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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2016-01435-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2016-01435-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Argemiro Méndez Hernández contra Nación, Ministerio De Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros. 40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 24 Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024) Demandante: Argemiro Méndez Hernández Segundo. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio devolver a Argemiro Méndez Hernández los aportes realizados por concepto de cotización para pensión sobre la prima de antigüedad. Para tal efecto, la entidad hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 el CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 25

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-009-2016-01435-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández
Demandados: Nación, Ministerio De Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de Santiago
de Cali

Temas: Reliquidación de pensión de jubilación. Régimen docente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Argemiro Méndez Hernández presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad parcial de la Resolución 4143.0.21.10907 del 19 de
diciembre de 2014, por medio de la cual la Secretaría de Educación del municipio
de Cali le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación sin la inclusión

1 En adelante Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

de la totalidad de los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus pensional.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el pago de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus tales como «salarios, sobresueldos, primas y demás»; ii) el pago de las
diferencias de las mesadas generadas a partir del nuevo valor de la pensión desde
la fecha del estatus hasta cuando se verifique la inclusión en nómina, con el
descuento de lo percibido; iii) el pago de los intereses de mora sobre las sumas
adeudadas y el ajuste del valor de estas; iv) la actualización de la condena, con
aplicación de los ajustes de valor de acuerdo con el IPC; y v) la condena en costas
a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Argemiro Méndez Hernández laboró al servicio de la docencia oficial por más de
20 años y cumplió con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión
de jubilación.

3.2. La base de liquidación pensional para su reconocimiento «incluyó sólo la
asignación básica, la prima de vacaciones, el sobresueldo del 30% rector y el sobresueldo
• 1000 del 30%, omitiendo tener en cuenta la asignación adicional 3J<1000 del 25%, la
prima de navidad, la bonificación del Decreto 1566/14 y las primas extralegales de
antigüedad y de servicios, factores salariales percibidos por la actividad docente durante el
último año de servicios anterior a adquirir el status jurídico de pensionado» (sic).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; y 15 de la Ley 91
de 1989; y la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. La liquidación de la pensión de jubilación reconocida debía incluir todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicio, toda vez que, al
haber estado vinculado al servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen pensional establecido

3 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas 21 a 31.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

en la Ley 91 de 1989 y las demás normas vigentes hasta antes de la expedición de
la citada ley. De conformidad con ese régimen y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, su pensión debió liquidarse con el 75% del promedio que sirvió de aportes
durante el último año de servicios, sin limitar la base de liquidación a los factores
expresamente previstos en la Ley 62 de 19185, pues esta disposición no establecía
un listado taxativo.

5.2. La interpretación adoptada por la entidad en el acto demandado desconoció el
alcance de la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989 y los «decretos nacionales 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978» (sic), los cuales permitían tener en cuenta
todos los factores devengados para efectos de la liquidación pensional.

5.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado reconoció el carácter enunciativo de los
factores salariales previstos en la Ley 33 de 1985 y admitió la inclusión de otros
conceptos efectivamente percibidos por el trabajador. En consecuencia, la entidad
omitió incluir en la liquidación factores salariales percibidos durante el último año de
servicio, entre ellos primas y bonificaciones, pese a ser computables para efectos
pensionales. Tal exclusión redujo el monto de su mesada pensional, desconoció el
concepto amplio de salario e implicó una regresividad de sus derechos
prestacionales.

5.4. En ese sentido, «si no fue realizado el descuento para mi(s) representado(s) de las
PRIMAS Y BONIFICACIONES que percibía en su actividad docente debe ordenarse su
descuento en el último año de servicio, pero debe incluirse el valor de sus prestaciones
sociales y salariales en el valor de su pensión. Puede observarse que el tiempo de servicio
de mi mandante ha sido prestado siempre en la educación estatal, lo que hace que sus
prestaciones, como lo indica el artículo 15 de la ley 91 de 1989, se mantengan de
conformidad con el régimen prestacional establecido en los DECRETOS Nacionales 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 siendo pertinente que se disponga remontar el
análisis a la fecha de expedición de la ley 91 de 1989, donde se encontraban vigentes para
las entidades nacionales los decretos nacionales» (sic).

