Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-008-2018-00111-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-008-2018-00111-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-008-2018-00111-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
14 de noviembre de 2024
Radicado: 76001-23-33-008-2018-00111-01 (28911)
Demandante: Cooperativa Kadimar 65498 R.L.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-008-2018-00111-01 (28911)
Demandante COOPERATIVA KADIMAR 65498 R.L.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Cobro coactivo. Ejecutoria del título. Caducidad de la acción
sancionatoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 5 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por COOPERATIVA
KADIMAR 65498 R.L. en contra de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, conforme a las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia (…)”1. (Negrilla del original)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) expidió la
Resolución Sanción Nro. 1-88-241-06.42.03-1924 el 4 de mayo de 2016, por medio
de la cual impuso a la Cooperativa Kadimar 65498 R.L (en adelante Cooperativa Kadimar)
la sanción del numeral 3.1.1. del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999 (infracción
gravísima por cambiar, ocultar o sustraer del control de la autoridad aduanera la mercancía que se
transporta en el régimen de tránsito aduanero o en una operación de transporte multimodal).
Además, dicho acto declaró a la cooperativa responsable de los tributos aduaneros
dejados de pagar por las mercancías movilizadas en las declaraciones de tránsito
aduanero comunitario que no llegaron a su destino y dispuso la aprehensión de los
vehículos en que se efectuó su transporte.
La cooperativa presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión, pero
fue rechazado, mediante la Resolución Nro. 01-88-236-408-602-3367 del 21 de julio
de 2016.
La autoridad aduanera profirió el Mandamiento de Pago Nro. 302-000003 del 31 de
mayo de 2017, con el que pretende cobrar las obligaciones dinerarias determinadas
en la resolución sanción.
La deudora propuso la excepción de falta de título ejecutivo en su contra y en contra
de los terceros transportadores, pero la Administración consideró que no estaban
llamadas a prosperar por medio de la Resolución Nro. 312-001493 del 24 de agosto
de 2017.
1 Samai del Tribunal, índice 25, páginas 39 y 40.
1
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Demandante: Cooperativa Kadimar 65498 R.L.
La anterior decisión fue objeto del recurso de reposición, pero la DIAN la confirmó
con la Resolución Nro. 311-001703 del 4 de octubre de 2017.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
“PRIMERO: Se declare la NULIDAD de los siguientes actos administrativos proferidos en el
Proceso No. 2016069 de cobro coactivo.
a) Resolución No.312-001493 del 24 de agosto de 2017 proferida por funcionario de la
División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali por la
cual se niegan o se declaran no probadas las excepciones presentadas por el deudor y
se ordena seguir adelante la ejecución.
b) Resolución No. 311-001703 del 04 de octubre de 2017 expedida por el Jefe de la
División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali por la
cual se resuelve el recurso de reposición y se confirma la decisión anterior.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la entidad demandada concretamente a la División de Gestión de Cobranzas de la
Dirección Seccional de Impuestos de Cali:
a) Decretar la terminación y archivo definitivo del Proceso No. 2016069 de cobro coactivo o
el que corresponda y adelantado contra la demandante COOPERATIVA KADIMAR 65498
R.L.
b) El levantamiento o cancelación de todas medidas cautelares ya ordenadas o por
ordenarse en el Proceso No. 2016069 de cobro coactivo y la devolución de los títulos con
los respectivos intereses comerciales causados desde la fecha del embargo hasta la
fecha en la que se ordene levantar las medidas.
c) El pago de los perjuicios materiales y morales que resulten probados en el proceso
judicial, la rectificación y restauración del buen nombre ante cualquier reporte al deudor
como a sus garantes.
TERCERO: Se condene en costas a la parte Demandada por cuanto en la vía administrativa
existieron suficientes fundamentos de derecho y elementos probatorios para terminar la
controversia en la fase administrativa.
CUARTO: Para dar cumplimiento de la Sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos
192 y siguientes del C.P.A.C.A.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 2, 6, 29,
83, 90, 91, 93, 123 y 209 de la Constitución Política; 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011,
823, 824, 826, 828, 830, 831, 835 y 837 del Estatuto Tributario; 16 de la Ley 446 de
1998; y 2341, 2343, 2344 y 2347 del Código Civil.
