Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2005-00190-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2005-00190-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 81001-23-31-000-2005-00190-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
10 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de junio de 2022
Radicación número: 81001-2331-003-2005-00190-01 (53928)
Actor: Alain Bermúdez Cabrera y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado – error judicial – identificación del daño
– satisfacción de pretensiones ordinarias como reparación
Síntesis del caso: Varios docentes demandaron a un ente territorial por considerar que su
vinculación en la modalidad de “soluciones educativas” fue precaria. En el proceso de
nulidad y restablecimiento, aunque se declaró la existencia de una relación laboral y se
ordenó el pago de cesantías e intereses a las cesantías, se declaró la prescripción de los
demás derechos laborales porque no se demandó dentro del término de prescripción. Se
alega que esa sentencia incurrió en error judicial.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
parte demandante, contra la Sentencia de 3 de diciembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.
Esta Sala es competente para proferir esta Sentencia por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una decisión proferida por un Tribunal
Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998 y, de
conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de los Contencioso
Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la
demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera
instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 3 de agosto de 2005, los señores Alain Bermúdez Cabrera, Zoyla Rosa
Bravo Reyes, Luz Marina Camuán Jeréz, Olga Yelicza Céspedes Piñeros,
Marines Ceballos, Heriberto Cristancho Toscano, María Elena Daza Sánchez,
María Gilma Escobar Vera, Marisol Gamboa Peña, Carlos Alberto Herrera
Méndez, Carmen Rosa Lozano Mena, Deinis María Mejía Gárces, Dolly Yoled
Miller Pérez, Eduardo Muñoz Bravo, Nelly Isabel Parra Sánchez, Eduar
Payares Morón, Sonia Nayibe Pérez Lara, Mauricio Portilla Portilla, María
Omaira Rivera Alfonso, Gloria Sanabria Acero, Elsa Tabarquino Acero y
1 Para el momento de la presentación de la demanda la cuantía debía ser superior a 500 smmlv que, equivalen a
$190.750.000 y, en la demanda se solicitó solo para uno de los demandantes la suma de $172.690.116 de perjuicios
materiales.
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Radicación número:81001-2331-003-2005-00190-01 (53928)
Actor: Alain Bermúdez Cabrera y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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Martina Martínez de Guzmán interpusieron acción de reparación directa2
contra la Nación – Rama Judicial y los magistrados que adoptaron la
decisión, Luz Mary Cárdenas Velandia, Wilson Arcila Arango y Luis Ramón
Giraldo Gutiérrez. Fueron sus pretensiones (se trascribe):
“1. Solicito se declare que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, es administrativamente
responsable de los perjuicios materiales y morales de toda índole, causados a los
actores (...) por el error jurisdiccional configurado en los fallos expedidos en sus
procesos ordinarios tramitados en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA,
violatorios del imperio de la ley al aplicarles y contabilizarles ilegal, inexcusable e
indebidamente la figura de la prescripción de sus derechos laborales hacia
adelante, negándoles las pretensiones de sus demandadas.
2. Que en consecuencia, se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer
y pagar a los actores mencionados, o a quien represente legalmente sus derechos,
y a título de reparación directa la indemnización correspondiente por los daños y
perjuicios materiales (equivalentes a los derechos laborales desconocidos y no
pagados por el Municipio de Arauca) y morales, de toda índole y causado, según
lo que resulte probado.
(…)”
2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:
3. 1) Los demandantes fueron vinculados al Municipio de Arauca a través
de “soluciones educativas” sin recibir los salarios y prestaciones como
empleados públicos, desde el 1 de febrero de 1991 hasta el 30 de junio de
1995. En consecuencia, una vez terminó la prestación de sus servicios, en el
año 1996, solicitaron al alcalde de la época el reconocimiento y pago de
sus derechos laborales. Sin embargo, no recibieron respuesta.
4. 2) Después de 4 años de espera, los demandantes interpusieron recursos
de reposición en contra de los actos presuntos. Estos recursos tampoco
fueron decididos por la Administración.
