Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-010-2017-01564-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-010-2017-01564-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-010-2017-01564-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-010-2017-01564-01 (30122)
Demandante: IGT GAMES S.A.S.
Demandado: MUNICIPIO DE PALMIRA
Temas: Sanción por no declarar impuesto a los juegos de suerte y azar.
Derogatoria del tributo por la Ley 643 de 2001.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que resolvió1:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de Resolución Sanción No. 1150.47.14215 del 18 de
abril de 2017 y de la Resolución No. 1150.47.14545 del 27 de junio de 2017, proferidas por
el MUNICIPIO DE PALMIRA.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se declara que IGT GAMES S.A.S. no debe
pagar suma alguna por concepto de la sanción que se le impuso, ya que no es sujeto pasivo
de impuesto a los juegos de suerte y azar por los periodos gravables comprendidos entre
los meses de mayo a diciembre de 2012.
TERCERO.- Sin condena en costas.
ANTECEDENTES
Previo Emplazamiento para Declarar 1150.47.13207 del 10 de enero de 2017 y su
oportuna respuesta; la Subsecretaria de Ingresos y Tesorería de la Secretaría de
Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Palmira profirió la Resolución
1150.47.14215 del 18 de abril de 2017, mediante la cual impuso a IGT GAMES S.A.S2 la
sanción por no declarar el impuesto a los juegos de suerte y azar por los meses de
mayo a diciembre del año 2012, en cuantía de $352.812.069, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo 071 de 2010.
Inconforme con la decisión, la sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la
anterior decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución 1150.47.14545 del 27 de
junio de 2017, que confirmó la actuación administrativa.
1
Expediente digital, SAMAI Tribunal, índice 23.
2
La sociedad tiene por objeto social la suscripción y ejecución del contrato de concesión “de la explotación y operación en todo el
territorio nacional, con exclusividad, del juego de suerte y azar sistematizado, en línea y tiempo real de tipo novedoso denominado
loto en línea Baloto (…)”
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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01564 -01 (30122)
Demandante: IGT GAMES SAS
DEMANDA
La sociedad IGT GAMES S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del CPACA, formuló las
siguientes pretensiones3:
3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución Sanción por no declarar No. 1150.47.14215 del 18 de abril de 2017 ‘por
medio de la cual se tiene (sic) por no presentadas las declaraciones sobre el impuesto
a los Juegos de Suerte y Azar, correspondientes a los períodos gravables comprendidos
entre los meses de mayo a diciembre de 2012, y se impone una sanción por no declarar’.
• Resolución No. 1150.47.14545 de 27 de junio de 2017, por medio de la cual la
Secretaría de Hacienda de Palmira, resuelve el recurso de reconsideración presentado
por IGT GAMES SAS no accediendo ‘a las pretensiones contenidas en el recurso de
reconsideración, respecto de la Resolución Sanción por no Declarar No. 1150.47.14215
del 18 de abril de 2017’.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la Secretaría de Hacienda Municipal de Palmira cesar todo procedimiento en contra
de IGT, relacionado con las citadas Resoluciones, se ordene el archivo del expediente
respectivo y se declare que mi poderdante no debe pagar suma alguna por concepto de la
sanción por no declarar el impuesto a los juegos de suerte y azar correspondiente a los
períodos gravables comprendidos entre los meses de mayo a diciembre de 2012, toda vez
que no es sujeto pasivo del citado tributo. (negrilla del original)
Invocó como normas violadas los artículos 95 y 363 de la Constitución Política (CP);
643, 683, 715 y 716 del Estatuto Tributario (ET); 42 y 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 1, 2, 3, 7, 8, 49 y 60 de la
Ley 643 de 2001.
Alegó que los actos acusados vulneraron normas superiores y adolecen de falsa
motivación, con fundamento en lo siguiente4:
Violación de los artículos 49 y 60 de la Ley 643 de 2001.
