Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-010-2016-01269-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-010-2016-01269-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-010-2016-01269-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-010-2016-01269-01 (28724)
Demandante FUNDACIÓN MAYAGÜEZ
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2011. Adición de ingresos.
Renta exenta régimen tributario especial. Condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 09 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca1, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de Liquidación Oficial de Revisión No.
052412015000012 del 12 de marzo de 2015 y de la Resolución No. 002588 del 07 de abril de
2016, proferidas por la DIAN, pero sólo en lo referente al valor a pagar por concepto de la
sanción por inexactitud. En consecuencia,
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, reliquidar la sanción por inexactitud que
le corresponde pagar a la FUNDACIÓN MAYAGÜEZ por la declaración de renta del año 2011,
a la suma de $$771.711.000.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- Sin condena en costas. (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 13 de abril de 2012, la Fundación Mayagüez (FUNDACIÓN), entidad sin ánimo de
lucro perteneciente al régimen tributario especial, presentó su declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios de 2011, liquidando en ella renta exenta
y saldo a pagar.
Previa emisión del requerimiento especial2 y su correspondiente respuesta, el 12 de
marzo de 2015 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió la
liquidación oficial de revisión 0524120150000123, en la cual propuso adicionar
ingresos brutos no operacionales, derivados del beneficio neto o excedente de 2010
acumulado en el año 2011, y rechazar la renta exenta declarada por el año 2011,
reliquidando la renta gravable, el impuesto y el saldo a pagar e imponiendo sanción
por inexactitud.
La FUNDACIÓN interpuso recurso de reconsideración4 contra la liquidación oficial de
revisión, el cual fue resuelto mediante resolución 002588 del 07 de abril de 20185
que confirmó el acto definitivo.
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Samai Tribunal, índice 18.
2
Folio 651, Caa.
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Folio 777, Caa.
4
Folio 788, Caa.
5
Folio 839, Caa.
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Demandante: Fundación Mayagüez
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las
siguientes pretensiones6:
I. Que se declaren nulas por ser contrarias a la Constitución y a la Ley la Liquidación Oficial
de Revisión No. 052412015000012 del 12 de marzo de 2015 y la Resolución Por la Cual
se Decide un Recurso de Reconsideración No. 002588 del 7 de abril de 2016, producida
la primera por la Dirección Seccional de Impuestos de Cali – DIAN Cali, y la segunda por
la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica,
correspondientes al impuesto sobre la renta por el año gravable 2011.
II. Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atrás individualizados
se restablezca en su derecho a FUNDACIÓN MAYAGUEZ declarando lo siguiente:
a) Que la liquidación privada presentada por FUNDACIÓN MAYAGUEZ
correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del año gravable 2011, se encuentra en
firme;
b) Que se cancelen los registros contables que la Dirección Seccional de Impuestos de
Cali – DIAN Cali hubiere abierto a FUNDACIÓN MAYAGUEZ como deudora del
Impuesto Sobre la Renta por el año gravable 2011.
El actor invocó la vulneración del preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 29, 83, 209, 228
y 363 de la Constitución; 19 numeral 1, 357, 647, 654, 683, 742 y 772 del Estatuto
Tributario; 3, 10 y 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y 106 del Decreto 2649 de 1993. Sustentó la
vulneración de las normas como sigue:
1. Abuso de poder
Planteó que las actuaciones no cumplieron los principios de equidad y eficiencia y
que se olvidó que el preámbulo de la Constitución ordena justicia para el pueblo de
Colombia
2. Violación a normas superiores
2.1. Ejecución del objeto social de la Fundación
Relató que la FUNDACIÓN se constituyó el 20 de noviembre de 2009 para contribuir
con el mejoramiento de las comunidades vulnerables en la zona de influencia del
Ingenio, con el fin de fomentar la educación, la generación de ingresos, la
participación ciudadana, el desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación.
Narró que, en desarrollo del objeto, se instituyeron diversos programas y frentes de
acción, cuyas inversiones se realizaron durante 2010 y 2011. Describió los
programas denominados Aceleración de aprendizaje, Edulzarte, Becas ICESI,
Formación en tecnología, información y comunicación, Mejora de calidad educativa,
Gestión Ciudadana, Formación empresarial, Formación en oficios, Jornada social,
Formación de Liderazgo, Plan Padrinos, Aguinaldo de navidad, Complejo educativo
la pradera.
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Samai Tribunal, índice 33.
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Demandante: Fundación Mayagüez
2.2. Prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
A partir de la sentencia C-026 de 1993 de la Corte Constitucional, concluyó que la
demandada vulneró el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, pues
el requisito exigido por la demandada no afecta las inversiones y proyectos
debidamente ejecutados por ella para cumplir sus fines. Agregó que dar prevalencia
a las formalidades pone en riesgo los planes y proyectos en favor de la comunidad
y castiga a una de las pocas entidades sin ánimo de lucro que ejerce acciones en
favor de grupos menos favorecidos.
Insistió en que es obligación de la DIAN dar prevalencia al hecho o sustancia real de
cada operación en concreto que en este caso corresponde a las efectivas
inversiones y programas comprobadamente ejecutados en favor de poblaciones
vulnerables, es decir que se ha cumplido con la reinversión de los recursos. Recalcó
el imperativo de aplicar la prevalencia de la sustancia sobre la forma a partir de las
sentencias C-366 de 2000 y T-197 de 1995 de la Corte Constitucional, el cual se
extiende a las autoridades administrativas.
Alegó que la demandada se limitó única y exclusivamente a verificar el rigor formal
(contenido de las actas del consejo administrativo), sin auscultar la verdad del hecho
económico que es la ejecución de los programas de la FUNDACIÓN, quien cumplió su
labor social en cumplimiento del principio de solidaridad y del interés general.
Subrayó que ha dado cabal cumplimiento a su objeto fundacional y destacó la
importancia de las entidades sin ánimo de lucro, sobre lo cual citó el informe de la
Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria. Descartó la
realización de donaciones simuladas o maniobras elusivas que merecieran castigo.
