Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2017-00075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2017-00075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2017-00075-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
Demandante : Héctor Fabián Alzate Manchola
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Retiro del servicio en ejercicio de facultad discrecional
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso
del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 43 del cuaderno principal 1). El señor Héctor
Fabián Alzate Manchola, por medio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para
que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 7928 de 8 de
septiembre de 2016, «[…] por la cual se retira del servicio activo de las Fuerzas
Militares “POR FACULTAD DISCRECIONAL” […]» (sic) al actor.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) reintegrarlo al servicio
activo del Ejército Nacional, sin solución de continuidad, al grado de teniente;
(ii) pagarle «[…] los sueldos dejados de percibir durante el tiempo que
permanezca separado de la Institución»; (iii) ascenderlo «[…] al grado que
corresponda […] en el momento de ordenar su reintegro […] con la misma
antigüedad de sus compañeros del curso, dentro del [e]scalafón de los
oficiales»; y (iv) sufragarle cien salarios mínimos legales mensuales vigentes,
por los daños inmateriales padecidos por él y su esposa, Paola Andrea Abril
Manchola, y la suma de $12.000.000, como daño emergente. Todo lo cual debe
indexarse, con los intereses moratorios y la condena en costas a que haya lugar.
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Héctor Fabián Alzate Manchola contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que «[…] ingres[ó] a la
Escuela Militar el 4 de julio de 2009 y ascendió el 12 de junio de 2012 como
[s]ubteniente […]», «[d]esde el año 2013 […] no recibió reentrenamiento en
un [b]atallón de instrucción sobre temas de combate», a partir del 13 de enero
de 2016 fue ubicado en el «grupo de fuerzas especiales urbanas 20» de
Saravena (Arauca) y el 2 de junio siguiente fue ascendido a teniente efectivo.
Que «[d]urante el tiempo que prest[ó] servicio activo en la Institución
accionada […] demostró un desempeño “intachable” […]» (sic); sin embargo,
el 29 de febrero de 2016 «[…] se le apertura investigación disciplinaria No.
001 de 2016», por una operación militar realizada el 26 anterior, en la que
fallecieron dos soldados profesionales. Para ejercer su defensa técnica en esa
investigación disciplinaria, contrató los servicios de la abogada Viviana Rojas
Niño, a quien le canceló la suma de $12.000.000 por honorarios, que comporta
el daño emergente reclamado en las súplicas del libelo introductorio.
Afirma que el «[…] 20 de agosto de 2016 cuando se encontraba cuidando una
planta de Ecopetrol en Gibraltar Norte de Santander, […] se le comunic[ó] […]
que le había llegado la baja» (sic), lo que le fue notificado formalmente el 12
de septiembre siguiente, por medio de oficio 216, con el que se le informa la
expedición de la Resolución 7928 de 8 de los mismos mes y año.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo acusado los artículos 2, 13, 21, 25,
29 y 83 de la Constitución Política; 104 del Decreto 1790 de 2000 y 44 y 138
del Código Contencioso Administrativo (CCA).
Asevera que su «[…] retiro del servicio activo de las [f]uerzas [m]ilitares en
ejercicio de la facultad discrecional [se soportó en] […] los mismos hechos de
la investigación disciplinaria […]» (sic), con lo que se está «[…]
transgrediendo abiertamente el principio de buena fe que se aplica a todas las
relaciones jurídicas, sean públicas o privadas […]», conforme el cual «[…] el
administrado tendrá la seguridad de que la administración no va a exigirle más
de lo que estrictamente sea necesario y además que no le va a imponer una
prestación que sólo de forma extraordinaria podrá cumplir […]».
