Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2016-01168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2016-01168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-010-2016-01168-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-010-2016-01168-01 (2237-2024)
Demandante: Leonor Vélez Bueno
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Reliquidación pensional - Decreto 929 de 1976. Sentencia de
unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca1, que negó las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Leonor Vélez Bueno, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 3, solicitó la nulidad parcial de:
• La Resolución GNR 347563 del 9 de diciembre de 2013, por medio de la cual
se le reconoció la pensión de vejez, de conformidad con lo señalado en el
artículo 21 de La Ley 100 de 1993, con los factores del Decreto 1158 de
1994, con IBL $ 2´547.979, tasa de reemplazo del 64.84%, en cuantía de
$1´652.110.
• La Resolución GNR 319500 del 12 de septiembre de 2014, por la que
reliquidó la pensión de conformidad con lo señalado en el Decreto 929 de
1976, artículo 7.°, con una tasa de reemplazo del 75% y cuantía de la
1 Con ponencia del magistrado Oscar Valero Nisimblat.
2 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI. Primera instancia. Carpeta «009- Digitalización - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip).zip». Archivo «CD1»., «DEMANDA DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEONOR VELEZ.pdf» Folios 63 y s.s.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en
adelante CPACA.
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mesada pensional de «$2´354.375»4. Ésta fue aclarada por acto
administrativo sin fecha frente al nombre de la pensionada.
• La nulidad de:
o La Resolución 189609 del 22 de junio de 2015, por medio de la cual
se revocó la Resolución GNR 319500 del 12 de septiembre de 2014,
al advertir que laboró hasta el 1.° de junio de 2015 en la Contraloría
General de la República y no aportó certificado de factores salariales
de ese último semestre, por lo que la liquidó en $ 2´440.5455 para
2015.
o La Resolución 420694 del 31 de diciembre de 2015, mediante la cual
se negó la solicitud de reliquidación pensional.
o Resolución GNR 56258 del 22 de febrero de 2016 por la que se
resolvió el recurso de reposición y se confirmó la decisión inicial.
o Resolución VPB 18187 del 20 de abril de 2016, por la que, al resolver
la apelación, confirmó la Resolución 420694 del 31 de diciembre de
2015.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se ordene a la entidad accionada reliquidarle la pensión
de vejez conforme con el Decreto 929 de 1976, teniendo en cuenta lo devengado
durante los últimos seis meses y los factores salariales establecidos en el Decreto
1045 de 1978, con inclusión del quinquenio, debidamente indexados hasta la fecha
en que se haga efectivo el pago.
4. Asimismo, solicitó que se le reconozcan y paguen los incrementos anuales
correspondientes, los intereses en mora causados acorde con lo dispuesto en el
«artículo 177 del Código Contencioso Administrativo».
2.1.2. Hechos
5. Se indicó en la demanda que la señora Leonor Vélez Bueno nació el 1.° de
noviembre de 1957 y laboró en varias entidades, principalmente en la Contraloría
general de la República, por aproximadamente 23 años y su último cargo fue el
profesional universitario, nivel profesional, grado 01.
6. Mediante Resolución GNR 347563 del 9 de diciembre de 2013, expedida por la
Administradora de Pensiones COLPENSIONES, se le concedió la pensión de
jubilación por valor de $1´652.110 modificada mediante la Resolución GNR 319500
del 12 de septiembre de 2014.
7. Posteriormente se le reliquidó su pensión mediante la Resolución GNR 319500
del 12 de septiembre de 2014, por un valor de $2´354.375, que fue aclarada
mediante Acto Administrativo sin fecha, frente al nombre de la pensionada.
4
Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI. Primera instancia. Carpeta «009- Digitalización - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip).zip». Archivo «CD1»., «DEMANDA DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEONOR VELEZ.pdf» Folio 19.
5
Ibidem. Folio 33.
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8. Luego, esta decisión fue revocada por la Resolución 189609 del 25 de junio de
2015, al advertir que laboró hasta el 1.° de junio de 2015 en la Contraloría General
de la República, periodo del que no aportó certificado de factores salariales de ese
último semestre, pese a lo cual liquidó la prestación en $ 2´440.545 para 2015.