1.2. Contestaciones de la demanda

6. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente4:

6.1. El demandante no tenía derecho a la liquidación de su pensión de jubilación con
la inclusión de factores salariales distintos a la asignación básica y los sobresueldos,
porque adquirió el estatus de pensionado con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, razón por la que su prestación debía liquidarse conforme

4 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas 70 a 75.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

con esa ley y sus decretos reglamentarios.

6.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003, reglamentado por los decretos 41 y 3751
de 2003, modificó la base de cotización y de la liquidación de las prestaciones a
cargo del Fomag, al disponer que el IBL no podía ser diferente de la base sobre la
cual se realizaron aportes. Además, según el Decreto 1158 de 1994, los únicos
factores aplicables a los docentes eran la asignación básica, los sobresueldos y,
cuando hubiesen sido objeto de cotización, las horas extras, por lo que no era
procedente incluir primas y otros conceptos. Así pues, al haber adquirido el derecho
cuando ya estaban vigentes estas normas, no podía pretender la aplicación de unas
anteriores. Además, el derecho pensional solo se consolidaba cuando se cumplían
los requisitos para su exigibilidad.

6.3. LaLey 91 de 1989 no determinó un régimen pensional especial para los
docentes en materia de factores salariales, sino que remitió a las normas generales
aplicables a los empleados públicos. En ese sentido, para la aplicación de la Ley 33
de 1985 únicamente se les exceptuó de la edad de jubilación, pero no en lo
relacionado con la base de liquidación de la pensión, la cual debía estar integrada
con los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes.

6.4. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción; ii) inexistencia de la
obligación con fundamento en la ley; y iii) cobro de lo no debido.

7. La Fiduprevisora S.A. contestó la demanda con fundamento en lo siguiente5:

7.1. El Fomag es un patrimonio autónomo sin personería jurídica cuyos recursos
administra en virtud de un contrato de fiducia mercantil celebrado con la Nación, por
lo que carecía de competencia para reconocer derechos prestacionales, pues su
función se limita a administrar los recursos y realizar el pago de las prestaciones
reconocidas. De conformidad con el Decreto 2831 de 2005, las secretarías de
educación de las entidades territoriales certificadas con las competentes para
tramitar las solicitudes y expedir los actos administrativos de reconocimiento de
prestaciones económicas de los docentes.

7.2. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación con
fundamento en la ley; ii) pago de la obligación contenida en el acto administrativo; y
iii) prescripción.

8. El municipio de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por activa, con

5 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas 84 a 86.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

fundamento en lo siguiente6:

8.1. La pensión del demandante fue reconocida en vigencia del artículo 3 del Decreto
3752 de 2003, que dispuso que la base de liquidación de las prestaciones a cargo
del Fomag debía corresponder a la base sobre la cual el docente hubiese realizado
aportes.

8.2. De conformidad con el Decreto 2831 de 2005, su competencia se limita a recibir
y tramitar las solicitudes, certificar el tiempo de servicio y el régimen salarial,
elaborar el proyecto de acto administrativo y remitirlo a la Fiduprevisora para su
aprobación y posterior reconocimiento y pago, con lo que cumplió de acuerdo con
la constitución y la ley.

8.3. La entidad competente para reconocer y asumir las consecuencias económicas
de la prestación era el Fomag.

1.3. La sentencia apelada

9. En sentencia del 7 de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese sentido,
dispuso:

«PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la demandada.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 4143.0.21.10907 de
diciembre 19 de 201413, que reconoció la pensión de jubilación del demandante,
conforme con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a lo siguiente:

Reliquidar la pensión de jubilación del demandante Argemiro Méndez Hernández
identificado con CC 16.880.792, sobre el 75% del promedio de lo devengado por el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del status, lo que es entre el 10 de julio de 2013
al 10 de julio de 2014, tomando en consideración, además de los factores salariales ya
incluidos en el acto demandado (asignación básica promedio, prima de vacaciones,
sobresueldo 30% rector, sobresueldo 1000.30%), la prima de antigüedad. Para este
reconocimiento se tendrá como fecha de efectividad el 11 de julio de 2014.

