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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-011-2019-00137-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-011-2019-00137-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR los ORDINALES SEGUNDO, TERCERO y CUARTO contenidos en la parte resolutiva de la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto accedieron parcialmente a las pretensiones invocadas por las señoras Juana María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González Montealegre, Aura Rosa Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino Fernández contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-011-2019-00137-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros1
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Tema: Prima Técnica

Decisión: Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de fecha 30 de
noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:

Primera. Anular el oficio N° S-2018-506479-0101 de 30 de agosto de 2018,2 por
medio del cual la accionada negó a las demandantes el reconocimiento de la
prima técnica por evaluación del desempeño.

Segunda. Condenar a la demandada reconocer y pagar a las accionantes la
prima técnica por evaluación del desempeño causadas dentro de los tres años
anteriores a las respectivas solicitudes y mientras no se den las causales para su
pérdida.

Tercera. Ordenar al ICBF cumplir la sentencia en los términos establecidos en
los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1 Juana María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González Montealegre, Luz Marina Avellaneda Mena,

Aura Rosa Cantillo Acuña, Gloria Amparo Céspedes Díaz, Luz Beatriz Pino Fernández, María Yolanda
González Quiñónes, Nancy Escobar Serna y María Cecilia Ortega Noguera.
2 Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 35 SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Previo concurso público de méritos, las actoras fueron nombradas en propiedad
en el ICBF para desempeñar los cargos que se detallan a continuación:

Nombre Cargo Código Grado Fecha
vinculación
María Ruth Pupo González Profesional 2044 08 16/02/1993
Juana María Soto Profesional 2028 13 31/08/1988
Amanda González 08 5/09/1972
Profesional 2044
Montealegre
Teresa Henao Jaramillo Profesional 2028 17 17/12/1981
Luz Marina Avellaneda Mena Profesional 2044 09 18/07/1984
Aura Rosa Cantillo Acuña Profesional 2044 08 12/08/1981
Gloria Amparo Cespedes 08 19/02/1990
Profesional 2044
Díaz
Luz Beatriz Pino Fernández Profesional 2044 08 12/12/1989
María Yolanda González 17 1/08/1986
Profesional 2028
Quiñonez
Nancy Escobar Serna Profesional 3020 12 10/02/1982
María Cecilia Ortega 08 22/11/1988
Profesional 2044
Noguera

Las reclamantes se encuentran inscritas en el Registro Público de Empleados de
Carrera Administrativa y en la actualidad prestan sus servicios en la Regional del
Valle del Cauca. Asimismo, han obtenido las siguientes calificaciones en las
evaluaciones de desempeño:

• María Ruth Pupo González

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 14 de febrero de 1995 al
660 puntos 94.3%
13 de abril de 1995
Del 14 de abril de 1995 al 13
660 puntos 94.3%
de junio de 1995
Del 16 de junio de 1995 al 13
660 puntos 94.3%
de agosto de 1995
Del 1 de agosto de 1995 al 9
658 puntos 94%
de diciembre de 1995
Del 1 de marzo de 1996 al 28
890 puntos 89%
de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al 28
925 puntos 92.5%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al 28
925 puntos 92.5%
de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 1999 al 28
910 puntos 91.0%
de febrero del 2000
Del 1 de marzo del 2000 al
895 puntos 89.5%
28 de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al 28
950 puntos 95.0%
de febrero de 2002

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de marzo de 2002 al 28
971 puntos 97.1%
de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 al 7
984 puntos 98.4%
de julio de 2003
Del 28 de julio de 2003 al 29
959 puntos 95.9%
de febrero de 2004
Del 1 de marzo de 2004 al 28
985 puntos 98.5%
de febrero de 2005
Del 1 de marzo de 2005 a 31
980 puntos 98%
de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 a
993 puntos 99.3%
31 de agosto de 2007
Del 1 de septiembre de 2007
996 puntos 96%
a 31 de enero de 2008
Del 1 de febrero de
89 puntos 89%
2010 a 31 de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 al
96 puntos 96%
31 de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2014 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 al
31 de enero de 2018 99.7 puntos 99.7%

• Juana María Soto

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 14 de febrero de 1995 al 13
698 puntos 99.7%
de abril de 1995
Del 4 de abril de 1995 al 13 de
700 puntos 100%
junio de 1995
Del 14 de junio de 1995 al 13 de
700 puntos 100%
agosto de 1995
Del 14 de agosto de 1995 al 19
700 puntos 100%
de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 28
1000 puntos 100%
de febrero de 1997
Del 1 de febrero de 1997 al 28
900 puntos 90%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1999 al 20
990 puntos 99%
de agosto de 1999
Del 1 de marzo de 2000 al 28
935 puntos 93.5%
de febrero del 2001
Del 1 de marzo del 2001 al 28
972 puntos 97.2%
de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al 28
980 puntos 98%
de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2004 al 28
990 puntos 99%
de febrero de 2005

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de marzo de 2005 al 31
993 puntos 99.3%
de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al 31
1000 puntos 100%
de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2010 al 31
89 puntos 89%
de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 a 31
98 puntos 98%
de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 a 31
97 puntos 97%
de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013 a 31
99 puntos 99%
de enero de 2014
Del 1 de febrero de
100 puntos 100%
2016 a 31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 al 31
99.6 puntos 99.6%
de enero de 2018

• Teresa Henao Jaramillo

Período calificado Puntaje obtenido Porcentaje
Del 1 de mayo de 1991 al 30
670 puntos 95.7%
de abril de 1992
Del 1 de enero de 1992 al 21
675 puntos 96.4%
de octubre de 1992
Del 1 de noviembre de 1992
680 puntos 97.1%
al 30 de abril de 1993
Del 1 de mayo de 1993 al 31
698 puntos 99.7%
de octubre de 1993
Del 1 de noviembre de 1993
698 puntos 99.7%
al 7 de octubre de 1994
Del 13 de enero de 1994 al
700 puntos 100%
30 de abril de 1994
Del 1 de mayo de 1994 al 28
700 puntos 100%
de febrero de 1995
Del 1 de marzo de 1995 al 29
696 puntos 99.4%
de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 28
950 puntos 95%
de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al 28
995 puntos 99.5%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al 28
988 puntos 98.8%
de febrero de 1999
Del 6 de abril de 1999 al 20
909 puntos 90.9%
de febrero de 2000
Del 1 de marzo de 2001 al 30
888 puntos 88.8%
de abril de 2001
Del 2 de mayo de 2001 al 15
888 puntos 88.8%
de marzo de 2002
Del 1 de marzo de 2002 a 21
977 puntos 97.7%
de octubre de 2002
Del 22 de octubre de 2002 a
977 puntos 97.7%
28 de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 a 29
931 puntos 93.1%
de febrero de 2004
Del 1 de marzo de 902 puntos 92%

