Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-33-000-2013-00097-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Asignación de retiro: miembro de la fuerza pública
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-33-000-2013-00097-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-33-000-2013-00097-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
24 de agosto de 2018
ASIGNACION DE RETIRO - Miembro de la fuerza pública / RECONOCIMIENTO ASIGNACION DE RETIRO - Bajo el régimen normativo vigente a la fecha de vinculación / LEY 923 DE 2004 - Régimen de transición para quienes estuvieran en servicio activo / REGIMEN APLICABLE VIGENTE - Decreto 1212 de 1990 / DECRETO 1212 DE 1990 - Quince años de servicio para reconocimiento de asignación de retiro / ASIGNACION DE RETIRO - Reconocimiento bajo el régimen regulado por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990
El Decreto 4433 de 2004 extendió el beneficio del régimen de transición consagrado en el inciso primero del numeral 3.1. Del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, para el reconocimiento de la asignación de retiro a los miembros de las fuerza pública que se encuentren en servicio activo y sean retirados en vigencia de la misma. Las condiciones para la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública deben verificarse bajo lo prescrito en la Ley marco 923 de 2004, que previó que la reglamentación no podía contener para quienes estuvieran en «servicio activo» requisitos mayores a los previstos en las disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y, además, debía incluir un régimen de transición que respetara las expectativas legítimas de quienes se encontraran vinculados a la institución policial. La sección segunda de esta Corporación han concluido que la Ley marco 923 de 30 de diciembre de 2004 fijó los siguientes parámetros para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública: Como tiempo de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro un mínimo de 18 años y un máximo de 25. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro, el Gobierno nacional indicó que a los miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigor de la aludida ley (923 de 2004) no se les exigirá un tiempo de servicio superior al preceptuado por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a 20 años cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro sea por cualquier otra causal. Por lo anotado se concluye que no resulta dable exigir como requisito para el mencionado reconocimiento un tiempo de servicio superior al previsto en el régimen anterior (Decreto 1212 de 1990) y desde esa perspectiva, la Sala no comparte los argumentos consignados por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en el acto acusado para negar el reconocimiento de la asignación de retiro al reclamante, al exigir 18 años de prestación de servicio; tampoco es admisible el sustento de la imposibilidad de ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el Decreto 4433 de 2004, que requiere 15 años laborados a 31 de diciembre de 2004 (el actor a dicha fecha completó 11 años y 29 días), ya que contrario a dicha interpretación, ni siquiera le es dable a la Administración aplicar de manera exegética la prerrogativa transicional, sin tener en cuenta que la normativa que la consagra surge como consecuencia de la expedición de la Ley 923 de 2004, y por tanto, debe analizarse en armonía con las preceptivas contenidas en esta última, que fueron ampliamente expuestas. Para el caso concreto la norma aplicable es el artículo 44 del Decreto 1212 de 1990 que requiere un tiempo de servicios para el reconocimiento de la asignación de retiro de 15 años, el que fue completado por el actor según hoja de servicios obrante en el folio 41 que demuestra un total de 17 años, 6 meses y 4 días. Por lo anterior, la Sala concluye sin hesitación alguna que se acreditaron los presupuestos para acceder a aquella.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1212 DE 1990 / DECRETO 443 DE 2004 / LEY 923 DE 2004
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 81001-23-33-000-2013-00097-01(4409-14)
Actor: RUBEN DARIO CHAVES CANABAL
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - CASUR
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante (ff. 239 a 259) contra la sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca (sala de decisión oral), mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 229 a 236).
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 4 a 39). El señor Rubén Darío Chaves Canabal, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 2598/GAG-SDP de 20 de junio de 2012, expedido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través del cual le negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la prestación a que tiene derecho; (ii) cancelar los haberes dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta la sentencia, debidamente indexados, asimismo, los perjuicios morales en cuantía de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y (iii) asumir las costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ingresó a la Policía Nacional el 25 de enero de 1994 y fue retirado por voluntad del Gobierno nacional con Decreto 208 de 31 de enero de 2012 con el grado de mayor.
Que el 16 de mayo de 2012 solicitó del director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento de su asignación de retiro por haber laborado 17 años, 6 meses y 4 días.
Agrega que la anterior petición fue negada con oficio 2598/GAG-SDP de 20 de junio de 2012, en el que se argumentó que no cumplía los 18 años de tiempo de servicios requeridos en el Decreto 4433 de 2004, y que tampoco era beneficiario del régimen de transición debido a que no acreditó 15 años a 31 de diciembre de 2004.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo acusado las siguientes: los artículos 144 del Decreto1212 de 1990; 2 de la Ley 4ª de 1992; y 2 de la Ley 923 de 2004.
