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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2011-10013-01

Fecha
26 de enero de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2011-10013-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 11 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Arauca, en la cual se declaró la improcedencia de la acción. En su lugar DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin costas. 12 Número interno 23245. 13 En la sentencia C-918-19, se lee :<< En efecto, por virtud de lo fallado, para el momento en que los aludidos decretos fueron puestos en vigencia, puede entenderse que no existía la norma habilitante y, por tanto, el Jefe del Estado no gozaba de la investidura legislativa extraordinaria. De ese modo, tales decretos han perdido todo fundamento, desde el instante de su expedición, y así habrá de declararlo la Corte, conformando la unidad normativa con el articulado íntegro de los dos estatutos.>> 9 Radicado: 810012331000201100013 01 (46133) Demandante: Holmes Torres Arana y otros TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 81001-23-31-000-2011-10013-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

26 de enero de 2022

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros
Demandadas: Nación – Congreso de la República
Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Tema: Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Se revoca
la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción
de reparación directa dirigida a obtener la reparación de perjuicios
causados por el acto que declaró la insubsistencia del acto de
vinculación, fundado en que la ley que determinó tal decisión fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional. Se niegan las
pretensiones de la demanda porque la Corte no dispuso que la
sentencia de inexequibilidad tuviera efectos retroactivos.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada el 11 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo
de Arauca que declaró improcedente la acción de reparación directa, en la cual
se dispuso textualmente:

<< (...) PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de reparación directa
ejercida por los actores contra LA NACIÓN – CONGRESO DE LA REPÚBLICA
– MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – INCODER, con
fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO. NO condenar en costas, por no haber lugar a ellas.

TERCERO. DEVOLVER a los actores el saldo de los gastos judiciales, si
existiere.

CUARTO. ARCHIVAR el expediente en caso de no ser apelada esta
providencia>> (Mayúsculas y negrillas fuera del texto original).

1

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia
según el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, porque resuelve un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El tribunal era competente para conocer el proceso en primera
instancia en razón de la cuantía, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo
Código.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 22 de marzo de
20131. En el auto del 12 de abril de 2013 se dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión2. Las partes guardaron
silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 14 de diciembre de
2010 por Holmes Torres Arana y otros3. Se dirigió contra la Nación – Congreso
de la República, la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante, INCODER), para obtener
la indemnización de los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado con
la aplicación de Ley 1152 de 2007 (posteriormente declarada inexequible el 19
de marzo de 2009 por la Corte Constitucional) que condujo a la supresión del
cargo que ostentaba el señor Torres Arana en dicho instituto.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<1. Declarar la responsabilidad solidaria y administrativa de las entidades
demandadas, por los perjuicios materiales y morales causados a los actores, en
virtud de la aplicación de la Ley 1152 de 2007, declarada inexequible, la cual
condujo a la supresión del cargo desempeñado por Holmes Torres Arana en el
INCODER.

2. Condenar a las entidades demandadas a pagar en forma solidaria a los actores
los daños del orden material y moral, objetivos y subjetivos, actuales y futuros,
irrogados, que estiman así:

• Por perjuicios materiales, a título de lucro cesante, a favor de todos los
actores, la suma de $86.510.970.oo.

• Por perjuicios morales, a favor de cada uno de los actores, la suma
equivalente a 150 salarios mínimos legales, para totalizar la suma de
$386.250.000.oo

1 Fl.235 cuaderno principal.
2 Fl. 238 cuaderno principal.
3 Fls. 2-17 C.1.

2

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

• Por perjuicios futuros ciertos o pérdida de oportunidad, lo que se pruebe
dentro del plenario.

3. Actualizar las condenas según lo ordenado por el artículo 178 del C.C.A.

4. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177
del C.C.A. >>.

3.- Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.-.Mediante Resolución No. 000476 del 14 de marzo de 2005 el señor Holmes
Torres Arana fue nombrado en el cargo de profesional especializado, código
3010, grado 15 -posteriormente código 2028, grado 12- de la planta global de
personal del INCODER -oficina de enlace territorial No. 8- grupo técnico territorial
con sede en Arauca.

3.2.- En 2007 el Congreso de la República dictó la Ley 1152, por medio de la cual
reformó el INCODER.