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

2004 a 28 de febrero de
2005
Del 1 de marzo de 2005 al 31
893 puntos 89.3%
de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al
932 puntos 93.2%
31 de julio de 2007
Del 1 de agosto de 2007 al
935 puntos 93.5%
31 de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2010 al
89 puntos 89%
31 de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 al
97 puntos 97%
31 de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 al
98 puntos 98%
31 de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013 al
99 puntos 99%
31 de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 al
96 puntos 96%
31 de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al
98 puntos 98%
31 de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 al
99 puntos 99%
31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 al
99.5 puntos 99.5%
31 de enero de 2018

• Amanda González Montealegre

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 1 de mayo de 1991 al
675 puntos 96.4%
30 de abril de 1992
Del 1 de mayo de 1992 al
695 puntos 99.3%
31 de octubre de 1992
Del 1 de noviembre de
695 puntos 99.3%
1992 al 30 de abril de 1993
Del 1 de mayo de 1993 al
695 puntos 99.3%
21 de junio de 1993
Del 1 de noviembre de
695 puntos 99.3%
1993 al 30 de abril de 1994
Del 1 de mayo de 1994 al
700 puntos 100%
28 de febrero de 1995
Del 1 de marzo de 1995 al
700 puntos 100%
28 de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al
916 puntos 91.6%
28 de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al
923 puntos 92.3%
28 de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 2000 al
911 puntos 91.1%
28 de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al
928 puntos 92.8%
28 de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al
973 puntos 97.3%
28 de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 al
952 puntos 95.2%
29 de febrero de 2004

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 2 de mayo de 2001 al
888 puntos 88.8%
15 de marzo de 2002
Del 1 de marzo de 2004 a
950 puntos 95%
28 de febrero de 2005
Del 1 de marzo de 2005 a
974 puntos 97.4%
31 de enero de 2006
Del 1 de julio de 2007 a 31
914 puntos 91.4%
de enero de 2008
Del 1 de febrero de
2011 a 31 de enero de 94 puntos 94%
2012
Del 1 de febrero de 2012 al
92 puntos 92%
31 de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013 al
99 puntos 99%
31 de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 al
96 puntos 96%
31 de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al
98 puntos 98%
31 de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 al
96 puntos 96%
31 de enero de 2018

• Luz Marina Avellaneda Mena

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 1 de mayo de 1991 al 30
677 puntos 96.7%
de abril de 1992
Del 1 de noviembre de 1992 al
691 puntos 98.7%
30 de abril de 1993
Del 1 de mayo de 1993 al 31
696 puntos 99.4%
de octubre de 1993
Del 1 de noviembre de 1993 al
690 puntos 98.6%
24 de enero de 1994
Del 25 de enero de 1994 al 30
680 puntos 97.1%
de abril de 1994
Del 1 de mayo de 1994 al 21
670 puntos 95.7%
de febrero de 1995
Del 1 de marzo de 1995 al 21
698 puntos 99.7%
de enero de 1996
Del 22 de enero de 1996 al 19
697 puntos 99.6%
de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 28
741 puntos 74.1%
de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al 28
1000 puntos 100%
de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 1999 al 28
997 puntos 99.7%
de febrero de 2000
Del 1 de marzo de 2000 al 28
999 puntos 99.9%
de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al 28
989 puntos 98.9%
de febrero de 2002

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de marzo de 2002 al 28
998 puntos 99.8%
de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 a 29
996 puntos 99.6%
de febrero de 2004
Del 1 de marzo de 2004 a 28
993 puntos 99.3%
de febrero de 2005
Del 1 de marzo de 2005 a 31
993 puntos 99.3%
de enero de 2006
Del 1 de marzo de
998 puntos 99.8%
2007 a 31 de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2010 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 al 31
98 puntos 98%
de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 al 31
98 puntos 98%
de enero de 2013
Del 1 de mayo de 2013 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 al 31
99.7 puntos 99.7%
de enero de 2018

• Aura Rosa Cantillo Acuña

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 14 de abril de 1995 al 13
692 puntos 98.9%
de junio de 1995
Del 14 de junio de 1995 al 13
692 puntos 98.9%
de agosto de 1995
Del 14 de agosto de 1995 al
700 puntos 100%
29 de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 28
945 puntos 94.5%
de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al 28
945 puntos 94.5%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al 28
950 puntos 95%
de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 1999 al 28
957 puntos 95.7%
de febrero de 2000
Del 1 de marzo de 2000 al 28
990 puntos 99%
de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al 28
983 puntos 98.3%
de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al 28
991 puntos 99.1%
de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 al 29
995 puntos 99.5%
de febrero de 2004
Del 1 de marzo de 2004 al 28
985 puntos 98.5%
de febrero de 2005

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de marzo de 2005 al 31
980 puntos 98%
de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al 31
1000 puntos 100%
de enero de 2008
Del 1 de enero de 2010 a 31
92.6 puntos 92.6%
de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 a 31
97 puntos 97%
de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 a 31
96 puntos 96%
de enero de 2013
Del 1 de febrero de
100 puntos 100%
2013 a 31 de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al 31
100 puntos 98%
de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 al 31
100 puntos 98%
de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 al 31
99.7 puntos 99.7%
de enero de 2018

• Gloria Amparo Cespedes Díaz

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 14 de febrero de 1995
675 puntos 96.4%
al 29 de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al
881 puntos 88.1%
28 de febrero de 1997
Del 1 marzo de 1997 al 28
832 puntos 83.2%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al
855 puntos 85.5%
28 de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 2000 al
955 puntos 95.5%
28 de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al
920 puntos 92%
28 de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al
980 puntos 98%
28 de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 al
980 puntos 98%
28 de febrero de 2004
Del 1 de marzo de 2005 al
955 puntos 95.5%
31 de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al
953 puntos 95.3%
31 de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2010 al
89 puntos 89%
31 de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 al
99 puntos 99%
31 de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013 al
100 puntos 100%
31 de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 a
100 puntos 100%
31 de enero de 2015

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de febrero de 2015 a
100 puntos 100%
31 de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 a
100 puntos 100%
31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de
2017 a 31 de enero de 99.7 puntos 99.7%
2018