5. 3) En el año 2002, cada uno de los actores interpuso demandas en contra
del municipio de Arauca en las que, en síntesis, solicitaban que se
reconociera la vinculación docente desde febrero de 1991 hasta junio de
1995 y que, en consecuencia, se les reconociera y pagara todos los salarios
y prestaciones dejadas de percibir. En total los actores presentaron 22
demandas.
6. 4) El Tribunal Administrativo de Arauca, “comenzó a proferir fallos
inhibitorios en cada uno de estos procesos de los docentes (…) por
considerar que la acción estaba caducada (…)”. Ese tribunal explicó que,
dado que la reclamación al municipio se instauró en 1996, no era posible
aplicar la reforma del CCA prevista en la Ley 446 de 19983. En consecuencia,
la acción estaba caducada porque los actos administrativos no se
demandaron dentro de los 4 meses a partir del día siguiente en que se
configuró el silencio administrativo.
2 Folios 27 a 50 del cuaderno 1.
3 Según la cual “artículo 136 numeral 3 CCA: la acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá
interponerse en cualquier tiempo”
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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7. 5) Se explicó que, inconformes con las sentencias, resolvieron instaurar
una acción de tutela contra providencia judicial. El Consejo de Estado,
Sección Tercera, en fallo de 10 de agosto de 2003, tuteló el derecho al
debido proceso, dejó sin efectos todos los fallos inhibitorios y concluyó que
la acción interpuesta por los docentes no estaba sometida a caducidad
porque debía aplicarse la Ley 446 de 1998, según la cual, cuando se tratara
de actos presuntos la demanda podría interponerse en cualquier tiempo.
8. 6) Anotó que el Tribunal Administrativo de Arauca en lugar de acatar el
fallo dictó nuevas sentencias “decretando nuevamente la caducidad de la
acción, pero con el nombre de prescripción, violándole a los actores sus
derechos laborales”. Explicó que, en las sentencias, se declaró la nulidad de
los actos fictos demandados, se declaró la existencia de una verdadera
relación laboral “pero en vez de ordenar la consecuencia ineludible en estas
acciones que era el restablecimiento del derecho mediante el pago de
derecho laborales a título de indemnización, lo que hizo fue declarar ya no
la caducidad de la acción, sino la prescripción de los derechos reclamados,
reconociéndoles nada más las cesantías”. Sin embargo, a su juicio, la
prescripción sobre los derechos laborales reclamados, no fue otra cosa que
la aplicación de la caducidad.
9. Se alegó que, en esas providencias, se incurrió en error judicial porque se
declaró la prescripción de sus derechos laborales y no de la acción. Agregó
que, en todo caso, no había lugar a declarar la prescripción de la acción
porque la disposición que la habilitaba, Decreto Ley 3135 de 1968 y su
Decreto Reglamentario 1848 de 1989, regían en la jurisdicción ordinaria.
Que, para la jurisdicción de lo contencioso administrativo aplicaba la
caducidad; explicó que, en la medida que se estructuró en su favor el
silencio administrativo negativo, no había lugar a su configuración.
Concluyó que no podía declararse la prescripción de la acción y menos aún
la prescripción de los derechos.
10. Respecto del daño, se agregó que “los demandantes como
consecuencia del error jurisdiccional cometido por los magistrados
demandados, no obtuvieron ni obtendrán en sus procesos ni de parte del
Municipio de Arauca, el pago de una indemnización equivalente a lo que
por derechos laborales podrían devengar durante los extremos temporales
laborados si hubiesen sido empleados públicos, ya que apenas se les
reconoció a cada uno lo correspondiente a cesantías y sus intereses que da
lugar a una suma irrisoria, cuando tenían derecho a una indemnización
integral equivalente a todas y cada una de las prestaciones que reciben los
docentes municipales tal como lo reconoció miles de veces el Consejo de
Estado, recibiendo por ello perjuicios materiales que se traduce en los
valores correspondientes a todos los derechos laborales que perciben los
docentes no reconocidos y los intereses comerciales que ellos
devengarían”.
