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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-011-2015-00124-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-011-2015-00124-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Yaneth Fanery Tapasco Trejos contra la sentencia del veintidós (22) 24 «ARTÍCULO 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. […] Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda. Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 76001-33-33-011-2015-00124-01 (4045-2021) de octubre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone DEVOLVER el expediente a la autoridad judicial de origen para que profiera una nueva sentencia, la cual deberá respetar la situación del apelante único, acoger las consideraciones aquí expuestas y resolver de manera expresa y completa todos los reproches formulados en el recurso de apelación. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-33-33-011-2015-00124-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 76001-33-33-011-2015-00124-01 (4045-2021)
Demandante: Yaneth Fanery Tapasco Trejos
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones
Vinculadas: Dolly Esperanza Males Molano y Valentina Muñoz Males

Temas: Causal 5° del artículo 250 del CPACA. Reforma en perjuicio del
apelante único. DECLARA FUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por la señora
Yaneth Fanery Tapasco Trejos contra la sentencia del veintidós (22) de octubre de
dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2,
para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Yaneth Fanery Tapasco Trejos, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la señora Dolly Esperanza Males
Molano, en su propio nombre y en representación de la menor Valentina Muñoz
Males, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones GNR 372953 del 20 de
octubre de 2014 y VPB 17385 del 25 de febrero de 2015, mediante las cuales se le
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera
permanente del fallecido Pedro Antonio Muñoz Prado.

Que también solicitó la nulidad parcial de la Resolución GNR 238039 del 24 de
septiembre de 2013, por medio de la cual Colpensiones reconoció dicha pensión,
en un 50 %, a favor de la señora Dolly Esperanza Males Molano como compañera
permanente del causante, con efectos a partir del 29 de julio de 2010.

1 La presentación del recurso se efectuó el 21 de julio de 2021 ante la autoridad judicial de origen y fue radicado

en esta Corporación el día 13 de octubre de 2021. Véase índice 00001 del aplicativo SAMAI y fl. 340 vuelto del
expediente principal (físico).
2 Decisión que modificó la sentencia proferida el 28 de agosto de 2019 por el Juzgado Once Administrativo del

Circuito de Cali que accedió a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

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Que, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera y pagara
la pensión en calidad de compañera permanente del fallecido, y que la señora Males
Molano reintegrara los dineros percibidos por dicho concepto desde su
reconocimiento.

Que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, en primera instancia,
declaró probada la prescripción de las mesadas anteriores al 20 de noviembre de
2010, respecto de las causadas a favor de la demandante, y anuló los actos
administrativos demandados. En su lugar, ordenó a Colpensiones expedir un nuevo
acto en el que se reconociera el 50% de la pensión de sobrevivientes, entre las
compañeras permanentes, en partes iguales y el 50 % restante, de manera
temporal, a la hija del causante, Valentina Muñoz Males, hasta el 8 de septiembre
de 2021, fecha anterior al cumplimiento de los 25 años.

Que ni Colpensiones, ni la señora Males Molano interpusieron recurso contra dicha
decisión y la señora Tapasco Trejos apeló, alegando que la convivencia entre la
señora Males Molano y el fallecido había finalizado en el año 2004, y que, desde
entonces hasta su muerte, este convivió exclusivamente con ella, por lo que el 50%
de la pensión debía ser reconocido exclusivamente a ella.

Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conoció del recurso de apelación
y, mediante sentencia del 22 de octubre de 2020, modificó parcialmente el fallo de
primera instancia.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de segunda instancia mediante la cual modificó la decisión de primera
instancia, ajustando los porcentajes de distribución sobre el 50 % de la pensión de
sobrevivientes reconocido a las compañeras permanentes del causante, la fecha a
partir de la cual dicha prestación surte efectos fiscales a favor de la señora Yaneth
Fanery Tapasco Trejos y determinó una nueva fecha y porcentaje respecto del cual
la señora Dolly Esperanza Males Molano debía reintegrar las mesadas pensionales
recibidas en exceso.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que la Corte Constitucional ha establecido, mediante las Sentencias C-396 de 2014,
T-018 de 2014 y C-1035 de 2008, que la pensión de sobrevivientes puede ser
compartida entre la esposa y la compañera permanente, o entre dos compañeras
permanentes, siempre que se demuestre que convivieron con el causante durante
los últimos cinco años de su vida, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 797 de 2003. En casos de convivencia simultánea, el reconocimiento
se hace en proporción al tiempo convivido o en partes iguales, conforme a criterios
de justicia y equidad.

