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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-33-31-017-2007-00118-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-33-31-017-2007-00118-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 26 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: condenar en costas a la parte recurrente, que deberán ser liquidadas por Secretaría, con la inclusión de las agencias en derecho por la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la entidad demandada. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-33-31-017-2007-00118-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

23 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Radicación: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz de Cifuentes
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Documentos falsos o adulterados -
Documentos recobrados – Ausencia de pruebas recobradas

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en las causales de revisión de
documentos recobrados y por haberse proferido una decisión con fundamento en
documentos falsos o adulterados.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 26 de agosto de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que confirmó el fallo de primera
instancia.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, 1.5. Recurso de extraordinario de revisión y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 22 de mayo de 2007, Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz presentaron
acción de reparación directa contra el Municipio de Santiago de Cali, con
fundamento en las siguientes pretensiones:

“Que el municipio de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal es civilmente responsable del perjuicio ocasionado a
los actores, a consecuencia del despojo de un área de terreno, de
aproximadamente 7 hectáreas desgajadas de un predio de mayor
extensión, cuya ubicación y linderos se indicaron en la demanda, según los
hechos expuestos en la misma, parte utilizable de la finca.”.

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: los
demandantes adquirieron el predio rural Campoalegre en 1991, cuya
extensión superficial equivalía a 36 hectáreas y 8.689 m2. Durante la vigencia
del título ellos pagaron los impuestos prediales y complementarios.

3. En marzo de 2005 la oficina de Catastro Municipal expidió el certificado
7357 a solicitud de los demandantes. Este documento señaló que la
extensión del predio correspondía a un área de 290.625 m2, “o sea siete
hectáreas menos de las que adquirieron. En el certificado no aparece
observación alguna en cuanto a la reducción del área del inmueble”.

4. El Catastro Municipal “sin ninguna reflexión y certeza objetiva (…) despoja
a los propietarios de un área considerable de terreno, no obstante, de pagar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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el respectivo impuesto predial sobre área mayor comprobándose que la
entidad no fue coherente con su responsabilidad”. Por estas razones,
solicitaron una explicación del error.

5. El 11 de mayo de 2005, la Subdirección de Impuestos de Renta y Castrato
le informó a Gustavo Cifuentes que efectuó una visita ocular al predio para
verificar los linderos, por lo que, mediante acto administrativo se iba a
corregir el nombre de la vereda y después de analizar los planos rectificaría
el área del predio.

6. Los demandantes presentaron dos peticiones, el 21 de abril y el 24 de
octubre de 2005 para que subsanaran el error, sin embargo, trascurrieron
más de 6 meses sin corrección alguna. En octubre de 2005, les comunicaron
que mediante la Resolución V-0350 de 7 de junio de 2005 se rectificó el área
del predio “de acuerdo con títulos y planos de Emcali”, por lo que,
manifestaron que “fue una manipulación a la verdad [y] a la objetividad”.

7. Afirmaron que en la actuación de la entidad se señaló que ya no eran
“290625 hectáreas sino que [eran] 324000 hectáreas tal como figura por
escrito que no sabemos en qué razones técnicas se fundamenta, y cuando
durante el mismo año 2004 se volvió a practicar medición alguna del predio
Campoalegre, pues la señora funcionaria en ejercicio de sus funciones (…)
estaba suficientemente enterada cual era el área a rectificar del predio (…)
y terminó enredándose con su absurdo proceder, por consiguiente
vulnerado la totalidad de los documentos de ley que avalan y soportan el
inmueble”.

8. Señalaron que la entidad desconoció los acuerdos emitidos por el
Concejo de Santiago de Cali, porque los despojaron “arbitrariamente de
siete (7) hectáreas de terreno del predio mencionado y expidiendo dos (2)
certificados catastrales, los cuales son carentes de fundamento y de
legalidad”. Se violó el artículo 18 de la Resolución 2555 de 1988 proferida por
el IGAC sobre los efectos jurídicos de las inscripciones catastrales.

1.2. Posición de la parte demandada

9. El municipio de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones de la
demanda, porque “no lo ha despojado de ningún derecho de propiedad,
tampoco lo ha desmejorado, y en consecuencia no existe daño que
resarcir”.

