Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-010-2014-00297-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-010-2014-00297-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-010-2014-00297-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Fundación para el Desarrollo de la Salud Familiar y Social
– FAMISALUD
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia
Referencia: Reparación Directa
Temas: ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – requisitos y limitaciones / ACTIO IN REM
VERSO – carácter excepcional y subsidiario / CARGA DE LA PRUEBA – corresponde al
demandante acreditar los supuestos de hecho en que se funda su reclamación.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la demandante
contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La Fundación para el Desarrollo de la Salud Familiar y Social –Famisalud
ONG– presentó demanda contra el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los servicios de
salud que presuntamente prestó a los afiliados del Fondo. Indicó que dichos
servicios comprenden tanto los del Nivel I —amparados en el Contrato No. 102 de
2011— como los de los niveles II, III y IV, que, según lo alegado por la parte actora,
se habrían suministrado sin respaldo contractual ni título jurídico que los soportara.
En consecuencia, las pretensiones se orientan a que la entidad demandada asuma
el pago de esas atenciones.
ANTECEDENTES
La demanda subsanada y las razones de hecho y de derecho en las que se
fundamentó
3. El 27 de marzo de 20141, a través de apoderado judicial, la Fundación para
el Desarrollo de la Salud Familiar y Social –Famisalud ONG2 demandó al Fondo de
1 Inicialmente, la demandante promovió un proceso ejecutivo con base en la factura No. 039 que elaboró y
radicó ante la demandada (Expediente físico, cuaderno No. 1, folios 4-30). Mediante auto del 30 de noviembre
de 2017, notificado el 5 de marzo de 2018, el a quo manifestó que la factura con la cual se promovió el proceso
no constituía un título objeto de ejecución en la medida en que los servicios facturados excedían el valor pactado
en el contrato No. 102 de 2011 de modo que no existía una obligación clara, expresa y exigible. De otra parte,
argumentó que los hechos evidenciaban que los servicios reclamados no estaban amparados expresamente en
el contrato. En consecuencia, consideró que la vía adecuada para el análisis del caso es la reparación directa
a través de la actio in rem verso, por lo que ordenó adecuar el trámite de la demanda al medio de control de
reparación directa, previsto en el artículo 140 del CPACA, para el efecto, concedió un término de 10 días para
la presentación del escrito correspondiente (cuaderno 1, folios 132 – 155). El 16 de marzo de 2018, la
demandante presentó adecuación de la demanda (cuaderno 1, folios 157 – 185). Por auto del 9 de agosto de
2018, el Tribunal admitió la demanda (cuaderno 1, folios 190 – 193).
2 En adelante, parte demandante, la demandante o Famisalud.
1
Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia3, con las siguientes
pretensiones (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
“1. Declarar probados los hechos y con base en ello:
2. Declarar administrativamente responsable a la EPS ADAPTADA FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA por
enriquecimiento sin justa causa al no pagar a la FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA SALUD FAMILIAR Y SOCIAL (FAMISALUD ONG) el valor que
excedió el contrato por capitación que solo cubría la atención de primer nivel habiendo
sido atendido, necesario para preservar la salud, la dignidad y la vida de los usuarios
de la EPS, contratar los servicios del nivel I, II, III y IV de complejidad, generando un
empobrecimiento correlativo de la demandante al no pagarse los niveles II, III y IV.
3. Declarar probado el daño ocasionado a la demandada y por consiguiente a sus
fundadores con el no pago de los servicios médicos prestados a través de la IPS
demandante por la red subcontratada por ésta, siendo responsable del pago la EPS
que dejó a la primera sin posibilidad de seguir prestando servicios de salud de primer
nivel que es su objeto social.
4. Declarar a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA responsable del pago de los
servicios médicos prestados a sus asegurados, por FAMISALUD ONG y la red
subcontratada.
5. Declarar a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA responsable del pago de los
daños y perjuicios ocasionados a FAMISALUD ONG como consecuencia del no pago
de los servicios de salud prestados, en forma integral, por la IPS y la red
subcontratada de los niveles II, III y IV, a los afiliados de la EPS.
6. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito respetuosamente, del
Honorable Despacho, CONDENAR a la demandada EPS ADAPTADA FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, PAGAR y a
favor de FAMISALUD ONG el capital adeudado a la fecha de la presentación de la
FACTURA, ante la EPS, y que equivale a once mil noventa y un millón
ochocientos ochenta mil quinientos treinta y nueve pesos MLC
($11.091.880.539), según relación de facturas anexas, valor de la prestación de
servicios de salud que excedió del valor pagado por la EPS.
7. Consecuencialmente, ORDENAR, a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO
SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, PAGAR y a favor de
FAMISALUD ONG el capital adeudado a la fecha de la presentación de la FACTURA,
ante la EPS, y que equivale a once mil noventa y un millón ochocientos ochenta
mil quinientos treinta y nueve pesos ($11.091.880.539), según relación de facturas
anexas, valor de la prestación de servicios de salud que excedió del valor pagado por
la EPS.
8. ORDENAR a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, PAGAR a favor de FAMISALUD
ONG los INTERESES moratorios, según cálculo relacionado en la estimación
razonada de la cuantía, por un total de cuatro mil doscientes veintiocho millones
doscientos ochenta y ocho mil pesos MLC ($ 4.228.288.000,00) calculados a la fecha
de la presentación de la demanda inicial y que deben ser reliquidados a la fecha del
pago efectivo.
9. ORDENAR a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA el pago a favor de FAMISALUD
ONG los intereses de mora desde el momento que se hicieron exigibles las facturas,
hasta que el pago se efectúe efectivamente según lo dispuesto en el artículo 4242 de
la Ley 1564, teniendo en cuenta que en cualquier cuota sea abonada primero a
intereses.
3 En adelante, parte demandada, la demandada, EPS Adaptada o Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
10. ORDENAR a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA el pago de un valor global quince
mil trescientos veinte millones ciento sesenta y ocho mil quinientos treinta y nueve
pesos MLC ($15.320.168.539,00) que corresponde al valor total de la deuda, capital
más intereses de mora calculados a la fecha de la presentación de la demanda inicia,
más los intereses que se causen a la fecha del pago efectivo de la obligación.
11. ORDENAR a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PAGAR a FAMISALUD ONG por
daños materiales en la modalidad de lucro cesante, equivalente a $10.438.470.333,33
calculados a la fecha de la presentación de la demanda inicial, los cuales deben ser
proyectado hasta cuando se haga el pago efectivo.
12. ORDENAR a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PAGAR a FAMISALUD ONG por
daño al buen nombre, daño que se equipara al daño moral, ocasionados a sus
fundadores Germán Vivas C.C 16.690.215, Sixta Tulia Cabal C.C. 31.285.252 a razón
de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno que equivale a
$123.200.000 teniendo en cuenta que al momento de presentación de la demanda
inicial el SMMLV es de $ 616.000.
13. ORDENAR a la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PAGAR a FAMISALUD ONG la
diferencia entre el valor pactado inicialmente, valor presunto de la atención por
URGENCIA MANIFIESTA, y el entregado por la demandada, diferencia que asciende
a seiscientos treinta millones sesenta y seis mil ochenta y un peso MLC
($630.066.081).
14. Que se calculen y ordene el pago de costas y agencias en derecho conforme a lo
dispuesto en el artículo 280, 253, 306 y 309 numeral 9, 362, 366 y 440 de la ley 1564
de 2012 a favor de FAMISALUD ONG.
15. Que se ordene como medidas cautelares el embargo de las cuentas bancarias o
fiducias a nombre de la EPS ADAPTADA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA NIT: 800112806, esto es, cuentas
en el BANCO DE LA REPÚBLICA, AV VILLAS, BANCO DE BOGOTÁ, AGRARIO,
BANCO POPULAR, BBVA, CAJA SOCIAL Y BANCO DE OCCIDENTE y las fiducias
constituidas en la fiduciaria La Previsora S.A., a nombre de la EPS accionada y hasta
el doble del valor adeudado más intereses, toda vez que para el momento de la
ejecución del pago los intereses van a doblar su valor .4
16. Con todo respeto se solicita al Honorable Magistrado Ponente Dr. ÓSCAR
ALONSO VALERO NISIMBLAT la exoneración del pago del arancel judicial,
excepción contemplada en el artículo 5 de la Ley 1653 del 2013, además por la
iliquidez total en la que quedó FAMISALUD ONG a consecuencia de los embargos
productos de las demandas por el no pago de los servicios médicos prestados por la
red de atención a los usuarios de la EPS y que sacaron a FAMISALUD ONG de la
actividad económica social, hecho que sería equivalente a la circunstancia
contemplada en el parágrafo 3 ibidem”.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, adujo lo
siguiente:
5. El 31 de octubre de 2011, la demandada suscribió el contrato No. 102 con
Famisalud con el objeto de prestar servicios de salud a la población usuaria de los
“programas ferrocarriles y puertos en la Regional Pacífico”, para el periodo
4 A través del auto interlocutorio No. 68 del 18 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
negó la medida cautelar indicando que no se evidencia sustentación para su procedencia por parte del
demandante y que, según lo expuesto por el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles, los recursos corresponden al
Sistema De Seguridad Social incorporados al Presupuesto General de la Nación y gozan del beneficio de
inembargabilidad. Cuaderno No. 2, folios 232 – 237.
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Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
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comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de marzo de 2012, por un
valor de $ 12.759'618.816 M/Cte.
6. Señaló que el contrato tuvo como fundamento la Resolución No. 2962 del 28
de octubre de 2011, emitida por la EPS Adaptada Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante la cual se declaró la urgencia
manifiesta para la prestación de los servicios de salud a sus pensionados,
beneficiarios y adicionales, aclarando que el valor del contrato era
aproximado.