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:
1. Falta de título ejecutivo porque la resolución sanción no fue notificada
antes de la caducidad de la facultad sancionatoria
Indicó que la ejecución requiere de un título que contenga una obligación clara,
expresa y exigible. Además, señaló que el artículo 828 del Estatuto Tributario prevé
que son títulos ejecutivos los actos administrativos debidamente ejecutoriados.
2 Samai Tribunal, índice 24, Expediente primera instancia “Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09”, página 4.
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Manifestó que, en este caso, la resolución sanción que se pretende cobrar fue
notificada cuando operó la caducidad de la facultad sancionatoria, de modo que el
título ejecutivo invocado no adquirió firmeza y, en consecuencia, no es exigible.
Sostuvo que las normas aduaneras son de orden público, conforme el artículo 4 del
Decreto 1071 de 1999. Por esto, el término de 3 años de la caducidad de la facultad
sancionatoria del artículo 478 del Estatuto Aduanero no es susceptible de
interrupción, suspensión ni renuncia3.
Resaltó que, en el presente caso, los tránsitos aduaneros internacionales debían
terminar en Venezuela el 2 de mayo de 2013. Sin embargo, debido a la prórroga
concedida por el Auto Nro. 1-88-245-452-110-546, la empresa transportadora lo
debió llevar a cabo a más tardar el 8 de mayo de 2013. Entonces, comoquiera que
la empresa no se presentó ante la aduana de paso en Cúcuta para continuar el viaje
al país de destino, la Administración tenía conocimiento de la presunta infracción el
día de vencimiento del plazo y, por lo tanto, debió expedir y notificar la resolución
sanción antes del 8 de mayo de 2016.
Aseguró que, pese a lo anterior, la Administración impuso la sanción por medio de
resolución del 4 de mayo de 2016, notificada por correo el día 10 del mismo mes y
año, es decir, cuando había operado la caducidad de la facultad sancionatoria.
Anotó que la DIAN reconoció en diferentes documentos que la caducidad de la
facultad sancionatoria se configuraba el 8 de mayo de 2016 y que no se interrumpe
por el requerimiento especial aduanero. Además, afirmó que la entidad mediante el
Auto Nro. 356 (visible a folio 266 de los antecedentes) aceptó que la notificación de la
resolución sanción se surtió mediante correo el 10 de mayo de 2016, hecho que
también puede verificarse en la página web de la empresa de correos.
Insistió que, por lo anterior, la resolución sanción “no nació a la vida jurídica por carecer
de fundamentos legales como ha quedado ilustrado con citas jurisprudenciales y de doctrina
aduanera como tributaria, motivo por el cual en forma respetuosa se concluye que si bien es cierto
que formalmente existe un acto administrativo no tiene fuerza vinculante, pues existe una notificación
extemporánea y tal vez una fecha de ejecutoria que en el mandamiento de pago dice que se
configuró el 26/07/2016, solo existe en la forma, en el papel, pero no tiene valor jurídico, no efectos
vinculantes contra el destinatario (…)”4.
Adujo que ejecutar el acto sancionatorio invocado como título resulta arbitrario e
injusto de conformidad con los artículos 9 y 92 de la Ley 1437 de 2011 5 y que por
medio de la respuesta a las excepciones se señaló que el acto que sirve de título
quedó en firme el día 26 de julio de 2016.
Advirtió que el acto que resuelve el recurso de reposición adolece de falsa
motivación al haber incluido doctrina DIAN6 que, de haberse analizado de forma
3
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado del 25 de octubre de 1991, Exp. 1911. Además, sobre
el término de la caducidad de la facultad sancionatoria, invocó las sentencias Consejo de Estado, del 17 de
febrero de 2005, Exp. 27293, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 29 de septiembre de 2011, Exp. 17970,
C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia; del 31 de julio de 2014, C.P Guillermo Vargas Ayala del 31 de
octubre de 2016, Exp. 57422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y el concepto de la Sala de servicio
civil Nro. 1632, del 25 de mayo de 2005, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
4 Samai Tribunal, índice 24, Expediente primera instancia “Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09”, páginas
27 a 28.
5 Citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del 23 de agosto de 2012,
Exp. 2107, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
6 Concretamente invocó los Conceptos Nro. 076 del 16 de noviembre de 2007 y Nro. 041678 del 15 de julio
de 2014.
