Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-00263-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-00263-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-010-2017-00263-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicado: 76001-23-33-010-2017-00263-01 (0210-2025)
Demandante: Ruby Maritza Carvajal Rúa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-010-2017-00263-01 (0210-2025)
Demandante: Ruby Maritza Carvajal Rúa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – (UGPP)
Litisconsorte: Jennifer Hinestroza Benítez
Temas: Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente supérstite.
Prueba de la convivencia.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Ruby Maritza Carvajal Rúa por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó que
se declare la nulidad de las Resoluciones núm. RDP 024237 del 29 de junio de 2016
y 036823 del 29 de septiembre de 2016 que negaron la pensión de sobrevivientes con
ocasión del fallecimiento del señor José Amilson Hinestroza Asprilla.
3. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la
prestación a partir del deceso y la inclusión en nómina; ii) las mesadas retroactivas
desde dicha fecha; iii) los intereses moratorios sobre dicho retroactivo, entre otras
condenas.
Hechos.
1 Expediente digital visible en SAMAI. Gestión en otros despachos. “018- Demanda - Contrato 104 DE 2020 -
SASI-2020-09 (.pdf).pdf”.
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Demandante: Ruby Maritza Carvajal Rúa
4. El señor José Amilson Hinestroza Asprilla laboró como guarda en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – (INPEC), prestando servicios en
establecimientos carcelarios en distintas ciudades del país desde el 9 de mayo de 1979
hasta su fallecimiento el 1 de septiembre de 2007.
5. Previo al deceso, en la ciudad de Buenaventura, convivió por más de 5 años
bajo el mismo techo con la señora Ruby Maritza Carvajal Rúa, conformando una unión
marital de hecho.
6. Esta durante su relación dependió económicamente del señor Hinestroza y no
tuvieron hijos.
7. La señora Ruby Maritza Carvajal Rúa solicitó a la UGPP el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, petición que fue resuelta en sentido negativo a
través de la Resolución núm. RDP 024237 del 29 de junio de 2016, la cual fue
confirmada en la Resolución núm. 036823 del 29 de septiembre de 2016.
8. En los actos, la entidad fundamentó la negativa en la ausencia de documentos
que dieran cuenta del ingreso base y los tiempos de servicio para acceder al derecho
reclamado. Sin embargo, la actora considera que se aportaron pruebas de la relación
marital y la dependencia económica, por lo que carecen de motivación y
argumentación suficiente.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
9. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 13, 29, 46, 48,
53 y 90 de la Constitución Política; 5, 6, 7, 8, 50, 69, 70 y 90 a 97 del CPACA; 14, 33,
36, 42 a 49, 141 y 286 a 289 de la Ley 100 de 1993; Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990 y Leyes 33 de 1985 y 797 de 2003.
10. Al desarrollar el concepto de la violación, expuso que, de conformidad con la
normativa transcrita, tiene derecho a la solución de fondo de las peticiones
presentadas a la administración relativas a las prestaciones del Sistema de Seguridad
Social, pues resultan indispensables para la subsistencia digna.
Contestación de la demanda.
11. La UGPP2 expuso que el señor Hinestroza Asprilla no se encontraba
pensionado y aunque obran certificados de valores pagados por el INPEC desde el 1
de enero de 1998 hasta el 30 de diciembre de 2007, constituyen tablas salariales y no
tiempos de servicio, por lo que no dan certeza de que hubiera cotizado 50 semanas
durante los 3 años anteriores al fallecimiento. Aunado a ello, la demandada no acreditó
2 Expediente digital - “002- CUADERNO DE PRIMRA INSTANCIA - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
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los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento, de conformidad con el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, por lo que no se encuentran demostrados los requisitos legales
para acceder a la pensión de sobrevivientes.
12. La señora Jennifer Hinestroza Benítez3, hija del fallecido vinculada al proceso
en calidad de litisconsorte necesario4, al pronunciarse sobre los hechos adujo que es
cierto que entre la demandante y su padre existió vida marital, la cual se materializó
en la ciudad de Buenaventura y en ese orden, no se opone a las pretensiones de la
demanda siempre y cuando se pruebe con suficiencia lo dicho.
Sentencia de primera instancia.
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 7 de
noviembre de 20245, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la UGPP
reconocer y pagar en favor de la señora Ruby Maritza Carvajal Rúa una pensión de
sobrevivientes desde el 28 de abril de 2013, la indexación mes a mes por tratarse de
obligación de tracto sucesivo y el descuento de los aportes en seguridad social y negó
las demás pretensiones de la demanda.
