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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-33-000-2015-00025-02

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-33-000-2015-00025-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar y adicionar el ordinal 3° de la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Tercero. Condenar a título de restablecimiento del derecho, a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a i) reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los salarios liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%; iii) lo anterior será reconocido a partir del 08 de octubre de 2012 y hasta la fecha en que se realizaron dichos descuentos, por las razones expuestas en el presente proveído; y iv) ordenar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 1° de febrero de 2012, fecha en que el demandante se desempeñó como juez administrativo del circuito de Arauca hasta que se desempeñe en dicho cargo, calculados sobre el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios conforme a la Ley 332 de 1996; siempre que no se hayan realizado las respectivas cotizaciones. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos. Dichos conceptos no pueden superar los topes establecidos por el gobierno nacional. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. 29 Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024) Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano Tercero. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Luis Gonzaga Moncada Cano contra la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 81001-23-33-000-2015-00025-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Agotamiento de la actuación administrativa, tutela judicial
efectiva. Prima especial de servicios, artículo 14 Ley 4 de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por Tribunal Administrativo de Arauca,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luis Gonzaga Moncada Cano presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 2192 «notificado al suscrito
mediante Aviso el día 24 de Noviembre de 2014», emitida por la Dirección Ejecutiva

1 En adelante DEAJ.
2 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Páginas 5 a 14. La demanda

fue presentada el 4 de mayo de 2015.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander y Arauca4, mediante la
cual le negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de a) las sumas adeudadas por concepto de
prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992, desde el 8 de marzo de
2011 «hasta la fecha»; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el valor
del salario descontado por concepto de prima especial de servicios; iii) la indexación
de los valores adeudados; iv) los intereses moratorios de conformidad con el artículo
192 del CPACA; y v) la condena en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

3.1. LuisGonzaga Moncada Cano desempeñó los cargos de juez quinto
administrativo del circuito de Manizales desde el 8 de marzo de 2011 hasta el 31 de
enero de 2012; y juez primero administrativo del Cauca, desde el 1° de febrero de
2012 hasta «la actualidad».

3.2. El 8 de octubre de 2014, solicitó a la DESAJ de «Norte de Santander y Arauca» el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales con base en el 100% del salario
básico mensual ante la disminución del salario por concepto de prima especial de
servicios.

3.3. El «24 de noviembre de 2019», la DESAJ de «Norte de Santander y Arauca» negó la
petición anterior.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, señaló los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277
y 280 de la Constitución Política; 1, 2, 4, 14, 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992; artículo
26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; convenios 95, 111, 200 de
la OIT.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto demandado desconoce la
situación jurídico laboral del demandante y desmejoró sus derechos laborales al
negarle la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
la cual, de conformidad con lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de

4 En adelante DESAJ de Norte de Santander y Arauca.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

Estado en la sentencia del 29 de abril de 20145 es un adicional del salario básico
mensual.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se pronunció en los siguientes términos6:

6.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, no
constituye factor para liquidar prestaciones sociales, lo cual ha sido reiterado por los
decretos salariales y avalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de
1996.

6.2. En consecuencia, la DEAJ aplicó esta normativa de forma correcta debido a que
ninguna autoridad puede modificar el régimen salarial que regula dicho emolumento.
Además, aunque el Consejo de Estado anuló los decretos salariales anuales
expedidos por el gobierno nacional desde el año 1993 hasta el año 2007, los efectos
de la sentencia rigen hacia futuro, por lo que no procede reliquidar las prestaciones
reclamadas. Por lo tanto, no es viable reconocer lo solicitado, ya que se liquidó al
demandante, las prestaciones sociales conforme con el marco legal vigente.

6.3. Proceden las excepciones de i) inexistencia de a) causa para demandar; b) nexo
causal; y c) error judicial arbitrario o flagrante; y ii) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Arauca, profirió la sentencia del 7 de marzo de 20247,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal
sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar infundadas y no procedentes las excepciones propuestas por la
entidad demandada.

SEGUNDA (sic): Declarar la nulidad de la Resolución No 2192 del 10 de noviembre de
2014, expedido por la Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección
Seccional de Administración Judicial Norte de Santander y Arauca, de conformidad con
lo expuesto por la parte motiva del presente fallo.

TERCERO: CONDÉNAR a título de restablecimiento del derecho, a la entidad
demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los salarios
liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la
prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) reconocer,

5 Con radicado 11001-03-25- 000-2007-00087-00.
6 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Páginas 150 a 155.
7 Índice 2 del aplicativo Samai.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor, liquidadas sobre la base de todo el
salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%; iii) lo anterior será reconocido a
partir del 08 de octubre de 2012 (sic) y hasta la fecha en que se realizaron dichos
descuentos, por las razones expuestas en el presente proveído; y iv) ORDENAR el
pago de las diferencias correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, teniendo en cuenta la prima especial referida,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Las sumas de dinero que sean canceladas a título de la Prima Especial de
Servicios que fue descontada del salario básico se tendrán en cuenta para la liquidación
de las prestaciones sociales reconocidas a la parte actora.

QUINTO: Lo (sic) valores a pagar serán indexados acorde al Art. 187 del C.P.A.C.A,
tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor
certificada por el DANE, por resultar viable, en asuntos de naturaleza jurídica similar,
precisando por consiguiente la forma como deberá hacerse, para lo cual se tomará la
fórmula adoptada por esta decisión mes a mes:

R=Rh x índice final
Índice inicial

SEXTO: Las sumas de dinero con intereses moratorios, serán actualizadas siguiendo la
normativa del numeral 4º del Art. 195 del C.P.A.C.A. teniendo como base la variación
porcentual de los índices de precio al consumidor.

SEPTIMO.- ORDENAR a la parte demandada que le dé cumplimiento a esta sentencia
dentro del término previsto en los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).

