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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-010-2015-00816-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-010-2015-00816-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante, en favor de las demandadas. FIJAR la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho de la segunda instancia, que serán divididos en un 50% para cada entidad. Las costas deberán liquidarse de manera concentrada en el Tribunal. TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-010-2015-00816-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-01 (72961)
Demandante Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Proceso: Reparación directa

ALCANCE DEL ESTUDIO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-El ad quem debe restringir su estudio y
consideraciones a los cargos presentados en el recurso de apelación. CADUCIDAD EN PRIVACIÓN INJUSTA
DE LA LIBERTAD-El término se contabiliza desde la ejecutoria de la sentencia absolutoria o de la preclusión
de la investigación. RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD-Se debe privilegiar el régimen de responsabilidad de falla del servicio. RÉGIMEN APLICABLE EN
EVENTOS DE ABSOLUCIÓN POR DUDA PROBATORIA-Falla del servicio.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 18 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Desde mayo de 2010, la Fiscalía adelantó investigación penal contra Ana Ximena
Cuentas por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, hurto
por medios informáticos y falsedad en documento privado. El 27 de julio de 2010,
el Juez 14 Penal Municipal con Funciones de Garantías de Cali impuso medida de
aseguramiento en su contra. Un mes después le sustituyó la medida por detención
domiciliaria, y, el 3 de mayo de 2013, le fue concedida la libertad.

Finalmente, el 3 de mayo de 2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Ocaña con Funciones de Conocimiento profirió sentencia absolutoria.

Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

La demanda plantea que la privación de la libertad fue injusta porque, dentro del
proceso penal en su contra se dictó sentencia absolutoria. Además, porque la
medida no se ajustó a la Ley ni a los criterios de necesidad y proporcionalidad.

ANTECEDENTES

La demanda

El 21 de julio de 20151, Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros solicitaron declarar
patrimonialmente responsables a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la
Nación-Rama Judicial por la privación injusta de la libertad dentro del proceso
penal adelantado contra Ana Ximena Cuentas Monsalve. En ese orden, pidieron
que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que se reparen integralmente, por parte de la NACIÓN - FISCALIA GENERAL
DE LA NACIÓN entidad representada legalmente por el Señor(a) Fiscal General
de la Nación o quien haga sus veces; y la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, entidad representada legalmente por el señor
Director Ejecutivo de Administración Judicial; los perjuicios materiales e
inmateriales solicitados y causados a mis poderdantes con motivo de los hechos y
consecuencias ocurridas, como se describe en el acápite de los hechos, y que se
pague o cancele a cada uno de ellos como resarcimiento de los daños inmateriales
sufridos el equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como
los valores fijados por perjuicios materiales, en las cantidades claramente descritas
en el acápite de la estipulación razonada de la cuantía y en la sumatoria (resumen)
de todas las indemnizaciones estimadas (los valores que se piden se encuentran
explicados y desglosados en el acápite mencionados).

2. Que las sumas aquí pedidas sean debidamente actualizadas y les sean
considerados los intereses moratorios, desde el momento del hecho hasta el día
en que se cancele totalmente.

3. Que las sumas ordenadas como indemnización devenguen los intereses que
señala la ley desde la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria hasta el
momento del cumplimiento y pago total de las mismas, bajo los criterios que
indique la ley y/o la jurisprudencia.

4. Que las entidades quienes deban de cancelar las sumas indicadas en la
sentencia condenatoria den la correspondiente ejecución y cumplimiento, y se
haga efectivo el pago a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la
presentación ante la Tesorería respectiva Municipal y/o Nacional o ante quien
corresponda, de la sentencia condenatoria2.

Hechos

1 F. 40-53 archivo “demanda”, índice 02, expediente digital Samai.
2 F. 7 archivo “demanda”, índice 02, expediente digital Samai.

2

Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

La demanda afirmó que, para el año 2010, Ana Ximena Cuentas Monsalve,
ingeniera civil, vivía en la ciudad de Cali, tenía un hijo de cuatro años y estaba en
estado de embarazo.

En mayo de ese año, la Fiscalía adelantó investigación penal por el hurto
informático de unos dineros y tentativa de hurto a la Caja de Compensación
Familiar Campesina-COMCAJA; por concierto para delinquir y falsedad en
documento privado. Imputó, a Ana Ximena Cuentas Monsalve, esos delitos por su
presunta participación y la vinculó a la investigación.

El 27 de julio de 2010, por solicitud de la Fiscalía, el Juez 14 Penal Municipal con
Funciones de Garantías de Cali impuso medida de aseguramiento en su contra.
Un mes después le sustituyó la medida por detención domiciliaria, y, el 29 de
mayo de 2012, le concedió la libertad provisional. Finalmente, el 3 de mayo de
2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña con Funciones de
Conocimiento profirió sentencia absolutoria en su favor.

La demanda plantea que la privación de la libertad de Ana Ximena Cuentas
Monsalve fue injusta, porque el proceso penal en su contra culminó con sentencia
absolutoria. Además, porque la medida no se ajustó a los presupuestos legales ni
a los criterios de necesidad y proporcionalidad3.

Contestación de la demanda

La Nación-Rama Judicial, al oponerse a las pretensiones, señaló que no se
incurrió en falla del servicio, en tanto las decisiones de los jueces penales de
control de garantías y de conocimiento tuvieron fundamento legal y probatorio. En
efecto, sostuvo que los hechos delictivos existieron, la medida se ajustó a criterios
de necesidad y proporcionalidad, y existían indicios suficientes que permitían
inferir que había un grado de responsabilidad de los procesados.

Por otro lado, la medida de aseguramiento tuvo sustento en la gravedad de los
delitos, las labores de policía judicial, y en la prueba documental y testimonial.

3 F. 5-8 y 14-20 archivo “demanda”, índice 02, expediente digital Samai.

3

Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

Ahora bien, indicó que, de encontrarse “falencias en las labores del ente instructor”
(Fiscalía), estas conductas no eran atribuibles a la Rama Judicial, en tanto las dos
entidades, en el marco de la Ley 906 de 2004, actúan de forma autónoma.
Entonces, si existió una negligencia por parte de la Fiscalía en etapa de
juzgamiento –en la consecución del material probatorio–, lo que condujo a una
sentencia absolutoria por falta de certeza más allá de toda duda razonable, es un
asunto que escapaba de las competencias del juez, quien sólo estaba llamado a
valorar, analizar el caso y definir el fondo de la controversia. Se extrae lo
pertinente de la contestación:

(…) la Ley 906 de 2004 sistema penal acusatorio, Impuso a la Fiscalía como ente
instructor la obligación de ejercer la acción penal art. 66, 104 CPP, realizando la
investigación de los hechos y si es del caso acusar a los presuntos infractores.
Siendo así, en el presente asunto el actor fue llevado a juicio por los delitos que la
fiscalía le imputo y fue la misma fiscalía la que no tuvo pruebas para desvirtuar la
presunción de inocencia. Falencia del ente instructor que no pueden ser cargadas
a la Nación - Rama Judicial cuando las actuaciones del Juez de Control de
Garantías y del Juez de conocimiento fueron conforme a derecho.