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correcta, permitiría concluir que la facultad sancionatoria caducó, lo cual adjudicó a
la obligatoriedad de los conceptos de la DIAN.
2. Falta de título ejecutivo contra los terceros o garantes, por lo que es
improcedente la medida cautelar de aprehensión de vehículos
Aseguró que el Permiso de Prestación de Servicio de Transporte Nro. PPS-CO-173-
06 del 27 de julio de 2012, expedido por parte del Ministerio de Transporte, identificó
cada uno de los vehículos que conforman la flota y las unidades de carga, por lo
que, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, no le era posible a la demandante
utilizar el vehículo de un tercero sin un contrato de vinculación.
Relató que un comisionista concertó viajes desde Zona Franca Palmaseca hasta
Cali, con los camiones placas SQB-816, SYS-742, YAB-613 y SNC-946, sin atender
que la carga debía salir del país. Indicó que, por lo anterior, presentó denuncia por
los delitos de estafa, contrabando, prevaricato por acción, prevaricato por omisión,
fraude procesal y omisión de denuncia contra empleados de la DIAN en la Zona
Franca Palmaseca, y contra empleados y propietarios del remitente y del
destinatario.
Reprochó que la actuación de la DIAN fuera permisiva considerando que las
operaciones no fueron dirigidas por el representante legal de la demandante para
Colombia, no se exigió póliza y tampoco se utilizaron vehículos de la flota.
Señaló que era clara la intención de la demandada de vincular a los propietarios de
los vehículos como garantes ante la presunta infracción, de conformidad con la
Decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN). No obstante,
en el mandamiento de pago únicamente se ordena seguir adelante con la ejecución
y practicar medidas cautelares contra la sociedad actora, por lo que el procedimiento
de cobro no tiene relación alguna con la aprehensión ordenada de los vehículos de
terceros con los que, presuntamente, se cometió la infracción.
Refirió que lo anterior resulta relevante por cuanto el proceso sancionatorio podría
afectar a terceros y, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011,
debían ser convocados oportunamente.
Manifestó que los vehículos objeto de aprehensión no hacían parte del patrimonio
del deudor principal o del garante y son propiedad de ciudadanos colombianos sin
vínculo con la empresa transportadora, por lo que el único argumento de la
Administración corresponde a que los automotores se relacionaron con los
documentos de transporte. No obstante, la responsabilidad deviene de la
aceptación de los riesgos del transporte internacional bajo un contrato de
vinculación o una cláusula de adhesión.
Afirmó que, frente a la vinculación de las aseguradoras, el Consejo de Estado
consideró que la Administración debe notificar el acto que constituye el título
ejecutivo7, por lo que la incautación de los vehículos para pagar la multa con el
producto de su venta priva al propietario de un capital productivo y al conductor de
una fuente de trabajo.
7 Frente a ese asunto transcribió algunos apartes de la sentencia Consejo de Estado, del 27 de agosto de
2015, Exp. 20493, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Indicó que la aprehensión de los vehículos para garantizar las obligaciones de la
empresa sólo es procedente cuando ellos hacen parte de la flota de la empresa y
no de terceros.
Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda exponiendo consideraciones
generales sobre la casual de nulidad de falsa motivación y cuestionó que la actora
pretenda debatir situaciones jurídicas que han alcanzado su firmeza, debido a que
el presente proceso se trata de la resolución que negó las excepciones presentadas
por el contribuyente contra el mandamiento de pago y la resolución que resolvió el
recurso interpuesto contra este pronunciamiento.
Refirió que, para que se predique la firmeza de los actos administrativos, se requiere
que el acto se haya notificado debidamente al interesado y que no se hayan
interpuesto los recursos o que, una vez interpuestos estos, se hayan resuelto. De
esta forma, consideró que la demandante comete un error al considerar que el título
ejecutivo no está en firme.
Puso de presente que no se podía considerar que la DIAN tuvo conocimiento de la
infracción aduanera el 8 de mayo de 2013, pues la actora tenía hasta la media noche
para realizar el transporte a Venezuela. Además, indicó que día 13 del mismo mes
y año era festivo, de modo que solo para el 14 de mayo de 2013 pudo tener
conocimiento de la infracción.