• Luz Beatriz Pino Fernández

Período calificado Puntaje obtenido Porcentaje
Del 6 de marzo de 1995 al
696 puntos 99.4%
5 de mayo de 1995
Del 6 de mayo de 1995 al
700 puntos 100%
5 de junio de 1995
Del 6 junio de 1995 al 29
680 puntos 97.1%
de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al
972 puntos 97.2%
28 de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al
952 puntos 95.2%
28 de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al
952 puntos 95.2%
28 de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 2000 al
976 puntos 97.6%
28 de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al
977 puntos 97.7%
28 de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al
985 puntos 98.5%
28 de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2004 al
970 puntos 97%
28 de febrero de 2005
Del 1 de marzo de 2005 al
955 puntos 95.5%
31 de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007
930 puntos 93.3%
al 31 de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2010
97 puntos 97%
al 31 de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011
97 puntos 97%
al 31 de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012
97 puntos 97%
a 31 de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013
99 puntos 99%
a 31 de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014
100 puntos 100%
a 31 de enero de 2015
Del 1 de febrero de
2015 a 31 de enero de 96 puntos 96%
2016
Del 1 de febrero de 2016
100 puntos 100%
a 31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017
99.7 puntos 99.7%
a 31 de enero de 2018

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Demandante: María Ruth Pupo González y otros

• María Yolanda Quiñonez

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 1 de mayo de 1991 al 30
658 puntos 94%
de abril de 1992
Del 1 de mayo de 1992 al 31
658 puntos 94%
de octubre de 1992
Del 1 de noviembre de 1992 al
658 puntos 94%
30 de abril de 1993
Del 1 de mayo de 1993 al 31
674 puntos 96.3%
de octubre de 1993
Del 1 de noviembre de 1993 al
696 puntos 99.4%
30 de abril de 1994
Del 1 de mayo de 1994 al 28
696 puntos 99.4%
de febrero de 1995
Del 1 de marzo de 1995 al 29
696 puntos 99.4%
de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 28
881 puntos 88.1%
de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al 28
930 puntos 93%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al 28
981 puntos 98.1%
de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 1999 al 29
749 puntos 74.9%
de febrero de 2000
Del 1 de marzo de 2001 al 30
932 puntos 93.2%
de abril de 2001
Del 2 de mayo de 2001 al 28
932 puntos 93.2%
de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al 21
988 puntos 98.8%
de octubre de 2002
Del 22 de octubre de 2002 a
988 puntos 98.8%
28 de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 a 29
938 puntos 93.8%
de febrero de 2004
Del 1 de marzo de 2004 a 28
872 puntos 87.2%
de febrero de 2005
Del 1 de marzo de
836 puntos 83.6%
2005 a 31 de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al 31
844 puntos 84.4%
de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2010 al 31
96 puntos 96%
de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2011 al 31
96 puntos 96%
de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 al 31
96 puntos 96%
de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013 al 31
99 puntos 99%
de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 al 31
99 puntos 99%
de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2016

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de febrero de 2016 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 a 31
99.7 puntos 99.7%
de enero de 2018

• Nancy Escobar Serna

Período calificado Puntaje Porcentaje
obtenido
Del 1 de mayo de 1991 al 30
700 puntos 100%
de abril de 1992
Del 1 de mayo de 1992 al 31
700 puntos 700%
de octubre de 1992
Del 1 de noviembre de 1992 al
695 puntos 99.3%
30 de abril de 1993
Del 1 de mayo de 1993 al 31
695 puntos 99.3%
de octubre de 1993
Del 1 de noviembre de 1993 al
695 puntos 99.3%
30 de abril de 1994
Del 1 de mayo de 1994 al 28
700 puntos 100%
de febrero de 1995
Del 1 de marzo de 1995 al 29
700 puntos 100%
de febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 31
700 puntos 100%
de mayo de 1996
Del 1 de marzo de 1997 al 28
960 puntos 96%
de febrero de 1998
Del 3 de mayo de 1999 al 2 de
350 puntos 35%
julio de 1999
Del 3 de julio de 1999 al 2 de
1000 puntos 100%
septiembre de 1999
Del 2 de noviembre de 1999 al
1000 puntos 100%
14 de enero de 2000
Del 1 de marzo de 2000 al 14
1000 puntos 100%
de febrero de 2001
Del 20 de marzo de 2001 al 23
1000 puntos 100%
de agosto de 2001
Del 28 de agosto de 2001 a 28
987 puntos 98.7%
de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 a 28
992 puntos 99.2%
de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2003 a 29
992 puntos 99.2%
de febrero de 2004
Del 1 de febrero de
990 puntos 99%
2004 a 1 de junio de 2004
Del 2 de junio de 2004 al 28
987 puntos 98.7%
de febrero de 2005
Del 1 de marzo de 2005 al 31
995 puntos 99.5%
de julio de 2005
Del 1 de agosto de 2005 al 31
984 puntos 98.4%
de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al 31
995 puntos 99.5%
de julio de 2007
Del 1 de agosto de 2005 al 31
995 puntos 99.5%
de enero de 2008

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

Del 1 de febrero de 2010 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2011
Del 1 de febrero de 2013 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 al 31
100 puntos 100%
de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 a 31
100 puntos 100%
de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 a 31
100 puntos 100%
de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 a 31
98.7 puntos 98.7%
de enero de 2018

• María Cecilia Ortega Noguera

Período calificado Puntaje obtenido Porcentaje
Del 3 de marzo de 1995 al 5
700 puntos 100%
de mayo de 1995
Del 6 de mayo de 1995 al 5
697 puntos 99.6%
de julio de 1995
Del 6 julio de 1995 al 29 de
684 puntos 97.7%
febrero de 1996
Del 1 de marzo de 1996 al 28
797 puntos 79.7%
de febrero de 1997
Del 1 de marzo de 1997 al 28
951 puntos 95.1%
de febrero de 1998
Del 1 de marzo de 1998 al 28
970 puntos 97%
de febrero de 1999
Del 1 de marzo de 2000 al 28
914 puntos 91.4%
de febrero de 2001
Del 1 de marzo de 2001 al 28
930 puntos 93%
de febrero de 2002
Del 1 de marzo de 2002 al 28
965 puntos 96.5%
de febrero de 2003
Del 1 de marzo de 2004 al 28
905 puntos 90.5%
de febrero de 2005
Del 1 de marzo de 2005 al 31
903 puntos 90.3%
de enero de 2006
Del 1 de febrero de 2007 al
992 puntos 99.2%
31 de enero de 2008
Del 1 de febrero de 2011 al
97 puntos 97%
31 de enero de 2012
Del 1 de febrero de 2012 al
98 puntos 98%
31 de enero de 2013
Del 1 de febrero de 2013 a
96 puntos 96%
31 de enero de 2014
Del 1 de febrero de 2014 a
96 puntos 96%
31 de enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 a
96 puntos 96%
31 de enero de 2016
Del 1 de febrero de 2016 a
96 puntos 96%
31 de enero de 2017
Del 1 de febrero de 2017 a
99.7 puntos 99.7%
31 de enero de 2018

