RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-008-2017-01941-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01941-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01941-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero. Confirmar la sentencia del 6 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de rigor en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 28 Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024) Demandante: Carlos Alberto Ramírez López JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. BG 29

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-008-2017-01941-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Ejecutivo
Radicación: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López
Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Excepción de pago. Causación de intereses moratorios por
incumplimiento de sentencia judicial

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra
la sentencia del 6 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca por medio del cual no se declararon probadas las excepciones de
pago de la obligación y prescripción y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. Antecedentes

1.1. La demanda ejecutiva2

1. Carlos Alberto Ramírez López solicitó que se librara mandamiento de pago por
las siguientes sumas:

«$2.127.133.00 diferencia de mesadas, causadas desde el status (17-04-2007) a la
inclusión en nómina (30-04-2013), sumas que deberán ser indexadas a la fecha de su
pago.
$25.580.682.00 valor de los intereses de mora (art. 177 del CCA). Causados desde el
día siguiente a la ejecutoria (15-09-2012) a la fecha de pago parcial (25-04-2013),
liquidados sobre un capital de $150.271.293.00.

$5.543.082.00 como indexación de los intereses de mora, causados a partir del día
siguiente del pago parcial del retroactivo de las mesadas pensionales (26-04-2013)

1 En adelante Ugpp.
2Índice 2 Samai Tribunal «2. DEMANDA EJECUTIVA CON SENTENCIA VS UGPP CARLOS
ALBERTO otros cuadernos -045 Contrato 104 de 2020 – SASI-2020-09>(.zip) – CD1 – DEMANDA
Y ANEXOS – 2. DEMANDA EJECUTIVA CON SENTENCIA VS UGPP CARLOS ALBERTO
RAMIREZ LOPEZ (.pdf)».

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

hasta la presentación de la demanda (30-11-2017), indexación que se seguirá
causando hasta la fecha que se realice el pago total de los mismos.

Por las costas que se causen y se prueben en el presente proceso.

Por las agencias en derecho que se causen en el presente proceso conforme a las
normas que la regulan.»

2. En el acápite de hechos narró lo siguiente:

2.1. En sentencia del 28 de junio de 20123 la Sección Segunda, Subsección B de
esta Corporación, revocó el fallo del 4 de octubre de 2011, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Revócase la sentencia del 4 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las suplicas de la demanda incoada por
Carlos Alberto Ramírez López contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
En su lugar, se dispone:

1. Declárase la nulidad del acto ficto negativo originado en la falta de repuesta a las
peticiones elevadas el 15 de febrero, el 16 de abril y el 9 de julio de 2008, mediante las
cuales el actor solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE a la Caja Nacional de previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. En Liquidación
reconocer y pagar al señor Carlos Alberto Ramírez López, una pensión mensual
vitalicia denominada “pensión gracia”, a partir del 7 de abril de 2007, en cuantía que se
determinará en la forma señalada en la parte motiva de esta providencia, con los
reajustes anuales de ley.

3. Las sumas a que se condena a la entidad demandada por medio de esta providencia
se actualizarán, aplicando para ello la fórmula indicada en la parte motiva.».

2.2. La aludida providencia quedó ejecutoriada el 14 de septiembre de 2012.

2.3. El 8 de octubre de 2012, el demandante solicitó el cumplimiento de la sentencia.

2.4. La Ugpp expidió los siguientes actos administrativos4:

Acto administrativo Decisión
«ARTICULO PRIMERO: Negar el reconocimiento y pago de una pensión
Resolución AMB 35814 del 30
GRACIA al señor RAMIREZ LOPES CARLOS ALBERTO ya identificado.»
de julio de 2008
[sic]
«ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA SUBSECCION B, el 28 de junio de 2012, en
Resolución RDP 017369 del consecuencia, reconocer y ordenar el pago a favor del (a) señor (a)
29 de agosto de 2012 RAMIREZ LOPEZ CARLOS ALBERTO, ya identificado (a), de una pensión
mensual vitalicia de jubilación gracia, en cuantía de $1.671.623, efectiva a
partir del 17 de abril de 2007, sin acreditar el retiro por ser del ramo docente.

3 Proceso identificado con el radicado 76001233100020090065701, índice 2 Samai Tribunales «3.

CE SENTENCIA CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ F7600123310002009006570. (pdf)»
4 Índice 2 Samai Tribunal «5. RESOLUCION UGPP CARLOS ALBERTO

(.pdf)».

2

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
pagará al interesado (a) la suma a que se refiere el artículo anterior, con los
reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley,
con observancia al turno respectivo.

ARTICULO TERCERO: Esta petición estará Pensión a cargo del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional, por un valor de $1.671.623.

…

ARTICULO SEXTO: El área de nómina realizará las operaciones conforme
lo señala en el fallo y en el presente acto administrativo, respecto a los
artículos 177 del CCA, precisando que este pago estará a cargo de
PROCESO LIQUIDATORIO DE CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y 178
del CCA, pago que estará a cargo del Fondo d Pensiones Públicas del Nivel
Nacional…» [sic]

«ARTICULO PRIMERO: Modificar la parte motiva pertinente y el artículo
sexto de la Resolución No. RDP 17369 del 29 de diciembre de 2012, el
cual quedará así:

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento al fallo proferido por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
Resolución RDP 024999 del
SEFUNDA SUBSECCION B el 28 de junio de 2012, los intereses
18 de junio de 2018
moratorios en los términos del artículo 177 del CCA estar a cargo de la
UNIDAD DE GESTION DE PENSIONES Y PARAFISCALES UGPP y el
pago del artículo 178 del CCA según sea el caso estar a cargo del Fondo
de pensiones Públicas del Nivel Nacional a favor del señor RAMIREZ
LOPES CARLOS ALBERTO…» [sic]

2.5. La Ugpp no dio estricto cumplimiento a la sentencia toda vez que desconoció el
pago de la indexación de la condena, así como el pago de los intereses moratorios.

