Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-009-2015-00345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-009-2015-00345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-009-2015-00345-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinticinco 25 de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 76001-23-33-009-2015-00345-01 (71343)
Actor: HENRY RINCÓN RÍOS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se reitera el criterio acogido por esta
Sala y otros despachos que integran la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos
con supuestos fácticos y jurídicos idénticos al sub lite - La conducta del actor constituyó la
causa eficiente del daño / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA - No existen parámetros para calificar que la demora en adoptar una decisión
definitiva se debió al actuar de una de las demandadas.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de marzo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Henry Rincón Ríos fue vinculado a un proceso penal por el delito de lavado
de activos, causa en la cual se le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva en centro de reclusión. Después, recobró su libertad por vencimiento de
términos y fue condenado a 13 años de prisión; no obstante, en sede de apelación,
se decretó la prescripción de la acción penal. Con fundamento en lo anterior, la parte
actora pretende que se imponga una condena patrimonial contra las accionadas por
la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la Administración
de Justicia que se configuraron en dicho asunto.
RADICACIÓN:76001-23-33-009-2015-00345-01 (71.343)
ACTOR: HENRY RINCÓN RÍOS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 6 de abril de 2015, el señor Henry Rincón Ríos interpuso demanda de reparación
directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a fin de
que se le indemnicen los perjuicios causados con ocasión (i) de la privación injusta
de la libertad que soportó desde el 8 de febrero de 1999 hasta el 14 de enero de
2002 -35 meses y 9 días-, en un proceso penal que se tramitó por el punible de
lavado de activos; y (ii) del retardo injustificado -9 años- en la etapa de juzgamiento
que condujo a que se decretara la prescripción de la acción penal1.
Por lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de las sumas de $12’887.0002 y
$359’884.8863 por daño emergente y por lucro cesante, respectivamente; y el
equivalente a 50 SMLMV por daño moral.
Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que el 30 de octubre de 1997, la
Unidad de Lavado de Activos de Bogotá dio apertura a la investigación penal contra
varios empleados de la Cooperativa Cooperadores, sede Cali, entre ellos, el actor
Henry Rincón Ríos, quien era el gerente de servicios financieros.
En virtud de un documento anónimo enviado por el «Grupo Solidarios Pioneros
Ocho», aunado a varias interceptaciones de líneas telefónicas y allanamientos a las
oficinas de la cooperativa, aquel fue señalado de participar en una organización que,
mediante la compra, venta, redención y cobro de títulos valores, lavó dinero por más
de $10.000’000.000 a favor de los narcotraficantes identificados como los hermanos
Rodríguez Orejuela, de alias Cuchilla y de alias Chupeta.
El 8 de febrero de 1999 fue capturado y escuchado en indagatoria. Transcurridos
11 días, la Fiscalía Regional de Cali le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos.
El 11 de enero de 2000, la Fiscalía 11 para la Extinción del Derecho de Dominio y
Lavado de Activos lo acusó por tal delito, decisión que se confirmó el 9 de mayo de
esa anualidad.
1
Fls. 1 - 48 el c. 2.
2
Suma que se obtiene de los ingresos que obtenía el actor al momento de ser privado de la libertad, tasados
con tiempo de detención y el lapso que tarda una persona en conseguir trabajo al salir de la cárcel.
3
Correspondiente al valor pagado por el actor por honorarios profesionales en el proceso penal.
2
RADICACIÓN:76001-23-33-009-2015-00345-01 (71.343)
ACTOR: HENRY RINCÓN RÍOS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
El 31 de diciembre de 2001 se le concedió la libertad provisional por vencimiento de
términos, determinación que se materializó el 14 de junio de 2002.
En sentencia del 25 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Santiago de Cali condenó al demandante a una pena de 13 años
de prisión y multa equivalente a 22.000 SMLMV por el delito endilgado.
En proveído del 23 de enero de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali decretó la prescripción de la acción penal y el cese del procedimiento a favor
del actor.
En línea con lo afirmado por la parte actora, las entidades demandadas causaron
daños susceptibles de indemnización, en concreto, porque el señor Henry Rincón
Ríos (i) fue privado injustamente de la libertad y nunca se desvirtuó su presunción
de inocencia; por el contrario, para dictar la medida de aseguramiento no sólo se
tergiversó la indagatoria de la señora Claudia María Correa, sino que se tuvo en
cuenta un escrito anónimo y un informe del CTI, sin verificar el contenido de los
mismos4; y (ii) fue sometido a un proceso judicial que duró más de 9 años y terminó
sin decisión definitiva, debido a una mora judicial injustificada en la etapa de juicio,
lo que implicó un «menoscabó en su autoestima, dignidad, capital y familia, sin que
realizar maniobras dilatorias» para que ello sucediera.
2. Trámite en primera instancia
2.1. El 1° de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió
la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público5.
2.2. La Fiscalía General de la Nación manifestó que la responsabilidad alegada
únicamente recaía en la Rama Judicial, habida cuenta de que el proceso penal
estuvo sin definirse en la etapa de juzgamiento por más de 9 años ante el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, lo que condujo a que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali declarara la prescripción de la acción penal y
compulsara copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca por esa irregularidad. Con base en ese argumento,
4
Hizo énfasis en que se debían recolectar y confiscar los títulos valor que supuestamente sirvieron como apoyo
de las operaciones financieras de lavado de activos o contar con los soportes de los depósitos efectuados a
las cuentas de la cooperativa, lo que no ocurrió.
5
Fl. 51 del c.2.
3
RADICACIÓN:76001-23-33-009-2015-00345-01 (71.343)
ACTOR: HENRY RINCÓN RÍOS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
propuso que se declararan probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y ausencia de causa para demandar6.
2.3. La Rama Judicial precisó que la absolución se generó por la declaratoria de
prescripción de la acción penal, mas no por un pronunciamiento que definiera que
el actor no cometió el punible, que el hecho no existió o que actuó amparado en
alguna de las causales eximentes de responsabilidad «ni siquiera por in dubio pro
reo», por lo que no era aplicable un título de imputación de carácter objetivo.
Bajo ese contexto, arguyó que, de revisar la falla del servicio frente a la medida de
aseguramiento impuesta, se debía concluir que no se configuró una privación injusta
de la libertad, en tanto se expidió de acuerdo con la naturaleza del delito y los
indicios que existían para ese momento, los cuales estaban debidamente
soportados en el material probatorio disponible, esto es, «el informe del CTI de la
Sección de Información de Análisis Financiero, las inspecciones e interceptaciones
judiciales, las declaraciones, los testimonios e indagatorias».
Adujo que el proceso penal se originó por la propia conducta del actor, comoquiera
que omitió sus deberes como gerente de crédito, pues no reportó las actuaciones
irregulares de la Cooperativa Cooperadores referentes al ingreso de sumas de
dinero exorbitantes «sin respaldo legal» que ascendieron a los $5.700’000.000,
pese a que se le dio a conocer en mayo de 1997 el Manual de Procedimientos del
Sistema Integral para la Prevención del Delito de Lavado de Activos «al ser una de
las personas que encabezó la liquidación de dicha sociedad», en particular, lo
tocante a la función de detectar y reportar las operaciones inusuales, determinar la
sospechas y disponer de su reporte a la Fiscalía.