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

En vigencia de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, las demandantes cumplieron
con todos los requisitos para acceder al emolumento reclamado, pues además
de ejercer cargos en propiedad adscritos a los niveles asistencial y profesional,
obtuvieron calificaciones por evaluación del desempeño iguales o superiores al
90%. Que con la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997 no perdieron el
derecho a esa prerrogativa salarial, dado que también cumplen con la condición
prevista en el artículo 4.°, contentivo del régimen de transición en la materia. El
30 de julio de 2018 solicitaron al ICBF el reconocimiento y pago de esa
prestación, la cual fue negada a través el acto administrativo demandado.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículos 2, 6, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución política.
• Artículos 1 al 6 del Decreto 1661 de 1991.
• Artículos 1, 5 y 9 del Decreto 2164 de 1991.
• Artículo 1 del Decreto 2573 de 1991.

Al desarrollar el concepto de violación, el vocero judicial expresó que el ICBF
violó las citadas disposiciones al desconocer que sus protegidas reúnen todas
las condiciones para acceder a la prima técnica por evaluación de desempeño.
Adujo que las pruebas arrimadas a la actuación evidencian que cada una de ellas,
amén de estar vinculadas en propiedad en cargos susceptibles de ese
emolumento, han obtenido calificaciones anuales de servicios superiores al 90%.
Adicionalmente, expresó que son beneficiarias del régimen de transición previsto
en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, pues en el año anterior a su vigencia
aún conservaban el derecho en cita.

1.4 Contestación de la demanda.

Dentro de la oportunidad de ley, el ICBF contestó la demanda,3 oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, arguyó:

• No existe fundamento legal para reconocer la prima técnica por evaluación del
desempeño, pues el órgano competente para regularlo sólo la estableció en favor
de los empleos del nivel profesional bajo el criterio de formación avanzada y
experiencia altamente calificada.

• La reclamación administrativa presentada por el apoderado de las demandantes
se fundamentó en la aplicación del artículo 3.° del Decreto 1661 de 1991, el cual
estuvo vigente hasta la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997; por tanto,
la solicitud de reconocimiento de ese estipendio se realizó 21 años después que
la norma dejó de producir efectos jurídicos.

3 Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 35 SAMAI

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

• El acto acusado goza de presunción de legalidad por cuanto fue expedido por el
funcionario competente, conforme con la normatividad vigente, debidamente
motivado y soportado en los aspectos fácticos y jurídicos para la fecha en que fue
efectuada la solicitud ante la administración.

• El único cargo de violación señalado en la demanda es la presunta violación del
artículo 3.° del Decreto 1661 de 1991, el cual no hace parte del ordenamiento
jurídico positivo; ahora, si bien tal normativa reconocía la prima técnica a los
empleados del Gobierno Nacional en los niveles directivos, asesor, ejecutivo,
profesional, técnico y asistencial, esta fue eliminada con la expedición del Decreto
1724 de 1997, el cual restringió el reconocimiento de la prima técnica a los niveles
directivo, asesor o ejecutivo.

Adveró que, antes de la promulgación de aquel decreto, la Junta directiva de la
entidad demandada, en uso de sus facultades legales, había restringido el
reconocimiento de la prima técnica sólo al criterio de formación avanzada y
experiencia altamente calificada (Acuerdo 41 de 1994).

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia adiada 30 de noviembre de 2023,4 el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca: i) accedió a las súplicas de la demanda frente a las señoras
Juana María Soto, Amanda González Montealegre, Aura Rosa Cantillo Acuña y
Luz Beatriz Pino Fernández; ii) negó las pretensiones del resto de demandantes;
iii) declaró probada de oficio la excepción de prescripción de los emolumentos
causados con anterioridad al 30 de julio de 2015 y; iv) se abstuvo de condenar
en costas y agencias en derecho al ICBF.

Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo y
jurisprudencial de la prima técnica por evaluación del desempeño, así como las
pruebas recaudadas en el trámite procesal, concluyó:

• De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, el reconocimiento de la prima técnica no depende de la
discrecionalidad del jefe del respectivo organismo, sino que opera por
ministerio de la ley. Por tanto, no es de recibo que la falta de reglamentación
de ese emolumento para todos los niveles ocupacionales del ICBF -Acuerdos
043 y 041 de 1994- sea empleada para negar los derechos reclamados por las
demandantes.

• Sí a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997 -11 de julio de
1997- el peticionario acredita su inscripción en carrera administrativa en uno
de los empleos susceptibles de esa prestación y, además, que en el periodo
inmediatamente anterior obtuvo una calificación de servicios igual o superior

4 Expediente digital índice 2 SAMAI.

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Demandante: María Ruth Pupo González y otros

al 90%, se hace beneficiario de la transición prevista en el artículo 4.° ejusdem
y, de contera, consolidó en su favor el derecho sobre ese estipendio.

• En consecuencia, y aunque todas las demandantes acreditaron su inscripción
en carrera administrativa con antelación a la vigencia del Decreto 1724 de
1997, solo las señoras Juana María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda
González Montealegre, Aura Rosa Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino
Fernández demostraron que las calificaciones de servicios obtenidas antes del
11 de julio de 1997 superaron el 90% previsto en los Decretos 1661 y 2164 de
1991. Por tanto, solo ellas tienen derecho al reconocimiento y pago de la prima
técnica por evaluación del desempeño.

• El resto de accionantes, esto es, las señoras María Ruth Pupo González, Luz
Marina Avellaneda Mena, Gloria Amparo Cespedes Díaz, María Yolanda
González Quiñones, Nancy Escobar Serna y María Cecilia Ortega Noguera no
consolidaron tal derecho, por no obtener la calificación mínima arriba
señalada.

• Operó la prescripción frente a las sumas de dinero causadas con anterioridad
al 30 de julio 2015, dado que la reclamación administrativa fue radicada ante
el ICBF el 30 de julio de 2018.

1.6 El recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la entidad demandada la recurrió
en apelación.5 En su intervención, arguyó que:

• El tribunal de primer grado desconoció que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 7.° del Decreto 2164 de 1991, el reconocimiento de la prima técnica
no solo exige su concepción en la ley, sino también la emisión del reglamento
interno en el que la respectiva entidad pública señale las dependencias y los
empleos susceptibles de aquella, pues no se pueden asumir compromisos sin
contar con los respaldos presupuestales pertinentes.

