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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 80001-23-31-003-1994-08640-01

Acción de reparación directa

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 80001-23-31-003-1994-08640-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de abril de 2003, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 80001-23-31-003-1994-08640-01

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

14 de junio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO DERIVADO DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena

SÍNTESIS DEL CASO: Con ocasión de la visita de inspección realizada el 22 de octubre de 1992 por la entonces denominada Dirección General de Aduanas (hoy DIAN), dicha entidad procedió a la aprehensión de 8398 varillas de hierro corrugado de diferentes dimensiones, que presuntamente provenían de Venezuela y que no contaban con declaración de importación. Ello dio lugar a un trámite administrativo, dentro del cual la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda., allegó los documentos que acreditaban la legal importación de la mercancía, razón por la que se ordenó su devolución mediante Resolución n.º 0013 del 21 de enero de 1993. La demandante alega que la retención temporal de los bienes fue arbitraria y le provocó perjuicios materiales y morales.

PROBLEMA JURÍDICO: La Sala debe establecer si con ocasión de la actuación desplegada por la DIAN que culminó con la aprehensión de una mercancía, se provocó el daño alegado por la demandante; y de comprobarse, será menester verificar si este comporta la calidad de antijurídico, debido a una actuación irregular o arbitraria de la administración aduanera, o si por el contrario refiere a una circunstancia que la accionante estaba en el deber de soportar

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - La parte demandada es una entidad pública / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN / ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD - Eventos en los que procede / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Eventos en los que procede / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Eventos en los que procede / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Procedencia

Por ser la demandada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. La Sala es competente para resolver el presente asunto iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón del recurso de apelación presentado por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto. En cuanto a la procedencia de la acción se tiene que debido a las múltiples formas en las que se expresa la administración pública, el Código Contencioso Administrativo fijó la extensión del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de suerte que le otorgó la facultad para juzgar actos administrativos, hechos, omisiones, operaciones administrativas, contratos estatales e inclusive actos políticos y de gobierno.(…) dicha legislación puso a disposición de los administrados mecanismos procesales diversos, con el propósito de plantear ante los jueces los conflictos que se susciten entre ellos y la administración pública; dentro de los que tienen una naturaleza ordinaria se encuentran las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales .(…) se ha considerado que el adecuado empleo de tales acciones no depende de la libre escogencia de quienes acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de la forma como la Administración se haya expresado o dado origen al desmedro o daño que el reclamante alega. (…) la acción de simple nulidad fue regulada por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio del control de legalidad sobre los actos administrativos por cuyo ejercicio se somete a examen la validez de la decisión de la administración, con el único fin de confrontarla con el orden jurídico y establecer si se ajusta a este o no. Esta acción le permite a las partes pedirle al juez la verificación del respeto a las normas superiores en que debía fundarse, la veracidad de sus motivos, la ausencia de vicios en su expedición, la competencia de quien lo ha expedido y que en su ejercicio no se hayan desviado las atribuciones que la ley le confiere. (…) el control de legalidad que ejerce el juez en el marco de esta acción está encaminado a la confrontación del acto con el orden jurídico, y tiene como finalidad mantener la legalidad y expulsar del ordenamiento aquella decisión administrativa de carácter general que adolece de vicios que afectan su validez.(…) cuando la acción no solo está llamada a ejercer el control de legalidad de la decisión administrativa, sino a obtener el restablecimiento del derecho y/o la reparación del eventual perjuicio, ha de ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 ibídem. (…) en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa. (…) se trata de circunstancias que deben ser estudiadas a través de la acción de reparación directa, máxime cuando se observa que no se ataca la legalidad de ningún acto, sino el comportamiento desplegado por funcionarios estatales que con su actuar presuntamente provocaron un daño antijurídico a los intereses de la accionante. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, sentencia del 30 de enero de 1997, exp. 1232

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86

ACTO ADMINISTRATIVO - Noción. Definición. Concepto / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA - Noción. Definición. Concepto

El acto administrativo es la declaración de voluntad de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, capaz de producir efectos jurídicos. A la luz de la doctrina el contenido del acto se traduce en una decisión, en una certificación o registro, o en una opinión o concepto, este último excepcionalmente se puede considerar como tal por razón de su obligatoriedad. Por su parte, la operación administrativa es la actividad material de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, que tiene por objeto la ejecución de los actos administrativos. Hacer efectivo su cumplimiento NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema en mención, consultar, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 15036

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación

Legitimación en la causa por activa, se encuentra acreditada por la demandante, esto es la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda, que a través de su representante legal, el señor Álvaro Rincón Cadena intervino en el procedimiento administrativo que se originó con ocasión de la aprehensión de la mercancía. Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que la parte actora atribuyó los daños padecidos a la Dirección General de Aduanas (hoy DIAN), autoridad que a través de sus funcionarios procedió a la aprehensión de las mercancías de la sociedad demandante.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna

La caducidad, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 196.8

APLICACIÓN DE LA CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Vale afirmar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 constitucional, los elementos que conforman la responsabilidad del Estado son el daño antijurídico y la imputabilidad. (…) previo al estudio de la imputación del daño es necesario precisar que, para que surja la responsabilidad al Estado, se requiere que dicho daño se encuentre debidamente acreditado en el proceso y constituya un desequilibrio de las cargas públicas que la persona no está llamada a soportar, es decir, si ostenta el carácter de antijurídico

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

DERECHO A LA PROPIEDAD / CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS ESTATALES / NORMAS ADUANERAS / DECOMISO - Noción. Definición. Concepto

En el derecho colombiano, el artículo 58 de la Constitución Política reconoce a la propiedad como un derecho subjetivo del que se deriva una función social y ecológica, con miras al cumplimiento de varios deberes de índole constitucional, tales como: la protección del medio ambiente, la promoción de la justicia, la equidad y el interés general (arts. 1, 2, 95 numerales 1 y 8). (…) se tiene que para la época de los hechos, año 1992, regían normas de derecho aduanero, tales como el Decreto n.º 2274 de 1989, que para el cumplimiento de los propósitos estatales en su artículo 1º obligaba a que: Toda mercancía que sea introducida en el territorio deberá ser presentada o declarada ante las autoridades aduaneras. La mercancía importada que sea sorprendida en lugares no habilitados por la Aduana para el ingreso y permanencia de la mercancía que se introduzca al país, será decomisada si con relación a ella no se acredita el cumplimiento previo de los trámites correspondientes a su presentación, declaración o despacho, en los términos previstos en el régimen aduanero. Tal mercancía será de propiedad de la Nación, en virtud del acto de decomiso que así lo disponga. La expedición de dicho acto será competencia de la Dirección General de Aduanas y copia del mismo se remitirá de inmediato a la jurisdicción penal aduanera para iniciar lo de su competencia. (…) si una mercancía no era presentada o declarada ante la autoridad aduanera, tal incumplimiento provocaba, de manera similar a como lo prevé la normatividad actual ,la consecuencia adversa de ser decomisada si con relación a ella no se acreditaba el cumplimiento previo de los trámites correspondientes, de suerte que pasaba a ser de propiedad de la Nación. sobre la figura del decomiso (…) es una determinación administrativa y una herramienta de aplicación inmediata que se adopta en la lucha contra la evasión y el contrabando con el fin de evitar que se lesione gravemente la economía nacional y la competencia desleal, veamos: El decomiso aduanero constituye una herramienta de aplicación inmediata, de carácter efectivo en la lucha contra la evasión y el contrabando, con el fin de evitar que se lesione gravemente la economía nacional, así como la competencia leal, lo cual garantiza la prevalencia de los bienes colectivos y supraindividuales. El decomiso se trata de una determinación administrativa, de carácter inmediato, que adopta la autoridad correspondiente como consecuencia de las situaciones fácticas establecidas en las normas demandadas, que no son propias de la extinción del dominio, y en consecuencia, no requieren de una sentencia judicial, sin perjuicio del trámite del proceso penal por la actividad delictiva que ello general. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-194 de 1998

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 58 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 95.1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 95.8 / DECRETO 2274 DE 1989

DAÑO - No se configuró / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA - Configuración. Irresponsabilidad por parte del demandante en mantener la documentación al día / AUSENCIA DE UNA FALLA EN EL SERVICIO

La Sala corrobora que, ciertamente, al momento de la inspección, la sociedad demandante no contaba con las declaraciones idóneas para demostrar que el material encontrado fuera debidamente introducido al país, situación que obligó a la autoridad aduanera retener la mercancía como medida cautelar, y por ende provisional, para efectos de corroborar la legalidad de su permanencia en el territorio nacional, mediante un proceso administrativo al final del cual los bienes aprehendidos fueron devueltos. (…) se estima que a la entidad demandada le asistían los fundamentos legales y reglamentarios suficientes, para que en ejercicio de su obligación de combatir el contrabando, proteger la economía y el interés general procediera a la retención temporal de la mercancía, a partir de lo cual dio inicio a un procedimiento administrativo para, justamente, respetar el debido proceso y darle la oportunidad al interesado de demostrar que sus bienes estaban debidamente amparados, actuación que culminó con la expedición de la Resolución n.º 0013 del 21 de enero de 1993, por medio de la cual se ordenó la devolución de la mercancía, cuya legalidad no discute la parte accionantes y en la que se corroboró que sí existía fundamento para la aprehensión temporal de las varillas de hierro, dado que “la Declaración de Despacho para Consumo n.º 934 de mayo 21/92, correspondiente al Almacén o Bodega, la cual no corresponde al expediente” Lo anterior no solo refleja y descarta la ausencia de una falla del servicio o de una actuación arbitraria de la entonces denominada Dirección General de Aduanas, sino que también muestra que en la aprehensión de la mercancía fue relevante el comportamiento descuidado de la demandante, sociedad que conforme al certificado de existencia y representación legal para la época de los hechos llevaba más de 10 años en ejercicio de su objeto social principal, que entre otras cosas, consistía justamente en la “exportación de productos y la importación de bienes o insumos” , lo que significa que sus empleados y almacenes debían contar con el conocimiento y experiencia suficiente en materia aduanera, que les permitía saber que era su obligación contar con las declaraciones con base en las cuales pudieran demostrar la legal importación las mercancías almacenadas, hecho que en este caso solo fue posible determinar luego del aludido procedimiento administrativo. (…) se trata de un daño que perfectamente hubiera podido prever y evitar la demandante, ya que de haber reposado en el lugar donde se realizó el decomiso las correspondientes declaraciones de importación n.º 1471 del 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992, que no allegó sino después de ser requerida para ello muy seguramente la Dirección General de Aduanas no se hubiere visto obligada a la aprehensión de la mercancía. (…) la Sala considera que el daño alegado no es antijurídico, pues se trató de un desmedro que la sociedad demandante estaba en la obligación de soportar, dado que no obedeció a una actuación arbitraria o desproporcionada de la administración constitutiva de una falla del servicio, y por el contrario, sí al incumplimiento de un deber de la accionante de contar siempre con los documentos que acreditaran la legal importación de sus bienes.

NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 80001-23-31-003-1994-08640-01(39220)

Actor: RINCÓN CADENA Y CIA LTDA.

Demandado: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: Acción de reparación directa, procedencia cuando no se ataca la legalidad de un acto administrativo. Procedimiento de aprehensión de una mercancía cuando no se acredita su legal introducción al territorio nacional. Ausencia de falla del servicio. Culpa exclusiva de la víctima.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 21 de abril de 2010 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda. La providencia recurrida será confirmada.

SÍNTESIS DEL CASO

Con ocasión de la visita de inspección realizada el 22 de octubre de 1992 por la entonces denominada Dirección General de Aduanas (hoy DIAN), dicha entidad procedió a la aprehensión de 8398 varillas de hierro corrugado de diferentes dimensiones, que presuntamente provenían de Venezuela y que no contaban con declaración de importación. Ello dio lugar a un trámite administrativo, dentro del cual la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda., allegó los documentos que acreditaban la legal importación de la mercancía, razón por la que se ordenó su devolución mediante Resolución n.º 0013 del 21 de enero de 1993. La demandante alega que la retención temporal de los bienes fue arbitraria y le provocó perjuicios materiales y morales.

ANTECEDENTES
A. Lo que se demanda

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 1994 ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda., interpuso demanda de reparación directa en contra de la hoy denominada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por los perjuicios provocados con ocasión de la retención de una mercancía de su propiedad. En consecuencia, solicitó se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 81, c. 1):

PRIMERA: La Nación colombiana (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Aduanas Nacionales, Jefatura Regional de Aduanas de Barranquilla, hoy Dirección de Impuestos y Aduanas de Barranquilla), es administrativamente responsable de los perjuicios causados a la sociedad demandante, RINCÓN CADENA y CIA LTDA., representada legalmente por el señor ÁLVARO RINCÓN CADENA, con motivo de la retención indebida de 8.398 varillas de hierro de diversos calibres y dimensiones, importadas de Venezuela al amparo de las declaraciones de despacho para consumo números 1471 de julio 1/92 y 2635 de julio 24/92 de la Aduana de Riohacha.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión se condene a la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Barranquilla), a pagar a la sociedad demandante, RINCÓN CADENA y CIA LTDA, representada legalmente por el señor ÁLVARO RINCÓN CADENA, todos los perjuicios materiales y morales causados, según el monto que se demuestre dentro del proceso.

TERCERA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso.

CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 178 del C.C.A.

Los hechos en que se fundaron las pretensiones se resumen así (fl. 81 a 88, c.1):

2.1. El 15 de octubre de 1992, con ocasión de orden de inspección emitida por el Jefe Regional de Aduanas de Barranquilla, varios funcionarios de la DIAN llevaron a cabo revisión de las mercancías almacenadas en las instalaciones de la firma Rincón Cadena y Cia Ltda. Al momento de la inspección, se hallaba en las bodegas gran cantidad de hierro importado de Venezuela, amparado con las declaraciones de despacho para consumo n.º 1471 de 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992, emitidas por la aduana de Riohacha.

2.2. No obstante lo anterior, los funcionarios de la DIAN, “en su afán de mostrarle resultados positivos al superior ordenador de la inspección”, desconocieron el valor probatorio de los documentos aduaneros exhibidos y de manera arbitraria procedieron a retener la siguiente mercancía:

203 varillas de hierro corrugado de 7/8 x 12 metros
635 “ “ “ “ de 1/2 x 12 metros
6090 “ “ “ “ de 1/2 x 6 metros
1173 “ “ “ “ de 3/4 x 6 metros
297 “ “ “ “ de 5/8 x 6 metros

2.3. Como consecuencia de lo anterior, la Jefatura Regional de Aduanas de Barranquilla dio trámite al proceso administrativo n.º 114/92, en el que vinculó a dicha empresa y a su representante legal como presuntos infractores de la ley aduanera. La DIAN avaluó la mercancía retenida en $19.864.800.

2.4. Para efectos de la devolución de la mercancía retenida, la empresa demandante confirió poder a un abogado y aportó la documentación que acreditaba su legal importación, misma que había sido exhibida al momento de la retención.

2.5. El material retenido fue devuelto 3 meses después por orden del Jefe Regional de Aduanas de Barranquilla, mediante al Resolución n.º 0013 del 21 de enero de 1993, ya que la autoridad aduanera encontró plenamente probado que la mercancía estaba debidamente amparada.

2.6. La retención indebida de la mercancía impidió que la demandante pudiera disponer libremente de ella, comercializarla en el mercado local y obtener utilidad económica. Dicha situación igualmente provocó deterioro en la “imagen de comerciante honesto” ante los competidores y clientes.

B. Trámite procesal

3. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda, la entidad demandada presentó escrito de contestación, en los siguientes términos:

3.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aludió a la normativa que reglamentaba las funciones de la entonces denominada “Dirección General de Aduanas”, y destacó aquellas relacionadas con la prevención y represión del contrabando, la aprehensión y decomiso de las mercancías ingresadas ilegalmente al territorio nacional.

3.2. Describió los hechos que conllevaron a la aprehensión de la mercancía de la sociedad demandante, lo que justificó en que al realizarse la respectiva visita de inspección, fue aportada la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992, “copia que correspondía al almacén o bodega de la aduana de Riohacha y no al usuario”.

3.3. Relató que a partir de allí dio inicio a un procedimiento administrativo, con la finalidad de constatar la autenticidad de los documentos aportados y verificar si estos en realidad amparaban las mercancías allí descritas, dentro del cual la empresa interesada aportó las Declaraciones de Despacho para Consumo n.º 1471/92 y 2635/92, que eran diferentes a la declaración que fue exhibida en la diligencia de visita, esto es, n.º 00934 de mayo 21 de 1992, razón por la que a la postre la autoridad aduanera, mediante Resolución n.º 0013 del 21 de enero de 1993, ordenó la devolución de la mercancía.

3.4. De esta forma, concluyó que la actuación de la demanda se realizó bajo los procedimientos legales vigentes, y que no es cierto, como lo asevera la demandante, que la DIAN hubiera efectuado un decomiso, ya que solo se procedió a la aprehensión de la mercancía que obedece a una figura legal diferente (fl. 94 a 100, c.1).

4. Mediante escrito del 5 de julio de 1994, la Procuraduría 14 en lo Judicial, solicitó se vinculara al proceso a los señores Etelberto Quintero Pineda, Jefe de Investigación y Vigilancia Aduanera de la Regional Barranquilla, y a Fabián García Castañeda, Jefe Regional de Aduanas de Barranquilla, funcionarios que actuaron en la aprehensión de la mercancía (fl. 91, c.1). La parte demandada estuvo de acuerdo con tal solicitud y pidió que dichas personas fueran vinculadas como llamados en garantía (fl. 100, c.1).

4.1. En consecuencia, por auto del 24 de noviembre de 1994, el Tribunal Administrativo del Atlántico llamó en garantía a los señores Etelberto Quintero Pineda y Fabían García Castañeda (fl. 122 y 123, c.1). El primero de los mencionados fue notificado mediante emplazamiento, a través de edicto publicado en una emisora y en un diario de amplia circulación (fls. 145, 153, 154 y 156, c.1), a quien se le designó curador ad litem, nombrado mediante auto del 28 de marzo de 2005 (fl. 171, c.1) y posesionado el 21 de abril de ese año (fl. 179, c.1); el segundo, fue notificado personalmente el 16 de diciembre de 1996 (fl. 130, c.1).

5. Los llamados en garantía contestaron de la siguiente manera:

5.1. La apoderada del señor Fabián García Castañeda presentó escrito de contestación, en el que resaltó que, en efecto, para la época de los hechos desempeñaba el cargo de Jefe Regional de Aduanas de Barranquilla, quien estaba debidamente facultado para verificar la legalidad de las importaciones de la mercancía que se encontraran dentro de su jurisdicción.

5.1.2. Recordó que en uso de dichas facultades, ordenó la visita domiciliaria n.º 32 del 15 de octubre de 1995, para lo cual comisionó a los señores Etelberto Quintero, Ruperto Cano Murcia, Alberto Martínez Vera, Pablo Pérez Bautista y Héctor Campos Mora, de suerte que no presenció la correspondiente diligencia.

5.1.3. Dijo que no obstante lo anterior, en la correspondiente acta, se dejó constancia de la causa de la aprehensión, esto es, la falta de la Declaración de Despacho para Consumo, sin que sobre tal hecho la propietaria presentara objeción alguna; acta en la que en todo caso se advirtió que “el interesado podrá demostrar la legalidad de la introducción de los bienes al país en el término de 10 días. Artículo 10 Decreto 2352 de octubre 17 de 1989”.

5.1.4. Sostuvo que comoquiera que al momento de la visita no se demostró que la mercancía estuviera debidamente amparada, era su obligación iniciar el proceso de verificación, el cual culminó con la devolución de la mercancía, luego de que la parte actora aportara las Declaraciones de Despacho para Consumo n.º 1635 de julio 24 de 1992 y n.º 1471 de julio 1º de 1992.

5.1.5. Arguyó entonces que su actuación se ajustó a derecho y que la demandada, como administrada, debía soportar la carga de que sus mercancías fueran aprehendidas para efectos del cumplimiento oportuno de las propósitos estatales (fl. 131 a139, c.1).

5.2. Por su parte, el curador ad litem del señor Etelberto Quintero Pineda, dijo que dicha persona, en calidad de Jefe de la Unidad de Investigación y Vigilancia Aduanera de Barranquilla, procedió al cumplimiento de la Orden de Visita e Inspección n.º 32 del 15 de octubre de 1992, razón por la que se trasladó a la dirección señalada, para efectos de confrontar los documentos relacionados con las mercancías que allí se encontraban.