3.2.1.- El artículo 24 facultó al Gobierno Nacional para reestructurar internamente
el instituto; esta reestructuración se materializó a través de los Decretos 4902 y
4903 del 21 de diciembre de 2007, que aprobaron la modificación de la estructura
del instituto, la modificación de su planta de personal, y suprimieron unos cargos
de la entidad, entre ellos el ocupado por el señor Torres Arana.

3.3.- Mediante oficio SAF-7000 No. 20073176118 del 27 de diciembre de 2007 el
gerente general del INCODER le comunicó al señor Torres Arana la
desvinculación del cargo que ocupaba en Arauca por supresión del mismo.

3.4.- A través de la sentencia C-179 del 19 de marzo de 2009 la Corte
Constitucional declaró inexequible la Ley 1152 de 2007 por vicios de forma en su
expedición en el Congreso, lo que conllevó a la consecuencial
inconstitucionalidad de los Decretos 4902 y 4903 de 2007.

4.- Según la parte actora, el daño sufrido con la desvinculación del cargo ocupado
por el señor Holmes Torres Arana fue causado por la falla del servicio probada
en la función legislativa, por la aplicación de la Ley 1152 de 2007, que fue
declarada inexequible en su integridad por la Corte Constitucional, y que generó
la insconstitucionalidad consecuencial de los Decretos 4902 y 4903 de 2007.

B.- Posición de las entidades demandadas

5.- El Congreso de la República4 propuso la excepción de indebida escogencia
de la acción y la excepción de caducidad, en los siguientes términos:

4 Fls.75-86 C.1.

3

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

5.1.- La acción procedente en este asunto es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, que tiene como finalidad desvirtuar la presunción de legalidad que cobija
el acto administrativo y restablecer el daño causado. En consecuencia, no se
puede reabrir el debate de la legalidad del acto administrativo y revivir el término
ya caducado so pretexto de atribuir una responsabilidad extracontractual en la
modalidad de daño especial.

5.2.- La caducidad de la acción está demostrada porque la demanda se presentó
el 14 de diciembre de 2010, cuando ya habían transcurrido los cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente de la notificación del acto, de conformidad con
el artículo 136, numeral 2° del CCA. El acto administrativo que suprimió el cargo
del señor Holmes Torres Arana se notificó el 17 de enero de 2008.

6.- El Ministerio de Agricultura y el Incoder propusieron las mismas excepciones
relativas a la improcedencia de la acción de reparación directa y a la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento.

C.- Sentencia recurrida

7.- En la sentencia del 11 de octubre de 2012 el Tribunal Administrativo de
Arauca5 declaró improcedente la acción, con base en los siguientes argumentos:

7.1.- Primero, consideró que la acción impetrada era una reparación directa y que
el término de caducidad debía contabilizarse desde la fecha de la ocurrencia del
hecho generador del daño, esto es desde el momento en el que se suprimió el
cargo del demandante, por lo cual la demanda había sido presentada
extemporáneamente.

7.2.- Luego señaló que si se consideraba que el acto era ilegal como
consecuencia de la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional, la
acción era improcedente porque lo que procedía era una acción de nulidad y
restablecimiento.

D.- Recurso de apelación

8.- La parte demandante apeló la decisión de primera instancia6. Solicitó su
revocatoria y pidió acceder a las pretensiones de la demanda. Reiteró que la
acción de reparación directa era la procedente para reclamar perjuicios derivados
del daño antijurídico ocasionado por la aplicación de la Ley 1152 de 2007, que
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
175 de 2009. Solicitó tener en cuenta la providencia proferida por el 15 de mayo
de 20037 con ponencia del doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, en la cual

5 Fls.197-212 cuaderno principal.
6 Fls.216-220 cuaderno principal.
7 Número interno 23245.

4

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

el Consejo de Estado estableció lo anterior y señaló que en tal caso la
antijuridicidad del daño se consolidaba en el momento en el que se profirió la
sentencia de la Corte.

II. CONSIDERACIONES

E.- Decisión a adoptar

9.- La Sala revocará la sentencia del Tribunal.

9.1.- La acción de reparación directa por el hecho del legislador es procedente
porque el demandante reclama la indemnización por los daños ocasionados por
una ley que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

9.2.- Sin embargo, la Sala negará las pretensiones, porque la Corte
Constitucional no asignó efectos retroactivos a la sentencia de
inconstitucionalidad, requisito que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional han exigido para demostrar la antijuridicidad del daño.

