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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-009-2015-00429-01

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-009-2015-00429-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia. 77 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 78 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 56 Radicado: 76001233300920150042901 (71111) Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-009-2015-00429-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

9 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Tema: Privación injusta de la libertad. Prolongación del proceso penal.
Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Ley
600 de 2000. No se acreditó un daño antijurídico imputable al
Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 1º de febrero de 2005, agentes del CTI capturaron a Carlos Arturo Robledo
Figueroa, por ser presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir y lavado
de activos, y a Bibiana María Saldarriaga Mejía y María Margarita Mejía Zuluaga,
por ser presuntas autoras del delito de testaferrato. El 14 de febrero siguiente, la
Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA impuso medida de aseguramiento a los
procesados por los delitos referidos. Luego, el 26 de enero de 2006, la misma
Fiscalía acusó a los sindicados. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2013, el
Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Cali declaró la extinción de la acción
penal por prescripción.

Los demandantes consideran que la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial son patrimonialmente responsables por: i) la privación injusta de la libertad
de la que fueron objeto Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, y ii) por un defectuoso funcionamiento

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

de la administración de justicia derivado de la prolongación injustificada del proceso
penal, pues culminó con extinción de la acción penal por prescripción.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 17 de abril de 20151, Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios a
ellos irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fueron
objeto y la prolongación injustificada del proceso penal que se adelantó en su contra.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte
demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por daño emergente, la suma de $40.000.000 a Carlos Arturo
Robledo Figueroa y Bibiana María Saldarriaga Mejía; y, por lucro cesante, la suma
de $65.296.000 a María Margarita Mejía Zuluaga, $318.000.000 a Bibiana María
Saldarriaga Mejía y $424.000.000 a Carlos Arturo Robledo Figueroa.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 31 de enero de
2005, la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA dio apertura a una instrucción penal
en contra de varias personas, entre ellas, Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, pues consideró que el
señor Robledo Figueroa podía ser coautor de los delitos de concierto para delinquir
y lavado de activos, y las señoras Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía autoras del
delito de testaferrato.

1 Fl. 1 a 73, C. 1.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Aduce que el 1º de febrero de 2005, agentes del CTI capturaron a Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga
Mejía, en cumplimiento de una orden de captura con fines de indagatoria expedida
por la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA.

Indica que el 14 de febrero siguiente, la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA impuso
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al señor Robledo
Figueroa por ser presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir y lavado
de activos, y a las señoras Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía como presuntas
autoras del delito de testaferrato.

Argumenta que el 26 de enero de 2006, la misma Fiscalía acusó a Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga
Mejía, de ser coautor y autoras, respectivamente, de los delitos referidos.

Manifiesta que el 6 de julio de 2007, el Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado
de Cali concedió el beneficio de libertad provisional a Carlos Arturo Robledo
Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía.

Sostiene que el 12 de noviembre de 2013, el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Cali declaró la extinción de la acción penal por prescripción.

Los demandantes consideran que la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial son patrimonialmente responsables por: i) la privación injusta de la libertad
de la que fueron objeto Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, y ii) por un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia derivado de la prolongación injustificada del proceso
penal, pues culminó con extinción de la acción penal por prescripción.

Textualmente indica el libelo introductorio que “la Nación – Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial son administrativa y solidariamente responsables de la
totalidad de los daños y perjuicios causados a cada uno de los demandantes con la

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privación injusta y arbitraria de la libertad de que fueron víctimas durante el periodo
comprendido entre el 1º de febrero de 2005 y el 27 de noviembre de 2013, cuando
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali decidió declarar la
prescripción de la acción penal y en consecuencia ordenó el cese del procedimiento
(…) y haber estado vinculados a un proceso penal por más de nueve años”.

2. Contestaciones

El 21 de abril de 20162 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio
Público.

2.1. La Fiscalía General de la Nación3 manifestó que no ocasionó un daño
antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en
cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le habían sido
conferidos y, además, porque existían indicios graves de responsabilidad penal que
daban cuenta de la presunta participación de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía en los delitos por los
cuales habían sido investigados. Adicionalmente, refirió que las actuaciones que
adelantó se surtieron en un término razonable. Como excepción formuló la que
denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

2.2. La Rama Judicial4 argumentó que el daño alegado por los accionantes devino
de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, pues dicha entidad fue quien
adelantó la investigación penal en contra de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía e impuso medida de
aseguramiento en su contra. Como excepciones formuló las que denominó “falta de
legitimación en la causa por pasiva” y “culpa exclusiva de la víctima”.

2 Fl. 20, C. 1.
3 Fl. 142 a 162, C. 1.
4 Fl. 163 a 167, C. 1.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

3. Audiencia inicial

El 23 de noviembre de 20165 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró
la audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “procede en este caso, a la luz de las tesis expuestas por el C. de
Estado (objetiva – subjetiva), declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y la
consecuente reparación del daño; adicionalmente, cual es el título de imputación a
aplicar en este caso; y a cuál entidad debe imputarse la responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 25 de mayo de 20176, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo7, la Fiscalía General de la Nación8 y la Rama Judicial9
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta,
respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de febrero de 202410, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó la
causación de un daño antijuridico a los demandantes, producto de la privación de la

5 Fl. 211 a 218, C. 1.
6 Fl. 475 a 478, C. 1.
7 Fl. 491 a 505, C. 1.
8 Fl. 480 a 490, C. 1.
9 Fl. 506 a 507, C. 1.
10 Índice 90, Samai, Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

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libertad de la que fueron objeto, toda vez que la medida de aseguramiento impuesta
por la Fiscalía General de la Nación en su contra había satisfecho los presupuestos
procesales dispuestos en la Ley 600 de 2000, pues existían indicios graves de
responsabilidad penal que daban cuenta de su presunta participación en los delitos
por los cuales habían sido investigados. De otro lado, estimó que la Rama Judicial
no causó un daño antijurídico a los demandantes, dado que no participó de las
decisiones por medio de las cuales se les privó de la libertad, por el contrario, se
limitó a disponer su libertad.

Al efecto sostuvo que: “la investigación muestra que sobre los bienes inmuebles
presuntamente heredados por las señoras Bibiana María Saldarriaga, María
Margarita Mejía Zuluaga y administrados por Carlos Arturo Robledo Figueroa se han
ejercido conductas que tienen su causa en actividades de narcotráfico, al ser capital
del extinto narcotraficante Helmer Herrera Buitrago alias ‘Pacho Herrera’ (…) la
Fiscalía General de la Nación contaba con indicios que constituían la existencia de
una organización criminal dedicada al lavado de activos y testaferrato consistente
en transferir bienes del señor Helmer Herrera Buitrago para convertirlos en dinero
líquido, pues la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto el interés de varias
personas por controlar y usufructuar, tales bienes, que se registraban a nombre de
sociedades conformadas por Helmer Herrera Buitrago y terceras personas que
resultaron ser sus testaferros. Se evidenció incluso que estas personas se valían de
diferentes medios para lograr su propósito, como, la falsificación de poderes y
escrituras, la utilización de un sin número de personas que mediante el pago de
sumas de dinero aceptaban radicar bajo su titularidad diferentes bienes; denuncias
falsamente motivadas a fin de retrotraer negocios jurídicos realizados por las
personas que a su turno habían tenido la titularidad aparente de tales inmuebles
(…) Con relación a la demandada Rama Judicial, bajo los mismos argumentos, y
además la inexistencia de nexo causal entre los hechos y esta entidad accionada,
toda vez que bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, sus providencias no
se relacionaron con la privación de la libertad de los demandantes y mucho menos
que esta fuera injusta, por el contrario, su actuación dispuso la libertad de los
demandantes, de manera que no les produjo daño alguno”.

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6. Recurso de apelación

El día 6 de marzo de 202411, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 19 de marzo 202412 y admitido el 19 de abril siguiente13.

6.1. El extremo activo adujo que las entidades demandadas ocasionaron un daño
antijurídico a los demandantes, puesto que Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía fueron privados de la
libertad, sin existir fundamento probatorio para ello. Concluyó, afirmando que el a
quo no valoró íntegramente el material probatorio obrante en el plenario, que daba
cuenta de la prolongación injustificada del proceso penal al que estuvieron
vinculados los procesados.

Al efecto sostuvo que: “se comprueba sin lugar a dudas lo injusto de la privación
que debieron soportar el señor Carlos Arturo Robledo Figueroa y las señoras María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, contra quienes no se
pudieron objetivar los cargos endilgados, pues no hubo ninguna prueba en el
proceso penal en su contra y fueron privados de la libertad por simples
suposiciones, como se ha venido reiterando, ni siquiera la Fiscalía General de la
Nación tuvo argumentos para presentar una apelación en contra de la decisión (…)
El Estado debe responder por los daños antijurídicos causados, que en este caso
se demostraron notoriamente, pues la Fiscalía General de la Nación no logró
demostrar la culpabilidad de los demandantes en los hechos que se les imputaron
e incluso el Juez Penal al decretar la prescripción no habló de ninguna prueba que
condujera a la certeza de la realización de la conducta punible por parte de mis
representados. Adicional a lo anterior, se tiene como ya se ha indicado que sin
ningún argumento valedero los demandantes estuvieron vinculados a un proceso
penal por más de nueve (9) años, lo que se constituye en un término más que
irracional”.

11 Índice 93, Samai, Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
12 Fl. 511, C. 1.
13 Fl. 516 y 517, C. 1.

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho sustanciador no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión,
puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado
por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 202114, no se decretaron pruebas
en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el
Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15015 del CPACA.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

14 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.
15 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.

“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.”

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estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14016 del CPACA.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños provenientes de hechos imputables a la
administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe
examinarse de oficio17.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general18, estableció unos plazos para poder ejercer

16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño
sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública
o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
Garantías a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.
19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”

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como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad
de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día
siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la
sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado,
lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el
carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad22.

20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una Garantías para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130;
Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017,
Rad.: 54.716.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que los demandantes tuvieron conocimiento de la
antijuridicidad del daño alegado cuando quedó ejecutoriada el proveído del 12 de
noviembre de 2013, mediante el cual se declaró la extinción de la acción penal por
prescripción a favor de los procesados, esto es, el 27 de noviembre siguiente23; ii)
que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de
noviembre de 2014, la cual se declaró fallida el 2 de febrero de 201524; y iii) que la
demanda se presentó el 17 de abril de 201525, es decir, antes del vencimiento de
los dos (2) años establecidos en la ley.

4. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis26.

4.1. Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía están legitimados en la causa por activa, ya que fueron sujetos
pasivos del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 2006-0006627.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de
conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección 28,
puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra
de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía y les impuso medida de aseguramiento, y la segunda declaró la
extinción de la acción penal por prescripción.

23 Fl. 9, C. 2.
24 Fl. 90 y 91, C. 2.
25 Fl. 1 a 73, C. 1.
26 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
27 C. 1 y 2.
28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420.