1.2 Posición de la parte demandada
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11. La Nación – Rama Judicial contestó4 y se opuso a la demanda. En
síntesis, alegó que, si bien en la primera decisión que declaró la caducidad
de la acción, se configuró un error, el mismo fue subsanado por el Consejo
de Estado en sede constitucional de tutela. Agregó que en la Sentencia se
acató el fallo de tutela, se resolvió de fondo, se declaró la nulidad de los
actos, se ordenó el restablecimiento de unos derechos y, finalmente, se
declaró la prescripción de otros derechos laborales. Afirmó que esa decisión
era acorde a la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Agregó que, en todo caso, las Sentencias no les causaron ningún
daño antijurídico a los demandados “porque no se demostró la relación
causal entre las mismas y los perjuicios alegados, ya que estos no tienen por
causa la actuación de la Rama Judicial”.
12. Los magistrados demandados: Luz Mary Cárdenas Velandia, Wilson
Arcila Arango y Luis Ramón Giraldo Gutiérrez contestaron la demanda5 y se
opusieron a las pretensiones bajo dos argumentos. El primero, que los autos
que declararon la caducidad optaron por una interpretación válida según
la cual la modificación introducida por la Ley 446 de 1998 al artículo 136 del
CCA en materia de “no caducidad” cuando se tratare de actos presuntos,
no aplicaba en este caso por la aplicación de la ley en el tiempo (la petición
en la que se reclamaban sus derechos se había presentado en 1996). El
segundo, que los fallos que declararon la prescripción de los derechos se
soportaron en una decisión de unificación de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de 18 de noviembre de 2003 y que, en esa
medida, lo alegado por los demandantes se trataba de una diferencia de
interpretación, pero no de un error judicial. Además, aseguraron que los
fallos de tutela que se profirieron a favor de los demandantes nunca
ordenaron que sus pretensiones se resolvieran de manera favorable, sino
que se decidieran de fondo como, en efecto, ocurrió.
1.3 Sentencia de primera instancia
13. En Sentencia de 3 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca6 se negaron las pretensiones de la demanda bajo
dos argumentos.
14. Se efectuó un estudio de fondo, únicamente respecto del error judicial
contenido en la sentencia que resolvió la nulidad y restablecimiento de la
demandante Marines Ceballos comoquiera que fue la única sentencia que
se aportó. Frente a las demás se indicó que “no se aportaron al expediente
las providencias judiciales que se cuestionan y sin esos medios probatorios
es imposible determinar la existencia del error jurisdiccional (…)”.
15. Respecto de la Sentencia de 22 de agosto de 2005, que falló el asunto
de la señora Marines Ceballos argumentó que no existió error judicial
4 Folios 551 a 561 del Cuaderno No. 1
5 Folios 511 a 528 del Cuaderno No. 1
6 Folios 749 a 768 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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respecto de la declaratoria de prescripción7 por 3 razones a saber. A) No se
declaró la caducidad. Por el contrario, se acogió lo resuelto por el Consejo
de Estado en el proceso de tutela y se estudió el fondo del asunto. Fue así
como, se declaró la nulidad de los actos acusados, se declaró la existencia
de una relación laboral, se ordenó el restablecimiento consistente en el
pago adeudado por concepto de cesantías e intereses que era
imprescriptible. Finalmente, se declaró la prescripción de las demás
prestaciones reclamadas. B) Frente a la aplicación de la prescripción,
explicó que, dado que la docente reclamaba la existencia de una relación
laboral y el pago de prestaciones, debía aplicarse el Decreto Ley 3135 de
19688 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1989910. Luego, resultaba
razonable el análisis del Tribunal según el cual, dado que la reclamación
ante la entidad se presentó el 25 de enero de 1996, interrumpía la
prescripción por un lapso igual de 3 años (hasta el 25 de enero de 1999). En
la medida que la demanda se instauró el 18 de diciembre de 2000, la
petición no tuvo la virtud de interrumpir la prescripción. En consecuencia,
operó la extinción de los derechos porque no fueron reclamados durante el
periodo de tiempo señalado por la ley, salvo aquellos derechos
imprescriptibles (cesantías e intereses a las cesantías). C) La decisión era
acorde con diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado11 en los
cuales, al no haber interpuesto la demanda dentro del término de 3 años
después de la petición, ocurría la prescripción de los derechos
prestacionales.
