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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2009-00039-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2009-00039-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modifícase la sentencia de 9 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual queda así: PRIMERO. DECLÁRASE probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial propuestas por el municipio de Arauca. SEGUNDO. DECLÁRASE patrimonialmente responsable la Empresa de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa SA ESP), por el detrimento patrimonial sufrido por la empresa Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda en razón de las mayores cantidades de obra realizadas como fruto de la ejecución del contrato de obra número 069 de enero de 2006. SEGUNDO. CONDÉNASE a la Empresa de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa SA ESP) al pago de seiscientos setenta y cinco millones treinta mil seiscientos treinta y tres pesos ($675´030.633), los cuales deberán ser cancelados así: el 34% de la condena en favor de la sociedad Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda y el 66% de la condena en favor del señor Jorge Alberto Ramírez Espinosa. TERCERO. Deniéngase las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículo 176, 177 y 178 del CCA. 2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal. 20 Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300) Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las respectivas constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 81001-23-31-000-2009-00039-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de septiembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá, DC, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LA
VORÁGINE LTDA
Demandado: MUNICIPIO DE ARAUCA Y EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA
(EMSERPA SA ESP)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis: la sociedad Construcciones y Suministros La Vorágine, miembro del Consorcio
Mejoramiento Ambiental, demanda al municipio de Arauca y a la Empresa de Servicios
Públicos de Arauca (Emserpa SA ESP) para que le paguen los valores adeudados
correspondientes a mayores cantidades de obra ejecutadas en virtud del contrato de obra
no. 069 de 2006. El municipio sostiene que existe falta de legitimación en la causa por
pasiva; por su parte, la empresa demandada aduce que no ordenó la realización de esas
actividades al consorcio contratista y que, por consiguiente, las mismas carecen de soporte
contractual. El tribunal de primera instancia accedió las pretensiones de la demanda porque
se acreditó que las obras fueron ejecutadas con el aval de la entidad contratante y la
interventoría del negocio jurídico. Inconformes con la decisión, el litisconsorte necesario y
las entidades demandadas interpusieron sendos recursos de apelación.

Temas: falta de legitimación en la causa por pasiva – principio de relatividad de los contratos
– requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial – falta de agotamiento respecto de
una entidad demandada / mayores cantidades de obra avaladas por la entidad contratante
– principio de planeación – principio de buena fe objetiva – prohibición de atentar contra los
actos propios.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el litisconsorte necesario
y las entidades demandadas en contra de la sentencia de 9 de abril 2014 proferida
por el Tribunal Administrativo de Arauca mediante la cual se resolvió lo siguiente:

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

“F A L L A

PRIMERO. DECLÁRASE patrimonialmente responsable, en solidaridad,
al municipio de Arauca y a la Empresa de Servicios Públicos de Arauca
(Emserpa SA ESP), por el detrimento patrimonial sufrido por la empresa
Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda, en razón de las
cantidades de obra realizadas como fruto de la ejecución del contrato de
obra número 069 del 27 de enero de 2006, por las consideraciones
realizadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDÉNASE al municipio de Arauca y a la Empresa de
Servicios Públicos de Arauca (Emserpa SA ESP) al pago de trescientos
veinticinco millones quinientos seis mil doscientos cincuenta pesos
moneda legal colombiana ($325´506.250) debidamente indexadas
conforme a la fórmula jurisprudencial a que se hizo referencia.

TERCERO. EJECUTORIADA esta providencia, se ordena a la Secretaría,
desanotar en los libros radicadores, devolver los gastos del proceso si los
hubiere y enviar las copias correspondientes al Ministerio Público para lo
de su cargo; posteriormente se archivará el proceso”.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito del 2 de septiembre de 2009 (fls. 1 a 25 cdno. 1), el Consorcio
Mejoramiento Ambiental, a través de apoderado judicial (fl. 26 cdno. 1), presentó
demanda de controversias contractuales contra el municipio de Arauca y la Empresa
de Servicios Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP) para que se acceda a
las siguientes pretensiones:

“Primero. Declarar que entre la Empresa de Servicios Públicos de Arauca
SA ESP (Emserpa SA ESP) y el Consorcio Mejoramiento Ambiental
existió el contrato estatal no. 069 del 27 de enero de 2006 cuyo objeto fue
la implantación y ejecución del plan de contingencia cierre del botadero a
cielo abierto y transición a relleno sanitario fase 1 del municipio de Arauca
y el departamento de Arauca, por un valor de seiscientos sesenta y cinco
millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos
($665´534.881).

Segundo. Declarar la existencia de mayores cantidades de obra
ejecutadas en cumplimiento del objeto previsto en el contrato no. 069 de
enero de 2006, suscrito entre el Consorcio de Mejoramiento Ambiental y
la Empresa de Servicios Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP)
y solidariamente el municipio de Arauca, actividades desarrolladas en el
relleno sanitario del municipio de Arauca, las cuales no fueron canceladas
por el contratante generando un incumplimiento parcial, situación que
generó un desequilibrio económico del contrato a expensas del exiguo
patrimonio del demandante.