OCTAVO.- NO CONDENAR en costas en esta instancia por lar razones expuestas en
la parte considerativa.

NOVENO.- RECONOCER personería al abogado LUIS MERARDO TOVAR ALTUNA,
identificado con la C.C. No. 17.594.832, expedida en Arauca - Arauca, con tarjeta
profesional No. 143522, expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la parte demandante, conforme a la sustitución de poder obrante en
el índice 11 del expediente digital contenido en la plataforma SAMAI.

DECIMO: Ejecutoriada esta sentencia y para su cumplimiento, expídanse copia del
presente fallo, con constancia secretarial de ejecutoria, en los términos del Art. 114 del
C.G. del P. (Ley 1564 de 2012). Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas
a quien se le ha reconocido en la presente providencia como su apoderado.

DECIMO PRIMERO: Ordenar quede en firme la presente decisión, se archive el
expediente, previas las anotaciones de rigor. (sic)».

8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8.1. LaCorte Constitucional, mediante la Sentencia C-279 de 1996, declaró
exequible que la prima especial prevista de servicios en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 no tuviera carácter salarial. Sin embargo, los decretos salariales expedidos

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

por el gobierno nacional desde el año 1993 generaron interpretaciones erradas
sobre su naturaleza al considerar que el 30% de la referida prima hacía parte de la
remuneración mensual.

8.2. En sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado declaró la nulidad parcial de los decretos que fijaban esa prima, por reducir
indebidamente el salario de ciertos funcionarios, La Sala Plena de Conjueces del
Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2019, estableció que el
referido emolumento es un incremento del salario básico que solo constituye factor
salarial para efectos de pensión de jubilación, reconoció el derecho a la reliquidación
de prestaciones sobre el 100% del salario y fijó reglas sobre prescripción y límites
salariales, como el tope del 80% respecto de los magistrados de altas cortes.

8.3. Se acoge la sentencia del 2 de septiembre de 2019, que definió que la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un
complemento del salario básico y solo constituye factor salarial para efectos
pensionales.

8.4. La DESAJ de Norte de Santander y Arauca, mediante la Resolución 2192 del 10
de noviembre de 2014 negó la reliquidación, reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios por el periodo en el que el demandante ejerció como juez
primero administrativo de Arauca y señaló que no era competente para resolver la
petición sobre el periodo en el que se desempeñó como juez quinto administrativo
del circuito de Manizales. Luis Gonzaga Moncada Cano demandó dicho acto
solicitando que se reconocieran y pagaran los valores y prestaciones descontados
desde el 8 de marzo de 2011.

8.5. Se demostró que el demandante prestó sus servicios como juez quinto
administrativo del circuito de Manizales desde el 8 de marzo de 2011 al 31 de enero
de 2012, y como juez administrativo del circuito de Arauca desde el 01 de febrero
de 2012; y que el 8 de octubre de 2014 presentó reclamación administrativa
solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y la
reliquidación de las prestaciones sociales, con base en el fallo del Consejo de
Estado del 29 de abril de 2014, por lo tanto, «tendría derecho a que se le reconociera
su derecho desde la fecha de la presentación de la reclamación administrativa hasta tres
(3) años atrás, es decir desde el 08 de octubre de 2014, tres (3) años hasta 08 de octubre
de 2011».

8.6. «No obstante […] como quiera que el objeto de la presente demanda es la Nulidad de
la Resolución 2192 del 10 de noviembre de 2014, expedida por la Dirección Seccional de
Administración de Justicia de Norte de Santander y Arauca, y el restablecimiento del
derecho, que dicho acto administrativo negó, esta Sala de Conjueces reconocerá el derecho

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

de reliquidación, liquidación, reconocimiento y cancelación a favor del señor LUIS
GONZAGA MONCADA CANO de los recursos económicos descontados durante el periodo
comprendido entre el 08 de octubre de 2012, en adelante, por concepto de PRIMA
ESPECIAL DE SERVICIO SALARIAL, en virtud del fallo del Honorable Consejo de Estado
de fecha del 29 de abril de 2014. […] en cuanto a los aportes al sistema de seguridad social,
(imprescriptibles) la Dirección Seccional de Administración de Justicia de Norte de
Santander, deberá efectuarlos por el periodo en que se acreditó su vinculación a esta
seccional objeto del pronunciamiento y decisión objeto de la Resolución No 2192 del 10 de
noviembre de 2014, el cual será declarado nulo por esta Sala de Conjueces].

1.4. El recurso de apelación

9. Lademandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, en los siguientes términos8:

9.1. El tribunal omitió verificar el requisito de procedibilidad esencial atinente a la
interposición y decisión de los recursos administrativos obligatorios [reposición y
apelación] frente al acto demandado, conforme con el artículo 76; los numerales 2
del artículo 161 y 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011. Al no haberse agotado
dichos recursos, la resolución no constituye un acto definitivo susceptible de control
judicial, razón por la cual la demanda debió rechazarse.

9.2. En el ordinal tercero de la Resolución 2192 de 10 de noviembre del año 2014, la
entidad indicó la procedencia de los recursos así:

«Notificar el contenido de la presente Resolución al peticionario con la advertencia
que contra esta decisión procede el recurso de reposición ante esta Seccional
y en subsidio el de apelación ante el Director Ejecutivo de Administración
Judicial, interpuestos por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella con el lleno de los requisitos establecidos en
el artículo 77 de la ley 1437 de 20119».

9.3. El demandante no interpuso recurso alguno contra la resolución referida. Esta
irregularidad no fue corregida ni en la audiencia inicial ni en la sentencia de primera
instancia, configurándose la excepción de «inepta demanda por falta de agotamiento
de requisitos legales, procedimiento administrativo».

