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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-010-2017-00729-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-010-2017-00729-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 1°: MODIFICAR la sentencia del 18 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual queda así: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de cosa juzgada frente a las pretensiones formuladas contra el distrito de Cali. SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad de la acción judicial por la pretensión de responsabilidad por error judicial contra la NACIÓN –RAMA JUDICIAL –DESAJ. TERCERO: Sin condena en costas”. 43 Modificado por la Ley 2080 de 2021. 44 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo. 45 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. 46 Criterio aplicado por esta Sala en otros asuntos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, expediente 69.364, M.P. Fernando Alexei Fernando Flórez. 47 Que corresponde a la tarifa mínima señalada en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-010-2017-00729-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – CADUCIDAD - Daños causados por la administración de justicia
– El término para demandar por error judicial se cuenta desde el día siguiente a la ejecutoria de la
providencia de la que se predica el yerro – Si se trata de terceros no vinculados al trámite o de
menoscabos que surgen con posterioridad, el plazo se contará desde que el interesado estuvo en la
posibilidad de conocer la situación o desde cuando surgió el detrimento / PROCEDENCIA – La
reparación directa no es la vía idónea para controvertir la legalidad del retiro de un empleado público,
por tratarse de un asunto propio de la nulidad y restablecimiento del derecho – La nulidad de un acto
administrativo general que modifica la estructura de una entidad no modifica las situaciones
previamente consolidadas en virtud de decisiones particulares amparadas por la presunción de
legalidad – COSA JUZGADA – Se configura cuando concurren identidad de partes, objeto y causa
con un proceso previamente fallado.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró probada la excepción de caducidad frente
a la Rama Judicial y concluyó que, en relación con el Distrito de Cali, la reparación
directa era improcedente.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La accionante adujo que fue desvinculada del empleo que ocupaba en el Concejo
de Cali, en virtud de las determinaciones adoptadas por tal Corporación a través del
Acuerdo 081 de 2001 y la comunicación del 6 de julio de la misma anualidad; actos
que cuestionó en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, pero sus
pretensiones fueron negadas a través de fallo del 3 de marzo de 2011, confirmado
el 7 de febrero de 2013. Posteriormente, el Consejo de Estado, en virtud de una
demanda de nulidad simple promovida por una organización sindical, en 2015, anuló
el citado acuerdo. En su criterio, esta decisión evidenció la ilegalidad de su retiro y
de las providencias que resolvieron sobre ese punto, de ahí que le asista
responsabilidad patrimonial al distrito de Santiago de Cali y a la Rama Judicial.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 25 de mayo de 20171, la señora Ximena Patricia Gómez Rivera2, en ejercicio de
la acción de reparación directa, presentó demanda contra el distrito de Santiago de

1
Folio 119 del archivo 1 del expediente digital (índice 32 de Samai). Las actuaciones de primera
instancia obran en el aplicativo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El cuaderno digital 1
reposa en el índice 32. Cuando se trate de actuaciones registradas en otro índice, así se precisará.
2
En adelante, la demandante, la accionante, la actora, la interesada.

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

Cali3 y la Rama Judicial, para que se les declare patrimonialmente responsables,
respectivamente, por la expedición del Acuerdo 081 de 2001, por medio del cual se
suprimió el empleo que desempeñaba en la primera de las entidades citadas, y por
el error judicial contenido en las decisiones que negaron la nulidad de dicho acto
administrativo y de la comunicación entregada el 9 de julio de la misma anualidad 4.
Al respecto, se formularon las siguientes pretensiones (transcripción en su tenor
literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):

“PRIMERO: Que se declare administrativamente responsable al MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI por los daños causados a XIMENA PATRICIA GÓMEZ por la
expedición del Acuerdo N° 081 del 19 de abril de 2001 del Concejo Municipal de
Santiago de Cali, ‘Por el cual se reduce la estructura administrativa, se adopta una
nueva planta de personal y se determina una nueva escala de remuneración en el
Concejo Municipal de Santiago de Cali.

SEGUNDO: Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN RAMA
JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los
daños causados a XIMENA PATRICIA GÓMEZ por el error judicial en el que incurrió
el Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, al no declarar la nulidad y
restablecimiento de derecho en el momento en que mi poderdante interpuso la
acción.

TERCERO: Que se reparen los daños y perjuicios causados a XIMENA PATRICIA
GÓMEZ, así.

RESUMEN: Lucro cesante debido: Salarios y prestaciones dejadas de percibir
desde julio 10 de 2001 hasta el 30 de abril de 2017, SEICIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($676.056.375).

Más indexación: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTITRÉS MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($256.023.617).

Total salarios y prestaciones indexadas: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE
($932.079.503). A fecha del 30 de abril de 2017.
(…)
LIQUIDACIÓN SUBSIDIARIA: Como se trata de una reparación directa por error
judicial la liquidación podría ser también de la siguiente forma: (…) Indemnización
Debida o Consolidada: (…) $1.350.892.930,00 (…). Indemnización Futura: (…)
$494’616.078 (…).

Además, lo correspondiente a los honorarios de abogado 30% de lo que se
reconozca en la sentencia, asumidos dentro de la presente demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, según consta en el contrato de prestación de servicios
que se aporta como prueba.

Perjuicios morales: Para XIMENA PATRICIA GÓMEZ se reconozca y pague por
perjuicios morales 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes”5.

4.Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:

3
En lo sucesivo, el distrito de Cali, el distrito accionado, la entidad, la parte demandada o la parte
accionada.
4
Fechada el 6 del mismo mes y año.
5
Folios 99 a 114 del archivo 1 del expediente digital, paginados como 86 a 101. Índice 32 de Samai.

2

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

5.La señora Ximena Patricia Gómez Rivera desempeñó en el Concejo de Santiago de
Cali, desde el 21 de febrero de 1997, el empleo de “SECRETARIA
TRANSCRIPTORA”, inicialmente, en provisionalidad y luego en carrera. Mediante
comunicación recibida el 9 de julio de 2001, se le informó que su cargo había sido
suprimido por tal Corporación a través del Acuerdo 081 del 19 de abril de 2001, el
cual modificó la estructura administrativa de la Corporación y adoptó una nueva
planta de personal.

6. Frente a lo anterior, la demandante promovió proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el que alegó la expedición irregular del acuerdo citado y la infracción
de las normas jurídicas superiores, cargos que, por falta de acreditación, fueron
desestimados por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cali, mediante
sentencia del 3 de marzo de 2011, confirmada en segunda instancia el 7 de febrero
de 2013.