2.3. Violación de los principios de igualdad, equidad y legalidad
Conceptualizó el principio de igualdad para advertir que, en un caso semejante,
abierto contra el Colegio Bolívar de Cali por el impuesto sobre la renta del 2002, la
autoridad fiscal aceptó la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y
aseveró que tanto el acta como su oportunidad son formalidades que en nada
afectaban que el excedente neto si se hubiera realizado, así como su destinación.
Es decir, dio prevalencia al hecho real y material de inversión del excedente.
Indicó que los argumentos expuestos para el caso del Colegio Bolívar debieron
replicarse en este caso, en desarrollo del principio de igualdad aplicable en la
función pública, el cual se omitió junto a los de equidad y legalidad.
2.4. Cumplimiento de la carga de la prueba- valoración probatoria
Señaló que la demandada sin motivación denegó la inspección contable solicitada
para verificar los excedentes netos de los años 2010 y 2011. Anotó que probó y
buscó probar la debida destinación y ejecución de los excedentes netos desde 2010
a 2014, pero la DIAN rechazó la inspección contable. Insistió en que la autoridad
fiscal tuvo conocimiento de la contabilización de todas las operaciones y se le
entregaron todos los documentos de prueba sobre la destinación de los excedentes
netos.
Resaltó que los errores contables fueron corregidos cuando se evidenciaron
(después de la inspección tributaria), sin que estos debieran enmendarse antes de
ella, como afirmó la demandada, pues esto cual contradice el Decreto 2949 de 1993.
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Mencionó que la administración debe analizar las pruebas y motivar de hecho y de
derecho su procedencia o improcedencia.
2.5. Adición de ingresos gravados
Sostuvo que sí destinó y ejecutó en programas que desarrollaban el objeto social el
beneficio neto del 2011, sobre lo cual presentó cuadro con desglose de cada uno
de ellos y su valor. Mencionó que se desarrollaron los programas de alfabetización,
como apoyo a niños y jóvenes de 5 a 12 años para fortalecer normas, convivencia
y formación para primera comunión; de formación empresarial para fomentar ideas
de emprendimiento; y de formación en oficios para desarrollo empresarial y
personal.
Dijo que todo lo anterior se puede evidenciar en el anexo 1 aportado en respuesta
al requerimiento especial y en el informe de gestión del 2011, conforme consta en
el acta 11 de la reunión del consejo administrativo. Mencionó que la acumulación
de excedentes contables de 2010 que se observa en los estados financieros y
balance de comprobación de 2011 obedece a un error en el direccionamiento
contable de las partidas patrimoniales de la FUNDACIÓN que no impide gozar de la
renta exenta. Acotó que el error fue subsanado en los estados financieros de 2014.
Reiteró que los errores contables deben corregirse cuando se advierten y que no
merece ser sancionada por un mero formalismo. Expuso que la administración debe
recurrir a cualquier medio de prueba para verificar la reinversión de los excedentes
ante una falencia formal, máxime cuando ella cumple una verdadera labor social.
Invocó el espíritu de justicia para recalcar que no puede ser condenado aquel
individuo que ha obrado correctamente en la determinación de sus impuestos y ha
contribuido al apoyo de comunidades y grupos menos favorecidos pues la ley
tributaria castiga la elusión o evasión, mas no los meros formalismos. Relató que lo
importante es que la entidad sin ánimo de lucro cumpla el fin para el cual fue creada
y que la falencia en que se basan los actos es el hecho de que el acta 008 del
consejo administrativo de 28 de abril de 2011 no hizo mención expresa a la
destinación del excedente en 2011, siendo que la administración debió acudir a
otros medios de prueba.
Precisó que, en aplicación del espíritu de justicia, debe apreciarse la verdad
económica y material, cual es la reinversión de los excedentes, lo cual está probado,
so pena de afectarse la comunidad y actividades sociales destinatarias de los
proyectos de la FUNDACIÓN. Instó a valorar otras actas que evidenciaban la
destinación y ejecución del excedente.
2.6. Desconocimiento de renta exenta
Narró que la renta exenta se desconoció por cuanto la destinación del beneficio neto
de 2011 se aprobó en fecha posterior a la presentación de la declaración, lo cual
era contrario al artículo 8 del Decreto 4400 de 2004. Resumió los argumentos de la
sentencia exp. 13339 del 29 de enero de 2004 del Consejo de Estado, que declaró
la legalidad del artículo 5 del Decreto 124 de 1997, norma según ella, idéntica al
artículo 8 del Decreto 4400 de 2004, para establecer que el requisito de aprobación
previa por parte del órgano no limita el acceso a la renta exenta, ni es el único
requisito para ello, siendo el acta prueba eficaz más no exclusiva. Resaltó que el
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contribuyente sigue teniendo libertad probatoria, que el acta no demuestra la
inversión en las actividades y programas y que el juez debe valorar otras pruebas.
Reparó en que la DIAN criticó que no se constituyeran reservas o cuentas de
asignación permanente y observó que en el acta 11 se consignó que los programas
a ejecutar requerían de un plazo adicional a un año, en especial, respecto del
Proyecto del Colegio de Pradera. Manifestó que dicho término podía evidenciarse
en los puntos 2 y 5 del acta 010 del 8 de febrero de 2012, la cual es previa a la
presentación de la declaración de renta del 2011.
Añadió que en el punto 7 del acta 011 literal d) se empleó el término “asignación
permanente” el cual debe entenderse como “plazos adicionales”, pues si se hubiese
querido determinar realizar la asignación, esta se hubiese visto reflejada en los
estados financieros. Enfatizó en que los plazos adicionales no constaron ni debían
constar en sus estados financieros y que el acta presentaba una imprecisión en la
redacción, siendo intención del consejo administrativo desarrollar programas en
plazo superior a un año y no constituir asignaciones permanentes.
Mencionó que el consejo directivo hizo las aclaraciones pertinentes en reunión del
11 de septiembre de 2014, en donde aclaró el acta 11. Refirió que el acta aclaratoria
es prueba pertinente y conducente de la inversión real y material realizada por ella
y que, el error en la redacción del acta 11 no debe dar lugar rechazo a la renta
exenta, dado que el excedente se destinó a programas que desarrollan el objeto
social de la FUNDACIÓN.