• Esta tesis ha encontrado eco en: i) el concepto 1477 de 2002 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y; ii) las siguientes sentencias
emitidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado: a) 28 de enero de
2010, expediente 0158-2008; b) 31 de julio de 2008, expediente 08 001 23 31
000 2002 02571 01; c) 21 de noviembre de 2018, expediente 11 001 03 15
000 2018 03774 00; d) 27 de septiembre de 2007, expediente 2201-2004.

• En cumplimiento de esos parámetros y en relación con el nivel ocupacional en
el que se encuentran vinculadas las demandantes -profesional-, el ICBF
reglamentó la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada -Acuerdo 41 de 1994-. Por su parte, la que atañe al criterio de

5 Expediente digital índice 2 SAMAI.

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Demandante: María Ruth Pupo González y otros

evaluación del desempeño, solo fue concebida en favor de los cargos de
secretario general, jefe de oficina y director regional -Acuerdos 04 de 1993 y
03 de 1994-.

• Adicionalmente, y sin desmedro de la tesis expuesta, las demandantes
beneficiadas con la sentencia impugnada no satisfacen los pedimentos para
acceder a la prima técnica por evaluación del desempeño en tanto:

a) La señora Juana María Soto no registra evaluaciones de desempeño
entre los años 1998 a 1999, 2008 a 2009 y 2010 a 2011 y, además,
desde el año 1996 no permaneció en el empleo frente a que exigió el
reconocimiento de ese estipendio.

b) La señora Teresa Henao Jaramillo no registra evaluaciones de
desempeño entre los años 1999 a 2000, 2000 a 2001, 2008 a 2009,
2010 a 2011 y 2011 a 2012. Además, durante el periodo 2001 a 2002
obtuvo una calificación de 888 puntos. Finalmente, desde el año 1996
no permaneció en el empleo frente a que exigió el reconocimiento de
ese estipendio.

c) La señora Amanda González Montealegre no registra evaluaciones de
desempeño entre los años 1998 a 1999. Además, durante los periodos
1999 a 2000, 2008 a 2009, 2009 a 2010 y 2010 a 2011 obtuvo
calificaciones de servicios inferiores al 90%. Finalmente, desde el año
1996 no permaneció en el empleo frente a que exigió el reconocimiento
de ese estipendio.

d) La señora Aura Rosa Cantillo Acuña no registra evaluaciones de
desempeño entre los años 2010 a 2016. Finalmente, desde el año 1996
no permaneció en el empleo frente a que exigió el reconocimiento de
ese estipendio.

e) La señora Luz Beatriz Pino Fernández no registra evaluaciones de
desempeño entre los años 1999 a 2000 y 2000 a 2001. Además,
durante los periodos 1996 a 1997, 2009 a 2010 y 2010 a 2011 obtuvo
calificaciones de servicios inferiores al 90%. Finalmente, desde el año
1996 no permaneció en el empleo frente a que exigió el reconocimiento
de ese estipendio.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso.

Mediante auto adiado 5 de agosto de 2024,6 se admitió el recurso de apelación.

6 Expediente digital índice 4 SAMAI.

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Demandante: María Ruth Pupo González y otros

1.7.2 El pronunciamiento de las partes y del agente del ministerio público.

Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, solo se registró intervención del abogado de la parte actora, 7
quien luego de reiterar que las demandantes beneficiarias de la sentencia
apelada tienen derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica, solicitó
confirmar la condena impuesta al ICBF.

1.8 El control de legalidad.8 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,10 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por la apoderada de la parte demandada, en su condición de apelante
único.

2.3 Problemas jurídicos.

De acuerdo con los argumentos planteados en la alzada, le corresponde a la Sala
determinar sí:

i) ¿La prima técnica por evaluación de desempeño reconocida a las señoras
Juana María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González Montealegre,

7 Expediente digital índice 6 SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá

el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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Aura Rosa Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino Fernández requería la existencia
previa de una reglamentación por parte del ICBF que contuviera los niveles, las
escalas, los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos susceptibles
de su asignación?

ii) ¿Las beneficiarias con la sentencia apelada cumplieron con los requisitos
establecidos en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para obtener el
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño?

En orden a resolver los anteriores planteamientos, la Sala abordará los siguientes
aspectos: i) marco normativo de la prima técnica por evaluación del desempeño
y; ii) la reglamentación emitida por el ICBF frente a la aludida prestación.

2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.4.1 La prima técnica por evaluación de desempeño.

El Decreto Ley 1661 de 1991, definió en su artículo 1.° la prima técnica en los
siguientes términos:

«Artículo 1o. Definición y campo de aplicación. La Prima Técnica es un
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a
funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el
desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos
técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de
especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada
organismo. Asimismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los
términos que se establecen en este Decreto […]».

Con tales fines, el artículo 2.° concibió dos criterios para garantizar el acceso a
esa prestación a saber: i) por formación avanzada y experiencia altamente
calificada y; ii) por evaluación de desempeño. La norma en cita dice a letra que:

«Artículo 2.- Criterios para otorgar Prima Técnica. Para tener derecho a Prima
Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios,
siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para
el cargo que desempeñe el funcionario o empleado.

a) Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en
el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas
relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de
tres (3) años, o

b) Evaluación del desempeño […]»

Por su parte, el artículo 3.º estableció que la proveniente de formación avanzada
y experiencia altamente calificada sería reconocida a quienes desempeñen
empleos en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo; mientras que la
dimanada «con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos
los niveles».

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Así entonces, y en razón a que el artículo 5.° de ese dispositivo estableció que
«[s]erá competente para asignar la Prima Técnica el jefe del organismo
respectivo», es dable concluir que la asignación de ese emolumento quedó en
cabeza del jefe o director de la correspondiente institución descentralizada quien,
para esos propósitos, debía ceñirse a los parámetros regulados en el artículo 9.°
que dice:

«Artículo 9o. Otorgamiento de Prima Técnica en las entidades
descentralizadas. Dentro de los límites consagrados en el presente Decreto, las
entidades y organismos descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante
resolución o acuerdo de sus Juntas, Consejos Directivos o Consejos Superiores,
tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica, de
acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten».