De otra parte, subrayó que la mora en resolver la responsabilidad penal del
procesado estaba justificada en el represamiento de procesos que para esa época
aquejaba a los despachos de dicha especialidad.
Para finalizar, propuso las excepciones de inexistencia de causa, culpa exclusiva
de la víctima, ineptitud sustantiva de la demanda, carencia de perjuicios y de daño
antijurídico7.
2.4. El 23 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial, diligencia en la que
el a quo (i) puso de presente que las excepciones propuestas por el extremo pasivo
6
Fls. 101 - 108 del c.2.
7
Fls. 120 - 124 del c.2.
4
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ACTOR: HENRY RINCÓN RÍOS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
se debían examinar en la sentencia; (ii) fijó el litigio8; (iii) e incorporó como pruebas
los documentos aportados con el escrito inicial, así como ordenó la recolección de
las piezas procesales identificadas por el actor y por el ente acusador9.
2.5. El 29 de enero de 2020 se agotó la audiencia de pruebas y se corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión por escrito y al Ministerio Público para
que rindiera concepto, si a bien tenía10.
2.6. La parte demandante reiteró los hechos y pretensiones de la demanda, para
concluir que las entidades accionadas debían responder por los perjuicios derivados
de la detención injusta de la cual fue objeto la demandante, además de la dilación
«de más de 16 años en dictar fallo absolutorio o condenatorio, pues el proceso llegó
a su fin por la aplicación de la figura jurídica de la prescripción»11.
2.7. La Fiscalía General de la Nación aseguró que no se demostraron los supuestos
esenciales para estructurar su responsabilidad, porque obró conforme con las
obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 de la Constitución Política,
el Estatuto Orgánico de la Fiscalía y las disposiciones del Código Penal y el Código
de Procedimiento Penal vigentes para la época de los hechos y, en todo caso, la
prescripción no devino de una actuación irregular suya12.
2.8. El Ministerio Público pidió acceder a las súplicas deprecadas, bajo el entendido
de que se probó que el señor Henry Rincón Ríos estuvo privado de su libertad y
«resultó favorecido por la prescripción de la acción penal», por manera que no se
desvirtuó integralmente su presunción de inocencia13.
2.9. La Rama Judicial guardó silencio.
8
Al respecto, se dijo: «problema jurídico principal: constituye el vencimiento de términos causal suficiente para
declarar la privación de la libertad sufrida por el demandante como injusta, en los términos de los artículos 65 y
68 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 90 de la Carta».
Problemas jurídicos subsidiarios: le asiste razón al señor Henry Rincón Ríos a reclamar por daño moral,
material, por el proceder jurídico de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, ordenando su
privación de la libertad.
Le cabe responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, si se trata de un proceso tramitado bajo regímenes
anteriores al sistema penal acusatorio regido por la Ley 909 de 2004.
Les asiste responsabilidad a las demandadas por no haberse tenido en cuenta los requisitos mínimos para
dictar la medida de aseguramiento y por la mora judicial».
9
Fls. 181 - 184 del c.2.
10
Fls. 224 - 226 del c.2.
11
Fls. 242 - 251 del c.2.
12
Fls. 228 - 234 del c.2.
13
Fls. 235 - 241 del c.2.
5
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ACTOR: HENRY RINCÓN RÍOS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, resaltó que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento
de sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal y de las exigencias
previstas en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 200014 para imponer la medida
de aseguramiento de detención preventiva contra el actor. Lo anterior, por cuanto
las pruebas daban cuenta de que el señor Henry Rincón Ríos tenía una intervención
directa en las negociaciones y el manejo de las cuentas «de los dineros obtenidos
en el comercio de estupefacientes», en razón de su cargo en el área de tesorería
de la Cooperativa Cooperadores, es decir, conocía con quién se negociaba, los
montos y que los movimientos financieros no gozaban de los soportes debidos.
Sobre el particular, se lee:
(…) La Fiscalía General de la Nación contaba con indicios de la existencia de
una organización criminal dedicada a lavado de activos, que efectuaban
transacciones comerciales con personas naturales y jurídicas por sumas
considerables de dinero, presentándose irregularidades en la venta de
inversiones, dinero, compra de bonos, compra de títulos, préstamos, etc., donde
no figuraban en unos casos los soportes contables que originaban las
operaciones comerciales: en otros eventos no se lograba establecer quién
vende ni quien compra; se realizaban negociaciones por ejemplo con la
Fundación Banco Microempresarial (que había sido objeto de investigación por
lavado de activos en Cali y Santafé de Bogotá), con Coocrecer y Colaborar, sin
que se hubieran acreditado sus capacidades económicas; así mismo con
personales naturales como las mencionadas anteriormente de las cuales se
desconocía su capacidad económica y la procedencia del dinero. Cooperadores
de las transacciones efectuadas con estas personas (naturales y jurídicas),
giraban cheques a personas en algunos casos ficticias, humildes o con
antecedentes judiciales, quienes por lo tanto se presumía que carecían de
recursos económicos para efectuar ese tipo de negociaciones.
Agregó que el actor fue condenado por el delito de lavado de activos y, si bien dicha
decisión quedó sin efectos, lo cierto era que ocurrió por el simple transcurso del
tiempo -prescripción de la acción penal-, es decir, por razones procesales y
posteriores al decreto de la privación de la libertad.
En segundo término, advirtió que la Rama Judicial no estaba llamada a responder
por ese daño, toda vez que sus actuaciones y providencias no se relacionaron con
la privación de la libertad del aquí demandante15.
14
Sin mayor reflexión, determinó que ese era el régimen vigente a la fecha de los hechos objeto de
investigación, aunque la investigación inició en 1997.
15
Archivo 15 del expediente digital del Tribunal.
6
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4. Recurso de apelación
La parte actora indicó que se debía aplicar «por igualdad» lo resuelto en el fallo del
29 de mayo de 2023, expedido por la Subsección B del Consejo de Estado,
expediente 63.037, en el que se examinó la privación injusta de la libertad de otro
de los procesados que también fue absuelto por prescripción de la acción penal y
se condenó a la Rama Judicial por daño especial.
Anotó que la medida de aseguramiento impuesta no fue proporcional ni necesaria,
en consideración de que no existían indicios graves de responsabilidad. Y, en gracia
de discusión, de estimarse procedente, el Estado, en el ejercicio legítimo de sus
funciones, rompió las cargas públicas que debía soportar «al ser exonerado de toda
responsabilidad penal, al configurarse la figura de la prescripción».
En su criterio, nunca fueron incautados ni confiscados los títulos involucrados en los
hechos objeto de investigación y su cadena de endosos, pese a que así lo solicitó,
de ahí que la Fiscalía no efectuó el debido análisis sobre las operaciones financieras
que dieron origen a la investigación. Igualmente, ni el ente acusador ni el juez de
conocimiento valoraron los soportes allegados por los acusados, en relación con las
órdenes de inversión, cheques y consignaciones realizadas. También se omitió el
informe elaborado por un perito experto, por medio del cual se concluyó que ninguna
de las operaciones efectuadas era ilegal.
Debatió que el a quo vulneró los principios de presunción de inocencia, cosa
juzgada y juez natural al valorar aspectos que correspondían sólo al resorte de la
autoridad penal, pues señaló que el proceso penal finalizó por la prescripción de la
acción penal y no porque se hubiera demostrado su inocencia.
