Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2015-00243-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2015-00243-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-009-2015-00243-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00243-01 (1161-2025)
Demandante: Luis Alfredo Martínez Morales
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Tema: Marco normativo aplicable a la disminución de la capacidad
psicofísica y laboral del personal de la fuerza pública. Valor
probatorio de los dictámenes emitidos por las Juntas de
Calificación de Invalidez. Valoración probatoria de los
dictámenes periciales. Deficiencias probatorias y carga de la
prueba. Reajuste de la indemnización por disminución de la
capacidad laboral. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Luis Alfredo Martínez Morales instauró demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio Nro. OFI14-19580 del 31 de marzo de 2014,
por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el
reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez en cuantía del 50% del salario que devengaba al
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momento de su retiro; así como el reajuste de la indemnización y el retroactivo
pensional. Que se le pague la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a título de indemnización por los perjuicios morales causados. Que se
reconozca y pague la indexación respectiva.
Que, de no reconocerse la pensión de invalidez, subsidiariamente se le pague una
indemnización sustitutiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 100
de 1993.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios en el Ejército Nacional y luego de su retiro le fue practicado
un dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia
donde se determinó que su pérdida de capacidad laboral correspondía al 63.10%.
Que radicó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, así como el reajuste de la
indemnización, la que le fue negada mediante Oficio Nro. OFI14-19580 del 31 de
marzo de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 25, 29, 53 y 228 de la
Constitución Política; el artículo 9 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 40
de la Ley 100 de 1993; el artículo 40 de la Ley 48 de 1993; la Ley 923 de 2004; y
los artículos 15, 37, 44 y 45 del Decreto 1496 de 2000.
En el concepto de violación manifestó que el acto demandado infringió las normas
en las que debería fundarse, porque desconoció que estaba en óptimas condiciones
de salud cuando ingresó al servicio de la institución.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió en auto del 9 de julio de 20151. La entidad se opuso a las
pretensiones. Indicó que si el demandante no estaba de acuerdo con el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral que le asignó la Junta Médico Laboral, pudo
presentar recurso de apelación para que el Tribunal Médico Laboral conociera su
caso, lo cual omitió. Que, no agotar ese trámite, significa que estuvo de acuerdo con
el dictamen. Propuso como excepciones la de inepta demanda por el no
agotamiento del requisito de procedibilidad e inexistencia del derecho 2.
El 5 de abril de 2022 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandada.
1 Véase a folios 56-57 PDF, del archivo «77ED_20150024300pdf(.pdf)», disponible a índice 14 de SAMAI del
Tribunal.
2 Véase a folios 78-110 PDF, ibid.
3 Véase a índice 20 de SAMAI del Tribunal.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del diecinueve (19) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones.
Indicó que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia
era la prueba conducente, pertinente y útil para establecer la pérdida de la
capacidad laboral del actor, quien tenía derecho a la prestación reclamada al cumplir
con los requisitos previstos en el numeral 3.5, del artículo 3 de la Ley 923 de 2004,
norma aplicable por la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Concluyó que el dictamen rendido por la Junta Regional constituía prueba pericial
que brindó certeza y convicción sobre las condiciones psicofísicas y médicas del
demandante. Que esa prueba se incorporó dentro del proceso y que sus
conclusiones no fueron desvirtuadas por la demandada, quien tuvo la oportunidad
de controvertirla en los términos del Código General del Proceso y no lo hizo. Por
ello, dio plena validez al dictamen pericial Nro. 1130592999 del 30 de agosto de
2014, que otorgó un porcentaje de pérdida de capacidad del 63.10%, con fecha de
estructuración del 13 de enero de 2009.
Que como el demandante reunió los requisitos exigidos por el numeral 3.5, del
artículo 3 de la Ley 923 de 2004, se declaraba la nulidad del Oficio Nro. OFI14-
19580 del 31 de marzo de 2014; y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez a partir del 14 de febrero de 2011, por prescripción trienal y dispuso
que, de las sumas reconocidas, se ordenaba el descuento de lo percibido por
concepto de indemnización 4.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada manifestó que el régimen salarial y prestacional de la fuerza
pública es un régimen especial que difiere de lo dispuesto por el legislador en el
Sistema General de Seguridad Social previsto por la Ley 100 de 1993 y demás
normas que lo aclaren, adicionen o modifiquen, y que el régimen general no le es
aplicable al personal integrante de la fuerza pública.