Cabe resaltar que existió negligencia, poca diligencia, desinterés etc del ente
acusador en la consecución de las pruebas, dejando al Juez sin material probatorio
para una condena pese a lo grave de la acusación inicial y los indicios presentados
ante el Juez de Control de Garantías. Siendo así mi representada no puede
responder por una situación ajena a sus funciones, ya que la labor de investigar es
propia de la fiscalía.

Es preciso advertir, que a pesar de no tener la Fiscalía General de la Nación, bajo
el nuevo código de procedimiento penal, la facultad de decidir sobre la restricción
de la libertad de una persona implicada en un proceso penal, ésta entidad puede
en el ejercicio de la facultad excepcional antes referida (art. 300 C.P.P.), o en el
ejercicio de sus funciones como ente instructor, ENCAMINAR LA DECISIÓN QUE
PUEDA ADOPTAR EL JUEZ EN RELACIÓN CON LA PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD DE UN SINDICADO, Y POR TAL, EVENTUALMENTE, PUEDE
INCLUSO LLEVAR O INDUCIR A ERROR AL JUEZ, por ello siempre será
necesario verificar en cada caso a quién le resulta atribuible el daño alegado4.

La Nación-Fiscalía General de la Nación planteó una ausencia de falla del
servicio y de nexo causal con la privación “injusta” de la libertad. Sostuvo que su
actuación durante el proceso penal se ajustó a la ley y contó con los fundamentos
probatorios requeridos en cada etapa procesal.

Además, afirmó que la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Ana
Ximena Cuentas Monsalve se soportó en los indicios requeridos por la ley
procesal penal para su procedencia. Al respecto, expuso que la Fiscalía General

4 F. 10 archivo “C 1”, índice 02, expediente digital Samai.

4

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Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

de la Nación se limitó a cumplir con la investigación del caso asignado, siguió las
reglas y procedimientos establecidos en la ley; recaudó pruebas y las empleó para
fundar la petición de medida privativa

Adicionalmente, planteó una falta de legitimación en la causa por pasiva porque, si
bien a la luz de la Ley 906 de 2004 le correspondía y corresponde a la Fiscalía
adelantar la investigación, formular la imputación, solicitar las medidas y presentar
el escrito de acusación, quien definía la libertad o privación de los imputados era el
juez penal5.

Sentencia de primera instancia

El 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, si bien
se acreditó la privación de la libertad intramural y domiciliaria, la parte actora no
acreditó el carácter injusto de la misma.

El Tribunal, al seguir el criterio de la sentencia SU 072 de 2018 y de la C 037 de
1996, estimó que la medida se ajustó a los artículos 306 a 313 del C.P.P., y a los
principios de necesidad y proporcionalidad por: (i) la existencia y gravedad de los
delitos, (ii) el tiempo de la pena a imponer, (iii) la presunta existencia de una banda
o estructura criminal con división del trabajo, (vi) la circunstancia de que la víctima
era una entidad del Estado, y (v) la posibilidad de reincidir en la comisión de los
delitos.

Al estudiar la medida de aseguramiento, sostuvo:

(…) se cumple con lo establecido en el artículo 313 del CPP en su numeral segundo,
que se refiere al requisito objetivo para que se imponga la medida de aseguramiento
en los delitos investigables de oficio, esto es cuando el mínimo de la pena prevista
por la Ley sea o exceda de cuatro años. En cuanto el elemento subjetivo explica que
los elementos materiales probatorios arrimados, permitían tener una inferencia
razonable, no sólo de la presunta comisión de las conductas imputadas, sino también
una inferencia razonable de la participación de la señora ANA XIMENA CUENTAS en
esas conductas (…).

Esclareció que la imposición de una medida de aseguramiento para proteger los fines
procesales del artículo 308 del C.P.P, resulta necesaria porque existe una probable
vinculación con una organización criminal, como quiera que se trata de una situación

5 F. 37-45 C. 1 Expediente digital, índice 2 Samai.

5

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Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

en la cual junto con otras personas se viene probablemente adelantando una serie de
conductas delictivas que afectan el ordenamiento penal. Que de acuerdo al número
de delitos y su gravedad permiten determinar que la medida de aseguramiento se
torna indispensable.

Sostiene que no existen motivos que permitan inferir que la imputada pueda atentar
contra ella, contra la familia de la víctima o de sus bienes. Respecto al arraigo hace
referencia a constancias de estudio y laborales de la señora Ana Ximena Cuentas, y
considera que la medida de aseguramiento no vulnera el principio de presunción de
inocencia, porque se trata de medidas preventivas y no sancionatorias para asegurar
el buen desarrollo de la investigación penal.

Argumentó que, si se evidencia el peligro para la comunidad, no solo por la modalidad
y la gravedad de la conducta, si no que efectivamente hay otros presupuestos como
son el número de delitos que se le imputan, la naturaleza de los mismos, insistiendo
que puede haber una posible vinculación con organizaciones criminales, así en su
concepto la única medida que en ese momento resulta viable para garantizar el
desarrollo de la investigación es la detención en sitio de reclusión6.

Estimó, además, que las pruebas permitían inferir razonablemente que los
imputados participaron presuntamente en los hechos con fundamento en
documentos, declaraciones, contradicciones en las declaraciones, e informes de
policía judicial. Sumado al intento de preacuerdo entre Cuentas Monsalve y la
Fiscalía (la cual fue improbada por retracción de la indiciada). Y concluyó que la
insuficiencia probatoria para condenar –por falta de certeza más allá de toda duda
razonable– no podía, bajo ninguna circunstancia, considerarse como una
actuación irregular, en tanto este requisito se predicaba de la sentencia y no de la
imposición de la medida.

En cuanto el elemento subjetivo explica que los elementos materiales probatorios
arrimados, permitían tener una inferencia razonable, no sólo de la presunta comisión
de las conductas imputadas, sino también una inferencia razonable de la participación
de la señora ANA XIMENA CUENTAS en esas conductas.