Finalmente, aseguró que sí hubo una mora judicial injustificada, porque ninguna
persona debe ser sometida a un proceso penal de manera indefinida por más de 9
años, so pretexto de la complejidad del asunto16.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En auto del 5 de junio de 2024, esta Corporación admitió el recurso de apelación
y, como no se decretaron pruebas, el asunto ingresó para dictar sentencia17.
16
Archivo 19 del expediente digital del Tribunal.
17
Archivo 3 del expediente digital del Consejo de Estado.
7
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5.2. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar el fallo de primer grado.
Detalló que la absolución del enjuiciado emanó de la prescripción de la acción penal,
de suerte que era acertada la postura del a quo, teniendo en cuenta que la situación
no encajaba en alguna de las causales fijadas en el precedente constitucional
unificado para realizar un análisis de régimen objetivo.
Especificó que, aun cuando en la sentencia que trae a colación el actor se revisó un
caso por los mismos hechos, la decisión de aplicar un régimen objetivo en tal caso
era «algo de la autonomía del juez (…), pero ello no hace que sea un precedente
de obligatorio (sic) en este caso, pues dependerá de lo que en esta segunda
instancia se considere según las particularidades que encuentre, pudiendo aplicar
el de falla del servicio en el mismo sentido en que lo hizo el Tribunal».
Acto seguido, sintetizó que la medida de aseguramiento de la que fue objeto el actor
fue legal, proporcional y necesaria.
Identificó que en el escrito anónimo se relacionaron las eventuales irregularidades
que se estarían cometiendo en la cooperativa, evidenciando las modalidades a las
que acudían para llevar a cabo actividades ilícitas (lavado de activos), indicando el
ingreso y destinación de dinero respecto de personas naturales sin capacidad
económica o inexistentes, al igual que NIT de personas jurídicas que desconocían
que estaban siendo utilizadas para tales fines. El Informe 0091 de 14 de mayo de
1998 del CTI de Cali, en el cual se informaron 25 hechos anómalos de operaciones
financieras, bursátiles y contables, estableciendo que se hicieron comparaciones
con los soportes disponibles y se contaba con una lista de clientes clandestinos que
manejaban sumas cuantiosas de dinero. La declaración de la también investigada
Claudia María Correa Quintero, quien aseguró que, además de otras personas, el
actor autorizaba la firma de cheques y transacciones.
Desde su perspectiva, la autoridad penal contaba con elementos probatorios que
involucraban al procesado y permitían considerar su posible participación en el
delito investigado «de alto impacto», aunado a que la pena establecida para ese
tipo de conductas permitía la detención preventiva y se emitió en procura de impedir
la continuidad del hecho y evitar que se ocultaran, manipularan o destruyeran los
medios probatorios.
Por último, develó que no resultaba de recibo el argumento del actor según el cual
nunca se realizó un estudio juicioso de la trazabilidad completa de cada una de las
operaciones que dieron origen a la investigación, en atención a que no justificó por
8
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qué ello impedía la imposición de la medida de aseguramiento o desvirtuaba alguna
de las condiciones que la ley previó para esa actuación18.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
En virtud del 152.6 del CPACA -sin las modificaciones de la Ley 2080 de 2021-, los
tribunales administrativos conocen, en primera instancia, de los procesos de
reparación directa en los que la cuantía exceda de 500 SMMLV19, cuya apelación
le corresponde tramitarla al Consejo de Estado, según el artículo 150 ibidem20.
En el sub lite, la pretensión mayor superó la cuantía señalada, de ahí que esta Sala
es competente para conocer la alzada interpuesta contra la sentencia del a quo21.
2. Oportunidad
De conformidad con lo previsto en el literal i), del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los 2 años
«contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia».
En el caso bajo estudio, el actor alegó la ocurrencia de la privación injusta de la
libertad y, de paso, imputó responsabilidad por una mora judicial, razón por la cual
se analizarán en conjunto los argumentos expuestos en la demanda, con el fin de
establecer la oportunidad del medio de control.
Tratándose del primer supuesto, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del
Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar
a partir del día siguiente a la ejecutoria del proveído que precluyó la investigación,
de la sentencia absolutoria o desde el momento en que el procesado quede en
18
Archivo 6 del expediente digital del Consejo de Estado.
19
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
20
«Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
21
Para el 2015, el equivalente a 500 SMMLV era de $332’175.000 y la pretensión mayor, esto es, el lucro
cesante ascendió a $359’884.886.
9
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libertad, lo último que ocurra, instante a partir del cual se configura el carácter injusto
de la limitación del derecho a la libertad22.
En lo atinente al segundo postulado, la Sección Tercera de esta Corporación ha
indicado que, por regla general, la caducidad del defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia se debe contar «a partir del día siguiente a la expedición
de la decisión que pone fin al respectivo proceso judicial, toda vez que es a partir
de este momento que se consolida el daño por cuya indemnización se demanda al
Estado»23.
Para la Sala, aunque en el caso analizado se tienen dos imputaciones distintas, el
parámetro para establecer la oportunidad sería el mismo para ambas, esto es, a
partir del día siguiente a la ejecutoria del proveído del 23 de enero de 2013, porque
allí el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declaró la prescripción de la
acción penal y decretó la cesación del procedimiento seguido contra el mencionado
procesado. A su vez, se ordenó definitivamente su libertad y quedaron en evidencia
los aparentes desaciertos cometidos por las accionadas.
Así las cosas, como la referida decisión cobró ejecutoria el 25 de febrero de 201324,
el término de caducidad se extendió hasta el 26 de febrero 2015; sin embargo, se
suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial radicada por la parte actora
el 23 de enero de 2015, trámite que se declaró fallido el 6 de abril siguiente25. Ahora,
la demanda se presentó ese mismo día y, por consiguiente, se observa oportuna.
3. Legitimación
El señor Henry Rincón Ríos está legitimado para demandar, puesto que de las
pruebas arrimadas al expediente se desprende que se adelantó un proceso penal
en su contra, dentro del cual se le impuso la medida de aseguramiento de detención
preventiva y se le condenó por el delito de lavado de activos, pero finiquitó por
prescripción de la acción penal.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2007,
expediente 33.918, M.P: Enrique Gil Botero. Ver entre otras providencias, auto del 2 de noviembre de 2000,
expediente 17.964; auto del 2 de febrero de 1996, expediente 11.425. y auto del 4 de marzo de 2013, expediente
43775, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
23
Al respecto, se puede consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 14 de septiembre de 2017, expediente 48.271; sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 57.541, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 9 de abril de 2020, expediente 51.484, M.P. María Adriana Marín, y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2017, expediente
38.644. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
24
Fl. 225 del c.1.
25
Fls. 515 - 517 del c.1.
10
RADICACIÓN:76001-23-33-009-2015-00345-01 (71.343)
ACTOR: HENRY RINCÓN RÍOS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
De otra parte, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial se encuentran
legitimadas en la causa por pasiva con sustento en las imputaciones que en su
contra se formularon en la demanda hoy analizada; empero, se aclara que está por
determinarse el sentido de la sentencia, por tanto, al adelantar el estudio de fondo
se determinará si existió o no una participación efectiva en la producción de los
daños antijurídicos alegados.