9.4. De conformidad con los numerales 5 del artículo 100 del Código General del
Proceso y 2 del artículo 161 del CPACA la irregularidad debió haber sido saneada
durante la audiencia inicial, con independencia de que la parte demandada la

8 Índice 2 del aplicativo Samai.
9 Énfasis del original.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

hubiera propuesto o no. Sin embargo, el tribunal al realizar el saneamiento del
proceso y al resolver las excepciones previas pasó por alto esta circunstancia.

9.5. En consecuencia, se deberá revocar la sentencia de primera instancia y declarar
improcedente la demanda por no cumplir con los presupuestos procesales exigidos.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer ¿si en el presente asunto el demandante no presentó los recursos a los
que estaba obligado en sede administrativa? Y de ser así ¿si ello da lugar a declarar
la inepta demanda, previo análisis de derechos fundamentales como la tutela judicial
efectiva, principios pro homine y de prevalencia del derecho sustancial, protección
de los derechos de las personas de la tercera edad?

10 Al respecto, ver auto del 30 de julio de 2024. índice 4 de Samai.
11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículo 1 y 2].

12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

18. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200713, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar14».

19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se

13 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
14 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

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consideraba prima especial sin carácter salarial.

20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

21. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200915, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

10

Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201916.

23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201417 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

18
24. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
17 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
18 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

25. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

19
26. En la sentencia del 2 de septiembre de 2009 , el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

27. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

28. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

29. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior20 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

30. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

21
31. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-05 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. Luis Gonzaga Moncada Cano se vinculó a la entidad desde el 1° de junio de
1982, pertenece al «régimen salarial acogido», conforme con la certificación del 11 de
septiembre de 201422. Se desempeñó como juez 5 administrativo del circuito de
Descongestión de Manizales desde el 8 de marzo de 2011 hasta el 31 de enero de
2012; y juez primero administrativo del circuito de Arauca desde el 1° de febrero de
2012 «a la fecha» como consta en las certificaciones del 20 de octubre23 y del 7 de
noviembre de 201424.

32.2. A través de las certificaciones de devengados y deducidos emitidas por la

20 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
21 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)
22 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Página 43.
23 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Página 45 a 50.
24 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Página 33.

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

DESAJ del 20 de octubre25 y 10 de noviembre de 201426 se relacionó la asignación
mensual devengada por el demandante, desde enero del 2010 hasta el 31 de
octubre de 2014.

32.3. El 8 de octubre de 201427, solicitó a la DESAJ de Norte de Santander y Arauca
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios; y las diferencias
salariales y prestacionales con base en el porcentaje que le fue disminuido por
concepto de dicha prima, desde el 8 de marzo de 2011 en adelante en el desempeño
del cargo de juez quinto administrativo del circuito de Manizales y primero
administrativo de Arauca.

32.4. La DESAJ de Cúcuta emitió la Resolución 2192 del 10 de noviembre de 201428,
con la que negó la petición con fundamento en que i) laboró como juez primero
administrativo de Arauca en la seccional desde el 1° de febrero de 2012, por lo que
tiene competencia para conocer de la reclamación solo a partir de esa fecha; y ii) la
entidad le pagó el salario y las prestaciones sociales de conformidad con los
decretos salariales anuales vigentes, los cuales son de obligatorio cumplimiento
para la administración.

32.4.1. Adicionalmente, resolvió «ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido de la
presente Resolución al peticionario con la advertencia que contra esta decisión procede el
recurso de reposición ante esta Seccional y en subsidio el de apelación ante el Director
Ejecutivo de Administración Judicial, interpuestos por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella con el lleno de los requisitos
establecidos en el artículo 77 de la ley 1437 de 2011».

2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

33. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Arauca, declaró la nulidad del acto acusado y a título de
restablecimiento del derecho condenó a la DEAJ a reconocer y pagar i) la diferencia
salarial teniendo en cuenta el 100% del salario básico más el 30% por concepto de
la prima especial de servicios; ii) las prestaciones sobre el total del salario básico, a
partir del «8 de octubre de 2012» hasta la fecha en que se realizaran las deducciones
del salario; y iii) las diferencias en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en pensión.

34. La DEAJ cuestionó la anterior decisión con fundamento en que la sentencia de

25 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Página 45 a 50.
26 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Páginas 35 a 42.
27 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Páginas 15 a 18.
28 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento «1_ED_01CUADERNO01», Páginas 22 a 27.

14

Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

primera instancia debe ser revocada y la demanda declarada improcedente por
incumplimiento de los presupuestos procesales exigidos debido a que la Resolución
2192 del 10 de noviembre de 2014 no era susceptible de control judicial, pues el
demandante no interpuso los recursos administrativos obligatorios de reposición y
apelación expresamente previstos en su ordinal tercero, configurándose así la
excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de requisitos legales.

35. Esta omisión, que impedía que la resolución adquiriera el carácter de acto
definitivo, no fue subsanada ni en la audiencia inicial ni en la sentencia de primera
instancia, pese a que el tribunal estaba llamado a declararla de oficio conforme al
artículo 100 del CGP y al artículo 161 del CPACA.

36. En consecuencia, para resolver el problema jurídico propuesto, corresponde
analizar los siguientes aspectos i) la procedencia de los recursos en sede
administrativa como requisito de procedibilidad, ii) las personas de la tercera edad
como sujetos de especial protección; iii) el derecho de acceso a la administración
de justicia y la tutela judicial efectiva y con base en ello, vi) dar la solución del caso
en concreto.

2.3.2.1. La procedencia de los recursos en sede administrativa como requisito
de procedibilidad

37. El agotamiento de los recursos en la actuación administrativa constituye un
presupuesto procesal necesario para acceder a la jurisdicción contencioso-
administrativa, el cual cumple con la finalidad de garantizar los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa de las personas frente a la
administración y la oportunidad para que ésta reevalúe sus actos administrativos, y
si es del caso, adicione, aclare, modifique o revoque su decisión inicial.