Anotó que esas evidencias consistían en el informe del investigador de campo, donde
se narra lo sucedido y puntualmente hace referencia a la entrevista hecha al señor
Elver Estib García Perilla, quien buscaba hacerse acreedor a los beneficios que
puede obtener con la cooperación a la justicia, brinda información en la que se
involucra a la señora ANA XIMENA CUENTAS, así mismo hace referencia a unas
contradicciones existentes entre lo declarado por la señora Cuentas y las
certificaciones generadas por el banco de Occidente respecto al pago de unos
cheques, entre otros.

Concluye que de las pruebas se deduce que existe un vínculo delictivo entre los
autores o coautores de las transacciones no consentidas de dinero de la que fue
víctima la Caja de Compensación para la Familia Campesina, debido a que la
entrevistada como el indiciado tuvieron vínculo directo con las mismas personas en
diferentes escenarios para la realización de los hechos (…)7.

6 F. 13-14 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.
7 F. 13 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.

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Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

En consonancia con lo anterior, estima esta Sala que la Fiscalía cumplió con la carga
que se le impone en el artículo 306 del estatuto procesal penal, pues la solicitud de
medida de aseguramiento estuvo sustentada en los elementos de prueba que
recolectó en fase previa, los cuales fueron acogidos por la Juez de Control de
Garantías, y que se recuerda, consistieron en las declaraciones formuladas por Elver
Estid García Perilla, documentos encontrados en poder del mismo en los que se
involucraba la UT para la capacitación de la mujer, de la cual la hoy implicada fungía
como Representante Legal, así como el propio preacuerdo suscrito por la Señora
Cuentas Monsalve con la Fiscalía, en el que aceptaba los cargos formulados y se
comprometía a la devolución de una suma a la víctima COMCAJA.

Por los motivos expuestos, para esta Corporación, aunque se haya absuelto a la
señora Ana Ximena Cuentas Monsalve, por existir una duda sobre su participación en
la comisión de los delitos que se le imputaban, tal situación no desvirtúa que para el
primer momento en que se hizo análisis de la procedencia de la medida de
aseguramiento, sí se cumplían los requisitos para su imposición, pues para dicha
etapa inicial del proceso, las pruebas con las que contaba la Fiscalía no fueron objeto
de retractación o desconocidas8.

Recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y planteó que
en materia de privación injusta no se debía privilegiar ningún régimen de
responsabilidad, en tanto lo importante era la razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad de la providencia que restringió la libertad (más su conformidad a
derecho). En ese marco, planteó que el análisis de la medida de aseguramiento
debía hacerse a partir de lo arbitrario de la decisión y si esta, además, carecía de
fundamento legal y probatorio, y desconocía los criterios inicialmente
mencionados.

Agregó que el estudio de la medida de aseguramiento que efectuó el Tribunal fue
“insuficiente” y no detectó los errores en la valoración de las declaraciones y la
forma en la que se “descontextualizaron” las afirmaciones de los declarantes. En
ellas se incriminó a Ana Ximena Cuentas con la intención de obtener beneficios
penales y se dio un alcance de delito a una conducta que no tipificaba delito
alguno. Por ejemplo, uno de los declarantes afirmó que Ana Ximena revisó un
contrato con la entidad pública que fue víctima de los hechos, y tanto la Fiscalía
como el juez de control de garantía entendieron que esta elaboró y falsificó el
documento.

Por otro lado, el recurso planteó que la medida no tuvo en cuenta la especial
situación de vulnerabilidad de la demandante –como madre cabeza de hogar y

8 F. 17 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.

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Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

mujer embarazada–, circunstancias que debían examinarse al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales para la
imposición de la medida de aseguramiento intramural.

En cuanto al preacuerdo entre la procesada y la Fiscalía, este se efectuó por
medio de constreñimiento y hubo coacción para el reconocimiento de
responsabilidad.

Finalmente, indicó que la absolución no fue en aplicación del in dubio pro reo, sino
en que la procesada “nada tuvo que ver con los acontecimientos”, de manera que
existían motivos adicionales para concluir el carácter injusto de la privación de la
libertad9.

Trámite de segunda instancia

El 6 de mayo de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación10 y el 12 de
diciembre de 2025, el Despacho lo admitió y ordenó su ingreso para fallo11
(numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 202112).

El Ministerio Público, en su concepto, pidió confirmar la sentencia de primera
instancia porque el juez de control de garantías –al imponer la medida de
aseguramiento– aplicó las reglas procesales penales vigentes al momento del
decreto. Aun cuando la absolución tuvo lugar por una duda razonable derivada de
falencias probatorias atribuibles al ente investigador, que impidió comprobar la
autoría, el estudio del caso –bajo régimen de responsabilidad de falla del servicio–
muestra que no hubo una actuación irregular, arbitraria, ni desconocedora de los
procedimientos legales.

Agregó que la medida era: (i) idónea, porque la procesada vivía en otra ciudad
distinta (Cali) a en la que se adelantaba el proceso (Cúcuta). (ii) Se ajustó a

9 F. 1 y ss, archivo “recurso de apelación”, expediente electrónico SAMAI. Índice 2.
10 F. 1 y ss archivo “Auto admite recurso” expediente electrónico SAMAI. Índice 3.
11 Índice 9 SAMAI.
12 «Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por
escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar […]».

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criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Y (iii) Se fundó en
pruebas que permitían inferir su participación en los hechos: 1. El contrato
(revisado por la imputada) no existió, 2. El día de los hechos se comunicó con los
capturados en flagrancia, 3. Los cheques fueron girados y firmados por ella; 4. Los
bienes jurídicos protegidos y 5. La cantidad, modalidad y gravedad de los delitos.

Se extrae lo pertinente del concepto:

La motivación se fundó a partir de los elementos de convicción que tuvo el juez de
garantías, (informes de policía judicial, evidencia física recaudada al momento de
la captura del señor Elver Estid García Perilla. relacionados con los cheques
incautados que habían sido girados por la señora Ana Ximena Cuentas Monsalve,
y un contrato aparentemente suscrito entre ella en calidad de representante legal
de la Unión Temporal para la Capacitación de la Mujer y COMCAJA (Caja de
Compensación Familiar Campesina, entidad que denunció la defraudación de
datos y dinero de que fue víctima); las labores de vecindario contenidas en otro
informe policial, y la entrevista a la demandante frente a los hechos que se
investigaban relacionados con una defraudación de más de 1.500 millones de
pesos.