14. Para ello encontró demostrado que el señor José Amilson Hinestroza Asprilla
prestó servicios en el INPEC de manera ininterrumpida entre el 9 de mayo de 1979 y
el 31 de agosto de 2007, por lo que el 9 de mayo de 1999 cumplió 20 años de servicio,
con aportes a Cajanal, de acuerdo con el certificado de información laboral.
15. De lo cual, se desprende que el fallecido cumplió con los requisitos para
pensionarse conforme a la Ley 32 de 1986 y sí realizó aportes a pensión durante 50
semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, el 1 de septiembre de 2007.
Fecha para la cual la actora tenía 43 años.
16. Aunado a lo anterior, con los testimonios de los señores Ventura Hinestroza,
James Castillo Díaz y Cristian Hinestroza Benítez se constató que la relación de la
pareja tenía vocación de permanencia, pues duró por más de 10 años, y aunque el
fallecido laboraba en diferentes sitios, el asiento de su familia estaba en Buenaventura.
Además, era el trabajador quien velaba por la manutención de su familia, de modo que
cuando el ingreso dejó de percibirse, la situación económica de la actora varió
drásticamente.
17. Por lo que le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos
indicados en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, dado que esta fue
reclamada el 28 de abril de 2016, ocurrió la prescripción de las mesadas anteriores al
28 de abril de 2013.
3 Expediente digital – “ruby maritza.pdf”.
4 En el curso de la audiencia inicial celebrada el 31 de enero de 2019. Expediente digital – “002- CUADERNO DE
PRIMRA INSTANCIA - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf”. Págs. 172 a 174.
5 Expediente digital – “032Sentenciadepr_Sentencia_20170026300Sentencia.pdf”.
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Recurso de apelación.
18. El apoderado de la UGPP6, inconforme con la sentencia de primera instancia,
presentó el recurso de apelación y solicitó sea exonerado de la totalidad de las
pretensiones de la demanda.
19. Puesto que en la providencia impugnada solo se tuvieron en cuenta partes de
las declaraciones de los testigos y «el interrogatorio de parte», y es que, si hubieran
sido escuchados con atención, sería claro que no se encuentra demostrada la
existencia del derecho reclamado, pues la actora no cuenta con los 5 años de
convivencia anteriores al fallecimiento, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100 de
1993.
20. Asimismo, debieron aportarse otros medios de pruebas tendientes a demostrar
la comunidad de vida, como fotografías, registro de beneficiarios y demás documentos
que dieran cuenta de la relación.
21. Añadió «concordante a ello existe controversia suscitada entre posibles
beneficiarias del derecho a acceder a la pensión de sustitución, pues se tiene que
solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento
del señor JOSÉ AMILSON HINESTROZA ASPRILLA, sin embargo, se advierte
tiempos simultáneos con las codemandadas que no permite el nacimiento del derecho.
En consecuencia, no existe certeza de que la señora RUBY MARITZA CARVAJAL,
cumpla con los requisitos previstos para el reconocimiento de la prestación
deprecada».
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
22. Mediante auto del 21 de febrero de 20257 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
6 Expediente digital – “033_MemorialWeb_Recurso-76001233301020170026.pdf”.
7 Índice 4 en SAMAI.
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24. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo8.
25. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.
Problema jurídico.
25. Le corresponde a la Subsección determinar si a la accionante no le asiste
derecho a la pensión de sobreviviente por no haber acreditado el requisito de los 5
años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante.
26. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Pensión de sobrevivientes y II) Caso concreto.
Pensión de sobrevivientes.
27. La pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos
para obtener la pensión.
28. En la Ley 100 de 1993 las denominadas pensión de sobrevivientes y la
sustitución pensional, fueron previstas para suplir la ausencia repentina del apoyo
económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso
se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de
las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se
fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de
solidaridad.
29. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la mencionada Ley 100,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez
que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera permanente e
hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho.
30. Ahora bien, de conformidad con el literal a) del artículo 47 ibidem, en el caso del
cónyuge o el compañero(a) permanente supérstites, siempre y cuando dicho
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.
31. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia SU 428 de 2016 precisó que
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho a la
pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios como
«miembros del grupo familiar» del afiliado, tal como lo señala, expresamente, el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y «esa condición la tienen “quienes mantengan vivo
y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento
espiritual permanente, apoyo económico y vida en común”9». En esa oportunidad la
Corte precisó que esa convivencia debe darse en los últimos cinco años de vida del
causante precisamente para proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados
por quién solo busca aprovechar el beneficio económico10.