Aclaró que el valor del excedente neto era de $3.233.279.000 (contable) y no de
$3.546.319.000, este último correspondiente a la renta exenta llevada a la
declaración de 2011. Presentó cuadro con los excedentes ejecutados por 2012,
2013 y 2014, con desglose por proyecto. Describió los proyectos adelantados en
2012 a 20137 y reiteró en que allegó anexo detallado con la respuesta al
requerimiento especial y que remitió el informe de gestión de 2012, así como
también anunció anexar el detalle de inversiones de 2013 con la demanda y el
informe de gestión.
Agregó que todo lo anterior aclara el señalamiento de que no se estableció cómo
se destinaría el excedente e instó a aplicar los principios de buena fe, el espíritu de
justicia, la prevalencia del derecho sustancial, la equidad, eficiencia y progresividad
y la realidad económica.
3. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Se opuso a la sanción dado que no incluyó datos falsos, inexactos, equivocados o
inexistentes en la declaración y las cifras están soportadas en la contabilidad. Alegó
una diferencia de criterios dado que se exigieron pruebas no previstas en el Estatuto
Tributario. Insistió en que se demostró la reinversión y ejecución de los excedentes
en obras y programas.
Sostuvo que no se generó daño al Estado debido a que la administración no fue
engañada mediante la utilización de datos falsos o equivocados, ni este se
comprobó o se demostró la culpabilidad.
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Complejo educativo de Pradera, programa becas ICESI, aceleración del aprendizaje, alfabetización, mejoramiento de
calidad educativa de instituciones públicas, un computador por niño – OLPC, Edulzarte, gestión ciudadana, escuela de
formación en oficios y formación empresarial, escuela de liderazgo, jornadas sociales, apoyo a las comunidades y fondo
de pequeñas donaciones, aguinaldo Mayagüez y plan padrino.
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Demandante: Fundación Mayagüez
Oposición de la demanda
La demandada controvirtió las pretensiones de la demanda8, con fundamento en lo
siguiente:
Expuso que las formalidades legales previstas en normas tributarias especiales no
se contraponen a los requisitos que deben cumplir los contribuyentes del régimen
tributario especial en relación con el beneficio neto o excedente, sobre lo cual citó
la sentencia C-026 de 1993 de la Corte Constitucional. Citó diversas sentencias del
Consejo de Estado sobre la prevalencia de la sustancia sobre la forma9.
Sobre la violación al principio de igualdad, estableció que las circunstancias de
hecho que rodean a cada contribuyente varían y que el hecho de que se hubiese
adelantado un proceso de determinación a una institución educativa en Cali por
hechos similares no implica que todos los casos deban tratarse de manera igual.
Resaltó que la liquidación se basó en las pruebas obtenidas en la investigación que
controvirtieron la veracidad de la declaración y que a todos los contribuyentes se les
trata de la misma forma en el procedimiento tributario.
Indicó que la línea del proceso abierto contra el colegio de Cali no es la posición de
la administración pues ese es un caso único, particular y concreto. Dijo que no es
factible aplicar una interpretación analógica o extensiva de las normas para derivar
beneficios o tratamientos preferenciales no previstos en ellas y que el legislador
estableció requisitos para la procedencia de la exención del beneficio neto o
excedente, los cuales deben cumplirse en su totalidad por los contribuyentes.
Frente al hecho de que no se decretara la inspección contable, precisó que se
decretó la inspección tributaria con la que se demostró la no ejecución del excedente
neto del 2010 y de 2011, lo cual desvirtúa el concepto de tarifa legal que pretende
hacer valer la FUNDACIÓN. Indicó que la existencia de documentos soporte no
subsana el incumplimiento de requisitos para la procedencia de un beneficio y que
los funcionarios realizaron todas las actividades para verificar la destinación y
ejecución del excedente neto.
Observó que las actas del consejo directivo dan cuenta de que las reuniones se
efectuaron con posterioridad a la presentación de la declaración del año 2010 y, en
particular que:
• El acta 008 de abril 28 de 2011 no mencionó la propuesta y destinación del excedente
correspondiente a la renta exenta del 2010.
• El acta 010 del 08 de febrero de 2012 tampoco hizo lo propio con los excedentes de 2010 y
2011.
• Los estados financieros hacen referencia a un excedente de $3.233.279 al que hace mención
el acta 011 del 09 de mayo de 2012.
Consideró que ninguno de los documentos señalados hizo mención a la ejecución
del excedente de 2010 y, por el contrario, este no fue ejecutado pues fue acumulado
con el de 2011. Desestimó que esto fuera un error contable dado que el contador y
revisor fiscal certificaron la contabilidad y solo hasta 2014 se procedió a corregir el
supuesto error.
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Samai Tribunal, índice 33.
9
Sentencias del 13 de diciembre de 1995, exp. 7159, M.P. Delio Gómez Leyva, del 2 de marzo de 1990, exp. 1957, M.P.
Jaime Abella Zárate y del 10 de julio de 2002, exp. 12411, M.P. Germán Ayala Mantilla.
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Expuso que no basta que las actas expongan los programas a ejecutar, sino que
también deben cumplirse los requisitos de determinación y destino del excedente
por parte del máximo órgano directivo. Acotó que no se probó la ejecución del
excedente de 2010 en el año siguiente a su aprobación, ni se hizo alusión de ello
en las actas.
Sobre el rechazo de la renta exenta, evidenció que el acta 011 del 9 de mayo de
2012 fue posterior a la presentación de la declaración de renta de 2011, el 13 de
abril de 2012, de manera que la asignación permanente no se aprobó en forma
previa. Destacó las inconsistencias entre el valor del excedente consignado en los
estados financieros y en el acta de asamblea, así como la ausencia de registro de
la asignación permanente en la contabilidad. Afirmó que el valor del beneficio neto
o excedente era de $3.233.279.000 y no de $3.546.319.000, este último valor
llevado a la declaración de renta.
Precisó que el acta aclaratoria del 11 de septiembre de 2014 fue posterior y por
fuera de oportunidad legal, por lo que no subsana el cumplimiento de requisitos.