F.- La reparación directa por el hecho del legislador

10.- El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han determinado que los
ciudadanos pueden acceder a la acción de reparación directa cuando el
legislador ha incurrido en una acción u omisión que, consecuentemente, les haya
ocasionado un daño. Esta Corporación se refirió a este tema en sentencia del 21
de marzo de 20188, así:

“Vale la pena recordar que, como lo indicó la Corte Constitucional al examinar la
exequibilidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la
interpretación de esta norma que es compatible con el artículo 90 superior es la
que ha sido adoptada por el Consejo de Estado, a saber, aquélla según la cual
“dentro de los supuestos de procedencia de la acción de reparación directa se
encuentran los hechos u omisiones imputables al Legislador”, de modo que, al
estimar que el daño cuya reparación se pretende es imputable a este último, la
sociedad actora estaba perfectamente legitimada para hacer valer dicha
pretensión a través de la acción de reparación directa, medio de control que,
como su nombre lo indica, puede incoarse sin necesidad de provocar el
pronunciamiento previo de la administración y que, como se explicó en la
providencia de 13 de marzo pasado, tiene un objeto distinto al del mecanismo
administrativo que, de acuerdo con el Estatuto Tributario, habría podido
adelantarse para la devolución del impuesto y al de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho al que este habría dado lugar”.

11.- En este caso, el accionante impetró la acción de reparación directa al
enterarse de que la Corte Constitucional declaró inexequible de manera integral
la Ley 1152 de 2007 en la sentencia C-175-09 del 18 de marzo de 2009, por

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de marzo de 2018,
Rad. 25000-23-26-000-2003-00206-01(29352) (IJ).

5

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

haber incurrido en vicios de forma relativos a la necesidad de agotar
adecuadamente la consulta previa con las comunidades indígenas y
afrodescendientes. Instauró esa acción dentro de los dos años siguientes a la
fecha de notificación de la sentencia de inconstitucionalidad, y consideró que con
su expedición se produjo la antijuridicidad del daño cuya reparación reclama.

12.- La reparación directa se planteó teniendo en cuenta que, (i) en el artículo 24
de la Ley 1152 de 2007 que tuvo por objeto reformar el INCODER, se facultó al
Gobierno para reglamentar su estructura interna; (ii) ello se materializó a través
de los Decretos 4902 y 4903 del 21 de diciembre de 2007, que suprimieron unos
cargos de la entidad, entre los cuales estaba el ocupado por el demandante; y
(iii) la decisión particular en la cual se le comunicó al demandante su
desvinculación por supresión del cargo se se plasmó en el oficio SAF-7000 No.
20073176118 del 27 de diciembre de 2007.

13.- La anterior pretensión no es procedente porque la sentencia de
inexequibilidad de la ley no tiene efectos retroactivos, lo que impone considerar
que los decretos y actos proferidos en su vigencia no están afectados de
ilegalidad. Y, tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte
Constitucional han señalado que la acción de reparación directa por el hecho del
legislador solo es procedente sólo cuando la Corte modula la sentencia de
inconstitucionalidad y determina que esta tiene efectos retroactivos.

13.1.- Al respecto, la Sala pone de presente que, por mandato constitucional,
(artículo 241) y por desarrollo jurisprudencial y legal (artículos 45 y 48 Ley 270 de
1996), los efectos de los fallos de inexequibilidad son, por regla general, ex nunc,
esto es, a futuro y erga omnes, obligatorios para todos. Por ello, sólo el órgano
de control, la propia Corte Constitucional, está autorizada para modular los
efectos de la decisión para que tengan efectos ex tunc, es decir hacia el pasado.

13.2.- Cuando esto no sucede significa que, por seguridad jurídica y estabilidad
de las cosas, el órgano de control valida lo realizado y consolidado durante el
tiempo de vigencia de la norma y, por tanto, ya no se puede revisar o modificar y
permanece intangible. Sobre ese preciso aspecto el juez de la reparación directa
no tiene competencia para cambiar o extender los efectos del fallo de
inexequibilidad hacia atrás, como por ejemplo, para predicar que lo ejecutado
antes de la sentencia causa un daño antijurídico y que por tanto compromete la
responsabilidad patrimonial del Estado.

14.- Sobre este particular, en sentencia del 13 de marzo de 20189 el Consejo
de Estado determinó que la antijuridicidad del daño dependía de los efectos de
la sentencia de inexequibilidad. En consecuencia, la declaratoria de
inexequibilidad no implicaba, por sí misma, la procedencia de la reparación, sino

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 28769. C.P. Danilo Rojas.

