Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2012-10029-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-31-000-2012-10029-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 81001-23-31-000-2012-10029-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
23 de agosto de 2024
Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintitrés [23] de agosto de dos mil veinticuatro [2024].
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho [CCA]
Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Demandada: Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural [sucedido procesalmente por
la Agencia Nacional de Tierras]
TEMAS: EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES BALDÍOS
Y A LA REVOCATORIA DIRECTA DE LAS DETERMINACIONES QUE ASÍ LO DISPONEN - En la
medida en que la solicitud de revocación directa del acto de adjudicación se presentó el 19 de febrero
de 2009, el procedimiento adelantado por el Incoder debía ceñirse a lo establecido en la Ley 1152
de 2007 / EL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA DEL
DEMANDANTE - El trámite administrativo que devino en la revocatoria directa de la Resolución No.
0867 del 1° de noviembre de 2006 estuvo viciado por las irregularidades en la comunicación del
inicio de la actuación, toda vez que no se demostró el envío de la citación por correo a la dirección
de la parte actora, ni la imposibilidad de realizarla acorde con lo señalado en los artículos 14, 15 y
28 del CCA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala estudia el recurso de apelación interpuesto por Reinaldo Bernal Pérez en
contra de la sentencia del 5 de marzo de 2014, a través de la cual la Sala Única de
Decisión del Tribunal Administrativo de Arauca declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural
y, además, resolvió lo siguiente [transcripción literal]:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, instaurada por el señor REINALDO BERNAL PÉREZ,
en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER),
por los motivos expresados en esta providencia, con excepción del numeral tercero
de la Resolución Número 0378 del 17 de noviembre de 2010, el cual se ANULA en la
parte que dice “hecho lo anterior se archivarán las diligencias” y, en su lugar,
ORDENAR la continuación del proceso de adjudicación del bien baldío solicitado por
el demandante [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
I. SÍNTESIS DEL CASO
A través de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 20061, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural le adjudicó a Reinaldo Bernal Pérez el predio baldío
1 El acto administrativo enjuiciado fue expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
Ahora bien, ha de advertirse que las funciones a cargo del extinto Incoder fueron reasignadas a la
Agencia Nacional de Tierras, en virtud de lo previsto en el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
denominado “El Diamante”, ubicado en el municipio de Cravo Norte, departamento
de Arauca.
El 19 de febrero de 2009, Germán Ramiro Erazo Belalcázar acudió ante el Incoder
para solicitar la revocatoria directa del título de propiedad que se le otorgó a
Reinaldo Bernal Pérez sobre el bien inmueble en comento. Para sustentar su
petición, afirmó ser el legítimo dueño ese predio.
Surtida la etapa probatoria correspondiente en el marco del procedimiento que se
inició por cuenta de la solicitud de antes referida, a través de la Resolución No. 0378
del 17 de noviembre de 2010 -decisión objeto de control judicial-, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural revocó directamente el acto administrativo que le
adjudicó al demandante el terreno baldío denominado “El Diamante”.
En tal virtud, Reinaldo Bernal Pérez considera que en el desarrollo del trámite
adelantado por el establecimiento en público en cuestión se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso -desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa-, dado que, entre otras falencias, no se le notificó personalmente el auto
que inició el procedimiento de revocación directa.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta
1.1. El 9 de febrero de 20122, Reinaldo Bernal Pérez, a través de apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda en contra de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -en lo
sucesivo el Ministerio- y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -en adelante el
Incoder-, con la finalidad de que se accediera a las siguientes pretensiones [se
transcriben de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[…] DECLARACIONES Y CONDENAS
Como pretensión principal se declare la nulidad de la Resolución 0378 del 17 de
noviembre de 2010, por medio de la cual se resuelve oficiosamente la
REVOCATORIA de la Resolución No. 0867 del 01 de noviembre de 2006, por medio
de la cual la oficina de Enlace Territorial No. 8 de Arauca del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural - INCODER, adjudicó a mi poderdante el predio baldío que él mismo
denominó como EL DIAMANTE, ubicado en la vereda La Virgen del municipio de
Cravo Norte, departamento de Arauca.
Que se restablezcan los derechos legalmente adquiridos por mi poderdante mediante
el proceso administrativo de titulación y quede en firme la Resolución No. 0867 del 01
de noviembre de 2006, por medio del cual se le adjudica e inscribe como titular de la
propiedad del predio denominado EL DIAMANTE, ubicado en la vereda La Virgen del
2 Folios 2 a 18 del cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca e inscrita ante la Oficina de
Instrumentos Públicos bajo matrícula No. 410-52409 a mi poderdante.
Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido en
el artículo 176 del CCA.
En subsidiariedad y en caso de no acceder a las pretensiones anteriores, solicito a su
Señoría condene al demandado al pago de perjuicios económicos por valor de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($436’000.000) [...]”
[énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
1.2. Como fundamentos fácticos, en síntesis, el extremo activo mencionó los
siguientes:
1.2.1. Afirmó que, el 20 de abril de 2006, su apoderado judicial acudió a la oficina
del Incoder en el departamento de Arauca y, en tal virtud, presentó la solicitud
tendiente a que se le adjudicara “[...] el predio denominado por él mismo EL
DIAMANTE, ubicado en la vereda La Virgen, municipio de Cravo Norte,
departamento de Arauca, del cual ejercía su posesión y usufructo desde hace 10
años aproximadamente [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].
1.2.2. Sostuvo que, cumplidos los requisitos para el mencionado propósito, se
profirió el “AUTO DE ACEPTACIÓN No. 0768845” del 21 de abril de 2006. De igual
modo, indicó que la inspección ocular sobre el bien inmueble materia de
adjudicación se fijó para el 23 de mayo de 2006.
1.2.3. Advirtió que, el 21 de abril de 2006, se elaboró el aviso de la solicitud de
adjudicación, el cual “[...] sería publicado en las carteleras de la Alcaldía Municipal
de Cravo Norte, departamento de Arauca, cartelera de INCODER y emisora
utilizada para tal fin. Efectivamente se publicó en la cartelera de la Alcaldía Municipal
de Cravo Norte y en cartelera de INCODER, para lo cual se dejó constancia [...], sin
que se hubiera presentado oposición [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].
1.2.4. A pesar de lo anterior, precisó que [se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores]:
“[...] [L]a constancia anotada por la gerencia de la Emisora la Voz del Cinaruco, medio
radial utilizado para su publicación, transcribe en el formato de aviso de aceptación,
que la publicación se surtió los días 20 y 24 del mes de abril de 2006, lo que constituye
un error de transcripción evidente, puesto que según los antecedentes del aviso fue
elaborado el 21 de abril de 2006 y por ende no se puede publicar un día antes de su
elaboración, [...] sin embargo hoy es fundamento del INCODER Territorial Arauca que
utiliza para declarar la nulidad del procedimiento y procede a revocar la Resolución
No. 0867 del 01 de noviembre de 2006, la cual titula a mi poderdante la propiedad del
predio denominado EL DIAMANTE, ubicado en la vereda La Virgen, municipio de
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Cravo Norte, departamento de Arauca. Pero dicho error no se resaltó en ningún
momento, por ello se continuó con el proceso de adjudicación [...]” [énfasis y
mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
1.2.5. Expuso que, el 23 de mayo de 2006, se realizó la inspección ocular sobre el
predio en cuestión, diligencia en la cual, según lo señalado en la demanda, “[...] se
evidenció que mi poderdante residía y explotaba el predio EL DIAMANTE [...]. Como
consecuencia de la inspección realizada, se emitió el concepto técnico “es viable
legalizar las tierras, pues existe explotación de la tierra que genera excedentes
económicos [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
Resaltó que los asistentes a dicha diligencia suscribieron el acta correspondiente y,
además, indicó que no se presentó oposición alguna.
1.2.6. Mencionó que, el 14 de agosto de 2006, el Incoder elaboró el “AVISO DE
ACLARACIÓN DE LA INSPECCIÓN OCULAR No. 0363845”, el cual sería publicado
“[...] en la emisora VOZ DEL CINARUCO de Arauca, donde se expresaba que los
interesados podrían solicitar aclaración de la inspección ocular realizada al predio
EL DIAMANTE, dejando constancia la gerencia de la emisora que dio publicación
el día 16 de agosto de 2006 a las 10:30 a.m. [...]”, sin que se efectuara ninguna
solicitud durante el término fijado para ello [énfasis y mayúsculas sostenidas propias
del texto transcrito].
1.2.7. Aseveró que, el 23 de agosto de 2006, se publicó en la cartelera del Incoder
el “AVISO DE FIJACIÓN EN LISTA No. 8450321”, documento que correspondía a
la titulación del bien inmueble en comento.
1.2.8. Señaló que, una vez acreditados los requisitos previstos en la Ley 160 de
1994 y en los Decretos 2664 de 1994 y 982 de 1996, se profirió la Resolución No.
0867 del 1° de noviembre de 2006, a través de la cual le adjudicó al extremo
demandante el predio baldío denominado “El Diamante”.
1.2.9. Aseguró que “[...] hace más de 10 años mi poderdante residió en calidad de
poseedor de buena fe el predio EL DIAMANTE [...], explotando libremente el
terreno, ejerciendo como amo y señor de las tierras públicamente, de buena fe y sin
ningún tipo de aposición o reclamación alguna [...]” [énfasis y mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].
1.2.10. Adujo que, “[p]or comentarios de vecinos”, el actor tuvo conocimiento de un
procedimiento de revocatoria directa que se adelantó respecto de su título de
adjudicación, motivo por el cual se dirigió a la oficina del Incoder en el departamento
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
de Arauca y, como consecuencia de ello, constató que el trámite en cuestión había
finalizado con la expedición de la Resolución No. 0378 del 17 de noviembre de 2010,
determinación mediante la cual se declaró la nulidad del procedimiento de
adjudicación y, en consecuencia, se revocó la Resolución No. 0867 del 1° de
noviembre de 2006.
1.2.11. Precisó que el procedimiento de revocatoria directa fue promovido por
Germán Ramiro Erazo Belalcázar, quien indicó que era el propietario del bien
inmueble adjudicado y de los predios de otras 8 personas más; sin embargo, los
abandonó “[...] por causa de un secuestro por grupos al margen de la ley que lo
mantuvieron cautivo por el transcurso de 3 meses, hechos ocurridos el 18 de marzo
de 1988; razón por la cual abandonó las tierras y solicita se inicien las gestiones
respectivas para salvaguardar los derechos que le asisten [...]”.
1.2.12. Expuso que, el 12 de marzo de 2009, el Incoder expidió el auto a través del
cual inició el procedimiento de revocatoria directa antes mencionado, decisión que
ha debido serle notificada personalmente, lo que no ocurrió.
1.2.13. Recalcó que “[...]por la falta de notificación personal, mi poderdante no se
hizo parte, por lo que se resolvió designar curador ad litem para que defendiera sus
derechos adquiridos legalmente, dentro del proceso anteriormente descrito [...]”.