Para el año 2012, IGT fue concesionaria del juego Baloto en línea, en virtud del contrato
de concesión 887 de 2011, modalidad clasificada como juego novedoso cuya
explotación corresponde a COLJUEGOS, quien distribuye los recursos a las entidades
territoriales según lo previsto en los artículos 38 y 39 de la Ley 643 de 2001. Los juegos
de suerte y azar deben regirse por lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 643 de
2001, independientemente del municipio en que se exploten, pues el legislador definió
un régimen uniforme aplicable a cada modalidad de juego.
El artículo 49 ib. prohíbe de forma expresa a los municipios, departamentos y distritos
gravar los juegos de suerte y azar, incluidos los juegos novedosos, con impuestos,
tasas o contribuciones fiscales o parafiscales distintos a los establecidos por el
legislador, prohibición que fue desconocida por el municipio de Palmira al imponer la
sanción materia de debate. A su vez, los actos acusados desconocieron el artículo 60
de la Ley 643 de 2001, que consagró la exclusividad y prevalencia del régimen propio
de los monopolios rentísticos.
3
Folio 5 cuaderno principal.
4
Índice 2 de SAMAI.
2
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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01564 -01 (30122)
Demandante: IGT GAMES SAS
El impuesto que el municipio pretendió exigir se estableció mediante el Acuerdo 071 de
2010, y se fundamentó, además, en las Leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, y en el Decreto
1333 de 1986; sin embargo, estas últimas normas fueron derogadas por la Ley 643 de
20015.
En virtud del principio de legalidad, solo el legislador puede imponer gravámenes; de
ahí que un acto administrativo, como el Estatuto Tributario Municipal de Palmira, no
constituye fuente autónoma de tributos ni establecer impuestos no autorizados por la
ley, como ocurre en el caso. Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-
1191 de 2001, precisó que las actividades sometidas a monopolio solo podían ser
gravadas conforme a los límites establecidos por la Ley 643 de 2001, lo que restringió
el ejercicio del poder impositivo de las entidades territoriales hacia el futuro.
Violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001.
La sentencia del 17 de octubre de 2014, proferida por el Juzgado Administrativo de
Descongestión Escritural de Pereira en el expediente 2010-00096, estableció que la
explotación de los monopolios rentísticos es regulada exclusivamente por la Ley 643
de 2001, de forma que cualquier gravamen que se pretenda imponer debe ser creado
o autorizado por la ley o entidad determinada por la norma, en este caso, COLJUEGOS.
En consecuencia, IGT no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y azar,
por tanto, no estuvo obligada a presentar declaraciones en el municipio de Palmira; de
ahí que, la obligación en la que se sustentó la sanción que le fue impuesta resulta
inexistente. La sociedad no desconoce sus obligaciones tributarias derivadas del
contrato de concesión, sino que controvirtió la existencia del presupuesto legal que la
obligara al pago del impuesto a los juegos de suerte y azar, esto es, la expedición de
un acuerdo municipal anterior a la promulgación de la Ley 643 de 2001 que lo hubiera
establecido.
Violación de los artículos 95 y 363 de la CP; y 643, 715, 716 y 683 del ET.
El municipio desconoció los principios de equidad y justicia tributaria al exigirle más de
lo que la ley quiere que coadyuve a las cargas públicas, toda vez que la sociedad no
es sujeto pasivo del tributo. De ahí que la sanción transgredió el artículo 192 del
Acuerdo 071 de 2010, pues, ante la ausencia de impuesto a pagar, no existió base para
la sanción impuesta.
Violación de los artículos 42 y 137 de la Ley 1437 de 2011.
Los actos acusados adolecen de falsa motivación porque se fundamentaron en normas
derogadas, lo cual fue reiterado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 20166.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El municipio de Palmira se opuso a las pretensiones de la demanda por lo siguiente:
5
Para reforzar el argumento, citó la Sentencia C-584 de 2001 de la Corte Constitucional y el fallo expedido por el Juzgado Primero
Administrativo de Pasto el 15 de agosto de 2017 en el expediente 2015-00034-00.