Insistió en que no se constituyó ninguna asignación permanente ni hubo registro
contable alguno de ella y en que la glosa no se sustentó en si el excedente a
reinvertir era el contable o fiscal, sino al hecho de que no se aprobó previamente la
asignación del beneficio y a que la asignación permanente no se registró
contablemente.
Estimó procedente la sanción por inexactitud dado el registro voluntario de la
información por parte del contribuyente y descartó la diferencia de criterios.
Comentó que los actos se motivaron suficientemente.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad parcial de los actos
impugnados y no condenó en costas a la demandada, con fundamento en las
siguientes consideraciones10:
Señaló el alcance del régimen tributario especial y resaltó que el excedente debe
reinvertirse en programas que desarrollan el objeto social de las entidades sin ánimo
de lucro en el año siguiente al de su obtención, salvo que se requieran plazos
adicionales o sean asignaciones permanentes, caso en el cual debe contarse con
aprobación del órgano directivo, previa a la presentación de la declaración de renta
del respectivo período gravable.
Refirió el objeto de la FUNDACIÓN y afirmó que sus órganos de administración eran
el consejo administrativo y el director ejecutivo y tuvo por demostrada la existencia
de los programas adelantados por la FUNDACIÓN. Verificó el contenido de las actas
10 del 08 de febrero de 2012 y 11 del 09 de mayo de 2012, las inversiones
presupuestadas en ellas por 2011 y 2012 y el valor de los excedentes en ellas
consignado.
Respecto del acta 11 del 09 de mayo de 2012 mencionó que esta hizo alusión a lo
ejecutado del presupuesto aprobado para inversiones en 2012 y, respecto de las
proposiciones para ese año, se hizo mención del beneficio neto de 2011 por
$3.546.319.000, del que, por unanimidad, se decidió constituir una asignación
permanente de $2.938.655.680, sin mencionar la destinación del valor restante.
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Samai Tribunal, índice 18.
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Subrayó que la diferencia del excedente con la suma registrada en los estados
financieros derivó de que se hubiese adicionado al excedente de 2011 un valor de
$3.532.000 de gastos no deducibles y de $312.235.000 del excedente de 2010, lo
que generó una diferencia con el valor reportado en los estados financieros.
Observó que en la nota aclaratoria del acta 11, el presidente del consejo
administrativo indicó que el beneficio neto de $3.546.319.000, en realidad
correspondía al excedente neto contable que ascendía a $3.233.279.000, el cual se
destinaría al cumplimiento del objeto social y sería ejecutado durante 2012, 2013 y
2014, plazo adicional contemplado en el artículo 358 del Estatuto Tributario,
considerando el proyecto del complejo educativo de Pradera y los demás. Precisó
que la nota aclaratoria se realizó dos años después de la reunión original en la que
se estableció la destinación que tendría el excedente del año 2011.
Advirtió que en el acta 15 del 17 de abril de 2013 se hizo alusión nuevamente al
excedente acumulado de 2010 y 2011 de $3.545.095.000 y se registró un excedente
por 2012 de $2.710.645.000, sin mención a la forma de inversión de los excedentes.
Concluyó que, para el periodo gravable discutido, se realizaron dos sesiones del
consejo administrativo de la FUNDACIÓN el 08 de febrero y 14 de mayo de 2012. Que,
en la primera, se señalaron las inversiones realizadas en 2011 y se fijó el
presupuesto de inversiones para 2012, y, en la segunda, se abarcó la destinación
del excedente de 2011, dejando claro que al mismo le fue acumulado el excedente
de 2010 y se decidió constituir asignación permanente de $2.938.655.680, sin
mención a la suma restante.
Dijo que en los estados financieros de la FUNDACIÓN se aprecia que para 2012 se
registró una ejecución del beneficio neto del año anterior exento de $1.809.400.000
y se evidencia una acumulación de excedentes de años anteriores, de tal forma que
el excedente de 2011 no se reinvirtió dentro del año siguiente, todo lo cual se
confirma en los balances de comprobación de 2010 a 2011 y de 2011 a 2012.
Complementó que en los estados financieros no se evidenció el registro contable
de la asignación permanente, a pesar de haberse definido en acta del 14 de mayo
de 2012.
Cuestionó la validez de la aclaración del 11 de septiembre de 2014 dado que el
valor declarado como renta exenta para 2011 fue certificado previamente por la
contadora y revisora fiscal de la FUNDACIÓN y aprobado por el consejo de
administración y, solo hasta 2014 con el inicio de la fiscalización, se tuvo
conocimiento de la irregularidad.
Explicó que la FUNDACIÓN tenía hasta el 13 de abril de 2012 para presentar la
declaración de renta de 2011 y la aprobación de la destinación del excedente solo
se dio hasta el 14 de mayo de 2012, por lo que no se cumplió con lo dispuesto en
el artículo 8 del Decreto 4400 de 2004. Consideró que las pruebas aportadas sobre
la ejecución de los proyectos dentro del objeto social no demuestran la reinversión
del excedente de 2011, pues el respaldo de ello debe constar en los estados
financieros que registran excedentes acumulados.
Acotó que las exigencias del Decreto 4400 de 2004 son requisitos para acceder a
la exención, en especial la aprobación de la destinación del beneficio neto, previa
presentación de la declaración de renta. Resaltó que la DIAN basó las glosas no solo
en lo establecido en las actas, sino también en los estados financieros comparados
8
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de 2010 y 2011, los auxiliares contables, los anexos de las declaraciones, los
balances de comprobación y de prueba, los comprobantes de seguridad social,
facturas, entre otros, además de la inspección tributaria y requerimientos a terceros.
Descartó la necesidad de la inspección contable dado que la demandada contaba
con los soportes para analizar la ejecución del excedente y se decretó la inspección
tributaria. Desestimó la violación al principio de equidad procesal, al desconocerse
las particularidades del proceso abierto por la autoridad tributaria contra el Colegio
Bolívar.