2.6. En abril de 2013 la Ugpp realizó la liquidación «[p]ensionados – Cálculo de Fallos
de las condenas». En relación con la sentencia objeto de ejecución, tomó como base
de liquidación la mesada inicial de la pensión gracia correspondiente a $1.671.623,
lo que arrojó los siguientes valores a pagar a favor de Carlos Alberto Ramírez López:

2.7. En consideración de la parte ejecutante, esta liquidación tuvo las siguientes
falencias: i) el pago de las mesadas fue tasado en $148.144.160,56, siendo lo
correcto $150.271.293,00, lo que arrojó una diferencia de $2.127.132,28 en el valor
de las mesadas reconocidas, ii) el valor de la indexación fue pagado con el
retroactivo y iii) no fueron sufragados los intereses de mora, por lo que la entidad
ejecutada adeuda los siguientes valores:

3

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

2.8. El 8 de mayo de 2013, la Ugpp pagó al ejecutante a través de cuenta bancaria las
siguientes sumas de dinero por concepto «cumplimiento fallo judicial»:

1.2 Auto que libró mandamiento de pago

3. Mediante providencia del 17 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca admitió la demanda ejecutiva promovida por Carlos Alberto Ramírez
López contra la Ugpp. Y, en consecuencia, libró mandamiento de pago a favor del
ejecutante, por los siguientes conceptos:

i) Por la suma de $2.127.133 con ocasión de diferencia de las mesadas
reconocidas en la sentencia y la fecha de la inclusión en nómina.
ii) Por la suma de $25.580.682 por concepto de los intereses moratorios de
que trata el artículo 177 del CCA.
iii) Por las costas que se causaran dentro del presente trámite.

4. Al respecto, señaló:

4.1. La providencia proferida por el Consejo de Estado es un título ejecutivo pues,
contiene una obligación clara, expresa y exigible, toda vez que establece una
condena contra la parte que resultó vencida en el proceso ordinario que dio origen
a la acción ejecutiva, cumpliendo así con las exigencias de los artículos 306 y 422
de la Ley 1564 de 2012.

4.2. No había lugar a liquidar intereses moratorios, por cuanto dicho valor no fue
objeto de reconocimiento en la sentencia objeto del título ejecutivo.

1.3 Recurso interpuesto contra el mandamiento de pago

5. La Ugpp interpuso recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de
pago, y sobre el particular, señaló lo siguiente:

4

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

5.1. La aplicación del artículo 1653 del código civil es improcedente en procesos con
pretensiones de seguridad social, especialmente cuando con el acto administrativo
expedido por la entidad se está cumpliendo una orden judicial, puesto que dicha
disposición solo le es aplicable a los procesos civiles o comerciales.

5.2. El requisito que debe atenderse es la literalidad del título ejecutivo, debiendo ser
claro respecto de la obligación por lo que la sentencia que sirve de base para
ejecutar no señala suma líquida de dinero, haciendo inviable que se efectúe el cobro
de la obligación.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto del 17 de agosto de 2018,
dispuso no reponer la providencia del 17 de abril de 2018, mediante la cual se
ordenó librar el mandamiento de pago en favor de Carlos Alberto Ramírez López y
en contra de la Ugpp.

1.4 Sentencia apelada

7. En providencia del 6 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca resolvió5:

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de pago de la obligación y
prescripción conforme a las razones expuestas en este proveído-

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución...».

8. Como fundamento de su decisión, anotó lo siguiente:

8.1. El valor liquidado por la Ugpp por concepto de retroactivo pensional para el
periodo comprendido entre el 17 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2013 ascendió
a la suma de $148.144.160,56, la indexación reconocida sobre dicho valor fue de
$11.795.604,38, la mesada correspondiente para el mes de abril de 2013 fue de
$2.127.132,28. Por lo que, al comparar la suma efectivamente pagada con la
adeudada, el resultado arrojó un valor de cero pesos (-$0) Es decir la entidad
ejecutada había satisfecho íntegramente las obligaciones derivadas del retroactivo
pensional y de la indexación de las mesadas pensionales, razón por la cual no
subsistía deuda alguna por ese concepto. Lo anterior, teniendo en cuenta las sumas
que se exponen a continuación:

5 Samai Tribunales, índice 78, actuación «Sentencia de primera instancia»

5

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

8.2. El artículo 177 del CCA previó la obligación de reconocer intereses moratorios
ante el incumplimiento tardío de las condenas judiciales por parte de las entidades
públicas. Para el caso bajo estudio, quedó acreditado que el capital adeudado al
momento de la ejecutoria de la sentencia ascendía a $127.988.098,49. Sobre dicha
suma debían liquidarse los intereses moratorios causados entre el 15 de septiembre
de 2012 y el 25 de abril de 2013, lo cual arrojó un valor de $22.463.817,44;
circunstancia que demuestra que la obligación no había sido satisfecha en su
totalidad por la entidad ejecutada.

8.3. La indexación sobre los intereses moratorios constituye un mecanismo
destinado a preservar el valor adquisitivo de las sumas reconocidas judicialmente,
con el propósito de prevenir que la depreciación monetaria afecte el patrimonio del
acreedor. Por lo que, al aplicar la fórmula de actualización con base en el IPC
certificado por el DANE, arrojó un saldo insoluto por concepto de intereses
moratorios indexados equivalente a $13.592.471,61, monto que debía continuar
actualizándose hasta la fecha de pago efectivo.

9. Por último, declaró no probada la excepción de prescripción propuesta por la
Ugpp, por considerar que de conformidad con lo expuesto en el artículo 442 del
CGP, las excepciones procedentes en un proceso ejecutivo derivado de una
sentencia deben fundarse en hechos posteriores a la conformación del título
ejecutivo y que, dicha excepción no se dirigía contra hechos posteriores al título,
sino contra la existencia misma del derecho reconocido judicialmente, lo que resulta
improcedente en sede ejecutiva.