38. El artículo 67 del CPACA, al regular la notificación personal de las decisiones
administrativas, estableció que en la diligencia de notificación se debe entregar al
interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación
de la fecha y hora, indicándosele los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para su ejercicio, en los
siguientes términos:

«Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica
y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse
y los plazos para hacerlo. […]» (Negrillas fuera de texto).

39. De acuerdo con el precepto normativo anterior y en lo relacionado con los medios
de impugnación, el legislador estableció a cargo de la administración, el deber de
indicarle a la parte interesada con toda precisión los recursos que conforme al
ordenamiento jurídico resultan procedentes ejercer contra la decisión administrativa.

40. En ese orden, los artículos 74 y 76 ejusdem previeron los recursos que proceden
contra los actos administrativos y la oportunidad para presentarlos respectivamente
así:

«Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con
el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos. […]».

«Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en
que se haya acudido ante el juez.

[…]

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».

41. De esta manera, el recurso de: i) reposición tiene como finalidad poner en
consideración de la autoridad administrativa que profirió el acto, los argumentos
necesarios para que lo modifique, lo revoque, lo aclare o lo adicione y, el de ii)
apelación es considerado como obligatorio, en el sentido de que es ineludible su
ejercicio para agotar la actuación administrativa. En este caso, la reconsideración
del asunto objeto de discusión, se pone en manos del inmediato superior
administrativo de quien expidió el acto.

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

42. Por otro lado, el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, previó lo
siguiente:

«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la
demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los
siguientes casos: […]

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular
deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley
fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición
permitirá demandar directamente el acto presunto […]» Subrayado fuera de
texto.

43. De conformidad con la norma transcrita, cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que
de acuerdo con la ley fueren obligatorios, por lo que se constituye en un requisito
de procedibilidad para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, el previo
agotamiento del procedimiento administrativo.

44. Sobre el particular, esta Corporación en sentencia del 30 de julio de 2018 se
pronunció sobre el presupuesto procesal de agotamiento de los recursos
administrativo, así:

«[…] la exigencia en comento recae en relación con el recurso de apelación y tiene
como propósito satisfacer la necesidad de usar los recursos legales obligatorios
para impugnar los actos administrativos, de manera que la administración tenga la
oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de revocarlas,
modificarlas o aclararlas antes de que el juez, con ocasión de la puesta en marcha
del aparato judicial, estudie su legalidad29».

45. No obstante, debe tenerse en cuenta que la obligación indicada se encuentra
supeditada a que en el acto administrativo se informe con total claridad al usuario
sobre la procedencia de los recursos. Al respecto, en auto del 15 de octubre de
2019, la Sala dispuso lo siguiente:

«Revisado la anterior actuación encuentra la Sala que la Resolución RDP 10734
de 2015, para referirse a la procedencia de los aludidos medios de impugnación
contra este acto, no cumple la carga de informar con exactitud si procede o no el
recurso de apelación (reposición y/o apelación), para lo cual, ante esa confusión,
no se le puede exigir a la interesada que lo hubiera interpuesto. […]

29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Fecha: 30

de julio de 2018. Rad.: 25000-23-42-000-2015-06524-01(3894-17).

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

Así las cosas y en atención a que la actora, no fue informada en debida forma de
los recursos que procedían contra la Resolución RDP 10734 de 2015 y no se le
brindó la oportunidad de impugnar el auto ADP 1375 de 2019, resulta
desproporcionado y contrario a derecho rechazarle la demanda porque no
cumplió un rigorismo procedimental que no le era exigible.

En esas condiciones y en aras de privilegiar el derecho de acción, se tiene que
en el asunto sub examine no es exigible el requisito de procedibilidad a que se
hace referencia el artículo 161 (numeral 2) del CPACA11, motivo por el cual se
revocará la providencia objeto de alzada, para que el Tribunal de origen continúe
con el correspondiente trámite30».

2.3.2.2. El derecho a la tutela judicial efectiva, acceso a la administración de
justicia

46. La Corte Constitucional ha definido el derecho de tutela judicial efectiva como «la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la
integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos
e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las
leyes»31.

32
47. Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que el mencionado derecho se
compone de tres elementos esenciales: el primero de ellos corresponde al acceso
a la administración de justicia que se traduce en la posibilidad de acudir a la
jurisdicción competente para proponer un conflicto; el segundo, relacionado con el
derecho a obtener una solución de fondo que debe reflejarse en una sentencia
motivada, razonable, congruente y fundada en derecho; y por último, la garantía a
la ejecución de la sentencia que se profiera, por lo que es necesario que ésta se
cumpla en los términos indicados por la autoridad judicial.

48. Ahora bien, el acceso a la administración de justicia se erige no solo como el
elemento sine qua non que configura la tutela judicial efectiva, sino que
jurídicamente y desde la óptica constitucional se le ha otorgado la categoría de
derecho fundamental autónomo, pues su correcto ejercicio propende por garantizar
la prestación jurisdiccional a todos los individuos a través del uso de los mecanismos

30 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección “B”. C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. Fecha:

15 de octubre de 2019. Rad.: 05001-23-33-000-2019-01157-01(3802-2019). En el mismo sentido
se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 2 de mayo de
2019, expediente 25000-23-42-000-2015-02230-01 (4489-2015).
31 Corte Constitucional Sentencia C-279/13.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, 28 de mayo de 2012 expediente 08001-23-31-000-2011-

01174-02, C.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

de defensa previstos en el ordenamiento jurídico con el fin de proteger y materializar
los demás derechos reconocidos en la Constitución Política y en la ley.