7. Indicó que, entre las razones para declarar la urgencia manifiesta, se
encontraba la deficiencia en la calidad y oportunidad de la atención que venían
recibiendo los beneficiarios del programa por parte del anterior prestador, lo cual
estaba generando un riesgo de enfermedad y muerte, debido a que el servicio de
los niveles II, III y IV de los afiliados estaba represado en exámenes, procedimientos
y cirugías de alto costo, que fueron posteriormente suministrados por la demandante
durante la vigencia del contrato.
8. Afirmó que, en la atención de nivel I, se generó un diferencial de
$630'066.081 y que, considerando la prestación de servicios de salud en los demás
niveles, la suma adicional que la EPS Adaptada adeuda a Famisalud asciende a
$23.221'433.274 M/Cte.
9. No obstante, aclaró que, del valor debido, una parte fue pagada por la EPS
Adaptada mediante un anticipo distribuido en cuatro cuotas mensuales, abonadas
directamente a la demandante y un último giro que fue efectuado al Juzgado 2
Laboral del Circuito de Cali, en atención a la medida cautelar derivada de una
demanda interpuesta por Fabilu Clínica Colombia contra Famisalud. Por lo tanto, el
valor pendiente por pagar es de $11.091'880.539,00, contenido en la factura No.
039, expedida por la actora y radicada el 18 de diciembre de 2012 ante la
demandada.
10. Resaltó que la factura cumplía con los requisitos legales y estaba respaldada
por los documentos presentados por la red de prestadores del servicio a
pensionados, beneficiarios y adicionales. Sin embargo, el 6 de febrero del año
siguiente, la EPS Adaptada, de forma extemporánea, comunicó a Famisalud que no
reconocía dicho cobro, argumentando que la modalidad de pago había sido por
capitación cuyo valor ya había sido cancelado.
11. Consideró que la factura fue aceptada tácitamente por la EPS Adaptada, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 773.3 del Código de Comercio, en concordancia
con el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, lo que implicó la renuncia a presentar
objeciones. No obstante, precisó que, a la fecha de presentación de la demanda, el
pago no había sido efectuado.
12. A partir de lo anterior, Famisalud afirmó que la EPS Adaptada actuó de mala
fe, ya que se sabía de antemano que el valor pactado en el contrato no era suficiente
para cubrir integralmente los gastos de atención en salud, de acuerdo con los
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Referencia: Reparación directa
principios legales y constitucionales que rigen la prestación del servicio. Indicó que
el monto contratado solo permitiría cubrir los servicios de primer nivel durante el
periodo acordado, por lo que negar el reconocimiento del diferencial implica
trasladar de manera indebida a la IPS la responsabilidad de garantizar la atención
médica.
13. Esta situación se presentó a pesar de que se tenía pleno conocimiento de
que la Resolución 2962 del 28 de octubre de 2011 no permitía la contratación por
capitación de los servicios de salud de los niveles II, III y IV, de conformidad con el
artículo 2 del Decreto 133 de 2010, disposición que permite dicha modalidad
únicamente para la atención en salud de baja complejidad, es decir, del nivel I, esto,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 1438 de 2011,
declarado exequible mediante la sentencia C-197 de 2012 de la Corte
Constitucional, que establece que los demás servicios deben contratarse bajo la
modalidad de pago por evento.
14. Afirmó que Famisalud fue objeto de un embargo por el valor adeudado a una
IPS subcontratada para la atención de servicios de los afiliados de la demandada y
que, como consecuencia de la medida cautelar, se vio obligada a cesar sus
operaciones, lo cual generó graves perjuicios a sus fundadores, colaboradores y a
la comunidad que atendían, a pesar de que no era responsable del pago de los
servicios prestados.
15. Agregó que, durante el año 2010, Famisalud facturó un valor bruto de
$2.502'496.000,00, y en 2011, $7.161'718.000,00, con un promedio anual de
$5.219'235.166,67. Con base en ello, sostuvo que, dada la cesación de actividades,
al momento de la demanda habían dejado de percibir $10.438'470.333,33, suma
que reclama como daño material en la modalidad de lucro cesante. Asimismo,
señaló que se causó afectación al buen nombre de la entidad.
16. Aseveró que se configuró un enriquecimiento sin justa causa por el no
reconocimiento y pago oportuno de los servicios prestados. Manifestó que, al inicio
del contrato, la EPS Adaptada presentaba un represamiento en la atención médica
y que, si bien contrató por capitación únicamente los servicios del nivel I —como lo
permite la ley—, quedaron excluidos del contrato No. 102 los niveles II, III y IV, los
cuales igualmente fueron prestados por Famisalud sin que se efectuara el
correspondiente pago.
17. Finalmente, advirtió que se acreditó el nexo causal entre la negativa de pago
por parte de la EPS y el daño sufrido por Famisalud, materializado en su embargo
y cierre definitivo, al habérsele trasladado, sin la debida financiación, la atención de
los niveles II, III y IV, lo que también afectó a la red subcontratada y vulneró
derechos fundamentales.
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Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
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Referencia: Reparación directa
Contestación de la demanda
18. El 10 de diciembre de 20185, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia se opuso a las pretensiones, alegando que los servicios de
salud reclamados ya habían sido pagados en virtud del contrato No. 102 de 2011.
Señaló que la parte demandante no demostró la prestación de servicios por fuera
de dicho contrato o del Plan Obligatorio de Salud- POS, por lo que no era procedente
el reconocimiento de sumas adicionales.
19. Explicó que Famisalud subcontrató con diversas instituciones prestadoras de
salud, a las cuales les incumplió el pago, situación que ocasionó que estas
presentaran doce demandas ejecutivas en su contra, en las que se invocó la
responsabilidad solidaria del Fondo como entidad contratante. En sentencia del 5
de octubre de 2015, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla ordenó la
ejecución, decretó el remate y avalúo de los bienes embargados, y dispuso la
liquidación de los réditos correspondientes a favor de las instituciones
demandantes.
20. En este contexto, relacionó los valores reconocidos a cada institución por
concepto de capital adeudado y liquidación de créditos, que en conjunto
ascendieron aproximadamente a $12.139'883.030,49. Con fundamento en ello, el
Fondo reiteró que cumplió con sus obligaciones contractuales, toda vez que los
recursos embargados fueron destinados por el Juzgado de Ejecución al pago de las
instituciones demandantes, lo que a su juicio extinguió las obligaciones reclamadas.
21. En consecuencia, propuso como excepciones de mérito: (i) cobro de lo no
debido, dado que los pagos correspondientes al contrato No. 102 se efectuaron y
Famisalud no podía reclamar compensaciones adicionales por su propia gestión
deficiente; (ii) pago parcial, considerando que, mediante los recursos embargados
al Fondo, se entregaron títulos judiciales a los demandantes con los cuales se
saldaron las obligaciones; (iii) prescripción6, sin que ello implique reconocimiento de
derecho alguno; (iv) indemnidad, al haber incumplido la demandante sus
obligaciones contractuales; y (v) la excepción genérica, en lo que se acredite
durante el proceso.
Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 31
de octubre de 20247, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la actora.
23. Planteó como problema jurídico determinar si el Fondo Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia era administrativamente responsable por el
enriquecimiento sin justa causa en el que presuntamente incurrió a expensas de la
demandante, al no pagar los valores que, según la accionante excedieron lo pactado
5 Cuaderno principal, folios, 266 -280.
6 Cabe señalar que la demanda planteó esta excepción de forma general sin desarrollar sus fundamentos.
7 SAMAI. Tribunal del Valle del Cauca, índice 00036.
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Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
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Referencia: Reparación directa
en el contrato de prestación de servicios de salud No. 102 de 31 de octubre de 2011.
Al respecto, concluyó que, si bien los montos reclamados provienen de la atención
prestada a los beneficiarios en los niveles I, II, III y IV, según los requerimientos del
anexo técnico, no se demostró que existiera un impedimento para que las partes
celebraran un nuevo acuerdo o modificaran el contrato original. Por el contrario, lo
que reflejaban las actuaciones era que ambas partes anticiparon que los recursos
inicialmente acordados serían insuficientes para cubrir la totalidad de las
necesidades del servicio.
24. Adujo que, si bien Famisalud justificó la continuidad de la atención en la
necesidad urgente de proteger derechos fundamentales como la vida y la salud de
los afiliados, no demostró la imposibilidad real de adelantar un proceso de selección
o celebrar los acuerdos contractuales correspondientes.
25. Asimismo, al pactarse la remuneración mediante unidad de pago por
capitación, las partes asumieron la obligación de controlar el valor de los servicios
facturados. Así lo previeron las cláusulas tercera y séptima del contrato, que
condicionaban los pagos a las auditorías del Fondo, lo que corrobora que los
contratantes contaban con herramientas para advertir si los valores alcanzaban o
superaban el monto total pactado. Por lo anterior, el a quo sostuvo que el contratista
debía conocer las condiciones del negocio jurídico y que no podía luego alegar en
juicio perjuicios derivados de su propio desconocimiento.
26. En cuanto al cobro de $11.091'880.539 mediante la factura 039 de 2012, con
fundamento en el artículo 773 del Código de Comercio, sostuvo que no podía
avalarse dicha pretensión, pues ello implicaría dos consecuencias inadmisibles: (i)
desconocer las normas de orden público sobre la solemnidad de los contratos
estatales, previstas en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, y (ii) legitimar la
tesis según la cual cualquier prestación ejecutada por fuera del valor inicialmente
pactado puede reclamarse a través de una factura y el eventual silencio de la
administración.
27. Concluyó que la figura del enriquecimiento sin causa no tiene como propósito
subsanar omisiones o negligencias de la administración o de su contratista, sino
atender situaciones verdaderamente excepcionales, lo que no se configuró en el
caso concreto.