7.Luego, en sede de segunda instancia, el Consejo de Estado, mediante sentencia
del 27 de abril de 2015, proferida en el marco de un proceso de nulidad simple
promovido por una organización sindical, anuló el citado Acuerdo 081 de 2001.
Según la señora Gómez Rivera, esta decisión puso de presente el proceder irregular
de las demandadas, al desconocer en sede administrativa y judicial la ilegalidad del
acto administrativo general que llevó a su retiro del servicio.

8.Como sustento jurídico, la accionante, sin hacer referencia en concreto a alguna
providencia, indicó que la jurisprudencia ha sido clara en aceptar la procedencia de
la reparación directa para reclamar la indemnización de los perjuicios causados por
disposiciones de carácter general anuladas por esta jurisdicción.

Contestación de la demanda

9.El distrito de Cali se opuso a las pretensiones6. Señaló que la reparación directa
resultaba improcedente, en cuanto la desvinculación de la demandante no se
ordenó mediante el Acuerdo municipal 081 de 2001 (anulado posteriormente), sino
en virtud de un acto administrativo de carácter particular -el contenido en la
comunicación del 6 de julio de 2001-, cuya ilegalidad fue desestimada en un proceso
previo, que terminó con sentencia con fuerza de cosa juzgada.

10.Agregó que para la época de los hechos, conforme a lo previsto en el artículo 39 de
la Ley 443 de 19987, la señora Gómez Rivera optó por recibir una indemnización
administrativa en lugar de incorporarse a la nueva planta de personal, por ende, no
se le causó daño antijurídico alguno. Asimismo, sostuvo que la demanda de la
referencia fue presentada 14 años después de ocurridos los hechos.

6
Folios 161 a 171 del cuaderno digital 1.
7
“Artículo 39. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los
empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares,
como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del
traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser
incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones
que establezca el Gobierno Nacional” (se destaca).

3

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

11.La entidad llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 8, con
fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.
1501215001154. Una vez notificada, la aseguradora9 propuso la excepción de cosa
juzgada y sostuvo que la sentencia de nulidad simple invocada por la actora carecía
de efectos retroactivos frente a situaciones consolidadas, como la acá debatida.
Agregó que la contingencia objeto de la litis no se encontraba amparada y que, en
todo caso, en el sub-lite se estructuró un esquema de coaseguro, por lo que su
responsabilidad se limitaba al porcentaje de cobertura que le correspondía.

12.La Rama Judicial guardó silencio10.

Sentencia de primera instancia

13.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 18 de marzo
de 202511, decidió (transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis):

“PRIMERO: DECLÁRESE INFUNDADA la excepción de cosa juzgada.

SEGUNDO: DECLÁRENSE FUNDADAS las excepciones de caducidad sobre
la pretensión de responsabilidad por error judicial respecto de la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DESAJ; y de improcedencia de la Reparación Directa
respecto de la falla en el servicio del DISTRITO DE CALI por la nulidad del
Acuerdo 081 de 2001.

TERCERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas”.

14. El a quo consideró que este asunto no tenía identidad de objeto, causa, ni partes
con el decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la señora Gómez Rivera ante el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Cali,
bajo el radicado 76001-23-31-000-2001-05212-00, y tramitado en segunda instancia
ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

15.Explicó que dicha actuación se debatió sobre la legalidad de la desvinculación de la
accionante con el Distrito de Cali como accionado, a partir de las circunstancias que
rodearon la reestructuración administrativa. Mientras que en el sub lite, además, se
demandó a la Rama Judicial, para lo cual se reclamó indemnización por dos
supuestos distintos: i) el error judicial derivado de la denegatoria de las pretensiones
de legalidad formuladas en el aludido expediente 76001-23-31-000-2001-05212-00,
y ii) por la expedición de un acto administrativo general (Acuerdo 081 de 2001 del
Concejo de Cali) que fue anulado por esta Corporación.

16. Como consecuencia, el tribunal desestimó la excepción de cosa juzgada, pero
declaró probada la de caducidad frente a la imputación inherente a los supuestos
daños causados por la administración de justicia, dado que la demanda no fue

8
Folios 191 a 193 del cuaderno digital 1.
9
Folios 216 a 238 del cuaderno digital 1.
10
En el expediente no reposa memorial en ese sentido. Además, en el informe de paso al despacho
pertinente solo se dejó constancia de la contestación presentada por el distrito de Cali (folio 194 del
cuaderno digital 1).
11
Índice 55 de Samai.

4

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

presentada dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que
puso fin a la respectiva controversia. A su juicio, el cómputo no debía efectuarse a
partir del fallo posterior que se dictó en el proceso de nulidad simple, porque ello
equivaldría a revivir términos fenecidos y a supeditar la configuración del error
judicial a lo decidido en un proceso independiente.

17.En relación con la segunda atribución de responsabilidad, concluyó que la
reparación directa no era procedente frente al Distrito de Cali, toda vez que la
desvinculación de la demandante se produjo mediante un acto administrativo
particular (la comunicación del 6 de julio de 2001), cuya presunción de legalidad no
fue desvirtuada en el proceso promovido para tal fin. Explicó que el fallo de 2015
del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Acuerdo 081 de 2001 no tuvo
incidencia en la situación de la actora, dada su consolidación previa. Añadió que,
en su momento, la accionante optó por una indemnización administrativa, en lugar
de incorporarse a la nueva planta, de modo que su retiro obedeció a la alternativa
que eligió.

18.No se emitió condena en costas, por no encontrarse causadas.

Recurso de apelación

19. La parte actora apeló la sentencia de primer grado. Sostuvo que el término de
caducidad respecto del error judicial debía contarse a partir de la decisión del
Consejo de Estado que, en sede de nulidad simple, dejó sin efectos el Acuerdo 081
de 2001 del Concejo de Cali, pues fue esa providencia la que puso en evidencia el
yerro en el que habría incurrido esta jurisdicción al negar sus pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho.

20.De otro lado, argumentó que la acción de reparación directa era la idónea para
reclamar la indemnización de los perjuicios del Acuerdo 081 de 2001 del Concejo
de Cali, que resultó anulado. Explicó que, aunque existía un pronunciamiento
judicial sobre este asunto, este no podía reputarse definitivo, dada las falencias en
las que incurrieron las autoridades que definieron el caso.

Trámite de segunda instancia

21. El 8 de septiembre de 202512, esta Corporación admitió la apelación interpuesta
por la accionante e informó a las partes y al Ministerio Público que podían intervenir
hasta la ejecutoria del referido auto y el ingreso del expediente al despacho para
fallo, respectivamente.