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

Tercero. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene
a la Empresa de Servicios Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP)
y solidariamente al municipio de Arauca a pagar las mayores cantidades
ejecutadas por el Consorcio Mejoramiento Ambiental cuantificadas en un
valor de trescientos veinticinco millones ochocientos sesenta y siete mil
novecientos setenta y seis pesos ($325´867.976) correspondientes
principalmente a la actividad de extendida de residuos sólidos, subbase
granular, descapote capa vegetal, suministro e instalación de arena de
río, arcilla para impermeabilización, concreto y a la construcción de
chimeneas, obras contratadas y necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, de acuerdo al contrato 069.

Cuarto. Como consecuencia de las anteriores condenas se orden a la
Empresa de Servicios Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP) y
solidariamente el municipio de Arauca el pago de intereses moratorios a
la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico
actualizado a que se refiere el artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993,
a partir de la fecha de liquidación del contrato hasta la fecha en que se
haga efectivo el pago de los dineros adeudados (…)” (fls. 7 y 8 cdno. 1)1.

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1) El Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia que puso fin a un proceso
de acción popular mediante la cual ordenó el cierre inmediato del botadero de
basuras a cielo abierto y la puesta en marcha de una planta de manejo de residuos
sólidos en le municipio de Arauca (Arauca).

2) El 14 de diciembre de 2005, el municipio de Arauca y la Empresa de Servicios
Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP) suscribieron el convenio no. 036
cuyo objeto consistió en la “implantación y ejecución del plan de contingencia cierre
del botadero a cielo abierto y transición a relleno sanitario fase I del municipio de
Arauca”, por valor de $665´534.952.
3) El 27 de enero de 2006 la Empresa de Servicios Públicos de Arauca SA ESP
(Emserpa SA ESP), previo proceso de invitación pública, suscribió el contrato no.
069 con el Consorcio Mejoramiento Ambiental Arauca cuyo objeto consistió en la
“implantación y ejecución del plan de contingencia cierre botadero a cielo abierto y

1 La demanda se inadmitió a través de auto del 10 de septiembre de 2009 (fls. 305 a 308 cdno. 1),

motivo por el cual se corrigió oportunamente para indicar que la parte actora era la sociedad
Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda en calidad de empresa integrante del Consorcio
Mejoramiento Ambiental y se allegó el nuevo poder otorgado (fl. 314 cdno. 1); adicionalmente, se
reformó un hecho de la demanda para sostener, expresamente, que todas las sumas reclamadas
fueron dineros sufragados en efectivo y “pertenecientes exclusivamente al patrimonio de la sociedad
Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda” (fl. 311 cdno. 1).

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

transición a relleno sanitario fase 1 del municipio de Arauca”, por un valor de
$665´534.881.

4) Una vez iniciada la ejecución del contrato se encontró una gran cantidad de
basuras acumuladas que se tuvieron que remover para despejar el área de trabajo;
en ese momento se encontraba trabajando en el lugar una máquina retroexcavadora
contratada por el municipio pero esta se averió, razón por la cual el consorcio
ejecutó esa actividad con la respectiva autorización de la empresa contratante.

5) Posteriormente, por orden de Emserpa SA ESP se ordenó el mejoramiento de
una vía de acceso al basurero municipal de Arauca; sin embargo, ese camino
estaba ubicado en un predio que no pertenecía al municipio, por lo cual se autorizó
la construcción de una nueva vía de ingreso pero ya en predios de propiedad de la
entidad territorial.

6) El 23 de marzo de 2006, el consorcio contratista solicitó al ingeniero interventor
del contrato la necesidad de reajustar las cantidades y las actividades de obra; esta
circunstancia quedó consignada en el acta del comité de obra del 20 de abril de
2006, documento en el cual el gerente de Emserpa SA ESP reconoció
expresamente que el consorcio venía ejecutando ítems que no se encontraban en
el contrato, pero que “eran de carácter necesario para el desarrollo del proyecto y
por ende contaban con su anuencia” (fl 4 cdno. 1).

7) Mediante acta no. 014 del 27 de noviembre de 2007, el comité de conciliación de
Emserpa SA ESP consideró que no era procedente acceder a la solicitud de
reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra ejecutadas, toda vez que la
empresa no contaba con recursos presupuestales para sufragar los gastos
adeudados por ese concepto.

8) El 28 de noviembre de 2007, el contrato 069 de 2006 se liquidó bilateralmente
por las partes; en el acta se dejó consignado que el contratista solicitó el
reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra ejecutadas por valor de
$325´867.976, correspondientes, principalmente, a la extendida de residuos sólidos,
a la subbase granular, descapote de la capa vegetal, el suministro e instalación de

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

arena de río, arcilla para la impermeabilización y, construcción de una vía para
garantizar el acceso permanente al área del relleno sanitario.