Recurso de apelación
28. La actora presentó recurso de apelación8 argumentando que la sentencia de
primera instancia privilegió lo formal sobre lo sustancial, al omitir un análisis integral
del material probatorio. Sostuvo que no se valoró debidamente la urgencia
manifiesta que dio origen al contrato, la modalidad de capitación limitada al primer
nivel de atención, ni la efectiva contratación para garantizar la atención integral de
los afiliados en todos los niveles. Asimismo, reprochó que no se reconociera la falta
8 La sentencia de primera instancia fue notificada el 01 de noviembre de 2024. El recurso de apelación fue
presentado el 15 de noviembre de 2024, encontrándose en oportunidad. SAMAI, Tribunal de Valle del Cauca,
índice 00040.
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Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
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Referencia: Reparación directa
de pago por dichas atenciones y la obligación legal de la EPS Adaptada de asumir
esos costos, lo cual, en su criterio, trasladó de manera injusta a la IPS
responsabilidades que no le correspondían. Finalmente, sostuvo que del propio
contenido de la sentencia se desprende que quedó acreditado que Famisalud
estaba obligada a prestar servicios en los distintos niveles de complejidad.
29. Indicó que el Tribunal no aplicó de manera integral la sentencia de unificación
del 19 de noviembre de 2012, en la cual el Consejo de Estado fijó su posición sobre
el enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso, particularmente, en lo
relacionado con la urgencia manifiesta, que constituyó el fundamento del contrato y
la prueba más clara del impedimento que tenían las partes para celebrar un nuevo
acuerdo o adicionar el ya existente. Afirmó que, en el caso concreto, se cumplen los
criterios establecidos en dicha providencia, pues los hechos probados y los
fundamentos normativos y jurisprudenciales permiten concluir que procede la
indemnización a favor de la IPS Famisalud.
30. Cuestionó también la viabilidad jurídica de haber delegado a una IPS de
atención básica todos los niveles de complejidad de salud, excediendo su capacidad
y habilitación. Reprochó que la sentencia rechazara el cobro de la factura con el
argumento de que las normas aplicables no regían para una entidad estatal, incluso
cuando esta no la objetó dentro del término legal, lo que la obligaba a asumir el
pago, que estaba respaldado tanto por la normativa vigente como por múltiples
documentos que acreditaban la efectiva prestación de servicios por parte de
distintas IPS en los diferentes niveles de complejidad.
31. También discutió el análisis realizado por el Tribunal respecto a la Ley 80 de
1993, en particular sobre las excepciones a la solemnidad contractual previstas en
los artículos 41, 42 y 43, señalando que estas excepciones han sido reconocidas
por la sentencia de unificación, especialmente, en casos de urgencia manifiesta,
como el que dio origen al contrato celebrado.
32. En conclusión, sostuvo que el a quo incurrió en errores al aplicar normas
inexistentes, omitir un análisis integral del marco normativo aplicable y desconocer
la jurisprudencia de unificación, especialmente, la relativa a la urgencia manifiesta.
Afirmó que se aplicaron de manera fragmentada las normas que rigen el actuar de
los servidores públicos, incluida la Constitución Política, lo que llevó al Tribunal a
negar las pretensiones de manera injustificada.
Trámite relevante de segunda instancia
33. El recurso fue admitido por este Despacho, mediante auto del 18 de marzo
de 20259.
34. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10 pidió confirmar la
sentencia de primera instancia, compartió la fundamentación del a quo y sostuvo
que no se probó ninguna circunstancia excepcional que justificara el pago de
9 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00003.
10 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00009.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
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Referencia: Reparación directa
servicios sin contrato, ya que la urgencia manifiesta fue debidamente declarada y
no impidió una adición contractual posterior. Añadió que la demandante conocía el
contrato antes de su firma y no presentó objeciones. También concluyó que no hubo
enriquecimiento sin causa, pues el Fondo pagó tanto lo pactado con Famisalud
como lo adeudado a las IPS subcontratadas, sin que existiera un empobrecimiento
injustificado. Finalmente, sobre el rechazo de la factura, acompañó la decisión del
a quo en el sentido de que su reconocimiento sería desconocer normas de orden
público.
35. De otra parte, adujo que el apelante no cumplió con la carga argumentativa
del recurso, ya que se limitó a realizar afirmaciones genéricas, sin que demostrara
que se cumplieron los presupuestos de procedencia del enriquecimiento sin justa
causa. Afirmó que está demostrado que el Fondo pagó a Famisalud la suma de
$12.596'707.785 pactado en el contrato y, a su vez, en el marco del proceso
ejecutivo, canceló los créditos reclamados por las entidades subcontratadas por el
valor de $12.141'823.030,49. De modo que, no hay una ventaja patrimonial para la
entidad demandada y menos un empobrecimiento del patrimonio de la demandante,
ya que la justificación jurídica reside en el contrato.
36. Bajo la misma línea, el Ministerio Público11 solicitó confirmar la providencia
del Tribunal, al considerar que no se configuran los supuestos necesarios para
declarar el enriquecimiento sin justa causa, de acuerdo con la sentencia de
unificación del 19 de noviembre de 2012. Sostuvo que la existencia de una urgencia
manifiesta previa no justificaba la ejecución de servicios por fuera del valor pactado,
sin que existiera una nueva declaratoria que respaldara esas prestaciones
adicionales. Afirmó también que la falta de respaldo presupuestal fue consecuencia
de lo estipulado en el contrato, que asignó a Famisalud la atención de servicios de
alto costo, por lo que, existiendo un contrato estatal vigente, cualquier desequilibrio
debía haberse resuelto mediante el medio de control de controversias contractuales,
y no por la vía del enriquecimiento sin justa causa.
37. Por otro lado, subrayó que Famisalud no demostró haber realizado gestiones
oportunas para advertir el agotamiento del presupuesto ni haber solicitado una
adición contractual o la suscripción de un acta que reconociera formalmente los
servicios adicionales. Destacó además la ausencia de pruebas documentales —
como actas de interventoría o autorizaciones del Fondo— que acreditaran la
prestación efectiva de los servicios reclamados en exceso del contrato. Además,
consideró que el hecho de que el Fondo no hubiera objetado la factura en su
momento no lo obligaba a pagarla, dado que el contrato claramente establecía los
límites presupuestales y las condiciones de ejecución.
38. Las partes del proceso no se pronunciaron en esta instancia.
11 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00014.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
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Referencia: Reparación directa
CONSIDERACIONES
39. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, legitimación por activa y por pasiva, oportunidad y
demanda en forma, la Subsección procede a decidir la segunda instancia de la
presente litis.
Cuestión previa – Acumulación de pretensiones y procedencia
40. En el presente caso se advierte que el demandante acumuló pretensiones
propias de la actio in rem verso junto con otra de naturaleza contractual. En efecto,
además de solicitar el reconocimiento de servicios que presuntamente fueron
prestados sin respaldo en un negocio jurídico válido, en la pretensión No. 13
reclamó la suma de $630'066.081, la cual afirma corresponde al valor de los
servicios de salud del Nivel I que habrían superado el monto pactado en el Contrato
No. 102 de 2011. Esta pretensión, sin embargo, tiene un carácter claramente
contractual, en tanto se fundamenta en la ejecución del objeto del contrato y en las
obligaciones derivadas de este, vinculadas a la atención en salud de Nivel I,
expresamente respaldada por dicho acuerdo, dentro de su vigencia -del 1 de
noviembre de 2011 al 31 de marzo de 2012-.
41. Así, lo que se alega es que la merma patrimonial provino del cumplimiento
de una obligación contractual ejecutada y no pagada, de manera que lo reclamado
tiene fuente y respaldo en actividades propias del objeto del contrato No. 102,
desarrolladas durante su periodo de ejecución. Por ello, aun cuando el recurso de
apelación plantea que todas las pretensiones se analicen bajo el marco de la actio
in rem verso, esta en particular se encuentra anclada al contrato, lo que exige a la
Sala pronunciarse sobre la procedencia de su acumulación.
42. En ese sentido, para la acumulación se cumplen los requisitos previstos en
el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA): (i) el Consejo de
Estado – Sección Tercera es competente para conocer tanto de las controversias
contractuales como de la actio in rem verso en segunda instancia12; (ii) las
pretensiones no se excluyen entre sí, ya que, de un lado, se busca el pago de
servicios contratados (nivel I del Contrato No. 102 de 2011) y, de otro, la
compensación por los servicios de salud prestados sin respaldo contractual (niveles
II, III y IV); (iii) la acción no ha caducado, como se explicará más adelante; y (iv) se
tramitan bajo el mismo procedimiento.
Del ejercicio oportuno del derecho de acción para formular las pretensiones
43. En este caso se acumularon pretensiones de controversia contractual y de
actio in rem verso. Corresponde a la Sala examinar de manera independiente la
oportunidad en la presentación de cada una, pues el hecho de que se estudien
dentro de un mismo proceso no autoriza a desconocer los plazos fijados por el
12 Ley 1437 de 2011, artículo 104, numerales 1 y 2, y artículo 150 modificado por el artículo 615 de la Ley 1564
de 2012; Acuerdo 008 de 2019 “Reglamento interno del Consejo de Estado”, artículo 13 – Sección Tercera.
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Demandante: Famisalud
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legislador para ejercer el derecho de acción. En cuanto a las reglas de caducidad
aplicables, debe señalarse que la demanda fue presentada el 27 de marzo de 2014,
razón por la cual su trámite se rige por las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 13.
• Demanda en término frente a la pretensión contractual
44. El artículo 164, numeral 2, literal j), inciso primero, del citado código dispone
que la caducidad de la acción contractual es de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que originan la
pretensión. No obstante, según lo previsto en el ordinal v), cuando el contrato
requiere liquidación y esta no se logra de manera bilateral ni la realiza la
administración, el término se contará a partir de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido para la liquidación conjunta o, en su defecto, de
los cuatro (4) meses posteriores a la terminación del contrato o del acto que la
ordene. En tales eventos, la demanda podrá presentarse dentro de los dos (2) años
siguientes al incumplimiento de esa obligación.