9. La demandante solicitó la reliquidación de su pensión, con la aplicación íntegra
del Decreto Ley 929 de 1976.
10. A través de la Resolución GNR 420694 del 31 de diciembre de 2015,
COLPENSIONES, negó la solicitud decisión contra la cual la peticionaria formuló
los recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos de forma negativa por
la entidad mediante las Resoluciones GNR 56258 del 22 de febrero de 2016 y la
VРB 18187 del 20 de abril de 2016, por las que se confirmó en todas sus partes la
Resolución GNR 420694 del 31 de diciembre de 2015.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
11. Como normas vulneradas citó los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 7, 17 y
23 del Decreto 929 de 1976 y 40 del Decreto 720 de 1978.
12. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen las disposiciones señaladas por cuanto se debe dar aplicación integral
del Decreto 929 de 1976 por su labor en la Contraloría General de la República y
que debieron atender a todos los factores base de liquidación certificados por la
Gerencia de Talento Humano de la entidad para la que laboraba, divididos por 6 y
multiplicados por el 75%, en atención a lo señalado en el artículo 7.° del Decreto
929 de 1976.
13. Así mismo se debieron atender a los factores salariales del Decreto 1045 de
1978, esto con inclusión del quinquenio establecido en el artículo 23 del Decreto
929 de 1976.
2.2. Contestación de la demanda6.
2.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones, por intermedio de
apoderada judicial, se opuso a las pretensiones.
14. Para ello indicó que la señora Leonor Vélez Bueno no tenía derecho a obtener
la reliquidación pretendida, toda vez que se le reconoció la prestación de jubilación
con base en la Ley 100 de 1993, artículo 36, por tanto, al ser beneficiaria del
régimen de transición y de la aplicación de decreto 929 de 1976, no obstante los
regímenes especiales sólo garantizan a sus beneficiarios la edad, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho y el monto de
la prestación pero no lo referente al ingreso base de liquidación pensional, que se
6 Folio 71 y s.s. Archivo «006Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)»
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rige por lo previsto en el inciso 3.° del citado artículo 36, que para el evento de
quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho es el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el
tiempo si éste fuere superior, promedio, que se actualizará anualmente con el índice
de precios al consumidor; así el reconocimiento de la pensión se hiciera con base
en la Ley 33 de 1985 o regímenes especiales, no procede la reliquidación del IBL
con los factores salariales del último año de servicio.
15. Finalmente, debe atenderse a las sentencias C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015
y SU- 427 de 2016, emitidas por la Corte Constitucional en las que se estableció la
interpretación del cálculo del ingreso base de liquidación según la cual se debe
acatar las reglas contenidas en la Ley 100 de 1993 independientemente del
régimen mediante el cual se le haya reconocido la pensión.
16. Luego de realizar una exposición de los actos expedidos en el curso de la
actuación administrativa, propuso las excepciones denominadas i) inexistencia de
la obligación reclamada, (ii) prescripción trienal, (iii) innominada y (iv) buena fe.
2.3. La sentencia apelada7
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia de 8 de
febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
18. Como fundamento de su decisión se refirió a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 11 de junio de 2020 donde se indicó que el Decreto 929 de
1976 estableció el régimen de prestaciones sociales para los funcionarios y
empleados de esta entidad, y en su artículo 7.° dispuso que «tendrán derecho, al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20
años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la
Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre».
19. Destacó esa corporación que los efectos de la decisión de unificación eran
retrospectivos y por tanto debían aplicarse a los casos que estuvieran en discusión
en sea administrativa y judicial.
20. Examinó en acervo probatorio del que destacó que la demandante nació el 1.°
de noviembre de 1957 y laboró en la Contraloría General de la República desde el
22 de mayo de 1990 hasta el 31 de mayo de 2015, por lo que era evidente que era
aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
21. Luego se refirió a los actos administrativos demandados y concluyó que
Colpensiones al momento de reliquidar la pensión de la demandante mediante
7 Folio 150 y s.s. del expediente.
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Resolución GNR 319500 del 12 de septiembre de 2014, dio aplicación de manera
integral al artículo 7.° del Decreto 929 de 1976, pues para ese momento no se había
extendido el criterio jurisprudencial que exceptuaba el IBL del régimen de transición.