5.2.1. Agregó que comoquiera que el propietario de la mercancía no pudo demostrar su legalidad al momento de la inspección, fue menester proceder el levantamiento del Acta de Aprehensión n.º 30041 del 22 de octubre de 1992 y a retener la mercancía hasta tanto de demostrara que estaba debidamente amparada.

5.2.3. Alegó que el proceder descrito se realizó conforme al debido proceso y que no había responsabilidad del servidor en este caso, por cuanto actuó en aras del cumplimiento del ordenamiento aduanero (fl. 186 a 188, c.1).

6. Vencido el periodo probatorio y dentro del término para la alegar de conclusión en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 1º de marzo de 2010 (fl. 238, c.1), corrió traslado a las partes por el término de diez días y al agente del Ministerio Público para que emitiera concepto previa solicitud, los cuales intervinieron así:

6.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reiteró la legalidad de su actuación, ya que de acuerdo con los artículos 3º, 9º, 48, 49, 60 y 61 del Decreto 1644 de 1991, era el organismo competente para verificar la permanencia de mercancías extrajeras que se encuentren en el país.

6.1.1. Precisó que su actuar no fue arbitrario, en la medida que al momento de la visita la demandante exhibió un documento que no demostraba la legal introducción de la mercancía, pues pretendió ampararla con la Declaración n.º 00934 del 21 de mayo de 1992, que no correspondía al usuario, sino al almacén o bodega de la Aduana de Riohacha, tanto que durante el procedimiento administrativo la interesada aportó unas Declaraciones para el Consumo distintas, esto es, las identificadas con los n.º 1471 y 2635 de 1992.

6.1.2. Expresó que si bien era cierto que el hecho que se adelante un proceso de definición jurídica de la mercancía provoca preocupaciones e incomodidades a las personas que resultan vinculadas a ella, esa sola circunstancia no tiene el mérito suficiente para que de ahí se derive un perjuicio indemnizable, cuya existencia debe ser demostrada en cada caso (fl. 239 a 244, c.1).

6.2. La parte demandante insistió en que los inspectores de la DIAN desconocieron de manera arbitraria los documentos aduaneros exigidos por la ley, razón por la que la retención de la mercancía fue ilegal, misma que fue devuelta 3 meses después y en mal estado; devolución para la cual tuvo que acudir a un profesional del derecho a quien tuvo que pagarle honorarios (fl. 254 a 257, c.1).

7. Surtido el trámite de rigor, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primer grado el 21 de abril de 2010, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente (f. 260 a 278, c.2):

7.1. El Tribunal encontró que al momento de practicarse la visita de revisión ordenada por la Jefatura Regional de Aduanas de Barranquilla, el señor Álvaro Rincón Cadena presentó la declaración de Despacho de Consumo n. º 00934 del 21 de mayo de 1992 de Riohacha. No obstante, puntualizó que el funcionario de la DIAN, constató que dicha declaración se refería a una copia perteneciente al almacén o bodega de la Aduana de Riohacha que no debía estar en manos de los usuarios, e igualmente detectó una serie de inconsistencias que era menester aclarar, razones que llevaron consigo a la aprehensión de la mercancía para establecer la legalidad de su procedencia.

7.2. De este modo, sostuvo que la Jefatura Regional de Aduanas de Barranquilla – División de Infracciones, delegó y adelantó todos los trámites de conformidad con la normatividad vigente al momento de los hechos, con el fin de establecer la legal importación y concesión de régimen aduanero, de las mercancías aprehendidas.

7.3. También encontró, que luego de la aprehensión, la sociedad demandante solicitó la devolución de la mercancía, petición a la que anexó una serie de documentos que permitían demostrar la legal procedencia de las varillas retenidas, razón por la DIAN finalmente ordenó la devolución de los bienes, dejando claro que:

(…) entre otras cosas, que al momento de realizarse la visita de revisión, el señor ÁLVARO RINCÓN CADENA, si bien presentó una declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992 de Riohacha, también lo es que no contaba con toda la documentación que sólo fue anexada después (3 de noviembre de 1992), conllevando a que la aprehensión de las mercancías llevada a cabo en su momento, se encontrara ajustada a la Ley por falta de documentación necesarias que permitiera demostrar establecer (sic) la legal importación y concesión del régimen aduanero de dicha mercancía.

Siendo entonces que la respuesta al interrogante jurídico planteado sea un NO, no tiene derecho la sociedad demandante a que se le pague perjuicio alguno por la aprehensión de la que fue objeto la mercancía consistente en varillas de hierro de diferentes calibres y dimensiones.

8. El 28 de enero de 2011 la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión (fl. 280, c.2), el cual fue concedido mediante auto del 30 de julio de 2010 (fl. 282, c.2). El recurso fue admitido por el Consejo de Estado, a través de providencia del 3 de mayo de 2013, de modo que la parte demandante sustentó la impugnación en el siguiente sentido (fl. 300 a 305, c.1):

8.1. Manifestó que la actuación de los funcionarios de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Barranquilla vulneró los artículos 2º 6º, 15, 25 y 58 de la Constitución Política, al igual que los artículos 1º y 2º del Decreto 2274 de 1989, por cuanto adelantaron una diligencia de visita donde se ordenó la retención de mercancías de su propiedad, siendo que estas se encontraban debidamente amparadas con documentos aduaneros, entre ellos, “las declaraciones de despacho para consumo Números 1471 de Julio 1º de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992”, de suerte que los soportes que respaldaban su legal importación fueron desconocidos de manera arbitraria por los funcionarios de la aduana.

8.2. Recordó entonces que la Jefatura Regional de Aduanas de Barranquilla dio inicio al correspondiente proceso administrativo n. º 114 de 1992, vinculado al señor Álvaro Rincón Cadena y a la sociedad Rincón Cadena & Cia Ltda. como supuestos infractores de la ley aduanera, de manera que tuvo que solicitar la devolución de los bienes aprehendidos, “previa acreditación de la legalidad de la importación y la propiedad”, por lo que después de 3 meses, mediante Resolución n.º 0013 de enero de 1993, tales bienes le fueron devueltos.

8.3. Por consiguiente, dijo que la demandada se encontraba obligada a indemnizar los perjuicios causados por actos contrarios a la ley, en este caso, materiales consistentes en daño emergente y lucro cesante, así como perjuicios de índole moral.

9. El 31 de mayo de 2013 se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión en segunda instancia (fl. 313, c.2), término dentro del cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y en los alegatos presentados ante el a-quo (fl. 314 a 316, c.2). La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 334, c.2).

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales de la acción

10. Por ser la demandada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

11. La Sala es competente para resolver el presente asunto iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón del recurso de apelación presentado por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto.

12. En cuanto a la procedencia de la acción se tiene que debido a las múltiples formas en las que se expresa la administración pública, el Código Contencioso Administrativo fijó la extensión del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de suerte que le otorgó la facultad para juzgar actos administrativos, hechos, omisiones, operaciones administrativas, contratos estatales e inclusive actos políticos y de gobierno.

12.1. En consonancia con lo anterior, dicha legislación puso a disposición de los administrados mecanismos procesales diversos, con el propósito de plantear ante los jueces los conflictos que se susciten entre ellos y la administración pública; dentro de los que tienen una naturaleza ordinaria se encuentran las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

12.2. De esta forma, se ha considerado que el adecuado empleo de tales acciones no depende de la libre escogencia de quienes acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de la forma como la Administración se haya expresado o dado origen al desmedro o daño que el reclamante alega. Así lo ha considerado el Consejo de Estado:

Por otra parte, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, es necesario establecer cuál es el origen del daño que se alega, para determinar así mismo, cuál es la acción correcta; puesto que si aquel procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A; pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación contractual, o del proferimiento de actos administrativos contractuales, o, en fin, de una relación contractual existente entre el afectado y la entidad estatal, las reclamaciones que pretendan efectuarse con fundamento en la misma, deberán encauzarse por la vía de la acción relativa a controversias contractuales, contemplada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Pero si el daño proviene, como lo dice el artículo 86, de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa.

12.3. Nótese cómo la acción de simple nulidad fue regulada por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio del control de legalidad sobre los actos administrativos por cuyo ejercicio se somete a examen la validez de la decisión de la administración, con el único fin de confrontarla con el orden jurídico y establecer si se ajusta a este o no. Esta acción le permite a las partes pedirle al juez la verificación del respeto a las normas superiores en que debía fundarse, la veracidad de sus motivos, la ausencia de vicios en su expedición, la competencia de quien lo ha expedido y que en su ejercicio no se hayan desviado las atribuciones que la ley le confiere.

12.4. Así, el control de legalidad que ejerce el juez en el marco de esta acción está encaminado a la confrontación del acto con el orden jurídico, y tiene como finalidad mantener la legalidad y expulsar del ordenamiento aquella decisión administrativa de carácter general que adolece de vicios que afectan su validez.

12.5. Por su parte, cuando la acción no solo está llamada a ejercer el control de legalidad de la decisión administrativa, sino a obtener el restablecimiento del derecho y/o la reparación del eventual perjuicio, ha de ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 ibídem.

12.6. De otro lado, en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

12.7. Para el caso concreto se tiene que si bien es cierto que en los hechos de la demanda se expresó que la aprehensión del material de construcción dio lugar a un procedimiento administrativo por parte de la DIAN para efectos de la acreditación de su legal importación, el cual culminó un acto administrativo, esto es, la Resolución 00013 del 21 de enero de 1993, expedida por la Jefe Regional de Aduanas de Barranquilla, donde se accedió a la devolución de la mercancía (fl. 10,c.1), no lo es menos que la parte actora no ataca la legalidad de tal decisión, que por demás le beneficia, sino un hecho anterior a su expedición, esto es, la operación administrativa consistente en la orden de visita y posterior aprehensión de varias varillas de hierro de su propiedad, que en su parecer le fueron quitadas arbitrariamente.