1.2.14. Afirmó que, a través del auto del 11 de marzo de 2010, el Incoder decretó
todas las pruebas documentales aportadas por Germán Ramiro Erazo Belalcázar,
así como también ordenó la recepción de unos testimonios -solicitados por el
peticionario de la revocación directa y el curador ad litem del actor-.
1.2.15. Resaltó que, sin practicar la totalidad de las pruebas y, en especial, sin
adelantar la inspección ocular sobre el predio “El Diamante”, el Incoder expidió la
Resolución 0378 del 17 de noviembre de 2010, aduciéndose la existencia de una
“nulidad absoluta” en el procedimiento de adjudicación del inmueble,
fundamentada en supuestas irregularidades en la publicación del aviso de solicitud
de adjudicación de conformidad con el artículo 6.2 del Decreto 0982 de 1996, pues
a juicio de la entidad “[...] el INTERVALO DE CINCO DÍAS CALENDARIO que da
cuenta la norma no se cumplió y además la primera publicación o sea el 20 de abril
de 2006 se efectuó antes de proferirse el AUTO DE ACEPTACIÓN DEL PROCESO
DE ADJUDICACIÓN, el cual fue publicado por la EMISORA LA VOZ DEL
CINARUCO [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
1.2.16. Expuso que, el 9 de agosto de 2011, cobró ejecutoria la Resolución No. 0378
del 17 de noviembre de 2010.
1.3. El análisis relativo a las normas supuestamente infringidas y el concepto de
su infracción, en síntesis, se concentró en lo siguiente:
1.3.1. La parte demandante señaló que el acto administrativo cuestionado violó: [i]
los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 90 y 91 de la Constitución Política de 1991; [ii] el artículo
69 del CCA; [iii] el capítulo IX del Decreto 2664 de 1994 -artículo 42- y [iv] el
Decreto 982 de 1996.
1.3.2. Con la finalidad de sustentar lo anterior, afirmó que el Incoder “[...] incurrió en
una responsabilidad de tipo directo que se evidencia en la omisión de las garantías
constitucionales dentro del procedimiento de revocatoria directa adelantado contra
la Resolución 0867 de 2006 [...]”.
Frente al capítulo IX del Decreto 2664 de 1994 -artículo 42-, señaló que dicha
disposición normativa fue vulnerada, dado que “[...] no se llevó a cabo el debido
proceso y por ende los fundamentos y soporte probatorio son inexistentes de la
motivación que expresa la ilegalidad de la revocatoria, contenida en la Resolución
0378 del 17 de noviembre de 2010 [...]”.
1.3.3. En lo que respecta al concepto de la violación propiamente dicho, se indicó
que al “funcionario sustanciador” del Incoder le faltaba neutralidad, toda vez que
“[...] no ordenó la práctica de pruebas y admitió la solicitud de revocatoria cuando
incluso la instancia de esta acción en contra del acto administrativo que adjudicaba
el predio estaba vencido [...]”.
También aseguró que la entidad pública demandada desconoció las garantías
procesales del actor, debido a que el procedimiento de revocatoria directa no se le
notificó personalmente, “[...] no existió la debida representación y defensa técnica,
no se practicaron las pruebas ordenadas y por ende ni siquiera se valoraron, puesto
que no existía sustento probatorio, resultando con ello la flagrante vulneración a los
derechos fundamentales [...]”.
Resaltó la falta de realización de la inspección ocular sobre el predio denominado
“El Diamante” y, además, sostuvo que “[...] solamente se ejecutaron y valoraron las
aportadas y solicitadas por el peticionario de la revocatoria, siendo flagrante y
evidente la violación al debido proceso y al derecho de defensa en contra de mi
poderdante [...]”.
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Así las cosas, el actor concluyó que la Resolución 0378 del 17 de noviembre de
2010 adolece de nulidad [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...]pues es violatoria de los derechos fundamentales de mi poderdante y
efectivamente contiene vicios materiales y sustanciales expuestos, no tiene eficacia
jurídica que provenga del imperio de la ley, ya que fue creada bajo defectos
procedimentales, fácticos, violación directa a la Constitución Nacional por falta de
motivación y desconoce precedentes constitucionales vinculantes, por lo que se hace
necesario interponer la presente acción, para que se garanticen los derechos de mi
poderdante y se proceda a restablecer los derechos legalmente adquiridos, los cuales
se reflejan en la propiedad del predio denominado EL DIAMANTE , ubicado en la
vereda La Virgen del municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, titulado
mediante la Resolución No. 0867 de 2006 [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].
2. La admisión de la demanda y su contestación
2.1. Mediante el auto del 21 de marzo de 20123, el Tribunal Administrativo de Arauca
admitió la demanda, decisión que se notificó en debida forma al Incoder y al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2.2. El 14 de mayo de 20124, el Incoder contestó el escrito inicial y se opuso a la
prosperidad de la totalidad de las pretensiones formuladas por Reinaldo Bernal
Pérez. Para tal efecto, sostuvo que [se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores]:
“[...] [E]l INCODER al iniciar y llevar a cabo el procedimiento de revocación directa de
la adjudicación de un terreno baldío obró de conformidad con la ley y se limitó a
corregir un acto administrativo irregular revocando dicho acto administrativo, teniendo
en cuenta que una vez realizado el análisis del expediente de adjudicación, encontró
vicios procedimentales que no se deben dejar por alto y por tal razón expidió la
Resolución No. 0378 de 2010, por la cual se revocó de oficio la Resolución No. 0867
del 1° de noviembre de 2006 [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
En línea con dicho razonamiento, el extremo pasivo planteó la excepción
denominada “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO”,
mecanismo de defensa que sustentó en los términos que se pasan a sintetizar:
Indicó que, de conformidad con lo previsto en las Leyes 135 de 1961, 160 de 1994
y el Decreto 230 de 2008, el Incoder podía revocar directamente las resoluciones
de adjudicación de bienes baldíos que se expidiesen en contra de las normas
constitucionales, legales o reglamentarias vigentes, competencia que podía ejercer
en cualquier tiempo y sin el consentimiento expreso del titular.
3 Folios 140 y 141 del cuaderno del Tribunal.
4 Folios 147 a 153 del cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Luego de referirse al artículo 39 del Decreto 2664 de 1994, señaló que, de cara al
caso concreto [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...] [C]uando el INCODER evidenció que en el procedimiento de adjudicación
adelantado en favor del señor REINALDO BERNAL PÉREZ, existió una violación a la
norma reglamentaria vigente al momento de la adjudicación, esto es el artículo 6 del
Decreto 0982 de 1996, modificatorio del Decreto 2664 de 1994, porque el intervalo
del que da cuenta la norma no se cumplió, pudo revocar sin el consentimiento expreso
del titular la Resolución de adjudicación No. 0867 del 1° de noviembre de 2006, pues
la norma especial así lo establece; sin embargo, como se prueba en los folios que
obran en el expediente, este Instituto procedió a notificar al interesado del
procedimiento de revocación directa que se adelantaba, el cual no hizo presencia en
el proceso y el mismo fue representado por un curador ad litem [...]” [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].
Así las cosas, solicitó que se despacharan desfavorablemente las súplicas de la
demanda, dado que, en su criterio, no se logró probar que el Incoder hubiese
actuado en contra del ordenamiento jurídico al expedir la resolución acusada.
2.3. El 14 de mayo de 20125, la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
contestó la demanda y se opuso a que prosperaran las súplicas planteadas por el
actor. En tal sentido, propuso los siguientes medios exceptivos: [i] caducidad; [ii]
falta de legitimación en la causa por pasiva; [iii] “del presunto desconocimiento del
debido proceso” e [iv] “inexistencia del perjuicio reclamado”.
[i] Frente a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
ejercida por el extremo activo, sostuvo que el término de 4 meses previsto para
acudir a dicho contencioso estaba “ampliamente superado”, puesto que “[...] [l]a
Resolución 0378 es del 17 de noviembre de 2010 y la conciliación prejudicial fue
presentada hasta el 2012 [...]”.
[ii] En lo que atañe a la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio,
indicó que la expedición del acto administrativo cuestionado no estuvo a su cargo,
toda vez que la entidad pública que lo profirió fue el Incoder, la cual contaba con
personería jurídica independiente, patrimonio propio y autonomía administrativa y
financiera.
[iii] Respecto del mecanismo de defensa denominado “del presunto
desconocimiento del debido proceso”, afirmó que [se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores]:
“[...] De acuerdo con los documentos allegados al proceso, se advierte que el
demandante no demostró siquiera sumariamente cuáles omisiones o actuaciones
específicas del INCODER ocasionaron violación al debido proceso. Por el contrario,
se observa que en el transcurso del procedimiento administrativo de la revocación de
5 Folios 163 a 169 del cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
la adjudicación se guardaron todas las ritualidades requeridas para que [se] garantice
el derecho al debido proceso [...]” [complementación añadida y mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].
[iv] Frente a la excepción titulada como “inexistencia del perjuicio reclamado”, el
Ministerio adujo que no se aportó prueba alguna que diera cuenta de su
materialización.
3. Los alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. A través del auto del 18 de febrero de 20136, el Tribunal de origen corrió
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto.
3.2. La parte demandante alegó de conclusión7 y reiteró lo expuesto en la
demanda.
3.3. El Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron
alegaciones conclusivas8 y, en tal sentido, replicaron los argumentos plasmados
en sus contestaciones de la demanda.
3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
4. La sentencia de primera instancia
La Sala Única de Decisión Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la sentencia
del 5 de marzo de 20149, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, además, resolvió10 lo
siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, instaurada por el señor REINALDO BERNAL PÉREZ,
en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER),
por los motivos expresados en esta providencia, con excepción del numeral tercero
de la Resolución Número 0378 del 17 de noviembre de 2010, el cual se ANULA en la
parte que dice “hecho lo anterior se archivarán las diligencias” y, en su lugar,
ORDENAR la continuación del proceso de adjudicación del bien baldío solicitado por
el demandante [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
6 Folio 237 del cuaderno del Tribunal.
7 Folios 239 a 249 del cuaderno del Tribunal.
8 Folios 250 a 257 del cuaderno del Tribunal.
9 Folios 267 a 279 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Ha de mencionarse que uno de los magistrados del Tribunal a quo salvó su voto en la
correspondiente decisión, por considerar que sí se materializaron vicios procedimentales en el marco
del trámite de revocación directa adelantado en contra del acto administrativo a través del cual se le
adjudicó al actor el bien baldío denominado “El Diamante”, lo cual, en su criterio, conducía a la
anulación total de la resolución acusada. De igual modo, precisó que el régimen jurídico aplicable en
el asunto objeto de examen era el contenido en la Ley 1152 de 2007 y su Decreto Reglamentario
230 de 2008 [folios 281 a 286 del cuaderno del Consejo de Estado].
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Para sustentar dicha determinación, el juzgador de primer grado delimitó el
problema jurídico a resolver en los siguientes términos [transcripción literal]:
“[...] ¿Las causales de nulidad, las normas violadas y su concepto, presentadas por
el señor REINALDO BERNAL PÉREZ, en relación con el procedimiento de
revocatoria directa contra la Resolución Número 0867 del 1° de noviembre de 2016,
iniciado por solicitud del señor GERMÁN ERAZO BELALCÁZAR, pueden aplicarse al
acto administrativo, Resolución Número 0378 del 17 de noviembre de 2010, que,
precisamente, revocó el acto administrativo anterior y es objeto de esta acción de
nulidad y restablecimiento del derecho? [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].