Con base en lo anterior, destacó que la caducidad de la facultad sancionatoria
operaba el 14 de mayo de 2016 y la resolución sanción fue debidamente notificada
el día 10 del mismo mes y año, por lo que fue oportuna.
Respecto de la aprensión de los vehículos, señaló que la normativa lo establece con
el propósito de garantizar el pago de las sanciones impuestas y los tributos
generados por el tránsito aduanero internacional objeto de censura.
Sostuvo que, en estos casos, la garantía es de carácter real, por lo cual no se
requiere la vinculación previa del propietario, poseedor o tenedor del vehículo y no
le asiste razón al demandante al requerir que se notifique a los deudores solidarios
considerando que se está debatiendo la aplicación de sanciones con carácter
supranacional y tampoco se deben vincular al proceso como garantes,
considerando que no tienen esa calidad.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los hechos
que encontró probados.
Indicó que el artículo 828 del Estatuto Tributario establece que prestan mérito
ejecutivo las liquidaciones oficiales y los demás actos administrativos debidamente
ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco
nacional.
Precisó que los actos administrativos se entienden ejecutoriados i) cuando no
procede recurso alguno en su contra, ii) cuando no se hayan interpuesto dentro del
plazo pertinente o no se presenten en debida forma, iii) cuando se renuncie
expresamente o se desista de ellos, y iv) cuando se hayan decidido de forma
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definitiva los recursos interpuestos en vía gubernativa o las acciones de
restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos.
En consecuencia, aclaró que, para predicar la ejecutoria del acto administrativo, se
requiere la debida notificación, con el fin de que el administrado tenga la oportunidad
de controvertir la decisión, hecho que no se discute en este caso.
Por lo anterior, concluyó que no es posible plantear en este proceso judicial los
cargos de nulidad que debieron proponerse en la vía gubernativa y en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que conforman el título
ejecutivo.
Puso de presente que, si bien la parte demandante controvirtió la caducidad de la
facultad sancionatoria en la vía gubernativa, no lo hizo en sede contenciosa
administrativa, por lo que los actos sancionatorios quedaron en firme, se presumen
legales y son completamente ejecutables8. Por lo tanto, el Tribunal consideró no
probada la excepción de falta de título ejecutivo contra la cooperativa.
Indicó que las anteriores consideraciones se extienden a los cargos de nulidad
relacionados con la procedencia de la aprehensión y la vinculación de terceros, pues
son aspectos que debieron ser controvertidos en el procedimiento de determinación
de la sanción, y no en el cobro coactivo.
No obstante, puesto que la DIAN se pronunció al respecto, señaló que, frente a la
aprehensión, hay carencia actual de objeto, por cuanto sobre ellos ya se ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares y la terminación del proceso de cobro
coactivo.
De igual forma manifestó que, respecto de las personas naturales vinculados como
deudores solidarios, se expidió de forma independiente un mandamiento de pago y
una orden de embargo, por lo que estas personas son las legitimadas para acudir
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y controvertir los actos
correspondientes, y no la actora en el asunto de la referencia.
Resaltó que, respecto de la falta de título ejecutivo contra el representante legal de
la Cooperativa Kadimar, la DIAN libró Mandamiento de Pago Nro. 304-000186 de
2017, como deudor solidario, decisión que fue recurrida y, en consecuencia, fue
revocado.
Además, insistió en que, si bien se desconoce si se profirió un nuevo mandamiento
de pago, solo esa persona está legitimada para discutir su legalidad, no la
cooperativa.
No condeno en costas al no encontrarlas probadas.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia, reiterando los fundamentos
de la demanda y destacó lo siguiente:
Indicó que el a quo no comprendió la situación bajo estudio y, por ello, no abordó el
estudio de la causal de nulidad y violó el derecho de defensa de la demandante.
8 Referenció las sentencias del Consejo de Estado del 1 de diciembre de 2022, Exp. 26768 y del 10 de febrero
de 2022, Exp. 25508, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. No indicó información adicional de referencia.
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Aclaró que “es perfectamente cierto la fase del cobro coactivo no son discutibles situaciones que
debieron ser objeto de estudio en la fase de discusión del impuesto y la sanción” 9 y que “También
es cierto que ante la expedición de los actos sancionatorios los sancionados no interpusieron los
recursos legales para ejercer el derecho de defensa” 10.