1.5 El recurso de apelación

10. La Ugpp presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2024, solicitó que se revocara la decisión apelada y que se
declararan probadas las excepciones propuestas. Lo anterior, lo sustentó en los
siguientes términos6:

10.1. Existe una incompatibilidad entre la indexación « actualización por inflación» y los
intereses moratorios, por la naturaleza resarcitoria de ambos conceptos. Este
argumento fue expuesto por el Consejo de Estado, en el sentido de indicar que los
intereses moratorios cumplen una función sancionatoria que incluye el componente
inflacionario. Por tanto, reconocer adicionalmente la indexación sobre dichos
intereses constituiría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual está
prohibido en el ordenamiento jurídico.

10.2. La finalidad de que se ajusten los valores ordenados en una sentencia es
restablecer el valor real del dinero frente a la pérdida del poder adquisitivo. Si ya se
han reconocido intereses moratorios, los cuales son superiores a la inflación, el

6 Índice 81 Samai Tribunales, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE»

6

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

objetivo de «restablecer el valor real» ya ha sido satisfecho, por lo que, aplicar ambos
conceptos significaría un enriquecimiento sin causa para el demandante y un
perjuicio patrimonial injustificado para el Estado.

10.3. El artículo 1653 del Código Civil regula la imputación de pagos entre deudor y
acreedor, el cual fue diseñado para relaciones contractuales de carácter civil o
comercial, por lo que, las normas que rigen el derecho civil privado no le son
aplicables al régimen especial de seguridad social.

1.6 Auto que concedió el recurso de apelación

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 24 de
octubre de 2024, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada
contra la decisión contenida en la sentencia del 6 de septiembre de 20247.

1.7 Trámite de segunda instancia

12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

2. Consideraciones

2.1 Competencia

13. De conformidad con el artículo 442 del Código General del Proceso 8, en el
proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.

14. En el caso concreto, el 6 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró no probadas las excepciones de pago de la obligación y
prescripción y ordenó seguir adelante con la ejecución, es decir, profirió una
sentencia.

15. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la entidad
ejecutada, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales
«[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos».

7 Índice 87 Samai Tribunales, actuación «Auto que concede apelación de sentencia»
8 En adelante CGP.

7

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

16. Entonces, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp, se
atenderán los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, según los cuales
«[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión» y «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley». [se resalta]

2.2 Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en error al declarar no probadas las excepciones propuestas por la
entidad ejecutada y, en consecuencia, establecer si existen razones para revocar o
confirmar la sentencia objeto de apelación?

18. Con miras a resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo y jurisprudencial
sobre el mandamiento de pago; y segundo, se analizará el caso concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 El proceso ejecutivo

19. El mandamiento de pago es la primera decisión en el proceso ejecutivo y «en
cierta forma equivale al auto admisorio de la demanda que se dicta en un proceso ordinario,
pero con notables diferencias»9. Esta Subsección la ha definido como «una orden
judicial provisional de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las
condiciones de un título ejecutivo»10.

20. Conforme con el artículo 430 del CGP, radicada la demanda y acompañada del
documento que preste mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa
y exigible, el juez podrá inadmitir la demanda o librar el mandamiento de pago.

21. Cuando la demanda ejecutiva no contenga los requisitos previstos en los
artículos 162 [contenido de la demanda11], 166 [anexos de la demanda] del CPACA

9 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
Edición 6, 2021, pág. 510.
10 Auto del 8 de agosto de 2017, radicación 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-17).
11 Según este canon, la demanda deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la designación

de las partes y sus representantes; (ii) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad; (iii)
los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados; (iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones; (v) la petición de las
pruebas que el demandante pretende hacer, pero deberá aportar las documentales que se
encuentren en su poder; y (vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

y 9012 del CGP, el juez deberá inadmitirla, pero únicamente por estas razones y no,
por ejemplo, cuando faltan los documentos necesarios para integrar el título
ejecutivo. En caso contrario, si la demanda cumple con los requisitos antes
mencionados, se procederá a librar el mandamiento de pago. El artículo 298 del
CPACA, modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, estableció lo
siguiente:

«Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos en el
artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta
jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará
mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso
para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo
arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se
librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la
firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas
condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo.
En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso
para la ejecución de providencias judiciales.
[...]» [se resalta].

22. A su turno, el artículo 430 del CGP estableció 2 opciones para librar el
mandamiento ejecutivo: i) cuando fuere procedente, en la forma pedida por la parte
ejecutante; y ii) en la que el juez considere legal. Respecto de esta última, esta
Sección ha señalado que el juez «debe sustentar su decisión en argumentos razonables
para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas»13. Adicionalmente,
en esta providencia se ordenará «al demandado que cumpla la obligación» y los
requisitos formales del título, «sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento ejecutivo».

23. Además, si el proceso versa sobre el pago de sumas de dinero, el juez ordenará
el pago con los intereses desde la ejecutoria de la sentencia hasta la «cancelación»
de la deuda. En caso de prestaciones periódicas, «la orden de pago comprenderá,
además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen», según el artículo 431
ibidem.

24. Ahora bien, de conformidad con el artículo 438 del CGP, «[e]l mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de
reposición lo revoque, lo será en el suspensivo». Idéntica disposición se plasmó en el
artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, pues
en el numeral 1 dispuso que será apelable el auto «que rechace la demanda o su
reforma, y que el niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo», caso en el cual,

12 Conforme con el cual, la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, no se

acompañen los anexos ordenados por la ley, las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos
legales, quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso, entre otros.
13 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 17001-23-

33-000-2018-00112-01 (6127-19).

9

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

el recurso deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término
previsto para recurrir [parágrafo 2] y se concederá en el efecto suspensivo. De
conformidad con el literal g) del artículo 125 ibidem14, el conocimiento del recurso
de apelación será competencia de la Sala o Subsección.

25. Lo anterior significa que, cuando el juez libra dicha providencia en la forma pedida
por el ejecutante, la decisión no será apelable, mientras que si de los cálculos
concluye que la obligación es menor o que no se deben incluir aspectos que no
fueron ordenados en el título de recaudo, pero sí fueron solicitados o, simplemente,
que no hay lugar a librarlo [por citar un ejemplo], lo negará total o parcialmente,
según el caso y procederá el recurso de apelación.