1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia
16. La parte demandante12 apeló el fallo de primera instancia bajo dos
argumentos principales. El primero, que sí quedó probada la existencia de
todas las sentencias que resolvieron los asuntos de los demandantes. Explicó
que en la demanda se solicitó como prueba una inspección judicial13 que
7 Frente a esta decisión, la sentencia acusada de error judicial indicó: “Consignado lo transcrito, debe la Sala
ocuparse del fenómeno de la PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA de los derechos laborales reclamados, tal como planteó
el Ministerio Público. De vieja data, la jurisprudencia nacional tiene aceptado, que el régimen de prestaciones
sociales de los empleados públicos es el determinado en la ley y, en consecuencia, los términos prescriptivos
aplicables son los estipulados en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que a la letra dispone: “(…)” (…) En
concreto, en el caso de la demandante MARINES CEBALLOS habiéndose aportado prueba de la interrupción de
la prescripción a partir del 25 de enero de 1996, dado que la interrupción solo tiene efectos por una vez y por
término de tres (3) años, es inevitable concluir que, las prestaciones sociales reclamadas por la actora, sometidas
a prescripción trienal y cuatrienal se encuentran prescritas a partir del 26 de enero de 1999 y 2000, en virtud de
haberse acudido a la vía jurisdiccional el 18 de diciembre de 2000, excepto el derecho a la indemnización
equivalente al auxilio de cesantía e intereses, por ser prestación social imprescriptible.”
8 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”
9 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.”
10 Según los cuales: 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en esas disposiciones prescribían 3
años a partir de que la obligación se hacía exigible. 2. El reclamo del empleado oficial formulado ante la entidad
sobre un derecho o una prestación, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Rad 0371-2009, 0131-13 y Subsección A. 1133-2013. En la
primera de estas decisiones se indicó “En el sub lite el actor presentó ante la entidad demandada la reclamación
por las cesantías causadas y la sanción moratoria por los años 1987 y 1998, el 17 de octubre de 2000, es decir
dentro de los tres años después de su exigibilidad, interrumpiendo de esta forma la prescripción, dando inicio a
otro lapso igual, y dado que la demanda dirigida al reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas a la
entidad, fue presentada ante el Juez Laboral de Circuito de Santa Marta el 13 de agosto de 2004 (Fl. 6) operó el
fenómeno prescriptivo de los derechos prestacionales alegados, debido a que el actor tenía hasta el 17 de
octubre de 2003, para acudir ante el juez para hacer efectivas sus prerrogativas laborales”
12 Folios 799 a 833 del Cuaderno del Consejo de Estado.
13 En la demanda se solicitó: “INSPECCIÓN JUDICIAL. Se practique una inspección judicial en la sede la sede del
Tribunal Administrativo de Arauca, para constatar lo siguiente: a) La existencia de cada uno de los expediente
correspondientes a los procesos que promovieron los actores contra el municipio de Arauca, cuyos números de
radicación y ponentes están relacionados en los hechos; b) las demandas (fechas de representación – las
pretensiones) agotamiento de vía gubernativa, naturaleza jurídica de las acciones ejercidas; los fallos dictados
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fue decretada y practicada y que, fruto de esa inspección, el despacho en
el acta que dejó constancia de la práctica de la prueba realizó un cuadro.
Afirmó que, en ese cuadro, “se consignó la fecha de presentación de la
demanda inicial, fecha de presentación de la acción o aclaración, la
descripción de las pretensiones, el agotamiento de la vía gubernativa, la
naturaleza jurídica de las acciones, la existencia de la sentencia y la
certificación de la actividad docente. De tal manera es obvio que quedó
probado todo lo referente a la existencia de las sentencias que se
cuestionan (…)”.