En lo que respecta a su extinción, el artículo 8.° previó que la sanción disciplinaria
de suspensión en contra del empleado y/o su retiro del servicio, implicaban la
pérdida del respectivo derecho. Adicionalmente, y en lo que atañe a la derivada
de la evaluación del desempeño, tal fenecimiento se produce «si cesan los
motivos por los cuales se asignó».11

Posteriormente, el artículo 5.° del Decreto Reglamentario 2164 de 1991
condicionó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño
al cumplimiento de las siguientes exigencias:

i) Ejercer en propiedad un empleo que sea susceptible de asignación de
ese emolumento en los términos del artículo 7.°.
ii) Que ese cargo pertenezca a algunos de los niveles allí previstos:
directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo
y;
iii) Obtener en la calificación anual de servicios inmediatamente anterior a
la solicitud de reconocimiento, un resultado igual o superior al 90%.

En este contexto, es indispensable referenciar que el artículo 7.° fijó los criterios
conforme a los cuales el jefe de la entidad y/o las juntas o consejos directivos o
superiores debían asignar, mediante resolución motivada, la prima técnica. Es
decir, el derecho a ese emolumento y su respectivo reconocimiento no nace
automáticamente con la ley, sino que requiere, además, la emisión de la
reglamentación interna por parte de cada institución. La señalada norma
establece que:

«Artículo 7º. De los empleados susceptibles de asignación de Prima Técnica.
El Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o Consejos
Directivos o Superiores, conforme con las necesidades específicas del servicio,
con la política de personal que se adopte y con sujeción a la disponibilidad
presupuestal, determinarán, por medio de resolución motivada o de acuerdo,
según el caso, los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima técnica, teniendo

11 Con el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, se amplificó el régimen extintivo del citado estipendio.

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en cuenta la restricción establecida en el artículo 3º del Decreto-ley 1661 de 1991,
y los criterios con base en los cuales se otorgará la referida prima, señalados en
el artículo 3º del presente Decreto».

Mas tarde, el Decreto 1724 de 1997 redujo los destinatarios de ese emolumento
a los cargos ubicados en los niveles directivo, asesor o ejecutivo. Sin embargo,
en el artículo 4.° introdujo un régimen de transición como instrumento para
garantizar los derechos adquiridos de todos aquellos que, con antelación a su
vigencia, venían disfrutando de esa prima.

En ese dispositivo se puede leer:

«Artículo 4°. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica,
que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente
decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que
se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes
al momento de su otorgamiento».

Aunque la norma en mención solo se refiere a los empleados «a quienes se les
haya otorgado prima técnica», esta Corporación amplió el radio de acción de ese
privilegio a todos aquellos que, en vigencia del régimen anterior, tuvieron derecho
a ese estipendio, indistintamente que hubieran logrado o no su reconocimiento.

En sentencia de 30 de julio de 2015,12 la Sección Segunda, Subsección B de este
tribunal concluyó:

«[…]Con la segunda tesis, la cual prevaleció en esta Subsección14, y que hoy
constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible aplicar
el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 a quienes, sin
ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes bajo el
nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación
de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren
laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada
y que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima
mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio
frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

Consideró la Sala que el Decreto 1724 de 1997 puede ser aplicado a servidores
que no se encuentren en los niveles a los que se refiere el citado decreto, a saber,
directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, si el servidor público tuvo derecho
a la prima técnica bajo el régimen anterior, el del Decreto 1661 de 1991, y el mismo
le fue negado contraviniendo esta última disposición […]».

12 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, expediente No. 11 001 03 25 000

2010 00009 00 (0051-10).

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Luego, con el Decreto 1336 de 2003 -modificado por el Decreto 2177 de 2006-,
los beneficiarios de la prestación en estudio fueron reducidos a los cargos que
cumplieran funciones «del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de
Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes
funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo,
Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes
en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público».13

Finalmente, el Decreto 1164 de 2012 determinó que la prima técnica también
será concedida a los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y de
Asesor adscritos a los Despachos de los siguientes funcionarios: Ministro,
Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Subdirector de
Departamento Administrativo, Superintendente, Director de Establecimiento
Público, Director de Agencia Estatal y Director de Unidad Administrativa Especial
o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público. Es
decir, amplió las dependencias en las que se puede devengar esa prestación.

2.4.2 La reglamentación emitida por el ICBF frente a la prima técnica por
evaluación de desempeño.

La entidad demandada reglamentó la aludida prestación a través de los acuerdos
que se señalan a continuación:

a) 4 de 1993: estableció la prima técnica por evaluación del desempeño para
los empleos de secretario general y jefe de oficina de la planta de personal.14

b) 3 de 1994: concibió ese mismo beneficio para el empleo de director
regional.15

c) 41 de 1994: fijó la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada para los empleos del nivel asesor, ejecutivo y
profesional.16

d) 19 de 2000: creó la prima técnica por evaluación del desempeño para el
cargo director seccional.17

e) 0001 de 2017: limitó la prima técnica -por los dos criterios existentes- a los
empleos del nivel directivo y asesor adscritos al despacho del director
general de la entidad.18 Estableció que tendrían derecho al otorgamiento de
la prima técnica por evaluación de desempeño aquellos funcionarios
nombrados en titularidad en empleos del nivel directivo y asesor cuyo
empleo se encuentre adscrito al despacho del director general del ICFB.

13 En el artículo 1.° del Decreto 2177 de 2006 se señaló que los cargos en mención también serán acreedores

de la prima técnica cuando estén adscritos a los despachos de Subdirector de Departamento Administrativo.
14 Artículo 1.°.
15 Artículo 1.°.
16 Artículo 1.°.
17 Artículo 1.°.
18 El artículo 15 derogó los Acuerdos 004 de 1993, 003 y 041 de 1994 y 019 de 2000, así cualquier otra

disposición que le sea contraria.

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Sobre la necesidad de reglamentación interna de la prima técnica como
condicionante para la estructuración del respectivo derecho, esta Subsección, en
sentencia de 20 de junio de 202419 concluyó:

«[…] En efecto, la prima técnica por evaluación de desempeño se otorgaba, en
principio, para los cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo, pero las entidades podían limitar la prestación a
determinados niveles, dependencias o empleos, según las necesidades del
servicio, la política de personal y la disponibilidad presupuestal; de modo tal que
se permitía a cada ente regular internamente, de conformidad con los anteriores
criterios, si se reconocía y a qué empleos, cargos y niveles se concedería, siempre
dentro del margen previsto por el legislador.20

[…]

Ahora bien, frente a la interpretación del artículo 7 del Decreto 2164 de 1991, la
jurisprudencia de esta Corporación precisó que para el reconocimiento de la prima
técnica «no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima
técnica, sino que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las
condiciones para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la
prima técnica por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el
Jefe del Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que
regirán esta prestación». Además, la citada providencia agregó:21

Esta Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre
asunto similar22 señaló:

“La prima técnica implica el cumplimiento de un conjunto de elementos, que no son
sólo requisitos que debe cumplir el demandante sino también condiciones de la
entidad accionada. En este caso, como se expuso en párrafos precedentes, que se
hubiera expedido la respectiva reglamentación por la entidad que otorgue la prima
técnica, lo cual tiene una explicación fiscal razonable pues las entidades no pueden
asumir compromisos inconsultos frente a sus posibilidades financieras”.