26. En línea con lo anterior, si el mandamiento de pago se niega total o parcialmente,
la competencia radica en la Sala, Sección o Subsección al tenor del literal g) del
numeral segundo del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley
2080 de 2021, de cuyo tenor literal se extrae que será competencia de las salas,
secciones y subsecciones expedir los autos enunciados «en los numerales 1 a 3 y 6 del
artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación
contra estas».

27. Por el contrario, si el mandamiento ejecutivo se libra en la forma pedida, se
deberá acudir a la regla prevista en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, esto
es que «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve
el recurso de queja».

28. Es del caso precisar que, si bien es cierto que el artículo 298 ibidem estableció
que vencidos los términos previstos en el artículo 192 del código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta, «el juez o magistrado competente» adoptará la
decisión inicial, también lo es que se refiere al escenario en que se debe librar el
mandamiento ejecutivo, pero no es un referente normativo para determinar la
competencia de la Sala o el ponente, en razón a que no enunció expresamente las
3 alternativas que pueden ocurrir en esta etapa procesal: librarlo, no librarlo o librarlo
parcialmente.

29. En efecto, la norma citada i) se refirió al magistrado competente, no al magistrado
ponente; y ii) incluye el adjetivo competente para referirse al conocimiento por factor
de conexidad y las reglas que deben seguirse para iniciar el proceso ejecutivo.

30. Ciertamente, la lectura armónica de cada una de las expresiones del artículo 298
citado, conllevan a concluir que en este no se determinó la competencia para proferir
el mandamiento ejecutivo, sino las reglas que debe seguir el magistrado competente

14 «Artículo 125. De la expedición de providencias. [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones
dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3
del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra
estas». [se resalta]

10

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

por el factor de conexidad. En ese orden de ideas, comoquiera que en el CPACA
se fijó una regla explícita para aquellos autos que lo nieguen total o parcialmente,
es esta la que debe atenderse.

31. Ahora bien, cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los
10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad
únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y
«su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con
posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título15»16. Estas son:

«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las
siguientes reglas:

[...]

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo
podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores
a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.» [se resalta]

32. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló lo que a continuación se
transcribe17:

«Con respaldo en lo señalado, puede afirmarse que el legislador ha querido que cuando
el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya condenado a alguna de
las partes o en la que fue provocada la terminación del litigio por conciliación o
transacción, las excepciones están limitadas a la lista taxativa que fue referida en el
párrafo precedente, con el propósito de evitar dilaciones injustificadas en la
materialización del derecho sustancial reconocido.»

33. Estas excepciones tienen como único objeto desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda y, de conformidad con el artículo 442 transcrito, solo
podrán ser alegadas cuando se trate de hechos posteriores al título de recaudo,
pero antes de que se profiera el mandamiento ejecutivo, pues con posterioridad a
este, en caso de expedirse un acto administrativo que lo acate, se comprenderá que
se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel, en razón a que el artículo
431 del CPACA prevé que, cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su
pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta
la cancelación de la deuda».

15 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
16 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

6ª Ed., 2021, pág. 782.
17 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-

00806-01.

11

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

34. Por ello, al momento de «contestar la demanda», la entidad ejecutada podrá optar
por lo siguiente: i) guardar silencio; ii) contestar la demanda y no proponer
excepciones; iii) proponer excepciones de aquellas previstas en el artículo 442 y
otras que no lo estén; iv) proponer exclusivamente las excepciones de ese mismo
artículo. La etapa subsiguiente, dependerá de la actuación de la ejecutada.

35. En primer lugar, si la entidad decide guardar silencio o no proponer excepciones
oportunamente, el juez ordenará «por auto que no admite recurso», el remate y el
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si
fuere el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado; así lo prevé el artículo 440 del CGP.

36. En segundo lugar, si la entidad propone las excepciones previstas en el artículo
442, pero también otras que no lo están, procederá lo siguiente: i) se rechazarán de
plano las excepciones improcedentes18 mediante auto [de ponente] que será
apelable, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP19; ii) se correrá
traslado de las excepciones que sí estén contenidas en el artículo 442 para que el
ejecutante «se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer
valer»; y iii) se proferirá la sentencia.

37. Y,en tercer lugar, si la ejecutada propone exclusivamente una o varias
excepciones señaladas por el artículo 442 citado, se procederá de la misma manera
que el punto iii) del párrafo anterior, es decir, se dictará la sentencia.

38. Si la sentencia de excepciones es totalmente favorable al demandado se dará
por terminado el proceso, se ordenará el desembargo de los bienes «y se condenará
al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las
medidas cautelares y del proceso»; por el otro, si las excepciones «no prosperan o
prosperan parcialmente», «en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en
la forma que corresponda». Esta, la sentencia, hace tránsito a cosa juzgada.

39. Esta, la orden de seguir adelante con la ejecución se puede impartir mediante
auto o sentencia. En el primer caso, procederá cuando no se propongan las
excepciones indicadas por el artículo 442 del CGP y contra la decisión no
procederá recurso alguno, mientras que la sentencia que resuelva las que sí son
procedentes, expedida por la sala, sección o subsección, será susceptible del
recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.

18 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

6ª Ed., 2021, pág. 782.
19 «Artículo 321. [...] También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

[...] 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.» [se resalta]

12

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

40. Ciertamente, lo anterior fue previsto también por el CGP al regular la liquidación
del crédito cuando estableció que «[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante
la ejecución o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que
no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la
liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la
fecha de su presentación [...]», e, igualmente, por el parágrafo del artículo 298 del
CPACA, según el cual «[l]os defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por
el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso».

41. En este punto, es preciso señalar que, cuando se trate de recursos de apelación
presentados contra sentencias en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el trámite de la
segunda instancia deberá ser adelantado conforme con los mandatos del CPACA,
pues así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de
unificación proferido el 12 de septiembre de 202320, en el cual se fijó la siguiente
regla:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen aplicable para la
procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021
contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del
CPACA. Esta regla no se hace extensiva a la ejecución en materia de contratos de que trata el
artículo 299 ibidem.»