6
Citó, en apoyo, las sentencias del 17 de febrero de 2000, exp. 5501, CP. Manuel Urueta Ayola y del 10 de julio de 2002, CP. Juan
Ángel Palacio Hincapié
3
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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01564 -01 (30122)
Demandante: IGT GAMES SAS
En primer lugar, la demandada propuso la excepción de fondo denominada «legalidad
de los actos demandados», al considerar que la actora no probó que el municipio
hubiera vulnerado la prohibición de gravar los monopolios rentísticos. Señaló que la
sentencia invocada en la demanda, proferida por el Juzgado Primero Administrativo
Oral de Pasto, no constituyó precedente, pues analizó un impuesto distinto —ICA— y
desconoció la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Nariño7 y del Consejo de
Estado8 sobre la vigencia del impuesto a los juegos de suerte y azar.
Sostuvo que los actos acusados no vulneraron el artículo 49 de la Ley 643 de 2001,
dado que la prohibición de gravar los monopolios rentísticos admitió dos excepciones:
(i) el respeto por el régimen tributario vigente al momento de su promulgación, compuesto por las leyes
69 de 1946 y 33 de 1968, así como por el Decreto 1333 de 1986 y (ii) en que gravar es sinónimo de
crear, por lo que se prohibió a las entidades territoriales imponer un nuevo impuesto sobre los juegos de
suerte y azar, pero no adelantar el cobro del tributo autorizado en la ley . Además, cuando la Corte
Constitucional se refirió a juegos y apuestas en las Sentencias C-521 de 1997 y C-1191
de 2001 tienen correspondencia con los concesionarios u operadores a los que el
Estado otorgó licencia para explotar dichas actividades, y cuando se afirmó que la
actividad ya estaba gravada, ello obedeció a la imposición legal y no a un acto
municipal.
En este caso, la demandante desarrolló su objeto social en el municipio, por lo cual
ostentó la calidad de sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y azar como
concesionaria del juego Baloto, impuesto que goza de protección, en virtud de los
artículos 294 y 362 de la CP, y sus derechos de explotación están regulados en el
artículo 336 ib.; además, este no debe confundirse con los derechos de explotación
destinados al sector salud. Con base en la jurisprudencia9, señaló que tanto el impuesto
como los derechos de explotación son válidos.
El tributo en discusión tiene sustento en las leyes que contienen sus elementos y no en
el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 071 de 2010). Y, en todo caso, no era
necesario que este último previera la existencia de los elementos de la imposición antes
de 2001, porque la ley se limitó a reglamentar aspectos procedimentales.
Agregó que no era pertinente invocar la Sentencia C-584 de 2001, por tratarse de una
decisión inhibitoria, y que su contenido fue aclarado en providencias que hicieron
tránsito a cosa juzgada constitucional. También resaltó que el Consejo de Estado ha
señalado10 que el impuesto de juegos de suerte y azar se encontraba vigente para los
períodos objeto de cobro (2012 a 2016).
Manifestó que no se vulneró el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, ya que, al momento
de su expedición, el impuesto estaba regulado por normas declaradas compatibles con
la Constitución, y que el régimen tributario vigente no se limitó a disposiciones
municipales. Afirmó que el municipio no creó un nuevo tributo después de 2001 y que
los impuestos vigentes continuaron produciendo efectos aun sin acuerdo municipal,
dado el carácter sui generis del impuesto, cuyo origen fue legal y cuya potestad
reglamentaria se otorgó a los entes territoriales tras su cesión.
7
Al respecto, citó el auto del 14 de diciembre de 2015, exp. 2015-00114-00, MP. Víctor Adolfo Hernández Díaz.