Que en los casos donde concurren compañeras permanentes, debe probarse la

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existencia de una «comunidad de vida», entendida no como mera cohabitación, sino
como una relación con vínculos afectivos, apoyo mutuo, económico y espiritual.
Según la Sentencia T-090 de 2016, este tipo de convivencia exige una rigurosa
valoración probatoria, y por ello, las disputas por la pensión de sobrevivientes deben
ser resueltas por la jurisdicción competente.

Que las declaraciones de las testigos Diana María Ochoa y Blanca Gladys Mejía no
resultan contradictorias ni carentes de fuerza de convicción, ya que, pese a su
vínculo de amistad con los involucrados, su cercanía les permitió observar
directamente la relación entre los señores Pedro Antonio Muñoz y Dolly Esperanza
Males Molano, a quienes identificaron como pareja con un hogar y una hija en
común. Sus testimonios coinciden con otros elementos probatorios del expediente,
como las declaraciones que los compañeros hicieron ante notario y los documentos
de afiliación a la seguridad social.

Que los señores Jorge León Castañeda y Luz Ángela Gómez Angulo, por su parte,
declararon lo que pudieron ver en la comunidad de vida de los señores Pedro Muñoz
y Yaneth Fanery Tapasco, lo que se corrobora en los formularios de seguridad social
y del servicio funerario, que acreditan convivencia, lazos de unión y ayuda mutua,
como declaró el juez de familia.

Que la prueba recaudada permitió concluir que ambas mujeres mantuvieron una
relación de pareja simultánea con el causante, cumpliendo así los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional para acceder a la pensión.

Que la señora Dolly Esperanza Males acreditó una convivencia desde el 31 de
diciembre de 1993 hasta el 29 de julio de 2010 (17 años y 5 meses), y la señora
Yaneth Fanery Tapasco Trejos desde el 1.° de febrero de 2005 hasta la misma fecha
(6 años y 6 meses). Sobre esta base, se aplicó una regla proporcional para asignar
el 75 % del derecho a la primera y el 25 % a la segunda, respecto del 50 % de la
pensión hasta el 9 de septiembre de 2021 (cuando la hija del causante cumplió 25
años) y del 100 % de la mesada a partir de esa fecha.

Que se comprobó que Colpensiones reconoció el 50 % de la pensión a la señora
Dolly Esperanza Males desde el 29 de julio de 2010, luego de haberse presentado
su solicitud el 23 de agosto de 2011 y que la señora Yaneth Fanery Tapasco solicitó
la pensión el 20 de noviembre de 2013, pero su petición fue rechazada el 10 de
octubre de 2014. Por lo tanto, si había lugar a confirmar la nulidad de los actos
administrativos demandados, pero con efectos ex tunc.

Que, por ello, los efectos económicos del reconocimiento para la señora Yaneth
Tapasco se computarían desde el 20 de noviembre de 2013, ya que la señora Dolly
Esperanza Males recibió los pagos de buena fe hasta esa fecha sin que se diera
oposición alguna.

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Que era procedente ordenar a la señora Dolly Esperanza Malo reintegrar al erario
el 25 % de las mesadas que recibió en exceso desde el 20 de noviembre de 2013,
monto que sería descontado periódicamente de su pensión, indexadas con el IPC.

Que los descuentos se comenzarían a realizar desde el 9 de septiembre de 2021,
cuando ya no exista distribución de la pensión con la hija del causante, con el fin de
proteger su mínimo vital.

Que no se impusieron costas en esta instancia, ya que el recurso de apelación
prosperó parcialmente.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La señora Yaneth Fanery Tapasco Trejos, en ejercicio del mecanismo establecido
en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpuso recurso extraordinario de
revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada
legislación.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

Que la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca vulneró su derecho al debido proceso, particularmente el principio
de non reformatio in pejus, al haberse agravado su situación jurídica en segunda
instancia, pese a haber sido única apelante.