En el sub lite el MINISTERIO DE TRANSPORTE no había regulado la prima técnica
por evaluación de desempeño para los años que reclama su reconocimiento y en
consecuencia, se impone por la Sala confirmar la sentencia apelada por las razones
consignadas en la parte motiva de este proveído.

Igualmente, esta Sección en sede constitucional se pronunció sobre la prima
técnica por evaluación de desempeño del ICBF y precisó lo siguiente:23

En último lugar, la Sala advierte que la línea hermenéutica de esta Corporación
conlleva a establecer que si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no había
regulado el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño para
el nivel profesional, se concluye que al entrar en vigencia del Decreto 1724 de 1997
no habría un derecho adquirido objeto de protección, motivo por el cual sería
improcedente el reconocimiento de la prestación reclamada.

19 Expediente No. 05 001 23 33 000 2020 02572 01 (0194-2024), consejero ponente Dr. Jorge Iván Duque

Gutiérrez.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado

63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 31

de julio de 2008 radicado 08001233100020020257101 (0712-2007).
22 Proceso adelantado por el señor Fabio García García, sentencia del 27 de septiembre de 2007. Radicado

2201-04.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fallo del 21 de noviembre de 2018 radicado 11001-

03-15-000-2018-03774-00(AC).

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Además, en providencia del 16 de noviembre de 201924 proferida por esta
Sección se concluyó:

De conformidad con los acuerdos expedidos por el ICBF, se observa que la prima
técnica por evaluación de desempeño se reglamentó sólo para los empleos de
secretaria general, jefe de oficina y director regional, de tal suerte que los demás
empleos no fueron objeto de dicha prestación, incluidos los desempeñados por las
demandantes.

Por ende, en ningún momento se contrariaron las disposiciones normativas y el
marco jurisprudencial sobre la materia al negar su reconocimiento, pues, al ser el
ICBF una entidad descentralizada, con autonomía administrativa y financiera,
personería jurídica, patrimonio independiente, tenía competencia para regular la
prima técnica dentro de los límites dispuestos en los Decretos 1661 y 2164 de 1991,
esto es en atención a las necesidades específicas y la política de personal que
adoptó. Significa que si bien el legislador reguló los niveles en los cuales era viable
el reconocimiento de la prima técnica, lo cierto es que también facultó a la entidad
para considerar los aspectos de orden fáctico y presupuestal a los que hace alusión
el ordenamiento positivo.

No se trata entonces de un derecho adquirido que pueda predicarse respecto de
todos los empleos del ICBF, como lo pretenden hacer ver las demandantes, pues su
reconocimiento depende, entre otros factores, del ejercicio de la facultad legal
otorgada a la entidad por virtud de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, por lo que no
estaba en la obligación de reconocer este concepto en favor de sus empleados […]».

En el mismo sentido se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación en el
auto de fecha 26 de enero de 2023,25 a través del cual resolvió la solicitud de
unificación jurisprudencial elevada por el ICBF en un caso de contornos similares
al presente. Por su importancia aquí, se transcriben in extenso sus
consideraciones:

«[…] i) De la necesidad de reglamentación interna para el reconocimiento de
la prima técnica por evaluación de desempeño

Según se expuso en el acápite sobre la prima técnica por evaluación de
desempeño, el artículo 9 del Decreto Ley 1661 de 1991 precisó sobre el
otorgamiento de la prima técnica en las entidades del orden nacional de la rama
ejecutiva que, sus entes directivos tomarían “las medidas pertinentes para aplicar el
régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la política de
personal que adopten”.

A su turno, el Decreto reglamentario 2164 de 1991 en el inciso segundo del
parágrafo del artículo 5 indicó que la cuantía sería “determinada por el jefe del
organismo y en las entidades descentralizadas por las Juntas o Consejos Directivos o
Superiores, según el caso”. Así mismo, en el artículo 7 prescribió que los organismos
directivos (Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o
Consejos Directivos o Superiores), fijarían mediante resolución motivada los
niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos
susceptibles de asignación de prima técnica, conforme las necesidades
específicas del servicio, la política de personal que se adopte, con sujeción a la
disponibilidad presupuestal.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado

63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).
25 Expediente No. 08 001 33 33 010 2018 00247 01 (2092-2020), consejero ponente Dr. Cesar Palomino

Cortés.

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Con fundamento en este marco normativo, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, en sentencia de 28 de julio de 2005, en proceso adelantado
contra el Ministerio de Transporte consideró que el actor no tenía un derecho
adquirido al pago de la prima técnica por evaluación de desempeño en aplicación
del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto Reglamentario 2164 del mismo año,
porque no había sido expedido el reglamento interno del organismo definiendo las
particularidades y porcentajes de asignación del derecho, e hizo énfasis en que el
nacimiento de dicha prerrogativa solo requiere de la ocurrencia de los supuestos
de hecho que tal reglamentación estipulara. En efecto, consideró:

“(…) si bien la creación del régimen jurídico objetivo de prima técnica fue un
acto de competencia exclusiva del legislador; la “asignación” a los empleados
de una determinada entidad constituye una determinación exclusiva de ésta y
concretamente del organismo que ha sido investido de competencia por la ley,
para dictar el reglamento que contiene las condiciones particulares y los
porcentajes de asignación del derecho a sus funcionarios. (…) Una vez
expedida dicha reglamentación, y definida de forma pormenorizada y clara, las
condiciones para adquirir el derecho y la ponderación de los factores que
determinan el porcentaje asignable a cada empleado, el derecho de prima
técnica solo requiere para nacer, de la ocurrencia de los supuestos de hecho
que tal reglamentación estipula”26.

La Subsección B de la Sección Segunda, en sentencia de 31 de julio de 2008,
también en un proceso adelantado contra el Ministerio de Transporte reiteró que
“no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima técnica, sino
que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las condiciones
para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la prima técnica
por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el Jefe del
Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que regirán
esta prestación”.

