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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01895-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01895-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar fallida la apelación interpuesta por el departamento del Valle del Cauca y, por lo tanto, mantener incólume la sentencia de primera instancia del 21 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KBV Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-010-2017-01895-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-010-2017-01895-01 (0626-2025)
Demandante: Luz Marina Díaz Gaviria
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Tema: Nivelación salarial del personal administrativo del sector
educativo. Apelación fallida

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1 que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. Las pretensiones

1. Luz Marina Díaz Gaviria presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 080-025-218650 del 6 de julio de 2016 proferido

1 El Consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera aclara que, en anteriores ocasiones,

y conforme a la causal contenida en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para
conocer en segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en cuya decisión haya participado el Dr. Óscar Valero Nisimblat, con quien le une una amistad íntima.
No obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, en esta ocasión no
efectuará dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección, con auto de 18 de septiembre de
2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro del expediente 76001-
23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2 Samai, índice 24, archivo «14ED_002DEMANDADENULIDADY».
3 En adelante CPACA.

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01895-01 (0626-2025)
Demandante: Luz Marina Díaz Gaviria

por el departamento del Valle del Cauca que le negó la nivelación salarial y
reliquidación de los factores salariales y prestacionales causados a partir del 1 de
enero de 2009.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió i) el ajuste salarial y prestacional
que aplicó la entidad demandada a los auxiliares administrativos grado 8
pertenecientes a la planta central del departamento del Valle del Cauca desde el 1
de enero de 2009; ii) la reliquidación de las cesantías y la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; iii) el pago de la sanción moratoria
del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo a partir del 1 de enero de 2009; iv)
la indexación de las anteriores sumas; v) el pago de las costas del proceso; y vi) el
cumplimiento de la condena según lo establecido en los artículos 187 y 195 del
CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. Luz Marina Díaz Gaviria laboró como auxiliar administrativo grado 8 del
departamento del Valle del Cauca desde el 2 de febrero de 1977.

5. Con la Ley 715 de 2001 se descentralizó el servicio público de la educación,
razón por la cual la demandante fue incorporada a la planta de personal del
departamento del Valle del Cauca.

6. La entidad demandada profirió los decretos 910 de 2005, 469 de 2006, 331 de
2007 y 1273 de 2008, que fijaron los parámetros para la nivelación salarial y la
homologación de los cargos del personal de las instituciones educativas financiadas
con recursos del Sistema General de Participaciones e incorporados a la planta
central del departamento del Valle del Cauca.

7. Con la expedición de los anteriores decretos la entidad demandada acabó con la
diferencia salarial que venía existiendo entre el personal de las instituciones
educativas y el perteneciente a la planta central del departamento del Valle del
Cauca, comoquiera que se hicieron las homologaciones a los mismos cargos y la
nivelación salarial.

8. No obstante, a partir del 1 de enero de 2009 la entidad demandada incrementó
los salarios de los funcionarios pertenecientes a su planta de personal, el cual fue
superior al que se les aplicó a los empleados homologados de las instituciones
educativas, entre ellos la demandante, así:

«[…]

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01895-01 (0626-2025)
Demandante: Luz Marina Díaz Gaviria

AÑO INCREMENTO INCREMENTO PLANTA
INSTITUCIONES CENTRAL
EDUCATIVAS DEPARTAMENTO
2009 7,67 8% (Decreto 367 y 544
de 2009)
2010 2 5% (Decreto 727 de
2010)
2011 3,17 5,5% (Decreto 428 de
2011)
2012 3,73 7% (Decreto 838 de
2012)
2013 2,44 3,5 %
(Decreto 29/05/2013)
2014 1,94 2,94% (Decreto 499 del
2014)
2015 3,66 4,66%
2016 6,77 7,77%
[…]».

9. Como consecuencia de lo anterior se «generó una desigualdad salarial» entre los
auxiliares administrativos grado 8 que laboraban en las instituciones educativas del
departamento y los que trabajaban en la secretaría de educación departamental,
aun cuando pertenecían a la misma planta central de la entidad demandada y
habían sido homologados a través de los decretos 910 de 2005, 469 de 2006, 331
de 2007 y 1273 del 2008.

10. El 3 de mayo de 2016 la demandante presentó una petición ante el departamento
del Valle del Cauca en la que solicitó que se le aplicara a su salario y prestaciones
sociales el incremento aplicado a los auxiliares administrativos grado 8 de la planta
central de esa entidad con efectos retroactivos «al 1 de enero de 2007».