(…)

La juez tuvo en cuenta que i) se imputaron 4 delitos (que no es una cantidad
menor), i) en cuanto a la modalidad, hizo énfasis en que, se trataba de una
empresa delictiva u organización criminal, que venía desfalcando las arcas de
COMCAJA puesto que Ana Ximena Cuentas, ya había retirado varias sumas de
dinero en Cali, y la conducta seguía en avance hasta que se frustró una parte de
esta, cuando se capturó a las personas que intentaban cobrar más cheques en la
ciudad de Cúcuta13.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 21 de julio de 2015, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA14,
este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los
procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en
vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código 15, en los

13 F. 30-35 archivo “concepto” índice 9 Samai.
14 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
15 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

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aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en
adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 16. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA17, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 152.6 del CPACA18, esto es, $322.175.00019.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo20, cuya legalidad no se cuestiona. En
este caso el medio control de reparación directa es el que resulta procedente, por
reclamarse el daño derivado de las presuntas omisiones de la Fiscalía General de

16 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
17 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
18 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
19 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015 $644.350, por 500.
20 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.

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Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

la Nación y de la Nación-Rama Judicial en el trámite de una investigación y
proceso penal.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA21 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. En los eventos de privación injusta de la libertad, el cómputo de la
caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia
absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento del
daño alegado22. En los casos de defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, la jurisprudencia tiene determinado que el término para intentar el
medio de control de reparación directa se debe contar desde el día siguiente al
que el afectado tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el
daño23.

La demanda se interpuso en tiempo –21 de julio de 2015– porque la demandante
tuvo conocimiento del daño el 3 de mayo de 201324, fecha en que el Juzgado
Penal del Circuito de Ocaña dictó sentencia absolutoria en favor de Ana Ximena
Cuesta Monsalve, decisión que no fue apelada por ninguna de las partes.

El 30 de abril de 2015, la parte demandante presentó solicitud de conciliación
prejudicial, trámite que suspendió el término de caducidad hasta el 14 de julio
siguiente fecha en la que se celebró la audiencia de conciliación25 (artículos 21 y 2
numeral 1 de la Ley 640 de 2001). Al día siguiente se reanudó el conteo por los
cuatro días faltantes, que vencían el 21 de julio de 2015.

21 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia […]».
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, consejero ponente Daniel Suárez

Hernández, Rad. 11.425.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Rad. 40.425
24 F. 131 del cuaderno 1.
25 F. 1-15 archivo “conciliación prejudicial” expediente digital, índice 2 Samai.

11

Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

Legitimación en la causa

5. Ana Ximena Cuentas Monsalve, Gabriel Cuentas Monsalve, Jerónimo Ocampo
Cuentas, Gabriel Cuentas Villegas, Diana Lucía y Lorena María Cuentas Monsalve
son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en el
proceso, ya que la primera es el sujeto pasivo de la investigación penal (en la que
fue privada de la libertad) y los demás conforman su grupo familiar.

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva,
porque fue la entidad encargada de la investigación penal y solicitó la imposición
de medida de aseguramiento (artículo 306 Ley 906 de 2004)26. La Nación-Rama
Judicial está legitimada en la causa por pasiva, porque adelantó el proceso penal
en contra de Ana Ximena Cuentas Monsalve por la presunta comisión de los
delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y falsedad en
documento privado, y ordenó la medida de privación de la libertad (artículo 306 de
Ley 906 de 2004).

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad de que fue
objeto Ana Ximena Cuentas Monsalve fue consecuencia de una actuación
desproporcionada y violatoria del procedimiento legal atribuible a las demandadas.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala resolverá en los
términos del artículo 328 del CGP, es decir, sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.

La privación de la libertad en la Ley 270 de 1996

26 Artículo 306. Modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 59. Solicitud de imposición de medida de
aseguramiento. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento,
indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su
urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez
emitirá su decisión (…)

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Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está
regulada en la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
El artículo 68 de la mencionada Ley establece que quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado pretendiendo la reparación
de perjuicios. La Corte Constitucional, al declarar su exequibilidad condicionada,
dejó claro que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.

Al respecto, la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional puntualmente
señaló:

“Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha
sido ni apropiada, ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente
arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los
casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma
subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma
automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del
Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad
de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad
estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de
los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y
proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”27.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, tal y como quedó después
de su condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe
hacerse teniendo en cuenta si hubo una actuación abiertamente desproporcionada
y violatoria de los procedimientos legales. Lo anterior implica analizar las
circunstancias en que se produjo la privación de la libertad para determinar si
obedeció a una medida apropiada, razonada, conforme a derecho o si la conducta
de la entidad fue abiertamente arbitraria.

9. El Consejo de Estado ha dicho que cuando se acredite la falla del servicio en un
juicio de responsabilidad del Estado, este será́ el título de imputación con base en
el cual se habrá́ de decidir, puesto que representa el régimen por excelencia para
desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado.

27 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, fundamento jurídico 2.

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Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
Demandante: Ana Ximena Cuentas Monsalve y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

La jurisprudencia del Consejo de Estado –posición reiterada por la Subsección C–
ha señalado las razones y fundamentos por los cuales se debe privilegiar el
régimen de responsabilidad de la falla del servicio así:

La Sala ha precisado que la ubicación preponderante del referido régimen de
responsabilidad del Estado respecto de los otros, obedece, (i) en primer lugar, a
que “... la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por
el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades
estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los
reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones”; (ii) en segundo lugar,
la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio
cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la
Administración; (iii) en tercer lugar, como consecuencia del reproche y de la
sanción a la específica actuación sub judice, en atención a la función pedagógica
que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del
servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones
que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; (iv)
finalmente, para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con
posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio
constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación
que se habrá́ de juzgar28”.

10. Precisado el panorama jurisprudencial respecto del régimen aplicable para
estudiar la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, la Sala
pasa a analizar las condiciones puntuales en la que se produjo la privación de la
libertad de Ana Ximena Cuentas Monsalve.

11. Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de los siguientes hechos:

11.1. La Fiscalía adelantó proceso penal por los delitos de concierto para delinquir,
transferencia no consentida de activos, hurto por medios informáticos y falsedad
en documento privado, con motivo de la denuncia realizada por la Caja de
Compensación Familiar Campesina-COMCAJA por giros de dineros no
consentidos por la entidad. Por el lugar y forma en la que cursaron los hechos, la
investigación cursó entre dos ciudades: Cúcuta y Cali29.

11.2. El 27 de julio de 2010, miembros del DAS capturaron a Ana Ximena Cuentas
Monsalve por su presunta participación en los hechos denunciados por
COMCAJA30.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez, Rad. 18.105.
29 F. 2 y ss C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.
30 F. 2 C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.