45. Ahora bien, en el Contrato No. 102 de 2011, suscrito por las partes, consta
la siguiente cláusula sobre la liquidación:
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN: Las partes determinan
que a la finalización del contrato se aplicará lo dispuesto en el Art. 60 de la Ley
80 de 1.993 y en el evento que haya lugar a la suscripción del acta de
liquidación del contrato, se tendrán en cuenta los términos previstos en el Art.
11 de la Ley 1150 de 2.007. (…).
46. En el presente asunto, ni en la demanda ni en la contestación se alegó que
el contrato hubiera sido liquidado, y tampoco obra prueba de ello en el expediente.
En consecuencia, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando no se
pacta un término especial para la liquidación, esta debe realizarse de forma bilateral
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, o
unilateralmente por la entidad durante los dos (2) meses posteriores.
47. En aplicación de lo anterior, al no haberse pactado un plazo especial, ni
haberse realizado la liquidación del contrato, teniendo en cuenta que este finalizó el
31 de marzo de 2012, la liquidación bilateral debía realizarse a más tardar el 1 de
agosto de 2012, y la unilateral hasta el 2 de octubre de ese mismo año. Por tanto,
el término de dos (2) años para acudir a la jurisdicción se extendía hasta el 3 de
octubre de 2014. Dado que la demanda fue presentada el 27 de marzo de 2014, se
concluye que la acción fue promovida oportunamente.
13 Es aplicable la normativa del CPACA sin las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, teniendo presente que
en cuanto a las disposiciones aplicables a los contratos, de conformidad con el artículo 153 de 1887 “se
entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, exceptuando de forma expresa “las
leyes [procesales] concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato”, las
cuales, en concordancia con el artículo 40 de la precitada ley, “prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir”.
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• Demanda en término frente a las pretensiones de enriquecimiento sin
causa
48. En atención a que el proceso se tramita bajo el instituto de la actio in rem
verso, para el cómputo de la caducidad resulta aplicable el término previsto en el
artículo 164, numeral 2, literal i), del CPACA, relativo a la acción de reparación
directa.
49. En ese sentido, en el asunto sub examine se advierte que la presunta acción
generadora del detrimento patrimonial se relaciona con la prestación de servicios
de salud realizada entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de marzo de 2012, siendo
esta última fecha el momento en que presuntamente cesó la ejecución. En
consecuencia, el término de caducidad debía contarse a partir del día siguiente, esto
es, desde el 1 de abril de 2012 y hasta el 2 de abril de 2014. Así, al haberse
presentado la demanda el 27 de marzo de 2014, se concluye que fue interpuesta
dentro del plazo legal.
50. Lo anterior, porque tratándose de la presunta prestación de salud -servicio
público esencial y derecho fundamental-, el prestador no podía interrumpir la
atención ni condicionarla al pago inmediato de las sumas correspondientes, pues
ello habría desconocido la finalidad propia del servicio y los principios
constitucionales de continuidad y eficiencia que lo rigen. Además, la inexistencia de
un esquema de facturación periódica, derivada precisamente de la ausencia de un
contrato suscrito entre las partes, impide considerar que la obligación se hubiera
hecho exigible de manera fragmentada.
51. Así, ante la duda sobre la configuración de la caducidad del medio de control,
corresponde adoptar la interpretación que garantice el acceso a la justicia y la tutela
judicial efectiva del demandante, sin menoscabar la seguridad jurídica del
demandado. En consecuencia, conforme a la causa petendi, el término de
caducidad se contabilizará desde el último día de la presunta prestación de los
servicios14, esto es, desde el momento de configuración del empobrecimiento
patrimonial alegado por Famisalud, correspondiente al 31 de marzo de 2012, en
aplicación de los principios pro actione y pro damato. En virtud de lo anterior, la Sala
continuará con el estudio de fondo de esta pretensión en el acápite respectivo.
El objeto de la alzada y los problemas jurídicos para resolver la controversia
52. Para resolver el recurso de apelación, se precisa que a la Sala le corresponde
pronunciarse sobre los reparos concretos formulados contra la sentencia de primera
instancia, los cuales delimitan la competencia del ad quem para decidir la
controversia15, salvo aquellas cuestiones que deban analizarse y resolverse de
oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2020, exp. 46.476,
C.P. María Adriana Marín; Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, exp, 36.416; C.P. Ramiro de
Jesús Pazos Guerrero.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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53. Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora fundamentó su
inconformidad en dos aspectos: (i) la indebida valoración del material probatorio, al
no reconocerse la urgencia manifiesta ni las excepciones a la solemnidad
contractual previstas en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, así como la
efectiva prestación de los servicios por parte de Famisalud que no fueron pagados
por la demandada, lo que, en su criterio, demostraba el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012
sobre enriquecimiento sin causa; y (ii) el indebido rechazo de la factura No. 039
presentada ante el Fondo de Pasivo Social, pese a que no fue objetada dentro del
término legal, lo que, según indicó, hacía aplicables las disposiciones comerciales
invocadas, artículo 773 del Código de Comercio y normas concordantes -el artículo
13 de la Ley 1122 de 2007, artículo 23 del Decreto 4747 del 2007, la Ley 1438 de
2011, artículo 57 de la Ley 1231 de 2008 y los artículos 2 y 4 del Decreto 3327 del
2009-.
54. En ese sentido, si bien el apelante reprochó en general el rechazo del pago
de los $11.091'880.539, de los cuales, como se advirtió, la suma pretendida de
$630'066.081 corresponde a la prestación de servicios del Nivel I —con respaldo en
el Contrato No. 102 de 2011—, en función de la procedencia de la acumulación de
pretensiones y del recurso de apelación, la Sala abordará el objeto de la litis
mediante la solución a los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿incurrió el Tribunal en
una indebida valoración probatoria al negar el pago de $630'066.081 por servicios
del Nivel I ejecutados en virtud del Contrato No. 102 de 2011, aun cuando
presuntamente estaba acreditada su prestación?; (ii) ¿el a quo erró en la valoración
probatoria y en la aplicación de la sentencia de unificación de esta Corporación del
19 de noviembre de 2012 sobre los requisitos de la actio in rem verso, al negar las
pretensiones fundadas en ella?; (iii) ¿hubo yerro por parte del Tribunal al interpretar
y aplicar las normas del Código de Comercio relativas a la factura -principalmente
el inciso tercero del artículo 77316- al negar el pago de la No. 039, pese a que el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia no la objetó dentro
del término legal?; en caso afirmativo, la Subsección dirimirá (iv) si hay lugar al
reconocimiento económico deprecado en las pretensiones.
55. Con ese propósito, los asuntos en discusión se abordarán bajo el siguiente
orden metodológico: (i) los hechos probados; (ii) la solución a cada cargo de
apelación; y, (iii) las conclusiones.
Hechos probados
56. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se
encuentra que Famisalud y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia suscribieron el contrato No. 102 del 31 de octubre de 2011 17, para la
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.
25000233600020150243101(59925). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
16 Modificada por los artículos 2 de la Ley 1231 de 2008 – norma vigente hasta el 19 de febrero de 2014: “La
factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en
contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el
caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días
calendarios siguientes a su recepción (…)”.
17 Cuaderno No 1, folios 52 – 57.
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Referencia: Reparación directa
prestación de servicios de salud a los pensionados y beneficiarios adscritos a los
programas FERROCARRILES Y PUERTOS en la Regional PACÍFICO, por un
término de ejecución desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de marzo de
2012, con el siguiente objeto18:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga
para con EL FONDO, a prestar integralmente los servicios médico asistenciales
contenidos en el Pliego de Condiciones elaborados para efectos de la Licitación Pública
No. 002 de 2007, y sus respectivos anexos y la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, documentos estos los cuales se incorporan como parte integral de
este contrato, a la población usuaria de los Programas Ferrocarriles y Puertos en la
REGIONAL PACÍFICO, las que están compuestas por los pensionados y beneficiarios
los cuales se señalan en la base de datos presentada al CONTRATISTA en medio
magnético, y correspondiente a efectos de esta contratación a la base de datos de la
población usuaria correspondiente al 30 de Septiembre de 2011. PARÁGRAFO
PRIMERO: EL CONTRATISTA igualmente prestará los servicios del POS al grupo
familiar del pensionado que éste afilie como adicional. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL
FONDO por concepto de los usuarios en periodo de protección no reconocerá suma
alguna en consideración al hecho de que la totalidad de la UPC por conceptos de los
mismos le es reconocida y cancelada a los Contratistas en la etapa dentro de la cual
estos son objeto de compensación.
57. Asimismo, en la cláusula segunda, relativa al valor del contrato, se estableció
la suma de $12.759'618.816,00, correspondiente al valor persona/mes de los
afiliados en la Regional Pacífico, calculado con una cifra aproximada de 14.085
usuarios registrados para el 30 de septiembre de 2011 y se especificó que, en caso
de presentarse “alguna diferencia en exceso o en defecto respecto del valor de la
UPC, el FONDO procederá a concretar de manera inmediata los ajustes
presupuestales correspondientes a este contrato”.
58. Aunado a ello, en la cláusula cuarta, las partes establecieron el procedimiento
a seguir para el pago, en particular, se indicó: “una vez se conozca la base de datos
de afiliados definitiva del mes cancelado se realizarán los ajustes correspondientes
para cancelar el saldo a favor del contratista o, en su defecto, descontar la diferencia
que resulte a favor del FONDO”. También se estipuló que “el CONTRATISTA, con
fundamento en lo anterior y sobre la base de datos enviada por el FONDO,
elaborará y presentará las facturas correspondientes, discriminadas por los
conceptos que se encuentran en el anexo adjunto, para su pago inmediato, y
dispondrá de quince (15) días adicionales para presentar las observaciones ante el
FONDO; vencido dicho plazo se entenderá aceptada definitivamente la liquidación
del mes respectivo”. Finalmente, se previó que “formuladas las observaciones a la
liquidación remitida por el FONDO, éste las resolverá dentro de los quince (15) días
siguientes, comunicará su resultado y, si existiere a favor del contratista una suma
adicional a cancelar, le solicitará que emita las facturas adicionales necesarias para
su pago”.