11. La anterior petición fue resuelta mediante Oficio 080-025-21865 del 6 de julio de
2016 de forma desfavorable bajo el argumento de que el salario de la demandante
había sido incrementando «con los mismos reajustes de la Planta Central del
Departamento».

12. El 14 de septiembre de 2016 se radicó una solicitud de conciliación extrajudicial,
la cual fue declarada fallida el 8 de noviembre de 2016.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

13. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 11, 13, 29, 46, 48, 53, 83, 125,
209, 298 y 300 de la Constitución Política; 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador; 23 de la
Declaración Universal de Derechos humanos; leyes 60 de 1993, 115 de 1994, 715
de 2001, 790 de 2002 y 1176 de 2007; decretos 252 de 1994, 1569 de 1998 y 2489
de 2006, Decreto Reglamentario 1052 de 2006.

14. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01895-01 (0626-2025)
Demandante: Luz Marina Díaz Gaviria

14.1. El departamento del Valle del Cauca dio un trato desigual y discriminatorio a
los funcionarios de las instituciones educativas que eran financiados por el Sistema
General de Participaciones frente a los que pertenecían a la planta central de esa
entidad que eran pagados con recursos propios a partir del año 2009 comoquiera
que a los primeros les aplicó el incremento salarial decretado por el gobierno
nacional el cual fue inferior.

14.2. La entidad debió garantizar la primacía de la realidad sobre las formalidades,
el derecho a la igualdad y el principio «a trabajo igual, salario igual», pues las funciones
y requisitos que cumplía el personal administrativo de las instituciones educativas
eran iguales a las que desempeñaba el personal administrativo de la planta central
del departamento del Valle del Cauca.

14.3. La sanción moratoria relacionada con el excedente de las cesantías por efectos
de la homologación procedía de acuerdo con los artículos 99 de la Ley 50 de 1990,
13 de la Ley 344 de 1996 y 1 del Decreto 1582 de 1998, razón por la cual la
demandante tenía la facultad de exigir la consignación oportuna de las cesantías
teniendo en cuenta que la sanción moratoria también se podía aplicar a las
fracciones por el indebido ajuste salarial anual.

1.1.3. Contestación de la demanda

1.1.3.1. Ministerio de Educación

15. Se opuso a las pretensiones de la demanda4, toda vez que el acto acusado no
fue expedido por esa entidad y los hechos y pretensiones de la demanda tenían
como fundamento la relación laboral entre Luz Marina Díaz Gaviria y el
departamento del Valle del Cauca.

16.Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva5, inepta
demanda y prescripción.

1.1.3.2. Departamento del Valle del Cauca

17. No emitió pronunciamiento alguno6.

4Samai, índice 24, archivo «014- Segunda Instancia - Poder - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.pdf)».
5 Se precisa que mediante auto del 11 de marzo de 2020 el a quo declaró probada esta excepción

razón por la cual se desvinculó del proceso al Ministerio de Educación, pues la demandante reprochó
el incumplimiento del deber de homologar debidamente al personal administrativos de educación
incorporado a la planta de personal del ente territorial, en virtud de la Ley 715 de 2001.
6 Samai, índice 24, archivo «020- Segunda Instancia - AUDIENCIA INICIAL - Contrato 104 DE 2020

• SASI-2020-09 (.pdf)»

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Demandante: Luz Marina Díaz Gaviria

1.2. La sentencia apelada

18. En sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda7, sin
condena en costas, con fundamento en lo siguiente8:

18.1. La demandante se vinculó en un cargo asistencial en la Institución Educativa
Nuestra Señora de La Consolación del municipio de Toro, Valle del Cauca desde el
2 de febrero de 1977, así como su incorporación a la planta central de cargos del
«departamento» a través del decreto 0886 desde el 27 de mayo de 2009.

18.2. Mediante los decretos 727 de 2010, 428 de 2011, 838 de 2012, 472 de 2013 y
499 de 2014 el ente territorial demandado estableció el incremento y ajuste salarial
de los diferentes empleos de la planta global de los cargos de la administración
central departamental para los años 2010 a 2014. Ahora, en el Decreto 472 de 2013
se encontró que el incremento ordenado no aplicaba a los empleos desempeñados
por el personal administrativo de las instituciones educativas pagados con recursos
del Sistema General de Participaciones.