Con el propósito de resolver el interrogante propuesto, el Tribunal a quo indicó que
resultaba necesario distinguir el procedimiento de adjudicación del bien baldío, el
procedimiento de revocatoria directa iniciado a petición del señor Germán Ramiro
Erazo Belalcázar y el procedimiento administrativo de revocatoria directa “[...]
iniciado y culminado por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
(INCODER), que produjo la Resolución Número 0378 del 17 de noviembre de 2010,
la que revoca aquel acto administrativo [...]” [mayúsculas sostenidas propias del
texto transcrito].
Precisado lo anterior, el juzgador de origen ofreció las consideraciones que pasan
a transcribirse [literalmente, incluso con posibles errores]:
“[...] Teniendo en mira los tres escenarios discriminados y confrontados con la prueba
documental arrimada al expediente, estos hechos relevantes resaltan, así como su
respectiva conclusión:
a) Que el proceso de adjudicación que terminó con la expedición de la Resolución
Número 0867 del 1° de noviembre de 2006, fue afectado con la revocatoria directa,
según la Resolución Número 0378 del 17 de noviembre de 2010.
b) Que el proceso de revocatoria directa se inició por petición de parte, un particular,
el que afirma ser el verdadero propietario del terreno denominado EL DIAMANTE,
ubicado en la vereda La Virgen, del municipio de Cravo Norte, adjudicado por el
INCODER al demandante, pero cuyo proceso administrativo de revocatoria, se
observa, nunca concluyó, debido a que la Administración optó por declarar nulo parte
del procedimiento de adjudicación.
c) Que, si bien es cierto del comienzo del procedimiento de revocatoria directa, igual
lo es, que en un momento determinado del trámite legal, el INCODER, no resuelve el
fondo del asunto, es decir, si los derechos del peticionario en cuanto a la propiedad,
la ocupación o la posesión, según el caso, ameritan mayor reconocimiento de los que
alegó y demostró el demandante, en el proceso de adjudicación del bien baldío.
d) Que, el INCODER, al dejar de tramitar la revocatoria directa, decide, según estudio
previo, declarar la nulidad de parte del procedimiento administrativo de adjudicación
del bien baldío solicitado por el demandante, por desconocimiento de los requisitos
de publicidad, que vulneran el debido proceso y, ante todo, los derechos de los
terceros interesados, quienes podían oponerse a la adjudicación [...]” [énfasis y
mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
10
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Acto seguido, resaltó que el Incoder había declarado la nulidad del procedimiento
de adjudicación con el propósito de “[...] preservar los derechos de los interesados
y del peticionario de la adjudicación del bien baldío (el demandante) [...]”, de tal
manera que dicha entidad, “[...] lejos de realizar cualquier estudio de los respectivos
títulos de los interesados, la posesión actual, los derechos en contradicción, la
inspección ocular decretada, todo dentro del procedimiento de la revocatoria directa,
más bien decide preservar el debido proceso y la continuación del trámite
administrativo de adjudicación, subsanando los errores detectados [...]”.
Bajo esta línea argumentativa, señaló que, de conformidad con las consideraciones
expuestas en el acto impugnado, las decisiones adoptadas por el Incoder se
fundaron en la constatación de irregularidades en el procedimiento de adjudicación
del terreno, determinación “[...] permitida legalmente, por tratarse de un derecho
fundamental y a la vez por la facultad oficiosa que le otorgó la ley para revocar en
forma directa los actos administrativos que adjudican bienes baldíos, en cualquier
tiempo y cuando se desconocen las normas estatuidas para esos supuestos [...]”.
Con todo, estimó que, dado que lo pretendido por la entidad pública demandada era
declarar la nulidad a partir del auto que dispuso su inicio a efectos de adelantar
nuevamente la actuación que se había surtido irregularmente, era necesario
declarar la nulidad del apartado del numeral tercero de la resolución acusada que
dispuso archivar las diligencias.
Así pues, textualmente concluyó [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]:
“[...] Conclusión
Las normas y el concepto de la violación planteadas por el demandante contra el acto
administrativo demandado, en ningún caso pueden aplicarse por tratarse de un
proceso de revocatoria distinto al que se inició y no finiquitó con decisión.
La motivación del acto administrativo demandado no es falsa, ni mucho menos se
desvirtuó como hecho cierto, por el contrario, los documentos del proceso
administrativo dan cuenta de la falta de las publicaciones en el proceso de
adjudicación del bien baldío a favor de REINALDO BERNAL PÉREZ y las
inconsistencias en las fechas del auto de inicio del trámite de adjudicación del bien
baldío solicitado por aquel.
El demandante no elevó cargos en contra de la Resolución demandada, pues
confundió este acto administrativo como el que termina el procedimiento de
revocatoria directa solicitada por el señor GERMÁN ERAZO BELALCÁZAR, siendo
un procedimiento totalmente distinto, el que tiene relación con la preservación del
debido proceso, derecho fundamental de alto valor.
Los motivos y la razón de la decisión descritos anteriormente, no obstan para declarar
la nulidad del numeral tercero de la Resolución No. 0378 del 17 de noviembre de
11
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
2010, acto administrativo objeto de esta acción contenciosa, en la parte que dice “ [...]
hecho lo anterior se archivarán las diligencias”, ya que lo que la administración
pretende es la nulidad del procedimiento a partir del auto que ordena su inicio, por lo
que es imposible y legalmente inadecuado ordenar el archivo, cuando lo pertinente
es continuar o adelantar el trámite administrativo de adjudicación del bien baldío
solicitado por el demandante, en el cual el peticionario de la revocatoria directa y los
terceros e interesados en general tendrán la oportunidad de demostrar y solicitar sus
derechos, y, en fin, hacer realidad el derecho de defensa y el principio de
contradicción [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
5. El recurso de apelación interpuesto11
Inconforme con la anterior determinación, el 18 de marzo de 201412 la parte
demandante interpuso recurso de apelación en su contra, impugnación que
sustentó en los términos que se pasan a sintetizar:
Reiteró que existían “[...] los elementos y pruebas suficientes para que se acepten
las pretensiones de la demanda, por la violación a derechos fundamentales y
procedimentales dentro del proceso que se culminó con el acto administrativo
demandado [...]”.
Afirmó que, contrario a lo señalado en la sentencia cuestionada, “[...] mi prohijado
adquirió en debida forma y respetando el procedimiento de adjudicación
determinado en la ley, y que el INCODER coordinó como entidad competente, para
ser beneficiario de la adjudicación del predio EL DIAMANTE [...]” [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].
Señaló que el procedimiento de revocatoria directa inició por petición de parte y no
de oficio, cuyas diligencias, en su criterio, no observaron los requisitos previstos en
la Ley 1152 de 2007 y el Decreto 230 de 2008, “[...] como lo fue la notificación
personal, pues se limitaron a realizar un aviso en la emisora, aun conociéndose
la dirección exacta del adjudicatario de conformidad con la ley especial, lo cual
constituye una flagrante vulneración al debido proceso, el derecho a la defensa y
contradicción de mi apoderado [...]” [énfasis propio del texto transcrito].
En ese sentido, señaló que estaba probado que “[...] al único que no se le notificó
personalmente fue a mi poderdante, pero contrario a ello, al peticionario de la
revocatoria y al Ministerio Público sí se les hizo el procedimiento personal. Reitero,
simplemente se conformaron con darle aviso por emisora a una serie de personas
11 Folios 288 a 291 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 Mediante el auto del 30 de abril de 2014, el a quo concedió la impugnación formulada por el
extremo activo [folios 298 y 299 del cuaderno del Consejo de Estado].
12
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
que debían presentarse en las oficinas del INCODER [...]” [mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].
Por cuenta de dicha circunstancia, aseguró que se habían vulnerado los artículos
20, 21, 22 y 23 del Decreto 230 de 2008 y 44 y 45 del CCA, de ahí que, a su juicio,
se hubiesen configurado las siguientes causales de nulidad: [i] expedición irregular
del acto administrativo acusado y [ii] violación al derecho fundamental al debido
proceso -desconocimiento del derecho de audiencia y defensa-.
Acto seguido, mencionó que, pese a que respecto del demandante no se agotó en
regular forma el procedimiento de notificación personal, “[...] se continuó con la
designación de oficio de un profesional del derecho designado, quien
lamentablemente no cumplió con su mandato legal y ético, pues únicamente se
limitó a realizar la práctica de pruebas y nunca volvió a intervenir, [...] en conclusión
no se ejerció el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso [...]”
[énfasis propio del texto transcrito].
También hizo hincapié sobre la falta de realización de la inspección ocular sobre el
bien inmueble denominado “El Diamante”, diligencia que resultaba “indispensable”
para los procedimientos administrativos en cuestión.
De cara a la confusión que se le endilgó al extremo activo en la providencia recurrida
-en punto a los procedimientos administrativos que adelantó el Incoder-, precisó lo
siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...] Se expresa que el demandante confundió los procesos administrativos
adelantados, situación que fue contraria, pues precisamente porque la misma entidad
INCODER al iniciar un proceso de revocatoria el cual no se cumplió en debida forma
y culminarlo con una nulidad de oficio, entrelazó dos figurales legales con diferentes
procedimientos y ninguno de ellos se cumplió, es cuando se resalta la evidente
ilegalidad de todos los actos y decisiones adelantadas para emitir la Resolución
0378 de 2010, puesto que cómo se justifica que se inició con un procedimiento de
revocatoria por petición de parte para alegar la propiedad y se concluye con una
nulidad de oficio que establece el no cumplimiento a un procedimiento de publicación
y errores de fecha, cuando ampliamente quedó demostrado que se realizó dicho
procedimiento, el cual fue verificado, aprobado por la revisión técnica y jurídica, lo
cual avaló el debido proceso adelantado. No existe prueba siquiera sumaria que
demuestre la nulidad del procedimiento de adjudicación, para adecuarse en las
causales de nulidad contenidas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y artículo 53
del Decreto 2664 de 1994 [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].
Finalmente, consideró que el Incoder “[...] erró en los fundamentos jurídicos que
aplicó en el procedimiento de la revocatoria, pues debió aplicar lo dispuesto en la
Ley 1152 de 2007 y el Decreto 230 de 2008, tal como lo había ordenado el Gerente
13
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
General del Instituto mediante Circular 040 de 2009, el cual hace parte del acervo
probatorio de la demanda [...]”.
6. Las actuaciones surtidas en segunda instancia
6.1. A través del auto13 del 9 de septiembre de 201414, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte activa.
6.2. Mediante el auto del 28 de octubre de 201415, se le corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera su concepto.
6.3. El actor presentó alegaciones conclusivas16 y replicó lo consignado en su
recurso de apelación.
6.4. El Ministerio alegó de conclusión en los mismos términos plasmados a lo largo
de la primera instancia.