De otro lado consideró que, dado el carácter especial otorgado por el legislador al
estatuto de capacidad psicofísica aplicable al personal de las fuerzas militares y de
la Policía Nacional, la valoración de la capacidad psicofísica solo puede ejecutarse
por el organismo o autoridad instituida en la ley especial para el efecto, esto es, por
las Juntas Médico-Laborales y el Tribunal Médico de Revisión Laboral Militar y de
Policía.
Que debían negarse las pretensiones en consideración a que, contrario a lo
afirmado por la parte demandante, quedó demostrado que el señor Luis Alfredo
Martínez Morales no tiene derecho a la pensión de invalidez porque al momento de
su desvinculación no se realizó los exámenes de retiro y, además, abandonó
cualquier tratamiento, por lo que no adelantó ningún proceso administrativo para
solicitar la prestación.
4 Véase a índice 67 de SAMAI del Tribunal.
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Que, en cuanto al porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica
determinado por la Junta Médico Laboral, era claro que fue menor al establecido
legalmente para efectos pensionales y que como el dictamen particular no fue
realizado por los médicos de la institución, no debía tenerse en cuenta 5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 5 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados 6. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
La parte demandada alegó de conclusión y reiteró, en términos generales, los
argumentos del recurso de apelación 7.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si procede la negativa de las
pretensiones, restándole valor probatorio al dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, que certificó el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral del demandante en un 63.10%.
Marco normativo aplicable a la disminución de la capacidad psicofísica y
laboral del personal de la fuerza pública
Debido a que a los miembros de la fuerza pública no les resulta aplicable, por
expresa disposición legal, la Ley 100 de 1993 ─artículo 279─, el Congreso de la
República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual otorgó facultades
extraordinarias al presidente para, entre otras cosas, expedir el reglamento de
aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional.
En virtud de esas facultades, se profirió el Decreto 1796 de 2000 que estableció,
como organismos médico-laborales, a la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía y
al Tribunal Médico-Laboral, para lo cual se dispuso así:
«ARTICULO 15. JUNTA MÉDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICÍA. Sus
funciones son en primera instancia:
1 Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones
diagnosticadas.
2 Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo
recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite.
3 Determinar la disminución de la capacidad psicofísica.
5 Véase a índice 71 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 8 de SAMAI.
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4 Calificar la enfermedad según sea profesional o común.
5 Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo
por Lesiones.
6 Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.
7 Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento.
[…]
ARTICULO 21. TRIBUNAL MÉDICO-LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE
POLICÍA. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conocerá
en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las
Juntas Médico-Laborales y en consecuencia podrá ratificar, modificar o revocar
tales decisiones. Así mismo, conocerá en única instancia la revisión de la
pensión por solicitud del pensionado.
PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional determinará la conformación, requisitos
de los miembros, funciones, procedimientos y demás aspectos relacionados
con el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía.
PARÁGRAFO 2. Las normas correspondientes al funcionamiento del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía contenidas en el decreto 094 de
1989, continuarán vigentes hasta tanto se adopte la correspondiente
normatividad por parte del Gobierno Nacional» (subrayas fuera de texto).
En desarrollo de la remisión de la norma citada, el Decreto 94 de 1989, en su Título
Noveno, reguló la clasificación de las lesiones o afecciones que originan
incapacidad, para lo cual las agrupó en 10 categorías y determinó que la
incapacidad sería medida, según su intensidad, en tres grados, a saber: mínimo
─cuando se tiene una incapacidad permanente parcial en su forma más leve o
estado primario─; medio ─estado intermedio de gravedad por sus condiciones
definitivas─; y máximo ─mayor incapacidad definitiva que puede dejar determinada
lesión o afección─. Igualmente, atendiendo al grado otorgado, a cada patología se
le asigna un índice lesional.
Ahora, en lo referente al marco normativo aplicable a la pensión de invalidez, el
Decreto 1796 de 2000 preceptuó:
«ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL
PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL
DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. Cuando mediante Junta
Médico-Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya
sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente
artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión
mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para
el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas
en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que
a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)
y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%)
y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
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c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARÁGRAFO 1.Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no
sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
PARÁGRAFO 2. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional
y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional,
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará
rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas
pertinentes del decreto 094 de 1989».