6

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

que era necesario demostrar los efectos retroactivos de tal decisión. Esto dijo el
Consejo de Estado:

<<Las mismas razones que llevan a que nuestro ordenamiento jurídico haya
establecido como regla el que las declaratorias de inconstitucionalidad tengan
efectos hacia el futuro y sólo excepcionalmente hacia el pasado, sugieren que la
definición de la antijuridicidad de un daño causado por una ley declarada
inexequible sea ligada a los efectos fijados para dicha declaratoria y no a la
constatación de su inconformidad con la Constitución. Efectivamente, si la fijación
de los efectos hacia futuro o diferidos busca garantizar la seguridad jurídica, esto
es, la estabilidad de las relaciones jurídicas que se fundaron y regularon por el
cuerpo normativo entonces vigente -circunstancia que, se reitera, no vulnera el
principio de supremacía de la Constitución sino que, al contrario, lo garantiza, tal
como lo ha considerado la misma Corte Constitucional-, no hay razones para que
la protección de dicha seguridad jurídica se circunscriba a la cuestión de la
vigencia de la norma y deje de lado aquella relativa a las cargas por ella
impuestas (…).

<<Teniendo claro entonces que, en todo caso, la decisión adoptada sobre la
inexequibilidad de la ley o la nulidad del acto administrativo supuestamente
causante de un daño es relevante en el análisis que debe adelantar el juez
de la responsabilidad del Estado sobre la antijuridicidad de este último, la
Sala considera que el criterio de antijuridicidad que mejor se acompasa con
el ordenamiento jurídico es aquél que se funda en los efectos de la
sentencia proferida en sede de legalidad y no en la constatación que ésta
realizó sobre la contrariedad de la norma o acto con las normas
superiores”.

15.- En similar sentido, en la sentencia del 21 de marzo de 201810 el Consejo
de Estado reiteró que la declaratoria de inexequibilidad con efectos hacia el futuro
implicaba la ausencia de antijuridicidad del daño mientras la norma se encontraba
vigente, así:

<<En estos términos resulta claro que el mismo ordenamiento jurídico prevé que
normas declaradas inconstitucionales sean temporalmente, de obligatorio
cumplimiento para los particulares, sin que ello implique menoscabo del principio
de supremacía de la Constitución pues, en realidad, es un efecto de la realización
de principios y valores constitucionales. Así pues, no le asiste razón a la
denominada tesis de la antijuridicidad como incompatibilidad con la norma
superior cuando señala que hay una incoherencia lógica entre admitir que la
declaratoria de inexequibilidad hace desaparecer la norma del ordenamiento y,
al mismo tiempo, consolida las situaciones causadas con anterioridad pues, en
realidad, lo que significa la declaratoria de inexequibilidad con efectos hacia
futuro es que si bien la norma tenía un vicio de inconstitucionalidad, es
constitucional mantener su vigencia -y, por ende, su obligatoriedad- entre
su expedición y dicha declaratoria, de donde se deriva que durante ese
período existía la obligación jurídica de asumir las cargas por ella
impuesta”.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de marzo de 2018,

Rad. 25000-23-26-000-2003-00206-01(29352) (IJ).

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Demandante: Holmes Torres Arana y otros

16.- Estas posturas fueron reiteradas en el fallo del 14 de diciembre de 201811.
En esa oportunidad el Consejo de Estado señaló que la antijuridicidad del daño
depende de la modulación de los efectos de la sentencia de inexequibilidad por
parte de la Corte Constitucional. En este sentido, el daño será antijurídico si la
sentencia de inconstitucionalidad tuvo efectos hacia el pasado. Esto indicó el
Consejo de Estado:

<<El cumplimiento de una obligación legal que se materializa en vigencia de ley
posteriormente declarada inexequible no comporta de suyo daño antijurídico para
el responsable que honra el pago, pues es el propio ordenamiento el que
determina que las normas declaradas inconstitucionales son de obligatorio
cumplimiento entre el momento de su expedición y aquel en el que se
profiere y publica la sentencia declaratoria de su inexequibilidad (…)
<<Ahora, si el elemento a partir del cual se deduce la antijuridicidad del daño se
hace radicar, no en la inconstitucionalidad, como vicio, sino a los efectos del fallo
de inexequibilidad, el problema se encuentra, también, resuelto por el
ordenamiento, pues es el mismo artículo 45 de la ley 270 de 1996, interpretado
conforme a los lineamientos normativos del artículo 241 de la Constitución, la
fuente formal de derecho en cuya virtud los efectos temporales de las sentencias
de inexequibilidad son ex nunc, salvo que la Corte Constitucional los module para
conferirles un efecto diferente (…)
<<Por lo tanto, esta Sala concluye que, en asuntos de responsabilidad
patrimonial por el daño ocasionado con una disposición legal declarada
inexequible, la antijuridicidad del daño dependerá de la vigencia de la norma en
el momento en que ella se impuso, conforme a la modulación de los efectos
temporales del fallo, definido por la Corte Constitucional. Y en este orden de
ideas, se producirá daño antijurídico como consecuencia de la falla del
servicio por causa de la declaración de inexequibilidad de una ley,
únicamente, cuando la sentencia de constitucionalidad haya proferida
expresamente con efectos retroactivos. Cuando ello no ocurra, las normas
expulsadas del ordenamiento jurídico serán de obligatorio cumplimiento entre el
momento de su expedición y el de la declaratoria de inexequibilidad, con lo cual
son válidas las cargas que impongan a los particulares durante dicho período”.

17.- Ahora bien, en Sentencia SU-037 de 2019 la Corte Constitucional adoptó la
tesis del Consejo de Estado del 13 de marzo de 2018 frente a la antijuridicidad
del daño y concluyó que la responsabilidad por el hecho del legislador se predica
cuando la Corte otorga retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad. La Corte
citó al Consejo de Estado:

“Así las cosas, según la jurisprudencia contenciosa administrativa en vigor,
la responsabilidad por el hecho del legislador, en los términos del artículo
90 de la Constitución, puede derivarse de un fallo de inconstitucionalidad,
siempre que el interesado en la reparación respectiva demuestre que: (i)
sufrió un daño con ocasión de la aplicación de una norma legal, la cual, (ii)
con posterioridad a la ocurrencia del mismo, fue declarada inexequible con
efectos retroactivos por esta Corporación.

Sobre el particular, este Tribunal considera pertinente manifestar que comparte
la posición unificada acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en la sentencia del 13 de marzo de 2018, pues es la tesis
que resulta más acorde con los mandatos superiores que regulan el control de

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C.P.Jaime

Rodríguez Navas. Exp. 29849.

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Demandante: Holmes Torres Arana y otros

constitucionalidad de las leyes y le asignan únicamente a la Corte Constitucional
la atribución de modular los efectos temporales de sus providencias”.

18.- El apelante invoca la providencia proferida por esta Corporación el 15 de
mayo de 200312 con ponencia del doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, en
la cual se señaló que resultaba procedente demandar la reparación de daños
reclamados por un trabajador oficial de la Caja Agraria que fue desvinculado de
dicha entidad por efecto de los Decretos Ley 1064 y 1065 de 1999. Estos fueron
posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C-918 de 1999, en virtud de que el Presidente había obrado sin ningún
tipo de competencia al expedirlos, pues la misma Corte había declarado
inexequibles las facultades extraordinarias que le fueron conferidas al Presidente
por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998. El asunto objeto de decisión en ese
caso tiene varias diferencias con el que se ocupa ahora la atención de la Sala,
pero la más relevante es que en esa sentencia de inexequibilidad la Corte
Constitucional claramente indicó que tal decisión tenía efectos <<a partir de la
fecha de promulgación de los decretos>>13.

G.- Costas

19.- En consideración a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del
C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 11 de octubre de 2012 por el
Tribunal Administrativo de Arauca, en la cual se declaró la improcedencia de la
acción. En su lugar DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin costas.

12 Número interno 23245.
13 En la sentencia C-918-19, se lee :<< En efecto, por virtud de lo fallado, para el momento en que los

aludidos decretos fueron puestos en vigencia, puede entenderse que no existía la norma habilitante y, por
tanto, el Jefe del Estado no gozaba de la investidura legislativa extraordinaria. De ese modo, tales decretos
han perdido todo fundamento, desde el instante de su expedición, y así habrá de declararlo la Corte,
conformando la unidad normativa con el articulado íntegro de los dos estatutos.>>

9

Radicado: 810012331000201100013 01 (46133)
Demandante: Holmes Torres Arana y otros

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

10

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