8
Citó las sentencias de 11 de agosto de 2011, exp. 17785, CP. William Giraldo Giraldo y de 25 de abril de 2016, rad. 11001-03-
15-000-2015-02768-01, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
9
Citó las sentencias del 26 de septiembre de 2000, exp. 12669, CP. Juan Ángel Palacio Hincapié; de 12 de abril de 2007, exp.
15382, CP. María Inés Ortiz Barbosa del Consejo de Estado y C-1191 de 2001 y C-332 de 2010 de la Corte Constitucional.
10
Invocó la sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, CP. William Giraldo Giraldo.
4
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Demandante: IGT GAMES SAS
Finalmente, sostuvo que las normas constitucionales y legales invocadas por la actora
no impidieron el cobro del impuesto; que la demandante confundió las obligaciones
contractuales con las tributarias; que no se configuró falsa motivación ni derogatoria
expresa o tácita de las normas aplicables; y que la derogatoria introducida por la Ley
1819 de 2016 no tuvo efectos retroactivos. Concluyó que los argumentos de la actora
desconocieron el precedente jurisprudencial vigente.
TRÁMITE PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue radicada el 12 de octubre de 2017 y admitida con auto del 1 de febrero
de 2018. Aportada la contestación, mediante auto de 10 de septiembre de 2021, se
prescindió de la audiencia inicial, se resolvió sobre la petición de pruebas y se concedió
un término de diez días a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos acusados
y, a título de restablecimiento del derecho, declaró que IGT GAMES S.A.S. no debía
pagar suma alguna a título de sanción por no declarar impuesto a los juegos de suerte
y azar, sin condenar en costas, con fundamento en lo siguiente:
Luego de exponer el marco normativo aplicable al caso y las sentencias del 11 de
agosto de 2011, exp. 1778511 y del 16 de noviembre de 2023, exp. 2781312, precisó
que el “baloto” está comprendido dentro de los juegos novedosos definidos en el artículo
38 de la Ley 643 de 2001, razón por la cual hizo parte del monopolio rentístico de los
juegos de suerte y azar. En consecuencia, a estos juegos les resultó aplicable la
derogatoria del artículo 12 de la Ley 69 de 1946, del literal c) del artículo 3 de la Ley 33
de 1968 y de los artículos 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986 y, no podían ser
gravados con tributos distintos a los expresamente previstos en la Ley 643 de 2001.
Adicionalmente, adujo que el mismo tribunal, en providencia del 22 de febrero de
202413, al examinar la legalidad de la Liquidación Oficial de Aforo expedida por el
Municipio de Palmira contra la sociedad demandante, anuló los actos demandados y,
a título de restablecimiento del derecho, declaró que IGT GAMES no debía declarar ni
pagar el impuesto de juegos de suerte y azar en el municipio de Palmira por los periodos
comprendidos entre agosto y diciembre de 2012.
En atención a que dicha providencia cobijó los mismos periodos por los cuales se
pretendió sancionar a la sociedad demandante por no declarar el impuesto, la Sala
declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y estableció que IGT GAMES no
debía pagar suma alguna por concepto de la sanción impuesta, al no ostentar la calidad
de sujeto pasivo del impuesto de juegos de suerte y azar.
Finalmente, no condenó en costas, por no encontrar acreditada prueba de su
causación.
11
CP. William Giraldo Giraldo.
12
CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
MP. Patricia Feuillet Palomares.
5
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RECURSO DE APELACIÓN
La demandada recurrió la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente:
El Municipio de Palmira no infringió las regulaciones mencionadas por la contribuyente,
ni se demostró a lo largo del proceso que, ignoró la prohibición de gravar los monopolios
rentísticos, como lo indicó la sentencia al respaldar el dicho de la actora.