La Ley 923 de 2004 previó los elementos mínimos que tendría que considerar el
Gobierno nacional cuando reglamentara la materia, así:
«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral
del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que
originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión
en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro.
Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública
a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral
que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía
así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar. […]».
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la anterior ley, se expidió el
Decreto 4433 de 2004 que, sobre el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez, estableció:
«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las
Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo,
Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio
de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:
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30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%).
Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo
Tercero o su equivalente en la Policía Nacional.
Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas por
el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las
funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los
organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa
Nacional, el monto de la pensión se aumentará en un veinticinco por ciento
(25%). Para efectos de la sustitución de esta pensión, se descontará este
porcentaje adicional».
No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso con
radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y
cinco por ciento (75%)» contenida en la anterior norma pues, con base en lo
regulado en el numeral 3.5 del artículo 3° de la Ley 923 de 2004, se concluyó que
el Gobierno nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular la
materia, al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, en fallo del 23 de
octubre de 2014, en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01
(1551-2007), esta Sección precisó el alcance de aquella sentencia y declaró la
nulidad de todo el articulado.
Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1157 de 2014, que
dispuso lo siguiente:
«Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de
Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico-laborales
militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales,
Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros
del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
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porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004
y 1858 de 2012, así:
2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%).
2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%).
Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un Cabo
Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía
Nacional.
Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000, serán reconocidas por
el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera el auxilio de otra persona para realizar las
funciones elementales de su vida, condición ésta que será determinada por los
organismos médico-laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa
Nacional, el monto de la mesada pensional se aumentará en un veinticinco por
ciento (25%). Para efectos de la sustitución de esta pensión, se descontará este
porcentaje adicional».
De acuerdo con lo anterior, el precepto llamado a reglar el estudio del
reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante es el contenido en el
numeral 3.5, del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, que dispone que el derecho a la
pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública surge cuando se presenta
una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, en hechos ocurridos
durante el servicio.
Valor probatorio de los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de
Invalidez
El Decreto 94 de 1989 dispone, en su artículo 19, que la capacidad psicofísica del
personal de que trata ─esto es, oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de
la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de
formación y personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional─
será determinada, únicamente, por las autoridades médico-militares y de policía, a
saber: médicos generales, médicos especialistas y odontólogos al servicio del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; Junta Médica Científica; Junta Médico-
Laboral; y Tribunal Médico Laboral de Revisión.
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En el mismo sentido, el Decreto 1796 de 2000 dispuso que la Junta Médico Laboral
Militar o de Policía y el Tribunal de Revisión Militar y de Policía son las autoridades
competentes para establecer la disminución de la capacidad psicofísica, así como
para calificar la enfermedad como de origen profesional o común.
Por su parte, el Decreto 1352 de 2013 «Por el cual se reglamenta la integración,
financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez» exceptuó
de su ámbito de aplicación, en el parágrafo del artículo 1°, al «[…] régimen especial
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como peritos». Y en el artículo
28 reguló quiénes pueden solicitar la valoración de la Junta, a saber:
«Artículo 28. Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta podrá ser
presentada por:
1. Administradoras del Sistema General de Pensiones.
2. Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.
3. La Administradora de Riesgos Laborales.
4. La Entidad Promotora de Salud.
5. Las Compañías de Seguros en general.
6. El trabajador o su empleador.
7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que
demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones establecidas en el
presente artículo.
8. Por intermedio de los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo,
cuando se requiera un dictamen de las juntas sobre un trabajador no afiliado al
sistema de seguridad social por su empleador.
9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas designen a las
juntas regionales como peritos.
10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que
asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos en
la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional.
11. Las entidades o personas autorizadas por las Secretarías de Educación y
las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad Pensional,
las personas que requieran la pensión por invalidez como consecuencia de
eventos terroristas.
Parágrafo. La solicitud se deberá presentar a la Junta Regional de Calificación
de Invalidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en cuenta la
ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen» (cursivas y negrillas
originales, subrayas fuera de texto).
Visto lo anterior, la competencia para determinar la capacidad psicofísica de los
miembros de la fuerza pública corresponde a las autoridades militares; no obstante,
los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez tienen la calidad de
peritajes que auxilian la valoración del juez sobre el estado de salud del interesado.