Que, en primera instancia, se le reconoció el 50% de la pensión de sobrevivientes;
sin embargo, el fallo de segunda instancia modificó ese porcentaje, reduciéndolo al
25%, asignando el 75% a la señora Dolly Esperanza Males Molano, a pesar de que
esta última no interpuso recurso alguno. Además, la sentencia de segunda instancia
fijó los efectos fiscales del reconocimiento pensional a su favor a partir del 20 de
noviembre de 2013, y no desde el 20 de noviembre de 2010, como lo había
establecido la primera instancia, lo cual representa una desmejora injustificada para
la apelante única.

Que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al no valorar adecuadamente las
pruebas documentales aportadas, entre ellas el oficio radicado el 18 de enero de
2012 ante el Instituto de los Seguros Sociales, mediante el cual se solicitó
suspender el trámite de la pensión de sobrevivientes en favor de la hija del causante,
Valentina Muñoz Males, hasta que se decidiera judicialmente sobre su unión marital
de hecho con el fallecido Pedro Antonio Muñoz Prado. Esta actuación, según la
actora, prueba que sí hubo oposición o reclamación oportuna de su parte frente a la
pensión ya reconocida a la señora Dolly Esperanza Males Molano, descartando así
la supuesta buena fe de esta última.

Que la afiliación del causante a la EPS Sanitas en 2004 y su designación como
compañera permanente en tal registro, al igual que el registro de ésta en la solicitud
de exequias y su actuación ante el Servicio Geológico Colombiano como compañera

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permanente, son elementos que demuestran que ella fue quien convivió con el
señor Muñoz Prado en sus últimos años. Que, por el contrario, la señora Dolly
Esperanza Males solo actuó como representante legal de su hija Valentina Muñoz,
lo cual refuerza la idea de que no mantenía una relación de pareja vigente con el
fallecido al momento de su muerte.
Que el Tribunal, al modificar la sentencia inicial en su contra, sin que existiera
recurso de apelación por parte de la señora Dolly Males ni de Colpensiones,
transgredió el principio de non reformatio in pejus, que impide que el juez de
segunda instancia agrave la situación del apelante único; actuación que también
sería contraria al principio de congruencia, dado que la nueva decisión no
correspondió a los puntos controvertidos del recurso.

Contestación al recurso extraordinario

COLPENSIONES pese a haber sido notificada del auto admisorio del recurso guardó
silencio3.

Las señoras Dolly Esperanza Males y Valentina Muñoz Males -vinculadas al proceso-
se opusieron4 al recurso al considerar que la decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca no violó el principio de non reformatio in pejus ni el de congruencia.

Que en materia pensional puede ceder dicho principio para proteger el interés general
y el orden jurídico, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia, incluida la Sentencia
C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.

Que el Tribunal actuó ajustado a derecho, valorando las pruebas y estableciendo que
la señora Dolly Esperanza Males Molano convivió con el causante Pedro Antonio
Muñoz Prado durante 20 años, en una relación de dependencia y solidaridad, por lo
que tiene derecho al 75 % de la pensión; decisión que fue tomada en aplicación del
precedente judicial, particularmente de la Sentencia SU-453 de 2019, y de
conformidad con los principios de justicia y equidad.

Que, contrario a lo argumentado en el recurso, no hubo mala fe de parte de la señora
Dolly Males al recibir la pensión después del fallecimiento del señor Muñoz, por lo que
no procede ordenar la devolución de lo recibido, amparándose en el artículo 164 de
la Ley 1437 de 2011 y el derecho al mínimo vital.

Que tampoco es posible afirmar que actuó de manera dolosa para obtener el 100%
de la pensión, pues Colpensiones publicó oportunamente el edicto emplazatorio y la
señora Tapasco no presentó oposición dentro del término legal.

Que la supuesta afectación a los derechos de la señora Yaneth Tapasco no es
atribuible a la actuación del Tribunal, sino a que ella no demostró en su momento los
requisitos legales para ser beneficiaria. En cambio, la señora Dolly Males sí acreditó

3 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensajes de datos enviado

el 14 de febrero de 2022 (índice 00012, ítem 2 de SAMAI).
4 Véase índice 00013 del aplicativo SAMAI.

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haber convivido ininterrumpidamente con el causante, sostenida económicamente por
él y dedicada al hogar y a la crianza de su hija en común, Valentina Muñoz.