En dicha oportunidad, la demandada mencionó que el cálculo de IBL se había
realizado con base en la información de aportes reportada por la Contraloría
General de la República, al no contar con el certificado de factores devengados por
la actora en el último semestre de servicio, pero sobre dicho promedio aplicó el 75%
que establecía dicha disposición y a pesar de que no se contó con el listado de
factores devengados, COLPENSIONES tuvo en cuenta el IBL de dicho régimen
especial.
22. Destacó que como lo pretendido por la demandante era obtener la reliquidación
con todo lo devengado en los últimos seis meses de servicios, no podía accederse
a su solicitud dadas las reglas jurisprudenciales según las cuales en la aplicación
del régimen de transición se exceptúa lo relacionado al IBL, pues éste deberá
calcularse de conformidad a lo establecido en el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de
1993 y atendiendo a los factores del Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se
realizaron aportes.
23. Finalmente indicó que las sentencias de unificación eran de obligatoria
aplicación para los casos que se encontraban pendientes de decisión administrativa
y judicial y en esa medida no podía ignorarse las pautas allí dictadas. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas
en esa instancia.
2.5. Recurso de apelación8
24. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que al
momento de presentar la demanda su actuación procesal estuvo guiada por la
jurisprudencia vigente del Consejo de Estado9, la cual establecía que en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las normas anteriores, en este caso
el Decreto 929 de 1976, debía aplicarse de manera integral para definir edad,
tiempo de servicio y monto de la pensión, incluyendo la tasa de reemplazo y el
ingreso base de liquidación. Sin embargo, el Tribunal aplicó un cambio
jurisprudencial posterior, alterando de forma sorpresiva las reglas bajo las cuales
se estructuraron las pretensiones.
25. Este cambio produjo consecuencias jurídicas desfavorables, pues impuso
criterios inexistentes al momento de la radicación del proceso, que permaneció sin
decisión durante varios años. Tal actuación, según la apelante, vulneró derechos
fundamentales como el debido proceso, el acceso efectivo a la administración de
8 Archivo «018_MemorialWeb_Recurso.pdf».
9 Citó las sentencias número: 25000-23-25-000-2005-06131-01(0604-07) del 11 de marzo de 2010, con
ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero; radicación 25000-23-25-000-2010-00014-01(1849-13)
del 9 de abril de 2014 C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; radicación 520012331000200800481 01 del
30 de marzo de 2011 –C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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justicia, la igualdad y la confianza legítima, al desconocer las expectativas creadas
conforme al precedente aplicable en su momento.
26. Sostuvo que, al cumplir los requisitos del Decreto 929 de 1976, la pensión debía
liquidarse con base en el promedio salarial de los últimos seis meses y aplicar el
75%, lo que no ocurrió. Asimismo, debió incluirse el quinquenio como factor salarial,
dado que la jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce que los factores de
liquidación no son taxativos e incluyen todos los ingresos habituales y periódicos,
condición que cumplía dicho emolumento.
27. Finalmente, se cuestionó la condena en costas impuesta a la demandante, por
cuanto no existe prueba alguna que acredite su causación, ni una valoración
mínima por parte del despacho que justifique dicha decisión.
2.6. Trámite en segunda instancia
28. A través de auto de 12 de junio de 202410, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora.
29. En esta etapa procesal tanto las partes como el Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
31. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 11 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
32. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
33. En el asunto objeto de estudio, la demandante es apelante única, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
10 Índice 4. Segunda instancia.
11 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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esgrimidos en el recurso de apelación.
3.3. Problemas jurídicos
34. De acuerdo con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar
¿si la señora Leonor Vélez Bueno, por ser beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de
su pensión de vejez, atendiendo para ello al 75% de lo devengado en los últimos
seis meses, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
en el último semestre de servicios, en aplicación del régimen especial previsto en
el Decreto 929 de 1976?
35. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, deberá
verificarse si era procedente que se le impusiera costas a la demandante en primera
instancia.