Que «[…] la emisión de la Resolución 7928 de 8 de septiembre de 2016 […]
por el Ejército Nacional […] transgredi[ó] de manera arbitraria el principio
de respeto del acto propio, toda vez que el mismo sujeto de derecho que crea el
[a]cto administrativo de apertura de la investigación disciplinaria modifica
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posteriormente su decisión de manera unilateral sin el más mínimo respeto por
la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un
acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor ([a]uto de
apertura de la investigación disciplinaria No. 001 de 2016)» (sic), pues, a su
juicio, la primera de ellas revoca, «[…] de manera t[á]cita y unilateral […]», la
segunda.
Aduce que «[…] dadas las manifiestas arbitrariedades de la Administración se
presenta evidentemente violación del derecho fundamental al debido proceso,
[p]resunción de [i]nocencia e [i]n [d]ubio [p]ro [d]isciplinado y abuso del
[d]erecho al emitir un [a]cto [a]dministrativo arbitrario sin motivación y
producto de la indebida realización del proceso disciplinario No. 001 de 2016
contradiciendo a todas luces la filosofía del Estado Social de Derecho […]»
(sic).
Que «[s]in tener anotaciones negativas ni sanciones en su contra demuestra de
forma plausible su idoneidad en el desempeño como [o]ficial del Ejército
Nacional, situación que deja ver que la Resolución 7928 de 2016 adolece de
falta de motivación, máxime cuando las decisiones cuyo fin es retirar a un
funcionario de la institución castrense deben ser sometidas a un juicio de
valoración de carácter OBJETIVO, y que en [este] […] caso […] brilla por su
ausencia […]» (sic).
1.2 Contestación de la demanda. A pesar de haber sido notificada en debida
forma, la accionada guardó silencio.
1.3 La providencia apelada (ff. 279 a 288 vuelto del cuaderno principal 2). El
Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia de 9 de mayo de 2019, negó
las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que el actor
«[…] no tenía, ni lo tiene hoy, respaldo fáctico ni jurídico para suponer que
por la apertura de una investigación disciplinaria tendría garantizada su
permanencia en la Institución durante todo su trámite y que solo podría
generarse su desvinculación por un resultado desfavorable en aquella»; en tal
sentido, como «[…] el retiro por facultad discrecional no es una sanción, no
puede aducir la prohibición de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho
pues en esta última no hay juicio ni condena alguna, como tampoco la puede
alegar en caso de adelantarse en su contra, como ya se hace […] un proceso
penal por esas mismas circunstancias, toda vez que también tendría una causa
distinta a las dos anteriores actuaciones, la posible comisión de un delito, que
tiene normativa reguladora, trámite y sanciones diferentes». Por tanto, «[…] la
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existencia de uno de esos procesos no le impedía a la entidad disponer el retiro
de su integrante, y ello no implica contravenir sus previas o anteriores
determinaciones, ni es violar su presunción de inocencia. Los tres
procedimientos pueden concurrir al mismo tiempo sin interferirse. E incluso si
con el mismo hecho se produce detrimento patrimonial del Estado, bien puede
acudir un cuarto, el proceso de responsabilidad fiscal».
Que «[…] en el concepto de la violación del escrito de demanda no se indica
alguna circunstancia específica que pueda constituir o enmarcarse en alguno
[de] los elementos de la figura jurídica de desviación de poder, pues solo señala
que con la decisión que impugna en vía judicial, la entidad no cumple con la
finalidad del buen servicio; así mismo, ninguno de los hechos se refiere a esta
causal y en los alegatos de conclusión, apenas transcribe la frase. Significa que
ni en la causa petendi, ni en los fundamentos jurídicos, el demandante precisó
con qué situación particular y concreta se puedo presentar una desviación de
poder para ordenar su retiro de la Institución»; ni «[…] en el expediente […]
aparece algún hecho que pueda demostrar que la decisión de retiro se debió a
una desviación de poder, ni se aportó testimonio o documento u otra prueba
que insinúe siquiera que haya obedecido a algún tipo de discriminación
negativa, o a intereses o beneficios particulares».