6.5. El Incoder guardó silencio en esta etapa procesal.
6.6. El 3 de diciembre de 201417, el Ministerio Público rindió su concepto en el
sentido de solicitar la confirmación de la sentencia cuestionada.
6.7. El 31 de julio de 201518, Germán Ramiro Erazo Belalcázar, a través de
apoderado judicial, coadyuvó la defensa propuesta por el Incoder en este juicio.
6.8. A través del auto del 31 de agosto de 201519, esta Subsección admitió la
coadyuvancia antes referida.
6.9. Por medio del auto del 22 febrero de 2017, se reconoció a la Agencia Nacional
de Tierras -en adelante ANT- como la sucesora procesal del Incoder.
III. CONSIDERACIONES
Con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, la Sala analizará los siguientes aspectos: [1] la jurisdicción y la
13 A través del auto del 27 de julio de 2014, la Sección Primera de esta Corporación, al detectar que
el acto administrativo demandado versaba sobre un asunto agrario, remitió este asunto a la Sección
Tercera, de conformidad con lo consignado en el Acuerdo No. 55 del 5 de agosto de 2003 “Por medio
del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado” [folio 303 del cuaderno del Consejo de
Estado].
14 Folio 319 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folio 326 del cuaderno del Consejo de Estado.
16 Folios 327 a 335 del cuaderno del Consejo de Estado.
17 Folios 341 a 357 del cuaderno del Consejo de Estado.
18 Folios 382 a 384 del cuaderno del Consejo de Estado.
19 Folios 415 a 418 del cuaderno del Consejo de Estado.
14
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
competencia del Consejo de Estado para conocer del presente asunto ; [2] la acción
procedente; [3] la legitimación en la causa; [4] el ejercicio oportuno del derecho de
acción; [5] el objeto de la impugnación y la delimitación de los problemas jurídicos
a resolver en esta instancia; [6] los hechos probados y las pruebas relevantes en
este juicio para resolver los problemas jurídicos identificados; [7] el análisis de la
Subsección y la resolución del caso concreto y [8] la condena en costas.
1. La jurisdicción y la competencia del Consejo de Estado para conocer del
presente asunto
1.1. Con fundamento en lo previsto en el artículo 82 del CCA, modificado por el
artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1° de
la Ley 1107 de 200620, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para conocer del presente asunto, pues el extremo procesal
demandado está integrado por entidades públicas.
En ese sentido, es oportuno recordar que Reinaldo Bernal Pérez demandó a la
Nación21 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Incoder22 -actualmente
ANT23-, entidades cuya naturaleza pública no admite duda alguna.
1.2. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de
apelación interpuesto por el extremo activo en contra de la sentencia del 5 de marzo
de 2014, proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Administrativo de
Arauca, dada la vocación de doble instancia que le asiste a este juicio, toda vez que
20 “Artículo 1º. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de
la Ley 446 de 1998, quedará así: Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las
sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que
desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley [...]” [énfasis añadido].
21 La Constitución Política de 1991 se refiere a la Nación como persona jurídica en diversas
disposiciones, tales como los artículos 8, 49, 63, 67, 101, 102, 128, 217, 218, 266, 267, 268.3, 288,
298, 303, 305.6, 305.11, 331, 352, 354, 359, 362, 364 y 368, entre otros.
22 La naturaleza jurídica del extinto Incoder está definida en el artículo 1° del Decreto 1300 del 23 de
mayo de 2003, disposición normativa que establece lo siguiente [transcripción literal]: “Artículo 1°.
creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera [...]” [énfasis añadido].
23 La naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras está definida en el artículo 1° del Decreto
2363 del 7 de diciembre de 2015, disposición normativa que establece lo siguiente [transcripción
literal]: “Artículo 1°. Creación y naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.
Créase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial,
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de
su competencia” [énfasis añadido].
15
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
la cuantía para la fecha en la que se presentó la demanda -9 de febrero de 201224-
superó los 300 SMLMV exigidos para aquella época, de conformidad con lo
establecido en los artículos 12925, 132.326 y 18127 del CCA.
2. La acción procedente
2.1. Según lo contemplado en el artículo 85 del CCA28, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo procesal idóneo para solicitar: [i] la
anulación de un acto administrativo; [ii] el restablecimiento del derecho amparado
en una norma jurídica que se estima vulnerado y [iii] la reparación del daño
causado.
2.2. Así las cosas, como en este juicio se pretende la nulidad del acto administrativo
a través del cual se revocó directamente la adjudicación del bien baldío denominado
“El Diamante” a favor de Reinaldo Bernal Pérez y, además, también se persigue el
restablecimiento de los derechos del extremo activo sobre el predio en comento, es
necesario concluir que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
ejercida en el presente asunto es la procedente para abordar el estudio del caso
concreto que se somete a consideración de esta Subsección.
3. La legitimación en la causa
3.1. En lo que respecta a este presupuesto a procesal, es necesario indicar que
Reinaldo Bernal Pérez y el Incoder se encuentran legitimados en la causa por
activa y por pasiva, respectivamente, puesto que:
24 El valor del salario mínimo legal mensual vigente en el 2012 ascendía a $566.700. Información
obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para dicha anualidad, el tope correspondiente a los 300
SMLMV equivalía a $170’010.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un monto
de $436’000.000 [folio 17 del cuaderno del Tribunal].
25 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia [subrogado por el
artículo 37 de la Ley 446 de 1998]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión [...]” [énfasis y aclaración añadida].
26 “Artículo 132. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia
[subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998]. Los Tribunales Administrativos conocerán en
primera instancia de los siguientes asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del
derecho en que se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la
cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales [...]” [énfasis y
aclaración añadida].
27 “Artículo 181. Apelación [modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998]. Son apelables
las sentencias de primera instancia de los Tribunales […]” [énfasis y aclaración añadida].
28 “Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño [...]” [énfasis añadido].
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
[i] El actor era el propietario del bien inmueble denominado “El Diamante”, dado
que, a través de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 2006 29, el Incoder
se lo adjudicó.
[ii] Mediante la Resolución No. 0378 del 17 de noviembre de 2010 30 -acto
administrativo acusado en este juicio-, el Incoder revocó directamente la decisión
previamente referida, lo cual significó la pérdida del derecho de dominio del
demandante sobre el predio en cuestión.
3.2. En función de lo anterior, es evidente que Reinaldo Bernal Pérez y el Incoder
están legitimados en la causa por activa y por pasiva en este caso, dado que ambos
tienen participación directa en los fundamentos de hecho y de derecho sobre los
cuales se edifica y se nutre el presente proceso judicial.
3.3. De otro lado, no se pierde de vista que el a quo declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva del Ministerio31, determinación que comparte la Sala, dado
que:
[i] La resolución cuestionada fue proferida por el Incoder, establecimiento público
del orden nacional que cuenta con personería jurídica independiente, patrimonio
propio y autonomía administrativa y financiera.
[ii] Ninguna de las pretensiones planteadas en la demanda se dirigieron en contra
del Ministerio. Asimismo, tampoco se observa que los fundamentos fácticos y
jurídicos invocados por el actor revelen la participación directa -ni siquiera indirecta-
de la referida entidad pública en el presente proceso.
3.4. En ese orden de ideas, se confirma la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en esta contienda
judicial, la cual se declarará expresamente en la parte resolutiva de esta
providencia, toda vez que el a quo omitió hacerlo en el fallo impugnado.
29 Folio 48 del cuaderno del Tribunal.
30 Folio 107 del cuaderno del Tribunal.
31 Ha de mencionarse que la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
quedó consignada en la parte motiva del fallo de primera instancia; sin embargo, en el acápite
resolutivo de la providencia nada se señaló sobre ese aspecto en particular [folios 271 y 279 del
cuaderno del Consejo de Estado].
17
Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
4. El ejercicio oportuno del derecho de acción
4.1. De conformidad con lo regulado en el artículo 136.232 del CCA, subrogado por
el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho caduca al cabo de 4 meses, los cuales deben contabilizarse a partir del día
siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según
sea el caso.
En ese sentido, conviene señalar que, a través de la Resolución No. 0378 del 17 de
noviembre de 201033, el Incoder revocó directamente el acto administrativo a través
del cual se le había adjudicado la propiedad del bien baldío denominado “El
Diamante” a Reinaldo Bernal Pérez -Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de
200634-.
La revocación directa -determinación impugnada en este juicio- se le notificó al
actor por edicto35, el cual se desfijó el 9 de agosto de 2011, motivo por el que debe
señalarse que el término de 4 meses para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se vencía, en principio, el 10 de diciembre de 2011.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 200136, dicho término
se suspendió el 9 de diciembre de 2011 -inclusive-, toda vez que ese día se presentó
la solicitud de conciliación extrajudicial37, la cual se declaró fallida -por falta de ánimo
conciliatorio- según la Constancia No. 253-109-2011 expedida por la Procuraduría
52 Judicial II para Asuntos Administrativos el 8 de febrero de 201238.
En ese contexto, el término de caducidad se suspendió cuando faltaban 2 días para
que se venciera, reanudándose al día siguiente de la expedición de la aludida
32 “Artículo 136. Caducidad de las acciones [subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998].
[...] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto,
según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe [...]” [énfasis añadido].
33 Folio 107 del cuaderno del Tribunal.
34 Folio 48 del cuaderno del Tribunal.
35 El edicto permaneció fijado en las oficinas del Incoder entre el 26 de julio de 2011 y el 8 de agosto
de la misma anualidad [folio 95 del cuaderno del Tribunal].
36 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta
que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley
o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que
se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” [énfasis añadido].
37 Folios 123 a 133 del cuaderno del Tribunal.
38 Folios 134 a 136 del cuaderno del Tribunal.
18
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
constancia -9 de febrero de 2012-, por lo que el término expiraba el 10 de febrero
de 2012, cuando finalizaron los 4 meses de la caducidad y, como la parte activa
interpuso su demanda el 9 de febrero de 201239, se concluye que se presentó
oportunamente.
5. El objeto de la impugnación y la delimitación de los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia
La Sala, de entrada, estima necesario precisar que el marco fundamental para la
competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en
contra de la providencia recurrida.
En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
CPC40, ha de indicarse que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
para el recurrente, de ahí que el superior funcional no pueda enmendar la
providencia judicial en la parte que no fue objeto de la impugnación, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquella.
Precisado lo anterior, la Subsección advierte que el análisis del caso concreto se
circunscribirá exclusivamente a los reparos concretos que formuló el actor en
contra de la sentencia cuestionada, sin que resulte plausible extender el presente
estudio a materias que no fueron objeto de reproche. Así pues, ha de indicarse que
el eje temático sobre el que gravitará esta providencia judicial es el siguiente:
▪ El desconocimiento del derecho de audiencia y defensa de Reinaldo Bernal
Pérez en el marco del trámite de revocatoria directa del acto administrativo a
través del cual el Incoder le adjudicó la propiedad del bien baldío denominado
“El Diamante”.
En tal virtud, a la Sala le corresponde determinar si las irregularidades
procedimentales invocadas por el actor tienen la entidad suficiente para desvirtuar
la presunción de legalidad que acompaña a la resolución acusada en este proceso.