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5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar: i) si la actuación de la Fiscalía General de la
Nación en punto de la captura con fines de indagatoria de los sindicados cumplió
con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el
Estado tiene el deber de reparar; ii) si la medida de aseguramiento cumplió con los
presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si con esta se les generó
un daño antijurídico que el Estado deba resarcir; iii) si el Estado cumplió el término
procesal para calificar el mérito del sumario y celebrar audiencia pública, o si se
prolongó injustificadamente la detención de los procesados generando un daño
antijurídico que el Estado debe reparar y; iv) si la Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia por la prolongación injustificada del proceso penal que se adelantó en contra
de los procesados.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente
al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199129 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la

29 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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ley o el derecho30, que contraría el orden legal31 o que está desprovista de una
causa que la justifique32, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida33, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros34.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de

30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
31 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
33 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad35.
En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos
derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996, consagró que:

“Articulo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente
de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta
de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación 36 en
particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del
juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la
construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas,
que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo
anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con
la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la
solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen
la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de
éste.

Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la
Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte
marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de

35 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
36 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.

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octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger
el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido
por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado
recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno
de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba
la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no
cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no
es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya
ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por
tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos
estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del
daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar
si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al
margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse
de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la
culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la
responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en
ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de
responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo
90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la
existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su
antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo
implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o
privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para
luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la
responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de
antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo
escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en
concreto.

En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que
se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se
exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
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llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente
si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la
medida era necesaria, razonable y proporcional37, de donde, si la detención se
realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño
carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le
indemnicen los perjuicios por su padecimiento38. Así, cuando el operador jurídico o
el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una
persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el
análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la
antijuridicidad del daño que se discute.

En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar
misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que
tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la
medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este
responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del
principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el
ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y
determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si
debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que
se adoptara la medida restrictiva de su libertad.

Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra
amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la

37 Ibidem.
38 Sobre el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996, indica: “Este artículo, en

principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los
artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se
refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales,
de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada
ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría
permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase
en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la
reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de
todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente
declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe
contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis
razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.”

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adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una
persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye
la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad
de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el
daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e
inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano
competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla
del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio
pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado
se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas
públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho
que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente
atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo.
Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el
sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in
dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto
luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar
la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas
que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se
desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de
auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del
servicio39.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 16 de febrero
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte actora señaló que las entidades demandadas
ocasionaron un daño antijurídico a los demandantes, puesto que Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía
fueron privados de la libertad, sin existir fundamento probatorio para ello. Concluyó,

39 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. FJ. 105 a 107 y 120 a 127.

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afirmando que el a quo no valoró íntegramente el material probatorio obrante en el
plenario, que daba cuenta de la prolongación injustificada del proceso penal al que
estuvieron vinculados los procesados.

En este sentido y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 16 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso, se resolverá el asunto sub lite solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante40. Por ello, a continuación, se analizará
exclusivamente si la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por: i) la privación de
la libertad de la que fueron objeto Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita
Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, y ii) por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia en que, según afirman los actores,
incurrieron las entidades demandadas por la prolongación injustificada del proceso
penal que se tramitó en su contra.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que las notas de prensa serán
valoradas según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como

40 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza
de los hechos41.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Está acreditado que el 31 de enero de 2005, la Fiscalía 21 Delegada de la
UNEDLA dio apertura a una instrucción penal en contra de varias personas, entre
ellas, Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía, pues consideró que el señor Robledo Figueroa podía ser coautor
de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, y las señoras Mejía
Zuluaga y Saldarriaga Mejía autoras del delito de testaferrato, según da cuenta copia
auténtica de dicho proveído42.

7.1.2. Se probó que el 1º de febrero de 2005, agentes del CTI capturaron a Carlos
Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía, en virtud de las órdenes de captura con fines de indagatoria que
había librado la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA. De esta información da cuenta
copia simple del acta mediante la cual se dejó a disposición de la Fiscalía a los
capturados43.

7.1.3. Se demostró que el 2 de febrero de 2005, agentes del CTI dejaron a disposición
de la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA a Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, según da cuenta copia
simple del acta de dicha diligencia44.

41 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo

de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
42 Fl. 120 a 129, C. 2.
43 Fl. 286 a 289, C. 1.
44 Fl. 286 a 289, C. 1.

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7.1.4. Consta que el 6 de febrero de 2005, Carlos Arturo Robledo Figueroa y María
Margarita Mejía Zuluaga rindieron indagatoria ante la Fiscalía 21 Delegada de la
UNEDLA, según dan cuenta copias simples de las actas de dichas diligencias45.

7.1.5. Se demostró que el 7 de febrero de 2005, Bibiana María Saldarriaga Mejía
rindió indagatoria ante la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA, según da cuenta
copia simple del acta de esa diligencia46.

7.1.6. Se probó que el 14 de febrero de 2005, la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA
impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de
Carlos Arturo Robledo Figueroa, pues consideró que era presunto coautor de los
delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, y en contra de María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, al estimar que eran
presuntas autoras del delito de testaferrato. En el mismo proveído, el ente instructor
concedió el beneficio de suspensión condicional de la medida de aseguramiento a
María Margarita Mejía Zuluaga, según da cuenta copia auténtica de dicho
proveído47. Por lo extenso de la medida, será transcrita cuando se analice el fondo
del asunto.

7.1.7. Está acreditado que el 26 de enero de 2006, el ente instructor acusó al señor
Robledo Figueroa de ser coautor de los delitos de concierto para delinquir y lavado
de activos, y a las señoras Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía de ser autoras del
delito de testaferrato, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia48. En
efecto, el fundamento de esta decisión fue el siguiente:

“De la conducta punible de lavado de activos

(…) Con respecto al primer grupo de personas, se tiene que las señoras
SALDARRIAGA MEJIA, aparecen como herederas del señor GABRIEL JAIME
SALDARRIGA MEJIA, quien firmara un testamento el 24 de junio de 1995, en la
Notaría única de Entre Ríos, (Antioquia) por medio del cual lega a su mamá y sus
dos hermanas, únicamente, sus bienes representados en los apartamentos 801, 901

45 Fl. 290 a 304, C. 1.
46 Fl. 305 a 309, C. 1.
47 Fl. 83 a 118, C. 2.
48 Fl. 221 a 299, C. 2.

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y 1001 con sus respectivos parqueaderos y depósitos del Edificio Isabel Cristina, al
igual que un paquete de acciones de la sociedad constructora DIMISA y algún dinero
en efectivo. Designando como albaceas con tenencia y administración a su hermana
BIBIANA y a su cuñado CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA. Advierte que
los apartamentos los tiene prometidos en venta en su calidad de promitente
comprador, según contrato celebrado con los señores OSCAR IVAN BECERRA
LORZA y MARIA ELISA DIEZ SOLIS, escrituras que son firmadas ocho días antes
de su fallecimiento, 28 de agosto de 1995.

(…) Mirado a simple vista lo anterior, corresponde a un acto libre y espontáneo de
disposición de bienes conforme las normas del derecho civil, no obstante, todo lo
sucedido con posterioridad para hacer cumplir el testamento estuvo rodeado de
circunstanciales muy especiales que permiten concluir que GABRIEL JAIME
SALDARRIAGA MEJIA no era realmente el propietario de esos bienes ni de esas
acciones, que en realidad eran de HELMER HERRERA BUITRAGO y que CARLOS
ARTURO ROBLEDO FIGUEROA fue la persona que se prestó para gestar y cumplir
toda esa argucia.

Las pruebas arrimadas a la investigación nos permiten inferir, de la misma forma,
que CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA, una vez muerto HELMER
HERRERA BUITRAGO, aprovechando que no había un representante del Clan
Herrera que reclamara para sí tales bienes, empezó a transferirlos para así
convertirlos en dinero líquido, de donde se evidencia claramente las operaciones de
lavado de activos.

Entonces, no resulta creíble las exculpaciones ofrecidas por ROBLEDO que lo único
que buscan es hacer creer que simplemente cumplió con la voluntad del testamento;
como puede ser creíble que, primero se reciba una cuantiosa fortuna de parte de
una persona que en vida era de escasos recursos, luego se entreguen a quien
primero los reclama bajo el pretexto de amenazas, y posteriormente aparece
nuevamente a reclamarlos pese a esas amenazas.

Ello lo único que evidencia es que ROBLEDO sabía y conocía que las señoras
SALDARRIAGA MEJIA no eran las verdaderas dueñas de esos bienes, que tenían
un origen ilícito y que debía entregarlos a quienes los reclamaban, como sucedió
con las 25 casas de Brisa del Refugio en que también se encontraban representadas
las acciones de la sociedad DIMISA LTDA.

Por lo anterior, considera esta delegada que existen suficientes elementos de juicio
que permiten afirmar que la responsabilidad de CARLOS ARTURO ROBLEDO
FIGUEROA en los hechos investigados se encuentra seriamente comprometida y
por tanto se proferirá resolución de acusación en su contra por el delito de Lavado
de Activos (…)

Del delito de testaferrato

(…) Se ha señalado en el estudio sobre el objeto material delito de lavado de activos
que los bienes aquí comprometidos tienen origen en las actividades de narcotráfico
y se expuso la forma como las señoras Saldarriaga Mejía aceptaron colocarlos a su
nombre conociendo que en realidad no les pertenecían.

Frente a todo lo expuesto en relación con estas personas al momento de abordar la
responsabilidad de CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA, debe proferirse
resolución de acusación contra las señoras MARGARITA MARIA MEJIA DE

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SALDARRIAGA, BIBIANA MARIA SALDARRIASA MEJIA y MARISOL
SALDARRIAGA MEJA como presuntas autoras responsables del delito de
testaferrato, compartiendo así los juicios planteamientos expuestos por la
representante del Ministerio Público (…)

Del delito de concierto para delinquir

(…) La prueba recaudada hasta este momento procesal nos deja entrever que entre
las personas vinculadas a esta actuación existió un acuerdo de voluntades, hubo
una permanencia en el tiempo y una distribución de tareas para cometer delitos.

El análisis de la prueba hecho a lo largo de esta providencia calificatoria nos
conduce a concluir que CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA y otros,
intervinieron activamente en esa empresa criminal, subráyese como fue sustancial
el número de personas que se inmiscuyeron en los hechos y la labor desarrollada
por cada uno para cumplir el objetivo propuesto.

Siendo ello así, se proferirá resolución de acusación en contra de todos y cada uno
de los aquí mencionados, como presuntos autores responsables del delito de
concierto para delinquir (…)

Resuelve

(…) SEGUNDO. Proferir resolución de acusación en contra de los señores CARLOS
ARTURO ROBLEDO FIGUEROA, HUGO NADER FIGUEROA, CARLOS YIMMY
MUÑOZ, FLORESMIRO RIASCOS ALOMIA Y/O JUAN CARLOS HENAO VARELA,
ADIODATO SEVILLANO SANDOVAL y HAYDER FERNANDO ORTEGA
NOGUERA de condiciones civiles y personales conocidas dentro del proceso, como
presuntos autores de un concurso de delitos de LAVADO DE ACTIVOS, previsto y
sancionado en el Libro segundo, Título X, Capitulo Quinto, artículo 323 del Código
Penal, y CONCIERTO PARA DELINQUIR de que trata el Título XII, Capítulo 1,
artículo 340 inciso segundo.