Estimó procedente la sanción por inexactitud dada la improcedencia de la renta
exenta y no accedió a la diferencia de criterios. No obstante, la reliquidó en
aplicación del principio de favorabilidad. No condenó en costas al no encontrarlas
probadas en el expediente.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia11, con fundamento en lo
siguiente:
Precisó que es ajeno a la realidad que no hubiese logrado probar la inversión del
excedente, lo que puede corroborarse con una simple visita a los municipios
aledaños al Ingenio. Cuestionó la conclusión del tribunal sobre la reinversión del
excedente de 2010, debido a que solo se basó en las actas de su máximo órgano
social, sin atender al error contable explicado y subsanado en el acta 011 de
septiembre de 2014 y a las demás pruebas. Anotó que dicha conclusión viola la
prevalencia de la sustancia sobre la forma.
Acusó a la sentencia de no analizar las pruebas aportadas y suponer que la
aclaración del acta 011 era fraudulenta, puesto que el error contable se convirtió en
una bola de nieve que fue creciendo y creciendo hasta evidenciarse en 2014, con
posterioridad a la fiscalización. Insistió en que es deber de las autoridades
administrativas dar prevalencia a la sustancia sobre la forma y en que la aplicación
de la realidad económica debe operar respecto de la verdadera reinversión del
excedente neto.
Reparó en que incurrir en un error formal no puede derivar en el pago de un mayor
impuesto y la imposición de una sanción que derivaría en su propia liquidación,
afectando a la comunidad.
Ratificó que sí destinó y ejecutó el beneficio neto de 2011 por valor de $311.816.000,
sobre lo cual presentó cuadro y nuevamente refirió a los programas adelantados.12
Reiteró que no hay duda de la destinación y ejecución del beneficio neto de 2010
durante 2011, lo cual pudo verificarse con la inspección tributaria llevada a cabo por
la DIAN o con una simple visita de campo.
Consideró una contradicción que el tribunal encontrara probada la ejecución de los
proyectos y restara, al mismo tiempo, valor a los contratos, informes, facturas y
cuentas de cobro por no estar respaldadas por los estados financieros, lo cual
vulnera la prevalencia del derecho sustancial. Solicitó la revisión de las pruebas
aportadas, incluyendo la memoria USB.
11
Samai Tribunal, índice 22.
12
Alfabetización, formación empresarial y formación en oficios.
9
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Frente al rechazo de la renta exenta, explicó que lo trascendental es la destinación
directa o indirecta del excedente a programas que desarrollen el objeto social del
ente, lo cual se encuentra plenamente demostrado. Acusó de exceso ritual
manifiesto al hecho de que se exigiera que el máximo órgano social determinara la
ejecución y destino del excedente, previo a la presentación de la declaración de
renta.
Invocó la sentencia enero 29 de 2004 (exp. 13339 M.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié) sobre la legalidad del artículo 5 del Decreto 124 de 1997, equivalente al
Decreto 4400, para señalar que la aprobación de la destinación del beneficio neto
no restringe el acceso a la exención, pues la administración puede verificarla con
otros medios probatorios. Insistió en la aplicación del principio de la sustancia sobre
la forma.
Oposición al recurso de apelación
La demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.13 Insistió en que
el legislador estableció requisitos legales para la procedencia de la exención del
beneficio neto o excedente, que son de obligatoria observancia y que se demostró
que no se destinaron ni ejecutaron los excedentes de 2010, ni tampoco se aprobó
la destinación de los de 2011, en forma previa a la presentación de la declaración
de renta. Reiteró los argumentos frente al acta de rectificación y mencionó que los
errores contables debían corregirse antes de la inspección tributaria, recalcando las
inconsistencias entre la contabilidad y las actas.
Intervención del Ministerio Público
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.14 Explicó que, si bien la demandante realizaba
actividades propias de su objeto, no ejecutó los excedentes de 2010 y 2011, según
se desprendió de las actas y de las pruebas analizadas por el tribunal. Resaltó que
la aprobación de la destinación del excedente de 2011 fue posterior a la
presentación de la declaración de renta, con lo cual procedía la adición de ingresos
y el rechazo de la renta exenta.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sección resolver los cargos de apelación formulados por la
parte demandada respecto de la sentencia de primera instancia. En particular, se
debe determinar si procedían: i) la adición de ingresos propuesta en los actos,
correspondiente al beneficio neto o excedente de 2010 acumulado en 2011 y ii) el
rechazo de la renta exenta asociada al beneficio neto o excedente de 2011.
2. Análisis del caso concreto
Para resolver, la Sección precisa, de manera preliminar que, los contribuyentes
sometidos al régimen tributario especial son sujetos pasivos del impuesto sobre la
renta y complementarios (artículo 19 del Estatuto Tributario) sobre el beneficio neto
13
Samai, índice 19.
14
Samai, índice 20.
10
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o excedente, determinado de conformidad con el artículo 357 ibidem, a tarifa del
20%. Empero, de acuerdo con los artículos 19 y 358 del Estatuto Tributario vigentes
para la época de los hechos, ese beneficio neto podía llegar a estar exento del
impuesto sobre la renta, si este tipo de entidades desarrollaban como parte de su
objeto social ciertas actividades de interés general y ese beneficio se destinaba,
directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a una o
varias de esas actividades.
A su vez, el artículo 8 del Decreto 4400 de 2004 (vigente para los años 2010 y 2011)
reglamentaba la exención, y establecía como requisitos para obtener esta que:
«a) Corresponda a las actividades de salud, deporte aficionado, educación, cultura,
investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo social, a que se refiere el
artículo 2° de este Decreto, y siempre y cuando las mismas sean de interés general y a
ellas tenga acceso la comunidad;
b) Se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de los plazos
adicionales establecidos por la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga
sus veces, a una o varias de las actividades descritas en el literal anterior, siempre y
cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, en
los términos del artículo 2° del presente Decreto. La destinación total del beneficio neto
se deberá aprobar previamente a la presentación de la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios del respectivo periodo gravable;
c) Se destine para constituir asignación permanente, conforme con los requisitos
establecidos en los artículos 9° y 10 del presente Decreto.»
Del literal b) anterior resulta claro que, cuando el excedente se va a emplear en la
ejecución de una o varias de las actividades que dan lugar al beneficio tributario, la
Asamblea General de ese contribuyente, o el órgano que haga sus veces, debe
aprobar esa destinación o reinversión del beneficio neto, en un acta, la cual debe
ser previa a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del respectivo período gravable.