4. Análisis de fondo
4.1. Hechos probados
En el presente asunto, se acreditó que al señor Henry Rincón Ríos se le vinculó a
un proceso penal por el delito de lavado de activos, actuación de la que se encuentra
probado lo siguiente:
• El 21 de enero de 1999, la Fiscalía Regional de Cali dio apertura a la instrucción y
ordenó la vinculación del señor Henry Rincón Ríos, quien fungía como gerente de
servicios financieros de la Cooperativa Cooperadores de Cali. Se detalló que la
investigación estuvo motivada por un anónimo remitido por el «Grupo solidarios
pioneros ocho de la misma cooperativa», mediante el cual informaron que a esa
asociación ingresaron dineros del narcotráfico provenientes de los hermanos
Rodríguez Orejuela y de alias «Cuchilla y Chupeta», quienes habían lavado
aproximadamente $10.000’000.000 en esa entidad26.
De conformidad con lo anterior, el 30 de octubre de 1997, el ente acusador dispuso
labores investigativas como interceptación de líneas telefónicas y allanamientos a
las oficinas de la cooperativa con el propósito de constatar lo dicho en el anónimo.
Las actuaciones y documentación recolectada arrojaron múltiples irregularidades en
sus transacciones comerciales27.
• El 8 de febrero de 1999 se dispuso su captura y fue escuchado en indagatoria28.
• El 19 de febrero de 1999, la Fiscalía Regional de Cali resolvió la situación jurídica
del señor Henry Rincón Ríos y le impuso medida de aseguramiento de detención
26
Según se desprende de la decisión en la cual se impuso medida de aseguramiento. Fls. 1 - 2 del c.1.
27
Ibidem.
28
Según se desprende de lo narrado en la sentencia condenatoria de primera instancia.
11
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preventiva, como presunto autor del delito de lavado de activos. Se transcriben los
fundamentos de esa providencia29:
(…) Se puede apreciar el indicio grave de responsabilidad que exige el artículo
388 del Código de Procedimiento Penal para proferir medida detentiva.
(…) Se estableció una vez analizada la documentación obtenida en los
allanamientos y registros, que en la Cooperativa Cooperadores se efectuaban
transacciones comerciales con personas naturales y jurídicas (…),
presentándose irregularidades en la venta de inversiones temporales, compra
de bonos, compra de títulos, préstamos, etc., donde no figuraban en unos casos
sus soportes contables que originaban las operaciones comerciales; en otros
eventos no se logra establecer quién vende ni quien compra; se realizaban
negociaciones por ejemplo con Fundación Banco Microempresarial (que ha sido
objeto de investigación por lavado de activos en Cali y Santafé de Bogotá) con
Coocrecer y Colaborar, sin que se haya acreditado su capacidad económica;
así mismo con personales naturales como las mencionadas anteriormente de
las cuales se desconocía su capacidad económica y la procedencia del dinero.
Cooperadores de las transacciones efectuadas con estas personas (naturales
y jurídicas) giraban cheques a personas en algunos casos ficticias, humildes o
con antecedentes judiciales, quienes por lo tanto carecían de recursos
económicos para efectuar ese tipo de negociaciones.
(…) Aparece un relación de hechos (25 en total ) suscrito por el Investigador
Judicial del CTI de Cali, donde refiere de manera clara y concreta algunas (las
delectadas) de las operaciones comerciales realizadas por Cooperadores con
personas jurídicas y naturales, donde precisa la serie de irregularidades
observadas en esas negociaciones, que desde luego dejan entrever que el
contenido del anónimo remitido por el grupo Pioneros Solidarios Pioneros Ocho
y donde denuncia la infiltración del dinero del narcotráfico en dicha Entidad y la
presunta participación de personal directivo en actos delictivos, tiene
credibilidad y por consiguiente no es dable considerar, por lo menos por ahora,
que el anónimo tenía la finalidad de perjudicar a Henry Rincón y denunciar
hechos infundados. Por el contrario, se trata de situaciones anómalas que rayan
con la comisión del ilícito que precisamente se averigua.
Empero las irregularidades presentadas y detectadas en Cooperadores tan bien
incluyen un listado de ‘clientes clandestinos’ (…), se relacionan un sinnúmero
de personas de quienes se afirma carecen de capacidad de ahorro y
endeudamiento y no obstante manejaban sumas cuantiosas de dinero. Otras
personas con antecedentes judiciales, quienes al parecer no tenían
conocimiento que estaban siendo utilizados para fraccionar las grandes sumas
de dinero en unas más pequeñas para dificultar su ubicación. Igualmente
existen clientes inexistentes (…) donde se observa que los números de cédula
no coinciden o donde su profesión o actividad no corresponde con los activos
motivados en un balance supuestamente suscrito por la cuenta habiente y la
Contadora (…).
No solamente por acción sino por omisión en el control de lavado de activos
aparecen comprometidos Henry Rincón Ríos (…) se observa una relación de
CDAT vigentes, donde aparecen como responsable comercial al parecer de
informar a la SuperBancaria y/o Fiscalía, de operaciones comerciales (CDAT)
que excede el monto establecido. Claramente en la columna SIPLA en la
mayoría de los casos figura que no se informó (…).
(…) Pero es apenas obvio que el señor Rincón asuma posturas de ese talante
ya que la misma actitud adoptaron los otros indagados. Situación que entiende
esta comisión de Fiscales pues al fin y al cabo lo lógico y normal es que se
defiendan del cargo por el cual se les vinculó jurídicamente a través de
29
Fl. 4 - 18 del c.1.
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indagatoria. Pero una cosa es su posición y otra muy distinta la que tiene esta
comisión en relación con su presunta participación en el hecho que se investiga.
El indagado desde los mismos albores del investigativo aparece relacionado en
el anónimo enviado por el grupo solidarios pioneros ocho como comprometidos
en la legalización de dineros procedentes del tráfico de estupefacientes y desde
luego de personas vinculadas con dicha actividad ilícita, concretamente del
lavado de activos efectuado a través de la Cooperativa de Cooperadores.
No empece entonces la ajenidad que plantean a la Fiscalía, se puede afirmar
que mediante los medios probatorios legalmente allegados se ha establecido
que Rincón Ríos (…) intervenía en las operaciones comerciales efectuadas por
Cooperadores con personas jurídicas y naturales. Así se desprende de lo
expuesto por Claudia María Correa Quintero y Luz Angela Diez Ruscher, es
decir que de acuerdo con lo manifestado por las indagadas Henry Rincón tenía
una intervención más directa en las negociaciones en razón de su cargo.
También lo es que participaba activamente en dichas transacciones, razón por
la cual lo involucra en las irregularidades avizoradas por el CTI.
Otra situación de suyo relevante es que las áreas de tesorería y contabilidad
estaban bajo la dependencia de Henry Rincón (…) y de acuerdo con la
documentación analizada en dichas áreas es donde se presentan el sin número
de irregularidades en las operaciones comerciales. Por lo tanto y de aceptar en
gracia de discusión que no intervenían directamente en las operaciones
comerciales efectuadas por la Cooperativa de Cooperadores, se sugiere que
por lo menos conocían a través de tesorería y contabilidad con quienes
negociaba la Cooperativa y fundamentalmente los montos de estas
negociaciones, y especialmente que tuvieran el soporte exigido, máxime en
tratándose de considerables sumas de dinero (…).