10. La entidad señaló que “la inscripción en el catastro debe estar soportada
a través de los títulos debidamente registrados y es el propietario que en su
debido momento está obligado a cerciorarse de que los predios de su
propiedad hayan sido incorporados de acuerdo con los títulos registrados.
Siendo así, no es admisible y no podrá tenerse por cierta la manifestación
hecha por el demandante, relacionada con que el municipio al no inscribir,
unas áreas plasmadas en un plano sin protocolizar, que no cumple con los
requisitos contenidos en la norma de Notariado y Registro Decreto 1250/70
y la norma catastral al no estar ajustado a las coordenadas del municipio
de Cali”.

11. Afirmó que “no es el catastro quien da títulos de propiedad y tampoco
sanea ningún vicio que pudiere tener esta, luego deberá señor magistrado

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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revisarse el asunto materia de controversia bajo otro aspecto teniendo en
cuenta el registro de la propiedad inmobiliaria que es el le asigna un folio o
matrícula única, en el cual se consigna cronológicamente toda la historia
jurídica del mismo, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto Ley 1250
de 1970”. Sustentó su posición en el artículo 9 del Decreto 1301 de 1940
proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

12. Propuso como excepción la inexistencia de responsabilidad, la falta de
legitimación activa en la causa, la inexistencia de obligación y la
innominada.

13. La entidad llamó en garantía a La Previsora S.A con base en la póliza de
responsabilidad civil.

14. La Previsora S.A se opuso a las pretensiones de la demanda, porque la
acción que procedía era la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues
los accionante consideraron en su demanda “que los actos administrativos
que fijaron la cabida de su predio para los efectos catastrales no
correspondían a la totalidad de los metros cuadrados” del inmueble.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

15. El Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cali dictó la Sentencia de 12
de octubre de 2010, por medio de la cual denegó las pretensiones de la
demanda. Concluyó que la parte demandante no “acreditó que la oficina
de Catastro Municipal [hubiera] socavado ningún derecho real de los
demandantes, rompiéndose el nexo causal entre la falla y el daño
antijuridico”.

16. Señaló que “(i) la propiedad que se tiene sobre un inmueble se
demuestra con el respectivo certificado de tradición y libertad, (ii) el
certificado de catastro tiene como finalidad establecer el valor del impuesto
a pagar por el propietario por el inmueble, (iii) el certificado de catastro no
transfiere la propiedad, así como tampoco la modifica, la afecta o
extingue”.

17. Sostuvo que “si existe una falla del servicio que se deba endilgar a la
demandada es sobre un área menor a la real, lo cual en ningún caso afecta
a los demandantes ni le causa algún daño o perjuicio a su propiedad, pues
como bien se dijo anteriormente el certificado ya mencionado no afecta la
propiedad, no la modifica o extingue, por el contrario, fueron beneficiados
para el año 2004 de un valor por impuesto predial menor al que realmente
les correspondía pagar a los demandantes”.

18. Contra esta providencia los demandantes presentaron recurso de
apelación. Señalaron que la primera instancia desconoció las leyes en
materia ambiental al declarar infundadas las pretensiones. La oficina de
Catastro Municipal se extralimitó en sus funciones sin justificación al inscribir
el predio como de reserva natural y sin competencia para ello, al suplantar
al Ministerio de Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma de Valle del
Cauca. El predio estaba “inhabilitado totalmente para cualquier
aprovechamiento económico forestal, agropecuario o agrario”.

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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19. Por estas razones, presentaron un nuevo catálogo de pretensiones en el
que solicitaban los perjuicios por la inscripción del predio como de reserva
natural. Asimismo, pidieron declarar probada la omisión del municipio, el
abuso del poder y su extralimitación, al permitir comprar un predio con ese
tipo de limitaciones ambientales.

20. Señaló que el fallo no tuvo en cuenta el enriquecimiento sin causa que
se generó “al cobrar indebidamente impuesto predial sobre un predio al
que la administración le restó área y convalidó la imposibilidad de todo
provecho económico, en detrimento de su patrimonio con expectativa de
su producción”.

1.4. Sentencia de segunda instancia

21. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió la Sentencia de 26
de agosto de 2013. Determinó que la falta de legitimación activa en la
causa imposibilitaba la acreditación del daño alegado, ya que no se
demostró su carácter personal, puesto que los demandantes “no tenían
titularidad de propietarios en la cabida correspondiente al error registrado
en el certificado de catastro No. 0007357 del 14 de marzo de 2005. Y de igual
manera deberá aceptarse que tal error no es configurativo de daño para
los efectos expresados en la demanda cuando se indica que tal omisión de
hectáreas en el certificado mencionado les sustraía del ámbito de dominio
de sus propietarios, pues este certificado no tiene tal alcance legal”.