22.A juicio de la Procuraduría13, el recurso de apelación de la parte demandante carece
de vocación de prosperidad, en cuanto la demanda por error judicial debió
presentarse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que la
señora Gómez Rivera califica como contraria a derecho, pues a partir de allí
tuvo conocimiento de la denegatoria de las pretensiones y de los fundamentos de
tal determinación, sin que la nulidad ulterior del acto general reviviera los términos

12
Índice 4 de Samai.
13
Índice 11 de Samai.

5

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

para accionar por daños derivados de la administración de justicia, como
reiteradamente lo ha indicado la jurisprudencia. En todo caso, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no se incurrió en yerro alguno, pues tal
asunto se falló de conformidad con los criterios vigentes para ese momento.

23.En segundo lugar, la reparación directa no constituye un mecanismo para reabrir
litigios ya decididos en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. En este
asunto, la afectada promovió con antelación a las diligencias de la referencia un
proceso de legalidad frente a su desvinculación, el cual fue decidido de manera
desfavorable, sin que el carácter inmutable de dicha decisión resultara alterado por
un fallo sobreviniente dictado en un proceso independiente, so pena de desconocer
la cosa juzgada.

24.Las partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

25.Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, así
como legitimación en la causa14, la Sala procede a decidir la segunda instancia, en
el marco de lo cual debe determinar lo atinente a la oportunidad de la demanda y la
procedencia de la reparación directa.

Objeto de la apelación

26.Corresponde a la Subsección pronunciarse sobre los reparos concretos formulados
en la apelación, los cuales, por regla general, delimitan la competencia del ad quem,
para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de
manera oficiosa.

27.En relación con la imputación dirigida a la Rama Judicial, se debe establecer si el
término de caducidad debe contarse desde la ejecutoria de la providencia a la que
se atribuye el error judicial, o si, por el contrario, resulta determinante la sentencia
posterior de nulidad simple mediante la cual esta Corporación anuló el Acuerdo 081
de 2001, a través del cual el Concejo de Cali modificó su estructura administrativa
y la planta de personal a la que se encontraba vinculada la demandante.

28.En cuanto al Distrito de Cali, corresponde determinar si la reparación directa resulta
procedente para solicitar la indemnización de los perjuicios causados por la
finalización del vínculo laboral de la señora Ximena Patricia Gómez Rivera. En caso
de advertirse su falta de idoneidad, deberá definirse la consecuencia jurídica de tal

14
El proceso fue promovido por la persona que fungió como accionante en el litigio del que se predica
el error judicial, quien, a su vez, corresponde a aquella que resultó desvinculada del servicio público.
Además, la demanda se dirigió contra la Rama Judicial y el Distrito de Cali. La primera entidad, por
tener a su cargo la administración de justicia y haber proferido la decisión que se califica como
contraria al ordenamiento jurídico. La segunda, por ser la empleadora de la accionante y haber
proferido el Acuerdo 081 de 2001, que, posteriormente, fue anulado, supuesto que, en criterio de la
accionante, revela la falla en el servicio que se presentó en la finalización de su vínculo laboral.

6

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

situación, y si esta configura una excepción que debe ser declarada de oficio por la
Subsección, como la de cosa juzgada.

29. Previo a resolver los cargos citados, la Sala relacionará los hechos relevantes que
resultaron acreditados, para, a partir de ellos, abordar los reproches de la parte
apelante.

Supuestos fácticos acreditados

30.La señora Ximena Patricia Gómez Rivera se vinculó en provisionalidad al Concejo
de Santiago de Cali el 21 de febrero de 1997, en el cargo de secretaria transcriptora,
código 000100000001780 00, en el cual fue inscrita en carrera administrativa el 14
de abril de 199815.

31. A través del Acuerdo 081 del 19 de abril de 2001, la citada Corporación redujo su
estructura administrativa y adoptó una nueva planta de personal16. Con fundamento
en esta determinación, el 9 de julio de la misma anualidad17, se le comunicó a la
accionante la supresión de su cargo y se le indicó que, en atención a sus derechos
de carrera, podía optar entre la prelación para su reincorporación o una
indemnización, para lo cual eligió lo segundo.

32.El 9 de noviembre siguiente, la accionante promovió proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que cuestionó la legalidad del citado acuerdo y
de la comunicación posterior, dado que el primero de los citados no fue aprobado
por los votos mínimos que correspondía y no contó con un estudio previo18. El
asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado 7° Administrativo del
Circuito de Cali, bajo el radicado 76001 33 31 007 2001 02551 00, despacho que
dictó sentencia denegatoria el 3 de marzo de 2011, ante la evidencia de que no se
aportó copia auténtica del reglamento del Concejo de Cali y “en todo caso los
precedentes del Consejo de Estado han negado la prosperidad de este cargo
sustentado en los mismos argumentos que se exponen en la demanda”19. Además,
sí se contó con el análisis técnico establecido en la Ley 443 de 1998, según las
pruebas allegadas. Como argumento adicional, el juzgado indicó que, si bien en otro

15
Según las certificaciones y el acta de posesión visibles a folios 9 y 10 del cuaderno digital 1).
16
Folios 11 a 22 del cuaderno digital 1.
17
En el expediente no obra tal documento; sin embargo, tal supuesto fáctico fue incluido dentro de
los hechos probados en la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que la accionante promovió con ocasión de su desvinculación. Al respecto, el Juzgado
7° Administrativo del Circuito de Cali señaló (transcripción literal):
"Igualmente se acredita que mediante oficio de julio 6 del 2001 y con fecha de recibo del día 9 del
mismo mes y año, se comunicó a la actora la supresión del cargo que venía desempeñado como
Secretaria Transcriptora dentro de la planta de personal del Concejo Municipal, a partir del día 9 de
Julio de 2001 por efecto de lo dispuesto en el acuerdo No 081 del 18 de abril del 2001 (Fl.68 Cdno
Ppal), poniéndole de presente que de conformidad con los artículos 44 y siguientes del Decreto 1568
de 1998, le asistía el derecho de optar entre un tratamiento preferencial para ser reincorporada a un
empleo equivalente dentro de los seis (6) meses siguientes o recibir una indemnización, con la
advertencia de que esta decisión debía ser comunicada a la administración en el término de cinco
(5) días calendario luego de su recibo, optando la señora XIMENA PATRICIA GÓMEZ RIVERA por
la indemnización, según lo señala de manera expresa en el HECHO TERCERO de la demanda
propuesta" (folio 46 del cuaderno digital 1).
18
En las sentencias proferidas dentro de esa causa se reseñaron los cargos formulados por la parte
actora (folios 53 a 56 del cuaderno digital 1).
19
Folio 38 del cuaderno digital 1.