Como fundamentos jurídicos de la demanda la parte actora invocó los artículos 1,
2, 6, 13, 90, 124 y 209 de la Constitución Política; 3, 4, 5, 26, 27, 28, 41, 50 y 51 de
la Ley 80 de 1993; y, 1502, 1602, 1603 y 1618 del Código Civil, adujo que ejecutó
el contrato de buena fe y que la entidad contratante incumplió sus obligaciones
negociales por el hecho de rehusarse a pagar las mayores cantidades de obra
ejecutadas y, en consecuencia, por permitir que se rompiera el equilibrio económico
del contrato en desmedro del consorcio.

2. La admisión y la contestación de la demanda

1) La demanda se admitió en auto del 1º de octubre de 2009 (fl. 358 y 359 cdno. 1)
y se ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2) El municipio de Arauca se opuso íntegramente a las pretensiones formuladas,
indicó que no estaba legitimado en la causa por pasiva, pues, su acción “solo estuvo
encaminada a transferir los recursos a Emserpa SA ESP a través del convenio no.
036 de 2005, para que se cumpliera por parte de Emserpa los requerimientos
hechos por Corporinoquía” (fls. 372 a 377 cdno. 1).

3) Emserpa SA ESP impugnó las súplicas de la demanda (fls. 388 a 405 cdno. 1)
con fundamento en el siguiente razonamiento:

a) El contratista no demostró cuáles fueron las mayores cantidades de obra que
pretende reclamar y, además, en el acta de liquidación final del contrato no precisó
en forma clara y exacta las mismas.
b) En la demanda se afirma que la sociedad demandante sufragó con dineros
propios los valores correspondientes a las mayores cantidades de obra; no
obstante, en los comprobantes de egreso se puede verificar que los pagos los
efectuó el Consorcio Mejoramiento Ambiental.

c) La parte demandante no agotó el requisito de procedibilidad de conciliación
prejudicial, a ese trámite compareció exclusivamente el Consorcio Mejoramiento
Ambiental y no la sociedad actora.

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

3. Los alegatos de conclusión

1) Por auto de 20 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió
la vinculación del señor Jorge Alberto Ramírez Espinosa como litisconsorte
necesario de la parte demandante (fls. 8 a 16 cdno. 2).

2) Vencido el período probatorio dispuesto en providencia de 25 de marzo de 2010
(fl. 481 a 483 cdno. 1), el tribunal de primera instancia mediante auto del 4 de mayo
de 2012 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 579 y 580 cdno. 1).

3) El municipio y la empresa demandados reiteraron los argumentos expuestos y
contenidos en los escritos de contestación de la demanda (fls. 582 a 593 y 594 a
601 cdno. 1).

4) La parte actora sostuvo que en este caso concreto no se requería la celebración
de un contrato adicional por tratarse de “actividades relacionadas con el objeto
inicialmente contratado” (fl. 604 cdno. 1) y, agregó que, contrario a lo sostenido por
el extremo demandado, sí se agotó el requisito de procedibilidad por cuanto el
representante legal del Consorcio Mejoramiento Ambiental es también el
representante legal de la sociedad Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda,
empresa esta última que junto con otra sociedad integraron el referido consorcio
(fls. 602 a 612 cdno. 1).

4) El agente delegado del Ministerio Público en primera instancia solicitó denegar
las súplicas de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad,
en tanto que la sociedad demandante debió acudir a la audiencia de conciliación y
no solo el Consorcio Mejoramiento Ambiental (fls. 614 a 630 cdno. 1).

4. La sentencia de primera instancia

El 9 abril de 2014 el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda (fls. 696 a 711 cdno. ppal.); los fundamentos de la
providencia apelada son los siguientes:

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

1) En cuanto a la carencia del requisito de procedibilidad para ejercer la acción, es
preciso tener en cuenta la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013,
expediente 1997-03930, en la cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado concluyó que los consorcios y las uniones temporales pueden ser sujetos
procesales y concurrir al juicio; en este caso concreto, el agotamiento del requisito
de procedibilidad lo agotó el representante legal del consorcio, razón por la cual se
entiende surtido respecto de todos sus integrantes.

2) En aplicación del principio iura novit curia, el régimen de responsabilidad que se
aplica para resolver el caso concreto es el del enriquecimiento sin causa.

3) La entidad contratante con su comportamiento propició la ejecución de obras
adicionales, con el agravante de que algunas eran absolutamente necesarias para
el cumplimiento del contrato ya que, era imposible realizar las labores del relleno
sanitario sin contar con una vía de acceso so pena de un eventual incumplimiento
por parte del contratista.

4) Del acervo probatorio se desprende que la entidad contratante y el municipio
demandado sabían de la necesidad de realizar obras adicionales, el interventor
aprobó los mencionados trabajos para dar viabilidad al contrato y así lo informó a la
entidad contratante, pues, en su criterio, eran labores prioritarias para poder llevar
a cabo el objeto contractual.
5) A diferencia de lo que aducen las entidades demandadas, el contratista no actuó
de forma unilateral, pues, hizo las propuestas necesarias para la modificación del
contrato y la empresa contratante estuvo dispuesta a pagar por las actividades,
tanto así que nombró un perito evaluador para su cálculo.