Arguye que inició su carrera en la institución referida acogido por las disposiciones del Decreto 1212 de 1990, las que en lo concerniente al reconocimiento de la asignación de retiro exigen mínimo 15 años de servicios; que con la expedición del Decreto 4433 de 2004 ese requisito se aumentó a 18 años, determinación que en su sentir vulnera el principio de confianza legítima, ya que tenía definidas hasta ese momento unas condiciones que le eran más beneficiosas para ser acreedor a la dicha prestación.
Realiza un recuento de las normas que regulan las prestaciones de los miembros de la Policía Nacional y cita jurisprudencia relacionada con el derecho al trabajo y el principio de favorabilidad.
1.5 Contestación de la demanda. La entidad demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal, según informe secretarial obrante en el folio 101 del expediente.
1.6 Providencia impugnada. El Tribunal Administrativo de Arauca (sala de decisión oral), en sentencia de 24 de julio de 2014 (ff. 229 a 236), negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al actor.
Precisó que «[…] para el 31 de enero de 2012, fecha en que el demandante fue separado en forma absoluta del servicio (folios 43 y 44), ya se había expedido el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, que aumentó el tiempo de servicio necesario para acceder a la asignación de retiro de 15 a 18 años», y que «[…] según lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 24 de Decreto 4433 de 2004, cuando el servidor a la entrada en vigencia del Decreto mencionado (31 de diciembre de 2004), tuviere 15 años o más, se le aplicará el tiempo para disfrutar de la asignación de retiro consagrado en los Decretos 1211, 1212 o 1213 de 1990, […] como el demandante a dicha fecha sólo tenía 10 años y 10 meses, no es acreedor a la aplicación de la transitoriedad establecida, debiéndosele aplicar para efectos del reconocimiento de su asignación el Decreto 4433»; razones por las cuales concluyó que no se acreditaron los presupuestos que se exigen para el reconocimiento prestacional.
1.7 Recurso de apelación (ff. 239 a 259). Inconforme con la anterior sentencia, el demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al considerar que «[…] el principio de la Confianza Legítima, es vulnerado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, al negar la asignación mensual de retiro [porque se], cumple con los requisitos para ello, teniendo en cuenta la legislación aplicable, esto es el decreto 1212 del 8 de Junio de 1990».
Sustenta la aplicación de la menciona norma en que (i) al momento de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 se encontraba en servicio activo, (ii) computó más de 17 años de servicio y (iii) fue retirado por voluntad del Gobierno nacional.
Aduce que el a quo no analizó los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, ni las previsiones de la Ley 923 de 2004 que consagran expresamente que los miembros de la fuerza pública en servicio activo a 30 de diciembre de 2004, no se les puede exigir como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior al establecido en las normas vigentes hasta ese momento.
Afirmó que la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de octubre de 2014, radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07) declaró la nulidad de los artículos 24 y 25 del Decreto 4433 de 2004, lo que conlleva que la decisión de la accionada carezca de sustento jurídico.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso fue concedido mediante proveído de 3 de septiembre de 2014 (f. 261) y admitido por esta Corporación a través de auto de 7 de noviembre siguiente (f. 266); en el que se dispuso la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 247 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 11 de junio de 2015 (f. 274), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que guardaron silencio, según informe secretarial obrante en el folio 283 el expediente.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si al actor le asiste o no el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1212 de 1990 que exige acreditar un tiempo mínimo de 15 años de servicio, a pesar de que a la fecha de su retiro se encontraba vigente el Decreto 4433 de 2004, que aumentó ese requisito a 18 años.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine.
En principio, debe señalarse que la asignación de retiro es una prestación económica especial para los miembros de la fuerza pública que se retiran del servicio activo, por las excepcionales funciones públicas que desarrollaron en cumplimiento de su actividad militar o policial, que tiene como objetivo la financiación de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, acceso a los servicios públicos domiciliarios, recreación, atención en salud, entre otras) y familiares, a la que se accede siempre y cuando se acrediten los presupuestos normativos para ello.
Esta prestación fue regulada por el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional», que en los artículos 115 y 144 establecieron:
ARTÍCULO 115. RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS O POR VOLUNTAD DEL GOBIERNO. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional sólo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General, según el caso, después de haber cumplido quince años de servicio, salvo lo dispuesto en el Artículo 129 de este decreto.
ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.
PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación. [subrayado fuera de texto]
Posteriormente, en vigencia de la Constitución de 1991, a través del artículo 150, numeral 19, letras e) y f), se asignó competencia especial al Congreso para fijar las pautas y lineamientos que debería tener en cuenta el presidente de la República al momento de desarrollar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública, por medio de los decretos reglamentarios de las leyes que en la materia expidiera el Congreso de la República.
En este sentido, el Decreto ley 1212 de 1990 fue derogado parcialmente por el Decreto 41 de 10 de enero de 1994, salvo las disposiciones que señaló expresamente, dentro de las cuales subsistió el artículo 144 (asignación de retiro, antes precitado).
Asimismo, el Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, proferido por el presidente de la República con facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 de 2000, en el artículo 95 ibidem derogó el Decreto 41 de 1994, con excepción de su artículo 115 que concretamente dispone que «[…] deroga el Decreto - Ley 1212 de 1990 con excepción de los Títulos IV, VI, IX y X de éste, y demás disposiciones que le sean contrarias».
Por lo tanto, en atención a que el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 se encuentra comprendido dentro del título VI señalado, se advierte que mantuvo su vigencia, pese a los Decretos 41 de 1994 y 1791 de 2000. En consecuencia, hasta cuando no se expidieran las nuevas regulaciones, continuaban en vigor sus disposiciones en materia de asignación de retiro para oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
Recuérdese que con la expedición de la Ley 4ª de 1992 se dispuso que el Gobierno nacional fijaría el régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública, con sujeción a los criterios y objetivos contenidos en esa norma.
Ahora bien, la Ley 797 de 2003 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República (numeral 3 del artículo 17 ibidem), entre otras, para «[…] expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares y de Policía», en virtud de la cual se dictó el Decreto ley 2070 de 2003, que en lo concerniente a la asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional, en el artículo 25 precisó:
[…] Los Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro, así:
[…]
Parágrafo 1º. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica; y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el cien por ciento (100%) de tales partidas.
Parágrafo 2º. También tendrán derecho al pago de asignación mensual de retiro, en las condiciones previstas en este artículo, los miembros del Nivel Ejecutivo que se retiren o sean retirados por una causal distinta a las establecidas en el presente artículo, siempre y cuando tengan veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.
Esta norma (Decreto ley 2070 de 2003) fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-432 de 2004, ya que de conformidad con los artículos 150 (numeral 19, letra e), 217 y 218 de la Constitución Política, el régimen salarial y prestacional de la fuerza pública está reservado a las leyes marco, lo cual impide su expedición a través de decreto con fuerza de ley.
Posteriormente, se dictó la Ley marco 923 de 30 de diciembre del 2004, que reguló los objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, en los siguientes términos:
Artículo 2.º Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma.
[…]
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
[…]
Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. [resaltado fuera del texto]
En los anteriores términos, la Ley marco 923 de 2004 previó que el derecho a la asignación de retiro para los miembros de la fuerza pública «[…] se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado». De igual manera, consagró que el tiempo de servicio para acceder a dicha prestación «[…] será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años» (numeral 3.1. del artículo 3 ibidem).
Como excepción estipuló un régimen de transición para los miembros de la fuerza pública, consistente en que a quienes a la entrada en vigor del mismo se encuentren en servicio activo no se les debe exigir como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro (i) un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de su expedición cuando el retiro se produzca por solicitud propia, (ii) ni inferior a 15 años cuando el retiro sea por cualquier otra causal.
En atención a las directrices trazadas por la Ley 923 de 2004, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4433 de 31 de diciembre del mismo año, «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», que para el reconocimiento de la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional previó:
ARTICULO 24. Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
[…]
PARAGRAFO 1o. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más años de servicio, que sean retirados por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, según corresponda, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
[…]
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional retirados antes del 17 de diciembre de 1968, con treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación. [destacado fuera del texto]
A partir del anterior marco normativo, se infiere con meridiana claridad que el Decreto 4433 de 2004 extendió el beneficio del régimen de transición consagrado en el inciso primero del numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, para el reconocimiento de la asignación de retiro a los miembros de las fuerza pública que se encuentren en servicio activo y sean retirados en vigencia de la misma.
