Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01345-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01345-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-010-2017-01345-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., siete (07) de mayo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-010-2017-01345-01 (3903-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Luz Mery Gaviria Osorio
Tema: Requisitos para acceder a la pensión de vejez. Régimen
contenido en la Ley 33 de 1985 / Principio de congruencia, justicia
rogada, decisión previa y seguridad jurídica. MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, contra
la sentencia proferida el doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra la señora Luz Mery Gaviria Osorio en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 233683 del 24 de junio
del 2014, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor de la demandada y
GNR 36620 del 17 de febrero del 2015, que ordenó incluir en nómina de pensionados
la prestación.
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4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada
devolver las sumas pagadas a partir de la fecha de inclusión en nómina de
pensionados. Que, también, se ordene a la EPS SALUD SOS el reintegro de los
valores girados por salud en favor de la demandada. Que las sumas sean indexadas.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que la señora Luz Mery Gaviria Osorio nació el 31 de enero de 1954. El 30 de
julio de 2010 solicitó reconocimiento y pago de la pensión de vejez y le fue concedida
mediante la Resolución GNR 233683 del 24 de junio del 2014.
7. Que en dicha resolución se dispuso que el ingreso a nómina se haría una vez
se acreditara el retiro definitivo del servicio. Al certificar dicho requisito, se profirió la
Resolución GNR 36620 del 17 de febrero del 2015, en la que se ordenó el pago de
la prestación a partir de agosto de 2014.
8. Que la Resolución GNR 48218 del 15 de febrero de 2016 resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la inclusión en nómina, en la que se accedió a la
solicitud y se modificó la decisión en el sentido de reliquidar la prestación.
9. Que Colpensiones solicitó la revocatoria directa de la Resolución GNR 233683
del 24 de junio del 2014, al considerar que ese acto administrativo iba en contravía
de la Ley 33 de 1985 al tener en cuenta las cotizaciones públicas y privadas.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Citó como vulneradas la Constitución Política de Colombia, las leyes 100 de
1993, 33 de 1985, Decreto 758 de 1990 y el acto legislativo 01 de 2005.
11. Sostuvo que los actos acusados vulneran las disposiciones en las que se
fundan puesto que, para el reconocimiento de la prestación, de acuerdo con la Ley
33 de 1985, se debía tener en cuenta los tiempos y factores salariales cotizados,
exclusivamente, en el sector público, sin que sea posible sumarlos con el tiempo
laborado en el sector privado.
12. Que al revisarse la liquidación realizada en la Resolución GNR 233683 del 24
de junio del 2014 se observó que estos tiempos fueron sumados y, por ende, no se
ajustó a derecho el acto demandado.
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda fue admitida el 04 de octubre de 2017, por auto del 17 de agosto
de 2018 se negó la medida cautelar. La demandada, afirmó que las pretensiones
debían ser negadas porque era claro que sí tenía derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez. Que la discusión no se trataba de determinar o no el derecho
pensional que le asistía sino de la interpretación y aplicación normativa, en cuanto a
tiempos públicos y privados. Que, al momento del estudio de los requisitos de edad
y tiempo de cotización, los requisitos para su pensión se cumplían con más de lo
exigido por la Ley.
14. Que quien presentó perjuicio con las resoluciones demandadas fue la misma
beneficiaria de la pensión dado que debió reconocérsele su prestación con el Decreto
758 de 1990. Expresó que se trata entonces de una reliquidación pensional y destacó
que ello ya fue agotado vía administrativa en la Resolución GNR 48218 del 15 de
febrero de 2016 que no fue demandado en esta oportunidad y se encuentra en firme.
15. El 01 de septiembre de 2022 se dictó auto de sentencia anticipada y se corrió
traslado para alegar1.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
16. Mediante sentencia del 10 de abril de 2.025, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró que, de
acuerdo con el reporte de semanas cotizadas por la actora con fecha del 31 de julio
de 2014, para esa fecha, tenía un total de 1.201,57 semanas cotizadas, por vínculos
públicos y privados.
17. Que le era aplicable el régimen pensional de la Ley 33 de 1985 por ser
beneficiaria del régimen de transición dado que cumplía con la edad al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y, además, tenía más de 750 semanas de
cotización al momento de la vigencia del acto legislativo 01 de 2005.
18. Que cumplió 60 años el 31 de enero de 2009, laboró 20 años discontinuos,
para los hospitales Sagrado Corazón de Jesús y el Departamental de Cartago y,
además, contó con algunas cotizaciones efectuadas a nombre propio. Que tanto el
tiempo cotizado en el sector público, como en el privado (cotizado a su cargo),
fueron tenidos en cuenta al momento de realizar el reconocimiento pensional, por
lo que consideró que, tal como lo indicaba la demandante, no le era aplicable la Ley
33 de 1985.
19. Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, dignidad humana y
1 Índice 029 de SAMAI en el radicado de primera instancia.
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mínimo vital y, para que la demandada no tuviera que pasar por trámites
administrativos con ocasión al error de la administradora pensional, el Tribunal
ordenó a Colpensiones el reconocimiento prestacional bajo los parámetros del
Decreto 758 de 1990, definiendo el IBL y el momento a partir del cual se reconocería
el derecho:
«(…) se reconocerá (…) una pensión de vejez conforme al Decreto
Reglamentario 758 de 1990, a partir de la fecha de consolidación del derecho,
esto es, desde el 31 de enero 2009, momento en que cumplió la edad de 55
años. Como se explicó en precedencia, el monto de la mesada corresponderá al
75% del Ingreso Base de Liquidación, base ésta que se determinará conforme el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales la afiliada ha cotizado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
(…) los factores salariales a incluir dentro de la base de liquidación serán
aquellos que, estando previstos en el artículo 6 del Decreto 691 de 1994,
modificado por el Decreto 1158 de 1994 -que es la norma que reglamenta la Ley
100 de 1993-, sobre los mismos se han efectuado los respectivos aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones (…)»
20. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos demandados para
ordenar el reconocimiento con base en dicho régimen y, finalmente, dispuso que
Colpensiones debía reconocer, liquidar y pagar las diferencias entre lo pagado y lo
que debió pagar por concepto de mesadas causadas a partir del 31 de enero de
2009 y que, en caso de existir un valor a favor de la administradora pensional, no
era viable recuperarlo porque la demandada había obrado de buena fe.
RECURSO DE APELACIÓN
21. Colpensiones interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia. Afirmó que el Tribunal debió declarar la nulidad total de las resoluciones
demandadas puesto que, según el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, la pensión se
debe reconocer únicamente con los tiempos públicos, pero en las resoluciones
demandas se tuvieron en cuenta también los tiempos privados y, de esta manera, se
aumenta irregularmente el valor de la mesada pensional.
22. Que, además, no se debió ordenar el reconocimiento de la prestación con
base en el Decreto 758 de 1990, dado que esto vulnera el principio de la decisión
previa puesto que el actor no ha realizado reclamación alguna ante Colpensiones
solicitando el reconocimiento con base en dicho régimen y esto podía interpretarse
como una falta de agotamiento de los recursos administrativos disponibles antes de
acudir a la vía judicial.
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23. Que ordenar el reconocimiento de la prestación, sin previa revisión del
derecho en sede administrativa, implicaba atentar contra la estabilidad financiera del
sistema pensional, puesto que la actuación administrativa constituye un presupuesto
procesal necesario para acceder a la jurisdicción, el cual garantiza los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa de las personas frente a la
administración, la oportunidad para que ésta reevalúe sus actos administrativos y, si
es del caso, adicione, aclare, modifique o revoque su decisión inicial.
24. Que, al momento de solicitar el consentimiento para la revocatoria de la
prestación, se había dado la oportunidad a la demandada de realizar las solicitudes
que considerara pertinentes.
25. Que tampoco era cierto que no se hubiera desvirtuado la buena fe, puesto que
al momento que se le pone en conocimiento la solicitud de revocatoria, se encontraba
en la obligación de devolver la totalidad de las sumas recibidas y no lo hizo; razón
por la que la sentencia de primera instancia vulnera el principio de estabilidad
financiera del sistema pensional.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
26. El 30 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el señor
agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
27. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. La Sala debe determinar si procedía declararse la nulidad total de las
Resoluciones GNR 233683 del 24 de junio del 2014 y GNR 36620 del 17 de febrero
del 2015, por las que se reconoció la pensión de vejez y se ordenó incluir en nómina
la pensión, respectivamente, al haber aplicado la Ley 33 de 1985 sin el cumplimiento
de los requisitos.
29. También se definirá si la decisión del tribunal de conceder otra pensión a la
demandada, luego de anulada la que venía percibiendo, es ajustada a derecho. Por
último, se establecerá si logró probarse que se realizaron maniobras fraudulentas
para lograr la obtención de la pensión y, en consecuencia, si es procedente ordenar
la devolución de las mesadas y el retroactivo pensional.
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Resolución del caso concreto
Sobre la legalidad de las resoluciones por las que se otorgó la pensión y su
inclusión en nómina.