7

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

proceso se había accedido a la declaratoria de nulidad, ello obedeció a que en esa
litis no se incorporó como prueba la documental técnica exigida y ello se traducía
en la ausencia de un elemento establecido en la ley para proceder a la
reestructuración.

33.En virtud de la apelación de la demandante, las diligencias fueron remitidas al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que las radicó con el consecutivo 76001
23 31 000 2001 05212 01, y confirmó el fallo de primer grado el 7 de febrero de
201320, dado que la omisión en el aporte del reglamento del Concejo, por ser un
requisito sine qua non, impedía el análisis de fondo del primer cargo de nulidad y,
de otro lado, contrario a los dichos de la empleada, fue acreditado el soporte técnico
que justificaba la modificación de la planta. Esta providencia quedó ejecutoriada el
30 de abril de la misma anualidad21.

34. Luego, el 27 de abril de 2015, la Sección Segunda de esta Corporación dictó
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad simple con radicado 76001
23 31 000 2001 02855 01, promovido por la Unión Sindical de Servidores Públicos
y Contratistas con el fin de que se anulara el Acuerdo 081 de 2001 proferido por el
Concejo de Cali. Tal Sala encontró fundado el reproche planteado en la demanda,
en cuanto a la ausencia del estudio técnico, pues consideró que no bastaba con su
elaboración, sino que esta debía estar acorde con las exigencias legales del caso,
sin que ellas se agotaran en la necesidad de reducir gastos de funcionamiento
(transcripción en su tenor literal, con sus propios errores ortográficos y de
digitación)22:

Para orientar el debate de acuerdo con la impugnación planteada por la parte
actora, se determinará si en el presente asunto se obró de conformidad con el
artículo 41 de la Ley 443 de 1998, en cuanto exige previamente la elaboración
de estudios técnicos efectuados (…) que recomendaran la reestructuración del
Concejo Municipal de Santiago de Cali (…).

En lo referente a los estudios técnicos el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998,
prevé que (…) deben basarse en metodologías de diseño organizacional y
ocupacional, e incluir por lo menos el análisis de alguno de los aspectos
relacionados en la norma, es decir, que debe contener análisis de los procesos
técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la prestación de los servicios, y/o
evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los
empleos.

En el presente asunto obra (…) una entrega parcial del estudio técnico
elaborado por el señor JORGE PORTOCARRERO, que señala como necesidad
de la reforma lo siguiente:

20
Folios 51 a del cuaderno digital 1.
21
La parte actora allegó la constancia de notificación por edicto fijado por el término de 3 días el 23
de abril de 2013, por tanto, la providencia quedó notificada el 25 siguiente y la firmeza tuvo lugar el
30 de abril de la misma anualidad, según lo previsto en el artículo 331 del CPC (vigente para la época
de los hechos), a cuyo tenor: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia,
su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”. En el expediente no obra
constancia de solicitudes de aclaración o complementación formuladas en el caso concreto.
22
Folios 65 a 80 del cuaderno digital 1.

8

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

(...) El estudio realizado por el suscrito demuestra plenamente no solo que la
nómina actual de la Corporación está por encima de lo señalado en la Ley 617
de 2000 sino también con el techo presupuestal asignado para el
funcionamiento del Concejo solo alcanzaría para financiar la nómina hasta el
mes de septiembre sin contar con otros gastos que son indispensables para el
funcionamiento de la corporación edilicia (...)

Igualmente realizó un estudio de las hojas de vida de los funcionarios (…) y
realizó una proyección de los gastos de personal para el año 2001.

(…) De lo anterior se colige que no se encuentra análisis alguno de los puntos
establecidos por el artículo 154 del Decreto 1572 de 2001, pues de su contenido
no se deducen las etapas que se surtieron según la justificación técnica.

Lo que reflejan tales documentos es que la necesidad de supresión de cargos
se daba en orden a reducir los gastos de funcionamiento en virtud de la Ley 617
de 2000 (…).

Así las cosas, y pese a que en anteriores oportunidades esta Corporación
manifestó que era suficiente invocar como razón para la reestructuración
administrativa la Ley 617 de 2000, se debe tener en cuenta que de
conformidad con el numeral 9° del artículo 149 del Decreto 1572 de 1998 la
racionalización del gasto es una de las razones que puede llevar a la
administración a modificar su estructura. Dicha posición fue rectificada por lo
que se considera que esta situación no releva a la entidad del cumplimiento de
las demás exigencias legales, en este caso, de las consagradas en el artículo
154 del mismo Decreto 1572, en cuanto a la existencia del estudio técnico y los
aspectos que se deben atender en la elaboración del mismo.

En las anteriores condiciones, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 21 de marzo de 2013 que negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará la nulidad del Acuerdo
081 del 19 de abril de 2001 expedido por el Concejo Municipal de Santiago de
Cali” (se destaca).

35. Con fundamento en los anteriores supuestos, la parte actora pretende que se le
indemnicen los perjuicios derivados de: i) el error judicial derivado de la negativa de
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que formuló en 2001 con
ocasión de su desvinculación laboral del Concejo de Cali, y ii) por el hecho de que
la finalización del vínculo se hubiese ordenado en virtud de un acto administrativo
que fue declarado nulo en segunda instancia en 2015 por el Consejo de Estado, en
los términos indicados.

El cómputo del término para demandar por el daño imputado a la
administración de justicia

36.Esta Subsección ha precisado que, en materia de error judicial, el término para
ejercer la acción debe contarse desde la firmeza de la providencia calificada como
errada. Sin embargo, tratándose de terceros que no comparecieron al respectivo
litigio o de supuestos excepcionales en los que el menoscabo se consolidó o
manifestó con posterioridad23, el plazo se computará desde un momento distinto,
según las particularidades de la situación.