• El 11 de enero de 2000, la Fiscalía 11 para la Extinción del Derecho de Dominio y
Lavado de Activos de Bogotá dictó resolución de acusación contra el sindicado por
el delito imputado, en los siguientes términos30:
Por intermedio de la Cooperativa (…) se transformaron bienes que tenían su
origen en actividades de enriquecimiento ilícito, dándoles apariencia de
legalidad o legalizándolos y encubriendo así su verdadero origen ilícito.
Esa conducta fue realizada haciendo efectivo el ingreso a la Cooperativa de
más de cinco mil setecientos millones de pesos que habían sido adquiridos
ilícitamente y haciéndolos salir de ella con apariencia de legalidad. La forma
como se cumplió en ingreso de dichos fondos a Cooperadores, y su posterior
egreso, ha quedado probatoriamente establecida, y ha consistido en las
maniobras y artificios ya descritos y valorados dentro de la presente calificación.
En efecto, las notas de contabilidad, los comprobantes de pago y otros
documentos recogidos, que aparecen soportando transacciones que no
coincidieron con la realidad, los múltiples cheques girados a diversas personas
que no tenían nexo alguno, con las supuestas operaciones financieras de la
Cooperativa, cobrados por personas distintas de las personas beneficiarias y
obviamente a sus espaldas, los testimonios de las personas que fue posible
localizar y los informes contables (…), entre otros, son medios probatorios que
sin duda así lo indican.
Ahora, se predica que esas cuantiosas sumas de dinero que circularon por la
cooperativa habían sido originadas en actividades de enriquecimiento ilícito, con
respaldo en la prueba indiciaria.
30
Fls. 19 - 60 del c.1.
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(…) Que diversas notas de contabilidad como las analizadas aparecen
acreditando ingresos de dinero sustentados en operaciones bursátiles y
financieras que han quedado desvirtuadas a través de informes contables
rendidos por el CTI y relacionados en esta providencia.
(…) Que apoyados los correspondientes ingresos de dinero en transacciones
que no tuvieron real cumplimiento, la cooperativa procedió a girar múltiples
cheques a la orden de terceras personas que no tenían la correspondiente
relación económica con la entidad, en lugar de haber hecho los pagos
directamente a quienes figuraban como beneficiarias de las gestionadas por la
entidad, pero a la postre tales títulos fueran cobrados por personas distintas a
los primeros beneficiarios.
Este hecho indicador está plenamente probado mediante numerosas
declaraciones de personas quienes hicieron figurar como primeros
beneficiarios, entre quienes se cuentan, como ya se dijo, Guillermo Garzón
Ospina, Orlando Moreno, Fernando Cruz Díaz, Carlos Hernán Casiano Falla,
Yolanda Lasso Rodríguez, Jaime García González Marmolejo, María
Concepción Rivera Contreras, Mario Atehortúa Gutiérrez, Marianella Borrero de
Doronsoro, y Ricardo Rivera, y con los cheques físicamente recogidos en los
cuales se constata que todos ellos fueron cobrados por personas distintas a
aquellos primeros beneficiarios.
Que, para pagar el valor de títulos supuestamente recibidos con el fin de
redimirlos y cobrar intereses, la cooperativa hizo reinversión en bonos ordinarios
y giró otros cheques a terceros, como es el caso de Ricardo Rivera de quien la
entidad $567.427.050, y pagando suma equivalente.
Los irregulares registros al respecto cumplidos fueron comprobados por el
respectivo investigador del CTl, corno quedó atrás relacionado, e igualmente se
recibió testimonio a Ricardo Rivera quien manifestó que no tuvo relación
económica con Cooperadores distinta du una cuenta de ahorros que debió abrir
para que le hicieran un préstamo por escaso valor de $2.000.000.
Que el funcionario investigador del CTl en los comienzos de esta actuación
recibió del entonces contador de Cooperadores, Herney Lombo Peñuela, quien
en los días posteriores fue ultimado con arma de fuego, un listado de más de
cien personas calificadas como clientes clandestinos con indicación de que se
trataba de personas que no tenían capacidad de ahorro ni endeudamiento y no
obstante manejaban cuantiosas sumas de dinero.
En relación con el actor, la Fiscalía puntualizó que él, en su condición de gerente
de crédito y como responsable del normal desarrollo de sus funciones, podía y
debía detectar y reportar tantas actuaciones irregularidades que se presentaban al
interior de la cooperativa, pues estaban bajo su dependencia y control, ya que al
ser directivo recaía la obligación establecida en el Manual de Procedimientos y
Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos, según el cual estaba
obligado a informar las operaciones inusuales o sospechosas a la Fiscalía, proceso
que se le comunicó con antelación y conocía, porque aquel también fungía como
liquidador de la entidad. Sin que se pudiera excusar en que no tenía conocimiento
de lo acontecido, debido a que para las aperturas de cuentas y giros de dinero se
debían verificar los datos de cada cliente.
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• La anterior decisión fue confirmada el 9 de mayo de 2000 por la Fiscalía delegada
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con idénticos argumentos31.
• El 31 de diciembre de 2001 se le concedió la libertad provisional al señor Henry
Rincón Ríos por vencimiento de términos32, la cual se hizo efectiva el 14 de enero
de 2002, previa suscripción de la diligencia de compromiso33.
• El 25 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cali condenó al procesado a 13 años de prisión y multa equivalente a 22.000
SMLMV, en calidad de autor del delito de lavado de activos. Al respecto, aseveró34:
(…) En relación con las actividades de Henry Rincón Ríos, se estableció que
fungía como Gerente de crédito e inversiones, encontrándose bajo su mando la
división de Tesorería, Crédito y Cartera y los cajeros.
Una atenta lectura a su funciones y obligaciones deja entrever que, si bien el
manejo de cartera y el convenio para pago de servicios públicos constituía una
de las tareas, lo cierto que este no era el límite de su desempeño. Pues, aunque
asegura que ninguna injerencia operativa tenía con el trámite de la
documentación y el conocimiento exacto de las operaciones, lo cierto es que
otra realidad se ha palpado a lo largo del investigativo, donde figura autorizando
un importante número de operaciones, a la que se suma la que en detalle
reporta la comisión de liquidadores de Cooperadores, donde figura en compañía
de Claudia María Correa y Carlos Alberto Cifuentes autorizando el pago en
operaciones llevadas a cabo a través de Fianza S.A.
(…) En la indagatoria señala que tenía bajo su cargo (…) básicamente lo
relacionado con el manejo de las obligaciones contraídas por Cooperadores con
otras instituciones financieras y nunca tuvo un manual de funciones, señala que
los reportes se enviaban directamente a la gerencia general quien efectuaba las
operaciones de captación a través de la tesorería. Desconoce que a través de
la entidad se hubieran adelantado operaciones con dinero de narcotráfico, pues
nunca tuvo acceso a los trámites de los clientes clandestinos (…). Precisó que
el proceso de verificación de soportes para las operaciones con títulos o
acciones, correspondía a Claudia María Correa y antes de ella lo hacía Fabio
Daza y que cuando él estampaba su firma diligenciamiento de la orden de
inversión y la carta de intención. Indica que, si se emitía alguna orden de
inversión por parte de un superior de la tesorería, debía figurar el nombre de
quien lo autorizaba. Confirma que por tesorería (…), que bajo su cargo no tenía
relación con la contabilidad y que no tuvo injerencia en las operaciones
irregulares observadas (…).