La diferencia resultante no pagada, será objeto de indexación, en cumplimiento a lo
señalado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh x Índice final
Índice inicial

6 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«5_760012333009201601435002EXPEDIENTEDIGI20231027081146», páginas 17 a 27.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

En donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado
de percibir por la demandante por concepto de la correcta liquidación de su pensión de
jubilación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los
aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período, como se indicó
en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR el cumplimiento a esta providencia conforme lo dispuesto en los
artículos 192 y 195 del CPACA.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Para el efecto fija las agencias
en derecho en el 3% de lo pedido en la demanda.

SÉPTIMO: ORDENAR que una vez ejecutoriada la presente el archivo del expediente.»
(sic)

10. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:

10.1. El demandante se vinculó como docente oficial desde el 26 de febrero de 1991
y adquirió su estatus pensional el 10 de julio de 2014, por lo que se encontraba
cobijado por el régimen previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, conforme con lo
dispuesto en la Ley 91 de 1989.

10.2. Para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, la pensión de jubilación se liquida con el 75% del promedio de los factores
salariales correspondientes al último año de servicios, siempre que ellos se
encuentren en enlistados en la Ley 62 de 1985 y sobre ellos se hubiese efectuado
los respectivos aportes.

10.3. La sentencia del Consejo de Estado «del 25 de abril de 2019»8 acogió la tesis
según la cual únicamente pueden integrar el IBL los factores expresamente
previstos en la ley respecto de los cuales se acrediten cotizaciones, criterio que
rectificó la posición fijada en la sentencia del 4 de agosto de 2010.

10.4. En el caso particular, en el acto administrativo demandado se liquidó la
prestación del demandante con fundamento en la asignación básica, la prima de
vacaciones, el sobresueldo del 30% por rector y el sobresueldo 100-30%. Aunque
la prima de vacaciones no es un factor previsto en la Ley 62 de 1985, no era posible
excluirla, porque ello agravaría la situación de Argemiro Méndez Hernández, quien

7 Samai de tribunales y Juzgados, índice 41.
8 «Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de abril 25 de 2019, CP:

César Palomino Cortés, radicado 68001 23 33 000 2015 00569 01, radicado interno 0935-2017,
sentencia SUJ-014-CE-S2-2019» (sic).

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

pretendía la inclusión de factores adicionales.

10.5. De acuerdo con la jurisprudencia vigente, no era procedente incluir todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, pues las primas
de navidad y servicios y los demás conceptos reclamados no hacen parte del listado
previsto en la ley. Sin embargo, se acreditó que la prima de antigüedad sí constituye
un factor salarial computable y sobre ella se realizaron los correspondientes aportes
al Fomag, según certificación obrante en el expediente.

10.6. En consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de jubilación del actor sobre el
75 % del promedio de lo devengado entre el 10 de julio de 2013 y el 10 de julio de
2014, incluyendo, además de los factores ya reconocidos, la prima de antigüedad.

10.7. La condena en costas era procedente a la parte demandada, pues resultó
vencida en el proceso. Lo anterior, conforme con el criterio objetivo valorativo, según
el cual al juez le corresponde valorar, en cada caso, la actuación procesal de las
partes para establecerla.

1.4 El recurso de apelación

11. El Fomag sustentó su recurso de apelación en lo siguiente9:

12. El docente al encontrarse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, le eran aplicables las leyes 33 y 62 de 1985 para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación, razón por la cual el IBL podía integrarse
solo con los factores enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y respecto de
los cuales se hubiesen realizado aportes. Lo anterior, es acorde con lo establecido
en las sentencias del 28 de agosto de 2018 y del 25 de abril de 2019 proferidas por
el Consejo de Estado, criterio desarrollado bajo el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional. Decisiones que son de obligatorio cumplimiento
para las autoridades judiciales.