32. Ahora bien, cuando la norma exige que se haga vida marital «hasta su muerte»
no presupone la convivencia bajo el entendido de «habitar con el otro o vivir en
compañía de otro», término que debe ser contemplado bajo otras connotaciones como
lo ha señalado esta Corporación11, como son:
«[el] acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, apoyo económico y vida
en común es el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico de la sociedad que,
como ya se indicó, es el objeto principal de protección de la sustitución pensional. Es
necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad de
vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los cuales, en criterio
reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia12, no se pueden desvirtuar por la
“separación”, cuando esta eventualidad se impone por la fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos
afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento
emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la
familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que se
encamina a realizar el propósito familiar común. De esta manera el acompañamiento
espiritual y material ha de estar referido a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una
verdadera vocación de constituir una familia (…)”.»
33. Además de la anterior interpretación debe entenderse que pueden presentarse
9 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560).
10 «La pensión de sobrevivientes prevista para los regímenes de prima media y de ahorro individual persigue la
protección del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece, frente a las adversidades económicas
ocasionadas con su muerte. Es por ello que el Legislador, como mecanismo de protección a los miembros
del grupo familiar, instituyó el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la
muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser
desplazados por quién solo busca aprovechar el beneficio económico. Dicha finalidad ha sido reconocida
por la Corte Constitucional en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia C-336 de 2014 se resaltó lo
expresado en la sentencia C-1176 de 2001 […]»
11 Sentencia de la Subsección B, de 27 de enero de 2022, proceso radicado 880012333300020180052 01 con
ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12 Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, actor: Beatriz Elena Aristizábal
Vallejo, M.P. Dr. Eduardo López Villegas.
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circunstancias especiales que impiden la cohabitación ya sea por motivos laborales,
de fuerza mayor, circunstanciales especiales de salud, o aquellas ajenas a la voluntad
no imputables al cónyuge o compañero (a) supérstite, las cuales deben analizarse en
cada caso concreto, bajo el riesgo de desconocer aspectos particulares y esenciales
en los que se desarrolla la vida en pareja13.
34. Ahora bien, estas previsiones normativas y jurisprudenciales en torno a los
requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes son aplicables a los empleados
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – (INPEC). Toda vez que, el artículo
99 de la Ley 32 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, en materia pensional remitió a las demás normas aplicables a
los empleados públicos.
35. Entre ellas, la Ley 12 de 197514, que en su artículo 1, estableció en favor del
cónyuge supérstite o la compañera permanente el derecho a percibir la pensión de
jubilación de su pareja si este falleciera antes de cumplir la edad para el
reconocimiento15. Disposición que «fue derogad[a] de manera tácita por el señalado
en los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad
de atender la contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las
denominadas pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional»16.
Caso concreto.
36. Expone la entidad apelante que, contrario a lo decidido por el tribunal, a la
demandante no le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes, pues de valorarse
adecuadamente las pruebas recaudadas, se habría concluido que no convivió con el
causante durante los 5 años requeridos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para
acceder a la prestación.
37. Encuentra la Sala acreditado que el señor José Amilson Hinestroza Asprilla
laboró al servicio del INPEC desde el 9 de mayo de 1979 hasta el 31 de agosto de
2007, para un total de 28 años, 12 semanas y 21 días, tiempo de servicio respecto del
cual se realizaron aportes a Cajanal17, hoy UGPP. El 1 de septiembre de 2007 el
empleado falleció18.
38. El 28 de abril de 201619 la señora Ruby Maritza Carvajal Rúa peticionó la
pensión de sobrevivientes, para lo cual aportó la declaración extraprocesal por ella
13 Sentencia del 26 de febrero de 2026, núm. Interno: 1384-2022.
14 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
15 ARTÍCULO 1. El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado
o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro
cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado
el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas.
16 Sentencia del 25 de junio de 2026, núm. Interno: 3016-2021, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Se verifica del certificado de información laboral. Expediente digital – “002- CUADERNO DE PRIMRA
INSTANCIA” - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf”. Pág. 28.
18 Registro civil de defunción. Ibidem. Pág. 6.
19 Se desprende del acto acusado, Resolución núm. 024237 del 29 de junio de 2026.
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suscrita20, donde afirmó haber convivido en unión marital de hecho durante 5 años con
el fallecido, compartiendo lecho y techo de manera ininterrumpida y permanente.