30. La Ley 100 de 1993 reguló la seguridad social integral para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad
económica, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
comunidad. El Sistema General de Pensiones «tiene por objeto garantizar a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte», para lo cual, entre otras medidas, derogó los regímenes pensionales
existentes antes de su expedición.
31. En su artículo 362, consagró un régimen de transición en materia pensional,
con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su
derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con
su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos
para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.
32. Para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 se
requiere que, al 1° de abril de 1994, la persona demuestre tener 35 años o más si
son mujeres, 40 años o más si son hombres o 15 o más años de servicio cotizados,
salvo que se tratara de un servidor público del orden territorial a quien, por disposición
del legislador, se le aplicarían las normas de ese sistema «a más tardar el 30 de junio
de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental»
33. De las pruebas aportadas, se observa que la demandada nació el 31 de enero
de 19543, por lo que contaba con 39 años para la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones (1° de abril de 1994), lo que en principio permite afirmar que
tenía la condición de beneficiaria del régimen de transición, conforme al numeral 2º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2 «(…) Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el
ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos (…)».
3 Según consta en la cédula ciudadanía aportada con los anexos de la contestación. Archivo denominado
007Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf). Samai del Tribunal, Gestión documental.
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34. Se precisa que el Acto Legislativo 01 de 2005 puso un límite temporal al
régimen y, para que se pudiera extender su condición de beneficiaria más allá del 31
de julio de 2010, debía acreditar que para el 29 de julio de 2005 4 tenía mínimo 750
semanas cotizadas, lo que también demostró y no fue objeto de controversia dentro
del proceso.
35. En el recurso de apelación, Colpensiones manifestó que el tribunal debió
declarar la nulidad total de las Resoluciones GNR 233683 del 24 de junio del 2014 y
GNR 36620 del 17 de febrero del 2015 puesto que, según el artículo 1 de la Ley 33
de 1985, la pensión se debe reconocer únicamente con los tiempos públicos, pero
en las resoluciones demandas se tuvieron en cuenta también los tiempos privados y,
de esta manera, se aumenta irregularmente el valor de la mesada pensional.
36. En efecto, se observa que en la Resolución GNR 233683 del 24 de junio del
2014, por la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de la
demandada, en la que se aplicó el régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985,
se incluyeron las cotizaciones realizadas a nombre propio ―las cuales no provienen
de una vinculación de naturaleza pública― y, por ende, no debieron ser tenidas en
cuenta. Para visualizar los períodos privados que se contabilizaron en el acto
administrativo de reconocimiento, información que reposa en las páginas 70 y 715,
se extraen en la tabla a continuación:
ENTIDAD LABORO DESDE HASTA NOVEDAD DIAS
GAVIRIA OSORIO 19971101 19971231 TIEMPO SERVICIO 60
GAVIRIA OSORIO 19980401 19980831 TIEMPO SERVICIO 150
GAVIRIA OSORIO 19991001 19991014 TIEMPO SERVICIO 14
GAVIRIA OSORIO 19991101 19991114 TIEMPO SERVICIO 14
GAVIRIA OSORIO 19991201 19991214 TIEMPO SERVICIO 14
GAVIRIA OSORIO 20000801 20000831 TIEMPO SERVICIO 30
GAVIRIA OSORIO 20001001 20001231 TIEMPO SERVICIO 90
GAVIRIA OSORIO 20010701 20020731 TIEMPO SERVICIO 390
GAVIRIA OSORIO 20020901 20021231 TIEMPO SERVICIO 120
GAVIRIA OSORIO 20030201 20030228 TIEMPO SERVICIO 30
GAVIRIA OSORIO 20030401 20030529 TIEMPO SERVICIO 59
GAVIRIA OSORIO 20030601 20030629 TIEMPO SERVICIO 29
GAVIRIA OSORIO 20031201 20031229 TIEMPO SERVICIO 29
1.029
37. Dichas cotizaciones se corroboraron también en el reporte de semanas
cotizadas en pensiones, emitido por Colpensiones, del período de enero de 1967 a
4 Fecha de entrada en vigencia del mencionado acto.
5
Samai del Tribunal, Gestión documental. Archivo denominado 007Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf). La Resolución se observa en las páginas 70 a 77.
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7
Radicación: 76001-23-33-010-2017-01345-01 (3903-2024)
agosto de 2015, visible en las páginas 80 a 936.