Precisa que «[…] en el trámite de retiro del hoy demandante, las distintas
instancias administrativas de la entidad sí analizaron en detalle su historia
laboral y tuvieron en cuenta su hoja de vida; por ello se expresan en bien [sic]
sobre los servicios del [o]ficial, pero son precisas y concretas al destacarlo solo
hasta el momento de los hechos del 26 de febrero de 2016, y señalan que al
verificar sus comportamientos de ese día y de sus actuaciones posteriores, le
hicieron perder la credibilidad y confianza de sus superiores, y de ahí la
decisión que se adoptó», respaldada «[…] con los documentos que analizó el
[c]omité de [e]valuación, consistentes en informes de la tropa militar que estuvo
en el momento y sitio de los hechos, los oficios de sus superiores en los que
piden y respaldan su retiro, la [o]rden de [o]peraciones y registro de
anotaciones a partir de dicha fecha».
En consecuencia, «[e]l acto de desvinculación cumple los requisitos de
proporcionalidad y razonabilidad, pues presenta concordancia y coherencia
entre la facultad discrecional de retiro y la finalidad perseguida por la
Institución, el mejoramiento del servicio, lo que también se encuentra acorde
con las razones que lo motivaron» y, por ende, esa «[…] decisión cumplió la
normativa y jurisprudencia aplicable, no se encuentra arbitraria, y se ajustó a
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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las atribuciones, exigencias, finalidad y competencias legales que le
correspondían. Y en el expediente el demandante no demostró que su retiro fue
ilegal, ni que con su salida se desmejoró el servicio en el Ejército Nacional».
1.4 El recurso de apelación (ff. 293 a 296 del cuaderno principal 2). El actor,
por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que el a
quo no valoró que la accionada no contestó la demanda, por lo que a falta de
esa actuación «[…] ya no se constituirá indicio grave por parte del juez hacia
el demandado, sino que se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de
confesión relacionados en el escrito petitorio […]». En tal sentido, «[…]
mantiene su argumento inicial de falta de motivación del acto administrativo
[acusado] […] dado que no es correcto afirmar que las [a]ctas 731 de 28 de
abril de 2016 y 07 de 28 de junio de 2016 fueron parte integral de la resolución
aquí discutida, dado que no se le notificó […] del contenido de las mismas, es
decir, […] desconoció las razones objetivas que fueron supuestamente la
motivación de la resolución cuestionada» (sic).
Que «[…] la actuación disciplinaria inició de manera previa a la expedición
de la resolución de discrecionalidad, trasgrediendo su derecho de defensa y
contradicción, es decir no puede el [j]uez de primera instancia desconocer que
los hechos que dieron lugar a la facultad discrecional son los mismos que
dieron lugar a la apertura de un proceso administrativo disciplinario […]».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido con auto de 29 de mayo de
2019 (f. 298 del cuaderno principal 2) y admitido por esta Corporación a través
de proveído de 27 de noviembre siguiente (f. 305 ibidem), en el que se dispuso
la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por
estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 311 del cuaderno
principal 2), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara,
oportunidad aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de
demanda, apelación y defensa1.
1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5
Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
para deprecar la ilegalidad del acto administrativo acusado por medio del cual
fue retirado del servicio activo, en su condición de teniente del Ejército
Nacional, por facultad discrecional, que considera fue expedido con falsa
motivación y sin tener en cuenta que había sido iniciada en su contra una
investigación disciplinaria con fundamento en los mismos hechos; o, por el
contrario, se emitió en ejercicio de esa facultad sin arbitrariedad, en
cumplimiento de las normas que regulan la materia, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
En principio, la Sala precisa que a través de la Ley 578 de 2000 2, el legislador
otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República por el término
de seis (6) meses para regular, entre otras materias, el régimen de carrera de los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, por lo que
en virtud de dicha prerrogativa, el Gobierno nacional profirió el Decreto ley
1790 de 20003, mediante el cual modificó algunas normas del régimen de
carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y, en lo pertinente
al tema, dispuso:
Artículo 99. Retiro. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por
disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar
servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales
Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por
resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante
General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
2
«Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas
relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional».