6) Las sumas a título de condena se reconocen con exclusividad a la empresa
Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda, por cuanto en el proceso se
estableció que esta sociedad fue la encargada de realizar las obras adicionales
reclamadas, puesto que compró los materiales y contrató el personal para la
ejecución de las mismas, circunstancia por la cual no se ordena el pago en favor del
señor Jorge Alberto Ramírez Espinosa en la condición de integrante del Consorcio
Mejoramiento Ambiental, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan
presentarse entre los dos miembros de esa modalidad asociativa contractual.

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

5. Los recursos de apelación

Inconformes con la decisión, el litisconsorte necesario y las entidades demandadas
interpusieron sendos recursos de apelación los cuales fueron concedidos por auto
del 26 de agosto de 2014 (fls. 899 a 901 cdno. ppal.) y admitidos por esta
Corporación en providencia del 25 de septiembre de 2015 (fls. 926 y 927 cdno.
ppal.).

5.1 La apelación del litisconsorte necesario

Los fundamentos del recurso de apelación del litisconsorte necesario de la parte
actora (fls. 720 a 724 cdno. ppal.) son, en resumen, los siguientes:

1) El tribunal no realizó una valoración integral del material probatorio,
concretamente, del documento de constitución consorcial en el cual se pactó que el
señor José Omar Díaz Flores -representante legal tanto del consorcio como de la
sociedad demandante- estaría facultado no solo para representar al consorcio, sino
también para comprar los materiales, contratar al personal de la obra y realizar las
tareas de gestión contractual.
2) En el mencionado documento se acordó, además, que los valores
correspondientes a la utilidad derivada de la ejecución del contrato se distribuirían
de la siguiente manera: 66% para el señor Jorge Alberto Ramírez Espinosa y 34%
en favor del señor José Omar Díaz Flores.

5.2 La apelación del municipio de Arauca

Los motivos de inconformidad de la entidad territorial (fls, 713 a 719 cdno. ppal.) son
los que se resumen a continuación:

1) El Consorcio Mejoramiento Ambiental solo agotó el requisito de procedibilidad
frente a la Empresa de Servicios Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP) y
no respecto del municipio.

2) En el acta de liquidación bilateral se dejó consignada una salvedad genérica, por
lo cual resulta improcedente la reclamación efectuada en sede judicial dado que los

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

motivos de inconformidad deben quedar contenidos de forma clara, expresa,
concreta y específica.

3) El municipio de Arauca no suscribió el contrato 069 de 2006, de modo que la
entidad que debe responder patrimonialmente por cualquier tipo de reclamación o
pretensión económica es Emserpa SA ESP.

5.3 La apelación de Emserpa SA ESP

La impugnación de la empresa oficial de servicios públicos domiciliarios se soportó
(fls. 792 a 805 cdno. ppal.) en las siguientes razones de inconformidad:

1) El consorcio no es una persona jurídica capaz de responder en juicio, de allí que
la audiencia de conciliación adelantada ante el Procurador 52 Judicial II
Administrativo de Arauca sea ineficaz y no pueda producir efectos jurídicos, razón
por la cual no se agotó el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 1285 de
2009 y reglamentado en el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009.
2) La sociedad demandante actúa de mala fe al solicitar el reconocimiento y pago
de obras supuestamente ejecutadas, la entidad contratante nunca autorizó mayores
cantidades de obra ni lo hizo a través de la interventoría.

3) Emserpa SA ESP nunca desatendió el principio de planeación, porque los
terrenos estaban a disposición del contratista para la realización de las obras y
ninguna de las afirmaciones que se indican en la demanda fueron demostradas en
el proceso, debido a lo cual no se incumplió ni desequilibró el contrato celebrado
entre las partes.

6. El trámite de segunda instancia

Mediante auto de 24 de junio de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 946
cdno. ppal.).

El municipio demandado reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación (fls. 947 y 949 cdno. ppal.)

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

Por su parte, el agente delegado del Ministerio Público ante esta Corporación
solicitó modificar la sentencia apelada para, de un lado, mantener la declaración de
responsabilidad de las entidades demandadas y, de otra parte, establecer que el
valor de la condena debe ser pagado a los integrantes del consorcio en “proporción
a su porcentaje de participación en el contrato” (fls. 951 a 963 cdno. ppal.).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión2, 2) análisis
del caso concreto, 3) conclusión general y 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia consiste en determinar si resulta viable el eventual
reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obras ejecutadas con ocasión
del desarrollo del contrato no. 069 de 2006 o, por el contrario, si las mismas fueron
adelantadas sin el conocimiento y autorización de la empresa demandante.