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Valoración probatoria de los dictámenes periciales
El artículo 226 del Código General del Proceso dispone que la prueba pericial «[…]
es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos»; así como que el juez «[…] apreciará
el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la
solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la
idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso» ─artículo 232 ─.
Así las cosas, el estudio del dictamen supone la referencia obligada al sistema de
la libre apreciación de las pruebas, en el que se faculta al juez a hacer una
evaluación del material probatorio de manera amplia, sin estar sujeto a tarifa alguna,
de ahí que en el artículo 176 de la normativa procesal se haya dispuesto que las
pruebas deben apreciarse en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
De manera que, tratándose de la valoración médico-laboral de los miembros de la
fuerza pública, el juez puede tener en cuenta los dictámenes de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez, los cuales serán valorados con fundamento
en el sistema de libre apreciación de las pruebas.
Resolución del caso concreto
Se tiene que, de acuerdo con el certificado emitido por la dirección de personal del
Ejército Nacional, el demandante se desempeñó en el servicio del 15 de agosto de
2009 al 15 de enero de 2011 ─esto es, por el término de 1 año y 5 meses─, fecha
en la que se produjo su retiro por haber cumplido el tiempo de servicio militar 8.
El 9 de agosto de 2010, la Junta Médico Laboral determinó, mediante Acta Nro.
38660, que presentaba una disminución de su capacidad laboral correspondiente al
11.5%. Para concluir lo anterior, tuvo en cuenta los siguientes antecedentes
médicos, de acuerdo con el Decreto 94 de 1989: síndromes convulsivos, grado
mínimo, índice 4 9.
Por Resolución Nro. 113973 del 3 de marzo de 2011, la Dirección de Prestaciones
Sociales del Ejército Nacional le reconoció y ordenó el pago de la indemnización por
disminución de la capacidad laboral 10..
Con la demanda, se aportó el Dictamen Nro. 49582 del 30 de agosto de 2014,
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el cual
concluyó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral correspondía al 63.10%,
para lo cual tuvo en cuenta los siguientes antecedentes médicos: otras convulsiones
y las no especificadas, pérdida de dientes debida a accidente-extracción o
enfermedad periodontal local y trastorno mixto de ansiedad y depresión 11.
8 Véase a folio 190 PDF, del archivo «77ED_20150024300pdf(.pdf)», disponible a índice 14 de SAMAI del
Tribunal.
9 Véase a folios 9-11 PDF, ibid.
10
Véase a folios 191-192 PDF, ibid.
11 Véase a folios 20-22 PDF, ibid.
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El argumento de la apelación tiene que ver con el alcance probatorio que se le dio
al dictamen de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez
practicado al demandante por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia el 30 de agosto de 2014.
La Sala pone de presente que el Consejo de Estado ha otorgado valor probatorio a
los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez solo cuando se han
decretado en el curso de los procesos presentados por miembros de la fuerza
pública. En otras palabras: las autoridades judiciales pueden valorar dichos
dictámenes, aun cuando el interesado pertenezca al régimen especial de las fuerzas
armadas, siempre y cuando se decreten y practiquen como prueba pericial, y se le
haya garantizado el derecho de defensa a la contraparte.
Lo que se observa es que el señor Martínez Morales solicitó, en la demanda, que
se tuviera en cuenta al dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia como prueba documental, la cual se decretó, de esa forma,
en la audiencia inicial celebrada el 5 de abril de 2022.
Entonces, como el dictamen que profirió la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia no fue decretado como prueba pericial dentro del proceso,
no podía valorarse, como tal, en la decisión de primera instancia, en la medida que
como no fue sometido a contradicción, no constituía prueba idónea y pertinente que
tuviera la virtualidad de otorgar claridad y certeza respecto al verdadero estado de
pérdida de capacidad laboral del accionante.
En este sentido, la parte actora no realizó dentro del proceso manifestación alguna
al respecto de que ese dictamen siguiera el camino de la prueba documental, en
tanto fue aportado como documento y decretado como tal. En contraste, dicha
situación fue advertida en el recurso de apelación por la parte demandada y es
trascendental e influye en el sentido de la decisión, en tanto puede llegarse a la
conclusión de que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en
este caso, no actuó como perito y por tanto no contaba con la competencia para
establecer el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de un ex miembro de
la fuerza pública.
Por el anterior motivo, el único dictamen que podía valorarse y que determina el
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del accionante es el de la Junta
Médica Laboral, puesto que se presume su legitimidad y veracidad al certificar que
la disminución de la capacidad laboral correspondía al 11.5%.