3
«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de
las Fuerzas Militares».
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Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al
servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código
Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este
Decreto.
Artículo 100. Causales del retiro. <Artículo modificado por el artículo
5 de la Ley 1792 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El retiro del
servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica
a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
[…]
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
[…]
Artículo 104. Retiro discrecional. Por razones del servicio y en forma
discrecional, se podrá disponer el retiro de los oficiales y suboficiales,
con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del Comité de
Evaluación para el efecto, el cual estará conformado por el Segundo
Comandante de Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de la
respectiva Fuerza, y el Comandante de la unidad operativa a la cual
pertenezca. Cuando se trate de oficiales se requiere previo concepto de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.
El acto administrativo de retiro se regirá por lo dispuesto en el Artículo
99 de este Decreto.
Nótese, en aplicación de los criterios de interpretación legal señalados en la Ley
57 de 18874, que la precitada normativa no impone a la Administración el deber
de motivar o justificar expresamente las razones por las cuales determina el
retiro del servicio de un miembro de la fuerza pública por facultad discrecional,
en todo caso dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o abuso en la
medida en que su trámite está reglado y, por contera, promover
cuestionamientos basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del
malestar que genera la orden de desacuartelamiento, no tienen la virtud de
generar fuero de estabilidad laboral o limitar esa potestad que el legislador
otorgó al ejecutivo en aras de procurar el mejor servicio público o incluso
controlar el ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que
4
En especial la interpretación gramatical («Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu») y del significado de las palabras («Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal»),
previstas en los artículos 27 y 28.
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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evidentemente no pueden acceder todos los miembros de las fuerzas militares
por lo limitado de sus cupos y las exigencias excepcionales requeridas, las
cuales sin lugar a dudas deben ser valoradas según los criterios (discrecionales
y autónomos) de sus mandos5.
La Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 20066, declaró la exequibilidad
del artículo 104 del Decreto 1790 de 2000, previas las siguientes
consideraciones:
Teniendo en cuenta que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares
tienen a su cargo la protección del orden constitucional y de los derechos
y libertades de los ciudadanos y la convivencia pacífica, la ley ha optado
por un régimen de carrera de sus funcionarios que permita cierta
flexibilidad7, de suerte que se pueda garantizar el cabal cumplimiento
de las tareas constitucionales encomendadas a la Fuerza Pública. Por
supuesto que dicha flexibilización, no conlleva una patente de corso
para el desconocimiento de los principios constitucionales que la
orientan. En un Estado Social de Derecho no existen poderes ilimitados,
en tanto que ellos están siempre ordenados a un fin específico como lo
disponen las normas que les atribuyen competencia, y no a cualquier fin;
es precisamente lo que hace que los actos proferidos por las autoridades
públicas en ejercicio de sus competencias legales sean controlables.
3.3. En esta oportunidad se cuestionan los artículos 4, parcial, de la Ley
857 de 2003 y 104 del Decreto-ley 1790 de 2000, que contemplan el
retiro por razones del servicio y en forma discrecional tanto de
miembros de la Policía Nacional como de las Fuerzas Militares, previa
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de
Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales; o, del
Comité de Evaluación, cuando se trata de Oficiales o Suboficiales de las
Fuerzas Militares.
En varias oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre la facultad discrecional que se concede a dichas instituciones para
retirar del servicio a sus miembros por razones del servicio, encontrando
admisible desde la perspectiva constitucional el retiro en esas
circunstancias dadas las funciones constitucionales que se les atribuyen.
5
En similar sentido discurrió esta sección en sentencias de 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-2000-
00032-01(03132-05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-2000-08973-
01 (9020-05), C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-31-000-2002-
00428-01 (0871-11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013, expediente 76001-23-
31-000-2005-01375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto de 2015, expediente 11001-
03-15-000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de 2017, expediente 25000-23-42-
000-2013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.