Por su parte, el artículo 9 del mismo decreto disponía que:
«Artículo 9°. Asignaciones Permanentes. Las asignaciones permanentes están constituidas
por el beneficio neto o excedente que se reserve para realizar inversiones en bienes o
derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo
permanente de alguna de las actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por
invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los
organismos de control.
Para constituir válidamente la asignación permanente, las entidades sin ánimo de lucro,
deberán cumplir totalmente con los siguientes requisitos:
a) Que la constitución de la asignación permanente esté aprobada por la asamblea general
o máximo órgano directivo que haga sus veces, antes de presentar la declaración de
renta y complementarios del respectivo período gravable. La aprobación deberá constar
en Acta, en la cual se dejará constancia del valor neto o excedente que se reserva para
asignación permanente, el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto
de la inversión y las actividades específicas a desarrollar. No será de recibo el
señalamiento genérico de las actividades a ejecutar, como tampoco la simple mención
del objeto estatutario;
b) Que se registre la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial
denominada asignación permanente;
c) Que sus frutos, rendimientos o producto se inviertan o utilicen en el desarrollo de su objeto
social.
11
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Parágrafo. Solamente la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga sus veces,
tiene la facultad para destinar una asignación permanente a otros fines. Dicha asignación
deberá invertirse en el año en que se apruebe su destinación diferente, para ser considerada
como ingreso exento; en caso contrario constituye ingreso gravable a la tarifa del veinte por
ciento (20%), sin que proceda deducción o descuento sobre este impuesto. En los años
gravables siguientes será exento únicamente el valor de los rendimientos o frutos que
produzca la asignación permanente que sean invertidos en el objeto social conforme con las
condiciones establecidas en el presente decreto.»
De lo anterior se desprende, tal como ha sostenido la Sección15, que el beneficio
neto o excedente que se hubiera destinado a la constitución de una asignación
permanente con el fin de facilitar, con su producto, el mantenimiento y desarrollo de
actividades del objeto social de la entidad, debe ser aprobado por la asamblea
general o máximo órgano directivo, antes de ser presentada la declaración de renta,
y que, en el acta que funja esa aprobación debe constar el valor del beneficio neto
que se reserva para la asignación permanente, el período gravable al que
corresponde, el objeto de la inversión y las actividades específicas a desarrollar. A
su turno, esta norma impone el registro de esa asignación en una cuenta especial
del patrimonio y prohíbe hacer un señalamiento genérico de las actividades a
ejecutar o una simple remisión al objeto estatutario de la entidad.
Frente al caso concreto, se observa en primer lugar que, la adición de ingresos por
el monto declarado como renta exenta en 2010 ($312.235.000) tuvo lugar en los
actos administrativos demandados porque la DIAN estableció que parte de los
excedentes contables de ese año simplemente se acumularon en 2011. Esto, a
partir de lo evidenciado en los puntos tres y cinco del acta 008 del 28 de abril de
2011, de los estados financieros y el balance de comprobación de saldos16, gracias
a los cuales se estableció que $311.816.000 de excedente contable de 2010 no se
destinó ni ejecutó en programas durante el 2011.
La sentencia de primera instancia reconoció expresamente la existencia de los
programas adelantados por la FUNDACIÓN y su desarrollo. No obstante, al analizar
los estados financieros y las actas allegadas concluyó que la demandante acumuló
excedentes año a año y que, no se estableció la destinación del beneficio neto o
excedente que se generó en 2011.
En la apelación, la demandante afirmó que no era cierto que no hubiese logrado
probar la inversión del excedente, lo que podía corroborarse con una simple visita
a los municipios aledaños al Ingenio. Cuestionó la conclusión del tribunal sobre la
reinversión del excedente de 2010, debido a que, para llegar a esta, el juez solo se
basó en las actas de su máximo órgano social, sin atender al error contable
explicado y subsanado en el acta 011 del 11 de septiembre de 2014 y a las demás
pruebas. Acusó a la sentencia de no analizar todas las pruebas aportadas y suponer
que la aclaración del acta 011 era fraudulenta. Reiteró que sí destinó y ejecutó el
beneficio neto de 2011 por valor de $311.816.000, sobre lo cual presentó cuadro
con los programas adelantados. Consideró como una contradicción que el tribunal
encontrara probada la ejecución de los proyectos y, al mismo tiempo, le restara valor
a los contratos, informes, facturas y cuentas de cobro simplemente por no estar
respaldadas por los estados financieros.
La Sección observa que el demandante aportó además de las actas, diversos
contratos de servicios profesionales para asesoría y acompañamiento en el
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 25002,
M.P. Milton Chaves García.
16
Fls. 29, 161, 165 y 214 Caa.
12
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fortalecimiento de la calidad educativa, de compra e instalación de equipos de
gastronomía, contratos de obra, de capacitación, de servicios profesionales y de
interventoría para el complejo educativo en Pradera, otrosíes al contrato de obra,
pólizas de cumplimiento de contrato y de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, relaciones de bienes adquiridos, actas de inicio de obras, de
liquidación de contratos, hojas de vida de trabajadores sociales, planillas de pago
de aportes a seguridad social y constancias de afiliación a riesgos laborales17.
Así mismo, allegó facturas, contratos de colaboración con otras fundaciones para
programas de desarrollo cultural, artístico y deportivo y fortalecimiento escolar,
cuentas de cobro, ofertas mercantiles y propuestas de servicios, correos
electrónicos sobre la ejecución y suscripción de los contratos, actas de
levantamiento topográfico de proyectos estudiantiles, comprobantes de
consignación, sábanas de notas de estudiantes beneficiarios de programas, informe
general y estado nutricional de estudiantes de la FUNDACIÓN, informe de
caracterización del programa de aprendizaje y de resultados de programa de
gestión en RSE, perfiles de diversos proyectos y matrices con población beneficiaria
e informes de resultados, proyecto pedagógico institucional del colegio Mayagüez,
documento de estructuración del proyecto de la ciudadela estudiantil Pradera,
investigación geotécnica, informes técnicos de obra, evaluación de proponentes de
las licitaciones y documentos soporte de dichos procesos.