Ahora bien, la sección segunda de esta Corporación en sentencia de 28 de febrero de 2013, radicado interno 1238-2007, declaró la nulidad de la expresión «sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio», contenida en el inciso primero del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, al estimar:
Los demandantes solicitan que se declare la nulidad del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 en cuanto en él se dispone que los miembros de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de vigencia del Decreto mencionado “sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda y los que se retiren o sean separados en forma absoluta con más de 20 años de servicio” tendrán derecho al pago de la asignación mensual de retiro en la forma allí establecida.
[…]
La nulidad de las normas acabadas de mencionar tienen como fundamento común la invocación de violación de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en cuyo artículo 3° se establecieron los elementos mínimos que habrán de ser incluidos en el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos entre los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del artículo citado en la cual se preceptúa que:
[…]
En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que el personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de ese Decreto sea retirado “después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio” tendrán derecho al pago de la asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente que se está exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento como mínimo de dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de servicio en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por el artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados a calificar servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y, de la misma manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho con 15 años de servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del mismo Decreto mencionado.
Igual sucede con el retiro por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional en los casos señalados por el artículo 78 del Decreto 1213 de 1990, en armonía con el artículo 104 del mismo Decreto.
Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las normas acusadas y que ahora son objeto de análisis quebrantaron entonces lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, dentro de cuyo marco deberían haber sido expedidas, lo cual acarrea como consecuencia que también se quebrantó el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política y, por consiguiente se encuentran viciadas de nulidad.
[…]
En este contexto y de conformidad con lo expuesto prospera la nulidad de los artículos 24 y 25 en lo acusado.
Como se aprecia, la decisión adoptada obedeció a que el aparte de la norma demandada excedió los límites definidos en la Ley marco 923 de 2004, toda vez que estableció como requisito para acceder a la asignación de retiro un tiempo superior al regido por las disposiciones anteriores.
El anterior panorama jurisprudencial conlleva que la declaratoria de nulidad mencionada incida en la resolución del asunto sub examine.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:
a) El actor se incorporó a la Policía Nacional el 25 de enero de 1994 y fue retirado por voluntad del Gobierno nacional, a través del Decreto 208 de 31 de enero de 2012 con el grado de mayor (ff. 43 y 44).
b) Según hoja de servicios 98397093 de 28 de febrero de 2012, el reclamante computó como tiempo laborado 17 años, 6 meses y 4 días (f. 41), que corresponde (i) como cadete, alférez y oficial 18 años y 13 días, (ii) más 3 meses de alta, y (iii) «REDUCCIÓN DE TIEMPO [de] 9 [meses] -9 [días]».
c) El demandante solicitó el 24 de mayo de 2014 del director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento de la asignación de retiro (ff. 46 a 48).
d) Mediante oficio 2598/GAG-SDP de 20 de junio de 2012, la accionada negó la anterior petición, al considerar que no cumplía el tiempo de servicios requerido en el Decreto 4433 de 2004, que exige como mínimo 18 años (ff. 49 y 50).
De las pruebas que obran en el expediente, se infiere que el actor se vinculó a la Policía Nacional el 25 de enero de 1994; fue retirado del servicio activo por «Voluntad del Gobierno» mediante Decreto 208 de 31 de enero de 2012, con el grado de mayor; computó 17 años, 6 meses y 4 días; por oficio 2598/GAG-SDP de 20 de junio de 2012, Casur negó el reconocimiento de la asignación retiro por considerar que no acreditó mínimo 18 años laborados, como lo exige el Decreto 4433 de 2004 y tampoco 15 a 31 de diciembre de 2004 para ser beneficiario del régimen de transición.
Pues bien, de acuerdo con el derrotero normativo y jurisprudencial realizado en el acápite anterior, se tiene que las condiciones para la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública deben verificarse bajo lo prescrito en la Ley marco 923 de 2004, que previó que la reglamentación no podía contener para quienes estuvieran en «servicio activo» requisitos mayores a los previstos en las disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y, además, debía incluir un régimen de transición que respetara las expectativas legítimas de quienes se encontraran vinculados a la institución policial.
En este sentido, al 30 de diciembre de 2004, fecha en que entró en vigor la Ley marco 923 de 2004, las disposiciones que regulaban lo relacionado con la asignación de retiro para los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional era el artículo 144 y siguientes del Decreto 1212 de 1990.
Cabe señalar que las subsecciones A y B de la sección segunda de esta Corporación han concluido que la Ley marco 923 de 30 de diciembre de 2004 fijó los siguientes parámetros para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública:
Como tiempo de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro un mínimo de 18 años y un máximo de 25.
Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro, el Gobierno nacional indicó que a los miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigor de la aludida ley (923 de 2004) no se les exigirá un tiempo de servicio superior al preceptuado por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a 20 años cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro sea por cualquier otra causal.
Por lo anotado se concluye que no resulta dable exigir como requisito para el mencionado reconocimiento un tiempo de servicio superior al previsto en el régimen anterior (Decreto 1212 de 1990) y desde esa perspectiva, la Sala no comparte los argumentos consignados por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en el acto acusado para negar el reconocimiento de la asignación de retiro al reclamante, al exigir 18 años de prestación de servicio; tampoco es admisible el sustento de la imposibilidad de ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el Decreto 4433 de 2004, que requiere 15 años laborados a 31 de diciembre de 2004 (el actor a dicha fecha completó 11 años y 29 días), ya que contrario a dicha interpretación, ni siquiera le es dable a la Administración aplicar de manera exegética la prerrogativa transicional, sin tener en cuenta que la normativa que la consagra surge como consecuencia de la expedición de la Ley 923 de 2004, y por tanto, debe analizarse en armonía con las preceptivas contenidas en esta última, que fueron ampliamente expuestas.
A manera de corolario, el demandante tiene derecho a que se le conceda la asignación de retiro, postura aceptada por esta Corporación al concluir que para respetar la expectativa de quienes se encontraban vinculados a la fuerza pública, el legislador en la Ley 923 de 2004 dispuso un marco general que estableció que quienes se hallaren en servicio activo al momento en que cobró vigencia, no se les podía exigir tiempo de servicio mayor al previsto en el régimen anterior.
Por consiguiente, para el caso concreto la norma aplicable es el artículo 44 del Decreto 1212 de 1990 que requiere un tiempo de servicios para el reconocimiento de la asignación de retiro de 15 años, el que fue completado por el actor según hoja de servicios obrante en el folio 41 que demuestra un total de 17 años, 6 meses y 4 días. Por lo anterior, la Sala concluye sin hesitación alguna que se acreditaron los presupuestos para acceder a aquella.
Por otra parte, en aplicación del artículo 155 del Decreto 1212 de 1990 no hay lugar a declarar la prescripción en atención a que el retiro se produjo el 31 de enero de 2012, la reclamación de reajuste pensional se formuló el 25 de mayo de ese mismo año y se presentó la demanda el 21 de febrero de 2013.
Por último, en lo atañedero a la pretensión de los perjuicios morales es menester advertir que estos son entendidos como el menoscabo que sufre una persona en su fuero interno producto de la ocurrencia de un daño antijurídico, los cuales se manifiestan en tristeza, angustia, desesperación y demás sentimientos subjetivos que afectan la estabilidad emocional. Sobre este tema, la sección tercera de esta Corporación sostuvo lo siguiente:
[Los perjuicios morales son] esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. […] constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria.
Asimismo, el Consejo de Estado ha indicado que la tasación de los daños morales debe ser realizada por el juez según su prudente juicio en atención a las particularidades de cada caso concreto, es decir, la autoridad judicial goza de cierto margen de discrecionalidad para calcular su monto, pero debe atender criterios de equidad y proporcionalidad, los cuales se forjan mediante una adecuada valoración probatoria, en el sub lite pese a que se allegó copia del pago de servicios públicos domiciliarios y pensión estudiantil, los mismos no son suficientes para demostrar el daño moral alegado por el demandante.
Así las cosas, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda, y en su lugar, se declarará la nulidad del oficio 2598/GAG-SDP de 20 de junio de 2012 se ordenará el reconocimiento de la asignación de retiro reclamada y se negará los perjuicios morales deprecados.
La suma que deberá cancelar la entidad accionada por concepto de la diferencia adeudada, se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:
R = Rh.índice final
índice inicial
Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes por mes, para cada mesada prestacional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya observancia por parte de la Administración debe darse sin necesidad de mandato judicial.
Ahora bien, acerca de la condena en costas a la parte vencida, ha de precisarse que esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016 se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Revócase la sentencia proferida el 24 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Arauca (sala de decisión oral), que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Rubén Darío Chaves Canabal contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva, y en su lugar:
1.1 Declárase la nulidad del oficio 2598/GAG-SDP de 20 de junio de 2012, expedido por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio del cual negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
1.2 Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reconocer y pagar la asignación de retiro del señor Rubén Darío Chaves Canabal en los términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, a partir de la fecha en que finalizó los tres meses de alta, de acuerdo con la motivación.