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Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

11.3. El 27 de julio de 2010, el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de
Garantías de Cali, Valle, celebró audiencia de legalización de captura, formulación
de la imputación e imposición de medida de aseguramiento de Ana Ximena
Cuentas Monsalve.

Conforme al acta de la diligencia, luego de que el juez penal verificó que la
formulación de la imputación de la fiscalía correspondía a las circunstancias
fácticas y elementos materiales probatorio, y de informar a la imputada los cargos
en su contra, esta no se allanó. Posteriormente, al abordar la medida de
aseguramiento, el Fiscal solicitó al juez la imposición en centro carcelario. El
abogado defensor de Cuentas Monsalve, por su parte, se opuso a que esta fuera
intramural, y que, en su lugar, se ejecutara en la residencia de la procesada.

No obstante, el juez impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva
en establecimiento carcelario, y el defensor presentó recursos31.

Ahora bien, las razones del juez de control de garantías para imponer la medida
privativa serán estudiadas con posterioridad, pues, al ser la materia de la
apelación, constituyen un punto en discusión.

11.4. El 26 de agosto de 2010, el Fiscal 13 Seccional de Cúcuta presentó ante el
centro de servicios judiciales el acta de preacuerdo celebrado –el 24 de agosto de
2010– entre la Fiscalía Seccional de Cali y Ana Ximena Cuentas Monsalve.
Conforme al referido documento, el Fiscal hizo un relato de los cargos
comunicados en la audiencia de formulación de imputación y se reseñaron los
términos de la aceptación de culpabilidad de la imputada. Se extrae lo pertinente
del documento:

La imputada Ana Ximena Cuentas Monsalve, en primer lugar, acepta que la Fiscalía
cuenta con los elementos materiales probatorios y evidencias físicas legalmente
obtenidas que le derivan responsabilidad penal en las conductas que se le imputaron.
De las cuales se infiere, sin lugar a dudas, que se obtendría en juicio oral una
sentencia condenatoria en su contra.

La imputada, Ana Ximena Cuentas manifiesta aceptar los cargos que le imputó la
Fiscalía por los delitos de: hurto por medios informáticos y semejantes, concierto para
delinquir inciso primero, falsedad material en documento privado; para beneficiarse de
la rebaja de un cincuenta por ciento (50%) de la pena a imponer (…) y continuar con

31 F. 2-3 y 42-43 C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45

y 34.

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Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

el beneficio de la prisión domiciliaria por cuanto subsisten los motivos por los cuales
le fue concedida por el señor Juez Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de la ciudad de Cali.

La imputada (…) a la firma del presente acuerdo allegará copia de la consignación
que demuestre la cancelación de la suma de veintisiete millones trescientos tres mil
pesos ($27.303.000) a favor de la Caja de Compensación Familiar Campesina
COMCAJA como reintegro del 50% del valor equivalente al incremento percibido y
además, asegurará el recaudo del remanente para antes de la fecha de verificación y
aprobación del presente acuerdo (…)

Por lo anterior y con fundamento en el contenido de las normas que facultan a la
Fiscalía a realizar preacuerdos antes de presentarse el escrito de acusación (…)
considera procedente la solicitud de la imputada presente y de su defensor, doctor
Francisco José Torres Sarria, manifestando la imputada, de una manera libre y
espontánea (…) su voluntad de aceptar los cargos con el fin de hacerse acreedora a
una rebaja efectiva del 50% de la pena a imponer que partiría de los cuartos mínimos
en razón a la ausencia de antecedentes en su contra (…)32

11.5. El 15 de octubre de 2010, durante la audiencia de control de legalidad de
preacuerdo, Ana Ximena Cuentas Monsalve manifestó su retractación, y el juez
sexto penal del circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta lo improbó33.

11.6. El 22 de octubre de 2010, la Fiscal Seccional 013 de Cúcuta presentó el
escrito de acusación en contra de Ana Ximena Cuentas Monsalve por los delitos
de hurto por medios informáticos y semejantes, falsedad en documento privado y
concierto para delinquir34.

11.7. El 15 de marzo de 2013, durante la audiencia de juicio oral, el Juez Primero
Penal del Circuito de Ocaña dictó sentido de fallo absolutorio dentro del proceso
contra de Ana Ximena Cuentas Monsalve. El 22 de marzo de 2013 siguiente,
expidió boleta de libertad en su favor35.

11.8. El 3 de mayo de 2013, el Juez Primero Penal del Circuito de Ocaña, al
resolver el caso contra de Ana Ximena Cuentas Monsalve, dictó sentencia
absolutoria en su favor. Esta decisión cobró ejecutoria ese día porque no fue
apelada por las partes36. Conforme a las consideraciones del juez, del análisis de
los alegatos de las partes a la luz de las pruebas del expediente, y conforme a los
artículos 71 y 381 del C.P.P. no estaba probada más allá de toda duda razonable

32 F. 4-9 C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.
33 F. 28 C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.
34 F. 44-56 C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.
35 F. 351C. 1, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.
36 F. 343 C. 1 expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices 45 y 34.

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la responsabilidad de Ana Ximena Cuentas. En efecto, existía la duda de si la
procesada conocía la ilicitud de las transacciones. En ese orden, ante la duda del
dolo (elemento condicionante de los delitos), lo procedente era una absolución en
su favor37.

Análisis del caso concreto a la luz del régimen de falla del servicio

12. Según la demanda y el recurso, la privación de la libertad fue injusta porque (i)
la medida de aseguramiento se fundamentó en pruebas insuficientes, que no
permitían inferir razonablemente la participación de Ana Ximena Cuentas en los
delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y falsedad en
documento privado. Y no se ajustó a criterios de necesidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, (ii) porque la sentencia absolutoria fundamentó su decisión en
que la procesada nada tenía que ver con los delitos juzgados.

13. Está acreditado que Ana Ximena Cuentas Monsalve estuvo privada de la
libertad desde el 26 de julio de 2010 hasta mayo de 2013 (fecha en la que se
ordenó la libertad inmediata por sentido de fallo absolutorio). Un primer periodo lo
cursó en establecimiento carcelario (entre el 26 de julio y agosto de 2010) y, otro,
en prisión domiciliaria (entre agosto de 2010 y mayo de 2013).

De lo anterior se concluye que Ana Ximena Cuentas Monsalve estuvo privada de
su libertad por un mes en detención en centro carcelario, y dos años y 9 meses en
detención domiciliaria.