En complemento, se anexó explicación sobre la reinversión del excedente del año
2011, con certificación del revisor fiscal que estableció que el mismo fue de
$3.233.278.39118, facturas de venta, tabla de ejecución de excedentes de 2011 en
2012 y 2013 por tercero, cuentas de cobro, otros contratos y desglose de centros
de costos, certificados de donación, planillas de inscripción a los programas con
beneficiarios19.
Si bien todas las pruebas reseñadas anteriormente dan cuenta de que la
demandante ejecutó diversos programas, hecho que fue aceptado en la sentencia
de primera instancia, no reposa explicación de la razón por la cual la información
contable y financiera registró que se habían acumulado excedentes de 2010 a 2011
y tampoco se evidencia la trazabilidad de la ejecución en los programas de la suma
que figura acumulada por valor de $311.816.000, de suerte que, la Sección
comparte la conclusión del tribunal, en el sentido de que no bastaba simplemente
con demostrar la realización de los programas, sin resolver o justificar el preciso
cuestionamiento planteado por la DIAN en torno a los $311.816.000.
No hay duda de que la FUNDACIÓN realiza diversos programas en apoyo de la
comunidad; lo que se extraña son las explicaciones sobre la acumulación reseñada,
lo cual, contrario a lo que afirma la demandante, no puede corroborarse con las
visitas de campo ni con inspecciones. La Sección encuentra que tampoco es cierto
que los actos y la sentencia se hubiesen basado únicamente en las actas, pues se
reconoció expresamente la ejecución de los programas gracias a la valoración de
todas las pruebas que reposan en el expediente.
Dicho ello, lo que se advierte es que para efectos fiscales, la información contable
tiene prevalencia para acreditar los hechos económicos cuestionados (artículo 775
del Estatuto Tributario) y a ella acudió tanto la administración como el juez de
17
Fls. 106 a 804 CP.
18
Fls. 805 y 806 CP.
19
Fl.808 a 1871 CP
13
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primera instancia para verificar el origen y la destinación del excedente de 2010, y
la acumulación en el 2011. Resáltese que, esto fue así, porque las otras pruebas,
esto es los contratos, órdenes, facturas, cuentas de cobro y demás documentos, no
tienen la virtualidad de explicar el origen de los recursos, su monto y utilización, para
garantizar que esa fue la destinación del excedente de 2010.
Por otro lado, se observa que con el acta 011 del 11 de septiembre de 2014 se
pretendió corregir el valor del excedente registrado en el acta 11 del 9 de mayo de
2012, para solo considerar en esta el valor de 2011 y excluir el beneficio neto que
aparece como acumulado de 2010, según los estados financieros. Al respecto, se
advierte que el documento de 2014 no es suficiente para desvirtuar el contenido del
acta de mayo de 2012 y de los estados financieros; de hecho, es válido cuestionar
el hecho de que el presunto error contable que alega la FUNDACIÓN solo hubiese sido
advertido con ocasión de la fiscalización, de suerte que el acta aclaratoria carece
de suficiente eficacia probatoria para desvirtuar la información contable y
documental obrante en el expediente y las inconsistencias advertidas por la
administración y, en todo caso, no se allegaron pruebas de las correcciones
contables correspondientes, todo a la luz de la valoración de las pruebas acorde
con la sana crítica.
En consecuencia, dicho documento no subsana las inconsistencias, sin que ello
pueda considerarse como violatorio del principio de prevalencia de la sustancia
sobre la forma, pues fue la misma demandante quien preparó la información
contable y financiera que describió la acumulación de los excedentes de la vigencia
2010, y, ante el supuesto hallazgo de un error en esa información, no ejecutó otras
acciones, diferentes al acta 011 del 2014, o al menos no allegó pruebas de la
corrección. Se insiste, no se ha sostenido que el acta fuera fraudulenta, sino que no
cuenta con la suficiente fuerza probatoria para demeritar las conclusiones sobre la
evidencia contable.
A partir de lo expuesto, no hay una violación al principio de prevalencia de la
sustancia sobre la forma, ni se desconoce la realidad económica, pues no se ha
cuestionado que la FUNDACIÓN adelante y desarrolle diversos programas, lo cual se
reconoció en la sentencia de primera instancia y lo acreditan las pruebas que el
demandante solicitó analizar.
Como ya se dijo, lo que hace falta en el expediente son en primer lugar, las
explicaciones, con sus respectivas pruebas, sobre la acumulación de excedentes
de vigencia anteriores en 2011 siendo obligación del ente reinvertirlos, y, en
segundo lugar, si, como lo afirma la demandante, estas se reinvirtieron, esta ha
debido aportar una ilustración clara y debidamente soportada, que le permitiera al
juez establecer la trazabilidad de los recursos y que ella efectivamente hizo lo
exigido en las normas.
En otros términos, probatoriamente los documentos aportados prueban la ejecución
de programas, pero no necesariamente la conexión de estos con los recursos de
2010, y en esa medida no puede dárseles prevalencia total sobre los asientos
contables. En ese sentido, no hay un mero error formal, sino un incumplimiento de
las condiciones de acceso al régimen tributario especial y sus beneficios.
De acuerdo con lo anterior, la Sección considera que no puede predicarse una
contradicción que se encontrara probada la ejecución de proyectos y se mantuviera
la adición de ingresos, pues como ya se ha dicho en varias oportunidades, las
14
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pruebas mencionadas por la actora no logran desvirtuar la acumulación de los
excedentes de 2010 y, por tanto, la adición de ingresos debe mantenerse.
Frente al desconocimiento de la renta exenta, la Sección observa que el acta 011
fue suscrita el 09 de mayo de 2012 (fls. 125 a 146 CP) y que la misma contiene un
consolidado de los proyectos adelantados por la FUNDACIÓN. Con todo, en el literal
d) del numeral 7 del acta se establece lo siguiente:
«Beneficio neto año 2011: El beneficio neto exento del año 2011 por valor de $3.546.319.000,
se destinará en el año siguiente al cumplimiento del objeto social. Según la presentación del
presupuesto de inversión para el año 2012 realizada por el Director Ejecutivo y aprobado
unánimemente por los miembros del Consejo Administrativo, con ese beneficio neto se decide
constituir una asignación permanente por valor de $2.938’655.680 pesos con destino al
cumplimiento del objeto social, distribuido así: (…)»
Posteriormente, se discriminan las líneas de inversión, los proyectos y los montos
de la inversión por 2012 equivalente a $2.938.655.680 y por 2011 correspondiente
a $2.314.364.268. Al efecto, llama la atención que en los estados financieros que
figuran en el acta, aprobados en el marco de la reunión, no se observa el registro
contable de la asignación permanente en cuenta especial, atendiendo a lo exigido
en el reglamento indicado líneas arriba.