Para tal efecto, se estudiará el régimen jurídico aplicable a la adjudicación de los
bienes baldíos y a la revocatoria directa de las determinaciones que así lo disponen
39 Folio 18 del cuaderno del Tribunal.
40“Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la
parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella [...]” [énfasis añadido].
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
y, acto seguido, se pasarán a examinar los argumentos consignados en el recurso
de apelación formulado por el extremo demandante.
6. Los hechos probados y las pruebas relevantes en este juicio para resolver
el problema jurídico identificado
La Sala valorará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan
sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que
haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de
conformidad con lo establecido por esta Corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 201341.
No está de más señalar que la Subsección únicamente hará referencia a los
hechos probados y a las pruebas que resultan relevantes para resolver el
problema jurídico identificado en el acápite No. 5 de la parte considerativa de esta
decisión.
En ese sentido, revisado el expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:
6.1. El 1° de noviembre de 2006, el Incoder expidió la Resolución No. 0867 42, acto
administrativo a través del cual se le adjudicó43 a Reinaldo Bernal Pérez el terreno
baldío denominado “El Diamante”44, ubicado en la vereda La Virgen del municipio
Cravo Norte, departamento de Arauca.
41 En la providencia de unificación jurisprudencial en comento se razonó lo siguiente [transcripción
literal]: “[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso
penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez
que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y
solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las
demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción […]. En consideración a lo anterior y a
pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254
de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los
artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con
excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han
hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además,
aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda [...]” [Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente No. 25.022].
42 Folio 48 del cuaderno del Tribunal.
43 En concreto, el Incoder resolvió lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]: “[...] RESUELVE: Artículo 1°. Adjudicar a REINALDO BERNAL PÉREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 18.256.836, el terreno baldío denominado EL DIAMANTE, ubicado en la
vereda LA VIRGEN, jurisdicción del municipio de CRAVO NORTE, departamento de ARAUCA [...]”
[énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito] [folio 48 del cuaderno del Tribunal].
44 Bien inmueble rural identificado con la matrícula inmobiliaria No. 52409, cuya anotación No. 1 da
cuenta de la debida inscripción de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 2006 [folio 50 del
cuaderno del Tribunal].
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
6.2. El 19 de febrero de 200945, Germán Ramiro Erazo Belalcázar acudió ante el
Incoder para solicitar la revocatoria directa del título de propiedad que se le otorgó
a Reinaldo Bernal Pérez sobre el bien inmueble denominado “El Diamante”.
Para sustentar su petición, afirmó ser el legítimo dueño del predio en comento.
6.3. A través del auto No. 006 del 12 de marzo de 200946, el Incoder inició el
procedimiento administrativo tendiente a revocar directamente la Resolución No.
0867 del 1° de noviembre de 2006, determinación a través de la cual se le adjudicó
a Reinaldo Bernal Pérez el terreno baldío denominado “El Diamante”.
En lo que se refiere a su notificación, se resolvió lo siguiente [se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores]:
“[...] RESUELVE: [...]
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la providencia a la Procuraduría
Judicial Ambiental y Agraria, al adjudicatario del predio EL DIAMANTE, y al solicitante
de la revocatoria, tal como lo establecen los artículos 44 y ss del CCA.
ARTÍCULO TERCERO: Si no fuere posible la notificación personal, se dejará
constancia de ello y se procederá a emplazar por edicto a los interesados por el
término de cinco (5) días hábiles, en un lugar público de esta Dirección, vencido el
cual, si no comparecieren, se les designará un curador ad litem, a quien se le notificará
la providencia y con quien se adelantará el procedimiento [...]” [énfasis y mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].
6.4. El 3 de abril de 200947 se le notificó personalmente al agente del Ministerio
Público el auto antes relacionado, misma suerte con la que corrió Germán Erazo
Belalcázar; sin embargo, ello sucedió el 29 de abril de la misma anualidad 48.
6.5. Mediante comunicación identificada con el No. 320-1-5009-2100717 del 10 de
junio de 200949, el Incoder le solicitó a la gerente de la emisora “La Voz del
Cinaruco” lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...] Me permito solicitar a usted, se digne ordenar la publicación de un aviso por una
(1) vez al día, durante tres (3) días calendario, entre las 7:00 de la mañana y las 10:00
de la noche. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios, con el objeto de informar a los señores [...] REINALDO BERNAL
PÉREZ, todos residentes en la vereda La Virgen, municipio de Cravo Norte,
departamento de Arauca, que deben presentarse en las oficinas del Incoder a efecto
de recibir una notificación personal de una providencia administrativa [...]”
[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
45 Folios 51 a 54 del cuaderno del Tribunal.
46 Folios 74 a 78 del cuaderno del Tribunal.
47 Folio 79 del cuaderno del Tribunal.
48 Folio 79 del cuaderno del Tribunal.
49 Folio 81 del cuaderno del Tribunal.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Las transmisiones requeridas se efectuaron el 11, 12 y 13 de junio de 2009, tal y
como lo acreditan los sellos de la aludida emisora que obran en la parte de atrás del
documento50 antes relacionado.
6.6. El 9 de julio de 200951, el Incoder citó y emplazó a Reinaldo Bernal Pérez para
que compareciera a sus oficinas y se notificara personalmente del auto No. 006 del
12 de marzo de la misma anualidad, lo cual quedó consignado en los siguientes
términos [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...] Al señor REINALDO BERNAL PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 18.256. 836 de La Primavera - Vichada, para que dentro del término de cinco (5)
días hábiles comparezca personalmente o por intermedio de apoderado en las
oficinas del INCODER, situadas en la calle 20 No. 22-44 2° piso, a recibir notificación
del auto de fecha 12 de marzo de 2009, por medio del cual se inició el trámite de
revocatoria directa de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 2006,
relacionado con el predio rural denominado EL DIAMANTE, ubicado en el municipio
de CRAVO NORTE, vereda LA VIRGEN, departamento de ARAUCA.
Se le advierte al emplazado que si no comparece dentro del término indicado, se le
designará un curador ad litem al que se le notificará la providencia y con quien se
adelantará el procedimiento.
Para los efectos del artículo 21 del Decreto 230 del 30 de enero de 2008, se fija el
presente edicto en la cartelera de las oficinas del INCODER Arauca por el término de
cinco (5) días hábiles, hoy nueve (9) julio de 2009, a las 8:00 a.m., y se desfija el día
quince (15) de julio de 2009 a las 6:00 p.m. [...]” [mayúsculas sostenidas propias del
texto transcrito].
6.7. A través del auto del 15 de octubre de 200952, el Incoder designó a José Rodrigo
Ojeda Amarillo como curador ad litem de Reinaldo Bernal Pérez, puesto que [se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...] Revisadas las diligencias administrativas relacionadas con la revocatoria directa
presentada por el señor Germán Erazo Belalcázar, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.042.781 de Bogotá, contra la Resolución No. 0867 del 1° de
noviembre de 2006, por medio de la cual se adjudicó el predio baldío denominado EL
DIAMANTE, ubicado en el municipio de CRAVO NORTE, vereda LA VIRGEN, al
señor REINALDO BERNAL PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
18.256.836 expedida en La Primavera - Vichada, se observa según informe
secretarial que al mencionado señor se le emplazó por medio de edicto, con el fin de
hacerle notificación personal del auto por el cual se dio inicio al procedimiento de
revocatoria directa, sin que fuera posible la notificación respectiva.
Por lo anterior, en aplicación de lo preceptuado por los artículos 9° y 9°a, modificados
por el artículo 3° de la Ley 794 de 2003, se hace necesario proceder al nombramiento
de un curador ad litem que lo represente en las diligencias, y poder continuar los
trámites del referido procedimiento agrario [...]” [mayúsculas sostenidas propias del
texto transcrito].
50 Folio 81 del cuaderno del Tribunal.
51 Folio 82 del cuaderno del Tribunal.
52 Folios 83 y 84 del cuaderno del Tribunal.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
6.8. A través de la Resolución No. 0378 del 17 de noviembre de 201053 -acto
administrativo objeto de control judicial-, el Incoder resolvió lo siguiente [se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
“[...] […] EL DIRECTOR TERRITORIAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL INCODER - ARAUCA
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en
el artículo 65 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y Decreto No. 2664 de 1994,
Decreto No. 982 de 1996, el Decreto No. 4902 del 21 de diciembre de 2007 y la
Resolución de Gerencia General 2047 del 5 de octubre de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 2006, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, a través de la Oficina de Enlace
Territorial No. 8 de Villavicencio adjudicó definitivamente al señor REINALDO
BERNAL PÉREZ, identificados con cédula de ciudadanía No. 18.256.836 de La
Primavera (Vichada), el predio baldío denominado EL DIAMANTE, ubicado en
el municipio de CRAVO NORTE, vereda LA VIRGEN, departamento de
ARAUCA, con una extensión superficiaria de NOVECIENTOS OCHENTA Y
SEIS (986) HECTÁREAS, NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA (9970)
METROS CUADRADOS y con matrícula inmobiliaria No. 410-52409.
El señor Germán Erazo Belalcázar en escrito fechado el 19 de febrero de 2009,
solicita a esta Dirección Territorial se revoque la resolución anteriormente
mencionada, por considerar que fue despojado de las mismas durante el tiempo
que permaneció secuestrado por elementos del ELN el 19 de diciembre de
1987. Manifiesta también dicho señor que esas tierras la venia ocupando desde
1981 por compra que realizó a distintos colonos, cuyos documentos anexa al
expediente.
Informa de igual manera que allí en esos terrenos se proponía efectuar levante
de ganadería y vivir con su familia, para lo cual había construido una casa en
bloque, piscina y hasta una pista de aterrizaje con permiso de La Aeronáutica
Civil.
Esta Dirección Territorial decidiría el curso de la petición de revocatoria Directa
Instaurada, si no fuera porque dentro del expediente existen una serie de
irregularidades que se presentaron durante el trámite del proceso y que
conllevan necesariamente a decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la
publicación obrante al folio (14) del expediente en adelante, ya que se violó el
artículo 6° numeral 2° del Decreto 0982 de 1996, modificatorio del artículo 16
del Decreto de 2664 de 1994, porque el intervalo de los cinco (5) días calendario
de que da cuenta la norma no se cumplió y además, la primera publicación o
sea el 20 de abril de 2006 se efectuó antes de haberse proferido el auto de
aceptación, y no podemos olvidar que las normas procedimentales son de orden
público y de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, se hace necesario que
esta dirección territorial proceda a revocar la resolución de adjudicación antes
mencionada.
En mérito de lo expuesto, esta Dirección
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la
publicación en una emisora obrante al folio (14) del expediente en adelante, y a
través de la cual se puso en conocimiento la solicitud de adjudicación del predio
53 Folio 107 del cuaderno del Tribunal.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
rural llamado EL DIAMANTE ubicado en el municipio de CRAVO NORTE,
vereda LA VIRGEN, departamento de ARAUCA, con una extensión superficiaria
de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (986) HECTÁREAS, NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA (9970) METROS CUADRADOS y con matrícula
inmobiliaria No. 410-52409, y como consecuencia REVOCAR la resolución No.