Que el recurso extraordinario de revisión fue presentado de forma extemporánea,
pues la sentencia quedó ejecutoriada el 5 de noviembre de 2020 y el recurso se radicó
el 9 de noviembre de 2021, excediendo el plazo de un año previsto por el artículo 251
del CPACA, lo que lo hace improcedente.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Aunque ni el recurso extraordinario ni la acción especial de revisión contemplan
expresamente la posibilidad de proponer excepciones previas, la Subsección
considera pertinente abordar el argumento de caducidad planteado por la parte
demandada.

El artículo 251 del CPACA establece que el recurso debe interponerse dentro del
año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, contados desde el día siguiente a esta.

En este caso, el recurso fue radicado el 21 de julio de 2021 ante el juez de primera
instancia, remitido el 22 de julio y recibido por esta Corporación el 9 de noviembre
de la misma anualidad. La sentencia impugnada se ejecutorió el 5 de noviembre de
20205. Así, al contarse el término desde la fecha de radicación inicial, se concluye
que el recurso fue presentado oportunamente.

Por las razones expuestas, la Subsección advierte que el recurso fue presentado
en el término legal, razón por la cual no es de recibo el argumento propuesto por la
parte demandada y, en consecuencia, se entrará a estudiar de fondo el asunto.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
22 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
considerando la causal presentada por la recurrente.

Para el efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) la causal de revisión invocada en el recurso, iii) el principio de
congruencia, iv) la prohibición constitucional de la non reformatio in pejus; y,
finalmente, v) el caso concreto.

5 De acuerdo con la constancia secretarial que reposa el folio 338 del expediente del proceso ordinario.

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Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada6. En términos de artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente8.

ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular9.

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 10.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,
ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir
los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre

6 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
8 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
9 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
10 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)

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debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley11.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia12.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 13, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 14, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
13 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
14 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».

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«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»15.

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 16 o el
principio de congruencia17 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido18.

Prohibición constitucional de la non reformatio in pejus

Esta institución ha sido concebida como un principio general del derecho y una
garantía inherente al debido proceso, que en nuestro ordenamiento jurídico tiene
consagración constitucional en el artículo 31, inciso 2, según el cual «[…] [e]l
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único […]».

La doctrina ha señalado que el ámbito de la apelación se ve determinada por la
parte que recurre y, en consecuencia:

«[…] el asunto se examina en la extensión que le favorezca, pero no solamente,
dentro del perjuicio, en la extensión que ella lo pide. Por eso el apelante limita
el recurso a la parte de la providencia que le desfavorece, sin que el ad quem
tenga competencia para desmejorar en apelación la situación del apelante. Si

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
16 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último

evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
17 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de

congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)». Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-
14.
18 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.

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se vulnera este principio se produce un acto jurisdiccional viciado de
incompetencia funcional»19.

La lógica subyacente es que la parte que recurre lo hace únicamente respecto de la
parte de la decisión que le es desfavorable, permitiendo que la autoridad judicial
que conozca del recurso pueda mejorar su situación, pero nunca empeorarla. Esto
limita la competencia del tribunal a los motivos de inconformidad expresados en el
recurso.

Aunque la violación del principio de non reformatio in pejus no está explícitamente
incluida como una causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
tanto de las Salas Especiales de Decisión20 como de las Salas de Sección21 de esta
Corporación han desarrollado una línea jurisprudencial pacífica que reconoce la
procedencia de este recurso para proteger los principios de congruencia y non
reformatio in pejus, a través de la causal de «nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

La Sala considera que se configura una clara vulneración al principio de non
reformatio in pejus, en la medida en que la apelación fue interpuesta exclusivamente
por la parte actora con el legítimo propósito de mejorar su situación jurídica. No
obstante, al resolver el recurso, el Tribunal de segunda instancia agravó dicha
situación, lo que constituye configura una causal de nulidad de la sentencia.