Resáltese que, las partes no discuten que el acta 011 de 2012 se suscribió después
de que se presentó la declaración del impuesto sobre la renta de 2011, la cual
ocurrió el 13 de abril de 2012, ni tampoco que se estableció una asignación
permanente en la misma. En realidad, lo que se discute en este punto es el
incumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 9 del Decreto 4400 de
2004 y la ausencia del registro de la asignación permanente en los estados
financieros, sin perjuicio de las diferencias entre el valor de los proyectos y el
beneficio neto.
La demandante sostiene que la ejecución de los proyectos financiados con la
asignación creada con el beneficio neto del 2011 está debidamente probada y que,
el hecho de que se exija que el acta determine la ejecución y destino de la
reinversión, así como que la reinversión se hubiera aprobado previa la presentación
de la declaración de renta, configura un exceso de ritual manifiesto. Invoca en apoyo
a estas tesis la sentencia enero 29 de 2004 (exp. 13339 M.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié)
Al respecto, se tiene que la Sección20 ha precisado que el Estado concede la
exención renunciando al gravamen, con la condición de que el excedente sea
efectivamente destinado a los fines del objeto social de la entidad sin ánimo de lucro
o a las actividades de salud, educación, cultura que son de interés general y ameritan
la exención. Esto, porque no tendría sentido que se dieran ventajas fiscales a las
entidades sin ánimo de lucro simplemente realizar inversiones con sus excedentes,
y a su vez permitir que éstas se destinen a fines distintos de los que pretende
incentivar el legislador o, que simplemente no ejecuten las mismas en las
actividades, hoy llamadas meritorias, conforme al destino que en tal sentido se
previó. En estos casos, las entidades pierden el beneficio fiscal y el excedente no
ejecutado es ingreso gravable en el año en que esto ocurra.
En concordancia con lo anterior, la Sección Cuarta precisó que «el contribuyente deberá,
previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencias del 7 de octubre de 2004, Exp.
13921. M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 28 de junio de 2007, Exp. 15404, M.P. Ligia López Díaz.
15
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directivo que haga sus veces, la destinación de los excedentes»21. Lo anterior, por cuanto «el
término exento indica beneficiado en razón de circunstancias especialmente señaladas por la ley,
que, para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, implica que las actividades estimuladas
fiscalmente junto con la destinación del beneficio neto o excedente deben estar previamente
aprobadas por la Asamblea u órgano directivo que haga sus veces»22, todo esto, en forma
previa a la presentación de la declaración de renta, que es cuando se reporta la
exención.
Se advierte que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y el
reglamento no configura en requerimientos que derivan en exceso ritual manifiesto,
sino que se trata de los requisitos sustanciales para acceder a un beneficio fiscal.
Es decir, «La exigencia de los requisitos que la norma establece para los beneficios, lejos de
desconocer la primacía del derecho sustancial sobre el formal, sacrificaría la razón de ser de la
exención, porque ella surge frente a circunstancias especiales y depende del lleno de las condiciones
previstas en las disposiciones normativas.»23
En consecuencia, el hecho de que la administración hubiese exigido la acreditación
de los requisitos previstos en el reglamento, tales como la aprobación de la
destinación del beneficio neto o excedente de 2011 previo a la presentación de la
declaración de renta, y el registro contable de la asignación permanente, no vulnera
el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma. Estas exigencias
obedecen al cumplimiento de requisitos sustanciales para acceder a la exención del
impuesto sobre la renta, que, como ya se dijo supone la ocurrencia de
circunstancias especiales que deben ser acreditadas por el beneficiario.
En ese sentido, se desestima el argumento de la FUNDACIÓN frente al exceso ritual
manifiesto. Esto, sin perjuicio de que no se presentaron reparos concretos frente a
las diferencias encontradas por la autoridad fiscal entre el valor del excedente y el
de los proyectos.
Ahora bien, en lo que respecta a la prueba de la ejecución del beneficio neto o
excedente de 2011, debe resaltarse que este no fue el punto objeto de discusión
por parte de la DIAN, de forma que ello no puede subsanar el incumplimiento de los
requisitos previstos en las normas para acceder a la exención.
Por último, frente a la sentencia del 29 de enero de 2004, se advierte, por un lado,
que en dicha ocasión la Sección se pronunció sobre la nulidad de los artículos 5 y
7 del Decreto 124 de 1997, norma diferente a la aplicable al caso que se decide
(Decreto 4400 de 2004) y, por el otro, que la demandante invoca apartes
descontextualizados del pronunciamiento, pues este refiere a que la aprobación
previa por parte del máximo órgano, no es el único requisito que existe para acceder
a la exención. Es decir, en esa providencia se está señalando que no significa que
deba inaplicarse ese requisito, sino que es complementado por otras condiciones
para gozar del beneficio.
Así mismo, frente al uso de otros medios de prueba esa sentencia refiere a la prueba
de la ejecución del beneficio neto, lo cual escapa al objeto de la presente litis. En
consecuencia, dicho pronunciamiento no es aplicable al presente evento y no
prosperan los argumentos del apelante.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia del 5 de diciembre de 2011, Exp.
18341, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia del 14 de abril de 2011, Exp. 17872,
M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 25002,
M.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 76001-23-33-010-2016-01269-01 (28724)
Demandante: Fundación Mayagüez
3. Costas
No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del tribunal de no imponerlas. En cuanto
a la condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del
proceso), considerando que se confirmó en su totalidad y por las mismas razones
la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 1
del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y conforme al acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025,
se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al
tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas
consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 09 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada. En consecuencia, ordenar
al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
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