18 Se precisa que los documentos mencionados en el objeto del contrato, en específico, el pliego de condiciones
de la Licitación Pública No. 002 de 2007, sus anexos, y la propuesta presentada por el contratista no fueron
allegados al proceso.
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Referencia: Reparación directa
59. De otra parte, como sustento del precitado contrato, se indicó que mediante
la Resolución No. 2692 del 28 de octubre de 201119 el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ante la inminente finalización de los contratos
vigentes hasta el 31 de octubre del 2011 y dada la necesidad de garantizar la
continuidad de los servicios esenciales de salud como derecho fundamental de
aplicación inmediata, “determinó conveniente y necesario declarar urgencia
manifiesta por fuerza mayor, por un término de cinco (5) meses, considerado como
un término prudente para iniciar y concluir el proceso de selección abreviada de
prestadores de servicios de salud para las cuatros regionales. (…). Dado que no
hay tiempo de desarrollar un nuevo proceso licitatorio sin que se vea interrumpida
la prestación del servicio” (resaltado en texto original).
60. En las consideraciones del acto que declaró la urgencia manifiesta se relató
que, inicialmente, se abrió un proceso de selección cuyo objeto consistía en
“contratar la prestación de los servicios integrales de salud bajo la modalidad de
pago por unidad de capitación, con sujeción al plan obligatorio de salud y al plan de
atención complementaria, (…)”; no obstante, a través del oficio del 21 de septiembre
de 2011 la Superintendencia Nacional de Salud advirtió que “solo podrá contratar la
prestación de servicios por el mecanismo de pago por capitación para los servicios
de baja complejidad, (…)”20 (resaltado en texto original), correspondiendo a los
demás niveles la modalidad de pago por evento. Razón por la cual el Fondo revocó
el proceso. Posteriormente, se relata que a través del concepto del 26 de octubre
de 2011 de la Supersalud se indicó que “(…) hasta tanto el Ministerio de Protección
Social no reglamente lo concerniente a las redes integradas de servicios de salud,
de los que trata el artículo 60 y siguientes de la ley 1438 de 2011, teniendo en cuenta
que el parágrafo del artículo 1 del decreto 489 de 1996 establece que el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, solo podrá continuar
prestando los servicios de salud a los servidores que se encontraban vinculados a
las respectivas entidades y dependencias a la fecha de iniciación de la vigencia de
la ley 100 de 1993 y hasta el término de la relación laboral o durante el periodo de
jubilación EN LA FORMA COMO LO VENÍAN HACIENDO, al momento de su
adaptación al Sistema General de Seguridad Social en Salud”21 (resaltado en texto
original).
61. De otra parte, el accionante allegó la Factura de Venta No. 039 22 del 6 de
diciembre de 2012, expedida por el valor de $11.091'880.539 M/CTE. También
anexó una tabla23 que, a manera de índice, relaciona los municipios de Cali,
Armenia, Buenaventura, Buga, Cartago, La Cumbre, Dagua, Jamundí, Manizales,
Palmira, Pasto, Pereira, Tuluá y Popayán, con las respectivas IPS y un número de
facturas asociadas. En este listado no se especifican las sumas pagadas, los
19 Cuaderno No 1, folios 37-51.
20 En la resolución se cita el oficio número 2-2011-063947 del 21 de septiembre de 2011 suscrito por el Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
21 En la resolución se cita el oficio número 2-2011-072145 del 26 de octubre de 2011 suscrito por el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
22 Cuaderno No. 1, folio 58.
23 La tabla allegada por el actor se compone de dos columnas: en la primera se consigna el nombre del municipio
junto con las IPS correspondientes, y en la segunda se indica únicamente el número de facturas asociadas,
indicando un total de 17.945 facturas. Cuaderno No. 1, folios 119 – 122.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
servicios asociados, las fechas de prestación, su vinculación o no con el objeto del
contrato, ni el nivel de complejidad en salud al que corresponden.
62. A su vez, Famisalud allegó al proceso en medio magnético facturas que,
según indicó, soportan el valor cobrado en la Factura No. 039. En los documentos
allegados se relacionan los municipios previamente mencionados y se anexan
facturas correspondientes a aproximadamente 163 instituciones24 tales como
centros de salud, hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, laboratorios, entre
otros.
63. Las facturas allegadas registran cobros asociados a distintas especialidades
(medicina general, odontología, neurología, psicología, ortopedia, nutrición, terapia
respiratoria, fisioterapia, otorrinolaringología, dermatología, medicina interna,
atención médica de urgencias y domiciliaria, entre otras); al alquiler de elementos
asistenciales (camas hospitalarias, bastones de cuatro puntos, sillas de ruedas); al
suministro de medicamentos; así como a la realización de exámenes y
procedimientos diagnósticos y terapéuticos (ecografías, radiografías, exámenes de
laboratorio clínico, electrocardiogramas, ecografías abdominales, pruebas de
esfuerzo, nebulizaciones, medición de hormona estimulante de tiroides, pruebas de
antígenos, ultrasonidos de hígado, entre otros).
24 Cuaderno No. 1, CDs obrantes de folio 189B a 189D. En los CD’s reposan, organizadas por ciudades, las
carpetas correspondientes a las siguientes IPS, dentro de las cuales se encuentran las facturas cuyo cobro
pretende la parte actora, a saber: 1) CALI: Abamed, Aguirreyes, Airec, Amanecer Médicos, Angiografía,
Audicom S.A.S., Cedit Ltda., Centro Vascular, Clínica Basilia, Clínica de los Remedios, Clínica de Occidente,
Clínica Nuestra Señora del Rosario, Clínica Oftalmológica de Cali, Clínica San Fernando, Distritodo, Ditocidente
S.A., Emergency Medical Paramédicos, Funcáncer, Gamanuclear Ltda., Holística, Hospital Universitario del
Valle, Hubert Ruiz Ltda., Imbanaco, Implementos Ortopédicos y de Rehabilitación, Instituto para Niños Ciegos
y Sordos, J.EM Medical, Jorge Rodríguez López, Kamex, Laboratorio Las Acacias – Cali, Latidos, Medinuclear
del Valle, Medivalle, Neurofic Ltda., Neurólogos de Occidente, Oftaláser, Ortopedia San Carlos de Colombia,
Ortopédicos Futuro, Profesionales de Cali, Recuperar S.A. - IPS, Red de Salud del Centro, Reembolsos y
Honorarios, RIDOC Resonancias Magnéticas, Riesgos de Fractura, Sánchez Radiólogos, Servat-Ambulancia,
Sisanar, Su Vida Santillana, Tobías Emanuel, Unicáncer, Vacunación Empresarial, Clínica Versalles, Club Noel,
Corporación de Lucha contra el Sida, Cruz Roja Colombiana, Dángio, Diagnostivisión y Dime. 2) ARMENIA: Alo
Dr. En Casa, Dra. Rita María Páez Trujillo-Patóloga-Oncóloga, Fundación Alejandro Londoño, Fundación Renal,
Hospital San Juan de Dios, Liga Contra El Cáncer, Optisalud, Pasbisalud, Quindimag Paramédicos, Estudios
Oftalmológicos SAS, Oncólogos de Occidente, Unidad de Oncología, Cecrut, Clínica La Sagrada Familia,
Instituto Especializado de Salud Mental. 3) BUENAVENTURA: Amanecer Médico Btura, Ames, Centad, Centro
de Fisioterapia, Clínica Santa Sofía, Comfamar, Cot, Especialistas Buenaventura, Droguería La Mejor. 4)
BUGA: Droguería La Económica, En su casa IPS, Fundación Hospital San José de Buga, Laboratorio Clínico
SAS CIC. 5) CARTAGO: Clínica del Norte; Droguería Corazón Vital, Oncólogos del Occidente, Pasbisalud IPS
SAS, Salud Integral Vital Vida. 6) CUMBRE: Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita. 7) DAGUA: Centro Médico Dagua, Cfri-Centro de Fisioterapia Rehabilitación, Dra. María Consuelo García Odontóloga,
Droguería Corazón Vital, Droguería Dagua, Hospital José Rufino Vivas. 8) JAMUNDÍ: Centro de Fisioterapia
Kinesis. 9) MANIZALES: Clínica Aman, Diacorsas Sucursal Manizales, Oncólogos de Occidente, Pasbisalud
Manizales. 10) PALMIRA: Clínica Oftalmológica de Palmira, Clínica Palmira, Conceptos Odontológicos Palmira,
Dra. Ana Milena Mera, Laboratorio Clínico Palmira, Mamografías San Vicente de Paul, Óptima Visión. 11)
PASTO: Fundación Hospital San Pedro, Glicol, Instituto Cancerológico de Nariño, Profesionales de la Salud,
Salud Vida IPS Pasto. 12) PEREIRA: Clínica Los Rosales, Disortho, Fundación Cardiovascular del Niño de
Risaralda, Hospital Departamental San Rafael, Hospital San Pedro y San Pablo, Las Gafas Pereira, Oncólogos
de Occidente Pereira, Riesgos de Fracturas, Rodrigo Posada Trujillo, Tecno Vida, Unidad Oftalmológica Láser
Pereira. 13) POPAYÁN: Amanecer Médico Popayán, Centro Diagnóstico Perinatal, Centro de Especialistas Dr. Héctor Ortiz, Clínica del Occidente Cimo, Clínica La Estancia, Global Salud Integral IPS Ltda., Hospital Nivel II
Susana López de Valencia, Hospital Universitario San José de Popayán, Odontología Popayán, OptiCauca
Amézquita Acosta Ltda., Premedic. 14) TULUÁ: Alexandra Patricia Valderrama, Alvernia, David Antonio Franco
Londoño, Dentimax, Dr. Francisco Yanza, Dra. Gloria Isabel Botero Gómez, Fresinius Medical Care, Hospital
Departamental Tomás Uribe, Orthomedical, Rym Rehabilitación de Lesiones. 15) TUMACO: Amanecer Médico,
Dr. Álvaro Cortéz Martínez, Dr. Francisco Yanza Médico General, Dr. Jairo Antonio Guarín Odontología, Dr. Severo Alberto Conde Psiquiatra, Hospital San Andrés, IPS Puente del Médico Entrega de Medicamentos,
Radiólogos Asociados del Pacífico, Salud Integral Vital Vida SAS Consulta General. 16) YUMBO:
Centro Médico
de Yumbo, Hospital La Buena Esperanza Yumbo, Praxiar. 17) ZARZAL: Centro Integral Profesionales Zarzal,
Centro Médico Odontológico Especializado, ESE Hospital Departamental San Rafael, Laboratorio Gloria
Cifuentes.