(…) CUARTO. Proferir resolución de acusación en contra de las señoras MARIA
MARGARITA MEJIA DE SALDARRIGA, BIBIANA SALDARRIAGA MEJIA y
MARISOL SALDARRIAGA MEJIA, como presuntas autoras responsables del delito
de TESTAFERRATO de que trata el Libro Segundo, Título X, Capítulo Quinto,
artículo 323 del Código Penal”.

7.1.8. Probado está que, en fecha indeterminada, la defensa de Carlos Arturo Robledo
Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía presentó
recurso de apelación contra la Resolución del 26 de enero de 2006 dictada por la
Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA, según da cuenta copia auténtica de la Resolución
del 10 de mayo de 2006 expedida por la Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Superior
de Bogotá49.

49 Fl. 169 a 221, C. 2.

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7.1.9. Está demostrado que mediante providencia del 10 de mayo de 2006, la Fiscalía
46 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la Resolución del 26 de
enero de 2006 por medio de la cual la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA acusó a los
sindicados, según da cuenta copia auténtica de dicho proveído50.

7.1.10. Consta que, en fecha indeterminada, la defensa de Carlos Arturo Robledo
Figueroa solicitó la sustitución de detención preventiva por detención domiciliaria, en
aplicación del principio de favorabilidad e igualdad, según da cuenta copia auténtica
del proveído del 23 de noviembre de 2006 expedido por el Juzgado 4º Penal del
Circuito Especializado de Cali51.

7.1.11. Está probado que, en fecha indeterminada, la defensa de Bibiana María
Saldarriaga Mejía solicitó la sustitución de detención preventiva por detención
domiciliaria, en aplicación del principio de favorabilidad e igualdad, según da cuenta
copia auténtica del proveído del 23 de noviembre de 2006 expedido por el Juzgado 4º
Penal del Circuito Especializado de Cali52.

7.1.12. Se acreditó que el 23 de noviembre de 2006, el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Cali negó la sustitución de detención preventiva por detención
domiciliaria al señor Robledo Figueroa, pues estimó que “de sustituirle la medida de
aseguramiento se pondría en peligro la colectividad (…) bien puede concluirse
entonces, que sí se sustituyera la detención preventiva, en forma alguna se asegura
el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento”, según da
cuenta copia auténtica de dicho proveído53.

7.1.13. Está probado que el 23 de noviembre de 2006, el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Cali negó la sustitución de detención preventiva por detención
domiciliaria a la señora Saldarriaga Mejía, al constatar que no era mujer cabeza de
familia. Adicionalmente, estimó que la gravedad del delito por el cual estaba acusada

50 Fl. 169 a 221, C. 2.
51 Fl. 149 a 156, C. 2.
52 Fl. 161 a 168, C. 2.
53 Fl. 149 a 156, C. 2.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

y la pena imponible, constituían circunstancias que no permitían asegurar su
comparecencia al proceso, según da cuenta copia auténtica de dicho proveído54.

7.1.14. Se demostró que, en fecha indeterminada, la defensa de Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía
solicitó la libertad provisional de los sindicados por vencimiento de términos para
celebrar audiencia pública, según da cuenta copia auténtica del proveído del 22 de
mayo de 2007 proferido por el Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado de Cali55.

7.1.15. Consta que el 22 de mayo de 2007, el Juzgado 6º Penal del Circuito
Especializado de Cali negó el beneficio de libertad provisional a los señores Robledo
Figueroa, Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía, al constatar que aún no se había
cumplido el término de 12 meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución
de Acusación, sin que se hubiese celebrado la correspondiente audiencia pública,
según da cuenta copia auténtica de dicho proveído56.

7.1.16. Está acreditado que, en fecha indeterminada, la defensa de Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía
solicitó la libertad provisional de los sindicados por vencimiento de términos para
celebrar audiencia pública, según da cuenta copia auténtica del proveído del 6 de
julio de 2007 proferido por el Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado de Cali57.

7.1.17. Se probó que el 6 de julio de 2007, el Juzgado 6º Penal del Circuito
Especializado de Cali concedió el beneficio de libertad provisional a los señores
Robledo Figueroa, Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía, al evidenciar que habían
transcurrido 12 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que
hubiera concluido la audiencia pública, según da cuenta copia auténtica de dicho
proveído58.

54 Fl. 161 a 168, C. 2.
55 Fl. 130 a 143, C. 2.
56 Íbidem
57 Fl. 144 a 148, C. 2.
58 Fl. 144 a 148, C. 2.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

7.1.18. Se probó que, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2013, el Juzgado
4º Penal del Circuito Especializado de Cali declaró la extinción de la acción penal
por prescripción, según da cuenta copia auténtica de dicho proveído59. El
fundamento de esta decisión fue el siguiente:

“Tal como se indicó en precedencia la Resolución de Acusación quedó debidamente
ejecutoriada el 10 de mayo de 2006 (sic).

Tratándose de un delito de lavado de activos, que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 323 modificado por el artículo 8 de la Ley 747 de 2002, comporta una
pena de prisión de seis a quince años, para que opere el fenómeno de la
prescripción en esta etapa procesal deben transcurrir 7 años y 6 meses que
corresponde a la mitad del máximo de la pena fijada en la disposición penal antes
referida, lapso que también aplica para el delito de Testaferrato sancionado por el
artículo 326 del Código penal, adicionado por el artículo 7 de la Ley 733 de 2002,
toda vez que por este injusto también se impone una pena de 6 a 15 años, por lo
tanto, teniendo en cuenta que la Resolución de acusación quedó ejecutoriada en la
fecha que se profirió la decisión de segunda instancia, esto es 10 de mayo de 2006,
quiere decir que a la fecha han trascurrido 7 años 6 meses y 2 días, término superior
al permitido por la normativa para adelantar la acción penal.

Igual situación sucede frente al concierto para delinquir, sancionado en el artículo
340 del Código Penal, modificado por la el artículo 8 de la Ley 733 de 2002, que
comportaba una pena de 6 a 12 años, lo que quiere decir que para que opere el
fenómeno de la prescripción en esta etapa procesal debían transcurrir 6 años por lo
que en igual sentido dicho término a la fecha está más que superado, toda vez que
el mismo se cumplió el 10 de mayo de 2012.

Es claro entonces que en la presente actuación se ha superado el término de
prescripción de la acción penal, perdiendo el Estado la potestad sancionatoria sobre
estas conductas, correspondiendo al Despacho emitir su declaratoria y en
consecuencia ordenar la extinción de la acción penal.

(…) Resuelve

Primero. DECLARAR la prescripción de la acción penal y en consecuencia
ORDENAR el cese de procedimiento de conformidad con lo ordenado en el artículo
39 de la Ley 600 de 2000”.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver el cargo invocado en el libelo introductorio, la Sala analizará de
forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del

59 Fl. 1 a 7, C. 2.

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Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación
frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración60-61.

Dichas premisas se analizarán teniendo en cuenta cuatro hechos fundamentales
que tuvieron lugar durante el proceso penal del que fueron objeto Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía
a saber: i) las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de su
captura con fines de indagatoria, ii) la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva impuesta en su contra el 14 de febrero de 2005 por la Fiscalía
2ª Delegada de la UNEDLA, iii) los términos procesales para calificar el mérito del
sumario y celebrar audiencia pública, y iv) la decisión mediante la cual la Rama
Judicial negó el beneficio de libertad provisional a los procesados.

60 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
61 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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No se estudiará el daño por la afectación al debido proceso de Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga
Mejía, derivado de la presunta prolongación injustificada del proceso penal que se
adelantó en su contra, consistente en los 9 años transcurridos desde que se dispuso
iniciar la investigación penal hasta que se decretó la extinción de la acción penal por
haber operado el fenómeno de la prescripción, pues en primer lugar los
demandantes debían soportar la carga de ser objeto de un proceso penal, carga
que per se no implica la causación de un daño antijurídico. Justamente, debe
recordarse que el ordenamiento jurídico contempla que todo ciudadano se
encuentra sujeto a deberes, obligaciones y cargas procesales. Al efecto, frente a las
cargas procesales el Consejo de Estado ha señalado que “la investigación de un
delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo
cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual” 62.

En segundo lugar, es pertinente resaltar que si bien el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Cali mediante sentencia del 12 de noviembre de 2013 declaró la
extinción penal en favor de los procesados por haber operado el fenómeno de la
prescripción, lo cierto es que no se les causó un daño antijurídico, pues se advierte
que el simple paso del tiempo que conduce a la prescripción de la acción penal es
insuficiente para hallar establecida la responsabilidad del Estado por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, si en el transcurso del proceso penal
se respetaron todas las instancias, términos procesales y el debido proceso.

Sobre el particular, es menester poner de presente que la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia63 han concebido la prescripción de la acción penal con
una doble connotación, siendo la primera de ellas a favor del procesado y que
consiste en la garantía constitucional de que se le defina su situación jurídica, pues
éste no puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en

62 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994. Rad.: 9391.
Posición reiterada en sentencias del 27 de marzo de 2014, Rad.: 31535; 26 de agosto de 2015, Rad.:
38252; 10 de febrero de 2016, Rad.: 39183; 12 de mayo de 2016, Rad.: 2009-00049, 15 de agosto
de 2018, Rad.: 46947, 17 de marzo de 2021, Rad.: 41776, entre otras.
63 Corte Constitucional, Sentencias C-176/94 y C-401/10; Corte Suprema de Justicia, Sentencia del

23 mayo de 2012, Rad.: 34180.

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su contra. En otros términos, la prescripción de la acción penal es la garantía que
tiene el procesado para liberarse de la imputación que se formuló en su contra por
el mero transcurso del tiempo.

En virtud de lo anterior, para la Sala no se ocasionó un daño antijurídico a los
procesados, toda vez que fue la misma decisión del 12 de noviembre de 2013,
proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Cali, la que resultó
favoreciéndolos al declarar la extinción de la acción penal por haber operado el
fenómeno de la prescripción, pues, se liberaron de la acusación que en su contra
formuló la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir,
lavado de activos y testaferrato (hecho probado 7.1.7.).

En efecto, frente a este aspecto, al no probarse el daño como núcleo del instituto de
la responsabilidad, se hace infructuoso continuar con el análisis del juicio de
responsabilidad, pues el daño como elemento sustancial para exigir la reparación
de perjuicios debe ser probado64. Debe recordarse que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Sala, el daño constituye el fundamento mismo de la
responsabilidad, de suerte que, si este no existe, no hay obligación de reparar65 y
sólo ante su acreditación, hay lugar a explorar la imputación de este al Estado66.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía frente a este daño,
teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño
que alega requiere de prueba, cuya omisión por la parte demandante, a quien
corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos

64 Así lo estima la jurisprudencia de la Sala, como se advierte en un caso similar “si bien la parte

demandante demostró de forma inequívoca la falla del servicio, lo cierto es que desatendió una carga
procesal consistente en la prueba del daño”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17
de agosto de 2017, Rad. 37304.
65 Cfr. Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho Privado,

Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23478.

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estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en los términos del artículo 90 de la
Constitución política, no es posible su declaración.