17. El segundo, que sí se demostró el error judicial porque era evidente
que el Tribunal, al fallar, confundió las figuras de prescripción de los derechos
laborales con la prescripción de la acción laboral. Adujo que la prescripción
de la acción laboral no era aplicable a los actores que reclamaban su
vinculación como empleados públicos y que, en todo caso, la prescripción
de la acción se cuenta hacia atrás y no hacia adelante14. Copió como suyos
los argumentos expuestos en el salvamento de voto de la Sentencia
apelada, según el cual sí existió un error al momento de contabilizar la
prescripción.
18. Como argumentos adicionales señaló que existió un error cuando, en
un principio, se declaró la caducidad y, en consecuencia, se profirieron
fallos inhibitorios. También agregó que el hecho de haber declarado la
prescripción de sus derechos laborales implicó que los demandantes “no
obtuvieron en sus procesos ni de parte del municipio de Arauca, el pago de
una indemnización equivalente a lo que por derechos laborales si hubiesen
sido empleado públicos, ya que apenas se les reconoció a cada uno lo
correspondiente a cesantías y sus intereses, que da lugar a una suma irrisoria,
cuando tenían derecho a una indemnización integral equivalente a todas y
cada una de las prestaciones que reciben los docentes municipales (…)”
19. La parte demandante presentó alegatos de conclusión en los que
reiteró lo expuesto en el recurso de apelación15. Los demandados se
abstuvieron de presentar alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Costas
2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán
20. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque la demanda,
respecto de la Sentencia proferida el 22 de agosto de 2003, que resolvió el
(uno donde se declaró la caducidad de la acción e inhibición – otro donde se declaró la prescripción del derecho
a título de prescripción de la acción. c) En cada proceso, la inexistencia de la caducidad y/o prescripción según
el caso. d) Proyecto de acto administrativo emanada de la Alcaldía Municipal de Arauca, donde se reconoce la
actividad docente de los actores, el tiempo laborado, los valores que les pagarían y el rubro presupuestal
correspondiente para ello.”
14 Al respecto enfatizó “(…) por ser inconcebible, absurdo y contrario a derecho, se podía contar el término de
prescripción de un derecho laboral, hacia adelante, ya que por pura lógica jurídica, debe serlo siempre hacia
atrás, y en tal razón, al haber procedido en Tribunal en contraria, contando tales términos hacia adelante, incurrió
en un evidente y ostensible error jurisdiccional, cuya motivación para ello, nunca podrá ser razonable por lo
absurda (…)”
15 Folios 812 a 877 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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litigio promovido por la señora Marines Ceballos, se presentó oportunamente
y la reparación directa es el medio de control previsto para ventilar la
controversia propuesta.
21. La acción se ejerció de manera oportuna. Dado que la sentencia que
se enjuicia se profirió el 22 de agosto de 2003 y la demanda se instauró el 3
de agosto de 2005, no operó la caducidad.
22. Al igual que la primera instancia, se negarán las pretensiones respecto
de los demandantes que no aportaron la Sentencia que se enjuicia de error
judicial16. La Sala considera que la mínima carga probatoria que debe
cumplir quien acuda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
que le repare un daño causado por un error en una providencia judicial es
aportar la providencia. En el recurso, se alegó que, con la inspección judicial
que se solicitó, decretó y practicó, se demostró la existencia de las
Sentencias. Para la Sala, como lo anotó el recurrente, fruto de la inspección
judicial se realizó un cuadro que contiene información específica de cada
expediente; las casillas fueron: “Radicación expediente, fecha de
presentación de la demanda inicial, fecha de presentación de adición o
aclaración de la demanda, pretensiones en cada una de las demandas,
agotamiento de la vía gubernativa, naturaleza jurídica de las acciones,
fallos dictados y actividad docente”17. Sin embargo, esa información no
puede suplir el contenido de la sentencia que resulta indispensable
examinar para determinar si el operador judicial cometió o no un error. La
parte demandante no cumplió la carga probatoria y, aunque podía aportar
las sentencias, solicitar copia de las mismas e, incluso, pedir en préstamo los
expedientes, se limitó a solicitar una inspección judicial con el fin de que “se
constara su existencia, las demandas, el agotamiento de la vía gubernativa,
naturaleza jurídica de las acciones, los fallos dictados, la inexistencia de
caducidad y/o prescripción, y el proyecto de acto administrativo donde se
reconocía la actividad docente de los actores”. La Sala estima que el
cuadro de resumen resultado de la inspección no puede reemplazar las
Sentencias y con ello su contenido, su fundamento y su conclusión, dado
que las decisiones eran fundamentales para efectuar el estudio.