36. Para resolver, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) marco
normativo y jurisprudencial aplicable al caso y (ii) caso concreto.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial
3.4.1. Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 929 de
1976 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
37. El Decreto 929 de 1976, en su artículo 7.º, consagró un régimen especial de
pensiones para los servidores de la Contraloría General de la República, así:
«ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido
exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último semestre».
38. Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de 11 de junio de 202012, fijó la siguiente regla en relación con el IBL de
las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les aplica
el régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la República:
«El Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos
del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36
de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020,
radicación 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014).
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39. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la
siguiente:
«53. De acuerdo con la regla y subreglas contenidas en el precedente de Sala
Plena13, el ingreso base de liquidación para las pensiones de quienes están en
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de la norma anterior en cuanto a edad, tiempo de servicio y tasa de
retorno.
54. Lo expresado resulta importante para esta providencia, pues si bien aquel
precedente atañe al régimen general anterior contenido en la Ley 33 de 1985,
constituye un referente jurisprudencial pertinente, y por ende, plausible su
aplicación para quienes siendo beneficiarios de la transición, definieron su derecho
conforme a una norma especial; pues, el Sistema General de Pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 no estableció tratos diferenciales para los distintos servidores
públicos, y muestra de ello es que ingresaron a él solo en consideración al sector a
donde estaban vinculados14, sin atender las instituciones empleadoras ni las
entidades previsionales que los amparaban.
55. En apoyo de tal conclusión, la Sala encuentra que la Corte Constitucional a
través de la sentencia SU-395 de 2017, al resolver acciones de tutelas contra fallos
que ordenaron reliquidación de pensiones especiales, entre otras del Decreto 929
de 1976 (Contraloría General de la República), y con sustento en la tesis plasmada
en el fallo C-258 de 201315, indicó:
En primer lugar, tal como se advertía en el capítulo anterior sobre el alcance del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Caja
Nacional de Previsión Social -Cajanal E.I.C.E.- acertadamente se rigió para el
reconocimiento y pago de las pensiones de las demandantes en los casos bajo
estudio, por la citada Ley y su régimen de transición, que mantuvo (i) el tiempo de
servicios, (ii) la edad y (iii) el monto de la pensión del régimen anterior; por ello,
aplicó el Decreto 929 de 1976 en esos aspectos, pero no para los factores
salariales, porque le correspondía lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus
Decretos reglamentarios, señalados específicamente en el Decreto 1158 de 1994.
Sin embargo, en las sentencias objeto de acción de tutela se interpretó que los
factores salariales deben ser los consagrados en el régimen anterior, en cuanto que
las demandantes son beneficiarias del régimen de transición. Es decir, se concluyó,
sin más, que el monto de la pensión al que se refiere el inciso segundo del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 no significa únicamente la tasa de reemplazo, sino que
también incluye el ingreso base de liquidación en sí mismo considerado y los
factores salariales -y demás elementos constitutivos de la liquidación pensional-.
De esta suerte, concluyeron que a las demandantes se les debía reconocer una
pensión equivalente (i) al 75% (tasa de reemplazo establecida en el art. 7 del
Decreto 929 de 1976) (ii) del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre de servicios (IBL señalado en ese mismo precepto), (iii) incluyendo los
13 Refiriéndose a la sentencia del 28 de agosto de 2018 emitida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, radicado 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino
Cortés.
14 Conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y 2.º del Decreto Reglamentario 691 de 1994, para los
servidores del orden nacional, empezó a regir el 1.º de abril de 1994, mientras que, para los territoriales, el 30
de junio de 1995.
15 Declaró inexequibles apartes del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992.
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factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, por así
autorizarlo el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, que hizo extensivas las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan
a los empleados de la Contraloría General de la República, en cuanto no se
opongan a dicho decreto ni a su finalidad. Igualmente, se dio aplicación al caso del
artículo 40 del Decreto 720 de 1978, que establece factores adicionales de salario,
ordenamiento este último destinado a los servidores del ente fiscal.
Frente a esta conclusión, se advierte, al rompe, un defecto sustantivo por
interpretación contraria a lo expresamente establecido por el legislador en los
incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como por
desconocimiento de las sentencias de constitucionalidad con efecto erga omnes C-
168 de 1995 y C-258 de 2013.