7.2.1. Las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de la
captura con fines de indagatoria de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía

Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá al estudio del daño
alegado, consistente en la privación de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, derivada de la captura
con fines de indagatoria.

Al respecto, el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 señala que “Todo imputado será
citado en forma personal para rendir indagatoria, para lo cual se adelantarán las
diligencias necesarias, dejando expresa constancia de ello en el expediente.
Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que procede por
un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario
podrá prescindir de la citación y librar orden de captura”.

A su turno, el artículo 340 de la misma normativa dispone que “[L]a indagatoria
deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3)
días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal
General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiera más de
dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere
realizado en la misma fecha”. (Énfasis agregado)

Por otro lado, el artículo 351 de la Ley 600 de 2000 prevé que “El capturado
mediante orden escrita será puesto inmediata y directamente a disposición del
funcionario judicial que ordenó la aprehensión. Si no es posible, se pondrá a su
disposición en el establecimiento de reclusión del lugar y el director le informará
inmediatamente o en la primera hora hábil siguiente, por el medio de comunicación
más ágil, dejando las constancias a que haya lugar.

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Igualmente, el artículo 352 ibídem estipula que “Cuando el capturado, según las
previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se
encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas para legalizar
dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura.
En tal caso, expedirá mandamiento escrito al director del respectivo establecimiento
de reclusión, para que en dicho lugar se le mantenga privado de libertad. La orden
expresará el motivo de la captura y la fecha en que ésta se hubiere producido (…)”.

Finalmente, el artículo 354 ejusdem señala que: “La situación jurídica deberá ser
definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.
Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el
funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a
más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a
imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando
su libertad inmediata (…). Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo
para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la
indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación
o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las
personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la
misma fecha”.

Bajo el anterior contexto, se observa que la captura con fines de indagatoria de la
que fueron objeto Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga
y Bibiana María Saldarriaga Mejía cumplió con el requisito previsto en el artículo
336 de la Ley 600 de 2000, pues existía mérito para aprehenderlos, ya que las
conductas por las cuales eran investigados se enmarcaban en los delitos de
concierto para delinquir, lavado de activos y testaferrato, los cuales para la época
de los hechos investigados tenían una pena de prisión mínima de ocho (8) años,
respectivamente, lo que suponía que debía resolverse su situación jurídica, evento
en el cual la Fiscalía podía prescindir de la citación, como lo hizo al proferir la orden
de captura (hechos probados 7.1.1. y 7.1.2.).

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En igual sentido, se observa que la captura de los sindicados cumplió con el
requisito previsto en el artículo 340 de la misma normativa, puesto que no tardó más
de seis (6) días67 para realizar la indagatoria de los procesados desde que fueron
puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Justamente, el 2 de
febrero de 2005, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación dejaron a
disposición de la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA a Carlos Arturo Robledo
Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía (hecho
probado 7.1.3.), y el 6 y 7 de febrero siguiente rindieron indagatoria ante el ente
instructor (hechos probados 7.1.4. y 7.1.5.).

Además, se evidencia que la captura de los procesados cumplió con lo dispuesto
en el artículo 351 de la Ley 600 de 2000, puesto que Carlos Arturo Robledo
Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía fueron
capturados con fines de indagatoria y puestos a disposición del funcionario judicial
que ordenó su aprehensión, diligencia con la cual se anexaron las actas de
derechos de los capturados y las actas de buen trato. De hecho, se observa que el
1º de febrero de 2005, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación
capturaron a los señores Robledo Figueroa, Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía
(hecho probado 7.1.2.) y en el término de la distancia fueron puestos a disposición
de la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA (hechos probados 7.1.3.).

De otro lado, frente al término procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de
2000, del anterior recuento probatorio se observa que no existe prueba en el
plenario que permita acreditar un daño derivado del vencimiento del término para
formalizar la captura de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, pues ninguna pieza del caudal
probatorio permite acreditar dicha situación. En efecto, en el expediente no obra
prueba de la formalización de la captura, ni prueba que permita determinar el

67 El término inicial de tres (3) días para recibir la indagatoria se amplió a seis (6) días, de conformidad

con el artículo 340 de la Ley 600 del 2000, porque fueron más de dos (2) los capturados. “Artículo
340. [L]a indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres
(3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de
la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiera más de dos (2) capturados en la misma
actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”.

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término por el cual permanecieron detenidos los señores Robledo Figueroa, Mejía
Zuluaga y Saldarriaga Mejía desde que fueron capturados hasta que se legalizó su
captura, o la totalidad de pruebas frente a las cuales pueda hacerse el análisis para
establecer si la detención se realizó de forma ilegal, bien por el desconocimiento
sustancial o procesal de una norma jurídica o por una actuación administrativa
abiertamente ilegal e irracional; es decir, por no haber cumplido con el término
procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, y no hallar justificación
en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, se evidencia que se cumplió con el término previsto en el artículo 354
de la Ley 600 de 2000, dado que no transcurrieron más de diez (10) días hábiles68
contados a partir de la indagatoria, para que el funcionario judicial definiera su
situación jurídica. En efecto, los días 6 y 7 de febrero de 2005, los sindicados
rindieron indagatoria ante la Fiscalía 21 Delegada de la UNEDLA (hechos probados
7.1.4. y 7.1.5.) y el 14 de febrero siguiente, la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA
resolvió la situación jurídica de los procesados (hecho probado 7.1.6.).

En este orden de ideas, la Sala advierte: i) que la captura de Carlos Arturo Robledo
Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía satisfizo
las prerrogativas previstas en los artículos 336, 340, 351 y 354 de la Ley 600 de
2000; y, ii) que no se probó el daño antijurídico derivado del vencimiento del término

68 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de octubre de 2009, exp.

38.892. “pues en relación con la forma como deben contabilizarse los términos […] de la Ley 600 de
2000 y de aquellas que la antecedieron, la Sala ha expuesto los siguientes criterios: En auto del 10
de julio de 1980, G.J. 2402, página 316 y 317, dijo lo siguiente: || De los términos anteriores, el
referente a la práctica de la diligencia de indagatoria no admite interrupción alguna de conformidad
con el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto dispone que ‘todos los días y horas
son hábiles para practicar actuaciones en la investigación sumaria’, de modo que ‘los términos
legales y judiciales no se suspenden por la interposición del día feriado durante ella’; no así, sin
embargo, el que se contrae a la definición de la situación jurídica del capturado, plazo para el cual
solo se computan los días hábiles, como lo indican los artículos 191 y 186 ibídem, al establecer, el
primero, que se suspenden durante los feriados o las vacaciones y cuando no haya despacho al
público y, el segundo, que el que vence en día sucesivo feriado se prorroga de derecho hasta el día
sucesivo no feriado, preceptos ambos de carácter general que no se oponen a la norma especial
del artículo 149 ibídem, que se refiere a la práctica de diligencia y no, por consiguiente, al
proferimiento de autos y sentencias, o a su notificación o ejecutoria, o a otras
determinaciones, para las cuales rigen aquellas normas generales y no está, su excepción
[…]. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con la Ley 600 de
2000, los términos se pueden contabilizar hábiles […]”. [Negrilla al texto]. Tomado de: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17
de septiembre de 2018, exp. (47273).

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procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, toda vez que no existe
prueba en el plenario que permita acreditar las condiciones bajo las cuales se
adelantó dicha actuación.

Así, se concluye que el procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues
se cumplió con la normatividad procesal vigente que regula dicho trámite y se
respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de los
procesados, sin evidenciar actuaciones arbitrarias, caprichosas o contrarias al
ordenamiento jurídico por parte del ente acusador que pudieran ocasionar la
configuración de un daño antijurídico digno de ser indemnizado.

7.2.2. La medida de aseguramiento impuesta el 14 de febrero de 2005 en contra
de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana
María Saldarriaga Mejía por parte de la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la
libertad de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y
Bibiana María Saldarriaga Mejía, derivada de la medida de aseguramiento impuesta
por parte de la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA, la cual es calificada como injusta
por los demandantes.

Ahora bien, el artículo 355 de la Ley 600 de 2000 señala que “La imposición de la
medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del
sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su
fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para
ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción,
o entorpecer la actividad probatoria”.

A su turno, el artículo 356 ibídem prevé que “solamente se tendrá como medida de
aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando
aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.

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Igualmente, el artículo 357 ejusdem dispone que la medida de aseguramiento es
procedente, entre otros, cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo
mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.

Bajo el anterior contexto, se observa que la medida de aseguramiento impuesta
el 14 de febrero de 2005 por la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA cumplió con el
requisito previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues decretó la detención
preventiva de la libertad de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía con fundamento en varios indicios
graves de responsabilidad que daban cuenta, de forma preliminar, que las señoras
Mejía Zuluaga y Saldarriaga Mejía podían ser autoras del delito de testaferrato, pues
presuntamente prestaron sus nombres para adquirir inmuebles con dineros
provenientes de actividades del narcotráfico, con el fin de encubrir el origen ilícito
de estos, y que el señor Robledo Figueroa podía ser coautor de los delitos de
concierto para delinquir y lavado de activos, puesto que, conforme lo determinó la
medida restrictiva, se asoció con varias personas con el objeto de administrar dichos
bienes y realizar ventas ficticias de los mismos para darles apariencia de legalidad.

Justamente, en la Resolución del 14 de febrero de 2005, dictada por la Fiscalía 2ª
Delegada de la UNEDLA, se consideró lo siguiente:

“Conforme a las labores investigativas de policía judicial se tiene que los
bienes inmuebles en su universalidad y objeto del debate, sientan su
procedencia en capital del extinto narcotraficante Helmer Herrera Buitrago -
alias Pacho Herrera-, los informes de policía judicial CTI, son claros en expresar
que realizada inspección judicial ante Cámara de Comercio de la ciudad de Cali y
ante expedientes por investigaciones adelantadas en la Unidad Nacional de
Extinción del Derecho de Dominio – Fiscalía 2ª Delegada, radicado 2501 y 1655, se
estableció que la empresa constructora DIMISA es socia capitalista de la
INMOBILIARIA UMV, cuya accionista es Nubia Buitrago Marín, hermana de la
señora Luz Mery Buitrago de Herrera, madre de Helmer Buitrago, a su vez la
empresa DIMISA que construyó el edificio YEMANYA y el condominio BRISAS
DEL REFUGIO, cambia de naturaleza o razón social bajo el nombre de
INVERMED, que al ser liquidada, los bienes inmuebles pasan a manos de la
familia Saldarriaga Mejía, dicha familia igualmente, adquiere la propiedad e inician
una serie de ventas a través de la figura de mandato otorgado a un abogado y
familiar suyo, algunas de esas ventas son denunciadas mediante falsas
motivaciones con el ánimo de tomar el control de los bienes por parte de
individuos del cartel del narcotráfico.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Para el ejercicio de la valoración probatoria, se hace necesario en primer lugar
centrar la atención sobre el origen jurídico de los inmuebles objeto material
de la ilicitud, por ello se empieza a estudiar la situación de la familia Saldarriaga
Mejía, que en este sub examine lo compone Margarita Mejía de Saldarriaga, Bibiana
Saldarriaga Mejía y el esposo de esta última Carlos Arturo Robledo Figueroa.