14. Ahora bien, es importante precisar que el régimen procesal del proceso penal
fue la Ley 906 de 200438.

En el sistema penal acusatorio, el fiscal debe solicitar al juez de control de
garantías la imposición de la medida de aseguramiento. Primero identificará a la
persona, el delito o los delitos; los elementos de conocimiento necesarios para
sustentar la medida y su urgencia.

37 Minutos 27-55 a 30:30 de audiencia de lectura de fallo, archivo “12 GrabaciónAudienciaLecturaFallo03-05-

13. Parte2”, cuaderno 3, expediente digital del Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índices
45 y 34.
38 Ver expediente penal, índices 45 y 34, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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A su turno, el juez penal, luego de escuchar los argumentos de Fiscalía y de la
defensa, debe analizar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas
aportadas para emitir su decisión –bajo unos criterios objetivos y subjetivos de
procedencia establecidos por el mismo estatuto procesal penal– (artículo 306).

Conforme al artículo 307 del C.P.P, son medidas privativas de la libertad: 1.
Detención preventiva en establecimiento de reclusión. Y 2. detención preventiva
en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no
obstaculice el juzgamiento.

Ahora, el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento
cuando, de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y
asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga. Lo anterior, siempre y cuando se cumpla alguno de los
siguientes requisitos: (i) Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. (ii)
Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima. Y (iii) que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o
que no cumplirá la sentencia (artículo 308).

La imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la
obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan
inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar
elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos
o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o
reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de
los funcionarios y demás intervinientes en la actuación (artículo 309).

Adicionalmente, para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la
seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible,
deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 1. La continuación de la
actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2. El
número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El hecho de
estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de

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estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por
delito doloso o preterintencional. 4. La existencia de sentencias condenatorias
vigentes por delito doloso o preterintencional (artículo 310). Por su parte, se
entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del
imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar
contra ella, su familia o sus bienes (artículo 311).

Para decidir sobre la eventual no comparecencia del imputado, además de la
modalidad y gravedad del hecho y de la pena imponible se debe tener en cuenta:
1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la
familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto. 2. La gravedad del daño causado y la
actitud que el imputado asuma frente a este. 3. El comportamiento del imputado
durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir
razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la
persecución penal y al cumplimiento de la pena (artículo 312).

Una vez satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, la detención
preventiva en establecimiento carcelario procederá en los siguientes casos: 1. En
los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. 2. En
los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley
sea o exceda de cuatro (4) años. 3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del
Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes (artículo 313).

Análisis de la medida de aseguramiento

15. Contexto de los hechos que dieron lugar a la noticia criminal y a la
investigación penal:

El 31 de marzo del año 2010, a las 4:20 de la tarde, en las instalaciones del banco
de Occidente de la ciudad de Cúcuta, se presentó el señor Robinson Miguel
Mendoza Ángel a una ventanilla y presentó tres cheques para su cobro (los cuales
venían endosados por sus beneficiarios). La cajera en servicio, Claudia Martínez,
al realizar las acciones de verificaciones correspondientes al pago, observó que el
sistema del banco arrojó que la cuenta de donde saldría el pago tenía “restricción

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de transacciones”, e informó esa circunstancia al Departamento de Seguridad del
banco, quienes, a su vez, dieron la orden de no pagar los dineros de los cheques,
puesto que estos procedían de una transferencia fraudulenta del banco HELM
BANK.

El Departamento de Seguridad, entonces, ordenó esperar a que llegaran los
funcionarios de la policía (para coordinar las capturas se quienes se presentaron a
cobrar los cheques ese día), es decir, Robinson Miguel Mendoza Ángel y sus
acompañantes: Elver Estic García Perilla, Juan Gabriel Bautista y una joven que
posteriormente fue dejada en libertad.

Al momento de la captura de Elver Estic García Perilla, miembros de la policía
encontraron unas copias de un contrato entre la caja de compensación familiar
campesina-COMCAJA (entidad del Estado en liquidación) y la Unión Temporal
para la capacitación de la mujer por un valor de $1. 572. 906. 220.

Se determinó, por información de la misma entidad pública, que el mencionado
contrato no existía y que el documento era la base para una defraudación a la
entidad.

El 31 de marzo del 2010, Elver Estic García, capturado el día de los hechos, rindió
declaración y afirmó que los cheques, que pretendió hacer efectivos en la sucursal
del Banco de Occidente, habían sido enviados desde Bogotá –de aeropuerto a
aeropuerto por el señor Miguel Alirio Ramón Jurado–. Esa circunstancia, es decir,
el envío físico de los cheques, se comprobó mediante el documento de soporte de
la empresa Aerorepública de fecha 31 de marzo de 2010.39

Las investigaciones del CTI mostraron que existía una banda que tenía como
objetivo defraudar a la caja de compensación de familias campesinas-COMCAJA,
entidad víctima de las transacciones no autorizadas40.

Ana Ximena Cuentas, al ser representante legal de la UT que figuraba en el
contrato inexistente con COMCAJA, y al ser mencionada por uno de los

39 Minutos 11:41 a 16:32, audiencia concentrada parte 1, expediente digital penal, índices 45 y 34 Samai del

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
40 Minutos 11:41 a 16:32, audiencia concentrada parte 1, expediente digital penal, índices 45 y 34 Samai del

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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capturados el día del intento de cobro de los cheques, fue vinculada a la
investigación penal.

16. La medida de aseguramiento contra Ana Ximena Cuentas Monsalve, dictada el
27 de julio de 2010 por los delitos de concierto para delinquir, transferencia no
consentida de activos, hurto por medios informáticos y falsedad en documento
privado se fundamentó en los siguientes aspectos: (i) los delitos investigados
tenían una pena igual o mayor a 4 años; (ii) los elementos materiales probatorios y
evidencias físicas permitieron inferir razonablemente que la imputada podría tener
comprometida su responsabilidad en el hurto informático y/o transferencia no
consentida de cuentas de COMCAJA; (iii) la medida privativa intramural era
necesaria, proporcional y razonable por la gravedad y modalidad de los delitos, y
por la conformación de un grupo criminal con división del trabajo entre dos
ciudades.

Finalmente, no se sustituyó la medida por detención domiciliaria, porque la
defensa no acreditó la condición de madre cabeza de familia en los términos de la
sentencia C 154 de 2007, al no probar que su hijo menor no contaba con la ayuda
de los demás miembros del grupo familiar de la procesada.