39. En respuesta, la UGPP profirió la Resolución núm. RDP 024237 del 29 de junio
de 2016, que negó la prestación por cuanto el finado no acreditó el número de semanas
requeridas para acceder a la pensión de vejez.
40. Con la demanda, se aportó la declaración extrajuicio de la señora Rosalba
González21, quien manifestó conocer al finado durante más de 20 años, y le constaba
que la solicitante convivió en unión marital de hecho, bajo el mismo techo de manera
ininterrumpida durante 5 años y que este velaba por el sostenimiento de su hogar al
proveerle de alimentación, vivienda, salud y recreación.
41. Además de la suscrita por el señor Ventura Hinestroza Ríos, hermano del señor
Hinestroza, quien declaró que su hermano vivió bajo el mismo techo con la demandada
durante 5 años y 2 meses desde el 25 de julio de 2002, a quien conoce desde hace
más de 20 años, por lo que daba fe de que esta dependía económicamente del
fallecido, que sostenía su hogar, pues la compañera no se encontraba pensionada.
42. Adujo, además, que el finado tenía 3 hijos mayores de edad, por lo que no
existen más beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
43. Se peticionaron los testimonios de los señores Ventura Hinestroza, James
Castillo Diaz y Rosalba González, este último fue desistido; por otro lado, la
litisconsorte solicitó el de su hermano Cristian Hinestroza Benítez. En la audiencia de
prueba se recaudaron los siguientes:
44. El señor Ventura Hinestroza, quien vivía en Cali, hermano del señor José
Amilson Hinestroza Asprilla y amigo de la señora Ruby Maritza Carvajal Rúa,
manifestó conocerla desde hace más de 10 años y que ella y el causante convivieron
durante más de 5 años, por lo que, tuvieron una relación. Siempre que se reunían,
notaba armonía entre ellos, «se querían».
45. Añadió que el finado velaba por la subsistencia de la demandante, e interrogado
sobre las razones de su dicho afirmó que le consta porque eran hermanos, se daba
cuenta de las cosas, y él le contaba todo.
46. La relación era pública, «desde antes, pero fue dada a conocer a la familia entre
los años 2000 o 2001», ella vivía en Buenaventura y él en Cali, ambos viajaban a sus
respectivas ciudades a visitarse, la relación se «materializó» en Buenaventura.
47. Sobre el deceso, manifestó que el señor Hinestroza fue trasladado de Quibdó
a Medellín, debido a que sufría del corazón. Ahí, después de permanecer un mes y
medio en la ciudad, falleció el 1 de septiembre de 2007, lugar donde fue enterrado.
20 Referenciada en el acto acusado.
21 Ibidem. Págs. 11 y 12.
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Otros familiares, la hija y las sobrinas se hicieron cargo de los actos fúnebres. sin
embargo, la señora Ruby no lo asistió durante ese tiempo debido a su traslado a
Medellín, sin embargo, todos los allegados asistieron.
48. El testigo James Castillo Díaz, quien vivía en Santander de Quilichao como
compañero de la expareja del finado desde antes del 2000, manifestó conocer desde
hacía muchos años al fallecido y a la demandante, le consta que tuvieron una
convivencia estable y permanente, pues él vivía en Buenaventura con la señora, quien
era ama de casa mientras trabajaba en el INPEC, era responsable y velaba por ella.
Hacían buena pareja, desde el año 2001 se materializó la relación, que continuó hasta
el fallecimiento del señor Amilson en 2007. Sabe también que el finado laboró en varias
partes, entre ellas, en Buenaventura y Quibdó.
49. Puntualizó que nunca vivió en Buenaventura, solo viajaba varias veces y en
alguna ocasión fue a la casa de ellos cuando llevó a Jennifer Hinestroza, hija del
causante, en ese momento pudo ver que él suministraba todo lo del hogar.
50. Sobre la muerte, indicó que el señor Hinestroza tuvo una enfermedad, lo
llevaron al Chocó y luego a Medellín donde falleció y que la «esposa» estuvo al frente
de los cuidados del «esposo» y cuando ella no podía hacerlo, otros familiares se
encargaban de su cuidado, entre ellos, una sobrina.
51. Finalmente, el testigo Cristian Hinestroza Benítez, hijo del causante residente
en Cali, afirmó que su padre vivió con la señora Maritza desde el 2001 en
Buenaventura hasta 2007, cuando este murió y le consta que convivieron durante 5
años largos en esa ciudad y que su papá sostenía el hogar. Iba a visitarlos a la ciudad
algunos fines de semana en años «salteados», una vez en 2002 otra en 2004.