En inspección realizada ante la Cámara de Comercio de esta ciudad, se allegó
al expediente correspondiente a la matrícula 08.265637-04 de la empresa
constructora DIMISA LTDA., constituida el 11 de mayo de 1990, empresa
accionista de INMOBILIARIA UMV, como se plasmó en precedencia, se allega de
igual a este paginado, el acta No. 016 de marzo 6 de 1995, que da cuenta sobre
quiénes son los socios de la constructora DIMISA: Bibiana María Saldarriaga
Mejía, Marisol Saldarriaga Mejía, Margarita Mejía de Saldarriaga, Carlos Arturo
Robledo Figueroa y Jaime Saldarriaga Mejía (…) En el acta 018 del 14 de
noviembre de 1995 nombra a Carlos Arturo Robledo Figueroa como gerente y a
Bibiana María Saldarriaga como suplente del gerente, obra igualmente, la
fotocopia de los estatutos de la sociedad DIMISA, que cambió de razón social
a INVERMED S.A., así se establece que las señoras Saldarriaga Mejía son
socias de DIMISA y posteriormente de INVERMED.

De igual se establece que estas damas adquieren sendas propiedades del
condominio BRISAS DEL REFUGIO, del edificio YEMANYA e ISABEL
CRISTINA, mediante compra a DIMISA LTDA., de donde estas damas son
accionistas, bienes inmuebles que posteriormente enajenan a través del señor
Carlos Arturo Robledo Figueroa, mediante ventas realizadas en el año 2003,
ventas ficticias, pues los bienes supuestamente enajenados, fueron
nuevamente vendidos en el 2004.

En contra posición a esta situación de transacciones ficticias para finalmente lograr
una venta cierta de los apartamentos y casas, se radica denuncia penal en contra
de Carlos Arturo Robledo Figueroa por los delitos de falsedad en documento
público, fraude procesal y estafa, se tiene que mediante escrito de denuncia las
señoras Margarita Mejía de Saldarriaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía afirman
que adquirieron una serie de inmuebles ubicados en el edificio YEMANYA, así como
del condominio BRISAS DEL REFUGIO; que hacia los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2004, parte de aquellos fueron vendidos a
través de un poder general al señor Carlos Arturo Robledo Figueroa, llamando
la atención que la estampación de huellas de las señoras en ese poder resultan
apócrifas, pues en fecha de otorgamiento de ese poder, según la denuncia, las
señoras no se encontraban en el país y sin embargo con la presentación de
esa denuncia se pretende retrotraer las ventas ficticias sucedidas; según la
denuncia, se vendieron 56 propiedades.

Con la anterior motivación se sienta el precedente de que en verdad las señoras
Margarita Mejía de Saldarriaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía desde
siempre se han reputado propietarias de los apartamentos del edificio
YEMANYA, de las casas del condominio BRISAS DEL REFUGIO y del edificio
ISABEL CRISTINA, fuera de ello resultan ser socias de DIMISA y
posteriormente de INVERMED S.A., cuyos capitales accionarios son producto
inmediato de capitales del extinto Helmer Herrera Buitrago, de acuerdo a las
investigaciones de policía judicial y en inspecciones judiciales donde se
afirma que DIMISA era accionista de la INMOBILIARIA UMV.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

La anterior situación se contrapone a las indagatorias vertidas por Margarita
Mejía de Saldarriaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, que al unísono afirman
en primer lugar no tener conocimiento de los hechos acaecidos con las ventas
de los bienes inmuebles, en virtud a que son claras en manifestar que el
encargado de sus negocios lo era el señor Carlos Arturo Robledo Figueroa, en
quien depositaron toda su confianza, así como también indican que tales
propiedades son el fruto de una herencia dejada por su hijo y hermano Gabriel
Jaime Saldarriaga, de quien no manifestaron a que actividad se dedicaba, pero
sí sorprenderse sobre la cantidad de capital dejado por este. Versión esta que
se desdibuja toda vez que como se ha indicado, estas personas investigadas
han figurado como accionistas de la empresa DIMISA LTDA., como también
figuró el señor Gabriel Jaime Saldarriaga, por manera que si bien es cierto que
este último dejo una herencia y se allega la fotocopia del trabajo de partición de
sucesión testada, se tiene que los bienes allí registrados no tienen una
justificación sobre su procedencia, y como se ha advertido las señoras
Margarita Mejía de Saldarriaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía no son claras
en afirmar de donde su consanguíneo se hizo a una inmensa fortuna y, si por
el contrario justificar su actuar bajo la excusa que el señor Carlos Arturo
Robledo Figueroa, esposo de Bibiana María Saldarriaga Mejía, era el encargado
de administrar y manejar los bienes en virtud a la confianza que le tienen y que
por ello firmaban lo que él les pasaba sin exigir a cambio las especificaciones
que generaba la transacción por las ventas de los inmuebles. En ese sentido,
claro está que al no tener claridad sobre el origen de los bienes que
supuestamente dejo su consanguíneo en herencia y no ser claras de la forma
y manera como se hicieron socias y accionistas de DIMISA LTDA., y el
posterior cambio de razón social a INVERMED S.A., constituyen serios
indicios de responsabilidad en la comisión del delito de testaferrato, toda vez
que con ese actuar soterrado se pretende salvaguardar y mantener en su
pecunio unos bienes cuyo capital ostentan origen ilícito, pues de contera al
momento de adquirir los bienes ya ha mutuo propio o por herencia, aquellas
damas han prestado sus nombres para su adquisición cuando a bien se tiene
certeza que aquellos edificios YEMANYA, BRISAS DEL REFUGIO e ISABEL
CRISTINA, fueron adquiridos con capital del narcotráfico en razón a que la
INMOBILIARIA UMV, de donde son socios la familia del extinto HELMER
HERRERA BUITRAGO, tenía entre principales accionistas a la empresa
DIMISA LTDA., cuyas socias y accionistas lo son las aquí procesadas.

Fuera de ello, se tiene en el paginado que las damas antes dichas no han
presentado declaraciones de renta ante la DIAN y no figuran como
trabajadoras ante un sistema de salud, ni reportan información sobre cuentas
corrientes o tarjetas de crédito, de cartera, de endeudamiento, y como se ha
motivado a lo largo de este proveído aparecen como propietarias de un sin
número de inmuebles y socias de empresas con mayoría, lo que devela la
conducta que se les ha venido enrostrando en el sentido de ocultar su nombre
ante organismos administrativos y con ellos poder ostentar la propiedad y
manejo de los bienes inmuebles a través de su apoderado que es su pariente
afín.

Por el anterior razonamiento esta Delegada impondrá medida de
aseguramiento de Margarita Mejía Zuluaga de Saldarriaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía como presuntas autoras responsables del delito antes
dicho.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Carlos Arturo Robledo Figueroa

De esta persona se dice que desde un comienzo actuó en nombre y
representación de MARIA MARGARITA MEJÍA DE SALDARRIAGA y BIBIANA
MARIA SALDARRIAGA MEJÍA. Su nombre irrumpe desde el momento en que
se adelanta la investigación en la Fiscalía en la que obra en su contra denuncia
penal por la venta ficticia de unos apartamentos mediante poder que las dos
féminas antes indicadas le otorgaran, cuando lo cierto y según denuncia arriba
invocada, esta situación de mandato no pudo suceder por cuanto aquellas se
encontraban fuera del país, de ahí que se discuta la legalidad de la venta de 56
inmuebles, así surge la mentira del dicho de las señoras SALDARRIAGA MEJÍA en
su denuncia o la mentira de este procesado que al obrar en nombre de estas damas
y en nombre de INVERMED S.A. fue el encargado de enajenar los bienes
inmuebles apartamentos del edificio YEMANYA, BRISAS DEL REFUGIO e
ISABEL CRISTINA, ventas acontecidas en el año de 2003 y 2004, las que se
pretenden retrotraer con la clara intención de colocarlos en cabeza de terceras
personas y con ello fuera de la administración obtuvieron el usufructo de los
mismos, no de otra manera y como se ha evidenciado, precisamente contactó a
SALOMON CASTILLO, para que por su intermedio se cobren cánones de
arrendamiento, se ponga en venta los apartamentos que en otrora vendieron
y para esa nueva artimaña se busquen personas que presten sus nombres a
cambio de una suma dineraria, se precaven de otros sujetos para que sin
justificación alguna se desplacen a las inmobiliarias que tenían la
administración de bienes por mandatos de otras personas bajo amenaza y con
ello presentar a otros individuos que en adelante asuman y lleven adelante los
torcidos negocios jurídicos de venta de inmuebles.

No obstante, en la denuncia elevada contra este señor, la propia BIBIANA
SALDARRIAGA MEJÍA presenta un escrito ante la Fiscalía y en ese escrito dicha
señora avala las ventas gestionadas por su esposo, el mismo que llega en junio del
año 2004 a la oficina del abogado CASTILLO TROYA - SALOMON CASTILLO,
supuestamente reclamando el usufructo de la administración de los bienes del
edificio YEMANYA y BRISAS DEL REFUGIO, que en esa oportunidad eran
gestionados por SALOMON CASTILLO, supuestamente esa irrupción a la oficina lo
era para reclamar los frutos de los arrendamientos (…)

Es más muy a pesar de que el señor Carlos Arturo Robledo Figueroa indique
haber sido amenazado para que firmara unos documentos relativos a la venta
de los apartamentos y que con ello guardara silencio y más bien no preguntara
sobre el destino de los bienes, dice haber recuperado trescientos millones, de
los que tampoco tanto su suegra como su esposa lo enseñan en el paginado,
aunado a ello este procesado indica que fue el señor CESAR LOPEZ el que lo
asesoró de manera soterrada en las ventas de los inmuebles, entre ellos los
apartamentos de YEMANYA y BRISAS DEL REFUGIO y como se dijo esos
dineros no los reportó a sus poderdantes las SALDARRIAGA MEJÍA y es más
de CESAR LOPEZ, no informa donde se ubica, quién es, a que se dedica, hasta
la fecha ignora donde localizarlo, razones inexcusables, máxime cuando para
la época en que este sindicado vendió tales bienes se manejaban cifras en millones
de pesos, resultando ilógico que una persona no sepa el paradero de quien
supuestamente le asesora en esas ventas que ahora quieren retrotraer
mediante la utilización de personas a quienes le pagan dineros por firmar
escrituras.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

(…) Es más los miembros de la oficina de abogados SALOMON TROYA son
enfáticos en afirmar que el propio ROBLEDO les había manifestado que él
había ejercido ya funciones de cobro y conocía a los arrendatarios de los
inmuebles y como los conocía le propuso a SALOMON que ofreciera los
inmuebles en venta a estos arrendatarios pero con pleno conocimiento como
se ha indicado, de que estos apartamentos ya habían sido objeto de venta
según se ha esbozado a lo largo de esta motivación.