0867 del 1° de noviembre de 2006, por medio del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural INCODER, a través de la Oficina de Enlace Territorial No. 8 de
Villavicencio adjudicó definitivamente al señor REINALDO BERNAL PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 18.256.836 de La Primavera
(Vichada), el predio baldío denominado EL DIAMANTE, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la Procuraduría para
asuntos Agrarios y Ambientales, a las partes interesadas de acuerdo a lo
dispuesto en los Artículos 44, 45 y s.s. del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ejecutoriada esta resolución, se ordenará su registro
en el folio de matrícula inmobiliaria No. 410-52409 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Arauca para su respectiva cancelación, hecho lo
anterior se archivarán las diligencias […]” [énfasis y mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].
7. El análisis de la Subsección y la resolución del caso concreto
La Sala estudiará el caso concreto con estricto apego al problema jurídico
identificado en el acápite No. 5 de la parte considerativa de esta providencia, el cual
consiste en lo siguiente:
▪ El desconocimiento del derecho de audiencia y defensa de Reinaldo Bernal
Pérez en el marco del trámite de revocatoria directa del acto administrativo
a través del cual el Incoder le adjudicó la propiedad del bien baldío
denominado “El Diamante”
7.1. El régimen jurídico aplicable a la adjudicación de los bienes baldíos y a la
revocatoria directa de las determinaciones que así lo disponen
Previo a resolver el reproche materia de análisis, la Subsección estima oportuno
precisar cuál es el régimen jurídico aplicable a la adjudicación de los bienes baldíos
y a la revocatoria directa de las determinaciones que así lo disponen.
El procedimiento administrativo de adjudicación en materia agraria tiene por objeto
permitir y garantizar de manera efectiva el acceso a la propiedad de la tierra a favor
de las personas que ocupan y explotan un predio baldío por un periodo de tiempo
determinado. Es en ese sentido, el legislador ha establecido cuáles son las normas
aplicables para la ocupación y aprovechamiento de estas tierras baldías.
Al respecto, la Ley 160 de 199454 creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino y en el numeral 13 de esta norma asignó, al entonces
54 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones”.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Incora, la función de administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la
Nación, lo cual quedó consignado de la siguiente forma [transcripción literal]:
“[…] 13. Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal
virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas
programas de colonización, de acuerdo con las normas legales vigentes y los
reglamentos que expida la Junta Directiva […]”.
La mencionada ley dotó de facultad al Incora no solo para la administración de los
terrenos baldíos, sino también para la adjudicación y adopción de medidas
pertinentes cuando se evidenciara una indebida apropiación o irregularidades en las
condiciones bajo las cuales fueron entregados y, además, estableció que la
propiedad de este tipo de bienes se obtiene únicamente a través de título otorgado
por el Estado.
Sobre la titulación de terrenos baldíos y la validez de los actos administrativos de
adjudicación, ha de indicarse que el artículo 72 de la norma legislativa en cuestión
dispuso que [transcripción literal]:
“Artículo 72. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de
personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier
título, de otros predios rurales en el territorio nacional.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el
momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar,
bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros
inmuebles rurales en el territorio nacional.
Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de
la prohibición establecida en este artículo.
La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos podrá
intentarse por el INCORA, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona
ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años
siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el "Diario oficial", según el
caso.
La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de
titulación de baldíos que expida el INCORA.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA podrá
revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido
en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.
En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las
prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo.
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se
tendrán en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas
a sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo que las que
figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e hijos menores que
no hayan obtenido habilitación de edad.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para
la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas
Familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o
contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o
comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido
adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades
consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la
fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá
obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15) años desde
la fecha de la titulación anterior.
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a
la señalada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva
zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta Ley.
Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de registrar actos o
contratos de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de
adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la
autorización del INCORA cuando con tales actos o contratos se fraccionen
dichos inmuebles.
La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la
reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de
terceros.
Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores deberán
consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan” [énfasis añadido].
Según la norma transcrita, el legislador estableció dos prerrogativas en cabeza del
Incora respecto de la validez de las resoluciones de adjudicación de terrenos
baldíos. La primera de ellas, la de instaurar ante el correspondiente Tribunal
Administrativo la acción de nulidad en contra de sus propios actos de adjudicación.
Dicha acción, además del Incora, también podría ser interpuesta por los
Procuradores Agrarios o cualquier persona.
La segunda facultad otorgada por la norma tiene relación con la posibilidad de la
administración de revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías expedidas con violación a lo establecido en las
normas legales o reglamentarias vigentes, sin necesidad de consentimiento expreso
y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se
debe surtir con arreglo a las prescripciones del CCA.
En el mismo sentido, el Decreto 2664 de 1994 reglamentó el Capítulo XII de la Ley
160 de 1994 y dictó los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y
su recuperación.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
De otra parte, el Decreto 1292 del 200355 ordenó la supresión y liquidación del
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-. Asimismo, mediante el Decreto
1300 del 21 de mayo de 200356, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
-Incoder-, entidad que asumió las funciones de reforma agraria y desarrollo rural
que se hallaban a cargo del Incora.
Posteriormente, la Ley 1152 de 200757 reestructuró el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural -Incoder- y dispuso que continuaría como un establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera58,
cuyo objeto fundamental sería ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo
rural59.
Esta Ley 1152 de 2007 dotó de funciones nuevas al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural -Incoder- y, en relación con la adjudicación de los baldíos sobre
terrenos productivos, precisó [transcripción literal]:
“Artículo 21. Son funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, las siguientes: […] 7. Adjudicar mediante convocatoria pública las
tierras productivas de la Nación que le hayan sido transferidas por cualquier
entidad pública o privada. 8. Adjudicar baldíos con vocación productiva a los
particulares en el término de la presente ley […]”.
La citada ley derogó la Ley 160 de 1994, pero estableció, en el artículo 161, el
procedimiento administrativo de la revocatoria directa del acto de adjudicación de
baldíos, con un contenido similar al de la norma derogada:
“Artículo 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de
personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título,
55 “Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su
liquidación”.
56 “Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su
estructura”.
57 “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones”.
58 “Artículo 18. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural, Incoder, continuará siendo un Establecimiento Público del orden nacional que
cuenta con personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa, adscrito al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con
el número plural de dependencias que requiera para el cabal ejercicio de sus funciones en el orden
territorial, en los términos de la presente ley”.
59 “Artículo 20. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, tendrá por objeto fundamental
promover y apoyar la ejecución de la política establecida por el Ministerio de Agricultura para
fomentar el desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a la
población campesina el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y
sus comunidades, y propiciar la articulación de las acciones institucionales que forman parte del
sistema nacional de desarrollo rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad,
multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar los índices de calidad de vida de los
pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país”.
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
de otros predios rurales en el territorio nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de
desarrollo empresarial.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento de
presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad
del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el
territorio nacional.
Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de la
prohibición establecida en este artículo. La acción de nulidad contra las resoluciones
de adjudicación de baldíos podrá intentarse por la entidad administrativa
adjudicataria, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el
correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su
ejecutoria, o desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso.
La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de titulación
de baldíos que expida la entidad administrativa adjudicataria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la entidad administrativa
adjudicataria podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones
de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en
las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no se
exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás,
el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código
de lo Contencioso Administrativo.
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se tendrán
en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades
de las que los interesados formen parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de
su cónyuge, compañero permanente e hijos menores adultos.
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados
como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación
señalados por el Consejo Directivo para las Unidades Agrícolas Familiares en el
respectivo municipio o zona. También serán nulos los actos o contratos en virtud de
los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la
propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas
dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en
superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado o no podrá
obtener una nueva adjudicación.
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a la
señalada por el Incoder como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o
municipio, salvo las excepciones previstas en esta ley y las que determine el Consejo
Directivo del Incoder mediante reglamentación. Los Notarios y Registradores de
Instrumentos Públicos se abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos de
tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos
nacionales, en los que no se protocolice la autorización del Incoder, cuando con tales
actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles.
La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la reversión
al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de terceros.
No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando demuestre que
el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de los terrenos, efectuado por
personas que los hayan tenido indebidamente, hubiere procedido con mala fe, o con
fraude a la ley, o con violación de las disposiciones legales u otro medio semejante,
o cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables o reservadas.
Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores deberán
consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan” [énfasis añadido].
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
La precitada norma fue reglamentada por el Decreto 230 de 2008 “en lo relativo a
la administración, tenencia y disposición de los terrenos baldíos nacionales, se
establecen los procedimientos para su adjudicación, reserva, reversión y
recuperación y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 7º reguló la
competencia del Incoder, así [transcripción literal]:
“[…] Artículo 7º. Competencia. Con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente, así como a los
referentes a la disposición y uso de las tierras de propiedad de la Nación
adoptados por el Consejo Nacional de Tierras y a las políticas de conservación del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, el Incoder adelantará las
actuaciones y dictará las disposiciones encaminadas a regular la ocupación, la
ordenada utilización y el aprovechamiento de las tierras baldías de propiedad nacional
con vocación productiva agropecuaria o forestal, dando preferencia en su
adjudicación a los campesinos de escasos recursos.
En tal virtud, el Incoder podrá adjudicarlas en favor de las personas naturales,
empresas comunitarias y cooperativas campesinas, y en las Zonas de Desarrollo
Empresarial, a las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector
agrícola, pecuario, pesquero o forestal, con arreglo a las disposiciones legales, a las
del presente decreto y a los reglamentos que por autorización legal expida el Consejo
Directivo del Incoder.
Las facultades previstas en el presente artículo también comprenden la
revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación expedidas con violación
de lo establecido en las normas constitucionales, legales y reglamentarias, la
celebración de contratos de explotación de baldíos con las mencionadas empresas,
la declaratoria de caducidad en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas
y la recuperación de los terrenos cuando se cumpla la condición resolutoria del
correspondiente contrato […]” [énfasis añadido].
A su vez, el artículo 20 del precitado decreto, estableció que el gerente del Incoder
podría revocar directamente, de oficio o a solicitud de parte, las resoluciones de
adjudicación de baldíos. El tenor literal de dicha disposición normativa es el
siguiente:
“Artículo 20. Procedencia. El Gerente General del Incoder podrá revocar
directamente de oficio, a solicitud de parte o del agente del Ministerio Público
Agrario, en cualquier tiempo, sin necesidad de solicitar el consentimiento expreso
y escrito del titular, las resoluciones de adjudicación de baldíos proferidas con
violación de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes al
momento de expedirse la resolución correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 161 de la Ley 1152 de 2007 […]” [énfasis añadido].
Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-175 del 18 de
marzo de 2008, declaró la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, por no haber
surtido el procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes. Frente a los efectos de esta decisión, se dispuso que
[transcripción literal]:
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
“[…] Por último, la Sala considera pertinente señalar que esta decisión tiene los
efectos ordinarios previstos en el artículo 45 de la Ley 270/96 -Estatutaria de
Administración de Justicia-, es decir, hacia futuro […]” [énfasis añadido].