23
En providencia del 21 de febrero de 2025, esta Sala indicó: “En cuanto al término para ejercer la
acción, en casos de error jurisdiccional, esta Subsección sostiene que se computa a partir del día
siguiente a aquel en que la providencia presuntamente errónea adquirió firmeza, dado que a partir
de allí se tiene conocimiento del daño. No obstante, existen eventos con características particulares
en los que, excepcionalmente, puede ocurrir que el daño se genere o se manifieste con posterioridad

9

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

37. Respecto de escenarios en los que se promueven varios procesos sobre los
mismos supuestos a instancia de distintos interesados, la Sala ha considerado que
las decisiones posteriores que se adopten frente a algunos de ellos no amplían ni
reviven el término de caducidad por eventual error judicial en favor de sujetos que
hubiesen obtenido fallo desfavorable con anterioridad, así24:

“En el sub lite, la parte actora pretende que se le indemnicen los perjuicios
causados con el error judicial que, a su juicio, se configuró en las sentencias del
23 de febrero de 2009 y del 23 de enero de 2013, a través de las cuales el
Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia, respectivamente, fallaron de manera desfavorable el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Doris Liliam
Mesa Fernández en contra del acto administrativo por medio del cual el
municipio de Medellín declaró insubsistente su nombramiento (…).

De este modo, la caducidad debe computarse desde la ejecutoria del fallo
de segunda instancia dictado en el proceso señalado, sin que resulte
determinante la fecha de cumplimiento de la sentencia que en otro proceso se
hubiera adoptado en relación con una de los docentes que fue
desvinculada al igual que la señora Mesa Fernández.

La Sala no comparte el argumento según el cual el supuesto error
jurisdiccional por el que se demanda fue advertido por la parte actora
hasta que la señora Derly Astrid Arboleda Galeano le informó que en su
caso se había dictado sentencia favorable.

Lo anterior, porque la sentencia de la señora Arboleda Galeano versó sobre su
situación particular, sin adoptar determinación alguna frente a lo ocurrido con la
señora Doris Liliam Mesa Fernández y sin analizar la legalidad del fallo en virtud
del cual se negaron las pretensiones que esta última formuló.

Así las cosas, la parte actora estaba en la posibilidad de demandar por el error
judicial (…) desde la ejecutoria del fallo proferido el 23 de enero de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, pues, para verificar si este le había
causado un daño antijurídico, bastaba con que lo confrontara con la
jurisprudencia y la normativa vigente en materia de insubsistencia (…).

Del mismo modo, para establecer si el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia desconocieron el precedente
en la materia objeto de debate, lo que le correspondía era analizar la decisión
que estas autoridades judiciales adoptaron a la luz de los pronunciamientos que
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado habían dictado para esa época,
sin que para ello la parte actora tuviera que esperar a que se decidieran
procesos futuros, pues esa situación no constituye un presupuesto de
procedibilidad de la pretensión de reparación directa por los daños
causados por la Administración de justicia” (se destaca).

a la actuación judicial que lo originó. En estos últimos casos, y dependiendo las circunstancias del
caso concreto, el término de caducidad se contabiliza desde que el día siguiente en que el
perjudicado pudo percatarse de su existencia, según las particularidades de la situación concreta.
De manera que, dadas las circunstancias en que se funden las pretensiones, puede ser que el
término de caducidad cuando se alega error judicial se contabilice a partir de un momento posterior
al de la ejecutoria de la providencia que lo contenga (no como regla general, sino como excepción)”
(M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez). En el mismo sentido, aunado a la situación de los terceros, la
Subsección se pronunció en sentencia del 11 de julio de 2025, expediente 70.410, M.P. María
Adriana Marín.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, providencia del 6 de
febrero de 2020, expediente 63734, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

10

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

38. A su vez, en relación con los efectos de la sentencia de anulación de un acto
administrativo general frente a fallos denegatorios precedentes de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sección Segunda de esta Corporación ha
señalado25:

“[L]os efectos de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo normativo
y general (…), se extienden a los actos particulares fundados en dicha
regulación, entendiendo que, al retrotraerse la situación jurídica a su estado
inicial, desaparecen los fundamentos jurídicos de la decisión concreta.

(…). Aun así, lo expuesto no quiere decir que sus efectos sean en sí
retroactivos, sino retrospectivos, es decir, que solo afectan todo aquello que
no se haya consolidado al momento de la sentencia y que por tanto aún
esté pendiente de discusión en vía administrativa o judicial, pues lo cierto
es que lo que se configuró en virtud de los fenómenos de cosa decidida26 o cosa
juzgada, ya no son susceptibles de modificación alguna en observancia del
principio de seguridad jurídica”.

39. El criterio expuesto, esto es, la ausencia de consecuencias de un fallo de nulidad
simple posterior frente a una sentencia ejecutoriada de nulidad y restablecimiento
del derecho, en armonía con lo sostenido por esta Subsección en el
pronunciamiento citado (sin perjuicio de lo que más adelante se analizará en torno
a la cosa juzgada frente al distrito accionado), permite concluir que tales
pronunciamientos sobrevinientes no tienen la virtualidad de ampliar o revivir el
término de caducidad para demandar por error judicial y que, por ende, tal
presupuesto debe regirse por la regla general previamente enunciada, cuya
aplicación tiene como fundamento el principio de seguridad jurídica, a fin de evitar
que el plazo quede sujeto a la incertidumbre derivada de pronunciamientos
posteriores sobre actos administrativos de carácter general.

40. En este orden de ideas, como la parte actora achaca el error judicial a la sentencia
del 3 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de
Cali, y confirmada el 7 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, la demanda pertinente debió presentarse dentro de los dos años siguientes
a la fecha en la que quedó en firme el fallo de segunda instancia (30 de abril de la
misma anualidad)27.

41. A juicio de la apelante, el término debe computarse desde una fecha posterior, en
cuanto el desacierto de lo resuelto en su proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho solo quedó en evidencia con el fallo de nulidad simple de segunda

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 68001-23-31-000-2001-02590-01 (0367-2014), M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
26
Cita del original: “La cosa decidida se ha entendido doctrinalmente como el símil de la figura de la
cosa juzgada respecto de los actos administrativos que cobran plena validez y resultan
inmodificables cuando una vez en firme al haberse concluido la actuación administrativa en primera
y segunda instancia (si la hubo), nunca fueron demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo oportunamente, esto es, dentro del correspondiente término de caducidad, lo que los
hace inviables de enjuiciamiento y anulación en vía judicial, generando a la vez una firmeza plena
de lo “decidido” o resuelto por la administración”.
27
La parte actora allegó la constancia de notificación por edicto fijado por el término de 3 días el 23
de abril de 2013 (folio 64 del cuaderno digital 1), por tanto, la providencia quedó notificada el 25
siguiente y la firmeza tuvo lugar el 30 de abril de la misma anualidad, según lo previsto en el artículo
331 del CPC (vigente para la época de los hechos).

11

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

instancia, dictado por esta Corporación más de dos años después (el 27 de abril de
2015).