56. Con fundamento en lo disertado, para la Sala es inequívoco que la aplicación
del régimen de transición, aún respecto de beneficiarios de normas pensionales
especiales, solo ampara los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de retorno,
pues la liquidación del derecho, en lo que corresponda atenderá las variables de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.»
40. En este pronunciamiento la Sección Segunda analizó el tema de los aportes
pensionales y el principio de sostenibilidad fiscal, donde concluyó:
«84. De esta manera, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral tienen el
carácter de parafiscales y son obligatorios, tanto para el empleador como para el
empleado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de
efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez
decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo
establecidos.
85. Alrededor de la regulación de los aportes, tenemos que unos son los que el
empleador y empleado debieron haber efectuado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y otros, a partir de ésta. Precisión que resulta de la
mayor relevancia, ya que de ello dependerá la proporción que debió aplicarse en su
momento sobre el ingreso base de cotización.
[…]
91. Lo anterior resulta importante, porque en función de los principios de
sostenibilidad financiera y de solidaridad, inherentes al sistema pensional, la
cotización pensional antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, constituye parte del soporte fiscal que sustenta las pensiones reconocidas, lo
cual se reguló en la forma que quedó indicada, o en casos especiales, a partir de
normas concretas que así lo dispusieron.
[…]
106. En el contexto anterior, la Sala, luego de analizar el conjunto de normas
salariales y prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la
República, encuentra que en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones
para pensión solo afectan a los factores que expresamente señaló el
reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pues antes de tal norma,
la base de cotización la constituía la asignación básica. En otros términos,
ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para tal sector
dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada.»
(Negrilla y subrayado de la Sala)
9
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41. Conforme lo indicó la Sección Segunda, el IBL de la pensión, para quienes
están en transición, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Empero, estas personas se
pensionarán con los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en el Decreto
929 del 1976, siempre que cumplan con los requisitos para la aplicación de dicho
régimen.
42. Es importante señalar que la sentencia de unificación en mención constituye un
precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente
iguales, además, en ella se precisó que las reglas que allí se fijaron se aplicarían
con efectos retrospectivos:
«(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el
seno de la administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los
procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado, y los futuros que se presenten. En
consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya
existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos
están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».
(Negrilla de la Sala).
3.4.2. Análisis del caso concreto
43. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia con el fin de que se revoque y en su lugar se ordene la
reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último semestre de servicios, en especial, el quinquenio.
44. En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones con base en que actualmente debe darse aplicación a la interpretación
dada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
de 11 de junio de 202016, conforme a la cual el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto al periodo corresponde a
las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma y respecto a los
factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1.º del Decreto
1158 de 1994.
45. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, cuya autenticidad no fue controvertida por las partes, el cual le
permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:
a). Edad de la demandante. La señora Leonor Vélez Bueno nació el 1.° de
noviembre de 195717, por lo que cumplió la edad de 55 años el 1.° de noviembre
de 2012. Para el 1.° de abril de 1994, contaba con 36 años de edad.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020,
radicación 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-2014).
17 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI. Primera instancia. Carpeta «009- Digitalización - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip).zip». Archivo «CD1»., «DEMANDA DE NULIDAD Y
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b). Tiempo de servicios laborados y conceptos devengados.
De acuerdo con el registro de semanas reportado por COLPENSIONES en la
Resolución VPB 18187 de 20 de abril de 201618, los tiempos reportados por la
demandante para el reconocimiento de su pensión de jubilación son los siguientes:
46. Los tiempos relacionados en la Contraloría General de la República se
corroboran con la certificación laboral de 3 de noviembre de 201219 expedida por
esa entidad y según la cual, laboró allí desde el 22 de mayo de 1990 y en el año
2012 se desempeñaba como profesional universitaria, grado 01, del Grupo de
Vigilancia Fiscal del Valle del Cauca. Sólo se le reportó asignación salarial de
$2´889.274, sin factores salariales adicionales para esa época:
47. Así mismo, a través de la Resolución ORD-81117-0001253-201520 de 6 de
mayo de 2015 se le aceptó la renuncia a partir del 1.° de junio de ese mismo año.