No obstante, consideró que el error de apreciación del Tribunal se observa porque
consideró que en el presente caso se notificó la resolución sanción en debida forma,
considerando que, la actuación fue notificada ocurrida la caducidad de la facultad
sancionatoria, por lo que no hay lugar a la ejecutoria del acto administrativo y, en
consecuencia, no se discute la legalidad del acto que sanciona, sino sus efectos.
Reiteró que el acto administrativo fue proferido el 4 y notificado el 10 de mayo de
2016. Entonces, aunque se expidió dentro de la vigencia de la facultad
sancionatoria, la notificación se hizo dos días después del cumplimiento de los tres
años, cuando había operado la caducidad invocada.
Puso de presente, que, aunque no ejerció el recurso procedente, la caducidad no
requiere ser alegada, opera de pleno derecho y por ministerio de la ley, de modo
que el título invocado en el mandamiento de pago no fue perfeccionado. Además,
la constancia de ejecutoria del acto administrativo indica que esto ocurrió hasta el
26 de julio de 2016.
Insistió en que la caducidad de la facultad sancionatoria es un asunto de orden
público, de modo que operó el 8 de mayo de 2016 sin que pudiera ser objeto de
suspensión, interrupción o renuncia. Además, la DIAN no fue diligente en el trámite
del proceso y aplicó erróneamente su propia doctrina.
Finalmente, manifestó que “En cuanto al segundo cargo de nulidad de la excepción de falta de
título contra los garantes o deudores solidarios, se retira este cargo, toda vez que en la fase
administrativa del proceso administrativo de cobro coactivo fue despachado favorablemente, se
desvinculó a los propietarios de los camiones y se ordenó la devolución de cuatro de los mismos” 11
(negrilla del original).
Oposición al recurso de apelación
La demandada reiteró los planteamientos de la contestación de la demanda.
Además, señaló que en el presente proceso no resultan aplicables las excepciones
previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, debido a que la caducidad no se
encuentra contemplada como una excepción.
Aclaró que, si la facultad sancionatoria había caducado, el demandante debió
alegarlo en sede administrativa y, al no hacerlo, tiene la carga de soportar las
consecuencias jurídicas de su descuido.
Frente a la supuesta pérdida de ejecutoria del título, refirió que, solamente se
presenta por existir la revocación o suspensión provisional del acto administrativo,
lo cual indicó que no ocurrió en el presente caso.
Finalmente, solicitó que se condenara en costas a cargo de la demandante.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
9 Samai del Tribunal, índice 29, página 4.
10 Ibidem.
11 Ibidem, página 15.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución Nro.312-001493
de 2017 y la Resolución Nro. 311-001703 del mismo año proferidas por la DIAN, por
medio de las cuales se declararon no probadas las excepciones de falta de título
ejecutivo presentadas por la Cooperativa Kadimar contra el Mandamiento de Pago
Nro. 302-000003 de 2017.
De forma preliminar, se evidencia que la apelante aseguró que retiraba su cargo de
nulidad relacionado con la falta de título ejecutivo contra los garantes o deudores
solidarios, “toda vez que en la fase administrativa del proceso administrativo de cobro coactivo fue
despachado favorablemente, se desvinculó a los propietarios de los camiones y se ordenó la
devolución de cuatro de los mismos”12.
Como se observa, no formuló reparo o motivo de inconformidad concreto contra la
sentencia de primera instancia y, por el contrario, acepta que en sede administrativa
prosperó esta pretensión. En consecuencia, la Sala se abstendrá de analizar este
punto, en virtud del principio de congruencia regulado por los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso.
Ahora, la demandante considera que está probada la excepción invocada porque la
notificación del acto que impuso la obligación (sanción y tributos aduaneros) se surtió
luego de que operara la caducidad de la facultad sancionatoria, de modo que dicha
decisión no puede considerarse en firme o ejecutoriada. De esta forma, si bien
reconoció que los aspectos de legalidad del título no pueden ser objeto de debate
dentro del cobro coactivo, como lo afirmó el Tribunal, consideró que es procedente
analizar si operó la caducidad de la facultad sancionatoria por estar relacionada con
los efectos de la resolución que contiene la obligación.