38. Se observa, además, que en Resolución GNR 36620 del 17 de febrero del
20157 se ordenó incluir la prestación en nómina de pensionados, al haberse aportado
constancia del retiro del servicio de la beneficiaria. En esta oportunidad Colpensiones
advirtió que no era procedente conceder la prestación bajo la Ley 33 de 1985 porque,
al descontar el tiempo laborado como independiente y cotizado a nombre propio, la
beneficiaria no alcanzaría el derecho prestacional.
39. Advertida esa situación, el fondo ordenó la inclusión en nómina de
pensionados de la prestación que —en esa ocasión fue liquidada bajo el régimen del
Decreto 758 de 1990—, tal como se observa del acto administrativo que se cita:
«(…) Que esta Administradora de Pensiones, procede con la inclusión a nómina
teniendo en cuenta que se allega la resolución N° 347 de 2014, por parte del
Hospital Departamental de Cartago en el que se informa que la asegurada
GAVIRIA OSORIO LUZ MERY, presentó renuncia a partir del 01 de agosto de
2014.
Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD DÍAS VALOR
ADMINISTRADORA 14151 $1,163,263.00
COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPOENSIONES
Que en aplicación al principio más favorable se otorgará la pensión bajo el
régimen contemplado en el Decreto 758 de 1990, solo con semanas cotizadas
a COLPENSIONES, y con respecto al tiempo público no cotizado a
COLPENSIONES se solicitará el traslado de aportes a la entidad pública
respectiva (…)»8 (Resaltos de la Sala).
40. Visible en las páginas 53 a 60 se encuentra la Resolución GNR 48218 del 15
de febrero de 2016, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la
beneficiaria pensional en contra de la Resolución GNR 36620 del 17 de febrero del
2015. Se advierte que, aunque este último acto administrativo no fue demandado por
6
Samai del Tribunal, Gestión documental. Archivo denominado 007Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf). Páginas 80 a 93.
7
Samai del Tribunal, Gestión documental. Archivo denominado 007Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf). La Resolución se observa en las páginas 64 a 69.
8 Samai del Tribunal, Gestión documental. Archivo denominado 007Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).
Página 67.
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Colpensiones, de conformidad con el artículo 163 del CPACA9 se entiende
impugnado y se abordará su estudio de legalidad por resultar relevante.
41. En la Resolución GNR 48218 del 15 de febrero de 2016 la administradora de
fondo pensional indicó que, al momento de realizar la inclusión en nómina de la
prestación, se advirtió el error cometido y se solicitó autorización para revocar
directamente el acto, a través de comunicado No. BZG2015_11917613 – 3330458
del 10 de diciembre de 2015, pero que la beneficiaria no otorgó su consentimiento.
42. Que, en consecuencia, no podía accederse a la solicitud de inclusión de la
tasa de reemplazo del 90%, dado que la norma que permitía ese porcentaje era el
Decreto 758 de 1990; pero que sí se accedía a realizar la reliquidación de la
prestación de conformidad con lo reconocido en la Resolución GNR 233683 del 24
de junio del 2014 —en aplicación de la Ley 33 de 1985—, con una mesada de
$1.482.749.0010.
43. De acuerdo con lo definido en las resoluciones bajo análisis, considera la
Subsección que asiste razón a la entidad demandante al reclamar que el tribunal
debió declarar su nulidad total, puesto que, como se vio, el reconocimiento del
derecho no debió darse en aplicación del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, puesto que,
para su aplicación, los 20 años de servicios deben acreditarse, sin excepción, como
laborados en calidad de empleado oficial11.
44. En conclusión, las resoluciones por las que se reconoció el derecho
prestacional y se resolvió el recurso de reposición, contrarían la ley en la que se
fundan. Sucede lo mismo con la resolución por la cual se incluyó en nómina la
prestación, puesto que, si bien en esa oportunidad se liquidó en aplicación del
Decreto 758 de 1990, lo cierto es que dicha decisión fue modificada y dejada sin
efecto por la resolución que resolvió el recurso. En consecuencia, se modificará la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad total de las
resoluciones.
Sobre la facultad de decisión previa.
45. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«(…) ARTÍCULO 281. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos
y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
9 El artículo 163 del CAPCA, preceptúa: «(…) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se
debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán
demandados los actos que los resolvieron (…)»
10 Samai del Tribunal, Gestión documental. Archivo denominado 007Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).
Páginas 57 a 60.
11 El artículo 1° de la citada norma, dispone: «(…) El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja
de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio (…)»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada
en esta (…)». (Resaltos de la Sala).
46. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio
de 202012, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento
con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y
lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita13,
como regla general.
47. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, «externa», cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e «interna», cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia14.
48. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en
cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser
de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.