En ese mismo documento, se certificó que la demandante devengó desde
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEONOR VELEZ.pdf». Cédula de ciudadanía visible en los folios 2 y
s.s.
18 Ibidem. Folios 51 y s.s.
19 Primera instancia. Carpeta «010- Digitalización - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip).zip\CD2\12
dic 2016\LEONOR VELEZ». Archivo «762012111900102001006813020.TIF».
20 Ibidem. Archivo «GEN-ANX-CI-2015_8866199-20150918083459.pdf»
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diciembre de 2014 a mayo de 2015, sueldo, prima de vacaciones, prima de
servicios, prima de navidad, bonificación por servicios, «bonificación especial QQ»
e «indemnización vacaciones».
c). Actuación administrativa.
48. A través de la Resolución GNR 347563 del 9 de diciembre de 2013 21,
expedida por COLPENSIONES se le reconoció la pensión de jubilación, de
conformidad con lo señalado en el artículo 21 de La Ley 100 de 1993, con los
factores del Decreto 1158 de 1994, con IBL $ 2´547,979, tasa de reemplazo del
64.84%, en cuantía de $1´652.110.
49. Por Resolución GNR 319500 del 12 de septiembre de 2014 22 dictada por el
gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y
Prestaciones de Colpensiones, se reliquidó la pensión de conformidad con lo
señalado en el Decreto 929 de 1976, artículo 7.°, con una tasa de reemplazo del
75% y cuantía de la mesada pensional de $2´354.375.
50. Allí se estableció que de acuerdo con la Circular 054 de 2010 expedida por el
Procurador General de la Nación y la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la
Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y
Beneficios, la liquidación se efectuaba teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 7, del Decreto 929 de 1976, incluyendo como ingreso de cotización los
factores salariales que constituyan una remuneración habitual y periódica,
como son los establecidos en los Decretos 720 de 1978, 1045 de 1978 y 1158
de 1994, aplicable por remisión del artículo 17 del Decreto 929 de 1976.
51. El acto administrativo estableció un monto global de IBL por $3´139.167, sin
precisar los factores salariales que se tomaron para tal efecto, a lo que aplicó una
tasa de reemplazo del 75.00% y una mesada pensional de $2´354.375 para el año
2014.
52. Esta Resolución fue aclarada por acto administrativo sin fecha frente al nombre
de la pensionada (folios 22 y s.s.23).
53. Posteriormente, en virtud del retiro del servicio que ocurrió el 1.° de junio de
2015, la demandante presentó solicitud para el ingreso en nómina el 3 de junio de
2015, COLPENSIONES a través de la Resolución 189609 del 22 de junio de
21 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI. Primera instancia. Carpeta «009- Digitalización - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip).zip». Archivo «CD1»., «DEMANDA DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEONOR VELEZ.pdf». Folios 3 y s.s.
22
Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI. Primera instancia. Carpeta «009- Digitalización - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip).zip». Archivo «CD1»., «DEMANDA DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEONOR VELEZ.pdf». Folio 19.
23 Ibidem.
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201524, solicitó la autorización a la demandante para revocar la Resolución GNR
319500 del 12 de septiembre de 2014, pues advirtió:
«Que una vez revisados los elementos probatorios se determina que la
Resolución No. GNR 31950 del 12. de septiembre de 2014 que concedió
pensión de vejez a favor de VELEZ BUENO LEONOR, […] se encuentra
dentro de la causal No. 1 de la Revocatoria de los actos administrativos de
acuerdo a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, toda vez que la prestación
concedida presenta la siguiente situación:
En primera medida en la. Resolución No. GNR 319500 de 12 de septiembre
de 2014 se reliquida la pensión de vejez a VELEZ BUENO LEONOR, con
una cuantía de $2,354,375 para el año 2014 y actualizado con el IPC dicho
monto al año 2015 corresponde a la suma de $2.440,545. Una vez se realiza
la liquidación de la prestación, se evidencia que la liquidación de la
prestación para el año 2015 es la siguiente:
IBL 3,2261000 x 75,00 = $2,419,500
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
PESOS MICTE. »
54. Aclarado lo anterior, procedió a realizar la liquidación pensional atendiendo a la
fecha de retiro del servicio para lo cual indicó que laboró hasta el 1.° de junio de
2015 en la Contraloría General de la República, no aportó certificado de factores
salariales de ese último semestre. Allí señaló lo siguiente:
55. Es importante indicar que en este acto administrativo se indicó que de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.° del Decreto 929 de 1976, la
pensión sería equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante
el último semestre de conformidad con la norma precitada, por remisión del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. Por ello, en esa oportunidad se atendería a esa norma
y a los factores salariales que constituían una remuneración habitual y
periódica, como son los establecidos en los Decretos 720 de 1978, 1045 de
1978 y 1158 de 1994, este aplicable por remisión del artículo 17 del Decreto
929 de 1976.