18.3. Sobre los incrementos de las anualidades 2015 y 2016 no se aportó prueba.

18.4. La demandante vio desmejorado su ingreso por la diferencia que se efectuó
entre los trabajadores de la planta de la administración central y los que fueron
objeto del proceso de homologación.

18.5. No era de recibo el argumento según el cual, «el no pago de las diferencias
salariales que obedece a la ausencia del traslado de los recursos de parte de la Nación,
pues aceptar esa postura equivaldría a desconocer el principio de igualdad porque quienes
ocupan el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones y demuestran tener las mismas
competencias o habilidades para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, deben
percibir la misma remuneración.»

18.6. Respecto del restablecimiento del derecho se evidenció que la demandante
presentó reclamación el 3 de mayo de 2016 de modo que las diferencias salariales
y prestacionales causadas con anterioridad al 3 de mayo de 2013 se encontraban
afectadas por el fenómeno de la prescripción.

7 Y se dispuso: «PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO contenido en

el Oficio 080-025-218650 de 6 de julio de 2016 proferido por el Departamento del Valle del Cauca, a
través de la Secretaría de Educación Departamental, en consonancia con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: En consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, ordenar al Departamento del Valle del Cauca reconocer y pagar en favor de la señora
Luz Marina Díaz Gaviria las diferencias entre lo que percibió y lo que debió devengar por concepto
de salarios y prestaciones sociales desde el 03 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2014
en el cargo que ostenta como auxiliar administrativo código 407 – Grado 8.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda. […]»
8Samai, índice 35.

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18.7. A la demandante se le debieron pagar las diferencias entre lo que percibió y lo
que debió devengar desde el 3 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de
2014, porque sólo hasta el 2014 se acreditó la diferencia salarial y prestacional
injustificada en el trato por parte del departamento.

18.8. En relación con la sanción moratoria reclamada en los términos de la Ley 50
de 1990, esta no podía aplicarse luego de una declaración judicial como la del
presente caso en el que se reajustó el salario del trabajador, pues la norma solo
castigaba la tardanza injustificada en la consignación de las cesantías, situación
que no se censuró en el proceso, tampoco se probó que la demandante fuera
beneficiaria del régimen anual de cesantías, además que su vinculación se dio en
el año 1977 e incluso que los actos administrativos que en su momento
reconocieron una sanción moratoria de los años 2014 y 2015 no se refirieron a la
afiliación bajo esa modalidad de ahorro.

18.9. La sanción establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no
era procedente en la medida en que no existía normatividad que permitiera trasladar
su aplicación al caso de los empleados públicos vinculados mediante relación legal
y reglamentaria como el presente.

1.3. El recurso de apelación

19. El departamento del Valle del Cauca Presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y lo sustentó así9:

19.1. Elrégimen prestacional y salarial aplicable al personal «Docente» era el
establecido en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993, «hoy 715 de 2001», incluidos todos
los docentes que se habían incorporado sin solución de continuidad al igual que las
nuevas vinculaciones a la planta docente del «municipio», es decir, con las mismas
condiciones salariales y prestacionales que tenían al momento de incorporarse a la
entidad territorial.

19.2. «El anterior razonamiento resulta palmario, pues el régimen prestacional y salarial que
los gobierna no podía de ninguna manera verse menguado, por pasar el manejo de la
educación a una entidad diferente al de la Gobernación del departamento del Valle, en este
caso pasaron a la entidad territorial Municipio de Santiago de Cali, so pena de infringir los
objetivos y criterios mínimos señalados en la Ley 4ª de 1992.»

19.3. Los salarios reconocidos y pagados en cada vigencia a los «docentes adscritos
a este ente territorial» eran establecidos de acuerdo con el decreto nacional de
salarios que expedía el gobierno nacional en cada vigencia; motivo por el cual no
había lugar a presentar «una posición conciliatoria existiendo una total carencia de

9Samai, índice 38, archivo «045ApelaciondeSe_recursoapelacionluzm».

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Derecho y falta de legitimación en la Causa por pasiva.»

19.4. No podía interpretarse, «como lo pretende el actor, que por el hecho de asumir la
entidad territorial la carga de administrar y manejar la educación en sus niveles de
preescolar, primaria, secundaria y media oficial, con los recursos del sistema General de
Participaciones – SGP, tenga la obligación, sin norma alguna que así lo determine y sin el
traslado de recursos, de nivelar los salarios de dicho personal con los del orden territorial,
cuyo pago asume por autorización del Ministerio de Educación Nacional, puesto que los
docentes que en su momento fueron nombrados por la entidad municipal se efectuó por la
autonomía que tenía.»