De otro lado, no se puede dejar pasar por alto que la inmobiliaria SAN JOSE
administró los bienes del edificio YEMANYA y BRISAS DEL REFUGIO a punto
de que se menciona por la hija del propietario de esa inmobiliaria que los
cheques de esa gestión de administración, cobros de arriendo, salían a
nombre de unas señoras SALDARRIAGA (…)

Adicionalmente, llama la atención que por boca de otros sindicados se afirma
que ROBLEDO se presentó a la oficina del abogado CASTILLO TROTA en
compañía de unos sujetos que manifestaron ser del GAULA, que tras la
reclamación de los bienes que supuestamente el abogado HUGO NADER
entregó a SALOMON CASTILLO para su administración, en final comulga en
que SALOMON avance con la administración de los mismos, coloque en venta
y en preferencia a los arrendatarios de los apartamentos, muy a pesar de que
los mismos ya se encontraban vendidos. Y para esa gestión precisamente la
familia CASTILLO TROYA indica que ROBLEDO les otorgó poderes, escrituras
públicas, certificados de libertad para la gestión de venta (…)

No bastando lo anterior, es el propio SALOMON CASTILLO quien manifiesta que
CARLOS ROBLEDO le indicó que él representaba a su esposa BIBIANA
SALDARRIAGA, y que como habían sido víctimas de amenazas por esa razón
tuvieron que salir del país y dejar algunos bienes a nombre de personas de su
entera confianza y esas son las que aparecen en las escrituras que él envió
(…)

Planteadas así las cosas no cabe duda que el actuar de esta persona no se
enmarca dentro de los preceptos de los negocios jurídicos lícitos, que a pesar
de ignorar el origen de la inmensa fortuna de su cuñado, de tener certeza de
la activa participación accionaria de sus familiares afines en DIMISA LTDA., de
cambiar la razón social de esa empresa y radicarla en Medellín, de aceptar ante
sus supuestos mandatarios que tuvieron que salir del país y por ello dejar los
bienes a nombre de terceras personas para posteriormente reclamar canones
de arrendamiento y de autorizar las ventas inmuebles bajo el conocimiento de
que ya estaban vendidos, concerta con varios individuos entre los que aquí se
reputan sindicados, con el objeto de allegar a sus arcas dineros por la
enajenación de los bienes vendidos a personas de buena fe, por lo que se
denota que con su actuar incurre en las conductas de LAVADO DE ACTIVOS
Y CONCIERTO PARA DELINQUIR.

(…) En mérito de lo expuesto

Resuelve

Primero. Imponer medida de aseguramiento consistente en DETENCIÓN
PREVENTIVA en contra de los señores CARLOS ARTURO ROBLEDO,
SEGUNDO SALOMON CASTILLO BARRERA, PIERRE PAULO CASTILLO

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

TROYA, por considerarlos, presuntos coautores responsables de los delitos de
CONCIERTO PARA DELINQUIR Y LAVADO DE ACTIVOS (…)

Tercero. Imponer medida de aseguramiento consistente en DETENCIÓN
PREVENTIVA en contra de MARIA MARGARITA MEJÍA DE SALDARRIAGA y
BIBIANA MARIA SALDARRIAGA MEJÍA al ser halladas presuntas autoras del
delito de TESTAFERRATO (…)”. (Se resalta)

Según lo expuesto, el fundamento de la medida de aseguramiento superó las
exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues se fundó en
cinco indicios graves de responsabilidad frente a cada uno de los sindicados, que
los vinculaban a los delitos por los cuales eran investigados.

Al efecto, en primer lugar, frente a la presunta responsabilidad de Carlos Arturo
Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga
Mejía, se configuró un indicio de participación, ya que para la época de los hechos
se reputaban socios de una empresa denominada DIMISA Ltda., que a la postre
construyó los conjuntos residenciales Yemanya, Brisas del Refugio e Isabel Cristina.
Sobre el particular, es menester advertir que, de acuerdo a informes rendidos por el
CTI e inspecciones judiciales realizadas ante la Cámara de Comercio de Cali y la
Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, dicha sociedad se constituyó
con capital proveniente del extinto narcotraficante Helmer Herrera Buitrago alias
“Pacho Herrera”. De hecho, de los documentos y las diligencias referidas, se logró
establecer que DIMISA Ltda. era socia capitalista de la Inmobilaria UMV, la cual
pertenecía a la familia del señor Herrera Buitrago.

Precisamente, en la medida restrictiva, la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA indicó
lo siguiente: “los informes de policía judicial CTI, son claros en expresar que
realizada inspección judicial ante Cámara de Comercio de la ciudad de Cali y ante
expedientes por investigaciones adelantadas en la Unidad Nacional de Extinción del
Derecho de Dominio, se estableció que la empresa constructora DIMISA es socia
capitalista de la INMOBILIARIA UMV, cuya accionista es Nubia Buitrago Marín,
hermana de la señora Luz Mery Buitrago de Herrera, madre de Helmer Buitrago (…)
se allega de igual a este paginado, el acta No. 016 de marzo 6 de 1995, que da
cuenta sobre quiénes son los socios de la constructora DIMISA: Bibiana María

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Saldarriaga Mejía, Marisol Saldarriaga Mejía, Margarita Mejía de Saldarriaga,
Carlos Arturo Robledo Figueroa y Jaime Saldarriaga Mejía (…) resultan entonces
ser socios de DIMISA y posteriormente de INVERMED S.A., cuyos capitales
accionarios son producto inmediato de capitales del extinto Helmer Herrera
Buitrago, de acuerdo a las investigaciones de policía judicial y en inspecciones
judiciales donde se afirma que DIMISA era accionista de la INMOBILIARIA UMV”.

En el mismo sentido, el ente instructor estimó que se configuró un indicio de mala
justificación respecto de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, toda vez que en sus indagatorias no
pudieron explicar en forma clara cómo y cuándo se hicieron accionistas de la
constructora DIMISA Ltda. Justamente, los sindicados aseveraron que se hicieron
accionantes de dicha empresa cuando falleció Gabriel Jaime Saldarriaga Mejía,
quien les legó las participaciones que allí tenía. Empero, de las actas de las juntas
de accionistas que lograron recaudarse en las diligencias de inspección judicial, se
constató que estas tres personas eran accionistas de DIMISA Ltda. con anterioridad
al deceso del señor Saldarriaga Mejía. En efecto, cuando se les cuestionó sobre
esta situación, Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y
Bibiana María Saldarriaga Mejía afirmaron al unísono no tener ningún conocimiento.

Justamente, la Fiscalía consideró en la medida restrictiva que: “en ese sentido, claro
está que al no tener claridad sobre el origen de los bienes que supuestamente dejo
su consanguíneo en herencia y no ser claras de la forma y manera como se hicieron
socias y accionistas de DIMISA LTDA., y el posterior cambio de razón social a
INVERMED S.A., constituyen serios indicios de responsabilidad, toda vez que con
ese actuar soterrado se pretende salvaguardar y mantener en su pecunio unos
bienes cuyo capital ostentan origen ilícito (…) pues se tiene certeza que aquellos
edificios YEMANYA, BRISAS DEL REFUGIO e ISABEL CRISTINA, fueron
adquiridos con capital del narcotráfico en razón a que la INMOBILIARIA UMV, de
donde son socios la familia del extinto HELMER HERRERA BUITRAGO, tenía entre
principales accionistas a la empresa DIMISA LTDA.”.

Adicionalmente, en relación con María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Saldarriaga Mejía se configuró un indicio de contradicción, considerando que, en
sus indagatorias, señalaron que adquirieron la propiedad de los inmuebles ubicados
en los conjuntos residenciales Yemanya, Brisas del Refugio e Isabel Cristina
producto de la herencia testada que les asignó Gabriel Jaime Saldarriaga Mejía. No
obstante, de los documentos recaudados en las inspecciones judiciales se evidenció
que adquirieron dichos inmuebles mediante compraventa que hicieron a la
constructora DIMISA Ltda. Aunado a ello, la Fiscalía estimó que las procesadas no
justificaron en legal forma la procedencia de las propiedades referidas, a contrario
sensu, se limitaron a señalar que Carlos Arturo Robledo Figueroa era la persona
encargada de administrar sus bienes.

Justamente, en la medida restrictiva se indicó lo siguiente: “se establece que estas
damas adquieren sendas propiedades del condominio BRISAS DEL REFUGIO, del
edificio YEMANYA e ISABEL CRISTINA, mediante compra a DIMISA LTDA., de
donde estas damas son accionistas (…) La anterior situación se contrapone a las
indagatorias vertidas por Margarita Mejía de Saldarriaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía (…) quienes indican que tales propiedades son el fruto de una
herencia dejada por su hijo y hermano Gabriel Jaime Saldarriaga… adicionalmente
se tiene que los bienes allí registrados no tienen una justificación sobre su
procedencia, y como se ha advertido las señoras Margarita Mejía de Saldarriaga y
Bibiana María Saldarriaga Mejía no son claras en afirmar de donde su consanguíneo
se hizo a una inmensa fortuna y, si por el contrario justificar su actuar bajo la excusa
que el señor Carlos Arturo Robledo Figueroa, esposo de Bibiana María Saldarriaga
Mejía, era el encargado de administrar y manejar los bienes en virtud a la confianza
que le tienen y que por ello firmaban lo que él les pasaba sin exigir a cambio las
especificaciones que generaba la transacción por las ventas de los inmuebles”.

Por otra parte, el ente instructor estimó que frente a María Margarita Mejía Zuluaga
y Bibiana María Saldarriaga Mejía se configuró un segundo indicio de
contradicción, pues en sus indagatorias afirmaron desconocer a que actividad se
dedicaba Gabriel Jaime Saldarriaga Mejía, pese a que este era su hijo y hermano,
respectivamente y, además, desconociendo que todos ellos fungían como
accionistas de la constructora DIMISA Ltda.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Ciertamente, en la Resolución por medio de la cual se definió la situación jurídica
de los procesados se adujo que: “[Margarita Mejía de Saldarriaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía] indican que tales propiedades son el fruto de una herencia dejada
por su hijo y hermano Gabriel Jaime Saldarriaga, de quien no manifestaron a que
actividad se dedicaba (…) Versión esta que se desdibuja toda vez que como se ha
indicado, estas personas investigadas han figurado como accionistas de la empresa
DIMISA LTDA., como también figuró el señor Gabriel Jaime Saldarriaga”.

Igualmente, la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA consideró que se configuró un
indicio de manifestaciones posteriores al delito, respecto de María Margarita Mejía
Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, en tanto se logró establecer que las
procesadas no presentaban declaración de renta, no reportaban información de
cuentas corriente o tarjetas de crédito, ni cupos de endeudamiento, lo cual no se
ajustaba con la realidad, pues fungían como propietarias de un número considerable
de inmuebles, eran socias de una empresa constructora con amplio capital y
accionistas de una inmobiliaria.

En efecto, en el proveído del 14 de febrero de 2005, la Fiscalía sopesó lo siguiente:
“se tiene en el paginado que las damas antes dichas no han presentado
declaraciones de renta ante la DIAN y no figuran como trabajadoras ante un sistema
de salud, ni reportan información sobre cuentas corrientes o tarjetas de crédito, de
cartera, de endeudamiento, y como se ha motivado a lo largo de este proveído
aparecen como propietarias de un sin número de inmuebles y socias de empresas
con mayoría, lo que devela la conducta que se les ha venido enrostrando en el
sentido de ocultar su nombre ante organismos administrativos y con ellos poder
ostentar la propiedad y manejo de los bienes inmuebles a través de su apoderado
que es su pariente afín”.