23. Respecto de la sentencia que sí fue aportada, la Sala confirmará la
decisión apelada que negó las pretensiones, con fundamento en que no se
estableció ni probó el daño alegado y, en todo caso, la declaratoria de
responsabilidad pretendida no podría ser imputada a la demandada.
2.2. Análisis sustantivo
24. Para la Sala, el error judicial no deja de ser un proceso de
responsabilidad extracontractual del Estado. En ese orden, el daño cuya
reparación se pretende es el primer elemento que debe identificarse y
16 Alain Bermúdez Cabrera, Zoyla Rosa Bravo Reyes, Luz Marina Camuán Jeréz, Olga Yelicza Céspedes Piñeros,
Geriberto Cristancho Toscano, María Elena Daza Sánchez, María Gilma Escobar Vera, Marisol Gamboa Peña,
Carlos Alberto Herrera Méndez, Carmen Rosa Lozano Mena, Deinis María Mejía Gárces, Dolly Yoled Miller Pérez,
Eduardo Muñoz Bravo, Nelly Isabel Parra Sánchez, Eduar Payares Morón, Sonia Nayibe Pérez Lara, Mauricio Portilla
Portilla, María Omaira Rivera Alfonso, Gloria Sanabria Acero, Elsa Tabarquino Acero y Martina Martínez de Guzmán.
17 Folios 471 a 476 y 480 a 486 Cuaderno No. 1
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acreditarse. En consecuencia, de manera previa a resolver si el Tribunal
Administrativo de Arauca incurrió en un error en su decisión, se requiere
estudiar si, efectivamente, se alegó, se individualizó y se probó un daño y,
solo de ser así, se entrará a revisar si ese daño se derivó de un error de la
sentencia acusada.
25. El actor indicó que el daño18 consistía en que el Tribunal Administrativo
de Arauca, al declarar la prescripción de sus derechos laborales, impidió
que los demandantes obtuvieran una indemnización equivalente a lo que
pudieron devengar si hubieran sido vinculados como empleados públicos.
Por su parte, a título de reparación de ese año, de acuerdo con las
pretensiones, se pidió “la indemnización correspondiente por los daños y
perjuicios materiales (equivalentes a los derechos laborales desconocidos y
no pagados por el Municipio de Arauca)”.
26. Para la Sala, el daño no puede ser que la docente haya perdido la
indemnización integral (entiéndase sin declaratoria de prescripción) porque
no existe una sentencia en firme en la cual se hubiera reconocido el derecho
cierto e indiscutible a esa indemnización. Luego, bajo esa interpretación, ese
daño sería incierto. Ahora, otra cosa es que, con la decisión de declarar la
prescripción se hubiera frustrado la posibilidad de que la docente hubiera
obtenido una indemnización integral. Sin embargo, en este escenario, debía
argumentarse y acreditarse de manera inequívoca el carácter cierto y
definitivo de esa pérdida de oportunidad.
27. Sin embargo, no se argumentó por qué esa pérdida de oportunidad era
cierta y definitiva. Si en todo caso, se asumiera que, con esa decisión, se le
frustró a la docente la posibilidad de obtener una indemnización completa,
lo cierto es que la reparación no puede consistir, como lo indica la
demandante según sus pretensiones, en el pago de los derechos laborales
desconocidos y no pagados por el Municipio de Arauca por dos razones.