13. Mediante el acto administrativo demandado se le liquidó la pensión al
demandante teniendo en cuenta la asignación básica, la prima de vacaciones, los
sobresueldos del 30% y del 1000-30%, factores que «no se encuentran enlistados en
el artículo 1 de la ley 62 de 1985, por lo cual la pensión de la cual goza la hoy demandante
le es más favorable y rompe el equilibrio económico entre el derecho adquirido y la
normatividad aplicable» (sic).

14. La prima de antigüedad reconocida por el tribunal correspondía a una propia de
los empleados del orden departamental y no a la prevista para los empleados del
orden nacional en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, por lo que no constituía un

9 Samai de tribunales y juzgados, índice 47.

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factor computable para la liquidación del actor. En todo caso, aun si se admitiera su
inclusión, en el proceso no se acreditó que sobre ella se hubiesen efectuado aportes
al sistema de seguridad social.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

15. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

16. El procurador delegado remitió concepto de forma extemporánea11.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a
determinar ¿si el tribunal incurrió en error al ordenar la inclusión de la prima de
antigüedad en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida
al demandante, con desconocimiento del precedente de esta Corporación, pese a
que la prestación reconocida era más favorable al haber incluido factores no
previstos en las leyes 33 y 62 de 1985?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

18. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la

10 Tal y como se indicó en el auto del 20 de febrero de 2025. Índice 5 de Samai.
11 El auto admisorio fue notificado el 1 de abril de 2025. El 9 de abril de ese año ingreso el proceso

al despacho y solo hasta el 21 de igual mes y año se allegó el concepto.
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

invalidez, la enfermedad o la muerte13. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas14.

19. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción15. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social»16. El sistema quedó conformado
por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema
General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios
Sociales Complementarios.

20. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos17. Está integrado por 2 regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

21. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes

13 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
14 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
15 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
16 Preámbulo y artículo 6.
17 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.

22. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida». [Resalta la Sala].

23. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200318.

24. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

25. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

18 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

26. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

27. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

28. La Ley 60 de 199319, derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001, asignó

19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados
con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal,
en conjunto con los departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación
del personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag,
así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las
nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del indicado fondo.

29. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200620, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la
citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades
locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas
disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por
autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de
protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91
de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en
materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley
60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.
Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional
en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’,
dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley
no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el
momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable

[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,

radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes
reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’». [Se resalta].

30. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

31. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

32. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

33. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 21, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de

21 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de
estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

34. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201922, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres».

35. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público
oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley

22 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
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33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la
pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero
de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes
reglas:

Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de
servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes
previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio» [se resalta].

36. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en
la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que,
según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en
57 años23. Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de
docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.

A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el

23 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».

37. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección24, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

38. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad25
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

39. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199426 y los previstos en normas especiales proferidas por la autoridad
competente.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
26 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

16

Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

40. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

40.1. A
través de la Resolución 4143.0.21.8219 del 31 de octubre de 2013, la
Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali ejecutó «un gasto
validado, certificado y aprobado por funcionarios del Ministerio de Educación Nacional con
cargo a los recursos que se giran del sistema general de participaciones. y relacionado con
el pago a un docente- directivo docente de unas prestaciones extralegales establecidas en
el Decreto Municipal 0216 de 1991» (sic) y ordenó pagar las primas de antigüedad y
semestral (prima de servicios) de los años 2008 a 2010 a favor de Argemiro Méndez
Hernández27.

40.2. Mediante la Resolución 4143.0.21.10907 del 19 de diciembre de 2014, la
Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali le reconoció al actor una
pensión vitalicia de jubilación por la suma de $3.342.161 equivalente al 75% del
promedio mensual devengado durante el último año de servicio a la fecha en la que
adquirió el estatus pensional el 10 de julio de 2014 con la inclusión de la asignación
básica, prima de vacaciones (Decreto 1381 de 1997) y los sobresueldos del 30%
rector y 1000-30%28.

40.3. Según el formato único para la expedición de certificado de salario consecutivo
27783 del 30 de junio de 2016, la Secretaría de Educación del municipio de Santiago
de Cali certificó los factores salariales que percibió entre el 1 de enero de 2012 y el
31 de diciembre de 2015, esto es, «asignación adicional rector 30%, asignación adicional
3J<1000 25%; asignación adicional 3j >1000 30%, asignación básica, bonif. Mensual
1/junio14-31 diciembre/15, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios
docentes, prima de vacaciones docente» (sic)29.