12.8. En efecto se trata de una operación administrativa la que cuestiona aquí la demandante, tema sobre el cual esta Corporación ha dicho:

“El acto administrativo es la declaración de voluntad de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, capaz de producir efectos jurídicos. A la luz de la doctrina el contenido del acto se traduce en una decisión, en una certificación o registro, o en una opinión o concepto, este último excepcionalmente se puede considerar como tal por razón de su obligatoriedad. Por su parte, la operación administrativa es la actividad material de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, que tiene por objeto la ejecución de los actos administrativos. Hacer efectivo su cumplimiento.” (Se subraya). Sobre esta materia ya en ocasión anterior la misma Corporación había señalado: El acto administrativo, de acuerdo con la definición del tratadista Jean Rivero, es "un acto de voluntad destinado a introducir un cambio en las relaciones de derecho que existen en el momento en que él interviene, o mejor, a modificar el ordenamiento jurídico"; en tanto que las operaciones administrativas son "a menudo la ejecución material de obligaciones preexistentes". (Se destaca)

12.9. De esta manera, en este caso, se avizora que el 15 de octubre de 1992 la Dirección General de Aduanas – Jefatura Regional de Barranquilla, mediante acto administrativo, ordenó visita de inspección al establecimiento denominado “Puntillas el Tigre” (fl. 28, c.1), diligencia que se llevó a cabo el 22 de octubre de 1992 en la cual se produjo la aprehensión de varias varillas de hierro de propiedad de la demandante.

12.10. Se trata entonces de la combinación de una orden dada mediante acto administrativo y su posterior ejecución, esta última en la cual, considera la parte demandante, la DIAN se extralimitó en sus funciones al ordenar la aprehensión de una mercancía debidamente amparada.

12.11. Por consiguiente, se trata de circunstancias que deben ser estudiadas a través de la acción de reparación directa, máxime cuando se observa que no se ataca la legalidad de ningún acto, sino el comportamiento desplegado por funcionarios estatales que con su actuar presuntamente provocaron un daño antijurídico a los intereses de la accionante.

13. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se encuentra acreditada por la demandante, esto es la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda, que a través de su representante legal, el señor Álvaro Rincón Cadena intervino en el procedimiento administrativo que se originó con ocasión de la aprehensión de la mercancía.

14. Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que la parte actora atribuyó los daños padecidos a la Dirección General de Aduanas (hoy DIAN), autoridad que a través de sus funcionarios procedió a la aprehensión de las mercancías de la sociedad demandante.

15. Concerniente a la caducidad, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

15.1 Conforme a lo anterior, el término de caducidad en este caso debe ser computado desde el día que fue aprehendida la mercancía de la demandante, hecho que tuvo lugar el 22 de octubre de 1992, por lo que la parte actora podía presentar acción de reparación directa hasta el 24 de octubre de 1994, y comoquiera la demanda se radicó el 13 de abril de 1994 (fl. 88, c.1), lo fue dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

16. La Sala debe establecer si con ocasión de la actuación desplegada por la DIAN que culminó con la aprehensión de una mercancía, se provocó el daño alegado por la demandante; y de comprobarse, será menester verificar si este comporta la calidad de antijurídico, debido a una actuación irregular o arbitraria de la administración aduanera, o si por el contrario refiere a una circunstancia que la accionante estaba en el deber de soportar.

III. Relación probatoria
17. En el proceso fueron aportados, decretados y allegados los siguientes medios de prueba:

17.1. El 15 de octubre de 1992, la Jefatura Regional de Barranquilla de la entonces Dirección General de Aduanas (hoy DIAN), emitió orden de visita de inspección al establecimiento de comercio denominado “Puntillas el Tigre”, ubicado en la Av. 31 con calle 35 de la ciudad de Barranquilla (fl. 18, c.1).

17.2. En consecuencia, el 22 de octubre de 1992 se celebró la visita en el lugar indicado, y ese día, se procedió a la aprehensión de 8398 varillas de hierro corrugado de diferentes dimensiones. Así se deriva del denominado “Documento Único de Aprehensión e Ingreso de Mercancías”, en el que se consignó como causal la “falta de declaración”. Esta aparece firmada por el señor Álvaro Rincón Cadena (fl. 27, c.1).

17.3. En consecuencia, el 23 de octubre de 1992, el Jefe de la División de Investigación y Vigilancia Aduanera, el señor Etelberto Quintero Pineda, rindió el siguiente informe (fl. 19, c.1):

De acuerdo a la información obtenida por esa Jefatura Regional, relacionada con el descargue de varillas de hierro en la Calle 31 n.º 35-21, “Comercializadora El Tigre” y en la Calle 10 n.º 47-52 “Maderas y Hierro Ltda.” mercancía esta procedente de Venezuela, me permito informar que dándole cumplimiento a la Orden de Visita n.º 32 de la Jefatura, se practicó revisión de la “Comercializadora El Tigre” de propiedad del señor Álvaro Rincón Cadena, y se encontraron varillas de hierro venezolano de varias dimensiones en la cantidad estipulada en el documento único de aprehensión n.º 30.041. El propietario señor Rincón me presentó la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo 92 (sic) de Riohacha por el cual amparaba la legalización de la introducción, esta copia la cual adjunto, pertenece al almacén o bodega de la Aduana de Riohacha y no debe estar en manos de usuarios y además presenta inconsistencias que deben aclararse en la Aduana de Riohacha por esta (sic) razones se efectuó la aprehensión y se depositaron las varillas en la Bodega de Alcomercio a órdenes de esta Jefatura Regional de Aduanas para su investigación por parte de la División Jurídica.

Se adjuntan los siguientes documentos:
Fotocopia de la orden de registro n.º 032
Fotocopia de las facturas n.º 3380, 3351, 2810 y 3402 de entrega de la firma RINCÓN CADENA y CIA LTDA.
Copia de recibo de mercancías de Alcomercio n.º 53101, 53115, 53137, 53158.
2ª copia del Documento Único de Aprehensión n.º 30041.
Copia de la Declaración de Despacho para Consumo de la Aduana de Riohacha n.º 00934 del 21 de mayo de 1992, Serie D328813, correspondiente a bodega de la Aduana de Riohacha.

El total de varillas fue 8.398
Peso total 67.740 kilos (Se destaca)

17.3.1 Adjunto a dicho documento, está la Declaración de Importación n. º 00934 del 21 de mayo de 1992, donde aparece referido como importador el señor Francisco Avendaño Triviño y como agente de aduana “Aduanera del Norte y Cia”, donde si bien se describe una mercancía, consistente en barras de acero de diferente calibre, se hace en una cantidad menor a la aprehendida, esto es, 5.682 unidades con un peso de 60.000 kilos.

17.4. Acto seguido, el 28 de octubre de 1992, la División Técnica de la Jefatura Regional de la Aduana practicó diligencia de reconocimiento y avalúo de las mercancías decomisadas a las que les asignó el siguiente valor (fl. 36, c.1):

C/dad
Descripción M/cia
P. Arancelaria
Grv
V/Unt
V/Total
203
Unidades varillas corrugadas de 7/8 x 12 metros
73.08.90.10.00
15%
10.000
2.030.000
635
Unidades varillas corrugadas de ½ x 12 metros
73.08.90.10.00
15%
3.500
2.222.500
6090
Unidades varillas corrugadas de ½ x 6 metros
73.08.90.10.00
15%
1.700
10.353.000
1173
Unidades varillas corrugadas de ¾ x 6 metros
73.08.90.10.00
15%
3.800
4.457.400
297
Unidades varillas corrugadas de 5/8 x 6 metros
73.08.90.10.00
15%
2.700
801.900
Total 19.864.800

17.5. Posteriormente, el 30 de octubre de 1992, la Jefatura Regional de Aduana de Barranquilla – División de Infracciones, comisionó a la Dra. Jacinta Cera Castillo para el adelantamiento de los trámites tendientes a establecer la legal importación y concesión de régimen aduanero para las mercancías aprehendidas (fl. 6, c.1).

17.6. El 3 de noviembre de 1992, el apoderado del señor Álvaro Rincón Cadena & Cia Ltda., solicitó la devolución de la mercancía aprehendida y aseveró que al momento de la retención de esta, el propietario hizo entrega de las Declaraciones de Despacho para Consumo n.º 01635 del 24 de julio de 1992 y n.º 01471 del 1º de julio de 1992, pero que igualmente se permitía allegar dichos documentos con los cuales se amparaba la legal importación de dichos insumos. El referido abogado manifestó (fl 7, c.1):

Al serle solicitado por los funcionarios de la Aduana los documentos que amparan las varillas de hierro, el señor ÁLVARO RINCÓN CADENA le entregó al Mayor QUINTERO PINEDA los documentos de amparo de los bienes: Declaración de despacho para consumo n.º 02635 de julio 24 de 1992 y la n.º 01471 de julio 1º de 1992. Así mismo le fue solicitado el favor que revisara la declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992 de la Aduana de Riohacha en razón de que este documento había sido dejado en la oficina del señor JORGE SARMIENTO empleado de la Cía RINCÓN CADENA por vendedores de hierro y este empleado había exigido se le dejara este documento para constatar su legitimidad, antes de proceder a su compra; los documentos, declaraciones de Despacho para consumo que hoy adjuntamos fueron devueltos a mi mandante por el señor JEFE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES, en la oportunidad de marras. (Se destaca)

17.7. De esta forma, el 21 de enero de 1993 el jefe Regional de la Aduana de Barranquilla emitió la Resolución n.º 00013, por medio de la cual ordenó la devolución de la mercancía relacionada en el acta de aprehensión del 22 de octubre de 1992, con fundamento en lo siguiente (fl. 9 a 11, c.1):

Que de acuerdo a lo anterior, se procedió a la retención de la mercancía y elaboración del acta de aprehensión n.º 30041 de octubre 22/92 y entregadas a la Almacenadora Alcomercio S.A., según consta en los recibos de ingreso (…) ya que no se encontraba amparada con los documentos pertinentes al momento de la inspección, según consta en el oficio de fecha octubre 23/92 del Jefe de Investigación y Vigilancia Aduanera; así mismo se anexa copia de la Declaración de Despacho para Consumo n.º 934 de mayo 21/92, correspondiente al Almacén o Bodega, la cual no corresponde al expediente (…)

Que el señor JESÚS SALVADOR QUINTERO CASTILLA, identificado con C.C. 7.415.202 de Barranquilla, quien actúa como apoderado del señor ALVARO RINCÓN CADENA, mediante memorial radicado bajo el n.º 6749 de noviembre 3 de 1992, solicitó la devolución de la mercancía aprehendida y como prueba adjunta los siguientes documentos:

1.- Declaración de Despacho para consumo n.º 1635 de julio 24/92, comprobante de pago de derechos aduaneros Serie A n.º 090503436.
2.- Declaración de Despacho para consumo n.º 1471 de julio 1/92, comprobante de pago de derechos aduaneros Serie A n.º 090503248.
2.- Comprobantes de pago correspondientes a las diferentes compras efectuadas sobre la señalada mercancía.