Para decidir, la Sala pone de presente que el artículo 829-1 del Estatuto Tributario13
establece que en el procedimiento de cobro coactivo no pueden debatirse
cuestiones que debieron ser objeto de discusión en el trámite de determinación de
la obligación.
Con base en lo anterior, la sentencia del 23 de febrero de 2023 (exp. 26900, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello) señaló que, dentro del trámite de cobro coactivo, no es posible
analizar la legalidad de la resolución sanción que determinó la obligación objeto de
cobro, en aplicación de la norma antes referida.
Luego, esa providencia invocó el fallo del 28 de julio de 2022 (exp. 25868, CP. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello), donde la Sala afirmó que lo anterior «no convalida las
irregularidades de los actos administrativos (de determinación de la obligación), porque para efectos
de controvertir la legalidad de los mismos, la ley otorga a los contribuyentes ciertas oportunidades
legales, en sede administrativa, con la interposición de los recursos, y en la judicial, con la
presentación de la demanda. De manera que si el contribuyente no los discute en esas
oportunidades, se genera la ejecutoria del acto administrativo, y con ella el mérito ejecutivo del
mismo, conforme ocurre en el caso analizado» 14 (paréntesis de la Sala).
12 Samai del Tribunal, índice 29, página 15.
13 Norma aplicable para el cobro coactivo de obligaciones aduaneras conforme mandato expreso del artículo
542 del Decreto 2685 de 1999 y el artículo 627 del Decreto 390 de 2016.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2017-00024-01 (25868). Sentencia del 28 de julio de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00111-01 (28911)
Demandante: Cooperativa Kadimar 65498 R.L.
En el asunto bajo examen, la Sala advierte que, para el momento en que fue
cometida la infracción sancionada (2013), el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999
establecía que la facultad sancionatoria de la autoridad aduanera “caduca en el término
de tres (3) años contados a partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción
administrativa aduanera”.
Según se explicó en la sentencia del 24 de mayo de 2007 (exp. 15580, C.P. Ligia López
Díaz):
“El momento dentro del cual se deben proferir los actos administrativos, es un aspecto que
tiene que ver con la competencia temporal de la Administración y como sus pronunciamientos
se presumen legales, sólo mediante el ejercicio de las acciones legales se puede desvirtuar
esa presunción y demostrar que la actuación de la Administración fue extemporánea, pero
mientras no se acuda a la jurisdicción y se obtenga una decisión en esos términos, los actos
administrativos una vez en firme, son aptos para que la Administración pueda hacerlos
cumplir” (subraya la Sala).
Esto explica que, más recientemente, en sentencias del 27 de octubre de 2022
(exp.25558, C.P. Milton Chaves García; y exp. 25565, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), esta
Sección analizara la legalidad de los actos administrativos de la DIAN, que
liquidaron tributos aduaneros e impusieron sanciones, verificando si fueron
expedidos dentro del término de caducidad de la facultad sancionatoria del artículo
478 del Decreto 2685 de 1999.
De esta forma, contrario a lo dicho por la apelante, la caducidad de la facultad
sancionatoria de la DIAN no constituye un aspecto relacionado con la eficacia del
título ejecutivo, sino con su validez. En consecuencia, es improcedente su estudio
conforme el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, tal como lo afirmó el Tribunal.
La Sala destaca que la demandante refirió que la resolución sanción fue notificada
de forma irregular al haberse llevado a cabo una vez finalizó la facultad
sancionatoria. Sin embargo, conforme lo expuesto, se insiste en que este reparo no
corresponde a la indebida notificación, sino a la legalidad del acto administrativo,
concretamente relacionado con la competencia temporal, por lo que no es posible
analizarlo en el presente proceso.
Lo expuesto es suficiente para negar las pretensiones de la demanda y la apelación,
sin que sea necesario analizar los demás argumentos propuestos por la
demandante en el recurso.
Además, no se impondrá condena en costas procesales porque no fue demostrada
su causación, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 5 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Demandante: Cooperativa Kadimar 65498 R.L.
2. Sin condena en costas.
3. Reconocer personería al abogado Oscar de Jesús Orozco Hernández, como
apoderado de la parte demandada, en los términos del poder obrante en el
índice 14 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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