2.3.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

42. De acuerdo con lo señalado en el acápite anterior, del ejercicio probatorio que
realice la entidad para sustentar las excepciones y, por consiguiente, desvirtuar las
pretensiones, dependerá si se declaran probadas o no aquellas previstas en el
artículo 442 del CGP. Es recurrente que el Estado, cuando actúa como deudor en
procesos de esta naturaleza, acuda a la excepción de pago, en razón a la obligación
contenida en el título [entregar sumas de dinero].

43. En efecto, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;

[...]»

20 Radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.

13

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

44. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

45. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.

46. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:

«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación efectiva de lo que se
debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se hará bajo todos los respectos en
conformidad al tenor de la obligación...”.

En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo del deudor es dineraria,
lo debido será dinero. De modo que solo entregando la cantidad de signos monetarios que, con
referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor
quedará liberado de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in obligatione”». [se
resalta]

47. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de
extinguir las obligaciones, así21:

«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar, solucionar, cumplir,
cancelar, satisfacer una obligación, para significar la ejecución de la prestación por parte del
deudor y, más ampliamente, la satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar,
aplacar) o solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase de la
obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las obligaciones de entregar y,
dentro de ellas, más concretamente, a las pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente,
una obligación de dinero.»

48. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil22.

49. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente23:

21 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia,

2002, pág. 571.
22 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,

salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
23 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

14

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue pendiente del pago
total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con
lo ordenado en los fallos judiciales, no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró
haber realizado el pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a quo.»

50. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del
CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

51. Asimismo, la doctrina24 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

52. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de
201625, consideró lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es enfática al limitar las
excepciones que se pueden proponer, entre las que se encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se libre mandamiento
ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es la proposición de excepciones de
mérito. En este caso, la excepción de pago, para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar
los documentos o actos administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las
pruebas que pretenda hacer valer para demostrarlo.

[...]

Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una condena impuesta en
una sentencia proferida por un juez de lo contencioso administrativo, deberá, una vez librado el
mandamiento ejecutivo, alegar las excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del
C.P.C., o el artículo 442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.

En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo arrimar copia
auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o totalmente la condena contenida
en la sentencia, porque la carga de la prueba de quien alega el pago, es quien se pretende
beneficiar con la declaratoria del mismo.» [se resalta]

53. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir
adelante con la ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación 26:

24 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
25 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
26 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).

15

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por
completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación
insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver,
es únicamente la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que
las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante
con la ejecución, estarán entonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor del
acreedor y una vez ese hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso
ejecutivo.»

54. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional27 cuando
indicó que, en ese momento procesal «i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional,
si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo
trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].

55. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó
que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya
sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»28.

56. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el
mandamiento ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después
de este momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el
mandamiento] y, por consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida
en cuenta al momento de liquidar el crédito.

57. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir
adelante con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación
del crédito con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la
otra parte, quien «solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo
trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición que,

27 Sentencia C-814 de 2009.
28 Óp. Cit. 14.

16

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido
de descontar los abonos que hubiera efectuado.

58. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de
actualizarla en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la
liquidación que esté en firme».

59. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda;
ii) cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá
tomar como un abono; y iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan
efectuar los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

2.4 Hechos probados

60. En el expediente está demostrado lo siguiente:

60.1. El 28 de junio de 2012 la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación,
revocó la sentencia del 4 de octubre de 2011 dictada por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y, en su lugar, dispuso:

«1°. Declárase la nulidad del acto ficto negativo originado en la falta de respuesta a las
peticiones elevadas el 15 de febrero, el 16 de abril y el 9 de julio de 2008, mediante las
cuales el actor le solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la Pensión Gracia.

2°. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. En Liquidación
reconocer y pagar al señor Carlos Alberto Ramírez López, una pensión mensual
vitalicia denominada “pensión gracia”, a partir del 7 de abril de 2007, en cuantía que se
determinará en la forma señalada en la parte motiva de esta providencia, con los
reajustes anuales de ley.

3°. Las sumas a que se condena a la entidad demandada por medio de esta providencia
se actualizarán, aplicando para ello la fórmula indicada en la parte motiva.

4°. Dese cumplimiento al fallo en los términos y condiciones establecidos en los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

5º. Niégase la condena en costas solicitada por el demandante, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta sentencia.»

60.2. El
8 de octubre de 2012, el ejecutante presentó solicitud de pago de la
sentencia.

17

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

60.3. La Ugpp dio cumplimiento a la sentencia mediante Resolución RDP 017369 del
29 de agosto de 2012, así:

«ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
SUBSECCION B el 28 de junio de 2012 y en consecuencia, reconocer y ordenar el
pago a favor del (a) señor (a) RAMIREZ LOPEZ CARLOS ALBERTO, ya identificado
(a), de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, en cuantía de $1.671.623
(UN MIILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
PESOS M/CTE), efectiva a partir del 17 de abril de 2007, sin acreditar retiro por ser del
ramo docente.

ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional pagará al
interesado (a) la suma a que se refiere el artículo anterior, con los reajustes
correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con observancia del
turno respectivo.

ARTICULO TERCERO: Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD DIAS VALOR
CUOTA
FONDO DE PENSIONES 7.303 1.671.623
PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL

…»

60.4. La Ugpp realizó los siguientes cálculos a favor del ejecutante:

18

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

60.5. El ejecutante recibió un pago por valor de $144.008.495,26 por concepto de
reliquidación pensión gracia, a cargo de Fopep.

19

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

60.6. El 24 de octubre de 2022 la Ugpp pagó a Carlos Alberto Ramírez López, por
concepto de intereses, un valor de $21.370.568,53.

2.5 Análisis de la Sala

20

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

61. La Ugpp interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 6 de septiembre
de 2024 y solicitó que se declarara cumplida la obligación a su cargo. Al efecto,
sostuvo que no adeuda diferencias pensionales, y que los intereses moratorios no
pueden actualizarse ni indexarse, porque ello generaría anatocismo [ «interés sobre
interés»] y una doble compensación por inflación. Rechazó la aplicación de la
imputación de pagos del artículo 1653 del CC, por considerar que no procedía en
obligaciones pensionales ni de seguridad social.