56. Igualmente dado que no aportó certificado hasta junio de 2015, tomaría en la
liquidación lo percibido hasta el 30 de abril de 2015, dado que hasta esa fecha se
24
Ibidem. Folios 27 y s.s.
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presentó corte de cotizaciones; no se precisaron los factores ni valores que se tomó
para ello, pero la mesada pensional ascendió a $2´440.545.
57. Posteriormente, la demandante solicitó la reliquidación de su pensión el 18 de
septiembre de 2015, sin embargo, esta fue negada por la entidad a través de la
Resolución 420694 del 31 de diciembre de 2015, visible a folios 36 y s.s.25
58. Contra esta determinación se interpusieron los recursos de reposición y
apelación. Que fueron desatados por las Resoluciones GNR 56258 del 22 de
febrero de 201626 y VPB 18187 del 20 de abril de 201627, ambas en las que se
decidió confirmar la decisión inicial.
3.4.3. Análisis de la Sala
59. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala lo siguiente:
(i). En el caso concreto no existe discusión alguna respecto a que la demandante
es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 199328, puesto que a la entrada en vigencia de dicha norma para los
empleados del orden nacional (1.° de abril de 1994) contaba con más de 35 años
de edad, pues nació el 1.° de noviembre de 1957, asunto que no fue controvertido
dentro del presente proceso.
(ii). Lo anterior le otorgó el derecho a conservar los requisitos de edad, tiempo de
servicios y monto de la pensión, previstos en el régimen anterior que, en su caso,
es el régimen especial del artículo 7.º del Decreto 929 de 1976, toda vez que prestó
sus servicios en la Contraloría General de la República por más de 20 años, desde
el año 1990 hasta el 31 de mayo de 2015.
(iii). Sin embargo, en lo atinente a la liquidación de su pensión, las pautas de
unificación actuales fijadas en la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020
citada, señalan que el ingreso base de liquidación – IBL, de los funcionarios de la
Contraloría General de República disponen que «[…] el ingreso base de liquidación
de las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo corresponde
a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los
factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1º del Decreto
1158 de 1994». Esto, en consideración a que, para su entrada en vigor, a la
demandante le hacían falta más de 10 años para consolidar su estatus pensional.
25 Ibidem.
26 Folios 42 y s.s Ibidem.
27 Folios 49 y s.s. Ibidem.
28 «[…]La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]».
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(iv). Esta regla resulta aplicable al presente asunto, por ser precedente obligatorio
y porque en el sub examine no se ha configurado cosa juzgada. En efecto, la
decisión de unificación establece que:
«110. La sección segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración, y los
que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado, y los futuros
que se presenten. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en
los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya
resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan
inmodificables.
111. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica
y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta
sentencia.»
(v). Asimismo, los factores salariales a incluir en la liquidación de la pensión son
únicamente los enlistados en el Decreto 1158 de 1994 como lo señaló la sentencia
de unificación. Sin embargo, en este caso particular la decisión que actualmente
determina la forma en que se liquida actualmente la mesada pensional de la
demandante como lo es la Resolución 189609 del 22 de junio de 2015, precisó que
atendió a lo establecido en el artículo 7.° del Decreto 929 de 1976, con el 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último que semestre y los factores
salariales que constituyan una remuneración habitual y periódica, como son los
establecidos en los Decretos 720 de 1978, 1045 de 1978 y 1158 de 1994, aplicable
por remisión del artículo 17 del Decreto 929 de 1976. En ese sentido, teniendo en
cuenta los conceptos a los que se refieren esas normas, es dable colegir que la
decisión atacada por la demandante en nulidad y restablecimiento del derecho es
incluso favorable a sus intereses, en comparación con la tesis actual de unificación.