1.3 La entidad accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
1.4 La demandada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.
1.5 Niéganse las demás súplicas de la demanda, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva.
2. Sin condena en costas a la parte demandada en ambas instancias.
3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Dijo la Corte Constitucional en sentencia T-512 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, que «[…] la asignación de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normatividad de las [L]eyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Adicionalmente, es indiscutible que dicha prestación cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares». La asignación de retiro está excluida de sistema integral de seguridad social contenido en las Leyes 100 de 1993 (artículo 79) y 797 de 2003.
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (artículo 216 de la Carta Política); (ii) velar por la defensa de la soberanía, independencia, e integridad del territorio nacional y del orden constitucional (artículo 217 ibidem); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz (artículo 218 ib.). Proferido por el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confirió el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 62 de 1993.
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». En la Gaceta 428 de 2002, se lee que el Gobierno adujo la siguiente exposición de motivos para solicitar las facultades extraordinarias: «El sistema no es solidario ni equitativo, por la presencia de regímenes especiales y exceptuados que permiten que una gran minoría disfrute de unos derechos pensiónales diferentes a los que tiene el resto de la población Colombiana. Mientras que los afiliados provenientes de estos sistemas representan solo el 11% del total de los afiliados al régimen, los pasivos pensiónales del Fondo de las Fuerzas Militares y Policía y del Magisterio, equivalen al 30% del déficit pensional de la Nación. […] Hasta hoy, las pensiones del Presidente de la República, los congresistas, los Magistrados de las Altas Cortes, los miembros de la Fuerza Pública, los trabajadores de Ecopetrol y los docentes públicos, han tenido unos parámetros diferentes a los que rigen para la generalidad de los Colombianos, bien sea por estar exceptuados del régimen general o por estar sujetos a un régimen de transición especial. El Presidente de la República ha expresado que renunciará a estos beneficios, así mismo los congresistas que apoyaron su candidatura, están dispuestos a renunciar a los privilegios de su régimen especial de transición, en aras de un Estado más solidario y equitativo.[…] Se solicitan facultades extraordinarias igualmente para modificar el régimen de pensiones de las fuerzas militares y la policía nacional. En momentos como los que vive la Nación, un principio básico de solidaridad y equidad, es renunciar a los privilegios pensionales que durante tantos años han tenido y que los diferencian del resto de los colombianos. […]».
«Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional». M. P. Rodrigo Escobar Gil.
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política». Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Con observación en la hoja de servicios 98397093 de 28 de febrero de 2012 en el folio 41 «REDUCCIÓN DE TIEMPO [de] 9 [meses] -9 [días]». Publicada en el Diario Oficial 45777 de 30 de diciembre de 2004. Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2017, acción de nulidad y restablecimiento del derecho 27001-23-33-000-2013-00068-01(4295-13) de Marino Humberto Miranda Melo contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 8 de septiembre de 2017, acción de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2013-00224-01(3743-14) de Wilson Javier Chaparro Ladino contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (En este proveído los consejeros de Estado César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter se declararon impedidos, por lo que la suscribieron los también consejeros de la sección segunda William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas). Este criterio se ha reiterado en los fallos proferidos por la misma subsección B el 28 de septiembre (expedientes 15001-23-33-000-2015-00238-01 [4302-15] de Ricardo Escamilla Calderón y 25000-23-42-000-2013-01057-01 [3803-16] de César Augusto Guzmán Ramos) y 5 de octubre (expediente 18001-23-33-000-2014-00085-01 [3034-16] de Carlos Andrés Zea Zea contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía) Nacional de 2017. Sentencias de 12 de noviembre de 2014, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado interno: (2283-12); 8 de septiembre del 2017 y 5 de octubre del mismo año, sección segunda, subsección B, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicados internos: 1159-15 y 3803-16, respectivamente. F. 39
En sentencia de 28 de enero de 2015, expediente 05001-23-31-000-2002-03487-01 (32912), la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado definió el daño antijurídico como «[…]la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho». Sentencia de 21 de marzo de 201, sección tercera, subsección B, con ponencia de la consejera Ruth Stella Correa Palacio, radicado: 07001-23-31-000-2000-00177-01(23778). Sentencia de 28 de agosto de 2014, sección tercera, Consejero Enrique Gil Botero, radicado 05001-23-31-000-1997-01172-01 (31170). Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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