49. Al respecto, de conformidad con el artículo 229 constitucional, el Estado
colombiano debe garantizar «[…] el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia […]», pudiendo con ello, no solo satisfacer una necesidad
ínsita al ser humano, que es la de hallar una solución pacífica, equitativa y ajustada
respecto de las desavenencias y conflictos que puedan suscitarse en la vida en
sociedad sino, además, materializar los valores de justicia y paz que se constituyen
como fines esenciales del ser humano, por los que debe propender el Estado en
su función de servicio a la comunidad y promoción de la prosperidad general.

50. En ese sentido, los derechos de tutela judicial efectiva y acceso a la
administración de justicia se erigen como pilares del Estado Social y Democrático
de Derecho, pues con ellos se abre la puerta a las personas naturales y jurídicas
para que propongan sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta
forma se protejan y hagan efectivos sus derechos a través de decisiones prontas,
cumplidas y eficaces.

2.3.2.3. Solución del caso en concreto

51. La Sala observa que el demandante pretende la nulidad de la Resolución 2192
del 10 de noviembre de 2014, por medio de la cual, la demandada le negó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales con base en el
porcentaje que le fue disminuido por concepto de prima especial de servicios.

52. En la parte resolutiva de la Resolución 2192 del 10 de noviembre de 2014 se
señaló lo siguiente:

«ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido de la presente Resolución al peticionario
con la advertencia que contra esta decisión procede el recurso de reposición ante esta
Seccional y en subsidio el de apelación ante el Director Ejecutivo de Administración
Judicial, interpuestos por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo
77 de la ley 1437 de 2011». [Se resalta]

53. La demandada apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en que
i) el tribunal omitió verificar un requisito esencial de procedibilidad, consistente en la
interposición y decisión de los recursos administrativos obligatorios de reposición y
apelación contra el acto demandado, conforme con el CPACA; ii) la Resolución 2192
de 2014 advertía expresamente sobre la procedencia de dichos recursos, los cuales
no fueron interpuestos por el actor, lo que impedía considerar la resolución como un
acto definitivo susceptible de control judicial; y iii) esta irregularidad configuraba la

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de los requisitos legales y
debió ser saneada en la audiencia inicial, con independencia de que hubiera sido
alegada por la demandada. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia y declarar
improcedente la demanda.

54. Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con los artículos 101 y 102 del
Código General del Proceso33, aplicables por remisión del artículo 175 del CPACA,
las excepciones previas deben proponerse en el término del traslado de la demanda
y resolverse, en principio, antes de la audiencia inicial o en el curso de esta, según
se requiera o no la práctica de pruebas. La norma es clara al establecer que los
hechos que configuran excepciones previas no pueden alegarse con posterioridad
como causal de nulidad, lo cual impide que una parte las introduzca por primera vez
en segunda instancia.

55. Sin embargo, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 187 del CPACA,
la Sala procederá con el estudio de la excepción de inepta demanda34, por
incumplimiento de los requisitos formales, en este caso, al no haberse interpuesto
los recursos procedentes contra el acto demandado35, situación que puede ser
examinada de oficio por el juez de segunda instancia en la sentencia, aun cuando
no hubiera sido alegada oportunamente en la primera, pues su estudio garantiza la
correcta aplicación del principio de legalidad.

56. Descendiendo al caso concreto, es pertinente indicar que Luis Gonzaga
Moncada Cano no interpuso el recurso de reposición ni el de apelación como medio
de impugnación de la decisión contenida en la Resolución 2192 del 10 de noviembre
de 2014, situación que se corrobora con el hecho de que el demandante solicitó
únicamente la declaratoria de nulidad del acto administrativo referido; y de la parte
resolutiva de dicho acto por medio de la cual, la DEAJ le indicó al demandante los
recursos procedentes contra la señalada resolución. Adicionalmente, por cuanto,
revisadas las pruebas aportadas al proceso no se halló algún recurso de reposición
o apelación que se hubiera interpuesto contra la Resolución 2192 del 10 de
noviembre de 2014 ni un acto administrativo que los resolviera.

33 En adelante CGP.
34 Artículo 100, numeral 5° del CGP: «5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales

o por indebida acumulación de pretensiones».
35 Artículo 161 del CPACA. «REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la

demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación
con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto».

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

57. En ese orden, encuentra la Sala que si bien para demandar la nulidad de un acto
administrativo particular es deber de la parte demandante haber ejercido en sede
administrativa los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios para
impugnar la decisión de la administración, lo cierto es que, tal y como lo ha sostenido
esta subsección, la administración se encuentra obligada a informar de manera
clara e inequívoca a la parte actora los recursos que son procedentes contra el acto
acusado, ante qué autoridad y el término para la interposición, lo cual se encuentra
satisfecho en esta oportunidad.

58. No obstante, esta Sala observa que, dadas las particularidades del caso bajo
examen, desde la perspectiva del derecho constitucional concurren presupuestos
que refuerzan la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia. Esto en
atención de las específicas razones elevadas por el recurrente que se enmarcan en
la inepta demanda; por lo que no hay lugar a dilucidar más allá de este tópico.

59. Ahora bien, aunque el demandante debió agotar los recursos en sede
administrativa, lo cierto es que, en este caso en particular dicha situación pasó
inadvertida tanto por la entidad que no la alegó en su oportunidad, como por el juez
de primera instancia; por lo que, es relevante hacer uso de la tutela judicial efectiva
tras más de diez años desde la presentación de la demanda.

60. Lo anterior, por cuanto, tal como se expuso en el marco normativo, el derecho a
la tutela judicial efectiva constituye una garantía esencial dentro del Estado Social
de Derecho, al permitir que todas las personas, en condiciones de igualdad, puedan
acudir ante los jueces para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

61. Este derecho comprende el acceso a la justicia, la obtención de una decisión de
fondo razonada y congruente, y la ejecución efectiva de la sentencia. Tales
componentes aseguran no solo la posibilidad formal de presentar una reclamación
ante la jurisdicción, sino también la efectividad material de las decisiones judiciales.