6
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
7
«Cfr. C-368/99».
8
Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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No obstante, la jurisprudencia constitucional ha sido cautelosa en
precisar que la facultad discrecional para el retiro de funcionarios de la
Fuerza Pública no puede ser confundida con arbitrariedad. La
discrecionalidad no es otra cosa que una facultad más amplia que se
concede por la ley a una autoridad para que ante situaciones específicas
normadas explícitamente pueda acudir a una estimación particular
atendiendo las circunstancias singulares del caso concreto. Nótese que
es la ley la que enmarca los elementos en que puede ser ejercida la
potestad discrecional para el retiro de miembros de la Fuerza Pública, a
saber: i) la existencia misma de la potestad; ii) la competencia para
ejercerla respecto de unos miembros determinados; y, iii) la obtención
de una finalidad específica. No se trata pues de una discrecionalidad al
margen de la ley, sino todo lo contrario, es precisamente en virtud de la
ley, y en la medida en que ella dispone que puede ser ejercida la potestad
discrecional.
[…]
3.5. Se tiene entonces, que el retiro discrecional por razones del servicio
de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares,
debe estar sustentado en razones objetivas, razonables y proporcionales
al fin perseguido, que no es otro que garantizar la eficiencia y eficacia
de dichas instituciones en aras de la prevalencia del interés general. En
ese orden de ideas, la recomendación que formulen tanto el Comité de
Evaluación para las Fuerzas Militares, como la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se
trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación o Clasificación respectiva
para los Suboficiales, debe estar precedida y sustentada en un examen
de fondo, completo y preciso de los cargos que se invocan para el retiro
de miembros de esas instituciones, en las pruebas que se alleguen, y en
fin todos los elementos objetivos y razonables que permitan sugerir el
retiro o no del servicio de un funcionario.
[…]
Por las consideraciones expuestas, no encuentra la Corte vulneración de
los derechos constitucionales aludidos por el demandante, por cuanto,
la Constitución Política faculta al legislador para establecer otras
causales de retiro del servicio de servidores públicos, distintas a las
establecidas por el artículo 125 de la Carta, sin que ello implique
vulneración del principio constitucional a la estabilidad laboral. Las
normas acusadas no desconocen el debido proceso, pues como lo ha
sostenido la Corte en el examen de normas de similar contenido a las
que ahora se analizan, el retiro del servicio previsto en ellas no es
producto de una sanción sin que hubieran mediado las formas propias
de un proceso penal o disciplinario, sino que se origina en un acto
discrecional plenamente justificado. Tampoco resulta vulnerado el
derecho de igualdad porque el retiro del servicio procede previo estudio
de cada caso, mediante una apreciación de circunstancias singulares,
que arrojan como conclusión la remoción de un servidor público que no
cumple con los requisitos constitucionales exigidos para el desempeño
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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de su función. Finalmente, el derecho al trabajo no se afecta pues los
miembros de la Fuerza Pública no tienen “[u]n derecho adquirido
sobre el cargo, ya que la naturaleza funcional del oficio conlleva la
disponibilidad para la remoción de su personal”8.
Ahora bien, en principio, la Corte Constitucional, en sentencias C-175 de 1993,
C-525 de 1995 y C-179 de 2006 expresó que la facultad discrecional en el retiro
de los servidores de la fuerza pública no puede confundirse con arbitrariedad,
pues deben cumplirse los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad,
aunque en el respectivo acto administrativo no sea necesaria la motivación
expresa, pero ante acciones de tutela en las que los solicitantes requerían la
posibilidad de conocer la justificación de su retiro para ejercer sus derechos de
defensa y contradicción, la Corte, en fallos T-995 de 2007, T-432 de 2008, T-
1168 de 2008, T-111 de 2009 y T-638 de 2012, exigió que para colmar aquellos
parámetros, la correspondiente junta asesora o de evaluación debía realizar un
examen objetivo y razonable de las hojas de vida, las pruebas y los documentos
pertinentes, cuyo informe podría ser conocido por el afectado, pese a su carácter
reservado.