En el caso del impuesto sobre billetes, tiquetes, boletas de rifas y apuestas en toda
clase de juegos permitidos -artículo 12 de la Ley 69 de 1946 y literal c) del artículo 30 de la Ley 33
de 1968-, el sujeto pasivo responsable de pagar el tributo es la persona, empresario,
dueño o concesionario que quiera llevar a cabo la actividad relacionada con el juego o
el espectáculo. Las normas mencionadas establecen que el impuesto se cobra sobre
«el valor de cada boleta o tiquete de rifas y apuestas», así como sobre el premio que se paga
de las mismas, por lo que, en este último caso, el sujeto pasivo corresponderá a quien
deriva utilidad o provecho económico del juego.
IGT GAMES, conforme al certificado de la Cámara de Comercio que obra en el
expediente, se dedica a la explotación y operación, con exclusividad en todo el territorio
nacional, del juego sistematizado en línea y en tiempo real de tipo novedoso
denominado “Baloto”. En consecuencia, está acreditado que IGT GAMES S.A.S., en su
condición de concesionario y operador del juego Baloto, realizó la venta de apuestas en
el municipio de Palmira y, por ello, fue considerado sujeto pasivo del impuesto a los
juegos de suerte y azar.
La regulación prevista en la Ley 643 de 2001 partió del respeto por el régimen tributario
vigente con anterioridad a su promulgación, particularmente en el régimen previsto en
el artículo 12 de la Ley 69 de 1946, el literal c) del artículo 3° de la Ley 33 de 1968 y los
artículos 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986, así como en las normas concordantes.
El Acuerdo 071 de 2010, Estatuto Tributario Municipal vigente para los hechos, fue
expedido en consonancia con el Estatuto Tributario Nacional, por remisión expresa del
artículo 59 de la Ley 788 de 2002. En consecuencia, la definición de los elementos del
hecho generador del impuesto a los juegos de suerte y azar se garantizó mediante la
remisión a distintos ordenamientos jurídicos, conforme lo precisó la Corte Constitucional
en la sentencia C-537 de 1995. En dicha providencia, la Corte indicó que, en aplicación
del principio según el cual quien puede lo más puede lo menos, los elementos del tributo
debieron incorporarse en el Estatuto Tributario Municipal únicamente cuando la ley no
los hubiera definido. Por esta razón, la administración municipal sustentó el principio de
legalidad del tributo en las normas legales que establecieron sus elementos y no en el
Estatuto Tributario Municipal.
En ejercicio de las actuaciones orientadas al recaudo del impuesto a los juegos de
suerte y azar, la administración municipal asumió la calidad de juez y, en tal condición,
respeta las decisiones de las altas corporaciones de justicia como criterios auxiliares
de interpretación conforme al inciso segundo del artículo 230 de la Constitución Política.
No obstante, la demandante sostiene que la administración debía cesar el
procedimiento con fundamento en una supuesta derogatoria derivada de la Ley 643 de
2001, argumento que fue desestimado por el precedente jurisprudencial aplicable.
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TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso se admitió por auto de 9 de octubre de 202514, sin pronunciamiento de las
partes frente a este. El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos por el municipio de
Palmira, en los que se impuso la sanción por no declarar el impuesto a los juegos de
suerte y azar por los meses de mayo a diciembre de 2012 a la sociedad IGT GAMES
S.A.S.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Palmira, se
determinará: i) si las normas que regulan el impuesto a las apuestas y juegos permitidos
se encuentran vigentes, concretamente los artículos 7 de la Ley 12 de 1932, 12 de la
Ley 69 de 1946, 3 (numeral c) de la Ley 33 de 1968 y, 227 y 228 del Decreto 1333 de
1986 y, ii) si IGT GAMES estaba obligada al pago de dicho tributo por los meses de mayo
a diciembre de 2012.
Para resolver, la Sala se remite al criterio expuesto en las sentencias del 19 de mayo
de 2022, exp. 25763; del 29 de junio de 2023, exp. 27186, del 10 de agosto de 2023,
exp. 2743015, 16 de noviembre de 2023, exp. 27813, que, en lo pertinente, se reiterarán.