De otro lado, la Fiscalía determinó que existía un segundo indicio de participación
frente a Carlos Arturo Robledo Figueroa, porque los informes de policía judicial
concluyeron que este señor realizó ventas ficticias de los inmuebles de propiedad
de María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía en los años

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

2003 y 2004. Precisamente, en el expediente penal se acreditó que en contra de
este sindicado se presentó denuncia penal por falsedad en documento público,
fraude procesal y estafa, con el fin de que se retrotrajeran los efectos de las ventas
ficticias referidas.

Al efecto, en la Resolución del 14 de febrero de 2005, se señaló expresamente que:
“De esta persona [Carlos Arturo Robledo Figueroa] se dice que desde un comienzo
actuó en nombre y representación de MARIA MARGARITA MEJÍA DE
SALDARRIAGA y BIBIANA MARIA SALDARRIAGA MEJÍA. Su nombre irrumpe
desde el momento en que se adelanta la investigación en la Fiscalía en la que obra
en su contra denuncia penal por la venta ficticia de unos apartamentos mediante
poder que las dos féminas antes indicadas le otorgaran (…) que al obrar en nombre
de estas damas y en nombre de INVERMED S.A. fue el encargado de enajenar los
bienes inmuebles apartamentos del edificio YEMANYA, BRISAS DEL REFUGIO e
ISABEL CRISTINA, ventas acontecidas en el año de 2003 y 2004, las que se
pretenden retrotraer con la clara intención de colocarlos en cabeza de terceras
personas (…)”.

Asimismo, la Fiscalía estructuró un tercer indicio de participación sobre Carlos
Arturo Robledo Figueroa, dado que Salomón Castillo, quien fuera sindicado dentro
de la misma causa penal, en diligencia de indagatoria aseguró que el señor Robledo
Figueroa le confesó haber transferido algunos bienes a nombre de personas de su
entera confianza, cuando presuntamente se vieron obligados a salir del país por
amenazas en su contra. Tan es así, que Carlos Arturo Robledo Figueroa le entregó
los poderes y las escrituras que aparecían a nombre de las señaladas “personas de
confianza”, para que el señor Castillo enajenara nuevamente dichos bienes.

Al efecto, en la medida restrictiva, la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA indicó que:
“es el propio SALOMON CASTILLO quien manifiesta que CARLOS ROBLEDO le
indicó que como habían sido víctimas de amenazas por esa razón tuvieron que salir
del país y dejar algunos bienes a nombre de personas de su entera confianza y esas
son las que aparecen en las escrituras que él envió (…) Planteadas así las cosas
no cabe duda que el actuar de esta persona no se enmarca dentro de los preceptos

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

de los negocios jurídicos lícitos (…) de aceptar ante sus supuestos mandatarios que
tuvieron que salir del país y por ello dejar los bienes a nombre de terceras personas
para posteriormente reclamar canones de arrendamiento y de autorizar las ventas
inmuebles bajo el conocimiento de que ya estaban vendidos, concerta con varios
individuos entre los que aquí se reputan sindicados, con el objeto de allegar a sus
arcas dineros por la enajenación de los bienes vendidos a personas de buena fe,
por lo que se denota que con su actuar incurre en las conductas de LAVADO DE
ACTIVOS Y CONCIERTO PARA DELINQUIR”.

Por último, se configuró un segundo indicio de mala justificación respecto de Carlos
Arturo Robledo Figueroa, puesto que en su indagatoria afirmó que Cesar López
fue quien lo asesoró de manera “soterrada” en las ventas ficticias de los inmuebles
ubicados en los conjuntos residenciales Yemanya, Brisas del Refugio e Isabel
Cristina. Sin embargo, una vez se le interrogó sobre algunos datos del señor López,
aseguró no tener conocimiento de donde ubicarlo, ni a que se dedicaba e
igualmente ignoraba donde localizarlo.

En virtud de lo anterior, en la Resolución del 14 de febrero de 2005, el ente instructor
consideró que: “este procesado indica que fue el señor CESAR LOPEZ el que lo
asesoró de manera soterrada en las ventas de los inmuebles, entre ellos los
apartamentos de YEMANYA y BRISAS DEL REFUGIO (…) sin embargo, de CESAR
LOPEZ, no informa donde se ubica, quién es, a que se dedica, hasta la fecha ignora
donde localizarlo, razones inexcusables, máxime cuando para la época en que este
sindicado vendió tales bienes se manejaban cifras en millones de pesos, resultando
ilógico que una persona no sepa el paradero de quien supuestamente le asesora en
esas ventas que ahora quieren retrotraer”.

De conformidad con lo anterior, se observa que la medida cautelar privativa de la
libertad impuesta en contra de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita
Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía satisfizo los requisitos previstos
en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, esto es, existir “por lo menos dos indicios
graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro
del proceso”.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Por otro lado, también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con el
requisito previsto en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que los delitos
por los cuales se investigaba a los indiciados tenían prevista una pena de prisión
que excedía de cuatro (4) años. De hecho, los delitos por los que se investigaba a
Carlos Arturo Robledo Figueroa eran los de concierto para delinquir y el de lavado
de activos, que según los artículos 34069 y 32370 de la Ley 599 de 2000 tenían una
pena de prisión mínima de ocho (8) años. En el mismo sentido, el delito por el cual
se investigaba a María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía,
que según el artículo 32671 de la Ley 599 de 2000 igualmente tenía una pena de
prisión mínima de ocho (8) años.

Adicionalmente, se estima que la medida de aseguramiento resultó proporcional en
atención a las penas privativas de la libertad que se impondrían por los delitos de
concierto para delinquir, lavado de activos y testaferrato, que según los artículos
326, 340 y 323 de la Ley 599 de 2000, era mínimo de 8 años de prisión, por lo que
29 meses y 5 días (1º de febrero de 2005 a 6 de julio de 2007) de privación de la

69 Ley 599 de 2000. “Artículo 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos,

cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada
de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar
grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos
dieciséis (216) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66)
hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la
libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen,
constituyan o financien el concierto para delinquir”.
70 Ley 599 de 2000. “Artículo 323. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,

custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de
migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico
de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el
sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos
ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir
su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa
de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes”.
71 Ley 599 de 2000. “Artículo 326. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros

provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a
doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de
los respectivos bienes.”.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

libertad devienen en proporcionales a la pena imponible y constituían una carga que
los procesados estaban en el deber de soportar, conforme a lo anteriormente
expuesto.

En suma, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable72, tal y como
se desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la
gravedad de los delitos por los cuales resultaron investigados los demandantes,
sobre lo cual conviene traer a colación lo manifestado por la Fiscalía 2ª Delegada
de la UNEDLA en el proveído del 14 de febrero de 2005 frente a los delitos de
concierto para delinquir y lavado de activos que “este tipo de organizaciones al
margen de la ley y contra la sociedad cuyo objeto específico es transgredir el
ordenamiento jurídico, obviamente constituye un peligro para la tranquilidad
colectiva y atenta contra la seguridad pública que son precisamente los bienes
jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo”. Asimismo, frente al
delito de testaferrato el ente instructor sostuvo que “se trata de una infracción de
conducta permanente (…) puesto que el bien jurídico protegido por la norma
continúa vulnerándose mientras dure la ilícita simulación”.

En otras palabras, los acontecimientos y las modalidades delictivas como las
investigadas por la Fiscalía 2ª Delegada de la UNEDLA, eran de tal entidad que no
solo permitían, sino aconsejaban la medida restrictiva de la libertad.

Así las cosas, la Sala evidencia que el daño alegado y calificado como antijurídico
por los demandantes encuentra amparo legal por haberse derivado de una
actuación de la Administración ajustada a derecho y porque la medida de
aseguramiento se dictó con fundamento en el material probatorio mínimo que exigía
la ley para la adopción de tales medidas, frente a la cual los accionantes no pueden
pretender indemnización de perjuicios.

En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existía el mérito probatorio
suficiente73 para decretar la medida preventiva conforme al ordenamiento procesal

72 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU 072 de 2018.
73 Ver acápite de hechos probados.

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

penal vigente al momento de su imposición; ii) proporcional, por cuanto los delitos
por los cuales se investigaban a los indiciados implicaban una pena privativa de la
libertad de al menos ocho (8) años de prisión, y se probó que estos estuvieron
privados de la libertad por un término de 29 meses y 5 días; y iii) razonable, en tanto
satisfizo con creces el requisito previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000,
que permitía inferir que los procesados podían ser autores del delitos por los cuales
se les investigaba, y, además, de cara a la gravedad de las conductas que se les
reprochaban.

De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte
demandante tampoco allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida
de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria,
carga que le correspondía asumir con el propósito de acreditar la injusticia de la
medida cuya omisión significa la imposibilidad de establecer la responsabilidad del
Estado por la privación de la libertad de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María
Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía, pues no logró
establecerse la antijuridicidad del daño que se les pudo haber causado.

En vista de lo expuesto se evidencia que la medida de aseguramiento impuesta
contra Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana
María Saldarriaga Mejía satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 355,
356 y 357 de la Ley 600 de 2000.

7.2.3. Contabilización de términos para calificar el mérito del sumario y
celebrar audiencia pública

En el caso sub judice se tiene que el daño consiste en la privación de la libertad de
Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía, derivada del vencimiento de términos para calificar el mérito del
sumario y celebrar audiencia pública.

Ahora bien, el artículo 365 de la Ley 600 del 2000 establece que “además de lo
establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos: (…) 4.
Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la
libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará
a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados contra
quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de
acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente
(…). 5. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la
correspondiente audiencia pública (…) No habrá lugar a la libertad provisional
cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa
justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma,
no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor”.

A su turno, el artículo 15 transitorio ibídem señala que “En los procesos que conocen
los jueces penales de circuito especializados, para que proceda la libertad
provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo 365 de este
Código se duplicarán. La inobservancia de los términos establecidos en este artículo
se considerará falta gravísima y se sancionará con la destitución del cargo”.

Bajo el anterior contexto, se evidencia que la Fiscalía General de la Nación cumplió
con el requisito previsto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000,
pues no transcurrieron más de trescientos sesenta (360) días74 para calificar el
mérito de la instrucción penal, desde que los sindicados fueron privados de la
libertad de forma efectiva75. En efecto, el 14 de febrero de 2005, la Fiscalía 2ª

74 El término inicial es de ciento ochenta (180) días, pues eran tres o más sindicados los que tenían

vigente medida preventiva, no obstante, dicho término se duplica de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000. “Artículo 15. En los procesos que conocen los
jueces penales de circuito especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos
previstos en los numerales 4 y 5 del artículo 365 de este Código se duplicarán (…)”.
75 El término de trescientos sesenta (360) días de privación efectiva de libertad se cuenta desde que

se resuelve la situación jurídica del sindicado con la imposición de medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva. Frente a la libertad provisional en la Ley 600 de 2000 y en el
Decreto 2700 de 1991, la Corte Constitucional en sentencia del 25 de julio de 2001 manifestó que:
“(…) resulta pertinente reconocer la procedencia de las causales de libertad provisional, mediante
las cuales se restringe en el tiempo la duración de la detención preventiva (numerales 4 y 5
del artículo 415 del decreto 2700 de 1991, y numerales 4 y 5 del artículo 365 de la ley 600 de
2000), cuyos parámetros de aplicación se encuentran estrictamente delimitados por ley. (…) estas

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Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Delegada de la UNEDLA impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en contra de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita
Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía (hecho probado 7.1.6.); y el 26 de
enero de 2006, la misma Fiscalía dictó Resolución de Acusación en su contra
(hecho probado 7.1.7.).