19.5. Al «municipio» no se le otorgaron facultades más allá de las legales, es decir,
que la administración de la planta de personal «Docente no faculta al nominador para
modificar las condiciones laborales o de escalafón docente que regula la remuneración
salarial a los mismos con las cuales se asumió la administración de dicha planta docente.
De tal manera que es el gobierno nacional que por la competencia dada en la Constitución
Política expide cada año la tabla de remuneración salarial al personal docente tanto los
regidos por el Decreto Ley 1278/2002, como los que rige el Decreto 2277/79, tablas en las
que se estipula claramente el escalafón y por ende el salario acorde a este.»

19.6. Los docentes contaban con un régimen especial que comprendía la carrera
docente, establecida en el artículo 3º del Decreto 2277 de 1979 y los decretos 120
y 122 de 2016 determinaron la tabla del escalafón docente y la asignación básica.

19.7. Si se pagara a favor de los «docentes» una homologación y nivelación salarial,
«objeto de esta litis», se estaría contradiciendo el principio de legalidad al desconocer
la categorización piramidal de las normas legales y el régimen de presunción de
legalidad.

19.8. No existía norma expresa que estableciera que las entidades territoriales
podían atribuirse efectuar nivelaciones salariales y/o homologaciones al personal
«docente», aplicarla o realizar dicho aumento sería contrario a la Ley.

1.4. Trámite en segunda instancia

20. En auto del 30 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado
por la entidad demandada contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca10.

21. A través del auto del 15 de octubre de 202511 se negó la solicitud probatoria
presentada por la entidad demandada correspondiente a la tabla de escalafón
docente y asignación básica establecida en los decretos 120 y 122 de 2016,
comoquiera que su contenido se trataba de normas de alcance nacional expedidas

10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 13.

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por el presidente de la República que modificaron la remuneración de los servidores
públicos docentes y directivos al servicio del Estado en los niveles de educación
preescolar, básica y media a lo largo del territorio nacional.

22. El Ministerio Público no presentó concepto12.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

23. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuesto por la parte demandada, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

24. De conformidad con los argumentos del recurso de apelación, se debe resolver
el siguiente interrogante: ¿si el recurso de apelación interpuesto cumplió con las
cargas procesales exigidas para su adecuada sustentación, o si, por el contrario, se
configuró la apelación fallida?

25. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación; segundo, se
expondrán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación.
Apelación fallida

26. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo
31 de la Carta Política13, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo
las excepciones que estipula la ley; esta garantía del derecho de impugnación, como
posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la presencia de un superior
funcional, quien participa como autoridad independiente, imparcial y de distinta
categoría en la revisión de una actuación previa. En suma, el principio de la doble
instancia encierra una de las más altas garantías establecidas en la Carta Superior,

12 Samai, índice 17.
13 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que

consagre la ley.

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por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente consignadas por el
legislador, procurar su realización y plena efectividad como garantía de los derechos
de impugnación y de contradicción que de ella subyacen.

27. No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera deliberada; por
ello, el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia
para su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el
recurso de apelación fracase, requisitos que dentro del procedimiento contencioso
administrativo quedaron preceptuados en los artículos 24314 y 24715 de la Ley 1437
de 2011. El primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera instancia
dictadas por los jueces y tribunales administrativos; el segundo establece, el trámite
bajo el cual ha de surtirse la apelación señalando el término para la sustentación.

28. Por su parte, la Ley 1564 de 2012 aplicable al procedimiento contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el alcance
de la apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo que a
continuación se transcribe:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.
(…)

Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo
con las siguientes reglas:

(…)

14 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El

nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia».
15 «ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.

[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el
expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».

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Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre
los cuales versará la sustentación que hará ante el superior».

29. Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al
sustentar la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades
frente a la decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en que
se haya podido incurrir en la primera instancia. La jurisprudencia, en relación con la
carga procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión de
primera instancia, ha precisado16:

«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en
el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez
de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas,
en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución
Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco
está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación
con la situación creada por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el
legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por
lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia» (sic).

30. Entonces, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se
dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia lógica
ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación
fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en
primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la
decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia
con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual, los argumentos
que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar
a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.

31. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
establece la competencia del superior en los siguientes términos:

«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

16 Expediente N° 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15); C.P William Hernández Gómez.

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En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

32. Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o
limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de
ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió
el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que
trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta sección
ha explicado lo siguiente:

«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.

Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son extraños
al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados por el a
quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo de
Estado, así: (…) En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el
recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo
de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el
fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar
la sentencia con una apelación de la misma que no lo es.

Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación (…)».

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

34.Luz Marina Díaz Gaviria fue nombrada secretaria tesorera del Colegio Nuestra
Señora de La Consolación del municipio Toro, Valle del Cauca, mediante el Decreto
0047 de 1977, cargo del cual tomó posesión el 2 de febrero del año en mención17.

35. Mediante el Decreto 31 de 1987 se incorporó a la planta de personal de las

17 Samai, índice 24, archivo «001- Cuaderno Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-

2020-09 (.pdf)» páginas 11 a 13.

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distintas dependencias del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca18.

36. A través de la Resolución 397 de 1996 se le reconoció y ordenó el pago de un
anticipo de las cesantías por $5.806.64219.

37.El 6 de agosto de 1998 se certificó por parte de la directora del Colegio Nuestra
Señora de La Consolación, Toro, Valle del Cauca que la demandante se
desempeñaba como pagadora de esa institución20.

38. Mediante el Decreto 2119 de 1998 el departamento del Valle del Cauca fijó la
planta de personal de los empleos administrativos de los planteles educativos de la
secretaría de educación de ese ente territorial, entre los cuales se dispuso el cargo
de auxiliar administrativo, pagador, del colegio Nuestra Señora de La Consolación
que ocupaba la demandante21.

39. El 1 de diciembre de 1998 la actora se posesionó ante la secretaría del
departamento del Valle del Cauca como pagadora del colegio Nuestra Señora de
La Consolación22.

40. Mediante el Decreto 1328 de 2003 el departamento del Valle del Cauca
incorporó a la planta de cargos de los distintos empleos administrativos del
municipio de Toro a la demandante como auxiliar administrativo, pagador, código
550, grado 11, del colegio Nuestra Señora de La Consolación23.

41. En cumplimiento del proceso de homologación aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional mediante el Decreto 1281 de 2008 se incorporó a la secretaría
de educación departamental el personal administrativo de las instituciones pagadas
con recursos del Sistema General de Participaciones, acto administrativo aclarado
mediante el Decreto 0886 del 27 de mayo de 2009 con el fin de incluir a la
demandante en el cargo de auxiliar administrativo código 407 grado 0824.

42. De acuerdo con el certificado del 28 de diciembre de 2014 suscrito por la rectora
de la mencionada institución educativa, Luz Marina Díaz Gaviria prestaba sus
servicios en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Consolación desde el 2
de febrero de 197725.

18 Samai, índice 24, archivo «001- Cuaderno Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-

2020-09(.pdf)» páginas 14 a 16.
19 Samai, índice 24, archivo «001- Cuaderno Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-

2020-09(.pdf)» páginas 58 a 59.
.
20 Ibidem, página 64.
21 Ibidem, páginas 66 a 68.
22 Ibidem, páginas 69.
23 Ibidem, páginas 102 y 103.
24 Ibidem, página 163 a 165.
25 Samai, índice 24, archivo «002- Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)»,

página 14.

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43. El 3 de mayo de 2016 la demandante presentó una petición ante la secretaría
de educación del departamento del Valle del Cauca en la que solicitó la nivelación
de los salarios, prestaciones sociales y demás factores salariales desde el 1 de
enero de 2007, toda vez que no se correspondía con los que percibían los
funcionarios pertenecientes a la planta central del departamento del Valle del
Cauca. Asimismo, el pago de la sanción moratoria por el pago tardío del salario y
del auxilio de las cesantías.26

44. Mediante el oficio 080-025-218650 del 6 de julio de 2016 la entidad demandada
negó la solicitud del reconocimiento y pago del retroactivo, homologación y cobro
de la sanción moratoria, por cuanto consideró que los incrementos que se habían
realizado desde el año 2009 a 2016 se habían realizado en obedecimiento a los
decretos que regularon los aumentos en cada año27.

45. Se aportaron los certificados salariales de la demandante desde el 1 de enero
de 2009 hasta el 31 de diciembre de 201428.