Sobre la emisión de títulos sin la respectiva autorización, clarifica que solo
atendía créditos de asociados hasta por 20 millones (…) y que las operaciones
de alto costo eran del departamento jurídico (…).
En ampliación de indagatoria, al ser interrogado por las adiciones y aclaraciones
del informe policivo 091, asegura que desconocía la existencia de esa
irregularidades, pues la tesorería debía elaborar la documentación
indispensable para contar con la información que se echa de menos, la cual
debía ser ratificada por quien adelantaba la gestión comercial, de tal manera
que antes de la elaboración del cheque, se negociabilidad y luego se pasaba a
31
Fls. 61 - 79 del c.1.
32
Fls. 391 - 397 del c.1
33
Según el contenido de la primera sentencia condenatoria.
34
Fls. 80 - 160 del c.1.
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firmar el cheque por las personas que tenían rúbricas autorizadas. En cuanto a
las operaciones irregulares puestas de presente, asegura que no tuvo
conocimiento, pues esos aspectos no dependían de él, sino de la gerencia.
(…) Contra lo manifestado por el indagado por atribuir de manera directa
responsabilidad en las irregularidades a la tesorería y la gerencia comercial, se
alza el contenido de la indagatoria de Luz Ángela en la que se señala con
vehemencia que de las operaciones de la tesorería era notificado Henry en
calidad de jefe directo.
(…) Se le colocaron de presente la documentación donde figuran las iniciales
de su nombre, pero aseguró que desconoce su origen. Atestación que resulta
desmentida en la indagatoria de Humberto Herrera Echeverry, quien de manera
certera alude que las personas responsables de las autorizaciones para las
operaciones comerciales eran (…) Henry Rincón Ríos.
Basta con observar el archivo de las comunicaciones emitidas por la gerencia
de crédito e inversiones para comprobar que las gestiones en materia de
inversiones no son ajenas, ya que se remitían copia entre todas las
dependencias (…).
Conviene destacar los informes de control estratégico dirigidos a la gerencia de
servicios financieros que desde 1996 se venían presentando irregularidades en
la constitución de CDAT de considerable cuantía en la tesorería dependencia a
cargo de aquel (…).
• Uno de los procesados apeló la anterior decisión y el 29 de febrero de 2012, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó su condena35. Por lo anterior,
promovió recurso extraordinario de casación, el cual desató la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de ese mismo año, en el sentido de
declarar prescritas las acciones penales y civiles seguidas contra ese procesado y,
de contera, ordenó la cesación del procedimiento36.
• Dado que el aquí actor también cuestionó su condena, en providencia del 23 de
enero de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declaró prescrita la
acción penal a su favor ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Así se
definió37:
En el caso (…) es evidente que la resolución de acusación cobró firmeza el 10
de mayo de 2000, evento procesal que interrumpió el término prescriptivo (…)
iniciándose desde ese momento la nueva contabilización por un término igual a
la mitad del señalado en el art. 80 del decreto 100 de 1980 (…), sin que pueda
ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10) años, por lo que si el máximo
de la pena fijado para el delito de lavado de activos agravado es de 15 años al
cual debe añadirse la circunstancia de agravación punitiva contenido en el
artículo 247-C de la ley 365 de 1997, es decir las tres cuartas (3/4) partes del
tiempo máximo a imponer, la pena definitiva en su extremo mayor sería 26 años
y 3 meses de prisión.
Así entonces, la mitad de la pena es 13 años, 1 mes y 15 días de prisión, no
obstante este lapso supera el señalado en el artículo 84 del decreto Ley 1000
de 1980, dado que si el término de prescripción se reinicia con la ejecutoria de
35
Fls. 161 - 200 del c.1.
36
Fls. 201 - 214 del c.1.
37
Fls. 215 - 225 del c.1.
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la resolución de acusación por un término igual a la mitad del señalado en el
artículo 80 del código Penal vigente para la fecha de los hechos, el cual (…) no
podía exceder en ese primer momento procesal de 20 años, la prescripción de
la acción penal luego de ejecutoriada la resolución de acusación, no puede
superar la mitad de este término, por lo tanto no podría ser exceder los 10 años.
Por lo anteriormente expuesto, los diez años de plazo máximo para ejercer la
acción penal, contados a partir del 10 de mayo de 2000, vencieron el 9 de mayo
de 2010.
(…) En este orden de ideas y en consideración a que el proceso ha superado
con creces el término de prescripción, sin que la sentencia se encuentre
debidamente ejecutoriada, la ocurrencia de dicho fenómeno impide continuar
con la revisión respectiva, en consecuencia, se decretará la cesación del
procedimiento por prescripción de la acción penal (…).
4.2. Caso concreto
El juez de primer grado coligió que no le asistía responsabilidad a las entidades
demandadas, dada la ausencia de falla del servicio, porque, de un lado, la Fiscalía
General de la Nación contaba con los indicios que le exigía el ordenamiento jurídico
vigente para imponer la medida de aseguramiento contra el demandante y, de otra
parte, la Rama Judicial no tuvo injerencia en la privación de la libertad decretada.
El señor Henry Rincón Ríos impugnó esa determinación, en tanto consideró que se
debía acceder a sus pretensiones, pues era evidente que la medida fue arbitraria,
pero más allá de eso afirmó que se predicaba una responsabilidad objetiva por daño
especial, ya que el Estado, en el ejercicio legítimo de sus funciones, rompió las
cargas públicas que debía soportar al privarlo de la libertad y con posterioridad fue
«exonerado de toda responsabilidad penal, al configurarse (…) la prescripción»,
conclusión que, además, plasmó la Subsección B del Consejo de Estado en un caso
igual al suyo.
En estas condiciones, a la Subsección le correspondería determinar si la medida de
aseguramiento dictada contra el actor estuvo o no ajustada a derecho o si cabe
observar ese tipo de daño desde la óptica de un régimen objetivo de
responsabilidad; no obstante, no puede proceder de conformidad, dada la
configuración de una excepción de mérito -la culpa exclusiva de la víctima-, que es
susceptible de ser declarada de oficio en esta instancia, en virtud del artículo 187
del CPACA38 y la jurisprudencia de esta Corporación39. Además, su existencia
rompe el nexo causal y, de paso, impide adelantar un juicio jurídico de atribución.
38
“Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
39
La Sala Plena de esta Sección, en relación con la posibilidad que tiene el juez decrete excepciones de manera
oficiosa, en sentencia de unificación puntualizó: “[P]por regla general el marco fundamental de competencia del
juez de segunda instancia lo constituyen las referencias (…) que se aducen y esgrimen en contra de la decisión
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Desde ya se advierte que el criterio expuesto guarda coherencia con lo definido
tanto por esta Sala40 como por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado41, inclusive por una de las Salas Especiales de Decisión42, oportunidades
en las que se resolvieron y avalaron casos de contornos fácticos y jurídicos iguales
al sub lite y se negaron las pretensiones de la demanda ante el evento antes citado,
por consiguiente, se mantendrá el respeto por esos proveídos, no sin antes aclarar
que más adelante se hará referencia al fallo puntual que mencionó el actor en la
alzada, así como al cargo de mora judicial debatido.