62. Del material probatorio no se evidencia que la Ugpp hubiera pagado la totalidad
de las sumas reclamadas, pues si bien el 25 de abril de 2013 pagó al ejecutante la
suma de $144.008.495,26 por concepto de reconocimiento pensional e indexación
de las mesadas pensionales, y el 26 de octubre de 2022 pagó la suma de
$21.370.568,53 por concepto de intereses moratorios previstos en el artículo 177
del CCA, tales pagos no permiten concluir, por sí solos, que la obligación ejecutada
fue satisfecha en su totalidad. Toda vez que, para que opere el pago como modo
de extinguir las obligaciones, este debe ser íntegro, efectivo y corresponder
plenamente a la prestación debida, en los términos del artículo 1626 del Código
Civil, al no acreditarse el pago total de las sumas reclamadas y ante la manifestación
del ejecutante de no haber recibido pago completo, no resulta procedente declarar
satisfecha la obligación.

63. Los intereses son aquellos «que se pagan para el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en
la oportunidad debida29»30. En otros términos, tienen una naturaleza sancionatoria y
representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en el cumplimiento de la
obligación. Así lo comprendió esta Subsección al señalar que son sumas de dinero
«que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora»31 y «cesan
solo en el momento de cancelar la obligación contraída»32.

64. Además, conllevan la actualización «indirecta de los montos adeudados»33, de ahí
que sean incompatibles con la indexación. Sobre este punto, la Corte
Constitucional34 ha señalado que «[t]anto la indexación (o corrección monetaria) como
los intereses constituyen formas de resarcir la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido
la moneda debido al transcurso del tiempo. La tasa de interés incluye el componente
inflacionario». A su vez:

29 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos
Aires, 1983, pág. 225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
30 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
31 Subsección B, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-19.
32 Ibidem.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-063 de 2023.
34 Ibidem.

21

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

«La indexación consiste en actualizar las [sumas] que no fueron reconocidas
oportunamente por la entidad obligada a ello, y de esta manera remediar la
depreciación. Los intereses moratorios tienen por objeto resarcir los perjuicios
ocasionados por el pago tardío de la prestación. Ambos conceptos resultan
incompatibles, ya que los intereses involucran un ingrediente revaluatorio».

65. También es del caso precisar que si la norma prevé que desde la ejecutoria hasta
la fecha del pago se generan los intereses moratorios y entre este y aquella se
generan sumas periódicas en favor del acreedor, debe comprenderse que el
incumplimiento de la obligación se extendió hasta que se desembolsaron las sumas
adeudadas por concepto de capital, razón por la cual sobre aquellas prestaciones
periódicas causadas después de la ejecutoria también deben calcularse, máxime si
el artículo 431 del CGP prevé que, cuando se trate de prestaciones periódicas, «la
orden de pago comprenderá además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se
causen y dispondrá que estas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al
respectivo vencimiento».

66. Es así porque –por ejemplo– en la sentencia dictada el 30 de abril de 202035, esta
Sección precisó que «debe prevalecer el derecho [del pensionado] a recibir una mesada
pensional que no resulte menguada por la depreciación del valor de la moneda» y,
además, que el tiempo que se toma la entidad para expedir el acto de
reconocimiento implica un menoscabo en su ingreso que le corresponde asumir a
la entidad administradora de pensiones. Además, se anotó:

«Así pues, iría en contravía de los postulados constitucionales (Artículos 48 y 53 de la
Constitución), que se le atribuya a la accionante la carga de asumir la merma en su
mesada pensional derivada del tiempo que se tardó el ente accionado en reconocer su
derecho legítimo e irrenunciable a no padecer las fluctuaciones que conlleva la
devaluación.

Dicho de otra forma, la entidad demandada debía garantizarle a la pensionada que no
sufriera los efectos negativos de la pérdida de valor adquisitivo de su mesada
pensional, en tanto ello, además de no tener justificación, afecta su derecho a recibir
integralmente el ingreso.»

67. En ese hilo argumentativo, como el pensionado debe recibir todas las mesadas
actualizadas que, por demás, no fueron pagadas oportunamente, lo que
corresponde, entonces, es tomar el capital acumulado a la ejecutoria y, mes a mes,
incrementarlo con las mesadas causadas, es decir, los intereses deberán
establecerse sobre un capital variable.

68. Como se reseñó, en la sentencia objeto de recaudo se ordenó expresamente que
la entidad demandada debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 del
CCA, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 176. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia
dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la

35 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, radicación 25000-23-42-000-

2014-01302-01(2319-17).

22

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su
cumplimiento.

Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas.

[...] Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después
de este término.

Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.» 36

69. Así, en vigencia de esa norma la parte interesada tenía 6 meses para comparecer
ante la entidad y solicitar el cumplimiento de la sentencia, vencidos los cuales
cesaría la causación de los intereses. Ello debe comprenderse en línea con el
Decreto 768 de 1993 «[p]or el cual se reglamentan los artículos 2°, literal f), del Decreto
2112 de 1992, los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo
16 de la Ley 38 de 1989», en el cual se dispuso lo que se transcribe a continuación:

«Artículo 3° Solicitud de pago. Quien fuere beneficiario de una obligación dineraria
establecida en una sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su apoderado
especialmente constituido para el efecto, elevará la respectiva solicitud de pago ante la
Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito
presentado personalmente ante dicha Subsecretaría o con escrito dirigido a la misma,
donde conste la presentación personal ante juez o notario, en la cual deberá afirmar
bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra solicitud de pago
por el mismo concepto. Para tales efectos allegará a su solicitud:

a) Copia auténtica de la respectiva sentencia con la constancia de notificación y
fecha de ejecutoria[37].