La Sala modificará la sentencia apelada, en primera medida para declarar probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
municipio demandado; en segundo lugar, mantener la condena decretada en
primera instancia en contra de la empresa de servicios públicos demandada y, por
último, ordenar que el pago de las sumas por concepto de condena sean pagadas
de forma proporcional a la sociedad demandante y el litisconsorte necesario por
activa, de conformidad con el documento de constitución del Consorcio
Mejoramiento Ambiental allegado al proceso.

2. Análisis del caso concreto

1) En primer lugar, la Sala advierte que el requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial fue agotado por el Consorcio Mejoramiento Ambiental

2
La demanda se presentó de forma oportuna el 2 de septiembre de 2009, por cuanto el 28 de
noviembre de 2007 las partes liquidaron bilateralmente el contrato 069 de 2006 (fls. 134 y 135 cdno.
1).

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
Medio de control de controversias contractuales-sentencia de segunda instancia

según da cuenta el acta que obra de folio 272 a 280 del cuaderno uno del
expediente3; por consiguiente, por haber comparecido el representante legal del
consorcio -quien funge, igualmente, como representante legal de la sociedad
demandante- es preciso concluir que el requisito de procedibilidad se cumplió no
solo respecto del consorcio sino también frente a los integrantes del mismo, esto
es, la sociedad Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda y el señor Jorge
Alberto Ramírez Espinosa.

En este punto es importante precisar que la figura asociativa de los consorcios y las
uniones temporales, pese a estar consagrada en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993,
no es exclusiva de esa normativa, pues, en virtud del principio de la autonomía de
la voluntad las partes pueden asociarse o vincularse con base en esas modalidades
para la celebración de contratos estatales regidos tanto por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública como aquellos de régimen exceptuado,
es decir, suscritos con fundamento en las normas del derecho privado.

Así mismo, debe advertirse que, si bien el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 determina
qué se entiende por consorcio y unión temporal “para los efectos de esa ley”, no
cabe duda alguna de que el principio o postulado de la autonomía de la voluntad
que rige el derecho privado permite que los particulares se sometan a distintas
formas contractuales o asociativas con independencia de que estén o no tipificadas
en el ordenamiento jurídico, pues, los límites que encuentran los particulares en
ejercicio de su voluntad son el respeto por el orden público y las buenas
costumbres4, y que no estén prohibidas por la ley.

Esta es la razón por la cual los particulares pueden celebrar contratos atípicos o
innominados, es decir, tipologías negociales que no han sido previamente definidas

3
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia de unificación
de 25 de septiembre de 2013, expediente 19.933, MP Mauricio Fajardo Gómez.
4
“La autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las
personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y
obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el
intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación (…) Dentro de este
cuadro, la autonomía permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio
en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de
la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos
correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la
salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre
sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son
partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto
relativo de aquel”. Corte Constitucional, sentencia C-934 de 2013, MP Nilson Pinilla Pinilla.

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
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por el legislador, siempre que respeten, se insiste, el orden público y las buenas
costumbres (v gr joint venture).

Así las cosas, la Sala estima que los particulares pueden asociarse, válidamente, a
través de consorcios o uniones temporales para presentar propuestas, ejecutar
contratos estatales de régimen exceptuado y acudir directamente al proceso judicial,
a partir de un argumento a fortiori (ad maior ad minus – de mayor a menor o quien
puede lo más puede lo menos); en otras palabras, si el legislador permitió esa forma
asociativa en los contratos de Ley 80 de 1993 -negocios con mayores formalidades-
resultaría ilógico que no la avalara en los contratos que se rigen, única y
exclusivamente, por el derecho privado, dado que si la intención del legislador era
prohibirla tendría que estar señalada de forma expresa esa circunstancia.

En ese contexto, es igualmente relevante anotar que la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido capacidad procesal a los consorcios
y uniones temporales para acudir directamente a través de su representante legal a
los litigios laborales5.

En suma, la Sala reconoce que la ratio decidendi de la sentencia de unificación de
esta Corporación del 25 de septiembre de 2013, expediente 19.933 puede hacerse
extensiva a los contratos estatales de régimen exceptuado sin que pueda
establecerse un óbice para que los consorcios o uniones temporales puedan
celebrar este tipo de negocios jurídicos y, en consecuencia, puedan acudir
directamente al proceso contencioso administrativo a través de su representante
legal.

Ahora bien, la conciliación prejudicial solo se surtió en relación con la Empresa
de Servicios Públicos de Arauca SA ESP (Emserpa SA ESP), motivo por el cual
le asiste razón al municipio recurrente, pues, frente a esta entidad no puede
predicarse el agotamiento del referido requisito (fls. 272 a 280 cdno. 1).

En ese orden de ideas, la Sala modificará la sentencia apelada para decla rar
probadas las excepciones propuestas por el municipio de Arauca (i) de falta de

5
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 10 de febrero de 2021,
expediente SL676-2021, (57.957), MP Iván Mauricio Lenis Gómez.