De cara a la resolución de este reparo, la Sala alude que el juez de lo contencioso
administrativo no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento
penal, pues esta es de reserva del juez ordinario. Así lo dijo la Corte Constitucional
en la sentencia SU-363 de 2021.
Aunque a los jueces administrativos no les corresponde debatir la responsabilidad
penal ni cuestionar la decisión de fondo proferida por los jueces de la jurisdicción
ordinaria, ello no obsta para que, desde la perspectiva de la responsabilidad
extracontractual del Estado, se pueda determinar que la decisión de detención
resultó imputable a la víctima, en los eventos en los que se acredite que la medida
de aseguramiento se distorsionó como consecuencia de la conducta de la víctima,
porque ofreció versiones contradictorias que entorpecieron la actuación penal. En
relación con las conductas que permiten declarar la eximente de responsabilidad
mencionada, esta Corporación ha señalado lo siguiente43:
(…) Son las actuaciones dirigidas a que la autoridad incurra en equivocación
(como hacer afirmaciones falsas u ocultar las verdaderas, confesar conductas
en la que no incurrió para favorecer a un tercero, o eludir los llamados para que
comparezca al proceso) las que pueden estructurar la culpa exclusiva de la
víctima, en la medida que están dirigidas, intencionalmente o con una
negligencia tal que hace presumir tal intención, a distorsionar la investigación o
impedir su normal desarrollo y pueden resultar determinantes en la decisión de
detener al sindicado que adopta el Juez Penal. Es frente a estas conductas,
(…), junto con las excepciones que se derivan (…) de las normas legales de carácter imperativo” (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente
21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez). El anterior criterio fue reiterado en sentencia de unificación del 6 de
abril de 2018, así: “[Si] se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar
todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…), sin perjuicio de la potestad que tiene el
juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
6 de abril de 2018, expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth).
40
Expediente 63.084, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
41
Expediente 63.085, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión,
sentencia del 11 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2020-02927-00, M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6
de septiembre de 2021, expediente 48.634, M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Reiterada el 4 de julio de 2023,
expediente 60.356, M.P Marta Nubia Velásquez Rico.
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ajenas y distintas a aquellas que determinaron la imputación del delito, que
puede estructurarse la culpa exclusiva de la víctima.
En el caso que nos ocupa está demostrado que la Fiscalía General de la Nación
dictó una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el señor Henry
Rincón Ríos, quien fungía como gerente de servicios financieros de la Cooperativa
de Cooperadores Cali, por su presunta participación en el delito de lavado de
activos. Esto ocurrió en el marco de la investigación penal iniciada por el anónimo
remitido por el Grupo Solidarios Pioneros Ocho de tal entidad, en el que se indicaba
que allí ingresaban dineros obtenidos en el comercio de estupefacientes.
Tal decisión se soportó en la documentación obtenida en los allanamientos y
registros a la cooperativa, que correspondía a las transacciones comerciales que se
efectuaron con personas naturales y jurídicas de las que se pudo determinar que:
(i) no tenían capacidad económica de endeudamiento o ahorro; (ii) se desconocía
la procedencia de sus ingresos; (iii) tenían antecedentes judiciales y, al parecer, no
tenían conocimiento de que estaban siendo utilizados para estas operaciones; (iv)
eran clientes inexistentes, dado que sus datos eran falsos; (v) en muchos casos no
obraban los soportes contables de las operaciones comerciales, pese a que se
cruzaron elevadas sumas de dinero; (vi) se realizaban negociaciones con entes
investigados por lavado de activos; y (vii) existían CDAT44 que excedían los montos
autorizados y el actor aparecía como responsable comercial de informar ello a las
autoridades competentes, sin que ello sucediera.
A esto se suman las declaraciones de varios empleados de la entidad financiera,
entre ellos, la tesorera, quien era subordinada del demandante e indicó que él, en
razón de su cargo, intervenía en las operaciones comerciales efectuadas por la
cooperativa con personas jurídicas y naturales, lo que indicaba que «participaba
activamente en las transacciones irregulares».
Es importante destacar que el señor Henry Rincón Ríos, en su calidad de gerente
de servicios financieros, tenía bajo su mando no sólo el área de tesorería, sino la de
contabilidad y, de acuerdo con la documentación analizada por el CTI, en tales
dependencias se registraban un sin número de problemas en las operaciones
comerciales, de lo que se podía inferir que tuvo pleno conocimiento de los
movimientos financieros que se realizaron en la cooperativa o, al menos, debía
conocer con quiénes negociaba la entidad, los montos y, en especial, si contaban
44
Producto financiero de inversión que permite a los clientes depositar una suma de dinero por un plazo fijo y
recibir una tasa de interés previamente acordada.
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con los soportes exigidos, máxime cuando era el encargado de reportar estos datos
y, además, asumió también como liquidador de la entidad.
A pesar de ese panorama, en la indagatoria y ampliación se le puso de presente
información en la que figuraba autorizando un importante número de operaciones y
las iniciales de sus nombres; empero, insistió en que desconocía por completo esa
situación y dijo que estos aspectos dependían netamente de la gerencia general; no
obstante, el señor Humberto Herrera Echeverry testificó «de manera certera» que
el investigado era uno de los responsables de las autorizaciones para las
operaciones comerciales, de ahí que tenían su aval.
Asimismo, el archivo sobre las comunicaciones emitidas por la gerencia de crédito
e inversiones para comprobar que las gestiones en materia de inversiones dieron
cuenta que no le eran ajenas, ya que se remitían copia entre todas las dependencias
y reposaban los informes de control estratégico dirigidos directamente a la gerencia
a su cargo advirtiendo que «desde 1996 se venían presentando irregularidades en
la constitución de CDAT de considerable cuantía en la tesorería».
Con base en lo anterior, la Fiscalía determinó que el demandante faltó a la verdad
en sus dichos sobre su participación en los hechos, las actividades que desarrollaba
en su calidad de gerente de servicios financieros y sobre el conocimiento que tenía
de las transacciones irregulares que se realizaban.
La conducta procesal del señor Henry Rincón Ríos de negar por completo las
actuaciones que realizaba en su cargo y de querer mostrar total ajenidad con los
hechos investigados fue desvirtuada con las otras pruebas que obraban en el
proceso penal. Era claro que, debido a sus funciones y a las autorizaciones que
efectuaba, sí conocía el ingreso irregular de dineros ilícitos al mercado comercial y
financiero y las distintas operaciones que se realizaban para legalizarlos.
La versión rendida en la indagatoria fue determinante en la imposición de la medida
de aseguramiento en su contra, porque no era creíble y, además, era contradictoria
con la documentación encontrada y lo declarado por los otros empleados. Esto
condujo a la Fiscalía a inferir su posible participación en los delitos investigados y a
ordenar su privación de la libertad.
Así pues, al margen de la prescripción de la acción penal, la medida de
aseguramiento tuvo como causa determinante la conducta del sindicado y como el
fundamento de las pretensiones consistió en la privación de la libertad que debió
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afrontar aquel, hay lugar a concluir que el daño provino de su propio
comportamiento, razón que amerita mantener la negativa de las súplicas indicada
en la sentencia de primera instancia.