42.Para la Sala no resulta de recibo lo anterior, en tanto se trata de una decisión
proferida en el marco de un proceso tramitado de manera independiente, en el que
no se resolvió sobre la situación particular de la señora Gómez Rivera, ni sobre el
acierto y el carácter definitivo de la providencia adversa dictada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que ella promovió en 2001.

43.Así las cosas, si la parte actora consideraba que esta jurisdicción adoptó decisiones
carentes de sustento en su caso, al resolver de manera desfavorable el cargo
sustentado en la ausencia de estudio técnico que precediera la reestructuración y
negar la anulación del Acuerdo 081 de 2001 del Concejo de Cali, bastaba con que
confrontara los proveídos con el acervo probatorio y la normativa aplicable, para así
identificar los yerros que, en su criterio, se presentaron y que, a su vez, le permitían
estructurar una imputación de responsabilidad patrimonial por error judicial, en los
términos previstos en los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996, que precisan que
el Estado indemnizará los daños materializados, entre otros, a través de las
providencias contrarias a la ley.

44.En suma, frente a la pretensión por error judicial formulada en este asunto, el plazo
para accionar se cuenta desde la ejecutoria de la providencia supuestamente
errada, sin que la existencia (o incluso el curso) de un proceso de nulidad simple
paralelo o posterior fuera requisito para configurar el aludido yerro ni para habilitar
el ejercicio del derecho de acción. En este punto, se destaca que los argumentos
de la accionante se sustentan en la forma en la que fue decidida su pretensión de
anulación del Acuerdo 081 de 2001 del Concejo de Cali, pues mientras el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desestimó su ilegalidad, en un proceso posterior
e independiente el Consejo de Estado acogió tal pedimento, así lo indicó28
(transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de
digitación):

“Adecuando la anterior normatividad transcrita al presente caso, cuando mi
poderdante por medio de apoderado judicial interpuso la acción de nulidad y
restablecimiento derecho en contra del Acuerdo N° 081 del 19 de abril de 2001,
en la que se buscaba que se declare la ilegalidad del mismo y el
restablecimiento de derecho, una vez surtido el proceso el Juzgado Séptimo
Contencioso Administrativo del Circuito de Cali en primera instancia y el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en segunda instancia
resolvieron negar las pretensiones incoadas por la señora XIMENA PATRICIA
GÓMEZ argumentando que no se logró acreditar la ilegalidad del acto
demandado debido a que los cargos formulados no fueron demostrados en el
proceso. Pero Conocemos que paralelamente la Unión Sindical de Servidores
Públicos y Contratistas y otros incoaron acción de nulidad simple en contra del
mismo acuerdo y por medio de Sentencia del 27 de abril de 2015 el Consejo de
Estado declaró la nulidad del Acuerdo. Por lo que se configura entonces el error
judicial por parte de la rama judicial.

(…) En conclusión, la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional en el
presente caso se encuentra completamente configurada, ya que a todas luces
la Nación – Rama Judicial es responsable por error jurisdiccional al no haber

28
Folios 97 y 99 del cuaderno digital 1.

12

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

declarado la nulidad de un acto administrativo ilegal dentro del acción
interpuesta por mi cliente, pero que posteriormente fue declarada la ilegalidad
por el Consejo de Estado dentro de una nulidad simple interpuesta por actor
diferente”.

45.Aunque se alegara que la administración de justicia incurrió en error por decidir el
asunto sin esperar la finalización del trámite de legalidad en curso
(prejudicialidad29), lo cierto es que tal falencia -de existir- era susceptible de ser
conocida desde la ejecutoria de la sentencia que puso fin al proceso inicial, para lo
cual la interesada no requería sino confrontar dicha decisión con las disposiciones
procesales pertinentes, para así formular la respectiva demanda de reparación de
daños.

46. Así, el plazo de dos años establecido en el artículo literal i) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 201130 empezó a correr el día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia que puso fin al respectivo proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, es decir, el 1° de mayo de 2013 y se extendió hasta el 4 de mayo de
201531, pero la demanda fue radicada hasta el 25 de mayo de 2017 32. La solicitud
de conciliación extrajudicial del 27 de abril de la misma anualidad33 no suspendió el
término para demandar, pues se promovió cuando este ya había expirado.

47. En este orden de ideas, la Subsección confirmará la decisión por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la caducidad de las
pretensiones formuladas contra la Rama Judicial.

Las pretensiones formuladas contra el distrito de Cali

48.El a quo concluyó que la reparación directa no era procedente frente al municipio
de Cali, por cuanto la desvinculación de la señora Gómez Rivera se produjo
mediante un acto administrativo particular (comunicación del 6 de julio de 2001),

29
Las normas del Código de Procedimiento Civil vigentes para la época de los hechos señalaban:
“Artículo 170. Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso: (…). 2. Cuando
la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso
(…) que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto
administrativo de alcance particular cuya nulidad este pendiente del resultado de un proceso
contencioso administrativo (…).
Artículo 171. Decreto de la suspensión y sus efectos. Corresponderá al juez que conoce del proceso,
resolver sobre la procedencia de la suspensión.
La suspensión a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo precedente, sólo se decretará
mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe
suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.
Artículo 172. Reanudación del proceso. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará
hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia
ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro
de los tres años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de
parte decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por estado y mediante
telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales”.
30
Norma según la cual la acción de reparación directa debe ejercerse dentro de los dos años
siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. No obstante, si ese surge con
posterioridad, el término se contará a partir de allí, siempre que el afectado lo haya conocido o
hubiese estado en posibilidad de hacerlo.
31
El plazo vencía el 1° de mayo de 2015, pero, por tratarse de un viernes festivo, se extendió hasta
el día hábil siguiente (lunes 4).
32
Folio 119 del archivo 1 del expediente digital (índice 32 de Samai). Las actuaciones de primera
instancia obran en el aplicativo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
33
Folio 126 del cuaderno digital 1.

13

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

cuya legalidad fue discutida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la demandante, el cual fue resuelto en forma adversa, según
providencia ejecutoriada en 2013. A su juicio, la nulidad posterior del Acuerdo 081
de 2001 no varió su situación, por haberse consolidado previamente. A su vez, la
apelante argumentó que la anulación del citado acto administrativo general le
imponía a la entidad la carga de indemnizar los perjuicios causados, sin excusarse
en el fallo previo denegatorio, por haberse proferido sin analizar “adecuadamente”
el asunto.