16
Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
64. Sobre este último aspecto, la parte demandante aportó un documento
denominado “CONSOLIDADO GENERAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS
MÉDICAS DE FAMISALUD: 01/Noviembre de 2011 hasta 31 de Marzo de 2012” 25,
en el cual se relacionan municipios y entidades prestadoras de servicios de salud
(IPS, hospitales, farmacias y laboratorios), junto con los valores resultantes de la
auditoría de facturas. La tabla incluye el total facturado, el monto objetado, los
descuentos aplicados y el valor aprobado a pagar; además, discrimina el anticipo
entregado, el valor cancelado y objetado, el saldo conciliado y el saldo definitivo
pendiente de pago. En concreto, se señaló que el total facturado ascendió a
$23.221'433.274, de los cuales Famisalud aprobó $18.096'040.889, canceló
$9.861'065.637, concilió $9.379.972.434, dentro de los cuales se pagaron
$2.328'291.866, quedando un saldo pendiente de pago de $7.051'680.568.
65. Adicionalmente, se anexaron consolidados individuales por cada IPS 26 en los
que también se detalló, el valor facturado, el objetado, el aprobado a pagar, lo
efectivamente cancelado y el monto pendiente de conciliación, correspondientes al
consolidado general.
66. De otra parte, también se aportó el oficio FAMI-073 del 12 de diciembre de
27
2012 de Famisalud al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia motivando la radicación de la factura No. 039 por el valor pretendido,
indicando que, una vez revisado y finalizado el proceso de análisis y revisión de
cuentas médicas por los servicios prestados de salud, se encuentra que el valor del
servicio prestado fue ampliamente excedido.
67. En respuesta a la comunicación previamente enviada, mediante oficio del 5
de febrero de 201328, el Fondo de Pasivo Social manifestó que no reconocía y, en
consecuencia, rechazaba la factura No. 039 de 2012. Indicó, además, que las
eventuales diferencias entre el valor pagado y la base de datos serían reconocidas
únicamente en el momento de la liquidación del contrato, haciendo referencia al
contrato No. 102.
68. No obra prueba de que la liquidación del contrato se hubiera efectuado.
69. Asimismo, obra en el expediente el oficio del 18 de septiembre de 201229
dirigido por Famisalud al Fondo solicitando reporte de los pagos efectuados en
forma directa a los proveedores en salud en relación con el Contrato No. 102 de
2011, el oficio del 09 de octubre de 201230 por medio del cual el Fondo contestó que
ya había realizado el pago de la totalidad de las facturas de noviembre y diciembre
de 2011, así como las de enero y febrero de 2012, directamente a Famisalud,
faltando únicamente la de marzo de 2012, respecto de los cuales existía una orden
25 Cuaderno No. 1, folio 189 A, CD 2 Soportes de factura - Famisalud-ONG.FPP - Soportes y Factura No. 0030,
documento “7-CONSOLIDADO-GENERAL-PDF".
26 Cuaderno No. 1, folio 189 A, CD 2 Soportes de factura - Famisalud-ONG.FPP - Soportes y Factura No. 0030,
documentos “3-CONSOLIDADO-IPS-1”, “4-CONSOLIDADO-IPS-PDF”, “5-CONSOLIDADO-IPS-PDF” y “6-
CONSOLIDADO-DROGUERIAS-PDF.pdf”.
27 Cuaderno No. 1, folios 60 - 63.
28 Cuaderno No. 1, folios 64 – 69, radicado DIG – 20131000018051.
29 Cuaderno No. 1, folio 71.
30 Cuaderno No. 1, folios 72 – 73. Radicado No. DIG-20121000173061.
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de embargo por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali por lo cual
se puso a disposición del juzgado la suma de $2.367'453.736, de modo que, indicó
que una vez cubierta la orden judicial mencionada, no quedarían saldos pendientes
ni sumas por pagar a la IPS.
70. Cabe señalar que en la contestación de la demanda se allegó un memorando
suscrito por la Coordinadora GIT de Tesorería31 en el cual se reportan los pagos
efectuados por el Fondo de Pasivo a Famisalud en virtud del Contrato No. 102 de
2011, indicando que, al 12 de diciembre de 2013, se había realizado un pago neto
total de $11.090'013.241,00 M/Cte.
71. De otra parte, en el escrito, el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles también
indicó que en su contra se promovieron demandas ejecutivas singulares de mayor
cuantía, invocando su responsabilidad solidaria en calidad de entidad contratante
de Famisalud, y que, en virtud de la sentencia del 5 de octubre de 2015, el Juzgado
Doce Civil del Circuito de Barranquilla ordenó continuar la ejecución y dispuso la
liquidación de los réditos correspondientes a cada una de las demandantes, de la
siguiente manera:
Valor de liquidación de
Institución Capital adeudado
créditos
Distritodo Medical S.A. $ 1.571.972.429 $ 3.710.878.227,01
Amanecer Médico Ltda. $ 69.475.222 $ 157.371.207,99
Resonancia de Occidente RIDOC SAS $ 19.889.684 $ 46.846.070,15
Clínica Oftalmológica de Cali S.A. $ 19.562.934 $ 44.869.834,52
Clínica Basilia S.A. $ 93.558.737 $ 215.757.866,06
Centro Médico Imbanaco S.A. $ 137.014.281,25 $ 315.439.555,05
Clínica Versalles $ 313.474.518 $ 732.063.080,51
Sociedad Medivalle $ 1.846.114.433 $ 4.218.528.262,84
Clínica Palmira $ 71.732.366 $ 168.426.123,50
Diagnostivisión $ 28.462.610 $ 66.157.950,41
Luis Fernando Dueñas Vanin $ 5.610.000 $ 12.820.158,50
Francisco Giraldo Cifuentes $ 6.150.000 $ 14.391.751,27
Miguel Ángel López $ 4.875.000 $ 11.306.218,18
Dentimax IPS Ltda. $ 20.741.924 $ 48.185.544,82
Oftalaser $ 30.566.267 $ 67.777.496,84
Clínica de Occidente No se indica $ 2.309.063.682,84
TOTAL $ 12.139.883.030,49
72. De las precitadas IPS, todas aparecen dentro de las facturas relacionadas
por la parte actora32. Aunque se informó que dichas cuentas ya fueron reclamadas
en sede judicial al Fondo de Pasivo, en el expediente no obran documentos relativos
al proceso ejecutivo, ni constancias sobre eventuales pagos efectuados.
31 Cuaderno No. 2, folios 250 – 251. Memorando GET – 201884100095963 del 8 de octubre de 2018 suscrito
por la Coordinadora GIT de Tesorería.
32 Cuaderno No. 1, folio 189 A, CD 2. Las IPS se encuentran relacionadas tanto en el consolidado general como
en los específicos; adicionalmente, reposan en las carpetas las facturas objeto de cobro.
18
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Decisión sobre el cargo contractual
73. El contrato No. 102 de 2011 fue suscrito entre Famisalud y el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, siendo este último un
establecimiento público del orden nacional creado por el Decreto Ley 1591 de
198933, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente. El objeto del contrato consistió en la prestación de “servicios médico-
asistenciales (…) a la población usuaria de los Programas Ferrocarriles y Puertos
en la REGIONAL PACÍFICO”.
74. En la demanda, el actor solicitó el pago de $630'066.081, suma que, según
afirmó, superaba el valor inicialmente pactado en el Contrato No. 102 de 2011. De
acuerdo con la pretensión No. 13 y los hechos de la demanda, sostuvo que dicho
monto correspondía a servicios de salud de Nivel I prestados en ejecución del objeto
y de las obligaciones asumidas en virtud del negocio jurídico referido, durante su
vigencia, bajo la modalidad de capitación. Dicha pretensión fue denegada por el
Tribunal de primera instancia, frente a lo cual el actor alegó indebida valoración
probatoria, aduciendo que sí se acreditó la prestación de los servicios.
75. Al respecto, el artículo 179 de la Ley 100 de 1993 dispone que, para
garantizar el Plan Obligatorio de Salud —hoy Plan de Beneficios en Salud—, las
EPS podrán prestar los servicios a sus afiliados directamente o a través de IPS y
profesionales, adoptando como modalidades de contratación y pago la capitación,
los protocolos o los presupuestos globales fijos. Particularmente, el artículo 4 del
Decreto 4747 de 2007, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social,
definió el pago por capitación como (i) el anticipo de una suma fija por cada persona
con derecho a ser atendida, (ii) durante un período determinado, respecto de (iii) un
conjunto preestablecido de servicios.