22. Con base en el certificado de tradición concluyó que la extensión inicial
del predio correspondía a 34 hectáreas y que el 26 de enero de 2005 se
adjudicó parte del predio por remate judicial de conformidad con el auto
interlocutorio de 24 de noviembre de 2004. Encontró que el 10 de marzo de
2005 se anotó en el certificado de tradición que se descontaba la venta
parcial por 16.000 m2 y la adjudicación por remate judicial de 31.50
hectáreas (315.000 m2), es decir que el predio quedaba con un área de
9000 m2 a nombre de los demandantes.

23. Por lo tanto, “para la fecha en la cual se [expidió] el certificado catastral
contentivo del error en que al tenor de la demanda se materializa el daño,
el propietario del inmueble rural Campoalegre (…) ya los accionantes
habían realizado la tradición del dominio en una gran parte de la extensión
inicial del bien al señor Luis Hernando Franco Murgueitio y que en
consecuencia la cabida de la adjudicación en auto de remate judicial
(modo adquisitivo) de fecha 24 de noviembre de 2004 no estuvo
determinado por certificado de catastro expedidos con posterioridad, 14 de
marzo de 2005”.

24. En el proceso no se probó el daño, porque “para el 14 de marzo de 2005,
fecha de la expedición del certificado catastral que registra 290625 m2, los
demandantes no eran propietarios de un predio con cabida superior a tal
cantidad, pues como ya está dicho en fechas muy anteriores, de un predio
de 34 hectáreas se había disgregado por venta a un tercero 1 hectárea y
6000 metros cuadrados y se había adjudicado en remate judicial 31.5
hectáreas. Así entonces cuando solo detentaban la propiedad de 9000
metros cuadrados no podían ser damnificados por la omisión de anotación
a siete hectáreas o sea 70.000 metros cuadrados”.

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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25. Señaló que el certificado catastral de marzo fue corregido en junio de
2005. Adicionalmente, indicó que el certificado de catastro no era el título
de dominio, ni sus anotaciones configuraban un modo traslaticio, pues
solamente la inscripción en la oficina de instrumentos públicos tiene la
capacidad de afectar la propiedad de los bienes inmuebles. “Distinto es
que los certificados catastrales 0007357 del 14 de marzo de 2005 y 0017704
del 17 de mayo de 2006 continuaran figurando los demandantes como
propietarios de todo el inmueble, irregularidad que acontece con
frecuencia por inconsistencias del trámite correspondiente, sobre lo cual no
se menciona daño o perjuicio en la demanda”.

26. Por último, confirmó la decisión de primera instancia de no pronunciarse
sobre los puntos que no fueron objeto de la demanda, de conformidad con
el principio de congruencia, “excluyendo cualquier nueva pretensión
planteada en etapas posteriores como lo solicitado en alegatos de
conclusión, cuando se requieren pronunciamiento sobre la incompetencia
del ente territorial en relación con regulaciones ambientales o levantar
restricciones ordenadas por entidades crediticias a los demandantes de
data crédito”.

1.4. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

27. El 20 de mayo de 2014, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA, que aluden
a la causal de documentos recobrados y a haber dictado sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados.

28. Los recurrentes manifestaron que “surgieron pruebas decisivas después
de proferir la sentencia, consistentes en establecer el régimen de catastro
municipal y derechos de los propietarios previstos en la Constitución, por
constituir víctimas a sus dueños al certificar hechos falsos, que las sentencias
desconocieron omitiendo lo previsto en el artículo 229 de la Carta Política,
según el cual, al negar las pretensiones de la demanda se está negando a
una persona el acceso a la administración de justicia y resulta contrario al
mandato contenido en el artículo 228 ibidem, que dispone que en las
actuaciones judiciales prevalece el derecho sustancial”.

29. Indicaron que se dictó sentencia con fundamento en documentos
“falsos o que no reflejan la verdad, como fueron los certificados de catastro
municipal sobre impuesto unificado en que se arrojan mediciones falsas del
área del inmueble, sin haber realizado mediciones por la entidad. Esta
falencia dio lugar a que la Caja Agraria Industrial y Minera, otorgara
préstamo hipotecario y rematado por esta institución bancaria, pues con
base en los certificados de castrato visitadores del banco conceptuaron
que no existía impedimento ambiental contra la finca Campoalegre,
suministrando estos funcionarios que el derecho del proyecto agropecuario
a establecer en la finca Campoalegre no genera ningún impacto
ambiental, ni ecológico, certificación que obra en el expediente”. Además,
señalaron que, las facturas del impuesto predial unificado sobre la
verdadera área del lote constituían “falsedad documental, causándo[les]
un perjuicio cierto”.