62. De igual forma, el acceso a la administración de justicia [derecho fundamental
autónomo, artículo 229 de la Constitución], se erige como una herramienta mediante
la cual el Estado garantiza la solución pacífica de los conflictos y la realización de
los valores de justicia y paz. En consecuencia, los derechos a la tutela judicial
efectiva y al acceso a la justicia se configuran como pilares esenciales del Estado
Social y Democrático de Derecho, en tanto posibilitan que las controversias sean
resueltas de manera pronta, justa y eficaz, materializando con ello la protección real
de los derechos constitucionales y legales de todas las personas. Por ello, sería
injusto 10 años después de la interposición de la demanda, rechazarla por tal
motivo.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

63. Así mismo, de conformidad con el principio pro homine, criterio hermenéutico que
impregna todo el espectro de los derechos humanos, «en virtud del cual se debe acudir
a la norma o a la interpretación más amplia, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata
de fijar restricciones al ejercicio de los derechos o establecer su suspensión extraordinaria
(…)»36, y del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal previsto
en el artículo 22837 de la Constitución Política, con el que se busca garantizar que
las formalidades propias de los procesos judiciales sean interpretadas y empleadas
para la materialización de los derechos de las personas que acceden a la
administración de justicia y de ninguna forma como un obstáculo o impedimento
para el ejercicio y su protección.

64. En consonancia con lo anterior, en los términos de la Corte Constitucional38 «los
jueces de la República “son los primeros llamados a ejercer una función directiva en la
conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el Legislador les ha otorgado la
potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su alcance, que las diferentes
actuaciones se lleven a cabo”. En el marco del Estado social y democrático de derecho
constituido para la realización de un orden justo, se reclama un mayor dinamismo del juez
y una especial sensibilidad con la realidad viviente que le rodea».

65. Así, «[e]l Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío
funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas-
que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los
derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta
Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el
ideal de la justicia material».

66. Por lo tanto, el juez, en su papel dentro del Estado Social de Derecho, tiene la
potestad y el deber de hacer prevalecer el acceso a la justicia y la tutela judicial
efectiva sobre las formalidades procesales al ser un garante activo del derecho
sustancial y de la verdad material, llamado a dirigir el proceso con sensibilidad
frente a la realidad social y a evitar que el rigor excesivo de las formas impida la
obtención de una decisión justa, especialmente cuando están en juego derechos
fundamentales o sujetos de especial protección.

36 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006.

37 «Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca
la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo».
38
Sentencia C-086 de 2016.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

67. En consonancia con lo discurrido, de forma similar en sentencia del 13 de otubre
de 2022 esta corporación señaló:

«Específicamente, son de mayor prevalencia el acceso a la administración de justicia,
la tutela judicial efectiva en orden de resolver las cuestiones del litigio conforme a
derecho y con preferencia del ordenamiento sustancial sobre el formal, ello en clara
concordancia con la prohibición jurisprudencial del exceso ritual manifiesto en casos en
los que atender irrestrictamente los preceptos adjetivos de una actuación, pueden
transgredir derechos de más protección y entidad como son los relacionados con la
necesaria obtención de un fallo de fondo ajustado a la legalidad, más aún en el caso
de un demandante que conforme a sus alegatos de conclusión es una persona de más
de 90 años, es decir, un adulto mayor a quien el ordenamiento superior le concibe un
tratamiento diferencial positivo para mantener un amparo jurídico reforzado39 ». [Se
resalta]

68. Por tanto, esta Corporación ha dado aplicación al principio de tutela judicial
efectiva como garantía fundamental, orientada a asegurar que toda persona pueda
acceder a la justicia y obtener una decisión de fondo justa y conforme al derecho,
incluso por encima de formalismos procesales que puedan obstaculizar la
protección real y efectiva de sus derechos.

69. En tercer lugar, el Estado Social de Derecho colombiano, fundamentado en la
dignidad humana, impone al Estado, la sociedad y la familia un deber conjunto de
protección hacia las personas mayores, consideradas sujetos de especial
protección constitucional por su situación de vulnerabilidad. Conforme a los artículos
13 y 46 de la Constitución y a instrumentos internacionales como la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, deben adoptarse medidas efectivas que garanticen su igualdad real,
integridad y participación activa en la sociedad, para así asegurar un trato
preferencial y la plena vigencia de sus derechos fundamentales bajo los principios
de justicia y solidaridad40.

70. En efecto, aun cuanto en el presente asunto cobra gran relevancia la tutela
judicial efectiva, no puede pasarse por alto que el demandante es un adulto mayor41
por cuanto su edad es superior a los 60 años42. Esta circunstancia incide
directamente en su derecho a la seguridad social, pues la controversia planteada
tiene una clara repercusión en su situación pensional, toda vez que el demandante

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, trece (13) de octubre de dos mil veintidós

(2022, referencia: 08001-23-33-000-2018-00952-01 (1991-2020) C.P: William Hernández Gómez.
40 Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-109 de 2022, T-252 de 2017.
41 Al respecto ver entre otras, las sentencias T-013 de 2017, SU-109 de 2022 y T-570 de 2023 de la

Corte Constitucional.
42 El demandante nació el 12 de noviembre de 1961, conforme con la consulta realizada en la página

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo tanto, a la fecha tiene 63 años. Aunado al hecho
de haberse vinculado a la entidad desde el 1° de junio de 1982, por lo que teniendo cuenta que a
esa data tan solo fuera mayor de edad [18 años], a la fecha tendría 61 años.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

cuenta con la edad requerida para acceder a dicho beneficio, en ese sentido, la
discusión sobre el fraccionamiento de su remuneración, originado en el pago de un
porcentaje bajo la denominación de prima especial no como una adición al 100% de
la asignación básica mensual, sino como parte de esta adquiere una dimensión de
mayor relevancia constitucional al afectar potencialmente el monto de sus aportes
pensionales, por lo tanto, el amparo constitucional es prevalente, como lo ha
reiterado esta Sección43; lo que refuerza la aplicación del principio de la tutela
judicial efectiva en esta instancia de la controversia.