76. Dicha suma fija corresponde a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), esto
es, una tarifa per cápita determinada en función del perfil epidemiológico de la
población, los riesgos cubiertos y los costos de prestación de los servicios, la cual
—para el año 2011, fecha de suscripción del contrato— era fijada por la Comisión
de Regulación en Salud34. Aunado a lo anterior, el artículo 52.1 de la Ley 1438 de
2011 estableció expresamente que “sólo se podrá contratar la prestación de
servicios por el mecanismo de pago por capitación para los servicios de baja
complejidad”, es decir, para el Nivel I de atención35.
33 Decreto Ley 1591 de 1989. “Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia y se dictan normas para su organización y funcionamiento.”
34 Esta función correspondía al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud hasta la Ley 1122 de 2007 que
pasó dicha responsabilidad a la Comisión de Regulación en Salud, la cual fue a su vez suprimida por el artículo
1 del Decreto 2560 de 2012, de modo que dicha función quedó finalmente en cabeza del Ministerio de Salud y
de la Protección Social.
35 El artículo 46 del Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2011, dispuso: “Cobertura de servicios de baja complejidad o nivel 1 del POS. La Cobertura de
Servicios de primer nivel, son las prestaciones asistenciales o servicios en salud, que las EPS deben garantizar
de manera permanente en el municipio de residencia de los afiliados, en su defecto con la mayor accesibilidad
geográfica posible, mediante el diseño y organización de la red de prestación de servicios de salud. Estos
servicios y su red de prestación deben hacer parte de la carta de derechos de los afiliados y de todas maneras
deberán ser informados a los mismos, dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia”.
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77. En este sentido, puede concluirse que, conforme a lo estipulado en el
Contrato No. 102 de 2011, este corresponde a la modalidad de capitación y, en
consecuencia, su alcance estaba limitado exclusivamente a la prestación de
servicios de salud del Nivel I, ya que, en efecto, se pactó como forma de pago la
Unidad de Pago por Capitación (UPC), calculada con base en el número de afiliados
y beneficiarios del Fondo de Pasivo, con ajustes mensuales según la variación de
dicha base, modalidad que, de acuerdo con la ley, solo resulta procedente para
servicios de baja complejidad.
78. Ahora bien, tratándose de un contrato por capitación —cuyo núcleo es el
cubrimiento anticipado de un número determinado de afiliados mediante un valor
único per cápita (UPC)—, el pago se determina en función del número de afiliados
incluidos en la base contractual. En ese contexto, si bien en la demanda no se hace
referencia a la existencia de afiliados adicionales, se afirma que se ejecutó un mayor
valor correspondiente a servicios de salud de Nivel I, propios del contrato; sin
embargo, no se acredita la efectiva prestación de tales servicios ni que estos
hubiesen superado el valor pactado en el esquema de capitación. Las facturas
allegadas no permiten establecer ni distinguir de manera precisa entre las presuntas
atenciones de Nivel I —propias del contrato— y los servicios de niveles superiores
—cuyo pago se pretende a través de la actio in rem verso. Tampoco se acreditó la
relación contractual existente entre Famisalud y las IPS que emitieron las facturas
aportadas.
79. Si bien la cláusula segunda del contrato preveía expresamente que cualquier
diferencia en exceso o en defecto frente a la UPC sería objeto de ajustes
presupuestales, lo que exigía que el contratista se sujetara a la dinámica de
actualización mensual de la base de datos de afiliados, la parte demandante no
acredita la efectiva prestación de los servicios que afirma haber ejecutado por un
valor superior al pactado. En consecuencia, no se demostró la existencia de
atenciones que hubiesen generado un mayor costo o una obligación adicional a
cargo de Famisalud frente al valor fijo reconocido por concepto de capitación.
80. Adicionalmente, en la cláusula cuarta las partes establecieron un
procedimiento de facturación, observación y ajuste de cuentas, que incluía la
presentación de facturas con fundamento en la base de datos definitiva remitida por
el Fondo, la posibilidad de observaciones dentro de los quince días siguientes y la
resolución de discrepancias en igual término, con el fin de llegar a un acta de
conciliación de cuentas. No obstante, en el expediente no obran pruebas de que
Famisalud hubiera adelantado dicho trámite respecto de las facturas reclamadas, ni
constancias de un eventual rechazo por parte de la entidad contratante.
81. Aunque se allegaron en medio magnético diversas facturas con las que el
actor pretende respaldar el monto reclamado, tales documentos únicamente
evidencian la existencia de cuentas por pagar, mas no permiten tener certeza sobre
la realidad de la atención. En los informes consolidados de las IPS no se precisa si
los valores corresponden a pagos ya efectuados o a sumas pendientes tras la
conciliación, ni se explica cómo se obtiene la cifra de $630'066.081 atribuida a
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servicios de Nivel I, pues no se discrimina cuáles atenciones correspondieron a cada
servicio o afiliado.
82. En estas condiciones, la ausencia de prueba suficiente sobre (i) la prestación
efectiva de los servicios reclamados, (ii) la existencia de afiliados adicionales no
cubiertos por la capitación reconocida, y (iii) el cumplimiento del procedimiento
contractual de presentación, revisión y ajuste de facturas impide otorgar certeza
sobre la existencia de una obligación pendiente de pago a cargo del Fondo.
83. En conclusión, no se advierte indebida valoración probatoria por parte del a
quo al negar el reconocimiento de la suma reclamada, dado que no se acreditó la
prestación de servicios de salud de Nivel I cuyo pago quedara pendiente en virtud
del Contrato No. 102 de 2011. Aunque el Tribunal no analizó de manera separada
esta suma dentro del proceso, la conclusión no varía: la ausencia de elementos
probatorios suficientes sobre la efectiva prestación de los servicios impide reconocer
el valor solicitado. En consecuencia, la Sala ratifica la decisión de negar la
pretensión.
Decisión sobre el cargo relativo a la pretensión por enriquecimiento sin causa
(actio in rem verso)
84. En primer lugar, debe advertirse que los requisitos de procedencia de la actio
in rem verso, establecidos en la Sentencia de Unificación del 19 de noviembre de
201236 fueron posteriormente reiterados y precisados en la decisión de unificación
del 31 de julio de 202537 proferida por esta Corporación, parámetros bajo los cuales
se abordará el análisis de los cargos de apelación.
85. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la acción de
enriquecimiento sin justa causa solo es viable en circunstancias excepcionales y
con carácter subsidiario. Al respecto, ha precisado que en los casos en los que el
origen del conflicto proviene de un acuerdo de voluntades perfeccionado, y
particularmente del cumplimiento de su objeto, la controversia tendrá naturaleza
contractual y se regirá por las características de ese medio de control; si, en cambio,
tiene como fuente un daño antijurídico causado por la actuación del Estado,
corresponde encuadrarla dentro de la responsabilidad extracontractual y tramitarla
mediante la acción de reparación directa. Solo cuando la pretensión no pueda
vincularse a ninguno de estos supuestos es posible acudir al instituto del
enriquecimiento sin causa para restablecer el equilibrio patrimonial.
86. Ahora bien, en lo que respecta a las controversias contractuales, la
jurisprudencia ha precisado que el hecho de que las partes hayan suscrito un
contrato no implica necesariamente que la disputa sea de carácter contractual,
porque puede suceder que la inconformidad que motiva al demandante no se origine
en el negocio celebrado, lo que hace indispensable establecer si lo reclamado
encuentra o no respaldo en un vínculo contractual.
36 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24.897, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 31 de julio de 2025, exp. 57.464, C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
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87. Bajo esa lógica, y dado su carácter subsidiario, la procedencia del instituto
de la actio in rem verso exige verificar: (i) la inexistencia de un acuerdo de
voluntades que sirva de fundamento al detrimento patrimonial alegado
(responsabilidad contractual), y (ii) que el menoscabo no se derive de un hecho u
omisión dolosa o culposa que configure un daño antijurídico (responsabilidad
extracontractual). Solo en ausencia de estas fuentes puede admitirse la aplicación
del enriquecimiento sin justa causa38.
88. Superado este examen preliminar, corresponde estudiar los elementos
estructurales de la actio in rem verso39 “(i) la existencia de una ventaja patrimonial
en beneficio de la entidad demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido
por el demandante, el cual pueda atribuirse al acrecimiento mencionado; (iii) la
ausencia de causa jurídica en el desequilibrio producido, en cuanto a que no haya
sido generada por un hecho o un acto jurídico, como tampoco por una disposición
expresa de la ley; (iv) que el demandante carezca de cualquier otro mecanismo para
reclamar la compensación, lo que pone en evidencia su subsidiariedad; y (v) la
compensación no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición
imperativa de la ley”.
89. Ahora bien, la parte actora relató que suscribió el contrato No. 102 del 31 de
octubre de 2011 con la EPS Adaptada Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, no obstante, este solo contempló la prestación del servicio
de salud nivel I, sin incluir los niveles II, III y IV, los cuales, afirma que fueron
prestados por Famisalud, sin respaldo contractual, manifestando que por tratarse
de un derecho fundamental reconocido constitucionalmente no podía rehusarse a
su prestación.
90. Como se expuso en acápite anterior, el artículo 52 de la Ley 1438 de 2011
dispone que el contrato por UPC únicamente resulta aplicable al Nivel I de atención,
correspondiendo a los demás niveles la modalidad de pago por evento. En ese
orden, la controversia no se ubica en el ámbito contractual, pues la urgencia
manifiesta declarada mediante la Resolución No. 2692 de 2011 habilitó
transitoriamente la contratación de servicios de salud a través del Contrato No. 102
de 2011, circunscrito al Nivel I bajo capitación. Esto implica que la presunta
prestación de servicios de mayor complejidad (niveles II, III y IV) se realizó sin
cobertura contractual, dado que esos niveles debían suscribirse por evento. Así, los
valores reclamados por esos servicios quedan por fuera del negocio jurídico
suscrito, de modo que la reclamación no corresponde a una disputa de esa
naturaleza.