40.4. Por medio de auto del 3 de abril de 2022, el a quo decretó de oficio que se
requiriera a la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali para que
certificara si sobre lo pagado por concepto de prima de antigüedad entre el 10 de
julio de 2013 hasta el 10 de julio de 2014 se habían efectuado los respectivos
aportes para pensión al Fomag correspondientes a Argemiro Méndez Hernández30.

40.5. En cumplimiento, se allegaron los comprobantes de pago de los años 2013 y
2014 que dan cuenta que percibió la mencionada prima y la «constancia de pagos
seguridad social y aportes parafiscales» que sobre el particular señaló que para el
año 2013 «se efectuó el pago correspondiente a la Prima de Antigüedad para el año 2013

27 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas 10 a 14.
28 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas 6 a 8.
29 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 31, archivo
«4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas 17 y 18.
30 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 32.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

al exfuncionario MENDEZ HERNANDEZ ARGEMIRO, por un monto de $5,131,948.00, el
cual fue procesado el 28/02/2013». Y que, «[a]simismo, se realizaron deducciones
correspondientes al Aporte del Empleado para el Fondo de Prestaciones Magisterio, el
Fondo de Subsistencia Docente y la Solidaridad Docente»; y para el año 2014 «se efectuó
el pago correspondiente a la Prima de Antigüedad para el año 2013 al exfuncionario
MENDEZ HERNANDEZ ARGEMIRO, por un monto de $5,335,443.00, el cual fue
procesado el 01/02/2014 al 28/02/2014». Y que «[a]dicionalmente, se llevaron a cabo
deducciones a favor de la US DE Regional Valle 1631, así como los aportes del empleado
para el Fondo de Prestaciones Magisterio, el Fondo de Subsistencia Docente, la Solidaridad
Docente y la Retención en la Fuente por Salarios» (sic)31.

2.4. Análisis de la Sala

41. Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, se advierte que
Argemiro Méndez Hernández solicitó la nulidad parcial de la Resolución
4143.0.21.10907 del 19 de diciembre de 2014, mediante la cual la Secretaría de
Educación del municipio de Cali le reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación sin incluir la totalidad de los factores salariales percibidos durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es «salarios,
sobresueldos, primas y demás» (sic).

42. En sentencia del 7 de diciembre de 2023, el tribunal declaró la nulidad parcial de
la citada resolución y ordenó al Fomag reliquidar la pensión de jubilación del
demandante «sobre el 75% del promedio de lo devengado por el año inmediatamente
anterior al cumplimiento del status, lo que es entre el 10 de julio de 2013 al 10 de julio de
2014, tomando en consideración, además de los factores salariales ya incluidos en el acto
demandado (asignación básica promedio, prima de vacaciones, sobresueldo 30% rector,
sobresueldo 1000.30%), la prima de antigüedad» (sic).

43. Lo anterior, porque, si bien el acto administrativo demandado había incluido
factores que no se encontraban enlistados en la Ley 62 de 1985, no era posible
realizar un pronunciamiento sobre estos, ya que ello afectaría «el derecho reconocido
al demandante cuya pretensión está encaminada a que se incluyan factores adicionales a
los reconocidos por la entidad demandada» (sic). Además, concluyó que el actor había
percibido la prima de antigüedad y sobre ella se realizaron cotizaciones.

44. Por su parte, el Fomag argumentó que el a quo había incurrido en error al ordenar
la inclusión de la prima de antigüedad, toda vez que esta correspondía a un
emolumento de origen departamental y no a la prevista para los empleados de orden
nacional dispuesta en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, razón por la cual no
constituía un factor computable para la liquidación de la pensión del demandante.
Asimismo, agregó que, en todo caso, no se había acreditado que sobre ese

31 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 38.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
Demandante: Argemiro Méndez Hernández

concepto se hubiesen realizado aportes, requisito exigido en la sentencia SUJ-014-
CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado.