Al respecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de
Justicia- estableció las reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en
desarrollo del control judicial de constitucionalidad y señaló que “[l]as sentencias
que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a
menos que la Corte resuelva lo contrario”.
Frente a los efectos de las sentencias de inexequibilidad, la Corte Constitucional,
mediante la sentencia SU037 del 31 de enero 2019, reiteró que la regla general son
efectos hacía futuro, lo cual razonó así [transcripción literal]:
“[…] 5.5. Así las cosas, en la actualidad, por regla general y salvo que se indique
expresamente algo diferente en el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una
disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha explicado
esta Corte, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y
democrático, los cuales implican “la presunción de constitucionalidad de las normas
que integran el sistema jurídico” mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal en
una providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse un proceso de
constitucionalidad abstracta.
5.6. En este orden de ideas, cuando esta Corporación declara la inconstitucionalidad
de una norma sin retrotraer los efectos de su determinación, convalida de contera las
situaciones jurídicas consolidadas a su amparo entre el instante en el que entró en
vigencia y la fecha de la sentencia, pues las actuaciones adelantadas en ese lapso,
en principio, se reputan como legítimas por haber sido ejecutadas en consonancia
con el derecho positivo vigente.
5.7. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que este Tribunal tiene la
potestad para excepcionar la mencionada regla de efectos ex nunc y determinar otras
consecuencias temporales para sus fallos de inexequibilidad, lo que ha sido justificado
en su misión de garantizar la supremacía e integridad de la Carta Política, la cual no
sólo exige determinar si una disposición desconoce o no el texto fundamental, sino
también el instante desde el cual se debe entender expulsado del ordenamiento
jurídico un precepto que es hallado incompatible con la Constitución […]” [énfasis
añadido].
Acorde con lo señalado, y dado que los efectos de la sentencia de inexequibilidad
de la Ley 1152 de 2007 fueron hacia el futuro, estima la Sala que, en la medida en
que la solicitud de revocatoria del acto de adjudicación se presentó el 19 de febrero
de 200960 [hecho probado No. 6.2.], el procedimiento adelantado por el Incoder
debía ceñirse a lo establecido en la referida ley, dado que para dicha fecha ya se
encontraba vigente tal normatividad.
60 Folios 51 a 54 del cuaderno del Tribunal.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Sobre el particular, esta Corporación61 ha señalado que [transcripción literal]:
“[…] Como se expuso, para el momento en el cual se expidió la Resolución 569 del 7
de abril de 2008 y se presentó la demanda en estudio se encontraba vigente la Ley
1152 de 2007, mediante la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- y se dictaron otras
disposiciones.
Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-175 del 18 de marzo
de 2009, declaró inexequible la Ley 1152, al tiempo que indicó que ese fallo produciría
efectos hacia el futuro.
Respecto de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de una disposición
jurídica, la propia Corte Constitucional, ha sostenido en reiterada jurisprudencia:
[...] la declaratoria de inexequibilidad de una norma implica la reincorporación
al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella derogadas siempre que
ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental. Esto es así
en cuanto una declaratoria de inexequibilidad conlleva la expulsión del ordenamiento
jurídico de una norma que ha sido encontrada contraria a la Carta y ante ello se debe
determinar el establecer si el fallo tiene efectos únicamente hacia el futuro o si también
cobija situaciones consolidadas en el pasado, evento en el cual restablecen su
vigencia aquellas disposiciones que habían sido derogadas por la norma declarada
inconstitucional [...].
De manera que, desde el 18 de marzo de 2009, fecha en la cual la Corte
Constitucional declaró inexequible la Ley 1152 y, como consecuencia de sus
decretos reglamentarios, recobraron vigencia las normas previstas en la Ley
160 de 1994, las cuales, por ende, en la actualidad, son las disposiciones
jurídicas aplicables en materia agraria […]” [énfasis añadido].
Aunado a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
153 de 1887 “[l]as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias
que se estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
En línea con lo que se acaba de indicar, en virtud de la jurisprudencia en cita y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las
actuaciones que hubieren iniciado a correr en vigencia de la Ley 1152 de 2007 y su
Decreto Reglamentario 230 de 2008, debían culminar con fundamento en dicha
normatividad. Por otro lado, aquellos trámites iniciados con posterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad62 de la Ley 1152 de 2007, debían atender lo previsto
en la norma revivida, esto es, la contenida en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto
2664 de 1994.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de
enero de 2010, expediente No. 37.152.
62 Mediante la sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
7.2. El análisis del caso concreto
Precisadas las normas aplicables, la Sala analizará el procedimiento administrativo
surtido por el Incoder, con la finalidad de determinar si existió algún vicio o
irregularidad que pudiera afectar la validez del acto acusado, especialmente, en lo
que tiene que ver con el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa alegado
por el actor.
El extremo activo afirmó que debía revocarse la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, declarar la nulidad total de la Resolución No. 0378 del 17 de noviembre
de 2010, expedida por el Incoder dentro del trámite de revocatoria del acto
administrativo de adjudicación, por el único cargo de violación asociado al
desconocimiento de su derecho fundamental al debido proceso.
El apelante sostuvo que el Incoder adelantó el proceso de revocatoria directa del
acto de adjudicación del bien denominado “El Diamante”, sin que se le notificara
personalmente del inicio de la actuación administrativa, por lo que se le impidió
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Afirmó, igualmente, que no se practicó la inspección ocular acorde con lo previsto
en el ordenamiento jurídico y que, aunque se le designó curador ad litem, este no
intervino en debida forma en el procedimiento administrativo.
En esa medida, la Sala encuentra necesario hacer referencia al debido proceso
administrativo, con el propósito de resolver sobre el cargo de nulidad respecto del
acto acusado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de
1991, el derecho fundamental al debido proceso “se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas” [énfasis añadido].
Por su parte, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-175 del 18 de marzo
de 2009, al definir el alcance y las características del derecho al debido proceso
administrativo, se pronunció en los siguientes términos [transcripción literal]:
“[…] Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de
acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: “(i)ser
oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la
ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita
la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la
actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas
propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar,
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad
de aquellas obtenidas con violación del debido proceso [...]”.
De allí que una de las principales manifestaciones de la garantía al debido proceso
está relacionada con el cabal ejercicio del derecho a la defensa, entendido como la
oportunidad reconocida a toda persona de ser oída, de hacer valer las propias
razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en su
contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así
como de ejercitar los recursos que la ley otorga63.
Particularmente en asuntos de revocatoria directa del acto de adjudicación de un
bien baldío, la garantía del derecho al debido proceso se concreta y se hace efectiva
con la comunicación del inicio de la actuación y con la notificación de la decisión de
fondo que adopte la administración al culminar con la actuación a su cargo.
En este mismo sentido, la Subsección resalta que frente al ejercicio de la facultad de
revocatoria directa de los actos de adjudicación de baldíos, la Corte Constitucional,
mediante la sentencia C-255 del 29 de marzo 2012, estudió la constitucionalidad del
artículo 72 de la Ley 160 de 199464 y precisó que esta prerrogativa es excepcional
y procede siempre que se garantice el debido proceso y se trate de actos
manifiestamente ilegales o que deriven en la violación de requisitos sustantivos de
la adjudicación de baldíos, lo cual se planteó así [transcripción literal]:
“[…] Como primera medida la Corte recuerda que la facultad de revocatoria directa
de actos administrativos no se encuentra per se constitucionalmente prohibida. Es
cierto que por regla general la administración no puede revocar unilateralmente sus
propios actos, sino que debe acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a través de la llamada acción de lesividad, entre otras por razones de
seguridad jurídica y confianza legítima. Pero también es cierto que excepcionalmente
el Legislador puede autorizar la revocatoria unilateral sin que medie la anuencia del
administrado, cuando ello obedezca a razones constitucionales importantes,
existan elementos de juicio acreditados de manera suficiente y se ofrezcan al
ciudadano todas las garantías para ejercer sus derechos de contradicción y
defensa en el marco del debido proceso.
[...] [C]uando la adjudicación de bienes baldíos ha ocurrido con violación de lo previsto
en las normas legales y reglamentarias, subyacen motivos que justifican una
actuación directa de la Administración para adoptar los correctivos necesarios y
restituir las cosas a su estado originario.
No obstante, para ser coherente con sus precedentes jurisprudenciales y evitar
interpretaciones contrarias a la Constitución, la Sala es categórica en advertir que no
cualquier incumplimiento de las normas autoriza la intervención unilateral de la
administración. Una actuación de tal entidad sólo puede tener cabida ante actos
manifiestamente ilegales o que deriven en la violación de requisitos sustantivos
o materiales de la adjudicación de baldíos. Es decir, que afecten de manera
sensible y directa los fines que subyacen en estos programas o que impliquen una
63 Corte Constitucional, sentencia C-025 del 27 de enero de 2009.
64Norma de contenido idéntico al del artículo 161 de la Ley 1152 de 2007.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
grave distorsión de los mismos, cuando la titulación no recaiga en sus
destinatarios legítimos -los sujetos de debilidad manifiesta del sector agropecuario,
merecedores de la especial protección del Estado-, sino que termine en manos de
quienes por sus privilegios económicos, sociales, políticos, o de cualquier otra índole,
tengan la capacidad de interferir negativamente en el cumplimiento de la función
social de la propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural […]” [énfasis añadido]
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no cualquier irregularidad justifica el
ejercicio de la facultad de revocatoria directa, en cualquier tiempo y sin que medie el
consentimiento del titular; deberá tratarse de un acto manifiestamente ilegal o que
comporte el desconocimiento de requisitos sustantivos, esto es, que deriven en el
desconocimiento de los fines de la norma o lleven a la afectación grave del bien jurídico
que estas protegen.
Además, la decisión debe estar precedida de una actuación adelantada con apego a
las garantías del debido proceso y con observancia de los principios de publicidad y
contradicción, entre otros. En ese sentido, la sentencia referida determinó que
[transcripción literal]:
“[…] Por el contrario, no podrá acudirse a la revocatoria unilateral frente a
defectos de orden formal o meras inconsistencias que resultan intrascendentes
de cara a los objetivos de la política de reforma agraria y que en modo alguno
puedan ser imputables al adjudicatario. En tales casos, “razones de seguridad
jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas
subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como
también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme,
avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo.
[...] 6.5. De otra parte, la Sala considera que la norma acusada no vulnera el artículo
29 de la Constitución, en la medida en que la revocatoria de actos de adjudicación
de baldíos exige que se adelante una actuación en la cual el ciudadano goce de
“todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa,
destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la
necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por supuesto,
imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos preclusivos con
que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada etapa o lapso
procedimental”.
Nótese cómo el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala de forma expresa que las
diligencias para la revocación de dichos actos se surtirán con arreglo a las
prescripciones del Código Contencioso Administrativo, lo que obliga a las autoridades
a ser especialmente cautas y garantes de los derechos de contradicción y defensa de
quien se pretenda revocar un acto de adjudicación de baldíos.