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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30. El municipio de Santiago de Cali contestó de forma extemporánea.

31. A través de Auto de 20 de febrero de 2019 se ordenó tener como prueba
el expediente de reparación directa y se corrió traslado a las partes, para
que ejercieran su derecho de contradicción.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal primera de revisión, 2.4. Análisis
de la causal segunda de revisión, y, 2.5. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptaran

32. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad1 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 26 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, porque no se configuró ninguna de las causales
invocadas.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

33. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados 2, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador3 o por el constituyente.

34. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias 4, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez 5, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.

2.3. Análisis de la causal primera de revisión

35. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

1El 4 de marzo de 2014 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida y el 20 de mayo de 2014 se interpuso recurso de
revisión, por lo que, se hizo dentro del término del año del artículo 251 del CPACA.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001 -23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
5 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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36. Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
sostenido que debe tratarse de una prueba documental 6, que haya sido
encontrada o recobrada 7 con posterioridad a la sentencia, que no pudo
aportarse en el proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por
obrar de la contraparte. También, exige que dicha prueba sea
determinante, esto es, que de haberse conocido al momento de la decisión
se hubiera adoptado un fallo distinto al recurrido 8.

37. La Sala encuentra que el recurso de revisión no cumplió con ninguno de
los requisitos exigidos, toda vez que, los recurrentes no explicaron, de
manera precisa y razonada, cómo se configuró la causal invocada. De
hecho, no indicaron cuales eran los documentos encontrados o recobrados
con posterioridad a la expedición de la sentencia.

38. Tampoco cumplieron con la carga argumentativa de justificar las razones
de fuerza mayor, caso fortuito u obrar de la parte contraria que exigía la
causal. Al contario, los recurrentes se concentraron en hacer reproches
vagos e indeterminados sobre aspectos sustanciales.

39. La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
instrumentalizarse para suplir las falencias argumentativas y probatorias de
las partes durante las instancias del proceso. Asimismo, reitera que, el
carácter extraordinario del recurso de revisión supone una exigencia
argumentativa razonada y precisa, que descarta la presentación de
impugnaciones extraordinarias injustificadas y antitécnicas.

2.3. Análisis de la causal segunda de revisión

40. El numeral 2 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados”.

41. Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
sostenido que debe tratarse de una prueba documental9 falsa o
adulterada, que haya sido determinante para proferir el fallo recurrido, esto
es, que “sin su conceso, sin su incidencia, el fallo se hubiera tomado en otro

6 La configuración de la causal no se admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias, los informes
técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-
01917-00 (REV).
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de

julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV) “Que “recobrado”, es el documento que como tal
existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo
pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia”. Asimismo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-
000-2007-00879-00(REV) Sobre este punto, ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corporación en precisar que es
“viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se
recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica
que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005,

Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV). “(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la
sentencia recurrida en revisión debe tener la virtualidad suficiente para que, en el caso de haber sido aducida
oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente diferente, es decir, fallando favorablemente
a las peticiones o a la defensa planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía
extraordinaria. // Así las cosas, no es procedente una prueba, que, de ser considerada, podría invalidar uno de
los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en
cuenta el juez para tomar la decisión”. Asimismo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 05 de

octubre de 2016, Radicado (41222) “la causal primera del artículo 188 del C.C.A. alude únicamente a documentos,
de modo que no se extiende a los demás medios de prueba de que trata el artículo 175 del C. de P.C., esto es, la
declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los indicios
“y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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sentido”10. Por lo tanto, la falsedad o adulteración no se predica de
cualquier documento dentro del proceso11, sino de un documento decisivo
en el sentido de la decisión.

42. El recurrente tiene una alta carga argumentativa al momento de
interponer el recurso extraordinario, porque debe demostrar la manera en
que los documentos acusados incidieron de forma directa e irrefutable en
la estructuración del fallo. No basta el simple señalamiento de los
documentos aducidos, sino que, de manera rigurosa, precisa y
comparativa, debe explicar las razones por las cuales dichas pruebas
adquieren la calidad de falsas o adulteradas12, parar luego determinar si
estas tenían la potencialidad suficiente para cambiar el sentido de la
decisión adoptada13.