2.5. Caso concreto

46. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pues encontró acreditado que Luz Marina Díaz Gaviria
i) se había vinculado a un cargo administrativo en la Institución Educativa Nuestra
Señora de La Consolación del municipio de Toro, Valle del Cauca, desde el 2 de
febrero de 1977; ii) se incorporó a la planta central de cargos de la entidad
demandada desde el 27 de mayo de 2009 a través del Decreto 0886; y iii) mediante
el Decreto 472 del 29 de mayo de 2013 el incremento y ajuste salarial no se aplicó
a los empleos desempeñados por el personal administrativo de las instituciones
educativas pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.

47. Por lo anterior, el a quo concluyó que se le había desmejorado el salario de la
demandante por la diferencia que se efectuó entre los trabajadores de la planta de
la administración central y los que fueron objeto del proceso de homologación.

48. Además, se ordenó el reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales a partir del 3 de mayo de 2013, pues operó el fenómeno de la
prescripción de los emolumentos causados con anterioridad a esa fecha, toda vez
que la reclamación del derecho se presentó el 3 de mayo de 2016.

26 Samai, índice 24, archivo «002- Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf)», páginas 11 y 12.
27 Samai, índice 24, archivo 002- Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf),

páginas 9 y 10.
28 Samai, índice 24, archivo 002- Segunda Instancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf),

páginas 15 a 18.

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49. La entidad demandada presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión, pues consideró que i) el régimen salarial aplicable al personal «Docente»
era el establecido en la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993, « hoy Ley 715 de 2001»,
incluidos todos los «docentes» que se habían incorporado sin solución de
continuidad, así como las nuevas vinculaciones «a la planta docente del municipio»
con las mismas condiciones salariales y prestacionales que tenían al momento de
incorporarse a la entidad territorial; ii) no se podía desmejorar el régimen salarial y
prestacional de los «docentes» por pasar a una entidad diferente «a la Gobernación
del departamento del Valle, en este caso pasaron a la entidad territorial Municipio de
Santiago de Cali, so pena de infringir los objetivos y criterios mínimos señalados en la Ley
4ª de 1992.»; iii) el municipio no tenía la facultad legal para modificar las condiciones
laborales del «personal docente o del escalafón» que regulaba la remuneración salarial
de aquellos.

49.1. Los «docentes» contaban con un régimen especial que comprendía la carrera
docente, establecida en el artículo 3º del Decreto 2277 de 197929 y los decretos 120
y 122 de 2016 que determinaron la tabla del escalafón docente y la asignación
básica.

49.2. Si se pagara a favor de los «docentes» una homologación y nivelación salarial,
«objeto de esta litis», se estaría contradiciendo el principio de legalidad al desconocer
la categorización piramidal de las normas legales y el régimen de presunción de
legalidad.

50. De conformidad con lo antes expuesto, encuentra la Sala que si bien los
argumentos del recurso de apelación presentados por la entidad demandada
coinciden con la temática de la homologación y nivelación salarial, lo cierto es que
no se corresponden directamente con la situación fáctica y jurídica considerada en
la sentencia de primera instancia, comoquiera que el debate propuesto giró en torno
a la homologación de una auxiliar administrativa grado 8 del departamento del Valle
del Cauca, mientras que las razones de la apelación se refieren a que la entidad no
podía modificar el escalafón docente, ni el régimen especial que comprendía la
carrera docente y sus condiciones laborales así como que era el gobierno el que
tenía la competencia para expedir la tabla de remuneración salarial del personal
docente.

51. Por lo anterior, no se observa congruencia entre los hechos, las normas y
fundamentos invocados por la demandada en el recurso y los que sirvieron de
sustento en la sentencia de primera instancia, pues aquellos se refieren
puntualmente al ejercicio de la profesión docente, el escalafón y su asignación
básica, no obstante en el presente asunto se debatió el derecho al reajuste salarial
de una empleada del área administrativa de una institución educativa homologada
a la planta central del departamento del Valle del Cauca.

29 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.»

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52. Así las cosas, se encuentra que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir
correspondencia lógica ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve,
lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera
instancia.

2.6. Conclusión

53. Por las razones anotadas previamente, la Sala mantendrá incólume la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

2.7. Costas

54.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

58. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte

30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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demandada actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar fallida la apelación interpuesta por el departamento del Valle del
Cauca y, por lo tanto, mantener incólume la sentencia de primera instancia del 21
de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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