[...].» [se resalta]

70. Sobre el trámite de cumplimiento es necesario precisar que la ejecutoria de la
sentencia que constituye título ejecutivo ocurrió el 14 de septiembre de 2012, de
manera que los 6 meses previstos en la norma citada vencieron el 15 de marzo de
2013. Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, el 8 de octubre
de 2012, el ahora ejecutante radicó solicitud de cumplimiento de sentencia,
anexando los documentos requeridos, por lo que, la Sala encuentra que dicha
petición fue interpuesta dentro del término legal. Posteriormente, por haberse
allegado la totalidad de los documentos la Ugpp expidió la Resolución RDP 017369
del 29 de noviembre de 2012, por medio de la cual dio cumplimiento a la sentencia.

36 Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C-188 de 1999, con fundamento en que «a menos que en la sentencia que impone la
condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses
comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia,
sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para
que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria».
37 Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 818 de 1994.

23

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

71. Bajo ese entendido, se tiene que los intereses moratorios se causaron desde el
15 de septiembre de 2012 «día siguiente a la ejecutoria de la sentencia» hasta el
24 de abril de 2013 día anterior al pago manifestado por la Ugpp y aceptado por el
ejecutante, así:

Tabla liquidación intereses

Tasa de
Fecha Fecha Nº de Tasa de
Año interés de Base de liquidación Subtotal
inicial final días Interés
mora diario
30-sep-
16 31,29%
2012 15-sep-12 12 0,0746% $127.988.098,49 $ 1.527.946,36
1-oct-12 31-oct-12 31 31,34% 0,0747% $128.962.653,43 $ 2.987.111,39
30-nov-
30 31,34%
1-nov-12 12 0,0747% $130.789.943,95 $ 2.931.712,46
1-dic-12 31-dic-12 31 31,34% 0,0747% $134.693.700,97 $ 3.119.857,40
31-ene-
31
2013 1-ene-13 13 31,13% 0,0743% $136.520.991,49 $ 3.143.614,37
1-feb-13 28-feb-13 28 31,13% 0,0743% $138.392.867,90 $ 2.878.325,32
31-mar-
31
1-mar-13 13 31,13% 0,0743% $140.264.744,31 $ 3.229.820,27
1-abr-13 24-abr-13 24 31,25% 0,0745% $142.136.620,72 $ 2.542.431,20
Total Intereses $ 22.360.818,79

72. En ese orden de ideas, resulta improcedente atribuir efectos extintivos a los
pagos realizados con posterioridad a la expedición del mandamiento ejecutivo como
fundamento de la excepción propuesta por la Ugpp, toda vez que dichos abonos
constituyen actuaciones propias del cumplimiento de la obligación exigida dentro
del proceso. En consecuencia, su incidencia debe ser valorada al momento de
efectuar la liquidación del crédito, mediante la imputación de pagos acreditados
durante el trámite de la ejecución, garantizando así la correspondencia entre el
saldo realmente adeudado y la obligación ejecutada, sin que ello implique modificar
el alcance del título ejecutivo ni desconocer las actuaciones procesales surtidas.

73. En el sub examine, se advierte que la parte ejecutada pretendió extinguir la
obligación del pago de intereses moratorios, con un abono de $21.370.568,53. No
obstante, al confrontar dicha cifra con la liquidación oficial del crédito realizado por
esta Corporación [a modo ilustrativo], se evidencia que el monto total adeudado
ascendería a la suma de $22.360.818,79. Así las cosas, se configuraría un
remanente insoluto de $990.250,26, a favor del ejecutante, razón por la cual, este
Despacho encuentra plenamente acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos
para no declarar probada la excepción de pago propuesta por la Ugpp, toda vez que
el pago insatisfactorio no extingue el derecho reclamado.

74. Ahora bien, la indexación es entendida como un método por el cual «se vincula el
cambio de una variable a la evolución de algún índice» y permite traer una suma a valor
presente o actualizarla a una fecha específica; así lo ha comprendido esta
corporación:

24

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

«3.7. No se le puede imponer a los demandantes la carga de que reciban un valor
depreciado, pues la indexación, según se vio, es una mera compensación de la
devaluación de la moneda, que persigue que el dinero posea el mismo valor adquisitivo
que tenía al momento en que se profirió el acto que lesionó a los demandantes.»

75. Igualmente, ha señalado que, con la indexación, se busca que el restablecimiento
«represente el valor real al momento de la condena que es el equivalente al perjuicio
recibido».

76. Así, los intereses moratorios y la indexación, tienen como objeto evitar que el
acreedor soporte la omisión de la entidad de dar cumplimiento a la condena y pagar
oportunamente las sumas adeudadas. No obstante, la diferencia radica en que, la
primera, tiene un fin netamente compensatorio por la devaluación de la moneda,
mientras que la segunda busca indemnizar o resarcir el retardo.

77. De otro lado, esta corporación ha considerado pacíficamente que no se puede
ordenar «el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la
indexación»38, comoquiera que se estaría condenando a la entidad a un doble pago.
Por ejemplo, en la sentencia proferida el 21 de septiembre de 202339, esta Sección
expuso:

«79. Ahora bien, es de anotar que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación
ha manifestado que “en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses
moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles”40,
por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la
indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.»

78. No obstante, en este caso no se configura la incompatibilidad aludida, pues si el
capital fue pagado en su totalidad el 8 de mayo de 2013, en esta fecha cesaron los
intereses moratorios, es decir, se trata de un valor insoluto que, como supra se
indicó, no genera la causación de otros [anatocismo], de manera que, al no existir
incompatibilidad de ninguna clase, deben actualizarse. Es así porque la figura de la
indexación «no tiene por finalidad incrementar o aumentar el valor nominal de las sumas
económicas, sino actualizarlo, es decir, traerlo a valor presente» y, si se trata de hacer la
imputación a un pago en una fecha determinada, deberá atenderse el valor real [no
devaluado] de la deuda.