28. La primera, porque la reparación en el marco del error judicial tiene
como fin reparar un daño causado por una providencia judicial y no
satisfacer las pretensiones de otros procesos judiciales, caso concreto, el de
nulidad y restablecimiento del derecho. Aceptar que, por esta vía, se logren
las pretensiones de un proceso contencioso administrativo de tipo laboral es
desdibujar la garantía de especialidad del juez y convertirlo indebidamente,
por esta vía, al juez de la reparación directa, en un juez supremo de todas
las controversias, sin importar su naturaleza. Luego, en los términos del
demandante, debería el juez de la reparación directa entrar a revisar qué
18 En los fundamentos de derecho de la demanda la parte actora se pronunció al respecto. Indicó (se trascribe):
“los demandantes como consecuencia del error jurisdiccional cometido por los magistrados demandados, no
obtuvieron ni obtendrán en sus procesos ni de parte del Municipio de Arauca, el pago de una indemnización
equivalente a lo que por derechos laborales podrían devengar durante los extremos temporales laborados si
hubiesen sido empleados públicos, ya que apenas se les reconoció a cada uno lo correspondiente a cesantías y
sus intereses que da lugar a una suma irrisoria, cuando tenían derecho a una indemnización integral equivalente
a todas y cada una de las prestaciones que reciben los docentes municipales tal como lo reconoció miles de
veces el Consejo de Estado, recibiendo por ello perjuicios materiales que se traduce en los valores
correspondientes a todos los derechos laborales que perciben los docentes no reconocidos y los intereses
comerciales que ellos devengarían”.
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Radicación número:81001-2331-003-2005-00190-01 (53928)
Actor: Alain Bermúdez Cabrera y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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derechos salariales y prestacionales se le pudieron adeudar a la docente lo
cual, se insiste, no es objeto de este juicio.
29. La segunda, porque la indemnización por no haber nombrado y
posesionado a la actora como empleada pública sino a través de una
modalidad de vinculación precaria, no podría ser imputada a la Rama
judicial. Esa vinculación la hizo el Municipio de Arauca. Luego, la Nación –
Rama Judicial no puede indemnizar los daños cometidos por un ente
territorial y pagar las prestaciones laborales adeudadas. Aceptarlo, es
convertir a esta autoridad en garante de las acciones u omisiones de la
administración. Luego, en este proceso de reparación directa no resulta
procedente ordenar, como lo pretende la parte actora, que la Rama
Judicial reconozca y pague las acreencias laborales adeudadas por el
Municipio de Arauca por haber efectuado una vinculación precaria.
30. Por lo expuesto, estima la Sala que le asiste razón a la demandada
cuando en su contestación señaló que las Sentencias no les causaron
ningún daño antijurídico a los demandados “porque no se demostró la
relación causal entre las mismas y los perjuicios alegados, ya que estos no
tienen por causa la actuación de la Rama Judicial”.
31. Finalmente, conviene recordar que, con el fin de evitar que se tome
el error judicial como una vía para abrir una instancia adicional y afectar la
garantía del juez natural, esta Subsección ha sido enfática en señalar que la
reparación directa por error judicial no es el medio para que las partes
manifiesten su desacuerdo con la sentencia que les fue desfavorable, sino
que, por el contrario, este título de imputación, está previsto, para pretender
el resarcimiento de los daños que se deriven de un error contenido en una
providencia ejecutoriada, esto es, los daños que hubiera podido ocasionar
el Estado en ejercicio de la administración de justicia; daño y error que
deben ser claramente identificados y debidamente probados en el curso
del proceso contencioso administrativo19.
32. En consecuencia, dado que no se identificó y acreditó el primer
elemento de la responsabilidad la sala confirmará la decisión que negó las
pretensiones.
2.3. Condena en costas
33. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte recurrente, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 3 de abril de 2020, Expediente 47001-23-31-
000-2011-00497-00 (45960). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Expediente 25000-23-26-000-2011-
01052-01(48029), Sentencia de 1 de junio de 2020; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Expediente
05001-23-31-000-2008-01592-01 (47805), sentencia de 28 de abril de 2021; entre otras.
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Radicación número:81001-2331-003-2005-00190-01 (53928)
Actor: Alain Bermúdez Cabrera y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 3 de diciembre de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
ACLARA VOTO
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 de 10
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