52. Afirmó que el señor Hinestroza se fue con Maritza al Chocó cuando este
enfermó, lo trasladaron ahí por su trabajo en el INPEC, sin embargo, no sabía dónde
se quedaban ni cuánto tiempo estuvieron allá, porque nunca fue.
53. Del material probatorio recaudado, la Sala concluye que, contrario a lo sostenido
por la entidad apelante, del dicho de los testigos y las declaraciones aportadas se
evidencia que los señores José Amilson Hinestroza Asprilla y Ruby Maritza Carvajal
Rúa convivieron durante los 5 años anteriores al fallecimiento, en los términos
indicados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por lo que la actora le asiste el
derecho a la pensión de sobrevivientes.
54. Y es que, de acuerdo con lo narrado por el señor Ventura Hinestroza, hermano
del fallecido a quien este le contaba todo, entre los compañeros existía armonía y era
notorio su afecto, tanto que, si bien la relación se consolidó en 2001 en Buenaventura,
aun cuando el finado vivió en Cali, siguió viajando a Buenaventura y proveyéndole
económicamente.
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Demandante: Ruby Maritza Carvajal Rúa
55. Concordante con lo dicho, los demás testimonios rendidos por miembros de la
familia del fallecido coinciden en que, las veces en que fueron a Buenaventura a la
pareja se le veía junta comportándose como esposos, como indicó el señor James
Castillo. Que, en particular, manifestó haber llevado a la hija del causante al hogar que
compartía con la señora Carvajal Rúa, en Buenaventura lo que permite deducir que
interactuaban como una familia.
56. Además, pese a que la actora y el finado no cohabitaron todo el tiempo en la
misma ciudad, de lo declarado por Cristian Hinestroza Benítez, su hijo, se encuentra
que ello obedeció a motivos del trabajo de este como miembro del INPEC, al haber
sido trasladado de Buenaventura a Quibdó.
57. Lugar donde enfermó del corazón, posterior a ello fue llevado a Medellín, donde
permaneció mes y medio hasta su fallecimiento el 1 de septiembre de 2007. Si bien,
durante este lapso, Ruby no estuvo con él y fue cuidado su hija y sobrina, lo cierto es
que del dicho del testigo James Castillo Díaz, compañero de la expareja del fallecido,
esta sí estuvo con él durante los momentos previos, en el Chocó.
58. Finalmente, los tres testigos y la declaración extraprocesal rendida por Rosalba
González son coincidentes en manifestar que el finado en vida se ocupaba
económicamente de la demandante22.
59. Así las cosas, para la Sala es claro que, durante su relación, por más de 5 años,
entre el año 2001 y el fallecimiento del señor Hinestroza, la actora convivió con él,
pues, aunque existieron momentos de no cohabitación, ello obedeció a razones de
índole laboral23, sin embargo, esto no impidió que entre ellos existiera amor de pareja,
con acompañamiento moral y auxilio económico permanentes, elementos propios de
una vida en común.
60. Tampoco le asiste razón a la UGPP cuando afirma que la convivencia debió ser
demostrada con otros medios de prueba, pues en materia de pensión de
sobrevivientes, no existe tarifa legal, sino un amplio margen de libertad probatoria,
pudiéndose «acreditar el hecho de haber convivido con el causante durante 5 años
anteriores al fallecimiento incluso haciendo uso de testimonios o declaraciones
extrajudiciales»24.
61. Y, aunque en el recurso se afirmó que los testimonios fueron valorados de
manera parcial, la apelante no indicó que partes de las declaraciones no fueron tenidos
en cuenta ni la razón por la cual, a su juicio, no fueron valorados en su integridad.
Además, los argumentos relativos a la simultaneidad en la convivencia no se
22 Concretamente en la declaración extraprocesal de Rosalba Gónzalez se consignó que este le proveía de
alimentación, salud y recreación.
23 Tal como indicó su hijo Cristian Hinestroza Benitez.
24 Corte Constitucional, sentencia T-184 del 26 de mayo de 2022. M. p. Alejandro Linares Cantillo.
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corresponden con el supuesto fáctico puesto a conocimiento de la jurisdicción ni lo
estudiado en la sentencia de primera, pues solo hay una única solicitante.
62. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 7 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
Condena en costas.
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
66. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandada, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Condenar a la parte demandada en costas en esta instancia.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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