79. Lo anterior encuentra respaldo en la sentencia proferida por esta Subsección el
30 de mayo de 202441, así como en el auto proferido el 26 de septiembre de 202442,
en el cual se indicó que:

«De acuerdo con la reseña jurisprudencial hecha en el acápite anterior sobre el punto en cuestión,
en lo que concierne específicamente a la indexación de intereses moratorios no pagados por las

38 Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, expediente 0052-15.
39 Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2023, expediente 3023-2021.
40 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre del 2009.

Expediente 2001-03173.
41 Radicación 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
42 Radicación 25000-23-42-000-2018-02546-01 (4321-2022).

25

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

entidades condenadas junto con el capital por concepto de mesadas pensionales, liquidados
desde la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha del pago del capital de la obligación,
las decisiones más recientes referidas de las Subsecciones A y B de esta Sección Segunda43 se
orientan a favor de la tesis que considera procedente la indexación de intereses moratorios, por
las siguientes razones:

-Porque que no existe incompatibilidad de ninguna clase porque la figura de la indexación no
tiene por finalidad incrementar o aumentar el valor nominal de las sumas económicas, sino
actualizarlo, es decir, traerlo a valor presente, esto es el ajuste solicitado sólo procura mantener
el valor económico real de los intereses moratorios y así evitar la depreciación de las sumas
desde la fecha que dejaron de causarse por el pago del capital de la obligación y hasta la fecha
en que se verifique el pago total.

-Porque es un hecho notorio la permanente devaluación de la moneda de curso legal en
Colombia.

-Porque siguiendo el principio de equidad y los derechos a la dignidad humana y al trabajo, es
procedente indexar las sumas que hayan sido reconocidas a los servidores públicos y
trabajadores.

-Porque la Constitución Política consagra el principio de la equidad como criterio auxiliar en la
actividad judicial.

-Porque existen en el ordenamiento jurídico, disposiciones de orden legal que autorizan la
indexación o revalorización de las condenas impuestas por esta jurisdicción.

-Porque el reajuste que implica la indexación no hace la deuda más onerosa, ya que solo
mantiene su valor económico real frente a la progresiva devaluación de la moneda.

-Porque no es justo que el trabajador reciba un valor devaluado con respecto a lo que tenía el
derecho a percibir, pues ello traslada el riesgo de la depreciación al trabajador.

[...]

Pues bien, con miras a dar respuesta al problema jurídico definido para el sub examine, a saber,
si ¿es procedente la actualización de las sumas adeudadas por concepto de intereses moratorios,
desde la fecha del pago del capital que los causó y hasta que se verifique su pago, por el hecho
notorio de la permanente devaluación de la moneda? la Subsección adopta el criterio que
corresponde a la tesis descrita en el acápite 2.5 de esta providencia como tesis 1, y se aparta del
que corresponde a la descrita como tesis 2 en el mismo acápite, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque tal como se puso de presente en esta providencia en la reseña de la
jurisprudencia sobre el tema, esta Corporación ha venido sosteniendo desde tiempo atrás que es
improcedente el reconocimiento de indexación e intereses moratorios en forma simultánea, ya
que así se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa, en la medida
que el interés por mora ya tiene incorporado el factor inflacionario. Lo anterior resulta relevante
para el caso concreto, porque permite poner en evidencia que para la jurisprudencia lo
improcedente es el reconocimiento de intereses por mora, de manera concomitante con la
indexación, es decir, que sobre el mismo capital adeudado por concepto del pago de una suma
de dinero ordenado en una sentencia de esta jurisdicción, se liquiden intereses moratorios e
indexación, precisamente porque en el presente asunto la situación no corresponde a un
escenario en el que se pretenda el reconocimiento de indexación e intereses moratorios sobre el
mismo concepto en forma simultánea, sino el reconocimiento de la indexación de los intereses
moratorios que la entidad omitió pagar junto con el capital pagado en cumplimiento de la
sentencia, intereses que dejaron de causarse y se convierten en una suma fija a partir del
momento en que la entidad realizó el pago del capital base de su liquidación, susceptible de ser

43 Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B sentencia del 30 de mayo de 2024 Proceso

Ejecutivo Radicado 25000234200020160268801 (0230-2022). Consejo de Estado Sección Segunda
auto del 14 de abril de 2021 Proceso Ejecutivo Radicado 25000-23-25-000-2004-03995-02 (0798-
2018).

26

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

actualizada mediante la indexación para evitar su devaluación, y que no conlleva la aplicación
simultánea de liquidación de intereses moratorios e indexación sobre una misma cantidad.» [se
resalta]

80. En consecuencia, de conformidad con los parámetros transcritos y en aras de
salvaguardar el valor adquisitivo de la moneda, esta Sala realizó la actualización del
valor correspondiente a $22.360.818,79. Para este cálculo se tomó como periodo
de referencia el lapso comprendido entre abril de 2013 « fecha del primer pago» y
octubre de 2022 «fecha del último pago», aplicando el factor de actualización de
1.5564158, estableciendo así, que el monto a pagar por concepto de indexación
asciende a $12.441.912.63, lo que arroja un valor total indexado de 34.802.731.42
[a modo ilustrativo].

Factor
Valor a indexar IPC Inicial IPC Final Indexación Valor Indexado
Indexación

$ 22.360.818,79 78,79 122,63 1,5564158 12.441.912,63 $ 34.802.731,42

81. Por último, conviene precisar que en la sentencia objeto de apelación no se dio
aplicación a la imputación de pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil, en
atención a que dicha disposición no resulta propia de las obligaciones de naturaleza
pensional. En estos eventos, los pagos efectuados por la entidad administradora no
se realizan de manera indeterminada, sino que obedecen a conceptos previamente
reconocidos y discriminados, conforme al acto administrativo de cumplimiento de
orden judicial y al título que sirve de base a la ejecución.

2.6 Costas

82. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

83. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

84. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

27

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma44.

85. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

86. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.

2.7 Conclusión

87. Enconsecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró no probadas las excepciones de pago de la obligación y prescripción y
ordenó seguir adelante con la ejecución objeto de apelación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B

RESUELVE:

Primero. Confirmar la sentencia del 6 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

28

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01941-01 (6369-2024)
Demandante: Carlos Alberto Ramírez López

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
BG

29

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.