Lo anterior, en copia de sus originales autenticadas por la Aduana de Riohacha.

Que este despacho con el objeto de clarificar sobre el particular y producir un fallo ajustado a la legalidad, mediante oficio n.º 331 de noviembre 9/92, solicitó a la Jefatura Regional de Riohacha fotocopia auténtica de las Declaraciones de Despacho para Consumo n.º 1635 de julio 24/92 y 1471 de julio 1º/92 con todos sus anexos.

Lo anterior fue reiterado en oficio n.º 245 de noviembre 26/92, los cuales obran en folios 35 al 55.

El mismo interesado en fecha 27 de noviembre de 1992 allega fotocopias debidamente autenticadas de los comprobantes de pago donde demuestra la compra de las mercancías relacionadas con los manifiestos n.º 1635 de julio 24/92 y 1471 de julio 1º/92 (folio 56), e igualmente fotocopia de documentos para que se establezca la relación de causalidad entre el importador y el comprador (folios 64, 65) (…)

Que al hacer el análisis de las pruebas antes relacionadas se colige que las mercancías objeto de controversia se encuentra debidamente legalizada ya que se encuentran amparadas por la documentación expedida por la Jefatura Regional de la Aduana de Riohacha.

El Despacho considera que es procedente la devolución de la mercancía ya que se ha cumplido así con lo estipulado por el artículo 12 del Decreto 2352/89, que establece: “En el momento en que se demuestre la legal importación, el Jefe Regional de la Aduana, ordenará mediante providencia motivada la entrega de la mercancía”.

17.8. A folio 5 del cuaderno principal aparece certificación del 26 de enero de 1993, emitida por el abogado Jesús Quintero Castilla, en la que hizo constar que recibió del señor Álvaro Rincón, en su calidad de representante legal de la sociedad “Cadena & Cia Ltda”, la suma de $1.000.000 por concepto de honorarios profesionales por las actuaciones adelantadas dentro del proceso n. º 114-2 ante la “Administración de la Aduana Seccional”.

17.9. El 26 de febrero de 2007, la perito contable Ana de Jesús Agudelo del Águila rindió dictamen pericial acerca de los perjuicios presuntamente sufridos por la empresa demandante, especialmente acerca de “las utilidades dejadas de percibir por la sociedad demandante, debido a la retención de la mercancía relacionada en el hecho tercero, por parte de la DIAN” (fl. 212 a 215, c.1).

17.9.1. Así, en dicho peritazgo, la auxiliar de la justicia calculó las utilidades dejadas de percibir, lucro cesante, partiendo del hecho de que la mercancía tenía un valor de $19.864.800 al momento de la aprehensión, sobre el cual tasó un 10% mensual de pérdidas que arrojó $1.986.480, suma que multiplicada por tres meses dio un total de $5.959.400, última que indexó hasta el año 2006 para un valor de $30.093.937, cantidad sobre la cual calculó intereses moratorios para un gran total de $579.646.579.

17.9.2. La perito no solo calculó lo presuntamente dejado de percibir por la demandante, sino que también dio por probado el daño emergente, consistente en el pago de honorarios al abogado que representó a la sociedad demandante en el trámite administrativo, esto es, la suma de $1.000.000, que indexó y arrojó $5.049.793 a la que le agregó intereses de mora por $92.215.484.

17.9.3. Igualmente la auxiliar de la justicia consideró que también se provocaron perjuicios morales por la afectación al buen nombre de la empresa demandante, en razón de 1.000 smlmv, equivalentes a $433.700.000. El valor probatorio de este dictamen será analizado de manera pormenorizada en caso de que resulte necesario el reconocimiento de perjuicios.

17.10. Dentro de este proceso, el 18 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo del Atlántico recibió el testimonio de las siguientes personas, quienes sobre los hechos de la demanda expresaron:

17.10.1. El señor Vicente Luque Narváez, quien dijo conocer al representante legal de la sociedad demandante por ser este último cliente de la empresa del primero, expresó (fl 230 a 231, c.1):

Sí, hace tiempo atrás no recuerdo exactamente la fecha, al señor Álvaro Rincón dueño de la sociedad Rincón Cadena le decomisaron la Aduana Nación de esa época un material de barras de acero o hierro arbitrariamente (…) En el momento de decomiso del hierro, el señor se puso en contacto conmigo para que lo ayudara resolver el problema del decomiso, a él lo conozco por ser cliente de mi (Trefilados de la Costa Ltda), lo conozco hace más de 15 o 20 años, yo lo acompañé a ventilar el caso y el abogado que él escogió no comentó que eso era arbitrario, lo que había hecho la Aduana Nacional. PREGUNTADO: El testigo manifestará al Despacho si conoce los perjuicios materiales y morales que sufrió el señor ÁLVARO RINCÓN en su condición de representante legal de la sociedad RINCÓN CADENA y Cia por el decomiso de la mercancía relacionada en respuestas anteriores. CONTESTÓ: Tiempo después, pasado el suceso de decomiso él se vio afectado económicamente debido al costo que él había invertido en el material, se reflejó en el funcionamiento de su negocio, faltándole así este dinero (…)

17.10.2. De igual forma, el señor Pedro Arturo Cadena Díaz, quien dijo ser cuñado de uno de los socios de la empresa Rincón Cadena y Cia Ltda., y uno de sus fundadores, sobre los hechos arguyó (fl. 232 y 238, c.1):

PREGUNTADO: El testigo, manifestará al Despacho si conoce los motivos por los cuales ha sido citado en el día de hoy, en caso de saberlo no lo dirá; CONTESTÓ: Sí, él es comerciante de hierro, que yo recuerde él tenía una mercancía importada de Venezuela, y arbitrariamente en una visita que le hizo la aduana se la decomisaron por supuesto contrabando, Hasta donde yo sé, el hombre presentó documentación, la verdad no me acuerdo si le devolvieron la mercancía. De ahí en adelante no sé más nada. PREGUNTADO: De conformidad con su respuesta anterior, el testigo informará al Despacho, si tiene conocimiento sobre los posibles perjuicios materiales y morales que sufrió el señor Álvaro Rincón en su condición de representante legal de la sociedad Rincón Cadena y Cïa. CONTESTÓ: Si los hubo porque como le dije anteriormente el hierro es una mercancía que uno compra de contado por anticipado en la fábrica, por lo que al retenerle esa mercancía le quitan una plata que tiene circulante, y soy testigo que a raíz de eso el señor entró en una crisis económica. Además de lo anterior, debo agregar que fue tal la crisis económica que a que llegó él que llegó a tener depresiones cosas que lo llevaron a caer en el mundo de la droga, a raíz de todas esas penas económicas y morales (…)

17.10.3. Finalmente, el señor Miguel Alfredo Álvarez Herazo, quien dijo ser comerciante de profesión, alegó (fl. 234 a 235, c.1):

Tengo más o menos idea de lo que le ha pasado al señor Álvaro Rincón hace algunos años. Yo tengo ferretería y yo le compraba a él, él ha caído en el mercado. Yo le compraba bastante hierro, varilla, me dijeron que le habían decomisado una mercancía, que él traía de Venezuela, de ahí viene su declive, no se ha podido levantar, se ha venido a pique. PREGUNTADO: De conformidad con su respuesta anterior, el testigo informará al Despacho si conoce los posibles perjuicios materiales y morales que ha sufrido el señor Álvaro Rincón. CONTESTÓ: Él se ha perjudicado, porque la gente cuando ve que alguien le han decomisado mercancía, piensa que la mercancía es de contrabando, entonces la gente perdió confianza en él, pero yo sé que es un hombre serio que era mayorista, Moralmente él ya no es el mismo de antes; él era un hombre reconocido, pero ya ha decaído, le ha caído la roya (…)

17.11. Con la demanda se aportó certificado de existencia y representación legal de la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla el 11 de febrero de 1994, en donde aparece lo siguiente:

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto principal: 1) La comercialización de productos en Colombia y en el exterior: la exportación de productos y la importación de bienes o insumos, bien sea para abastecer el mercado interior colombiano o para la fabricación de productos exportables y la compra y venta y distribución de mercancías de cualquier clase; 2) La inversión de sus fondos o disponibilidades en bienes que produzcan rendimientos periódicos o renta más fija; 3) La adquisición de bodegas para la consignación de mercancías y manejo de las mismas; 4) La intermediación comercial en todas sus formas: 5) La apertura, arrendamiento, explotación y enajenación de establecimientos de comercio, para el cabal desarrollo del objeto social y en cuanto se relacione con el mismo, la sociedad estará facultada para adquirir, gravar, enajenar, modificar o reformar bienes sean muebles o inmuebles; tomar y dar bienes, según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, depósito, hipoteca, prenda o anticresis; tomas o dar dinero en mutuo, con o sin garantía reales y con o sin intereses; realizar contratos de sociedad, de cuentas en participaciones o contratos bancarios y toda clase de actos, contratos y operaciones con títulos valores y en general, todo acto que propenda a la realización del objeto social (…)

DURACIÓN: El término de duración de la sociedad se fijó en TREINTA (30) años, contados desde el 3 de agosto de 1982.

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijó en la suma de $500.000 moneda legal colombiana, divido en $500 cuotas de un calor nominal de $1.000 cada una. Capital que ha sido pagado por los socios:

Nombre N.º Cuotas Valor
Rincón Cadena Álvaro 250 250.000
Rincón Arce & Cia Ltda. 250 250.000

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes (…)

Que el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Barranquilla, mediante oficio n.º 118 de fecha 25 de Septiembre de 1991, inscrito en esta Cámara de Comercio, en fecha 3 de octubre de 1991 bajo el n.º 4392 del libro respectivo, comunica que se decretó el: Embargo de las cuotas REGI que tiene ÁLVARO RINCÓN CADENA en la sociedad denominada RINCÓN CADENA & CIA LIMITADA.

IV. Análisis de la Sala

18. Para empezar, vale afirmar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 constitucional, los elementos que conforman la responsabilidad del Estado son el daño antijurídico y la imputabilidad. En ese orden de ideas, previo al estudio de la imputación del daño es necesario precisar que, para que surja la responsabilidad al Estado, se requiere que dicho daño se encuentre debidamente acreditado en el proceso y constituya un desequilibrio de las cargas públicas que la persona no está llamada a soportar, es decir, si ostenta el carácter de antijurídico.