El artículo 7 de la Ley 12 de 1932 creó el impuesto de juegos permitidos, en los
siguientes términos:
«Artículo 7°. Con el objeto de atender al servicio de los bonos del empréstito patriótico que
emita el Gobierno establécese los siguientes gravámenes:
(…)
2. Un impuesto del cinco por ciento (5 por 100) sobre el valor de los billetes de rifas y del
diez por ciento (10 por 100) del valor de los billetes de lotería que componen cada sorteo.
(…)»
En las providencias que ahora se reiteran, la Sala precisó que, si bien este impuesto
fue creado con carácter temporal, con la finalidad de arbitrar recursos para la guerra
con el Perú, el mismo fue restablecido por la Ley 69 de 1946, en su artículo 12, así:
«Artículo 12. Restablécese el impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada
boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal
1° del artículo 7° de la Ley 12 de 1932».
Luego, el referido impuesto fue entregado a los municipios y al Distrito Especial de
Bogotá, mediante el artículo 3º de la Ley 33 de 1968, en los siguientes términos:
«Artículo 3. A partir del 1º. de enero de 1969 serán propiedad exclusiva de los Municipios
y del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en sus respectivas
jurisdicciones:
(…)
14
Índice 4 de SAMAI
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CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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c) El impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las
mismas, a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y demás disposiciones
complementarias».
Posteriormente, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal),
estableció en el artículo 227 que el impuesto se encontraba vigente de conformidad con
la Ley 69 de 1946 y, en consecuencia, que el impuesto era de propiedad exclusiva de
los municipios y del Distrito Especial de Bogotá (art. 228 ib.).
Sin embargo, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las anteriores
disposiciones perdieron vigencia. La primera de ellas, artículo 7 de la Ley 12 de 1932,
por haberse establecido con carácter transitorio (C-521 de 1997), y los otros preceptos
en virtud de la expedición de la Ley 643 de 2001 «por la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentístico de juegos de suerte y azar» (C-584 de 2001).
Dentro del juicio de constitucionalidad que se adelantaba contra tales disposiciones, la
Corte se declaró inhibida en la sentencia C-584 de 200116, por considerar que las
mismas habían quedado derogadas por la Ley 643 de 2001:
«3. Derogatoria del gravamen al que refieren las normas enjuiciadas
Antes de entrar en el análisis de fondo sobre las normas acusadas corresponde a la Corte
examinar si procede o no el juicio de constitucionalidad, toda vez que se habría
producido la derogatoria de éstas por la Ley 643 de 2000 (sic).
En efecto, estando en curso el trámite del presente proceso y después de haberse proferido
el auto admisorio de la demanda se expidió la Ley 643 de 2000 (sic) “por la cual se fija el
régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.
3.1. Sobre el particular advierte la Corporación que la referida ley, en el capítulo X
denominado “Régimen Tributario”, artículo 49, señala:
“Prohibición de Gravar el Monopolio. Los juegos de suerte y azar a que se refiere la
presente ley no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con
impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en
la presente ley. La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar
de que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas
IVA.” (Subraya y destaca la Corte)
(…)
Así mismo, el artículo 61 de la ley en comento en cuanto a la vigencia de ésta y derogatorias
dispone: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias” (Subraya la Corte)”
Así las cosas, no cabe duda sobre la derogatoria de las disposiciones acusadas, toda
vez que el régimen tributario y los aspectos relacionados con la explotación,
organización y administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar,
entre los cuales se cuentan las apuestas hechas en máquinas electrónicas tragamonedas -
MET- y bingos, son materias reguladas íntegramente en la Ley 643 de 2001, por lo que
de conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, carecería de objeto realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las normas demandadas, en tanto éstas han desaparecido
del ordenamiento jurídico.» (énfasis y subrayado de la Sala).