[…]

Este criterio relativo a la necesidad de reglamentación interna se mantuvo en el
fallo de 26 de julio de 2012 de la Sección Segunda, Subsección A, en proceso
contra la Contraloría Municipal de Popayán, donde consideró que “al no existir una
reglamentación en la que la entidad demandada definiera las condiciones particulares de
asignación del derecho a la prima técnica, ésta no pudo materializarse mientras tuvo
vigencia el decreto 1661 de 1991, como un derecho subjetivo adquirido del actor. Por lo
anterior, resulta irrelevante estudiar las consecuencias generadas por la variación
normativa posterior (decreto 1724 de 1997)” 27.

[…]

Posteriormente, el 30 de julio de 201528 la Sección Segunda, Subsección B dictó
sentencia dentro de una acción pública de nulidad contra el artículo 1º del Acuerdo
N° 036 de 31 de octubre de 1991, expedido por el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Notariado y Registro. El reproche se centró en no haberse
reglamentado el criterio de la prima técnica por evaluación de desempeño, sino
solamente el de formación avanzada y experiencia altamente calificada.

En esta providencia se negó la nulidad de la disposición acusada con fundamento
en que en el artículo 6° del Decreto Ley 1661 de 1991 solo fija el procedimiento

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de julio de 2005, M.P. Ana Margarita

Olaya Forero, proceso con radicado 25000-23-25-000-2001-09341-01(1305-04).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de julio de 2012, M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, proceso con radicado 19001-23-31-000-2003-01071-02(1556-07).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado 11001-
03-25000-2010-00009-00 (0051-10).

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general, porque “el surgimiento de la prima técnica tiene dos momentos: una la
competencia del Legislador y otra la de las entidades al adoptarla y reconocerla a los
beneficiarios conforme a los criterios que ha optado para tal fin”.

Así pues, precisó que el hecho de haber excluido del marco de aplicación del
Acuerdo No. 036 de 1991 a la prima técnica por el criterio de evaluación de
desempeño, no desbordó la facultad reglamentaria, en la medida que el Consejo
Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro tenía “autonomía al
seleccionar solo un criterio para la asignación de la prima técnica como es el de “formación
avanzada y experiencia altamente calificada” sin que ello signifique que por tal razón se
haya agotado la competencia, pues en cualquier momento puede hacerlo previo estudio
de los presupuestos para ello”.

[…]

Como resultado se concluye que para tener derecho a la prima técnica por
evaluación de desempeño regulada en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, la
Sección Segunda de esta Corporación ha considerado que en virtud de la
transición ordenada por el Decreto 1724 de 1997, se debe tener una calificación
del 90%, como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de
servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la entrada en rigor del
citado decreto, lo que da lugar a la existencia de un derecho adquirido que a
la luz de la transición debe ser reconocido, siempre y cuando se cumplan los
demás requisitos29. Cuando no se acredita la calificación en los términos
expuestos, no es exigible el derecho al reconocimiento a la prima técnica por
evaluación de desempeño con fundamento en Decretos 1661 y 2164 de 1991 para
los empleos que fueron excluidos por el Decreto 1724 de 1997». (El énfasis es
nuestro)

Deviene de lo anterior que el derecho a la prima técnica por evaluación del
desempeño en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nace con:

• Su creación a través de la ley y/o un acto de similar naturaleza.

• La emisión por parte del consejo directivo institucional de un reglamento
en el que señalen «los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima
técnica», previó análisis y sujeción a las necesidades del servicio, las
respectivas políticas de personal y la correspondiente disponibilidad
presupuestal.

• El cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para su
consolidación: i) desempeñar en propiedad uno de los empleos señalados
como beneficiarios de la prima técnica por parte del respectivo consejo
directivo y; ii) obtener en el año inmediatamente anterior a la solicitud de
reconocimiento prestacional una calificación de servicios igual o superior
al 90%-.

• La satisfacción del pedimento estipulado en el régimen de transición del
artículo 4.° del Decreto 1724 de 1997 -para quienes este sea aplicable- y
que se relaciona con la obtención en el año inmediatamente anterior a la

29 Que el empleo sea susceptible del reconocimiento y que el nombramiento sea en propiedad.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

fecha de entrada en vigencia de aquel dispositivo -11 de julio de 1997-, de
una calificación de servicios igual o superior al 90%.

Con sustento en lo explicado, la Sala resolverá los interrogantes arriba
planteados.

2.5 Caso concreto.

Pues bien, de acuerdo con lo estudiado, la Subsección responde el primer
planteamiento así: la prima técnica por evaluación de desempeño reconocida en
la sentencia de primera instancia requería la existencia previa de un reglamento
por parte del consejo directivo del ICBF que contuviera los cargos ocupados por
las señoras Juana María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González
Montealegre, Aura Rosa Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino Fernández.

Como se anotó, a través de los Acuerdos 4 de 1993, 3 de 1994, 41 de 1994, 19
de 2000 y 0001 de 2017, la demandada concibió esa prestación para los empleos
de secretario general, jefe de oficina, director seccional y, en general, para los
cargos del nivel directivo y asesor adscritos al despacho del director general.

Revisado el material probatorio30, encuentra la Sala que durante el periodo en
que estuvieron vigentes los Decretos 1661 y 2164 de 1991, las señoras Juana
María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González Montealegre, Aura Rosa
Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino Fernández ocuparon empleos adscritos al nivel
profesional que, por cierto, no se aviene a los señalados anteriormente.

En consecuencia, y como quiera que la respuesta a ese primer interrogante fue
positiva, la Sala considera inocuo resolver el otro cuestionamiento planteado. Es
decir, ante la prosperidad de uno de los cargos formulados por la demandada en
el recurso de apelación, es innecesario el pronunciamiento frente a la otra
censura esbozada por la vocera judicial de la demandada.

Corolario, se revocarán los ORDINALES SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO
contenidos en la parte resolutiva de la providencia impugnada, en tanto
accedieron a las reclamaciones formuladas por las demandantes Juana María
Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González Montealegre, Aura Rosa
Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino Fernández y, se confirmarán los demás puntos
decisorios de la sentencia de primera instancia.

2.8 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia

30 Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 35 SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-011-2019-00137-01 (3938-2024)
Demandante: María Ruth Pupo González y otros

de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR los ORDINALES SEGUNDO, TERCERO y CUARTO
contenidos en la parte resolutiva de la sentencia de fecha 30 de noviembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto
accedieron parcialmente a las pretensiones invocadas por las señoras Juana
María Soto, Teresa Henao Jaramillo, Amanda González Montealegre, Aura Rosa
Cantillo Acuña y Luz Beatriz Pino Fernández contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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