18.1. Para el asunto en cuestión, la demanda se orienta a exigir la responsabilidad de la administración por los presuntos daños inferidos a la sociedad Rincón Cadena & Cia Ltda., con ocasión de la aprehensión que realizó la DIAN de 8398 varillas de hierro corrugado y de diferentes calibres, que en su parecer, provocó que fuera “privado del derecho a disponer libremente de ella, comercializarla en el mercado local y por ende privado para obtener una utilidad económica de la misma (…)”

19. De este modo, en relación con el daño, acorde con los medios de prueba allegados al expediente, se encuentra que en diligencia de visita practicada el 22 de octubre de 1992 por parte de funcionarios de la otrora denominada Dirección General de Aduanas (hoy DIAN), en las instalaciones de la sociedad Rincón Cadena Cía. Ltda., funcionarios de dicha entidad procedieron a la aprehensión de 8398 varillas de hierro corrugado de diferentes dimensiones (v. párr. 17.2), material que permaneció bajo custodia del ente estatal hasta el momento en que se produjo la verificación de su legal introducción al país y la consecuente orden de devolución emitida mediante Resolución n.º 00013 del 21 de enero de 1993, suscrita por la Jefe Regional de Aduana de Barranquilla (v. párr. 17.7).

19.1. De este modo, aparece acreditado que, efectivamente, a la sociedad demandante le fue retenida una mercancía por un tiempo aproximado de 3 meses, término dentro del cual no pudo disponer libremente de ella, afectándose así, de manera temporal el derecho de propiedad y tenencia que la sociedad demandante detentaba sobre ella.

20. Ahora, en lo que respecta a la imputación del referido daño, le corresponde a la Sala verificar si este tuvo lugar por una actuación del Estado constitutiva de una falla del servicio como título de imputación por excelencia para desencadenar el deber indemnizatorio del Estado, producto del incumplimiento de algún deber estatal.

20.1. En este orden de ideas, en la demanda se plantea, principalmente, la restricción temporal al derecho a la propiedad privada (Art. 58 C.P), que aparentemente entró en contradicción con algunas potestades de la Administración tendientes a proteger fines estatales, especialmente, en lo relacionado con la labor de prevención, represión del contrabando y protección del régimen de aduanas.

20.2. Al respecto, en los eventos en que se ha intentado conocer los límites de la potestad del legislador en cuanto a la regulación de los derechos fundamentales, y en menor escala, las atribuciones de la Administración para la restricción de libertades, la doctrina y la jurisprudencia han advertido que los derechos, aún los de carácter constitucional, no pueden considerarse ilimitados o absolutos.

20.3. No obstante, se ha advertido que es imprescindible identificar el núcleo esencial de los derechos como barrera o límite infranqueable para los poderes públicos y, para ello, es menester encontrar su importancia relativa con respecto a otros bienes igualmente protegidos por la Constitución Política.

20.4. En el derecho colombiano, el artículo 58 de la Constitución Política reconoce a la propiedad como un derecho subjetivo del que se deriva una función social y ecológica, con miras al cumplimiento de varios deberes de índole constitucional, tales como: la protección del medio ambiente, la promoción de la justicia, la equidad y el interés general (arts. 1, 2, 95 numerales 1 y 8).

20.5. En complemento de lo anterior, se tiene que para la época de los hechos, año 1992, regían normas de derecho aduanero, tales como el Decreto n.º 2274 de 1989, que para el cumplimiento de los propósitos estatales en su artículo 1º obligaba a que:

Toda mercancía que sea introducida en el territorio deberá ser presentada o declarada ante las autoridades aduaneras. La mercancía importada que sea sorprendida en lugares no habilitados por la Aduana para el ingreso y permanencia de la mercancía que se introduzca al país, será decomisada si con relación a ella no se acredita el cumplimiento previo de los trámites correspondientes a su presentación, declaración o despacho, en los términos previstos en el régimen aduanero. Tal mercancía será de propiedad de la Nación, en virtud del acto de decomiso que así lo disponga. La expedición de dicho acto será competencia de la Dirección General de Aduanas y copia del mismo se remitirá de inmediato a la jurisdicción penal aduanera para iniciar lo de su competencia. (Se destaca)

20.6. De esta suerte si una mercancía no era presentada o declarada ante la autoridad aduanera, tal incumplimiento provocaba, de manera similar a como lo prevé la normatividad actual, la consecuencia adversa de ser decomisada si con relación a ella no se acreditaba el cumplimiento previo de los trámites correspondientes, de suerte que pasaba a ser de propiedad de la Nación.

20.7. Ahora, sobre la figura del decomiso, la Corte Constitucional ha dicho, verbigracia en la sentencia C-194 de 1998, que es una determinación administrativa y una herramienta de aplicación inmediata que se adopta en la lucha contra la evasión y el contrabando con el fin de evitar que se lesione gravemente la economía nacional y la competencia desleal, veamos:

El decomiso aduanero constituye una herramienta de aplicación inmediata, de carácter efectivo en la lucha contra la evasión y el contrabando, con el fin de evitar que se lesione gravemente la economía nacional, así como la competencia leal, lo cual garantiza la prevalencia de los bienes colectivos y supraindividuales. El decomiso se trata de una determinación administrativa, de carácter inmediato, que adopta la autoridad correspondiente como consecuencia de las situaciones fácticas establecidas en las normas demandadas, que no son propias de la extinción del dominio, y en consecuencia, no requieren de una sentencia judicial, sin perjuicio del trámite del proceso penal por la actividad delictiva que ello genera.

20.8. Tales criterios fueron reiterados por la Corte Constitucional en la sentencia C-191 de 2016:

En lo que concierte a los cargos formulados contra los artículos 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, en el sentido de su posible inconstitucionalidad por desconocer el debido proceso (artículo 29 de la Constitución), la demanda señalaba que las medidas de decomiso de bienes, en cuestión, desconocían  la reserva judicial en materia de extinción de dominio (artículo 34 de la Constitución), al atribuir la competencia para decomisar bienes a autoridades administrativas. A este respecto, la Corte concluyó que la norma es constitucional en cuanto existen profundas diferencias entre el decomiso administrativo y la extinción de dominio, razón por la cual, al no tratarse de medidas de extinción de dominio, resulta constitucionalmente válido atribuir la competencia para su adopción a autoridades administrativas. (Se destaca)

20.9. Como se ve, en dichas sentencias, especialmente en la primera, se cuestionó si la figura del decomiso era asimilable a la de la extinción de dominio, lo que en criterio de quien demandó en la acción de exequibilidad, vulneraba el debido proceso al tratarse de decisiones que solo debían ser adoptadas por los jueces y no por una autoridad administrativa, planteamiento ante el cual el máximo órgano de control constitucional manifestó que se trata de figuras diferentes y que era perfectamente válido que estuviera en cabeza de un órgano administrativo para efectos de garantizar la lucha contra la evasión, el contrabando y proteger la economía nacional.

20.10. Sin embargo, es del caso aclarar que el mismo ordenamiento preveía, previo a la imposición de la sanción del decomiso de mercancías que presuntamente podrían haberse introducido de manera irregular al territorio nacional, que la autoridad hiciera uso de la medida de “aprehensión” sobre las bienes en cuestión, entendida esta como una medida cautelar, consistente en la retención temporal de los elementos respecto de las cuales se configure las causales previstas para ello.

20.11. De este modo, para la época de los hechos que se relatan en la demanda, regía el Decreto 2352 de 1989, “por el cual se establece el procedimiento correspondientes a la aprehensión y decomiso de mercancías”, el cual contemplaba:

Artículo 1º. Las mercancías de origen extranjero que se transporten dentro del país, excepto los equipajes de viajeros, deberán estar acompañadas por uno de los siguientes documentos:

1. Autorización de traslado expedida por la Administración de Aduana de partida.

2. Declaración de régimen aduanero.

3. Guía de transporte extendida por la persona o empresa que vende, cede, dona, pignora, permuta, traslada o consigna la mercancía.

Artículo 2º. Sin perjuicio de otras causales de aprehensión, la ausencia del documento correspondiente que debe acompañar el traslado de la mercancía, dará lugar a la aprehensión de la misma.

Artículo 3º. Para efectos de las diligencias y trámites relativos a las actuaciones de aprehensión y decomiso, será competente la Administración de la Aduana en cuya jurisdicción se efectuó la aprehensión de la mercancía (…)

Artículo 6º. En los casos de aprehensión de mercancías efectuada en lugares de exhibición, venta o depósito, se entregará copia del acta de aprehensión a quien manifieste tener derechos sobre las mismas o tenerlas bajo su responsabilidad, o en su defecto, a una de las personas que allí se encuentren. En todo caso, se notificará por aviso, mediante fijación de copia del acta de aprehensión a la entrada del inmueble. Se entenderá surtida dicha notificación transcurridos cinco (5) días a partir de la fecha de fijación de la copia.

Se dejará constancia, por parte de la autoridad que realice la actuación de las diligencias correspondientes a la entrega y fijación de las copias del acta de aprehensión. Dicha constancia hará parte del expediente respectivo (…)

Artículo 9º. Las mercancías aprehendidas se entregarán inmediatamente al Fondo Rotatorio de Aduanas en las bodegas situadas en el ámbito de la jurisdicción de la Administración de Aduana competente. A más tardar, al día hábil siguiente de haberse efectuado la aprehensión, el Administrador de Aduana o su delegado dispondrá las correspondientes diligencias de reconocimiento y avalúo (…)

Artículo 12. En el momento en que se demuestre la legal importación, el Administrador de la Aduana, ordenará mediante providencia motivada la entrega de la mercancía.

Cuando el valor de la mercancía aprehendida sea superior al equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, procederá la consulta ante la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Aduanas, a menos que dicha providencia hubiere sido objeto de recurso de apelación.