En las providencias que ahora se reiteran17, la Sala precisó que la citada Ley 643 de
2001, en su artículo 1º, estableció el monopolio rentístico, que se concreta en la facultad
16
MP. Álvaro Tafur Galvis.
17
Exps. 25763, 27186, 27813 y 27430, cit.
8
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exclusiva del Estado para explotar, administrar, operar, controlar y fiscalizar, todas las
modalidades de juegos de suerte y azar:
«ARTICULO 5o. DEFINICIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos de la
presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador,
realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad
de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si
acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar
determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
(…)».
Juegos que pueden revestir las siguientes modalidades:
«ARTÍCULO 11. LOTERÍA TRADICIONAL. Es una modalidad de juego de suerte y azar
realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación
billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación
numérica y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado
previamente en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o
aproximaciones preestablecidas coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en
sorteo público efectuado por la entidad gestora.
[…]
ARTICULO 21. APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de
suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada,
indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera
que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio
mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo
con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto
reglamentario.
[…]
ARTÍCULO 27. RIFAS. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean,
en una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado.
[…]
ARTÍCULO 31. JUEGOS PROMOCIONALES. Son las modalidades de juegos de suerte y
azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios,
establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin
que para acceder al juego se pague directamente.
[…]
ARTÍCULO 32. JUEGOS LOCALIZADOS. Son modalidades de juegos de suerte y azar que
operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales
asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos,
video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y
similares. Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la
operación de distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o
aquellos establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con
otras actividades comerciales o de servicios.
[…]
ARTICULO 38. JUEGOS NOVEDOSOS. Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte
y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de
los demás juegos a que se refiere la presente ley. Se consideran juegos novedosos, entre
otros, la lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus
modalidades, apuestas deportivas o en eventos y todos los juegos operados por internet, o
por cualquier otra modalidad de tecnologías de la información que no requiera la presencia
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del apostador. Lo anterior únicamente en relación con los juegos que administra y/o explota
Coljuegos».
Como titulares de las rentas recaudadas por la explotación de los juegos referidos, la
Ley determinó a los departamentos, al Distrito Capital y a los municipios, salvo por los
recursos destinados a la investigación en áreas de la salud, que pertenecen a la Nación
(art. 2). En esa medida, las señaladas entidades territoriales perciben rentas por la
explotación de todas las modalidades de juegos de suerte y azar.
Ahora bien, tal como lo destacó la Corte C 584 de 2001, en el artículo 49, la ley
expresamente prohibió que los juegos de suerte y azar fueran gravados por las
entidades territoriales con tributos «distintos» a los establecidos en la Ley 643 de 2001,
la cual solo autorizó en su artículo 48 un impuesto sobre las loterías foráneas, así:
«ARTÍCULO 48. IMPUESTOS DE LOTERÍAS FORÁNEAS Y SOBRE PREMIOS DE
LOTERÍA. La venta de loterías foráneas en jurisdicción de los departamentos y del Distrito
Capital, genera a favor de estos y a cargo de las empresas de lotería u operadores
autorizados un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de cada billete o
fracción que se venda en cada una de las respectivas jurisdicciones».
En consonancia con lo anterior, a excepción de este impuesto sobre las loterías
foráneas (autorizado por la propia ley para los departamentos y el Distrito Capital), los
departamentos, municipios y distritos tienen prohibido gravar los juegos de suerte y
azar.
La Sala precisó, en sentencia del 30 de agosto de 201618, que con la expedición de la
Ley 643 de 2001 se entendieron derogadas las normas que establecían el impuesto
sobre juegos permitidos, y que, conforme al artículo 49 de dicha ley, la potestad
tributaria de los municipios frente a los juegos de suerte y azar quedó restringida a los
tributos expresamente previstos por el legislador. Si bien, en dicha oportunidad se
analizó el impuesto de industria y comercio establecido sobre los juegos de suerte y
azar, resulta aplicable el análisis allí desarrollado en torno a la derogatoria de las
normas que establecían el impuesto en cuestión.