49. En el recurso, Colpensiones manifestó que tampoco se debió ordenar el
reconocimiento de la prestación sin previa revisión del derecho en sede
administrativa, puesto que esa actuación constituye un presupuesto procedimental
necesario para acceder a la jurisdicción.
50. En efecto, considera esta Sala que cuando el tribunal ordenó a Colpensiones
el reconocimiento prestacional bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990,
definiendo el IBL y el momento a partir del cual se reconocería el derecho, no respetó
la facultad de decisión previa de la administración y con ello, se violó el debido
proceso, pues se le sorprendió con esa decisión en la sentencia.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de 2020.
Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-2013-
00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
13 La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-
2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio
de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente
o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las
pretensiones».
14Así se dispuso también en reciente providencia del 12 de febrero de 2026. Consejo de Estado, sección
Segunda, Subsección A. Exp. 76001-23-33-000-2016-01538-01 (1421-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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51. Dicho aspecto es evidente porque, inexplicablemente, el tribunal se salió del
principio de congruencia, ya que esa pensión nunca fue pedida, resuelta, ni discutida
y, esa sola circunstancia, da lugar a que la sentencia sea revocada en ese aspecto.
52. Ahora, dado que la misma administradora de fondo pensional consideró en su
momento el reconocimiento pensional bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990,
es válido que, en esta oportunidad al revocar la sentencia sobre este aspecto, en su
lugar, se ordene realizar el estudio del derecho prestacional, en aplicación del
régimen que le sea más favorable.
Devolución de mesadas percibidas
53. Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que
reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «(…) no habrá lugar
a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe (…)».
54. Al respecto, esta Sección15 en los casos en que las prestaciones periódicas,
tales como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
administración, ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la
devolución de las mesadas por haber sido percibidas de buena fe.
Específicamente se ha sostenido lo siguiente.
«(…) La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional (…)
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos
efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de
buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto
que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni
en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados (…)». (Negrita para resaltar)
55. Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad,
que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos, probar
que el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en los que por
un error de la administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos,
no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un
15 Sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 25000-23-25-000-1999-05334-01 (3287-05). Ver también: Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02
(3130-2013). Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 25000-23-25-000-
2004-03752-01 (0950-2006). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado:
68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de
2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-2015).
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dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación
malintencionada.16
56. No obstante, en aquellos casos en los que el error no provenga de la
administración, se deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar
o no a la devolución de los dineros.
57. En el recurso de apelación, Colpensiones afirmó que debía ordenarse la
devolución de las mesadas y el retroactivo pensional porque en el proceso sí se
acreditó la mala fe de la demandada al solicitarle su consentimiento para la
revocatoria directa del acto, pues en este momento conoció sobre la ilegalidad de la
prestación reconocida, pero, aun así, se negó a otorgarlo.
58. Considera esta Subsección que tales los argumentos planteados no
bastan para acceder a lo pretendido, pues para que haya lugar a ordenar la
devolución de las sumas percibidas, fruto de las mesadas pensionales reconocidas,
es requisito indispensable que se logre acreditar la mala fe por parte
de la pensionada, la cual se observa, por ejemplo, cuando en el trámite
administrativo se despliegan actividades dolosas y mal intencionadas, en procura de
un beneficio.
59. No resulta suficiente, como lo pretende la recurrente, que al habérsele
notificado el error de la entidad y no otorgar el consentimiento para la revocatoria del
derecho, sea prueba de la mala fe, pues no se advierte que la solicitud pensional
presentada por la parte demandada ante Colpensiones, la haya realizado bajo
alguna actuación fraudulenta que indujera a la administración a adoptar una decisión
errada.
60. De acuerdo con lo anotado, se comparte la decisión de primera instancia en
cuanto concluyó que no había lugar a ordenar el reintegro a favor de la entidad, dado
que no se acreditó que la parte demandada haya actuado de mala fe en su trámite
pensional.
De la condena en costas en segunda instancia
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
16 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre
de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
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Radicación: 76001-23-33-010-2017-01345-01 (3903-2024)
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 12 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 233683 del 24
de junio del 2014, GNR 36620 del 17 de febrero del 2015 y GNR 48218
del 15 de febrero de 2016, por los motivos expuestos.
Segundo. REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el
12 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar,
ordenar a Colpensiones que, dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia, realice el estudio en favor de la señora Luz Mery
Gaviria Osorio, para otorgar la pensión de vejez con base en el régimen que le sea
más favorable.
Tercero. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia recurrida.
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Cuarto. Sin condena costas en esta instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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