43. Se advierte que, el juez de lo contencioso administrativo es competente
para establecer la veracidad o falsedad de los documentos, pues no se
exige la prejudicialidad penal. El juez de revisión se restringe a realizar un
análisis objetivo y riguroso de las pruebas, sin hacer una valoración de la
responsabilidad personal de los autores. De hecho, tiene el deber de remitir
copias a las autoridades competentes, en caso de encontrar que podría
haberse configurado un delito o falta disciplinaria14.

44. La Sala encuentra que no se configuró la causal invocada, porque el
recurso de revisión no cumplió con la carga argumentativa requerida, pues
los recurrentes no explicaron la manera en que las pruebas documentales
acusadas incidían de forma determinante en la adopción de una decisión
en un sentido diferente.

45. Además, la Sala advierte que el certificado de tradición fue el
documento determinante o decisivo para negar las pretensiones de los
demandantes y no los certificados catastrales y facturas del impuesto
predial. En consecuencia, los recurrentes no podían predicar la falsedad o
adulteración sobre documentos que no tuvieron incidencia determinante
en la decisión recurrida para acreditar la causal de revisión invocada.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, Radicado
11001-03-15-000-2008-00638-00(REV). Esta interpretación ha sido acogida para interpretar las causales contenidas
en el artículo 250 del CPACA. Para tales efectos, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de abril de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2007-
00383-00 (REV) y Sala Segunda Especial de Decisión, Sentencia de 4 de mayo de 2021, Radicado 11001-03-15-000-
2018-04503-00(REV).
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 15 de julio de 2010, Radicado

52001-23-31-000-2007-00267-01 “(…) además de la cualificación de falsedad o adulteración que padezca el
documento o la prueba de que se trate, no se trata de cualquier medio de convicción sino de aquel que sirvió de
pilar fundante a la decisión. En efecto debe tratarse de una falsedad inherente a la prueba documental producida
y considerada en el proceso y que haya formado parte del proceso con carácter tan decisivo, que él haya sido
la causa única para que la sentencia resulte de ese contenido.”
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 1, Sentencia del 06 de junio de 2017, Radicado

11001-03-15-000-2011-00050-00(REV) “(…) la falsedad de documento puede ser material, esto es, la alteración física
del contenido de un documento con valor probatorio; o ideológica, que implica consignar en el mismo hecho
que no corresponden a la verdad, para demostrar lo que realmente no ocurrió. Para llegar a la conclusión que el
documento es falso, el juez que estudia el recurso extraordinario de revisión debe hacer un análisis riguroso"
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 2

de abril de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2007-00383-00 (REV).
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de junio

de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2005-00560-00(REV). “(…) la procedencia de esta causal la norma no exige la
prejudicialidad penal, por lo que será el Consejo de Estado al desatar el recurso de revisión a quien le
corresponderá determinar si la sentencia se dictó con base en documentos falsos o adulterados. (…) Entonces,
teniendo en cuenta lo anterior y que la finalidad de la causal 1ª es que la sentencia esté conforme a derecho
frente a hechos delictivos o fraudulentos, la Sala echa de menos la indicación concreta o la individualización de
cuál o cuáles son los documentos falsos o adulterados que sirvieron de fundamento a la decisión impugnada,
carga procesal que corresponde al recurrente.”.

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Radicación número: 76001-33-31-017-2007-00118-01 (51114)
Demandante: Gustavo Cifuentes y Lucero Muñoz
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
2.4 Costas

46. De conformidad con los artículos 188 del CPACA15 y 365 del CGP, la Sala
condenará en costas a la parte recurrente vencida y fijará por agencias en
derecho la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor
de la entidad demandada, teniendo en cuenta que nombró apoderado
dentro del proceso de revisión y contestó de forma extemporánea la
impugnación extraordinaria 16.

3. DECISIÓN

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 26 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa.

SEGUNDA: condenar en costas a la parte recurrente, que deberán ser
liquidadas por Secretaría, con la inclusión de las agencias en derecho por
la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la
entidad demandada.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 63217. “(…) los recurrentes [deberán] ser condenados en costas no con fundamento
en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la misma codificación toda vez que para la
fecha de presentación del recurso -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no había sido expedida la
Ley 2080 de 2021 que expresamente estableció que la sentencia que lo declare infundado condenará en costas
y perjuicios al recurrente”.
16 La Subsección en otros casos condenó por montos superiores a la parte vencida (Sentencia de 11 de octubre

de 2021, Radicado 49814), sin embargo, en este caso la demandada presentó de forma extemporánea la
oposición al recurso de revisión, por lo que, la Sala considera proporcionado condenar por un monto menor.

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