Aunado a esto, la Sala19 ha precisado que el Baloto constituyó un juego novedoso en
los términos del artículo 38 de la Ley 643 de 2001, cobijado por la prohibición prevista
en el artículo 49 de la misma norma. En todo caso, se aclaró que la exclusión
contemplada en el artículo 5 de la Ley 643 de 2001 operó únicamente para juegos de
carácter promocional orientados a publicitar un producto o servicio, supuesto que difirió
de la naturaleza, operatividad y fines del juego novedoso Baloto, razón por la cual dicha
disposición no le resulta aplicable.
A lo anterior se suma la expresa ratificación de la derogatoria de las disposiciones que
establecían el «impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las
mismas», efectuada por la Ley 1819 de 2016. Si bien se trata de un precepto posterior a
la época de los hechos, presenta especial relevancia, en tanto la derogatoria no fue
dispuesta como un hecho nuevo, sino que «ratificó» la derogatoria, de lo que se infiere
que, a la fecha de expedición de la ley 1819, esto ya había ocurrido. Al efecto, el texto
del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 dispone:
18
Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 21834, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
19
Exp 27813
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«ARTÍCULO 376. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su
promulgación, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las
siguientes:
[…]
11. Se ratifica de manera expresa la derogatoria del impuesto contenido en las
siguientes disposiciones: el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932, el artículo
12 de la Ley 69 de 1946, el literal c) del artículo 3 de la Ley 33 de 1968, y los artículos
227 y 228 del Decreto-ley 1333 de 1986. (énfasis de la Sala)».
En el caso concreto, la entidad demandada sustentó en los siguientes preceptos, los
actos impugnados que fueron expedidos por los períodos mayo a diciembre del año
2012:
«La suscrita Subsecretaria de Ingresos y Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales (…);
con fundamento en las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968, los artículos 227 y 228 del Decreto
1333 de 1986, demás normas concordantes (…)»20.
Como ocurrió en los casos ahora reiterados, las disposiciones que fundamentan los
actos impugnados son las mismas que la Corte Constitucional y esta Corporación
señalaron como derogadas por la Ley 643 de 2001, derogatoria que, por demás, fue
ratificada por la Ley 1819 de 2016. De ahí que, en el asunto bajo examen, no proceda
la imposición de la sanción por no declarar el impuesto de juegos de suerte y azar a la
sociedad IGT GAMES SAS.
Finalmente, no sobra mencionar que frente a la Liquidación Oficial que determinó y
liquidó el impuesto de juegos de suerte y azar correspondiente a los períodos
comprendidos entre agosto y diciembre de 201221, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en sentencia del 22 de febrero de 2024, expediente 76001-23-33-000-2018-
00719-00, con ponencia de la magistrada Patricia Feuillet Palomares, declaró la nulidad
de los actos de liquidación. Dicha providencia quedó en firme al no haber sido apelada,
por lo que adquirió fuerza de cosa juzgada y consolidó la inexistencia de la obligación
tributaria discutida para esos períodos.
Así, contrario a lo expuesto en el recurso de apelación, se desvirtuó la legalidad de los
actos acusados al fundarse en normas derogadas, de las que no puede predicarse la
sujeción pasiva de la sociedad al tributo. Por ende, se confirmará la sentencia apelada.
Costas
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP22,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA23, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 procede la
condena en costas en segunda instancia contra la entidad demandada al haberse
resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes
la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1)
20
SAMAI. Índice 3. PDF de anexos de la demanda. Páginas 11 y 23.
21
Por los periodos de mayo a julio no se tiene soporte del proceso de determinación
22
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce
ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte vencida
en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la discrecionalidad que
confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados».
23
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
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SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se ordenará al
tribunal que trámite el incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas.
2. CONDENAR en costas a la demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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