49. De manera preliminar, la Sala advierte que, en este preciso punto, el debate gira
en torno a un asunto de legalidad de naturaleza laboral. Sin embargo, no dispondrá
la remisión de las diligencias a la Sección Segunda de esta Corporación, por cuanto
se configura una excepción que permite definir el asunto (cosa juzgada), sin que
sea necesario un pronunciamiento de fondo del juez natural, como se explicará y,
en todo caso, las reglas contenidas en el reglamento de esta corporación son de
distribución de asuntos y no de competencia. Esta determinación se adopta en
aplicación de los principios de economía procesal y eficacia, que orientan la función
jurisdiccional y buscan evitar trámites innecesarios que dilaten los procesos, en
concordancia con las decisiones que la Subsección ha adoptado en litigios en los
que, a pesar de tratarse de controversias de legalidad de conocimiento de otras
Secciones, no ha dispuesto el envío del expediente, con fundamento en situaciones
que permiten poner fin a las diligencias, tales como la extemporaneidad de la
demanda34.

50.La legalidad del retiro de un empleado público debe controvertirse a través de la vía
indicada por el a quo, por ser la idónea para cuestionar los actos administrativos
que afectan derechos subjetivos35, solicitar el restablecimiento del derecho, así
como la indemnización de los perjuicios causados. Pretensión que, en efecto,
ejerció en su momento la accionante, pero sin resultados favorables, tal como lo
acreditan el fallo del 3 de marzo de 2011 proferido por el Juzgado 7° Administrativo
del Circuito de Cali, y el del 7 de febrero de 2013 del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, los cuales negaron las pretensiones que la demandante formuló
para que se declararan nulos el Acuerdo 081 de 2001 y el oficio del 6 de julio de la
misma anualidad.

51.En ese orden, la parte actora pretende reabrir el debate sobre su desvinculación,
pese a que ese aspecto ya fue decidido por el juez natural. La Subsección estima
que no es viable que, bajo la premisa según la cual, en aquel proceso no se analizó
“adecuadamente” la litis, esta Corporación vuelva a examinarla, ahora, en sede de

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencias del 11 de
agosto de 2025, expediente 70.074, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, y del 6 de mayo de 2024,
expediente 69.284, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
35
Ley 1437 de 2011. Artículo 138: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare
el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior (…). En similares términos fue consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, a cuyo
tenor: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen
una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.

14

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

reparación directa, pues esta no se erige en una tercera instancia de dicha
controversia. Si la parte accionante consideraba que las providencias allí emitidas
fueron contrarias a derecho y, de manera consecuente, constituían un error
jurisdiccional, en los términos de los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996, debió
demandar a la Rama Judicial con fundamento en ese título de imputación, dentro
del término legal correspondiente, pero no lo hizo, como se explicó en el acápite
precedente.

52. Tampoco es de recibo el argumento de que la anulación posterior del Acuerdo 081
del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Cali, habilitó a la accionante para
promover el asunto de la referencia. Si bien dicho acto general fue proferido en el
marco de la actuación administrativa que dispuso la finalización de su vínculo
laboral, lo cierto es que la situación de la señora Gómez Rivera se consolidó con la
sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho de segunda instancia
ejecutoriada en 2013, decisión cuyo carácter definitivo no se alteró con el fallo del
27 de abril de 2015, dictado en sede de nulidad simple, dados sus efectos
retrospectivos, tratándose de debates agotados con anterioridad, como lo ha
precisado la Sección Segunda de esta Corporación36.

53.En suma, no es procedente que la demandante pretenda controvertir nuevamente
la legalidad de la decisión adoptada en su caso, pues la sentencia proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se analizó, entre otros
aspectos, la existencia del estudio técnico previo a la reestructuración
administrativa, adquirió efectos de cosa juzgada en los términos de los artículos 332
del CPC37 y 175 del CCA38, que impiden promover una nueva acción sobre la misma
causa petendi con fundamento en un fallo posterior del Consejo de Estado en el que
se abordó ese aspecto en sentido distinto, dado que dicha determinación no tiene
efectos retroactivos frente a situaciones previamente consolidadas, como se indicó,
pues, el carácter definitivo e inmutable de fallos como el proferido en el caso

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 68001-23-31-000-2001-02590-01 (0367-2014), M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
37
“Artículo 332. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en
la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)”.
38
“Artículo 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la
causa petendi juzgada (…)”. En relación con este supuesto, la Corporación ha señalado:
“La Sala reitera (…)que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la
demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, ‘[…] lo cual significa que la decisión judicial
en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace extensiva a aquellos
procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el mismo, independientemente de
cuál sea la causa invocada para sustentar la nulidad deprecada […]’; es decir, que la sentencia
que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo
el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda
presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.
Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, esta producirá
efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi que, entendida
como la razón o los motivos por los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos
o en el concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se
infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una acción de nulidad hace tránsito a
cosa juzgada erga omnes, solo respecto de los cargos que dan lugar a su interposición” (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de
2021, expediente 11001-03-24-000-2009-00100-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez).

15

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

concreto no resulta afectado por un cambio jurisprudencial adoptado en un proceso
posterior, cuando la decisión se profirió con fundamento en el criterio aplicable al
momento de resolverlo39.

54.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que no se configuraba la
excepción de cosa juzgada, para lo cual analizó de manera conjunta las
pretensiones, incluidas las de error judicial, así como las manifestaciones formales
de la demanda, según las cuales lo planteado frente al Distrito de Santiago de Cali
daba lugar a una nueva controversia. Sin embargo, al resolver sobre la imputación
contra tal distrito, señaló que no era procedente la reparación directa, porque la
desvinculación se produjo mediante un acto administrativo particular cuyos
reproches de ilegalidad fueron descartados en sede judicial, sin que el fallo posterior
de nulidad simple alterara el carácter definitivo de lo allí decidido.

55. Si bien la denegatoria formal de la excepción de cosa juzgada no fue apelada, ello
no es óbice para que la Sala, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, la
declare probada de oficio40 frente a la entidad territorial accionada, con fundamento
en el artículo 187 del CPACA41, y en los razonamientos mediante los cuales el a
quo resolvió el punto, pues, como se estableció, no es posible ejercer la reparación
directa para revivir un debate de legalidad subjetiva agotado.