Ahora bien, frente al término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley
600 de 2000, se advierte que, aunque transcurrieron más de doce (12) meses76
desde la ejecutoria de la Resolución de Acusación sin que se celebrara audiencia

normas permiten delimitar la duración de la detención cumpliendo cabalmente el mandato
constitucional de la presunción de inocencia, de tal manera que la detención no se convierta en
un anticipado de la pena”. (Se resalta) Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001. En el
mismo sentido, en sentencia del 31 de mayo de 2000 manifestó que: “En punto a estas dos últimas
razones, la norma parcialmente impugnada -el numeral 4° del artículo 415 del C.P.P.- dispone
que habrá lugar a la libertad provisional cuando se hayan vencidos los términos de 120 o 180
días (según se trate de uno o varios sindicados) sin que se hubiere calificado el mérito del
sumario (…)’. Como se anotó al hacer referencia a las circunstancias que amparan el
reconocimiento del derecho a la libertad provisional, a través de esta causal el legislador, en
ejercicio de su facultad de configuración, quiso salvaguardar al procesado de la acción negligente
del funcionario judicial, conminando a este último a que, una vez resuelta la situación jurídica del
implicado con medida de aseguramiento de detención preventiva, actúe con celeridad y
eficacia en el desarrollo de la investigación penal (…)”. (Se resalta) Corte Constitucional.
Sentencia C-634 de 2000. Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia manifestó que el debido
proceso penal en su faceta cautelar-accesoria, propia de las medidas de aseguramiento, prevén
como garantía fundamental la libertad provisional, establecida en términos específicos estipulados
en la ley, como por ejemplo, el artículo 365 de la Ley 600 de 2000: “la Sala fijará como premisas
genéricas de resolución, en primer lugar, algunos aspectos pertenecientes al debido proceso
penal en su faceta cautelar-accesoria, propia de las medidas de aseguramiento (debido
proceso cautelar), que activan una protección reforzada del derecho a ser juzgado dentro de
un plazo razonable (…). ‘(…) La Corte ha indicado que la detención preventiva de una persona
acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal (…). Ha sostenido también, (…) que
la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional (…), consulta
en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo
del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los responsables y, de otro lado, la
necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e
imparcial. La detención temporal es una medida cautelar pero, innegablemente, ‘trasciende
sus efectos procesales y repercute negativamente en la esfera de la libertad personal del
inculpado’, lo cual revela la importancia de señalar términos máximos de su duración (…).
Sin embargo, en tanto manifestación del debido proceso, el plazo razonable necesita de una
concreción legislativa que, traducida a las formas propias del juicio, establezca los términos
específicos que ha de respetar el Estado para perseguir penalmente a una persona con
restricción de la libertad personal. Ejemplo de ello es el establecimiento de causales de
libertad por vencimiento de términos (cfr. art. 317 nums. 4 al 6 de la Ley 906 de 2004 y art. 365
nums. 4 y 5 de la Ley 600 de 2000) o la fijación legal de un término máximo de vigencia de la
detención preventiva (…)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia
STP16906-2017, Rad. 94.564.
76 El término inicial es de seis (6) meses, no obstante, dicho término se duplica de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000. “Artículo 15. En los procesos que
conocen los jueces penales de circuito especializados, para que proceda la libertad provisional, los
términos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo 365 de este Código se duplicarán (…)”.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

pública, lo cierto es que no se ocasionó un daño antijurídico a los procesados,
porque la defensa ejerció la prerrogativa del numeral 5º del artículo 365 de la Ley
600 de 2000 para ser titular del derecho de excarcelación. Justamente, se evidencia
que el 5 de julio de 2006 cobró ejecutoria la Resolución de Acusación (hecho
probado 7.1.9.), y luego, en fecha indeterminada, la defensa solicitó la libertad
provisional de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y
Bibiana María Saldarriaga Mejía (hecho probado 7.1.16.), solicitud a la que se
accedió el 6 de julio de 2007 (hecho probado 7.1.17.).

Por lo anterior, se evidencia que no se ocasionó un daño antijurídico por el
vencimiento de términos, porque los sindicados obtuvieron la libertad provisional al
solicitar la aplicación de la prerrogativa prevista en el numeral 5º del artículo 365 de
la Ley 600 de 2000.

De conformidad con lo anterior, se concluye que la privación de la libertad de Carlos
Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía satisfizo las previsiones del numeral 4º del artículo 365 de la Ley
600 de 2000 y que no se acreditó la causación de un daño antijurídico por el
vencimiento del término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600
de 2000.

7.2.4. La decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio
de libertad provisional a Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita
Mejía Zuluaga y Bibiana María Saldarriaga Mejía

En el sub lite se tiene que el daño consiste en la prolongación injustificada de la
libertad de Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y
Bibiana María Saldarriaga Mejía, derivada de la negativa por parte de la Rama
Judicial de otorgar a los procesados el beneficio de libertad provisional.

En ese sentido, se advierte que, en fecha indeterminada, la defensa de Carlos
Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y Bibiana María
Saldarriaga Mejía solicitó el beneficio de libertad provisional, aduciendo que venció

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

el término previsto para celebrar audiencia pública (hecho probado 7.1.14.).

Ahora bien, se advierte que el 22 de mayo de 2007, el Juzgado 6º Penal del Circuito
Especializado de Cali negó el beneficio de la libertad provisional de los sindicados
(hecho probado 7.1.15.), pues estimó que:

“[E]n el asunto materia de este pronunciamiento, se observa que si bien es cierto la
Resolución de Acusación se dictó el 26 de Enero de 2006 (Folios 158 a 236 del
Cuaderno Original No. 14) y que el término de ejecutoria de la misma venció el día
24 de Febrero de 2006 a las 4:00 PM (Folios 27 y 28 del Cuaderno Original No. 15),
contra dicho interlocutorio, dentro del término de Ley, varios de los Procesados
interpusieron los recursos de reposición y apelación (Folios 27 y 28 del Cuaderno
Original No. 15), es decir, que al tenor de lo preceptuado en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Penal en concordancia con la mencionada Sentencia de
la Corte Constitucional, la Resolución de Acusación no quedo debidamente
ejecutoriada y en firme el día veinticuatro (24) de Febrero de dos mil seis (2006) a
las 4:00 PM, ni el diez (10) de Mayo de dos mil seis (2006) (fecha en la que se
profirió la correspondiente decisión de segunda instancia), sino que por el contrario,
quedó ejecutoriada el cinco (5) de Julio de dos mil seis (2006), fecha en que se
realizaron las últimas notificaciones de la providencia de fecha Mayo diez (10) de
dos mil seis (2006) proferida por la Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante la cual se resolvieron los recursos de
apelación (Folios 180 a 232 del Cuaderno Original No. 15), tal y como se establece
en las respectivas constancias de notificación y en los telegramas obrantes en los
Folios 234 a 237 del Cuaderno Original No. 15.

Así las cosas, en el presente asunto no se ha cumplido aún el término de doce (12)
meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de Acusación, sin que se
hubiese celebrado la correspondiente Audiencia Pública, requisito necesario para
que los procesados tengan derecho a la libertad provisional de conformidad con lo
normado en el artículo 365 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal en
concordancia con el artículo 15 transitorio de ese mismo Estatuto Procesal.

(…) Conforme a todo lo anteriormente expuesto es claro que en el presente caso,
la Resolución de Acusación calendada el 26 de Enero de 2006, proferida por la
Fiscalía 2 Especializada (Folios 158 a 236 del Cuaderno Original No. 14) quedó
ejecutoriada el cinco (5) de Julio del dos mil seis (2006), fecha en la que se realizó
la última notificación de la providencia mediante la cual se resolvieron los recursos
de apelación (Folio 234 del Cuaderno No. 15), por lo que a la fecha del presente
pronunciamiento no se ha cumplido con el termino de doce (12) meses establecido
en el artículo 365 numeral 5 Código de Procedimiento Penal en concordancia con
el artículo 15 transitorio de ese mismo Estatuto Procesal, para que sea procedente
la libertad provisional a favor de los procesados ADIODATO SEVILLANO
SANDOVAL, CARLOS JIMMY MUNOZ, FLORESMIRO RIASCOS ALOMIA,
MARGARITA MEJIA DE SALDARRIAGA, BIBIANA MARIA SALDARRIAGA Y
CARLOS ARTURO ROBLEDO”.

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

Según lo expuesto, se observa que la Rama Judicial negó el beneficio de la libertad
provisional a Carlos Arturo Robledo Figueroa, María Margarita Mejía Zuluaga y
Bibiana María Saldarriaga Mejía, luego de advertir que a la fecha no se había
extinguido el término de 12 meses a que hacía referencia el numeral 5º del artículo
365 del Código de Procedimiento Penal.

Justamente, el juez 6º Penal del Circuito Especializado de Cali constató que, al 22
de mayo de 2007, fecha en que se resolvía la solicitud de libertad provisional, habían
transcurrido 10 meses y 16 días, toda vez que la Resolución de Acusación cobró
ejecutoria el 5 de julio de 2006. En otras palabras, si bien la defensa de los
procesados solicitó el beneficio de la libertad provisional, lo cierto es que lo hizo
cuando aún no había fenecido el término de 12 meses contados a partir de la
ejecutoria de la Resolución de Acusación, razón por la cual no había lugar a otorgar
el derecho de excarcelación.

Así, la Sala encuentra que no existe prueba en el plenario que permita evidenciar
que la Rama Judicial ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, en tanto se
evidencia que la decisión del 22 de mayo de 2007 se fundó en las pruebas
válidamente allegadas al plenario, así como en la normatividad penal vigente, que
permitían mantener vigente la medida restrictiva de la libertad.

En ese estado de cosas, debe advertirse que en modo alguno el juez de lo
contencioso está autorizado para revisar nuevamente el proceso penal como si se
tratase de una “tercera instancia” y por ende las resoluciones que allí se dictaron,
razón por la que está vedado en este asunto pronunciarse de los hechos delictivos
en que se fundamentaron los acontecimientos que dieron origen al ya referido
proceso penal.

En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine no se configuró el daño
antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace
infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio e
inclusive el estudio de una eventual causa extraña, pues debe recordarse que la

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende
necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos
y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de
reparar.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la
sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, según lo expuesto en precedencia.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho77 en segunda instancia, es menester
poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad,
la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora78.

En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no
desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias
en derecho a cargo del extremo activo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.

77 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
78 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

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Radicado: 76001233300920150042901 (71111)
Demandante: Carlos Arturo Robledo Figueroa y otros

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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