58. Además, no es posible aplicar el anterior criterio de interpretación del régimen
pensional de los funcionarios de la Contraloría General de la República amparados
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que las sentencias de
unificación del Consejo de Estado constituyen precedente en materia de lo
contencioso administrativo; por lo tanto, tienen carácter vinculante para los jueces
y tribunales administrativos, pues, de este modo, se garantizan, entre otros, los
principios superiores de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica tal como lo
reconoce la jurisprudencia constitucional29:
« La obligatoriedad del precedente vertical se justifica en la necesidad de garantizar los
principios de igualdad y seguridad jurídica, así como los de legalidad, buena fe, cosa
juzgada, confianza legítima, además de la racionalidad y razonabilidad30. En efecto,
ante la complejidad pragmática de hacer efectiva la aplicación igualitaria de la ley
(artículo 13 constitucional), la Corte Constitucional ha reconocido que «esta exigencia
[igualdad] resulta posible y verificable a partir de la función que ejercen los órganos de
cierre de la misma jurisdicción y de la fuerza vinculante de sus fallos, los cuales, además
de administrar justicia en los casos particulares, establecen los criterios de coherencia
29 Sentencia T 210 de 2022 de la Corte Constitucional.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011.
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y uniformidad en la práctica judicial que resultan vinculantes para los demás órganos
que resuelvan casos similares»31. Por lo tanto, «la vinculatoriedad de los funcionarios
judiciales al precedente de las altas cortes en cada una de las jurisdicciones significa
una garantía del derecho a la igualdad frente a la ley»32, y genera una mayor coherencia
del sistema jurídico colombiano, «lo cual no se contradice con imperativos de
adaptación a los cambios sociales y económicos»33.
59. De acuerdo con lo anterior, no es posible acceder a las pretensiones de la
demanda que persiguen la reliquidación pensional atendiendo al 75% de los
salarios devengados en el último semestre de servicios con la inclusión de todos
los factores salariales, entre ellos el quinquenio, pues como ya lo determinó esta
corporación en la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020 «El Ingreso Base
de Liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de
1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo
corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y
respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo
1º del Decreto 1158 de 1994».
3.5. Segundo problema jurídico. Se debió condenar en costas en primera
instancia?. Condena en costas de segunda instancia.
60. En relación con la condena en costas bajo la vigencia del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —antes de la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021—, el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 establecía que: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», hoy aplicables las del
Código General del Proceso.
61. Con fundamento en dicha disposición, tanto esta Corporación como los
tribunales y juzgados del país adoptaron, en su momento, un criterio objetivo para
la imposición de costas, en armonía con lo previsto en el artículo 365 del Código
General del Proceso. Bajo este entendimiento, la intervención del apoderado
judicial de la parte vencedora resultaba suficiente para justificar la condena en
costas a cargo de la parte vencida en el proceso.
62. Posteriormente, la modificación del artículo 188 del CPACA, introducida por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dio lugar a interpretaciones disímiles dentro de
la jurisprudencia respecto de la procedencia de la condena en costas. Algunas
decisiones consideraron que no existía fundamento legal para imponerlas en los
eventos regulados por el CGP y por la propia Ley 1437 de 2011.
63. En ese contexto, ante la ausencia de un criterio unificado sobre la materia,
resultaba procedente que el Tribunal Administrativo impusiera la condena en costas
a cargo de la demandante, quien resultó vencida en el proceso, en tanto se constató
la actuación del apoderado judicial de la entidad demandada, circunstancia que
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2011. Citada en la Sentencia SU-611 de 2017.
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encaja dentro de los supuestos previstos en el Código General del Proceso. Por
ello, se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto a las costas
decretadas.
64. En lo que respecta a las costas generadas en la segunda instancia, la
Subsección A que, ha señalado que, de una lectura armónica y útil de la norma se
colige que la aludida reforma establecida en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora Leonor Vélez Bueno contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones, dentro del proceso del epígrafe, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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