En tal sentido la Corte constata que, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el
consentimiento del particular, la misma está sometida al procedimiento
establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo. Norma que
remite al artículo 28 del mismo estatuto, y este a su vez a las reglas sobre citación
del interesado (art. 14), oportunidad para presentar pruebas (art. 34) y
presupuestos para la adopción de decisiones (art. 35). En esa medida consagra
las reglas mínimas del debido proceso que deben aplicarse cuando se pretenda
revocar un acto administrativo de adjudicación de baldíos.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
[…] En este punto la Corte recuerda que la titulación de baldíos no se enmarca dentro
de los actos contractuales entre iguales, en los cuales media un acuerdo de
voluntades generalmente con intereses onerosos, sino que opera un acto de
disposición a título gratuito por parte del Estado, encaminado al cumplimiento de
sus fines desde la óptica de las acciones afirmativas a favor de sujetos de
especial protección del sector agrario. Surge entonces una suerte de
responsabilidad compartida entre la administración y el ciudadano, quien asume un
compromiso de lealtad y transparencia que en caso de verse defraudado permite la
revocatoria directa, aún sin la anuencia de su parte, sobre todo si se tiene en cuenta
que la garantía constitucional de los derechos adquiridos no se extiende a los bienes
cuya titulación se alcanza ilegalmente […]” [énfasis añadido].
En los términos de la Corte Constitucional, cuando la administración pretenda revocar
un acto administrativo de adjudicación de baldíos debe respetar las reglas mínimas
del debido proceso, como lo es, en el caso, la comunicación al adjudicatario, aunado
a que no puede acudir a la revocatoria unilateral frente a defectos de orden formal
o meras inconsistencias que resultan intrascendentes, máxime cuando el acto
administrativo está en firme, se presume legal y avala el principio de la inmutabilidad
o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración.
En el presente caso, el procedimiento administrativo que debía adelantarse para
darle trámite a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 0867 del 1°
de noviembre de 2006, era el contenido en el CCA, puesto que así expresamente
lo determinaba el artículo 161 de la Ley 1152 de 2007, aplicable para el momento
de los hechos. La norma en comento es del siguiente tenor [transcripción literal]:
“Articulo 161 […] [L]a entidad administrativa adjudicataria podrá revocar directamente,
en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con
violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre
baldíos. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las
prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo […]” [énfasis
añadido].
A su turno, el artículo 74 del CCA65 dispuso que el trámite para la revocatoria de
actos de carácter particular y concreto se debe adelantar de conformidad con las
pautas y derechos consagrados para el procedimiento administrativo referido en el
artículo 28 y siguientes de ese cuerpo normativo.
65 “Artículo 74. Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto.
Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación
administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este código. En el acto de
revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la
cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o
disciplinarias correspondientes. El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá
pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se
revoca” [énfasis añadido].
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Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
Es así que el artículo 28 del CCA consagró el deber de la administración de
comunicar la existencia de la actuación a los particulares que pudieren resultar
afectados, tal y como se observa a continuación [transcripción literal]:
“Artículo 28. Deber de comunicar. Cuando de la actuación administrativa iniciada
de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma
directa, a estos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.
En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34
y 35” [énfasis añadido].
A su turno, la norma se remite a lo dispuesto en los artículos 14, 15, 34 y 35 de la
referida codificación, a cuyo tenor [transcripción literal]:
“Artículo 14. Citación de terceros. Cuando de la misma petición o de los registros
que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar
directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que
puedan hacer parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo a la
dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.
En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el
objeto de la petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada,
se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.
Artículo 15. Publicidad. Cuando de la misma petición aparezca que terceros no
determinados pueden estar directamente interesados o resultar afectados con
la decisión, el texto o un extracto de aquélla que permita identificar su objeto se
insertará en la publicación que para el efecto tuviere la entidad, o en un periódico
de amplia circulación nacional o local, según el caso.
[…]
Artículo 34. Pruebas. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar
pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a
petición del interesado.
Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si
afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente
como durante el trámite.
Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado
o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes
aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte
durante la vía gubernativa, si la hay.
Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título”
[énfasis añadido]
Significa lo anterior que el Incoder, en el trámite de revocación directa, estaba en la
obligación de acatar, entre otros, los siguientes deberes: [i] comunicar sobre la
existencia de la actuación administrativa -artículo 28-; [ii] brindar respeto a las
garantías relacionadas con los derechos de defensa y contradicción -artículo 35-,
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
[iii] motivar debidamente la decisión -primer inciso del artículo 35-; [iv] notificar el
acto definitivo -artículos 43 al 45- e [v] indicar expresamente los recursos
procedentes contra el mismo -artículo 47-.
De cara al caso concreto, observa la Sala de Subsección que el procedimiento
administrativo de revocatoria directa de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre
de 2006, se inició mediante el auto No. 006 del 12 de marzo de 200966 y por solicitud
que hiciere el señor Germán Ramiro Erazo Belalcázar el 19 de febrero de 200967,
quien afirmó ser el propietario del bien inmueble adjudicado denominado “El
Diamante” [hechos probados Nos. 6.2. y 6.3.].
El referido auto fue notificado personalmente al agente del Ministerio Público y al
señor Germán Ramiro Erazo Belalcázar, según dan cuenta las constancias del 3 y
del 29 de abril del 200968 [hecho probado No. 6.4.].
Sin embargo, en lo concerniente a la comunicación a Reinaldo Bernal Pérez del
auto que inició la actuación de revocatoria de la adjudicación del bien baldío, la Sala
no encuentra que el Incoder hubiere enviado por correo la citación a la dirección del
actor, ni tampoco que hubiera dejado constancia de la imposibilidad de su envío o
que la misma resultaba demasiado costosa o demorada, acorde con lo previsto en
el artículo 14 del CCA.
En efecto, en los antecedentes administrativos únicamente obra el oficio No. 320-1-
5009-2100717 del 10 de junio de 200969, a través del cual el Incoder le solicitó a la
gerente de la emisora “La Voz del Cinaruco” la publicación de un aviso en el que
se le informara a Reinaldo Bernal Pérez que debía presentarse ante el Incoder a
notificarse personalmente de una providencia administrativa [hecho probado No.
6.5.].
Dicho documento, en concreto, indicaba lo siguiente [se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores]:
“[...] Me permito solicitar a usted, se digne ordenar la publicación de un aviso por una
(1) vez al día, durante tres (3) días calendario, entre las 7:00 de la mañana y las 10:00
de la noche. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios, con el objeto de informar a los señores [...] REINALDO BERNAL
PÉREZ, todos residentes en la vereda La Virgen, municipio de Cravo Norte,
departamento de Arauca, que deben presentarse en las oficinas del Incoder a efecto
66 Folios 74 a 78 del cuaderno del Tribunal.
67 Folios 51 a 54 del cuaderno del Tribunal.
68 Folio 79 del cuaderno del Tribunal.
69 Folio 81 del cuaderno del Tribunal.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
de recibir una notificación personal de una providencia administrativa [...]”
[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
Para la Sala, el referido oficio no satisface la obligación de poner en conocimiento
de los terceros interesados la existencia de la actuación administrativa, dado que,
en primer lugar, de conformidad con el artículo 14 del CCA se debió enviar la citación
por correo a la dirección del predio y, en segundo lugar, el mecanismo utilizado para
dar publicidad a la decisión claramente no era el medio más eficaz para los fines
antes expuestos.
Ahora bien, aunque es cierto que, en aras de dar publicidad a la decisión de apertura
de la actuación administrativa, el Incoder fijó el edicto el 9 de julio de 200970 en el
que citó y emplazó a Reinaldo Bernal Pérez [hecho probado No. 6.6.] y que ante su
no comparecencia, le designó un curador ad litem71 [hecho probado No. 6.7.],
también es una realidad que la referida actuación no estuvo precedida del trámite
previsto en el ordenamiento jurídico, puesto que, se reitera, la obligación de envío
por correo de la citación a la dirección del demandante no se agotó en debida forma.
Lo expuesto es suficiente para sostener que el trámite administrativo que devino en
la revocatoria directa de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 2006, en
efecto, estuvo viciado por las irregularidades en la comunicación del inicio de la
actuación, toda vez que, tal y como ya se precisó, no se demostró el envío de la
citación por correo a la dirección de la parte actora, ni de la imposibilidad de
realizarla acorde con lo señalado en los artículos 14, 15 y 28 del CCA.
Por cuenta de la línea argumentativa antes trazada, la Sala72 se aparta de los
fundamentos expuestos por el a quo, pues el procedimiento de revocatoria sea de
oficio o a solicitud de parte, se debe adelantar con la garantía de los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción, acorde con lo previsto en el ordenamiento
jurídico.
En atención a la prosperidad del cargo de nulidad por desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, la Sala se releva de estudiar los demás
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte activa, dado que lo
hasta aquí analizado, en realidad, resulta suficiente para desvirtuar la presunción
70 Folio 82 del cuaderno del Tribunal.
71 Folio 83 y 84 del cuaderno del Tribunal.
72 En relación con un caso de contornos fácticos y jurídicos idénticos a los analizados en este
proceso, consultar la siguiente providencia judicial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de diciembre de 2020, radicación No. 81001-23-31-
000-2011-00053-01.
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Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
de legalidad del acto administrativo acusado, de manera que las irregularidades
probatorias que también se invocaron en este juicio no requieren ser estudiadas
para poder arribar a la conclusión de que el acto administrativo cuestionado resulta
contrario al ordenamiento jurídico.
Finalmente, en la medida en la que el actor, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se declarara la firmeza de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre
de 2006 que le adjudicó el bien baldío denominado “El Diamante”, es necesario
precisar que la anulación del acto administrativo acusado -Resolución No. 0378 del
17 de noviembre de 2010- supone la cesación de todos sus efectos, de ahí que las
situaciones reguladas por esa determinación -expulsada del ordenamiento jurídico-
regresen a su estado anterior, es decir, cobra vigencia y efectos el acto de
adjudicación.
Con independencia de lo que se acaba de exponer, la Subsección pone de relieve
que lo anterior no implica que la entidad haya perdido la facultad de examinar
nuevamente la legalidad de la Resolución No. 0867 del 1° de noviembre de 2006 y,
en el evento de considerar que se cumplen los presupuestos para su revocatoria
directa, proceda en tal sentido, en tanto que la misma se puede realizar en cualquier
tiempo; sin embargo, se advierte -una vez más- que dicha competencia deberá
ejercitarse con plena observancia de las garantías constitucionales y legales que le
asisten a los sujetos involucrados en la controversia.
En los términos que anteceden, se revocará la sentencia de primera instancia,
proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Administrativo de Arauca.
8. La condena en costas
No procede la condena en costas en esta instancia, toda vez que no se evidencia
una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo
171 del CCA73 -subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998- para dicho
efecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
73 “Artículo 171. Condena en costas [subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998]. En todos
los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil” [énfasis y aclaración añadida].
39
Radicación: 81001-23-31-000-2012-10029-01 [51.901]
Demandante: Reinaldo Bernal Pérez
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de marzo de 2014, expedida por la Sala
Única de Decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con las
razones plasmadas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone:
1°: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2°: DECLARAR LA NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 0378 del 17 de
noviembre de 2010.
SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia, en virtud de los motivos
analizados en esta decisión.
TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
[VF]
40
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