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agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial y, (ii) de
ausencia de legitimación en la causa por pasiva, esta última en la medida en que
el contrato de obra no. 069 de 27 de enero de 2006 fue suscrito, única y
exclusivamente, entre Emserpa SA ESP -en calidad de empresa contratante- y
el Consorcio Mejoramiento Ambiental -contratista- (fls. 42 a 47 cdno. 1), razón
por la cual respecto del municipio de Arauca se predica el principio de relatividad
del contrato, según el cual los negocios jurídicos solo producen efectos frente a
quienes los suscriben y no es posible a través suyo comprometer a terceros, a
menos que estos consientan con posterioridad o que los acuerdos estén coligados6,
eventos que no se presentaron en este caso concreto.

Así las cosas, el municipio demandado no es el llamado a discutir o controvertir las
pretensiones de la demanda sobre la base de considerar que no celebró el contrato
estatal de obra no. 069 de 2006 y, por lo tanto, no puede ser analizada su eventual
responsabilidad patrimonial contractual frente a hechos que le son inoponibles,
pues, provinieron de una persona jurídica distinta que cuenta con autonomía
presupuestal y patrimonio propio, esto es, la empresa oficial de servicios públicos
Emserpa SA ESP, con independencia de que entre esta última y la entidad territorial
se haya perfeccionado un convenio interadministrativo para el giro de recursos con
los cuales se financiaría la ejecución del contrato estatal de obra.

2) La responsabilidad patrimonial contractual de Emserpa SA ESP puede ser
analizada desde la perspectiva del artículo 90 de la Constitución Política en
concordancia con las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil,
porque el régimen del contrato estatal de obra no. 069 de 2006 es el derecho
privado de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de
1994, toda vez que Emserpa SA ESP suscribió el citado negocio jurídico con el
Consorcio Mejoramiento Ambiental y, además, frente a aquella, tal como se
indicó previamente, sí se agotó el requisito de procedibilidad de conciliación
prejudicial.

6 “De esta manera, y en los términos del artículo 1602 del Código Civil, los contratos públicos y

privados, en principio, solo producen efectos entre quienes los suscriben, de allí que los terceros
quedan protegidos por el ordenamiento para que frente a ellos no surjan obligaciones —pero
tampoco derechos— no consentidas. Esto significa que los efectos de los contratos son relativos, en
el sentido de que solo vinculan a las partes, no a terceros; claro está que esta regla tiene
excepciones” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014,
expediente 26.550.

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3) A diferencia de lo señalado por el tribunal de primera instancia, la Sala
analizará la controversia planteada desde la perspectiva de la responsabilidad
patrimonial contractual, esto es, la obligación de reparar integralmente un daño
imputable a la entidad demandada, debido a que las mayores cantidades de obra
objeto de reclamación judicial no constituyen objetos contractuales adicionales
sino, actividades previstas en el contrato inicial y cuya alteración o modificación
fue necesaria e indispensable para el cumplimiento del negocio jurídico suscrito
entre las partes7, cuyo objeto consistió, específicamente, en “implantación y
ejecución del plan de contingencia cierre del botadero a cielo abierto y transición a
relleno sanitario fase I del municipio de Arauca” y cuyo valor establecido a precios
unitarios ascendió a la suma de $665´534.952 (fls. 42 a 47 cdno. 1).

Lo anterior por cuanto, si bien el a quo dijo resolver la controversia con fundamento
en el enriquecimiento sin causa, lo cierto es que en la práctica declaró la
responsabilidad contractual de la empresa demandada y la condenó al pago de
perjuicios contractuales, de allí que la Sala no estudiará o analizará los recursos de
apelación desde la teoría de la prohibición de enriquecimiento injustificado, sino a
partir de los postulados del artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia
con las normas establecidas en la Ley 142 de 1994.

En relación con este punto de la controversia debe observarse que la noción de
mayores cantidades de obra no es propia o exclusiva del derecho público o de la
contratación estatal regida por la Ley 80 de 1993, en tanto se trata de una figura
de responsabilidad contractual que resulta perfectamente aplicable a las
controversias regidas por el derecho privado, tal como ocurre en este caso
concreto.

7 En los contratos suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada es aquella que

fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución por factores
endógenos o exógenos a la relación contractual, circunstancia por la cual la prestación se prolonga
sin que exista modificación del objeto contractual; contrario sensu, las obras adicionales o
complementarias son actividades no previstas en el contrato inicial; no obstante, se requieren para
la obtención y cumplimiento de su objeto contractual, razón por la cual para su reconocimiento es
necesario, en principio, la celebración de un contrato adicional o modificatorio. El reconocimiento de
mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias exige haber sido previamente
autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante, mediante actas y contratos
modificatorios o adicionales, según el caso. Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886 y sentencias de 9 de mayo de 1996,
expediente 10.151, sentencia de 29 de agosto de 2007, expediente 15.469 y, sentencia de 23 de
abril de 2008, expediente 16.491.