Ahora, puntualmente, en cuanto a los elementos probatorios que permitieron
inferir, preliminarmente, la presunta participación de Ana Ximena Cuentas
Monsalve, la juez estimó que el informe del investigador de campo del CTI dio
cuenta de varios elementos conectores entre Ximena Cuentas y los hechos
investigados: (i) La condición de representante legal de la unión temporal con la
que habría contratado COMCAJA, (ii) Elver Estic García, uno de los capturados en
flagrancia, afirmó que el día de los hechos habló –vía telefónica– con Ana Ximena
Cuentas Monsalve sobre la imposibilidad de cobrar los cheques y la circunstancia
de que ella gestionaría el bloqueo de las cuentas; (ii) los documentos bancarios
que mostraron que, efectivamente, Cuentas Monsalve gestionó el trámite de
desbloqueo de cuentas; (iii) las contradicciones de la misma imputada y la falta de
coincidencia de algunas de sus afirmaciones con documentos con los que contaba
el CTI; (iv) la aceptación por ella misma de haber recibido sumas en su cuenta
–provenientes de cuentas de COMCAJA– con fundamento en el contrato
celebrado con su UT (contrato que negó haber legalizado la entidad); (v) la

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circunstancia de que ella fue quien giró los cheques con destino a Cúcuta y (vi) el
haber retirado parte de las sumas recibidas de la entidad.

Sobre el particular, consideró la Juez de Control de Garantías:

(…) frente a los requisitos subjetivos, que menciona el artículo 308, se evidencia, y
lo que le corresponde a esta delegada es revisar que de esos elementos
materiales probatorios allegados, evidencia física, se pueda inferir razonablemente
que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga. Frente a este aspecto, observa entonces el despacho que se ha traído
por parte de la fiscalía general de la Nación el informe de investigador de campo
FPJ11, donde efectivamente narra lo sucedido. Este documento tiene fecha del 21
de junio de 2010, suscrito en la ciudad de Cúcuta.

(…) el informe hace alusión a una entrevista realizada en la ciudad de Cali, en
cumplimiento de una orden comisoria, y a un interrogatorio realizado al imputado
Elver Estic García Perilla en la cárcel Modelo. El entrevistado, con el fin de ser
merecedor de los privilegios y bondades que puede obtener con la cooperación
con la justicia, en procura también del esclarecimiento de los autores intelectuales,
brinda una información sobre una conversación con Ana Ximena Cuentas por los
giros de los cheques y el trámite de desbloqueo.

Por otro lado, la señora Ana Ximena Cuentas Monsalve manifestó que, Alejandro
Cardona, su intermediario financiero y socio comercial, le ofreció un contrato con
COMCAJA para capacitar mujeres, cobrando una intermediación de $176. 300
millones. Esta intermediación se pagaría en el primer desembolso, o anticipo,
como es usual en este tipo de negocios. El señor Alejandro le propuso que
trabajaran en este contrato para hacer las capacitaciones.

(…) Alejandro cobró una comisión de 43 millones, que también debían ser
pagados en el desembolso inicial por concepto de su intervención. Especificando
la fecha de recibido. (…) Posteriormente, Cuentas Monsalve relató que ella dio
orden de no pago de los cheques al enterarse del fraude contra la entidad pública.
(…)

El gerente de la banca intermedia de la sucursal Centenario del banco de
Occidente, frente a los cheques números 109074 y 109075, 109077, informó que
en la carpeta original no reposaba ninguna orden de no pago a ningún cheque de
la cuenta 075-00976-1, de la cuenta Unión Temporal para la Capacitación y
Crecimiento Personal de Mujeres Cabeza de Familia de Santiago de Cali.

Cabe mencionar que lo anteriormente expuesto contraría el documento aportado y
lo manifestado en la entrevista de la Señora Ana Jimena Cuentas, en donde ella
manifiesta dar orden de no pago de estos cheques.

(…) también consigna el informe del CTI que la señora Ana Jimena Cuentas
manifestó haber girado dos cheques para el pago de la intervención en el negocio
a nombre de su socio Alejandro Cardona Valencia. También la señora gira dos
cheques que son cobrado por ella misma por un calor de $5.805.000 y otro
también de este mismo valor $5.805.000. Esto se verificó en la carpeta de estas
cuentas. El dinero provino de una cuenta de COMCAJA.

Esto concuerda con lo declarado por Elver Estic García, en el que manifiesta que
ellos, y Ana Ximena cuentas habían descontado su porcentaje (…) De esta forma,

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Radicación: 76001-23-33-010-2015-00816-00 (72961)
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Demandado: Nación-Rama Judicial otro
Proceso: Reparación directa

y según lo observado en el informe, se sugiere orden de captura por cumplirse los
requisitos del 313 (…)41.

Ahora bien, luego de analizar los elementos materiales probatorios y los requisitos
de la medida a la luz de la inferencia razonable de presunta participación en los
hechos, la misma juez hizo un análisis de necesidad y proporcionalidad de la
medida, en los que tuvo en cuenta: (i) la gravedad de los delitos investigados (ii) la
modalidad y pluralidad, y (iii) la existencia de un “grupo criminal” que operaba en
conexión con varias ciudades. Estos elementos los analizó a la luz del peligro, no
desde la perspectiva de una posible afectación a las víctimas o de una posible
reiteración de conductas punibles, sino al tratarse de una estructura criminal
dirigida a “desfalcar” a una entidad pública que estaba en liquidación.

Sin referirse a Ximena Cuentas como responsable, y tomando como punto de
partida su presunción de inocencia, consideró que la medida preventiva era
necesaria, razonable y proporcional por los factores antes mencionados, e insistió
en el carácter preventivo de la decisión y no sancionatorio.

Se extrae lo pertinente de la decisión:

Ahora bien, Referente a ese artículo 308, el legislador exige al juez con funciones
de control de garantía que se estudien otra serie de requisitos con el fin de
establecer si, efectivamente esa medida de aseguramiento que se solicita resulta
razonable, proporcional, necesaria en la Investigación. O para aclarar, desde un
momento, esta medida con fines netamente preventivos, más no sancionatorios,
(…)

Ahora bien, frente al peligro para la comunidad, la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-1198 del 4 de diciembre de 2008, estimó que el peligro para la
comunidad que pueda representar el imputado no debe verse solamente en el
estudio de la gravedad y modalidad de la conducta, sino que también se deben
mirar esos fines constitucionales de la detención preventiva que señala el artículo
308 y el 310.

Frente al primero de los requisitos que señala este artículo 310, esto es, la
continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones
criminales, considera este despacho que, aunque no se cumple con este
presupuesto de la continuación de actividad delictiva, sí lo es el de la probable
vinculación con organización criminal, como quiera que se están hablando en este
sentido, que se trata de una situación en la cual, junto con otras personas, desde
la ciudad de Cúcuta, se vienen probablemente adelantando una serie de
conductas delictivas que afectan por supuesto y que transgreden el ordenamiento
penal.