Es que para acceder al reconocimiento del derecho pensional es necesario el
concepto o la valoración médico-laboral de una autoridad competente en el que se
determine la pérdida de la capacidad laboral y, por ese motivo, el único dictamen
sobre el porcentaje de la capacidad laboral es el de la Junta Médica Laboral Militar,
que por demás no sobra mencionar, frente a él no fue presentado el recurso
procedente de solicitar convocatoria de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar.
Entonces, como el régimen aplicable en el reconocimiento de la pensión de invalidez
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es el vigente a la fecha de estructuración 12, se tiene que el señor Luis Alfredo
Martínez Morales no cumplió con el presupuesto del numeral 3.5, del artículo 3 de
la Ley 923 de 2004, esto es, presentar una disminución de la capacidad laboral
superior al 50%, por cuanto le fue dictaminada una pérdida de la capacidad laboral
equivalente al 11.5%, motivo por el cual no se reúnen los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
En este sentido, no se observa que con la decisión de la entidad de negar la pensión
de invalidez, haya vulneración de los derechos fundamentales del demandante, al
no cumplirse con los requerimientos de la ley para hacerse acreedor de la
prestación.
De otro lado, en lo que tiene que ver con la pretensión tendiente al reajuste de la
indemnización por la pérdida de capacidad laboral, debe señalarse que, a través de
la Resolución Nro. 113973 del 3 de marzo de 2011, se reconoció al actor la
indemnización por la pérdida de capacidad laboral, por lo que si pretendía
cuestionar la indemnización reconocida debió demandar esa decisión, por ser el
acto que definió su situación jurídica, sin que la nueva petición tenga la capacidad
de hacer viable un nuevo pronunciamiento sobre la materia ya decidida. En este
sentido, se pronunció la Subsección en sentencia del 30 de marzo de 2017 13, en la
que se expuso:
«Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización por
disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto
administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de
dicha prestación económica, esto es, la Resolución 44970 del 19 de mayo de
2005. No obstante lo anterior, no existe ninguna pretensión tendiente a
cuestionar la validez de dicho acto, tal y como lo evidenció el juez de primera
instancia. Tales argumentos hacen inviable emitir un pronunciamiento
sustancial sobre la materia y, por consiguiente, resulta innecesario pasar al
estudio del tercer problema jurídico planteado».
Con base en lo anterior, no es viable emitir un pronunciamiento respecto de la
pretensión relativa a la reliquidación de la indemnización por pérdida de la
capacidad laboral.
Finalmente, debe pronunciarse la Sala con relación a la pretensión subsidiaria, en
la que se solicitó que, de no reconocerse la pensión de invalidez, se pague una
indemnización sustitutiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 100
de 1993.
Sin embargo, no es posible acceder a su reconocimiento porque, una vez
verificados los documentos que se aportaron, se encuentra que no se elevó solicitud
de pago de tal indemnización ante la Administración. La petición que generó la
resolución demandada solamente pretendió el reconocimiento de la pensión de
12 Al respecto, véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de agosto de
2019. Rad. 25001-23-42-000-2012- 01404-01(4267-15); Sentencia del 13 de septiembre de 2021. Rad. 08001-
23-33-000-2017-01393-01(5256-19); y Sentencia del 14 de octubre de 2021. Rad. 76001-23-33-000-2013-
00572-01 (2029- 2019); entre otras.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 30 de marzo de 2017. Exp. 3318-2015.
C.P. William Hernández Gómez. Reiterada en Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de
2022. Exp. 3939-2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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invalidez y el reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad
psicofísica.
Por consiguiente, no puede entenderse por agotado el requisito de procedibilidad
frente a dicha solicitud y en atención al derecho al debido proceso y al principio de
congruencia, mal haría el fallador en pronunciarse sobre una pretensión respecto a
la cual la demandada no tuvo la oportunidad de manifestarse.
Así las cosas, el fallo apelado que accedió a las pretensiones deberá revocarse, por
no lograrse desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto
administrativo demandado, conforme a las consideraciones anteriormente
expuestas.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 14, en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4, del artículo 365 del CGP 15, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. En su lugar se dispone:
Segundo. NEGAR las pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Tercero. ABSTENERSE de condenar en costas en ambas instancias.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
14 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
15 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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