherencia frente a las obligaciones que
asumen, especialmente cuando se trata de mecanismos alternativos de solución
de conflictos cuyo propósito es agilizar la satisfacción de derechos y poner fin a
la controversia de manera anticipada.

37. Por lo tanto, en línea con lo precisado por esta corporación en torno a la
aplicación del mandato legal respecto de la causación de los intereses
moratorios frente a una obligación dineraria —aunque la providencia judicial que
la ordena no lo disponga expresamente—, y al evidenciarse que la demandante
recibió su mesada y el respectivo retroactivo pasados más de 3 años desde el
momento en que expiró el plazo al que se comprometió la entidad en el acuerdo
conciliatorio, resulta procedente el reclamo acerca del pago de los intereses
moratorios, los cuales en este caso cumplen su doble finalidad: sancionar el
incumplimiento de la obligación pactada y contrarrestar para la acreedora los
efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo.

[...] 39. Así las cosas, dado el incumplimiento de los plazos pactados en el
acuerdo conciliatorio por parte de la ejecutada, resulta claro que los intereses
han de calcularse a partir de su vencimiento hasta cuando en efecto se hizo el
pago de la obligación dineraria principal a la que se comprometió la entidad
ejecutada» [se resalta].

83. Así las cosas, como no se demostró el pago del capital ni de los intereses
adeudados, se confirmará la decisión de declarar no probada la excepción de pago
y, en consecuencia, seguir adelante con la ejecución.

30 Radicación 25000-23-42-000-2023-00283-01 (7389-2023), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

84. De otro lado, sobre el argumento relativo a que era necesario que los herederos
de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega allegaran a la entidad la sentencia ejecutoriada
de la sucesión aprobatoria de la partición y adjudicación de los bienes del causante
o la escritura pública que solemnizara y perfeccionara la herencia, ha de señalarse
que, una vez más, confirma que a la fecha que no se ha pagado suma alguna por
concepto del capital y los intereses adeudados.

85. No obstante, se adicionará la sentencia para ordenar a Gonzalo Rafael, Álvaro
José y Manuel Antonio Caicedo Martínez que aporten copia de la sentencia
ejecutoriada de la sucesión aprobatoria de la partición y adjudicación de los bienes
de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega o la escritura pública que solemnice y
perfeccione la participación o adjudicación de la herencia.

86. Para tal efecto, los herederos mencionados deberán aportar los documentos
requeridos dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación del auto
que dicte el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para dar cumplimiento a esta
sentencia.

87. Es importante llamar la atención en que:

87.1. Si el profesional del derecho que actúa en esta litis también fungió como
apoderado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, debía informar
a la Ugpp del fallecimiento de su poderdante [30 de enero de 2014] y adelantar el
procedimiento previsto por la misma entidad para que se realizara el pago a los
herederos.

87.2. La Ugpp, en el curso del proceso ejecutivo, también podía acudir a otros
mecanismos para cumplir con la obligación impuesta como el pago por consignación
previsto en los artículos 1656, 1657 y 1658 del Código Civil a órdenes del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

88. Por último, sobre la improcedencia de ordenar el pago del capital hasta abril de
2017, se precisa que si bien en el mandamiento ejecutivo se libró en esos términos,
al dictar la sentencia de primera instancia el a quo estableció el 30 de enero de 2014
[fallecimiento del causante] como extremo final del cálculo del capital, de
conformidad con el auto dictado por esta Sección el 28 de noviembre de 201831 que
se pronunció sobre la posibilidad de modificar las sumas establecidas en el
mandamiento de pago.

31 Subsección A, radicación 23-33-000-2013-00136-01(1509-16).

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

2.5.2. Las costas en la primera instancia

89. La parte ejecutante manifestó que debía condenarse en costas en la primera
instancia porque se desconoció que desde el año 2012 se acudió al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y, desde 2017, al proceso ejecutivo para
cobrar las sumas reconocidas en la sentencia objeto de recaudo.

90. Sobre la condena en costas, el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

91. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

92. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma32.

93. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existen acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron.

94. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer tiene
una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que significa:
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica que aludido
enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas», el cual
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio, sino que exige
un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las

32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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partes, previa imposición de la medida, que limita la discrecionalidad o el arbitrio
judicial para dar paso a una aplicación razonable de la norma33.

95. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy Código General del Proceso] no
implica que deba atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que
procede la condena en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la
liquidación y ejecución seguirá esas disposiciones.

96. De otro lado, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes,
pues deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con
manifiesta carencia de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya
sido vencido en el proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala
fe que implique ser condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía
fundamento legal.

97. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre la base de un juicio subjetivo valorativo para decidir si procede.
Para tal efecto, es necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso; y
ii) en el expediente, identifique si las referidas costas se causaron.

98. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar en costas, la cuantía
de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la posición de los
sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el
trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal34.

99. Con todo, la condena en costas no procede automáticamente por el solo hecho
de que una de las partes resulte vencida en el proceso. El juez debe emitir siempre
un pronunciamiento sobre ellas, pero su imposición requiere un análisis subjetivo
valorativo de la conducta procesal con verificación de si hubo temeridad, mala fe o
manifiesta carencia de fundamento legal.

100. En el caso concreto, el a quo sí realizó el análisis subjetivo valorativo en torno
a la conducta de las partes para determinar si existieron actuaciones con manifiesta
carencia de fundamento legal que justificaran la imposición de costas, razón por la
cual se confirmará la decisión de «no condenar en costas» en la primera instancia.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2016,

radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
34 Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado

por el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013.

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

2.6. Conclusión

101. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala adicionará la sentencia de
primera instancia para ordenar a la parte demandante que aporte copia de la
sentencia ejecutoriada de la sucesión aprobatoria de la partición y adjudicación de
los bienes de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega o la escritura pública que solemnice
y perfeccione la participación o adjudicación de la herencia. En lo demás, se
confirmará porque (i) no se acreditó el pago del capital ni de los intereses ordenados
en el título ejecutivo; y (ii) el a quo realizó el análisis de las costas al tenor del criterio
subjetivo valorativo.

2.7. Costas de la segunda instancia

102. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Adicionar la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para ordenar a Gonzalo Rafael, Álvaro
José y Manuel Antonio Caicedo Martínez que aporten copia de la sentencia
ejecutoriada de la sucesión aprobatoria de la partición y adjudicación de los bienes
de Gonzalo Manuel Caicedo Ortega o la escritura pública que solemnice y
perfeccione la participación o adjudicación de la herencia.

Lo anterior se deberá cumplir en el término de 5 días contados a partir de la
notificación del auto que dicte el mencionado tribunal en cumplimiento del artículo
329 del Código General del Proceso.

En caso de no cumplirse con esta carga procesal, la Ugpp deberá efectuar el pago
en los términos del artículo 381 de la misma norma [pago por consignación] a
instancias del tribunal.

Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 13 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que ordenó seguir adelante
con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: Gonzalo Rafael Caicedo Martínez y otros

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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