56.En efecto, al constatar las presentes diligencias con la sentencia denegatoria
proferida el 3 de marzo de 2011 por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de
Cali, confirmada el 7 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la Subsección confirma que se presenta la triple identidad de partes, objeto
y causa exigida en estos eventos, en cuanto nuevamente se demanda al Distrito de
Santiago de Cali con fundamento en la ilegalidad de la desvinculación de la

39
Sobre este aspecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 8 de septiembre de 2015, determinó
lo siguiente:
“[C]omo ya lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás el Consejo de Estado, el cambio de
precedentes jurisprudenciales no puede ser utilizado para quebrantar la cosa juzgada
respecto de situaciones jurídicamente consolidadas mediante sentencias debidamente
ejecutoriadas, pues se atenta de manera indebida contra el principio de la seguridad jurídica,
habiéndose explicado con suficiencia que, para que su existencia surta los efectos deseados”
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A.
expediente C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez [E].
40
Al respecto, esta Corporación ha sostenido:
“[L]a Sala considera que, de oficio, el juez debe declarar probada la excepción de cosa juzgada,
en primera y segunda instancia, teniendo en cuenta que este medio exceptivo es un instrumento que
no beneficia exclusivamente a una parte procesal, sino que garantiza los principios que rigen el
procedimiento, como la igualdad, la confianza legítima, la seguridad jurídica y el non bis in ídem y,
con ello, la vigencia del orden justo.
En consecuencia, los principios que rigen el Estado Social de Derecho le exigen a los jueces ‘[…]
ser consistentes con las decisiones que adoptan, impidiendo que un mismo asunto sea estudiado y
fallado nuevamente por la autoridad judicial, en oportunidad diferente y de distinta manera […]’”
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de
octubre de 2021, expediente 11001-03-24-000-2009-00100-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez).
41
“En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”. En
concordancia, el artículo 282 del CGP señala “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la
contestación de la demanda”.

16

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

demandante y se reclama la indemnización de los perjuicios derivados, aspectos
que ya fueron examinados y definidos en el proceso precedente.

57.Aunque el asunto de la referencia se promovió en ejercicio de la reparación directa
y el precedente se tramitó por nulidad y restablecimiento del derecho, tal distinción
formal no desvirtúa la excepción analizada. En efecto, al examinar el núcleo del
debate y los hechos que lo sustentan, se advierte que lo pretendido en el sub-lite
coincide con dos de los propósitos por los cuales se demandó en 2001, esto es,
que: i) se concluya que la finalización del vínculo fue ilegal, y ii) se reconozcan todos
los ingresos dejados de percibir. Si bien en la presente litis no se pidió el reintegro,
como sí se hizo en la causa primigenia, ello tampoco desestima la cosa juzgada,
pues es claro que los puntos reclamados ya fueron ventilados y definidos mediante
sentencia ejecutoriada. No es admisible reabrir, por la vía indemnizatoria de la
reparación directa, un litigio previamente resuelto a través del mecanismo
establecido para tal fin, cuya sentencia adquirió el carácter de definitivo, como lo
sostuvo esta Subsección frente a una controversia similar:

“La cosa juzgada corresponde al atributo en virtud del cual las sentencias que
definen de fondo una controversia, una vez ejecutoriadas, adquieren el carácter
de inmutables y definitivas, por manera que los asuntos definidos por su
intermedio no son susceptibles de ser ventilados en un nuevo proceso.

En el sub lite, el señor José Vicente Sarmiento Mantilla, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, acudió a esta jurisdicción con el fin
de que se anulara, entre otras, la Resolución 10771 del 30 de diciembre de
1999, proferida por el Gerente del proceso de Reestructuración de Santander.

Las pretensiones fueron denegadas por el Juzgado 4° Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia del 16 de septiembre
de 2011, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante fallo del 4 de mayo de 2012, la cual fue allegada con la demanda de
la referencia (folios 127-132, cuaderno 1).

Al confrontar la sentencia del 4 de mayo de 2012 con el sub lite, se advierte que
entre este asunto y el allí definido existe identidad de causa, objeto y partes,
toda vez que las pretensiones planteadas en uno y en otro evento se soportan
en el mismo hecho –la ilegalidad de la Resolución 10771 del 30 de diciembre
de 1999–, tienen la misma finalidad –la indemnización de los perjuicios
causados con dicha determinación– y se surtió entre las mismas partes, en
aquella ocasión compareció como demandante el señor Sarmiento Mantilla y
en esta oportunidad la demanda fue presentada por sus herederos, en nombre
de la sucesión.

En las condiciones analizadas, habrá de estarse a lo resuelto en el proceso
precedente, pues la determinación que allí se adoptó está amparada por el
efecto de la cosa juzgada, lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento al
respecto”42.

58. En este sentido, la Subsección modificará el fallo apelado en punto de la
improcedencia de la reparación directa, para, en su lugar, declarar probada la
excepción de cosa juzgada frente al distrito de Santiago de Cali.

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, providencia del 24 de
mayo de 2018, expediente 58.928, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

17

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

Costas

59.De conformidad con los artículos 188 de la Ley 1437 de 201143 y 365.3 del C.G.P.,
la Sala condenará en costas a la parte demandante44, por cuanto su apelación no
prosperó.

60.Como consecuencia, y teniendo en cuenta la duración45 del trámite ante esta
Corporación y los deberes de vigilancia y seguimiento implicados46, la Subsección
fija, por agencias en derecho, 1 SMMLV a la fecha de ejecutoria de la presente
providencia47, a cargo de la accionante, suma que será dividida por partes iguales
entre el distrito de Cali y la Nación –Rama Judicial.

61.La liquidación de las costas la efectuará el a quo, según lo previsto en el artículo
366 del CGP48 .

62.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1°: MODIFICAR la sentencia del 18 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la cual queda así:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de cosa juzgada frente
a las pretensiones formuladas contra el distrito de Cali.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad de la
acción judicial por la pretensión de responsabilidad por error judicial
contra la NACIÓN –RAMA JUDICIAL –DESAJ.

TERCERO: Sin condena en costas”.

43
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
44
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
45
El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
46
Criterio aplicado por esta Sala en otros asuntos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, expediente
69.364, M.P. Fernando Alexei Fernando Flórez.
47
Que corresponde a la tarifa mínima señalada en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de
2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
48
“Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]”.

18

Radicación: 76001 23 33 010 2017 00729 01 (73.149)
Demandante: Ximena Patricia Gómez Rivera
Demandado: Nación –Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

2°: CONDENAR en costas por la segunda instancia a la señora Ximena Patricia
Gómez Rivera, para lo cual se fija por agencias en derecho 1 SMMLV a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia, distribuido por partes iguales entre el distrito
de Cali y la Nación –Rama Judicial. La liquidación pertinente la efectuará el a quo,
en los términos del artículo 366 del CGP.

3°: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación,
ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER las diligencias al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

19

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