45. Se precisa que Argemiro Méndez Hernández ingresó al servicio docente el 2 de
febrero de 1991, por lo tanto, le era aplicable el régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985, al haberse vinculado como docente oficial antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, aspecto que no es objeto de debate. Además, la
pensión le fue liquidada con el 75% del promedio mensual devengado durante el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional (10 de julio de
2014), con la inclusión de la asignación básica, prima de vacaciones (Decreto 1381
de 1997) y los sobresueldos del 30% rector y 1000-30%.

46. Bajoese contexto, corresponde determinar si la prima de antigüedad debe
tenerse en cuenta como factor salarial para la liquidación de la pensión del
demandante.

47. En primer lugar, la Sala precisa que resulta aplicable la regla jurisprudencial
establecida en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019,
primero, mediante la cual esta Corporación replanteó la tesis adoptada en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. Además, dicha providencia
constituye un precedente vinculante y obligatorio para los casos que guardan
identidad fáctica y que a su expedición se encontraran pendientes de solución tanto
en vía administrativa como judicial.

48. En ese orden de ideas, para el caso del demandante, a quien le era aplicable el
régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 al haberse
vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, el Ingreso Base de Liquidación «comprende i) el
período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985» (sic).

49. La Ley 62 de 1985, en su artículo 1 estableció que « la base de liquidación para los
aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo
caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes» [se
resalta].

50. En el presente asunto, los comprobantes de pago y la certificación expedida por
la Secretaría de Educación de Santiago de Cali acreditan que, en el último año de
servicio a la adquisición del estatus pensional comprendido entre el 10 de julio de

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

2013 y el 10 de julio de 2014, el demandante percibió la prima de antigüedad (en
los meses de febrero de los referidos años) y sobre ese concepto se realizaron
deducciones, entre otras, con destino al Fomag.

51. No obstante, aunque la prima de antigüedad se encuentra prevista como factor
computable según el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, no procedía su inclusión en
el cálculo del IBL, porque el emolumento percibido por el accionante no corresponde
a la prima de antigüedad de creación legal a la que alude tal disposición. Al respecto,
se advierte que el citado emolumento fue previsto por los decretos 1042 y 1045 de
1978 a favor de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y no para
el personal del magisterio, que cuenta con su régimen prestacional especial y en el
cual no se ha incluido este emolumento.

52. Asimismo, se advierte que el Decreto 0216 de 1991, expedido por el alcalde del
municipio «por el cual se fijan prestaciones sociales y otros beneficios para empleados
públicos de la administración central de Santiago de Cali» entre los que se encontraba
la prima de antigüedad, fue declarado nulo por esta jurisdicción a través de
sentencia de 20 de enero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, decisión confirmada por esta subsección el 8 de agosto de 201932, pues
se consideró que «esa autoridad carecía de competencia para expedir actos
administrativos que crearan elementos de salario o prestación social en favor de los
servidores públicos de ese municipio». Además, se determinó que «se respetarán los
efectos que causó mientras estuvo vigente, por cuanto de su aplicación se han consolidado
situaciones jurídicas en lo referente a los factores salariales y prestaciones sociales, por lo
que no es pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena fe que surgieron en razón
de ello» (sic).

53. En consecuencia, la prima de antigüedad a la que hace alusión el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985 corresponde a la creada por el gobierno nacional con competencia
y en cumplimiento de un mandato del legislador, y no a los emolumentos que, bajo
la misma denominación, pero de manera irregular, fueron creados por las entidades
territoriales para sus servidores, como ocurrió con el reconocido al actor.

54. En la referida providencia se ordenó que la declaratoria de nulidad no afectaría
las situaciones jurídicas consolidadas ni los derechos previamente reconocidos a
quienes ya venían percibiendo la prima de antigüedad, razón por la cual ordenó
continuar con su pago. Si bien en el caso particular la sentencia se profirió después
de que el demandante consolidara su derecho pensional, razón por la que mientras
estuvo en servicio la percibió, lo cierto es que no se le incluyó como factor salarial
para la liquidación de su pensión y es este asunto el que está en discusión.