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Expediente No. 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)
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4) En relación con el tema de prueba de este asunto concreto, al proceso se
allegaron, entre otros, los siguientes medios de convicción que dan cuenta de
que la entidad estatal contratante conocía y autorizó la ejecución de las mayores
cantidades de obra necesarias para el cumplimiento del referido objeto
contractual:

a) Una carta suscrita por el consorcio contratista y dirigida al interventor de la
obra para informarle acerca de la necesidad de ejecutar mayores cantidades de
obra so pena de imposibilidad de cumplir con el objeto contractual pactado (fl. 99
y 100 cdno. 1).

b) El acta elaborada por el contratista y el interventor en la cual se describieron
las mayores cantidades de obra y el valor de las mismas por un total de
$325´506.250 (fls. 102 cdno. 1); las obras complementarias consistieron,
concretamente, en (i) la extendida de residuos sólidos y el suministro e
instalación de arcilla para la impermeabilización del botadero clausurado, (ii) la
aplicación de subbase granular en la vía de acceso y el descapote de la capa
vegetal para proteger el terraplén y garantizar que la vía de acceso se mantenga
en niveles adecuados y, finalmente, (iii) la instalación de una segunda capa arena
de río para proteger los elementos del equipo de trabajo de los lixiviados.

c) La autorización de las mayores cantidades de obra por parte del comité de
obras de Emserpa SA ESP con fecha 20 de abril de 2006 (fls. 105 a 107 cdno.
1); en este documento se consignó expresamente lo siguiente: “Al respecto el
Gerente de Emserpa ESP ordena que se dé prioridad al trámite del acta de
modificación de cantidades” (fl. 107 cdno. 1).

d) El acta del 12 de julio de 2007 del comité de conciliación de Emserpa SA ESP
en la cual se consignó “En cuanto al punto dos, relacionado con el análisis de la
solicitud de conciliación presentada por el Consorcio Mejoramiento Ambiental
representado legalmente por (…) el comité en pleno acepta la sugerencia del
gerente en el sentido de realizar solicitud de peritación a una firma externa con
el fin de que se logre determinar las presuntas mayores cantidades de obra que
pide el contratista sean reconocidas” (fls. 127 y 128 cdno. 1).

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e) El acta de liquidación bilateral de 28 de noviembre de 2007, a través de la cual
se hizo el balance general y el corte de cuentas del contrato no. 069 de 2006; en
este documento el consorcio contratista dejó la correspondiente salvedad en
relación con la falta de reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra
ejecutadas correspondientes a la “extendida de residuos sólidos existentes al
momento de ejecutar el contrato y la aplicación de la subbase granular de la vía
de acceso, actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual,
por valor de $325´506.250” (fls. 134 y 135 cdno. 1).

f) El informe final de interventoría de abril de 2007, en el cual se dejó consignada
la realización de mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato
(fls. 217 a 234 cdno. 1) en los siguientes términos: “el contratista ha presentado
una solicitud de reconocimiento y pago de obras adicionales ejecutadas por valor
de $325´506.250, correspondientes principalmente a la extendida de residuos
sólidos y a la construcción de una vía para garantizar el acceso permanente en
el área del relleno sanitario y a la fecha está siendo estudiada por el comité de
conciliación de la empresa, toda vez que fue autorizada en el acta de comité de
obra de 20 de abril de 2006” (fl. 229 cdno. 1).

g) El testimonio rendido ante el tribunal de primera instancia por el ingeniero
Diego Alexánder Morales Fagua, interventor del contrato de obra no. 069 de
2006; el declarante en relación con las mayores cantidades de obra reclamadas
puntualizó:

“Este contrato tenía unas cantidades de obra que no se le pudieron
reconocer al contratista y que eran necesarias para cumplir con el
objeto del contrato, el movimiento de residuos sólidos y la subbase de
la vía de acceso, inclusive en el acta de liquidación se dejó una nota,
debido a que Emserpa no tenía la disponibilidad presupuestal para
cancelarle eso al contratista (…) Eso se dejó constancia en el acta de
recibo final, yo le liquido hasta donde alcanzó la plata, pero de las
cantidades se dejó constancia, eso se le hizo conocer en su momento
al gerente de esa época de Emserpa que era el señor (…) que existían
unas mayores cantidades de obra y para poder continuar con el objeto
del contrato y se tenía la intención de realizar la adición del contrato
pero al final no se pudo realizar, porque no había ni registro ni
disponibilidad presupuestal” (fls. 41 a 45 cdno. 2).

5) Del acervo probatorio recaudado se desprende que la interventoría y Emserpa
SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores
cantidades de obra necesarias para la ejecución del contrato de obra 069 de 2006

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consistentes, específicamente, en la remoción o extendida de residuos sólidos
existentes al momento de ejecutar el contrato y la aplicación de la subbase
granular de la vía de acceso, actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, por valor de $325´506.250.