De los antecedentes expuestos, se advierte que, en primera instancia, el juez
decidió reconocer el 50% del 100% de la pensión de sobrevivientes del señor Pedro

19 Quintero, Beatriz & Prieto, Eugenio. Teoría General del Proceso. Bogotá D.C:. Temis S.A., 1995, p. 274,
tomo II.
20 Entre otras véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de abril de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2008-00320-00. C.P. Danilo Rojas Betancourth;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión. Sentencia del
1.° de noviembre de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2012-00230-00. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Octava Especial de Decisión. Sentencia del 6
de febrero de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2016-01127-00. C.P. María Elizabeth García González; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
diciembre de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-03791-00. C.P. Rocío Araujo Oñate; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13 de octubre de 2020.
Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Octava Especial de Decisión. Sentencia del 14 de diciembre de 2021. Exp. 11001-03-15-
000-2017-00512-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
21 Consejo de Estado. Sección, Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de mayo de 2018. Exp. 11001-03-

25-000-2014-00251-00 (0724-2014). C.P. Gabriel Valbuena Hernández; Consejo de Estado. Sección, Segunda,
Subsección B. Sentencia del 20 de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2013-01303-00. C.P. César Palomino
Cortés; Consejo de Estado. Sección, Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.
11001-03-25-000-2014-00440-00. C.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado. Sección, Segunda,
Subsección B. Sentencia del 25 de junio de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2018-00600-00 (2426-18). C.P.
William Hernández Gómez; Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 17 de marzo de
2021. Exp. 68001-33-31-006-2010-00296-01. C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de diciembre de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2014-00507-00. C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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Antonio Muñoz en favor de las dos compañeras permanentes supérstites: Yaneth
Fanery Tapasco y Dolly Esperanza Males Molano, en proporciones iguales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que permite la
distribución proporcional entre compañeras permanentes cuando se acredite
convivencia simultánea o sucesiva con el causante. Por tanto, al reconocerse solo
el 50% del total para ambas compañeras, cada una recibiría el 25% del total de la
pensión, como resultado de dividir en partes iguales ese 50%.

Aunque el fallo de primera instancia resultaba parcialmente favorable para la señora
Yaneth Fanery Tapasco Trejos, su propósito al interponer el recurso de apelación
fue obtener la totalidad de dicho porcentaje (esto es, el 50% del 100% de la pensión)
exclusivamente a su favor. La apelación, por tanto, no buscaba desmejorar lo que
ya le había sido concedido, sino excluir a la otra compañera supérstite, bajo el
argumento de que la convivencia entre el causante y la señora Males Molano había
cesado años antes de la convivencia que la primera tuvo con el causante.

En ese contexto, en el recurso de apelación se indicó:

«Nadie pone en duda que entre el señor PEDRO ANTONIO MUÑOZ PRADO y
la señora DOLLY ESPERANZA MALES MOLANO existió una relación marital
de hecho y que de esa unión nació la joven VALENTINA MUÑOZ MALES. Pero
también es cierto [...] que esa unión definitivamente se terminó una vez el
causante decidió convivir con la señora YANETH FANERY TAPASCO
TREJOS, esto es, a partir de febrero de 2004. [...]
Corrobora lo anterior el hecho de que, desde el 1° de septiembre de 2004, el
señor MUÑOZ PRADO afilió a la señora TAPASCO TREJOS como su
compañera en la E.P.S. SANITAS, junto con las menores MUÑOZ MALES
VALENTINA y GUACA TAPASCO YEIMI YULIETH, excluyendo a la señora
MALES MOLANO. [...]
Otro aspecto relevante es que, tras el fallecimiento del señor MUÑOZ PRADO,
la señora MALES MOLANO se presentó ante el Servicio Geológico Colombiano
no como compañera permanente, sino como representante legal de la joven
VALENTINA, siendo la señora TAPASCO TREJOS quien actuó como
compañera permanente. [...]

Es claro entonces que fue la señora YANETH FANERY TAPASCO TREJOS
quien convivió de manera permanente y sin interrupciones con el causante
desde febrero de 2004 hasta su fallecimiento, siendo la única beneficiaria del
50% de la pensión de sobrevivientes, excluyéndose de tal beneficio a la señora
DOLLY ESPERANZA»22

No obstante, en segunda instancia, y pese a que solo la señora Yaneth Fanery
Tapasco interpuso recurso de apelación, el Tribunal modificó el sentido del fallo,
otorgando a la señora Dolly Esperanza Males Molano el 75% del 50% de la pensión
(esto es, el 37,5% del total), y reduciendo el reconocimiento de la señora Fanery
Tapasco al 25% del 50% (esto es, el 12,5% del total). Esta modificación representa
una clara disminución del derecho previamente reconocido a la única apelante, sin
que existiera impugnación por parte de la señora Dolly ni de la entidad demandada.
Al reducirse su participación de un 25% del total a apenas un 12,5%, el Tribunal
excedió los límites del recurso interpuesto.