32 Expediente 76001-23-31-000-2010-01485-01(0046-13), C. P. César Palomino Cortés.

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

55. Alrespecto, conviene reiterar que esta Subsección33 ha precisado que la
protección o respeto por los denominados «derechos adquiridos» apunta al
mantenimiento de las situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la
disposición que establece el derecho. En ese sentido, «[l]as situaciones consolidadas
en vigencia del acto declarado nulo, son aquellas que se causaron y produjeron efecto, de
manera que no es posible devolver las cosas al estado inicial, como por ejemplo los pagos
por concepto de mesadas pensionales efectuados con anterioridad a la declaratoria de
nulidad del acto que reconoció tal derecho; por el contrario, las situaciones que no se
consolidaron no tienen vocación de permanencia, pues si el acto no subsiste tampoco
puede seguir surtiendo efectos34».

56. De igual forma «la situación jurídica consolidada se da cuando el asunto ya ha sido
definido en sede administrativa y no está siendo discutido, ni ante la administración ni ante
la jurisdicción. Bajo esta concepción, podría afirmarse que la situación jurídica se consolida
cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular queda en firme, siempre que
no se haya pedido judicialmente su nulidad y que el respectivo proceso no se encuentre en
curso al momento de quedar ejecutoriada la sentencia que declara la nulidad del acto
administrativo general. […] en otras oportunidades, se ha dicho que para que pueda
considerarse “consolidada” la situación jurídica, se requiere, que el acto administrativo de
alcance particular no pueda ser revisado en sede judicial, lo cual supone que se encuentre
vencido el término de caducidad o de prescripción que la ley establezca para pedir su
nulidad35 ». Asimismo «la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter
general afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es, que
al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las
autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso-administrativa36».

57. Sin embargo, se ha aclarado «en materia de derecho administrativo laboral la
protección o respeto por los denominados “derechos adquiridos” apunta al mantenimiento
de las situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la disposición que establece el
derecho. Sin embargo, tal protección sólo está dirigida a aquellos derechos adquiridos con
justo título, es decir, los que se encuentren ajustados al ordenamiento jurídico»37. [Se
resalta].

58. Así pues, la sola circunstancia de haber percibido la prima de antigüedad no
implica, por sí misma, la consolidación automática de una situación jurídica

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

66001-33-31-002-2007-00107-01, M.P. César Palomino Cortés.
34 Cita de la sentencia de referencia «Sección Segunda. Sentencia del 12 de octubre de 2000.

Radicación 16207».
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 25 de enero de 2024 con radicado 66001-33-31-002-2007-00107-01, C.P. César
Palomino Cortés.
36 Cita que se hace en la sentencia de referencia «Sección Cuarta, radicación: 25000-23-27-000-

2001-00938-01 No 14311».
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 25 de enero de 2024 con radicado 68001-33-33-000-2016-01045-01, C.P. César
Palomino Cortés.

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protegible, particularmente cuando el emolumento tuvo origen en un acto expedido
por una autoridad territorial sin competencia constitucional y legal para crear
factores salariales. En efecto, la protección derivada de la modulación de los efectos
de la sentencia anulatoria únicamente cobija aquellas situaciones jurídicas
constituidas conforme a derecho y soportadas en un justo título.

59. En consecuencia, aunque se acreditó que el demandante percibió la prima de
antigüedad y que sobre ella se realizaron aportes, ello no era suficiente para
disponer su inclusión en el IBL de la pensión de jubilación. Lo anterior, porque ese
reconocimiento no se encontraba soportado en un justo título. Además, no puede
argumentarse que su inclusión en la liquidación pensional constituyera una situación
jurídica consolidada o un derecho adquirido, pues justamente el acto administrativo
demandado no la incluyó como factor computable y, precisamente, la legalidad de
su inclusión es el asunto sometido a consideración.