71. Lo anterior, habida cuenta que como lo ha sostenido la Sala, la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 fue concebida como un
valor adicional al salario básico de los funcionarios judiciales y de la justicia penal
militar, sin carácter salarial salvo para efectos pensionales. Dicha prima constituye
un incremento real en la remuneración y, por tanto, debe integrarse a la base de
cotización para la liquidación de la pensión, en aplicación de los principios de
favorabilidad y progresividad laboral, y descartó cualquier interpretación orientada a
reducir o a desmejorar los ingresos de los beneficiarios.

72. En ese sentido, este caso en particular, si bien es claro que el demandante tenía
la obligación de agotar los recursos de ley en sede administrativa y la entidad de
haber puesto en conocimiento el asunto; lo cierto es que transcurrieron más de 10
años desde la presentación de la demanda, sin que dicha situación fuera analizada,
por ello, ante la mora en la resolución del caso y la inadvertencia de dicha situación,
se dará aplicación a la tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia,
para analizar el fondo de la litis.

73. Ahora bien, el tribunal encontró que hubo fraccionamiento del salario, por lo que
le reconoció al demandante el derecho a la prima especial de servicios como un
adicional al salario básico mensual desde el 8 de octubre de 2012 y hasta la fecha
en que se efectuaron los descuentos, toda vez que, aunque se acreditó que Luis
Gonzaga Moncada Cano prestó sus servicios como juez quinto administrativo del
circuito de Manizales entre el 8 de marzo de 2011 y el 31 de enero de 2012, y como
juez administrativo del circuito de Arauca a partir del 1º de febrero de 2012, la
entidad a través del acto demandado le negó el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios únicamente respecto del periodo en que el actor ejerció el
cargo en Arauca, por carecer de competencia para pronunciarse sobre el tiempo
laborado en Manizales.

43 Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 25000-23-25-000-

2005-04715-01(2599-07), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y, Corte Constitucional,
Sentencia SU-108 de 2020, M.P Carlos Bernal Pulido.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

74. En consecuencia, al efectuar el análisis sobre la prescripción, el tribunal lo limitó
al periodo en que el demandante se desempeñó como juez administrativo del
circuito de Arauca, esto es, a partir del 1.º de febrero de 2012, por cuanto respecto
del tiempo anterior, cuando ejerció como juez quinto administrativo del circuito de
Manizales, no acudió ante la seccional competente para presentar la reclamación
del derecho pretendido, ni agotó la actuación administrativa necesaria para obtener
una decisión de fondo. En ese orden, al no existir reclamación o pronunciamiento
sobre dicho periodo, el tribunal acertó en restringir su análisis al ámbito temporal
comprendido dentro de la competencia de la DESAJ de Norte de Santander y
Arauca.

75. Esta decisión es compartida por la Sala, en tanto se ajusta a los principios de
seguridad jurídica y congruencia procesal, sin desconocer la tutela judicial efectiva
. y que la situación puede tener incidencia en su derecho pensional. No obstante, la
valoración judicial debe ceñirse exclusivamente al aspecto decidido por el tribunal,
es decir, sobre la negativa de la entidad del derecho reclamado frente al periodo en
que prestó sus servicios en Arauca.

76. Esta situación evidencia con mayor claridad que el reparo formulado por la parte
apelante se centró exclusivamente en la falta de agotamiento de los recursos de ley
respecto del periodo en que el demandante ejerció como juez administrativo del
circuito de Arauca, mas no en relación con el tiempo en que se desempeñó como
juez en Manizales, que fue precisamente el lapso sobre el cual el tribunal
circunscribió el reconocimiento del derecho. Conforme con lo expuesto, y en
especial, en aplicación de la tutela judicial efectiva, aunque la nulidad de un acto
administrativo particular exige, como requisito de procedibilidad, el agotamiento
previo de los recursos administrativos, en el caso de Luis Gonzaga Moncada Cano
dicha exigencia debe ceder ante la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal, razón por la cual, el cargo no está llamado a prosperar.

77. Adicionalmente, se observa que, aunque el tribunal consideró prescritos los
periodos causados con anterioridad al 8 de octubre de 2011, precisó que, conforme
con lo resuelto en el acto administrativo demandado, el reconocimiento del derecho
solo procedía respecto del tiempo en que el demandante ejerció como juez
administrativo del circuito de Arauca. En ese contexto, y pese a que delimitó su
decisión al periodo en el que el demandante fungió en tal cargo, consideró que el
derecho sería reconocido a partir del 8 de octubre de 2012 y en tal sentido impartió
la orden.

78. Si bien la Sala advierte la discrepancia entre la fecha del extremo inicial del
desempeño en el cargo aludido [1° de febrero de 2012] y el punto de inicio fijado
para el reconocimiento [8 de octubre de 2012], no es posible modificar dicho

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

aspecto, por cuanto hacerlo implicaría desmejorar la situación del apelante único,
en contravía del principio de prohibición de la reformatio in pejus44, que impide
agravar la condición jurídica del recurrente cuando la otra parte no apeló.

92. Ahora bien, es de precisar que tal como lo consideró el tribunal los periodos
causados con anterioridad al 8 de octubre de 2011 se encuentran prescritos al
haberse presentado la reclamación el 8 de octubre de 2014, pues de conformidad
con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto
3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de
la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible» lo que impone
considerar de un lado, la fecha de la norma que creó el emolumento reclamado; y
del otro, y con mayor importancia, implica analizar las fechas en las que se prestó
el servicio, de manera que se pueda predicar la existencia de un derecho.