En este caso concreto, el daño antijurídico consistente en la falta de
reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra es imputable o atribuible
a la entidad demandada a título de desconocimiento al principio de buena fe
objetiva y, concretamente, del subprincipio de la prohibición de atentar contra los
actos propios (“venire contra factum propium non valet”).

Resulta incontrastable que Emserpa SA ESP actuó en contra del principio de buena
fe, concretamente de la buena fe objetiva8 que impone una serie de deberes
positivos y de abstención a los sujetos contratantes, entre ellos el de lealtad y
respeto; del principio de buena fe contractual, y se desprenden una serie de
subprincipios, reglas y subreglas que sirven para determinar la hermenéutica del
derrotero previo y posterior a la celebración al negocio jurídico (v gr el principio de
lealtad, la regla del “venire contra factum propium”, y el principio de información,
entre otras).

En suma, la empresa demandada incumplió el contrato de obra 069 de 2006 en la
medida en que autorizó la ejecución de mayores cantidades de obra y,
posteriormente, se rehusó al reconocimiento y pago de las mismas, comportamiento
a todas luces contrario a la buena fe contractual que rige todo negocio jurídico de
conformidad con los artículos 1603 del Código Civil y 873 del Código de Comercio.

6) Finalmente, la Sala modificará la sentencia apelada para reconocer que la
condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por
la empresa demandada de acuerdo con el porcentaje de participación de los
integrantes del Consorcio Mejoramiento Ambiental, según lo convenido

8
“La buena fe implica el respeto a la palabra empeñada, la escrupulosa y sincera observancia de
las promesas y de los pactos, la veracidad y la constancia en los compromisos asumidos. En cuanto
tal, se compendia en la constantia et veritas y en el fit quod dicitur a que alude Cicerón, lo que supone
una relación igualitaria regulada por un acto de compromiso”. NEME Villareal, Martha Lucía “Venire
contra factum proprium. Prohibición de obrar contra los actos propios y protección de la confianza
legítima. Tres maneras de llamar a una antigua regla emanada de la buena fe” en: “Estudios de
Derecho Civil Obligaciones y Contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa”, Ed. Universidad
Externado de Colombia, Tomo III, Bogotá, 2003.

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expresamente en el documento de constitución de esta modalidad o forma
asociativa contractual.

Por consiguiente, la Sala actualizará la condena (indexación) para reflejar su valor
presente y, posteriormente, determinará las sumas que le corresponden a cada
consorciado de conformidad con su participación en la distribución de utilidades
pactada en el documento de constitución del consorcio.

Para la actualización de la condena se empleará la fórmula de indexación, según la
cual:

IPC final – (índice vigente de junio de 2023)
RA = $VH x ----------------------------------
IPC inicial (índice vigente acta de liquidación bilateral)

133,78
RA = $325´506.250x -------------------
64,51

RA=$675´030.633.
Por último, la condena deberá ser pagada de la siguiente manera según el
documento de constitución del Consorcio Mejoramiento Ambiental:

“El consorcio está integrado por:

Nombre Participación
Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda 34%
Jorge Alberto Ramírez Espinosa 66%” (fl. 39
cdno. 1).

3. Conclusión general

La Sala confirmará la declaración de responsabilidad contractual adoptada en la
sentencia de primera instancia, porque se acreditó que la sociedad demandante y
el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del Consorcio Mejoramiento
Ambiental, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del
contrato de obra no. 069 de 2006, sin que su valor hubiera sido pagado por
Emserpa SA ESP, a pesar de haber contado con su conocimiento y aval.

La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada
deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte Jorge

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Alberto Ramírez Espinosa en los términos de su participación establecida en el
documento de constitución del Consorcio Mejoramiento Ambiental.

4. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso; en el presente
asunto no hay lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez que
no existe prueba de que la parte vencida hubiese obrado de esa forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Modifícase la sentencia de 9 de abril de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, la cual queda así:

PRIMERO. DECLÁRASE probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva y de falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad de conciliación prejudicial propuestas por el municipio
de Arauca.

SEGUNDO. DECLÁRASE patrimonialmente responsable la Empresa de
Servicios Públicos de Arauca (Emserpa SA ESP), por el detrimento
patrimonial sufrido por la empresa Construcciones y Suministros La
Vorágine Ltda en razón de las mayores cantidades de obra realizadas
como fruto de la ejecución del contrato de obra número 069 de enero de
2006.

SEGUNDO. CONDÉNASE a la Empresa de Servicios Públicos de Arauca
(Emserpa SA ESP) al pago de seiscientos setenta y cinco millones treinta
mil seiscientos treinta y tres pesos ($675´030.633), los cuales deberán ser
cancelados así: el 34% de la condena en favor de la sociedad
Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda y el 66% de la condena
en favor del señor Jorge Alberto Ramírez Espinosa.

TERCERO. Deniéngase las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los
artículo 176, 177 y 178 del CCA.

2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal.

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Actor: Construcciones y Suministros La Vorágine Ltda
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3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el
expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las respectivas
constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Salva voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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