Si en los términos previstos en los artículos precedentes no se demostrare la importación legal, el Administrador de Aduana expedirá la correspondiente resolución motivada de decomiso, en la cual se reconocerá, graduará y ordenará el pago de las participaciones a que hubiere lugar. (Se destaca)

20.12 Bajo tales normas, las mercancías de origen extranjero que no contaran con autorización de traslado, declaración de régimen aduanero o guía de transporte, eran susceptibles de ser aprehendidas por parte de la autoridad aduanera del lugar donde estas se encontraran, mismas que debían permanecer almacenadas hasta tanto se demostrara su legal importación bajo el adelantamiento de un breve procedimiento administrativo, dentro del cual se le daba la oportunidad al demandando para allegar las pruebas de la legal introducción de los bienes retenidos, trámite que finalizaba con la devolución de las mercancías.

21. Aunado a lo anterior, se destaca que para el año 1992 estaba vigente el Decreto 1644 de 1991, que establecía la estructura y funciones de la entonces denominada Dirección General de Aduanas y sus dependencias así:

ARTICULO 1o. La Dirección General de Aduanas es una dependencia operativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargada de la dirección y operación técnica y administrativa de los regímenes aduaneros, organizada con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos y funciones: (…)

d) La prevención y sanción de las infracciones al Régimen de Aduanas y la represión y aprehensión del contrabando; (…)

ARTICULO 9.Son funciones de la Oficina de Control: (…)

c) Proyectar y supervisar en todo el país un plan de visitas de inspección y control a las dependencias de la Dirección General de Aduanas, a los intermediarios y usuarios del servicio aduanero;

ARTICULO 48. Son funciones de la Subdirección de Investigaciones Aduaneras:

a) Programar, dirigir y controlar las labores de prevención, represión y aprehensión del contrabando en todo el país, comunicando al Director General de Aduanas los resultados de sus actividades;

b) Determinar en coordinación con la Dirección General de Aduanas, las operaciones aéreas, marítimas y terrestres en el país, para la prevención y represión del contrabando y las infracciones aduaneras;

c) Orientar y coordinar los programas generales de actividades de las Divisiones de Investigación y Vigilancia Aduanera de las Jefaturas Regionales de Aduana; (…)

ARTICULO 49. Son funciones de la División de Operaciones Especiales Aduaneras:

a) Preparar y realizar operativos de revisión por sectores de la actividad económica nacional, para verificar el cumplimiento de las normas aplicables en los regímenes aduaneros de importación y exportación de mercancías;

b) Aprehender mercancías por contrabando e infracciones aduaneras y ponerlas a disposición de la autoridad competente; (…)

ARTICULO 60.Son funciones de las Jefaturas Regionales de Aduana en su correspondiente jurisdicción: (…)

e) Prevenir y reprimir el contrabando y las infracciones aduaneras y coordinar con la Subdirección de Investigaciones Aduaneras las actividades relacionadas con este propósito;

f) Resolver la situación legal de las mercancías aprehendidas por infracciones a las normas aduaneras, e imponer las sanciones por responsabilidad de los infractores conforme a la competencia definida en las disposiciones legales (…)

ARTICULO 61. Son funciones del Jefe Regional de Aduana:

a) Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Jefatura Regional de Aduana; (…)

k) Dirigir las labores relacionadas con la prevención y represión del contrabando y de las infracciones aduaneras en la respectiva jurisdicción, y apoyar los programas generales que establezca la Subdirección e Investigaciones Aduaneras;

l) Responder por la debida aplicación de las disposiciones legales relativas a los decomisos y aprehensiones de las mercancías, y decidir sobre su situación; (Se destaca)

21.1. Nótese entonces que dentro de la multiplicidad de funciones asignadas a la Dirección General de Aduanas, se encuentran aquellas relacionadas con la prevención, represión y aprehensión del contrabando, mismas que igualmente podían ser ejercidas a través de las respectivas Jefaturas Regionales de Aduanas existentes en diferentes lugares del territorio nacional.

22. Bajo tal panorama normativo, en el caso concreto la parte actora plantea que la demandada actuó de manera arbitraria al momento de la retención de la mercancía, por cuanto desconoció el valor probatorio de los documentos exhibidos al momento de la aprehensión.

22.1. Así, teniendo en cuenta que por actuar arbitrario se entiende aquel que depende la voluntad o capricho de una persona, contrario a la lógica, la razón o las leyes, debe la Sala destacar que reposa prueba de que el 22 de octubre de 1992, previa orden del Jefe Regional de Barranquilla de la Dirección General de Aduanas (v. párr. 17.1), se llevó a cabo la correspondiente visita de inspección al establecimiento denominado “Puntillas el Tigre”, ubicado en la ciudad de Barranquilla, donde la demandada encontró 8398 varillas de hierro de diferentes dimensiones a cuya aprehensión se procedió, por cuanto no contaba con declaración de importación que la amparara debidamente (v. párr. 17.2.).

22.2. Al día siguiente, mediante informe del 23 de octubre de 1992, el Jefe de la División de Investigación y Vigilancia Aduanera explicó que al momento de la diligencia, quien dijo ser el propietario de la mercancía, el señor Álvaro Rincón Cadena, aportó la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992, documento que en criterio de la DIAN presentaba inconsistencias que era menester aclarar, y además por cuanto pertenecía a la Aduana de Riohacha y no debía estar en manos de particulares (v. párr. 17.3).

22.3. Ahora bien, la accionante en la demanda dice desconocer lo afirmado en dicho informe, por cuanto en los hechos asegura (v. párr. 2.1) que al momento de la visita de inspección sí contaba con las declaraciones que amparaban la legal introducción de la mercancía, como lo eran las identificadas con los números “1471 del 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992”.

22.4. Lo anterior quiere decir, que tanto demandante como demanda están de acuerdo en un mismo punto, esto es, que la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992 en realidad no era el documento que soportaba la legal importación de las varillas, y sí las identificadas con los números 1471 del 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992, tal como se vio en el párrafo anterior.

22.5. Esa conclusión se corrobora no solo con lo dicho en la demanda presentada en este proceso, sino también es una reiteración de lo afirmado por la accionantes dentro del procedimiento administrativo, cuando a través de apoderado, 3 de noviembre de 1992 solicitó la devolución de la mercancía, donde se dijo que al momento de la visita el propietario de la mercancía, “el señor ÁLVARO RINCÓN CADENA le entregó al Mayor QUINTERO PINEDA los documentos de amparo de los bienes: Declaración de despacho para consumo n.º 02635 de julio 24 de 1992 y la n.º 01471 de julio 1º de 1992” , igualmente que “le fue solicitado el favor que revisara la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992 de la Aduana de Riohacha en razón de que este documento había sido dejado en la oficina del señor JORGE SARMIENTO empleado de la Cía RINCÓN CADENA por vendedores de hierro y este empleado había exigido se le dejara este documento para constatar su legitimidad, antes de proceder a su compra” (v. párr. 17.6).

22.6. Se tiene claro entonces que ninguna de las partes considera que la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992 fuera el documento que amparara la mercancía, hecho a partir del cual se justificó la aprehensión de las mencionadas varillas según lo relatado en el informe del 23 de octubre de 1992 (v. párr. 17.3); pero la diferencia de lo planteado por los integrantes de la litis o el quid del asunto radica, en que la parte actora afirma que al momento de la inspección de visita sí presentó las declaraciones 1471 del 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992 las cuales fueron devueltas y no valoradas por la Dirección General de Aduanas, en tanto que la accionada asegura que estos últimos documentos solo fueron presentados después de la aprehensión.

22.7. En otros términos, la Sala entiende que para la demandante, lo que aparece consignado en el informe 23 de octubre de 1992 emitido por el señor Etelberto Quintero Pineda (v. párr. 17.3) no corresponde a la realidad, ya que allí no se consignó que sí presentó las declaraciones 1471 del 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992 que amparaban la legal importación de las varillas de hierro.

22.8. Para absolver tal duda, esta Corporación solo cuenta con el mencionado documento que cuestiona la accionante, donde se afirma que en la visita de inspección solo se aportó la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992, documento público cuya falsedad material no ha sido demostrada.

22.9. Ahora, para controvertir lo consignado en el documento tantas veces mencionado y para corroborar que sí se presentaron los soportes de la legal importación de la mercancía al momento de la inspección, y que la DIAN actuó de manera arbitraria, la demandante solicitó la práctica de varios testimonios a saber:

22.9.1. El declarante Vicente Luque Narváez, dijo conocer los hechos, por cuanto el representante legal de la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda., se puso en contacto con él para que le ayudara a resolver el problema del “decomiso”; persona que respecto de la actuación de la DIAN señaló que “el abogado que él escogió nos comentó que eso era arbitrario” (v. párr. 19.10.1). Se trata entonces de un testigo a quien el demandante ciertamente le pidió ayuda, pero que no se encontraba al momento del decomiso, y que por ende no pudo dar cuenta de la actuación de la autoridad aduanera, ciudadano que si bien comenta que se trató de un procedimiento arbitrario, no afirma tal cosa porque le conste, sino porque lo escuchó de un tercero, del abogado que para entonces representaba a la demandante

22.9.2. Por su parte, el testigo Pedro Arturo Cadena Díaz, quien dijo ser cuñado de uno de los socios de la sociedad Rincón Cadena y Cia Ltda., afirmó que le constaba que el representante legal de dicha empresa, el señor Álvaro Rincón Cadena, era comerciante de hierro, quien “tenía una mercancía importada de Venezuela, y arbitrariamente en una visita que le hizo la aduana se la decomisaron por supuesto contrabando; hasta donde yo sé presentó documentación, la verdad no me acuerdo si le devolvieron la mercancía” (v. párr.. 19.10.2). Dicho testigo igualmente asevera que la mercancía fue retenida de manera arbitraria, pero no explica las razones de tal conocimiento, y pese a que dice que el demandante presentó documentación, no precisa si esta se refería a la que en realidad amparaba las varillas halladas o a la Declaración de Despacho para Consumo n.º 00934 del 21 de mayo de 1992.

22.9.3. También se recibió el testimonio de Miguel Alfredo Álvarez Erazo, quien dijo ser cliente del señor Álvaro Rincón durante varios años, persona que en su declaración se refirió más a los presuntos perjuicios sufridos por el demandante, pues referente a la actuación de la DIAN solamente expresó: “me dijeron que le habían decomisado una mercancía que él traía de Venezuela, de ahí viene su declive” (v. párr. 19.10.3). Igualmente se trata de un testigo de oídas, que solo conoce el hecho de la retención de la mercancía, pero no sus pormenores y que tampoco tiene el conocimiento suficiente para dar cuenta de si en realidad al momento de la aprehensión se presentó la documentación que la amparaba debidamente.