60. Ahora bien, resulta procedente ordenar la devolución de los aportes efectuados
sobre la mencionada prima porque esta decisión constituye una consecuencia
directa de la conclusión según la cual ese emolumento no podía considerarse para
integrar el IBL. En efecto, la controversia plantada en el proceso y que delimitó la
competencia de esta corporación para resolver el recurso de apelación, versó sobre
la inclusión o no de la prima de antigüedad, en este caso, creada para los empleados
de la administración central del municipio de Santiago de Cali, como factor de
liquidación pensional, respecto de la cual se acreditó que se realizaron cotizaciones
al sistema38.

61. Por consiguiente, al concluirse que esa prima no podía integrar el IBL y que, por
lo tanto, no se podían realizar los aportes sobre ella. Por ello, la devolución de los
aportes realizados sobre tal concepto, debidamente indexados, es una
consecuencia necesaria de la decisión adoptada y en estos términos se dispondrá
su inclusión en la parte resolutiva de esta providencia.

62. Ahora bien, el Fomag también señaló que el tribunal había desconocido la
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019 al ordenar la
reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de antigüedad, cuya
incorporación, como se explicó con anterioridad, no era procedente, pues, en todo
caso, el acto administrativo demandado había tenido en cuenta para la liquidación
de la pensión factores que no se encontraban previstos en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985, como la prima de vacaciones y los sobresueldos del 30% y 1000-30%,
razón por la cual la pensión reconocida al demandante era más favorable.

38 «constancia de pagos seguridad social y aportes parafiscales». Samai de Tribunales y Juzgados,

índice 31, archivo «4_760012333009201601435001EXPEDIENTEDIGI20231027081144», páginas
10 a 14.

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63. Aunque, por las razones expuestas la Sala revocará la sentencia apelada, se
considera necesario precisar que la circunstancia de que el a quo se hubiese
abstenido de examinar la legalidad de la inclusión de los mencionados factores no
comportó el desconocimiento del precedente jurisprudencial. En efecto, el tribunal
señaló que un pronunciamiento sobre tales conceptos afectaría «el derecho
reconocido al demandante cuya pretensión está encaminada a que se incluyan factores
adicionales a los reconocidos por la entidad demandada» (sic).

64. Tal afirmación obedece también a la observancia del principio de «interés en la
pretensión u oposición, para la sentencia de fondo o mérito», con fundamento en el cual,
en materia laboral, esta Corporación39 ha considerado que a través del ejercicio del
medio de control el demandante busca satisfacer un derecho que le represente una
mejora frente a lo inicialmente reconocido, o dicho en otros términos, obtener un
beneficio, en condiciones normales; de manera que en aquellos casos en los que
no media demanda de reconvención el resultado de su proceso no puede conllevar
consecuencias que alteren el estado de las cosas a como se encontraban antes de
iniciar la demanda, es decir, el juez no puede hacer más gravosa la situación en la
que se encontraba el demandante y que lo motivó a acudir a la jurisdicción con el
fin de acceder a un derecho del cual se considera es acreedor.

65. Por consiguiente, la Sala comparte la decisión del a quo de mantener incólume
el acto demandado en cuanto a los factores salariales ya reconocidos para la
liquidación de la pensión. No obstante, como el tribunal accedió a la pretensión de
incluir la prima de antigüedad en el IBL de la pensión, pese a que este emolumento
no constituía un factor computable en los términos expuestos, se impone revocar la
sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

2.4. Costas

66. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

67. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,

39 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado:

11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-2013), C.P. César Palomino Cortés.

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Radicado: 76001-23-33-009-2016-01435-01 (6718-2024)
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no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

68. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma40.

69. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

70. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y revocará la impuesta en primera instancia por no advertirse que se hubiese
efectuado el anterior análisis.

3. Conclusión

71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no hay lugar a la
reliquidación de la pensión de jubilación del demandante con la inclusión de todos
los factores que devengó en el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
específicamente, la prima de antigüedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda incoada por Argemiro Méndez Hernández contra Nación, Ministerio De
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
otros.

40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Argemiro Méndez Hernández

Segundo. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
devolver a Argemiro Méndez Hernández los aportes realizados por concepto de
cotización para pensión sobre la prima de antigüedad. Para tal efecto, la entidad
hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 el CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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