Comoquiera que este tipo de retiro es de naturaleza discrecional, esta
Corporación ha precisado que el sistema normativo no exige de la
Administración «[…] dejar constancia de las razones objetivas por las cuales
optó por la recomendación de retiro ni […] notificar su concepto a los
funcionarios implicados»9; sin embargo, la Corte Constitucional10 ha señalado
que aunque no resulta obligatorio motivar de manera expresa tales actos
administrativos, esto es, que en su texto se enuncien las razones concretas por
las cuales el Gobierno nacional hace uso de esa facultad, las causas ciertas y
objetivas deben estar contenidas en las diligencias que los anteceden
(verbigracia, en los conceptos previos que emiten las juntas asesoras o los
comités de evaluación institucionales) y dadas a conocer oportunamente al
uniformado, pues solo con ello este tiene la posibilidad de entender por qué se
considera necesario disponer su retiro del servicio oficial.
La anterior postura (a juicio de dicha Colegiatura) garantiza la efectividad de
los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y defensa del
servidor retirado de la fuerza pública, pues en caso de estimar que la orden de
desacuartelamiento tiene origen en la arbitrariedad del nominador y no en la
8
«C-525/95».
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2009, expediente 25000-23-25-
000-2004-05256-01 (509-08), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
10
Corte Constitucional, sentencias T-824 de 2009, T-723 de 2010 y T-265 de 2013, entre otras.
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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discrecionalidad por razones del servicio o la protección del interés general, que
se presume de esos actos, podrá acudir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa con el fin de determinar si, en efecto, no existieron razones
válidas o legales para apartarlo de su empleo.
Pese a que este alto Tribunal ha sido constante en precisar que los actos
administrativos que disponen el retiro del personal uniformado de la fuerza
pública, por voluntad del Gobierno o discrecional, no deben ser motivados de
manera expresa, también ha sostenido que ello no quiere decir que carezcan de
motivos, los cuales además deben colmar los atributos de certeza y objetividad,
con el propósito de que no impliquen un capricho de la Administración
(arbitrariedad), que claramente contraviene el concepto de discrecionalidad, y
en aras de determinar si dichos actos resultan contrarios a la realidad fáctica que
los fundamenta, es dable valorar todos los documentos que permitan entreverla,
incluida la hoja de vida, las evaluaciones de desempeño y demás registros u
oficios.
En virtud de lo anterior, la sección segunda de esta Corporación, en sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-26-2022 de 7 de abril de 202211, en relación con las
controversias relacionadas con el retiro tanto del personal uniformado de la
Policía Nacional como de las fuerzas militares, por voluntad del Gobierno en
ejercicio de la facultad discrecional, fijó las siguientes reglas:
i) La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora
o de evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto
administrativo definitivo, deberá estar respaldada en razones objetivas
(sin visos de arbitrariedad o capricho), dejando plasmado el estudio
pertinente y completo que fundamente la sugerencia de desvinculación,
de acuerdo con los documentos que permitan entrever su correlación
con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
ii) En la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al
interesado, la correspondiente institución deberá entregarle copia de la
referida recomendación y sus soportes; y de comportar carácter
reservado, de igual modo, se deberá garantizar su acceso a ellos, con la
obligación de preservar tal condición. Lo anterior no habilita al retirado
para recurrir la decisión en sede administrativa.
iii) En caso de incumplimiento de los parámetros enunciados, el juez
administrativo en el respectivo proceso deberá determinar si se
satisfacen las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la
decisión administrativa, que le permitan conservar su presunción de
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Expediente 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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legalidad, en armonía con las reglas de la sana crítica en la valoración
probatoria de los documentos relevantes que despejen cualquier duda de
arbitrariedad.