22.10. Bajo tales condiciones, la Sala no encuentra prueba de que lo manifestado en el informe del 23 de octubre de 1992, emitido por el Jefe de la División de Investigación y Vigilancia Aduanera (v. párr. 17.3) no corresponda a la realidad, esto es, que a pesar de que se hubiere presentado la documentación que amparaba la mercancía, aun así, esta se hubiere aprehendido.

22.11. Al contrario, la Sala corrobora que, ciertamente, al momento de la inspección, la sociedad demandante no contaba con las declaraciones idóneas para demostrar que el material encontrado fuera debidamente introducido al país, situación que obligó a la autoridad aduanera retener la mercancía como medida cautelar, y por ende provisional, para efectos de corroborar la legalidad de su permanencia en el territorio nacional, mediante un proceso administrativo al final del cual los bienes aprehendidos fueron devueltos.

23. Así, se estima que a la entidad demandada le asistían los fundamentos legales y reglamentarios suficientes, para que en ejercicio de su obligación de combatir el contrabando, proteger la economía y el interés general procediera a la retención temporal de la mercancía, a partir de lo cual dio inicio a un procedimiento administrativo para, justamente, respetar el debido proceso y darle la oportunidad al interesado de demostrar que sus bienes estaban debidamente amparados, actuación que culminó con la expedición de la Resolución n.º 0013 del 21 de enero de 1993, por medio de la cual se ordenó la devolución de la mercancía, cuya legalidad no discute la parte accionantes y en la que se corroboró que sí existía fundamento para la aprehensión temporal de las varillas de hierro, dado que “la Declaración de Despacho para Consumo n.º 934 de mayo 21/92, correspondiente al Almacén o Bodega, la cual no corresponde al expediente” (v. párr.. 17.7).

23.1. Lo anterior no solo refleja y descarta la ausencia de una falla del servicio o de una actuación arbitraria de la entonces denominada Dirección General de Aduanas, sino que también muestra que en la aprehensión de la mercancía fue relevante el comportamiento descuidado de la demandante, sociedad que conforme al certificado de existencia y representación legal (v. párr. 19.11), para la época de los hechos llevaba más de 10 años en ejercicio de su objeto social principal, que entre otras cosas, consistía justamente en la “exportación de productos y la importación de bienes o insumos” , lo que significa que sus empleados y almacenes debían contar con el conocimiento y experiencia suficiente en materia aduanera, que les permitía saber que era su obligación contar con las declaraciones con base en las cuales pudieran demostrar la legal importación las mercancías almacenadas, hecho que en este caso solo fue posible determinar luego del aludido procedimiento administrativo.

23.2. De este modo, se trata de un daño que perfectamente hubiera podido prever y evitar la demandante, ya que de haber reposado en el lugar donde se realizó el decomiso las correspondientes declaraciones de importación n.º 1471 del 1º de julio de 1992 y 2635 de julio 24 de 1992, que no allegó sino después de ser requerida para ello (v. párr. 17.6) muy seguramente la Dirección General de Aduanas no se hubiere visto obligada a la aprehensión de la mercancía.

24. En estos términos, la Sala considera que el daño alegado no es antijurídico, pues se trató de un desmedro que la sociedad demandante estaba en la obligación de soportar, dado que no obedeció a una actuación arbitraria o desproporcionada de la administración constitutiva de una falla del servicio, y por el contrario, sí al incumplimiento de un deber de la accionante de contar siempre con los documentos que acreditaran la legal importación de sus bienes.

24.1. Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 21 de abril de 2003, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

VI. Costas

25. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes, por lo que no condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de abril de 2003, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Presidenta

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 7 de julio de 1994 (fl. 89 y 90, c.1).
Para el caso se precisa que por mandato del artículo 106 de la Ley 6ª de 1992, se trasformó la denominada Dirección General de Aduanas, que era una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Aduanas Nacionales adscrita a dicho ministerio, como entidad de carácter técnico, con las mismas funciones, estructura y demás competencias administrativas y operativas que la ley le asignaba a la anterior dependencia. Posteriormente, por virtud del Decreto 2117 del 29 de diciembre de 1992, se dispuso fusionar la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, creada por el Decreto - ley 1643 de 1991, en desarrollo de la Ley 49 de 1990, con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales, creada por la Ley 6ª de 1992, en la Unidad Administrativa Especial denominada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Se aclara que previo a la admisión del recurso de apelación, el 28 de enero de 2011 el Consejo de Estado ordenó la devolución del expediente al tribunal de origen, pues en ese momento consideró que interponerse el recurso, ya se encontraba vigente el artículo 63 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 212 del C.C.A., que consagró que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia no solo debía ser formulado, sino también sustentado ante el a-quo, so pena de declarar desierto el recurso, y dado que el demandante no había sustentado la apelación, era competencia del Tribunal Administrativo del Atlántico pronunciarse al respecto (fl. 288 a 290, c.1). La accionante presentó recurso de súplica contra tal determinación y alegó que para el momento de la interposición de la impugnación, el 14 de julio de 2010, aún no entraba a regir la Ley 1395 de 2010, que fue expedida un días después, el 15 de julio de 2010, por lo que el recurso debía tramitarse de acuerdo a lo estipulado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010 en su texto original, esto es, no era menester la sustentación ante la primera instancia (fl. 291, c.1). Así, en vía de súplica, el 3 de mayo de 2013 la Sala accedió a revocar el auto recurrido, para en su lugar admitir el recurso en segunda instancia, pues pese a que la Ley 1395 de 2010 sí había entrado a regir antes de la interposición del recurso de apelación (el 12 de julio de 2010), sus modificaciones no eran aplicables al caso concreto, ya que para esa fecha la sentencia ya se encontraba dentro del término de ejecutoria, lo que implica que conforme al artículo 40 de la Ley 187 de 1887, modificado por el artículo 264 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieran empezado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo implican que los recurso se rijan por las normas de la legislación vigente al momento en que estos empezaron a surtirse (fl. 309 a 311, c.2). La demanda fue presentada el 13 de abril de 1994, sin embargo, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpuso el 14 de julio de 2010 y pese a que por ese solo hecho, en principio, se podría entender que la impugnación se presentó en vigencia de la Ley 1395 de 2010, lo cierto es que acorde con las motivaciones expresadas mediante el auto del 3 de mayo de 2013 (v. párr. 8 y pie de página 2) que por vía de súplica revocó el auto del 28 de enero de 2011 que había ordenado devolver el expediente al despacho de origen, se consideró, conforme al artículo 40 de la Ley 187 de 1987, que la norma procesal aplicable en este caso era la vigente a momento en que los términos empezaron a correr, esto es, la normativa anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 1395 de 2010. Bajo esa misma lógica, para la determinación de la cuantía, no es aplicable el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010 que señala que esta de determinará por la suma de todas la pretensiones, sino el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil que preceptúa que la cuantía se fija por la pretensión mayor. Así, se tiene que en la demanda se señaló como pretensión mayor la cantidad de $100.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios morales, suma que es superior a 500 smlmv del año 1994 ($49.350.000) y que le da al presente proceso la vocación de una segunda instancia. El texto del artículo 83 del Código Contencioso Administrativo refiere al control sobre “los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad”, no obstante, debe aclararse que con la expedición de la Ley 80 de 1993, el Estatuto de la Contratación Estatal eliminó la clasificación de contratos administrativos y los denominó contratos estatales. Así lo previó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo: “(…) Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno”.

Vale aclarar que existe otros mecanismos de control de orden constitucional, como lo son la acción popular y la acción de grupo, regulados por la Ley 472 de 1998. El código contencioso administrativo, en el artículo 88, preveía la acción de definición de competencias administrativas, pero dicha disposición fue derogada por la Ley 954 de 2005. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 1997, exp. 1232, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente n.º 15036, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Así se desprende del acta del 22 de octubre de 1992, suscrita por Etelberto Quintero Pineda, Jefe de la División de Investigación y Vigilancia Aduanera, en la que se puso de presente que ese día de efectuó la aprehensión de las varillas de propiedad de Álvaro Rincón Cadena (fl. 27, c.1). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. “De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el daño antijurídico ha sido definido como la lesión, menoscabo, perjuicio o detrimento, patrimonial o extrapatrimonial, de los bienes o derechos de los cuales el titular no tiene el deber jurídico de soportar”. Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. Parejo Alfonso, Luciano. “El contenido esencial de los derechos fundamentales, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981”. Revista Española de Derecho Constitucional, Vol 1. Num 3. Septiembre – Diciembre 1981. Corte Constitucional, sentencia T – 284 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Providencia donde se analizó el caso de un predio declarado por el Concejo Municipal de Chía como de utilidad pública y autorizó al alcalde municipal para que adelantara la negociación directa y voluntaria para la adquisición del mencionado inmueble, en los términos previstos en la Ley 9a. de 1989, "precisando además que la destinación del predio sería para la continuación del Complejo I Institucional, Educativo, Cultural y Deportivo del Municipio". En el mencionado acuerdo, se ordenó que en el evento de que no se llegase a un arreglo, o si se vencían los términos legales para la negociación directa, el alcalde municipal podría adelantar la expropiación del inmueble. Al respecto dicha Corporación estimó: “Por otra parte, que ni el derecho a la propiedad, ni ninguno de los demás derechos, es absoluto, pues tiene siempre como limitante el interés general, ante el cual debe ceder, con el fin de que todo el ordenamiento jurídico, económico y social logre su cabal desarrollo y su estabilidad. Adicionalmente debe anotarse que el núcleo esencial de la propiedad no se altera por el mero hecho de haberse decretado la expropiación”.

Parejo Alfonso, Luciano Ibídem: “Es claro, pues, que los derechos fundamentales, como cualesquiera otros derechos subjetivos, no son ilimitados, sino que están sujetos a todo un sistema de límites, y que la garantía constitucional de un contenido esencial en los mismos tiene la condición de barrera infranqueable (de límite) al resultado del proceso de concreción de todos los límites posibles”. Como lo es el Decreto 2685 de 1999 que en el artículo 1º define el “decomiso” como “el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502o. de este Decreto”
Aunque con distinta norma, el ordenamiento aún le otorga a la autoridad aduanera la potestad de aprehender mercancías cuando no se demuestre su legal introducción, así lo hace el Decreto 2685 de 1999: “APREHENSION Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502o. del presente Decreto”.

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