22 Fl. 300, cuaderno principal.

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Es decir, la única persona que apeló recibió un reconocimiento menor, y la persona
que no apeló fue beneficiada con una mayor participación en el derecho pensional,
en abierta contradicción con el principio de non reformatio in pejus, según el cual el
juez de segunda instancia no puede agravar la situación jurídica de quien acude en
apelación como único recurrente, pues la finalidad del recurso es permitirle mejorar
su posición, no exponerla a un resultado más desfavorable.

Adicionalmente, observa la Sala que el Tribunal modificó la fecha de efectos fiscales
del reconocimiento pensional a favor de la señora Tapasco Trejos, postergándola
del 20 de noviembre de 2010 (como lo había fijado el a quo) al 20 de noviembre de
2013, lo que conlleva una afectación patrimonial significativa para ella.

Esta modificación constituye también una reforma en perjuicio de la apelante, dado
que recorta el alcance temporal del reconocimiento pensional sin que tal aspecto
haya sido materia de apelación por ninguna de las otras partes.

Además, encuentra la Sala que a pesar de que el fallo de segunda instancia
introdujo una decisión más gravosa para la apelante única, no incluyó ninguna
justificación sobre por qué consideraba posible apartarse del principio constitucional
de la no reforma en peor, ni analizó sus límites ni su procedencia. Y, aun si lo hubiera
hecho, su actuación seguiría siendo contraria a derecho, pues este principio no cede
ante otros principios de menor jerarquía. Tal como lo ha sostenido esta Subsección:

«[…] Para que se configure la reforma en perjuicio del apelante único, es
necesario que el superior modifique la providencia apelada de tal manera que
imponga al recurrente una agravación de las obligaciones a las que ya fue
condenado o una disminución de los derechos reconocidos. En este sentido, el
error en la sentencia, por violación al principio de non reformatio in pejus, se
traduce en un vicio de competencia, ya que el juez decidió sobre aspectos no
sometidos a su consideración, utilizando la sentencia de unificación para
revocar el reconocimiento efectuado en primera instancia.

La Sala destaca que el principio de non reformatio in pejus impide que, bajo
consideraciones relativas al debido proceso o a la protección del erario
público, se desconozca el núcleo de protección de este principio
constitucional en nombre de otros criterios de menor jerarquía al resolver
el recurso de apelación. Afirmar lo contrario implicaría desconocer totalmente
el principio que restringe la actividad impugnativa»23 (negrillas fuera del texto
original).

En consecuencia, se encuentra configurada la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que el proceso debió concluir con la resolución de
los cuestionamientos planteados por la parte actora en su recurso de apelación, sin
que le fuera dado desmejorar los aspectos del fallo de primera instancia que ya le
eran favorables.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

27 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-25-000-2023-00262-00 (3239-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Verificada la configuración de la causal de nulidad por vulneración del principio de
non reformatio in pejus, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre el cargo
relacionado con el presunto defecto fáctico derivado de la omisión en la valoración
probatoria, por cuanto es al Tribunal a quien corresponde al emitir el nuevo fallo
examinar integralmente los argumentos propuestos en la apelación.

Por lo tanto, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión y, en
consecuencia, se infirmará la sentencia del 22 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En virtud de lo dispuesto en el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 202124, se ordenará
devolver el expediente a la autoridad judicial de origen para que profiera una nueva
sentencia, la cual deberá respetar la situación del apelante único, acoger las
consideraciones aquí expuestas y resolver de manera expresa y completa todos los
reproches formulados en el recurso de apelación.

De la condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas, toda vez que se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Yaneth Fanery Tapasco Trejos contra la sentencia del veintidós (22)

24 «ARTÍCULO 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. […] Si halla fundada la causal

del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá
el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda. Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».

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de octubre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia del veintidós (22) de
octubre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca. En su lugar, se dispone DEVOLVER el expediente a la autoridad judicial
de origen para que profiera una nueva sentencia, la cual deberá respetar la situación
del apelante único, acoger las consideraciones aquí expuestas y resolver de manera
expresa y completa todos los reproches formulados en el recurso de apelación.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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