Ahora bien, la Subsección quiere aclarar, como previamente lo señaló, que, si bien
el actor exigió replicar lo concluido en el fallo del 29 de mayo de 2023, dictado por
la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 63.037, en
el que se accedió a una reparación de uno de los procesados bajo el régimen
objetivo de daño especial, lo cierto es que ese pronunciamiento no es vinculante,
por dos razones: (i) aquí se predica una culpa de la víctima, punto que en esa
decisión no se desarrolló, al parecer, por la carencia de pruebas aportadas, tanto
así que allí no se aportó la resolución mediante la cual se impuso la medida de
aseguramiento contra la víctima; y (ii) al estudiar de fondo el asunto, la metodología
adecuada para abordar el estudio de responsabilidad patrimonial extracontractual
del Estado en casos de privación injusta de la libertad, según lo expuesto en las
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional -precedente
obligatorio y vigente-, era analizar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de
la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, si esta se
ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal,
puesto que el régimen objetivo de responsabilidad sólo fue contemplado cuando la
decisión penal culmina con la declaración de que el hecho no existió o la conducta
era atípica, mas no por prescripción de la acción penal, cuestión sobre la que en
ese proveído no se ofreció un estudio45.
Finalmente, conviene mencionar que, en el escrito inicial, la parte actora solicitó la
reparación del daño causado por el defectuoso funcionamiento de la Administración
de Justicia por mora judicial, pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
evaluó esa imputación y así fue refutado por el recurrente, por consiguiente, al tenor
de lo previsto en el artículo 287 del CGP46, la Sala debe complementar la sentencia
de primera instancia respecto de este cargo.
45
Únicamente se coligió lo siguiente: «La privación de la libertad que padeció el demandante Pablo Alberto
Merino Saa durante el transcurso del proceso y por un período de un (1) año, siete (7) meses y veintidós (22)
días le causó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben
tolerar por el hecho de vivir en sociedad. Teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia del proceso penal
no logró obtener firmeza, la presunción de inocencia del demandante Pablo Alberto Merino Saa no fue
desvirtuada. Se trata de un daño especial, particular y grave que tiene el carácter de antijurídico a la luz de lo
dispuesto en el artículo 90 de la C.P., y que debe ser indemnizado por el Estado».
46
«Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse
por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria (…)».
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Pues bien, en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el legislador estableció la
responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia, el cual, a juicio de esta Sección47, se configura cuando no funcionó, lo hizo
de manera equivocada o procedió en tal sentido, pero de manera tardía48.
Para determinar este tipo de responsabilidad se debe dilucidar si ese retardo estuvo
justificado o no, conclusión a la cual se llega luego de analizar la complejidad del
asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como se llevó el caso, el volumen
de trabajo del despacho que tramitó el asunto y los estándares de funcionamiento
de la Rama Judicial, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley,
sino al promedio de duración de procesos como aquel que sirve de fundamento a
las pretensiones, punto que se debe analizar desde la propia realidad de una
administración de justicia con problemas de congestión, y no desde un estado
ideal49.
Al respecto, esta Subsección ha precisado que el paso del tiempo no es suficiente
para concluir que se presentó una mora judicial injustificada, de ahí que deban
analizarse las condiciones particulares del servicio de Administración de Justicia, en
concreto de la jurisdicción a cargo del respectivo proceso, de los despachos
encargados de su trámite, del tipo de proceso que se invoca como fundamento del
petitum y de la conducta de las partes, con el fin de constatar si la tardanza
constituye o no un defectuoso funcionamiento del servicio50.
En el caso examinado, el señor Henry Rincón Díaz manifestó que fue sometido a
un proceso judicial que duró más de 9 años y terminó sin decisión definitiva, en
razón de una tardanza judicial injustificada en la etapa de juicio, lo que representó
un «menoscabó en su autoestima, dignidad, capital y familia».
De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, lo único que se tiene
acreditado es que el 9 de mayo de 2000 quedó en firme la resolución de acusación
decretada por la Fiscalía General de la Nación contra el actor; que el 31 de
diciembre de 2001 se le concedió la libertad provisional por vencimiento de
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de
2010, expediente 17.301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9
de septiembre de 2013, expediente 27.452, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del 11 de mayo
de 2011, expediente 22.322, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, criterio reiterado por la Subsección A de la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
agosto de 2011, expediente número 27.524, M.P. Hernán Andrade Rincón.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14
de septiembre de 2017, expediente 48.271, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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términos; que el 25 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cali lo condenó en primera instancia; y que el 23 de enero de
2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declaró la prescripción de la
acción penal.
Así, aunque salta a la vista que, después de finalizada la etapa de acusación, la
Rama Judicial tardó 9 años en definir su responsabilidad penal, lo que, a su vez,
implicó que, en sede de apelación de esa decisión, se decretara la prescripción,
pues el tiempo máximo para culminar el juicio por el delito endilgado se extendió
hasta el 9 de mayo de 2010, lo cierto es que la Sala no tiene conocimiento de lo que
realmente ocurrió en ese interregno, es decir, no puede validar con certeza las
razones de la tardanza ante la precariedad de las pruebas disponibles.
Tal situación impide sostener que la mora en el trámite del juzgamiento sea
atribuible a la Rama Judicial y, como ya se explicó, el paso del tiempo, per se, no
conduce a concluir que hubo un retraso injustificado.
Con todo, tampoco existe elemento de convicción que demuestre que durante ese
lapso -la etapa de juzgamiento- el demandante sufrió un daño, pues lo único que se
advierte es que fue sujeto de un proceso penal, sin detrimento a su libertad personal,
en tanto estaba en libertad por vencimiento de términos. Entonces, a juicio de esta
Sala, tal imputación no tiene vocación de prosperidad.
5. Costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene
en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas «están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho», pero vale aclarar que estás últimas serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, de conformidad con el artículo 366.4 de esa misma norma.
En el caso concreto, la presente decisión modificará el fallo apelado, por ende, en
atención a lo previsto en el artículo 365.2 del CGP, se condenará en costas, en esta
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instancia, a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió de manera
desfavorable el recurso de apelación, esto es, a la parte actora.
Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser
liquidadas por el juez de primera instancia. Así, las agencias en derecho se fijan al
tenor de lo dispuesto en el numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003 51, en la suma
de $4’049.293, esto es, el equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la
demanda de la demanda negadas en la sentencia52, monto que deberá ser dividido
y pagado a favor de las entidades demandadas, en partes iguales, porque, aunque
no alegaron de conclusión en segunda instancia, debieron atender el proceso de
manera diligente y oportuna a través de sus apoderados judiciales que hacen parte
de su planta de personal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 11 de marzo de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO. NEGAR las súplicas de la demanda respecto de las imputaciones por
privación injusta de la libertad y por defectuoso funcionamiento de la Administración
de Justicia propuestas por el actor, por lo aquí razonado.
TERCERO. Condenar en costas, en segunda instancia, a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del CGP.
Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma de cuatro millones
cuarenta y nueve mil doscientos noventa y tres pesos ($4’049.293), rubro que
deberá ser dividido y pagado a favor de las entidades accionadas, en partes iguales.
51
«3.1. Asuntos Contencioso Administrativo
(…) 3.1.3. Segunda instancia.
(…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia (…)”.
52
“Artículo cuarto. Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios
mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda
reconocidas o negadas en la sentencia».
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DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
CUARTO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al tribunal de origen.
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
VF
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