93. Como lo sostuvo el tribunal los aportes a pensión deberán realizarse por todo el
periodo desempeñado por el demandante como juez administrativo del circuito de
Arauca, por cuanto dichos aportes son imprescriptibles, pues tal como se explicó en
el marco normativo, de conformidad con la sentencia «de unificación CE-SUJ2-05»,
dado el carácter periódico del derecho a la pensión y los principios constitucionales
de igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales no opera la
prescripción respecto de los aportes pensionales, pues dichos aportes
corresponden al deber del empleador de cumplir con sus obligaciones frente al
sistema parafiscal.

94. Por lo tanto, la prescripción no afecta dichos aportes, puesto que, aunque la
prima especial de servicios no tiene carácter salarial, sí incide en la base de
liquidación de las cotizaciones al sistema pensional, conforme lo dispone la Ley 332
de 1996, tal como se explicó en precedencia.

95. En consecuencia, como el tribunal ordenó « el pago de las diferencias
correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, teniendo en cuenta la prima especial referida, por las razones expuestas en la

44 Al respecto, ver sentencia SU-327 de 1995. «De acuerdo con el principio de la no “reformatio in

pejus”, cuando el recurso de apelación sea interpuesto exclusivamente por el procesado o su
defensor, el juez de segunda instancia no podrá empeorar la situación del procesado, agravando la
pena impuesta por el juez de primera instancia. Es una manifestación del principio de congruencia,
según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos,
constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum
appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe
mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que
padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso».

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Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

parte motiva de esta sentencia», para mayor precisión se modificará la orden para
ordenar el pago de los aportes al Sistema General Social en Pensiones deberán
realizarse desde el 1° de febrero de 2012 por el desempeño en el cargo de juez
administrativo del circuito de Arauca. La liquidación deberá efectuarse con base en
el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la prima especial,
de conformidad con lo previsto en la Ley 332 de 1996; siempre que no se hayan
realizado las respectivas cotizaciones.

96. Para efectos de lo anterior, se advierte que solo deben cancelarse al sistema las
diferencias causadas entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto
aportes a seguridad social.

97. También se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
accionante por los mismos conceptos aquí reconocidos.

98. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar parcialmente la sentencia
proferida el 7 de marzo de 2024 por Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por Luis
Gonzaga Moncada Cano, a pesar de no haber agotado los recursos en la actuación
administrativa como requisito de procedibilidad, en relación con el periodo en el que
fungió como juez administrativo del circuito de Arauca.

99. Modificará la sentencia en el sentido de ordenar el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensión desde el 1° de febrero de 2012, fecha en que el
demandante se desempeñó como juez administrativo del circuito de Arauca hasta
que se desempeñe en dicho cargo, calculados sobre el 100% del salario básico
mensual más el 30% correspondiente a la prima especial, conforme a la Ley 332
de 1996, solo por las diferencias que no hayan sido previamente canceladas; y la
adicionará para aclarar que el cumplimiento de la sentencia estará condicionado a
que no se haya efectuado otro pago previo por los mismos conceptos reconocidos
y que estos no pueden superar los topes establecidos por el gobierno nacional.

2.4. Costas

100. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

101. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

102. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.

103. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

104. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

105. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso, aun
cuando se acreditó que el demandante no agotó los recursos administrativos de
reposición y apelación procedente en contra de la Resolución 2192 de 2014, lo cual,
en principio, configuraría la excepción de inepta demanda en relación con el periodo
en el que el demandante se desempeñó como juez administrativo del circuito de
Arauca, la Sala advierte que dicha exigencia formal no puede prevalecer frente a
los derechos sustanciales involucrados, en aplicación de la tutela judicial efectiva.

106. Así, en aplicación de los principios de favorabilidad laboral, prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, pro homine y tutela judicial efectiva, se impone
privilegiar una solución de fondo antes que una restricción procesal que desconozca
los mandatos superiores.

45En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

107. Sin embargo, la Sala modificará la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024
por Tribunal Administrativo de Arauca en el sentido de ordenar el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, desde 1° de febrero de 2012,
fecha en que el demandante se desempeñó como juez administrativo del circuito de
Arauca hasta que se desempeñe en dicho cargo, calculados sobre el 100% del
salario básico mensual más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios
conforme a la Ley 332 de 1996; siempre que no se hayan realizado las respectivas
cotizaciones; y iii) la adicionará para precisar que el cumplimiento de la sentencia
quedará condicionado a que no existan pagos previos por los mismos conceptos
aquí reconocidos y que estos no pueden superar los topes establecidos por el
gobierno nacional.

108. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 7 de
marzo de 2024 por Tribunal Administrativo de Arauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar y adicionar el ordinal 3° de la sentencia proferida el 7 de marzo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Tercero. Condenar a título de restablecimiento del derecho, a la nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a i) reliquidar y pagar las
diferencias correspondientes a los salarios liquidados sobre la base del salario básico
más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones
sociales al actor, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%; iii) lo anterior será reconocido a partir del 08 de octubre de 2012
y hasta la fecha en que se realizaron dichos descuentos, por las razones expuestas en
el presente proveído; y iv) ordenar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones desde el 1° de febrero de 2012, fecha en que el demandante se
desempeñó como juez administrativo del circuito de Arauca hasta que se desempeñe
en dicho cargo, calculados sobre el 100% del salario básico mensual más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios conforme a la Ley 332 de 1996;
siempre que no se hayan realizado las respectivas cotizaciones.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos. Dichos conceptos no pueden superar los topes
establecidos por el gobierno nacional.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

29

Radicado: 81001-23-33-000-2015-00025-02 (3229-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Moncada Cano

Tercero. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Luis Gonzaga Moncada Cano contra
la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

30

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