41 Audiencia concentrada parte 2, expediente digital penal, índices 45 y 34 Samai del Tribunal Administrativo

del Valle del Cauca.

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Ahora bien, el numeral segundo de ese requisito del peligro para la comunidad
señala que debe mirarse el número de delitos que les imputan y la naturaleza de
los mismos. Al atenernos a esta situación, es claro que, frente al número de
delitos, son cuatro delitos los que se le han imputado a la señora Ana Jimena. (…)
Estos delitos, a decirlo, son graves y por tanto hay que efectivamente reiterar que
la modalidad y gravedad de los mismos sí permiten a esta juez determinar qué
puede ser la medida de aseguramiento indispensable para garantizar estos fines
establecidos por el legislador (…)42.

Por otro lado, en cuanto a su condición de madre cabeza de familia –y la
posibilidad de una detención domiciliaria–, la juez aplicó los criterios fijados por la
Corte en sentencia C 154 de 2007 y estimó que no estaba acreditado que su hijo
menor, con la detención, quedara sin ayuda de los demás miembros de su familia
o que quedaría desprotegido. Al respecto, consideró la juez:

(…) se entiende por madre cabeza de hogar la jefatura femenina de hogar. Ha
señalado la Corte que es una categoría social de los hogares derivados de los
cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género
que se han producido. Por tal motivo, se considera como mujer cabeza de familia
quien, siendo soltera o casada ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su
cargo afectivo, económico o socialmente en forma permanente de hijos menores
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar; ya sea por
ausencia permanente, incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge,
o compañera permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar. Para tal efecto, y estudiando esta ley a la vez que
hay que decir que la sentencia C-154 del 2007 ha enfatizado cuáles son esas
características para que se considere, efectivamente, que una persona es madre o
padre cabeza de familia (…) la protección se da es frente a aquellas personas que
sean las que atiendan no solo económica sino moralmente que sustenten a estos
hijos menores sin que cuenten con ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar.

Frente a este aspecto, debe decir el despacho que, con los elementos materiales
que fueron allegados esto es, declaración y registro civil de nacimiento, no
evidencia el despacho que se cumpla con esta condición, por cuanto no se ha
demostrado que con la privación de la ley de la libertad de la señora aquí imputada
se afecte definitivamente y deje desprotegido al menor, por cuanto no se ha
demostrado que ella no cuente con otras personas que efectivamente puedan
velar (…)43.

Finalmente, sobre el estado de embarazo de la entonces “imputada”, la juez de
control de garantías evaluó si existía una condición médica que, atada a la
gestación misma, significara un riesgo alto para la privada o para quien estaba en
proceso de formación. Consideró que, en ese momento, no se aportaron pruebas

42 Audiencia concentrada parte 2, expediente digital penal, índices 45 y 34 Samai del Tribunal Administrativo

del Valle del Cauca.
43 Audiencia concentrada parte 2, expediente digital penal, índices 45 y 34 Samai del Tribunal Administrativo

del Valle del Cauca.

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que demostraran que, por razones de salud, se impidiera la ejecución de la
medida en establecimiento intramural o ameritara una internación en un centro
hospitalario o en su domicilio.

17. Pues bien, evaluada la medida de aseguramiento –a la luz de los requisitos de
la Ley 906 de 2004 y de las pruebas allegadas a este proceso–, se concluye que
esta decisión tuvo fundamento probatorio y se ajustó a los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.

En efecto, como se explicó, la juez justificó su decisión a nivel (i) normativo, (ii)
probatorio y (iii) desde una perspectiva de principios. No se observan en sus
consideraciones argumentos irracionales, subjetivos, caprichosos o arbitrarios.
Valoró cada elemento material probatorio aportado por las partes; dividió los
componentes del informe del CTI y los valoró en conjunto con los elementos
documentales, declaraciones y entrevistas en aspectos tales como: coincidencia,
soporte y uniformidad. Advirtió contradicciones en algunos relatos y enlazó
circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Al analizar (i) la entrevista de Ana Ximena, (ii) el interrogatorio de Elver Estic
García, y (iii) los documentos anexados, se concluyó la existencia de un presunto
vínculo delictivo frente a las transacciones no consentidas de dinero de que fue
víctima COMCAJA. Al respecto, la juez analizó las funciones que cada persona
capturada y vinculada tuvo en el desarrollo del desfalco. Y, con base en esos
elementos materiales probatorios y evidencias físicas, permitió inferir
–razonablemente y preliminarmente– la presunta participación de Ana Ximena
Cuentas Monsalve en esos hechos. Independientemente del curso que tomó el
proceso con posterioridad, y la absolución por duda probatoria del dolo, es decir,
sobre si, efectivamente, la procesada conoció el entramado alrededor del giro de
esos dineros y tuvo la voluntad consciente de realizar la conducta punible
atribuida.

Lo cierto es que la decisión de la juez en ese estadio procesal, es decir, en el
inicio del proceso y en audiencias concentradas, no requería grados de certeza,
sino inferencias razonables de autoría y participación. Y estos elementos, se
reitera, fueron abordados por la juez a la luz de los requisitos adicionales de la
medida privativa: razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Además, su

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argumentación jurídica y probatoria giró en torno de un fin meramente preventivo
–y no sancionatorio– de la medida privativa.

Así las cosas, el daño alegado –privación de la libertad– no se tornó en
antijurídico, porque la medida de aseguramiento tuvo fundamento legal y
probatorio. De manera que, al no sufrirse un daño antijurídico a las voces del
artículo 90 de la Constitución, se confirmará la sentencia apelada.

Costas

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibídem establece que las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. En relación con las agencias en derecho, el numeral 1 de ese
artículo prevé que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. A su turno, el numeral 4 del
mismo artículo establece que cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 10554 de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura –vigente para la fecha en que se presentó la demanda– y de cara

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a la duración y naturaleza del proceso en la segunda instancia, la Sala fijará las
agencias en derecho –en segunda instancia– en un salario mínimo legal mensual
vigente, que estarán a cargo del demandante (a quien se le resolvió de forma
desfavorable el recurso de apelación), la cual se reconocerá en favor de la
demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en esta
decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de las demandadas. FIJAR la suma de un salario mínimo
legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho de la segunda
instancia, que serán divididos en un 50% para cada entidad. Las costas deberán
liquidarse de manera concentrada en el Tribunal.

TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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