91. De otra parte, en lo que respecta a la eventual procedencia de una acción de
reparación directa por falla en el servicio, esta debe descartarse de plano. Ello por
cuanto no se advierte, ni en los hechos alegados ni en las pruebas aportadas, la
configuración de un hecho, omisión u operación administrativa dolosa o culposa que
haya generado un daño antijurídico susceptible de ser imputado a la entidad
demandada, situación que no se configura en el sub lite.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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92. En consecuencia, acreditado el carácter excepcional de la actio in rem verso
-al no proceder la controversia contractual ni la acción de reparación directa por falla
del servicio- corresponde a la Sala examinar los requisitos de procedencia del
enriquecimiento sin justa causa.
93. Sobre este aspecto, se anticipa la confirmación de la sentencia del Tribunal
de primera instancia que negó las pretensiones, pues no se evidencia una indebida
aplicación de los presupuestos jurisprudenciales de la actio in rem verso, ni se
advierte error en la valoración probatoria. En efecto, de las pruebas allegadas al
proceso no se acredita la efectiva prestación de los servicios reclamados, ni mucho
menos que Famisalud hubiera efectuado pagos que generaran un empobrecimiento
susceptible de ser compensado.
94. No obstante, frente al requisito de demostrar la imposibilidad de haber
celebrado el contrato que respaldara la prestación de los servicios de los niveles II,
III y IV, aun si se aceptara que Famisalud no podía rehusarse a garantizar dichos
niveles de atención, en tanto trasladar esa carga a los usuarios desconocía el
carácter fundamental del derecho a la salud, lo cierto es que en todo caso, ello no
exonera a la parte actora de la carga de acreditar la efectiva prestación de los
servicios, lo cual, como ya se indicó, no se probó en el proceso.
95. En este sentido, los documentos presentados —factura de venta No. 39 de
2012, tablas informativas con relación de IPS y municipios, copias de facturas de
usuarios y oficios cruzados entre las partes— no constituyen prueba idónea de la
efectiva prestación de los servicios reclamados ni del pago por parte de la actora.
Además, aunque en los consolidados se indicó un pago y un saldo pendiente, no se
precisa si lo pretendido corresponde a valores cancelados —respecto de lo cual no
se allegó prueba— o a los montos aún debidos, caso en el cual el presunto
empobrecimiento no habría recaído sobre Famisalud sino sobre las IPS. Se
advierte, adicionalmente, que los documentos aportados no evidencian registros
contables, no están suscritos por el representante legal, contador o revisor fiscal,
limitándose a cuadros con cifras que no coinciden con los valores reclamados por
concepto de los servicios de los niveles II, III y IV. En cualquiera de los dos
escenarios, no se cumple con el presupuesto del empobrecimiento exigido para la
procedencia de la actio in rem verso.
96. En cuanto a la acreditación de la efectiva prestación de los servicios médicos,
debe resaltarse que las facturas allegadas, los cuadros consolidados de valores y
los oficios cruzados entre Famisalud y el Fondo de Pasivo Social –en los que la
demandante pidió el reporte de pagos del Contrato No. 102 de 2011, y el
demandado informó que solo estaba pendiente marzo, cuyo valor fue embargado
por orden judicial- carecen de la fuerza probatoria suficiente para tal fin. Ello por
cuanto las facturas, en sí mismas, únicamente reflejan un cobro realizado por las
entidades prestadoras, pero no demuestran que los servicios se hubiesen
suministrado a los afiliados al Fondo; los consolidados no pasan de ser listados
elaborados por la propia parte interesada sin verificación independiente y sin que
se haya acreditado pagos o registros contables de cuentas por pagar; y los oficios
allegados corresponden a comunicaciones en las que las partes exponen versiones
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
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contradictorias, sin que de su contenido pueda establecerse con claridad la
situación. En consecuencia, ninguno de estos documentos satisface la carga de
demostrar de manera cierta y verificable que los servicios efectivamente fueron
prestados a los afiliados del Fondo.
97. En este sentido, resulta relevante recordar que corresponde a las partes
asumir su carga probatoria, conforme al artículo 167 del Código General del
Proceso, el cual dispone que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, deber procesal
exigible a quien busca que sus pretensiones sean acogidas y evitar así un fallo en
contra.
98. En la misma línea, esta Corporación40 ha señalado que la carga de la prueba
impone a cada parte la obligación de probar los hechos en los que basa sus
pretensiones o defensas, siendo una exigencia diligente para quien pretende
obtener una decisión favorable.
99. En el caso específico, correspondía al accionante acreditar la efectiva
prestación de los servicios de salud, pues las facturas allegadas no constituyen por
sí mismas prueba suficiente de ello, al limitarse a reflejar una relación contable sin
demostrar que los servicios fueron efectivamente brindados a los usuarios. Al
descartarse la demostración de una ventaja patrimonial en beneficio de la entidad
demandada y el empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, no resulta
necesario analizar el cumplimiento de las restantes exigencias para la procedencia
de la actio in rem verso. En consecuencia, al no haberse aportado los medios de
convicción idóneos, la parte demandante debe asumir las consecuencias de dicha
omisión, lo que conlleva a confirmar el rechazo de las pretensiones.
Decisión sobre el cargo referente al rechazo de la factura cambiaria dentro del
plazo previsto en la ley
100. Respecto del cargo de apelación relativo a si el Fondo de Pasivo debió
proceder con el pago de la factura No. 039 al no haberla rechazado dentro del
término previsto en el inciso tercero del artículo 773 del Código de Comercio, es
preciso señalar que, si bien el Tribunal incluyó una consideración sobre este aspecto
en la sentencia —lo que en teoría habilitó a Famisalud, como apelante, para
presentar dicho reproche—, tal discusión corresponde en realidad a la primigenia
pretensión ejecutiva planteada por la demandante, por lo que resulta improcedente
su estudio en esta instancia. En consecuencia, la Sala se aparta de lo resuelto por
el a quo en este punto. Ello, porque, como se expuso en los acápites previos, el
estudio de las pretensiones se realizó dentro de un proceso de naturaleza
declarativa, precisamente porque las obligaciones reclamadas estaban en discusión
y no configuraban una obligación clara, expresa y exigible, siendo tramitadas en
esta instancia bajo la controversia contractual y la actio in rem verso. En todo caso,
se reitera que las pretensiones de pago fueron negadas por falta de acreditación de
40 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 21.429, C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
los servicios presuntamente prestados, razón por la cual se confirma la decisión del
a quo.
101. Por lo anterior, los problemas jurídicos planteados se resuelven de manera
desfavorable a la parte actora apelante, pues se concluye que el a quo no incurrió
en error al negar las pretensiones de la demanda. En consecuencia, no resulta
procedente la revocatoria del fallo solicitada.
Conclusiones
102. En mérito de lo expuesto, la Subsección confirmará la sentencia apelada,
aunque con fundamentos parcialmente distintos a los considerados por el Tribunal
de primera instancia, por las siguientes razones.
103. Se constató la acumulación de pretensiones: una de carácter contractual y
las demás basadas en la actio in rem verso. Respecto de la pretensión contractual,
no se demostró la efectiva prestación de los servicios de salud reclamados a
afiliados adicionales, ni que se hubiera realizado el cobro pactado en el contrato o
el eventual rechazo de la entidad demandada. En cuanto a la pretensión de
enriquecimiento sin causa, no se cumplieron los requisitos analizados, ya que no se
probó ni el empobrecimiento ni el correlativo enriquecimiento de la entidad
demandada, dado que la prestación de los servicios no fue acreditada. Se reitera
que la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos que fundamentan
sus pretensiones, la cual no se cumplió en este caso.
104. Finalmente, no prospera el cargo referente al rechazo de la factura toda vez
que, como se explicó, las obligaciones se encontraban en discusión y las
pretensiones fueron tramitadas en un proceso declarativo.
105. Por lo anterior, habiendo respondido de manera negativa los problemas
jurídicos planteados, no se abordará lo referente a los reconocimientos económicos
deprecados.
Las costas en segunda instancia
106. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del
CPACA41 y, según lo establecido en el artículo 365 del CGP, “[e]n la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda”.
41 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso concreto,
atendiendo a la fecha de interposición del recurso de apelación (15 de noviembre de 2024). “Artículo 188.
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
107. Así, la Subsección42 condenará en costas de segunda instancia a Famisalud,
parte demandante, en tanto los argumentos de la alzada resultaron imprósperos.
108. Conforme al numeral 4 del artículo 366 ejusdem, para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, y para su tasación debe valorarse la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado de la parte beneficiada. Por ende, se fijará ese
concepto en la suma correspondiente al 0.5% del valor de las pretensiones
económicas del demandante43, esto es, por un valor de cincuenta y cinco millones
cuatrocientos cincuenta y nuevo cuatrocientos dos pesos (55'459.402 M/Cte), por
la vigilancia del proceso que el extremo demandado debió efectuar durante el
trámite de esta instancia44.
109. La liquidación de las costas la hará por el Tribunal a quo, según lo dispuesto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.
110. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la Fundación para el
Desarrollo de la Salud Familiar y Social – Famisalud, para lo cual se fija por concepto
de agencias en derecho la suma de cincuenta y cinco millones cuatrocientos
cincuenta y nuevo cuatrocientos dos pesos (55'459.402 M/Cte), en favor del Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Las costas se liquidarán
por el a quo.
42 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante
(no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
43 En atención al artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se
establecen las tarifas de agencias en derecho", para la segunda instancia de los procesos contencioso
administrativo con cuantía, será “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia”.
44 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
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Radicación: 76001-23-33-010-2014-00297-01 (72.357)
Demandante: Famisalud
Demandado: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia
Referencia: Reparación directa
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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