Efectos de las reglas de unificación. En desarrollo de las atribuciones
del Consejo de Estado, como tribunal supremo de lo contencioso-
administrativo, previstas en el artículo 237 (ordinal 1°.) de la
Constitución Política y con la finalidad de garantizar la tutela judicial
efectiva, los principios de buena fe, igualdad y seguridad jurídica, y
superar situaciones que afecten el valor supremo de la justicia, la regla
de unificación que se adopta en este fallo es vinculante y debe aplicarse
para decidir controversias pendientes de solución, tanto en sede
administrativa como de competencia de esta jurisdicción […]; sin
embargo, no se aplicará a casos que hayan hecho tránsito a cosa juzgada,
por ser inmodificables.
Lo anterior, sustentado en que:
Ahora bien, pese a que los actos administrativos gozan del atributo de
la presunción de legalidad […] y en tal sentido esta debe ser desvirtuada
por quien alegue que carecen de alguno de sus elementos de validez […]
ante el juez de lo contencioso administrativo, en el caso del retiro
discrecional, dado que previo a este debe obrar la recomendación de la
respectiva junta asesora o de evaluación y clasificación, que
esencialmente tiene que estar basada en el estudio de la trayectoria
laboral (logros, recomendaciones, requerimientos, calificaciones, entre
otros soportes), la Administración se halla en una posición privilegiada
frente al desvinculado, que desconoce su fundamento, motivo por el
cual, en aras del principio de transparencia de la gestión pública respecto
del interesado y de los derechos fundamentales al debido proceso y
tutela judicial efectiva, debe darle a conocer su sustento, toda vez que
dicha recomendación comporta el fundamento de su retiro, pues sin ella
legalmente no es dable efectuarlo por vía de esa potestad de
desvinculación.
No obstante, en cabeza del interesado está demostrar ante la justicia
contencioso-administrativa que el ejercicio de la potestad discrecional
de la Administración tuvo una finalidad y/o motivo distinto al
constitucional y legalmente permitidos, pues recuérdese que el límite de
esa facultad es el interés público (razones de buen servicio), como
propósito del acto administrativo […], pero igualmente debe tener una
correspondencia la medida jurídica (retiro) con la realidad fáctica y
colmar las condiciones de adecuación, necesidad y proporcionalidad
[…].
Lo anterior, también permite un mejor control por parte del juez de lo
contencioso-administrativo respecto de los aludidos actos
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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discrecionales, toda vez que «[…] la actuación discrecional no escapa
del control judicial dado que es posible solicitar la anulación del acto
discrecional a la jurisdicción contenciosa administrativa, ya sea por
falsa motivación o por desviación de poder, porque dentro del
contenido de legalidad del acto administrativo en comento se
encuentran tanto el motivo como la finalidad de la potestad. […]» […].
Empero, tal como lo precisó la Corte Constitucional en las precitadas
sentencias SU-053 de 12 de febrero de 2015 y SU-172 de 16 de abril del
mismo año, no significa lo anotado en precedencia que el retiro por
voluntad del Gobierno o discrecional debe estar precedido por un
procedimiento administrativo en el que le permitan al desvinculado
controvertir las pruebas que sustentan la correspondiente
recomendación en sede gubernativa, puesto que vaciaríamos de
contenido la normativa legal que contempla esa potestad, por ello lo que
es exigible de la Administración es que esa recomendación esté
fundamentada de manera expresa, para conocimiento de su sustento por
parte del interesado, o por lo menos le sea garantizado el acceso a las
razones objetivas y a los hechos ciertos que dieron origen a su retiro.
En el evento en que la correspondiente recomendación de retiro no esté
expresamente sustentada o no se permita al interesado conocer los
hechos y razones que le dieron lugar, vale precisar que esta sola
circunstancia no conduciría de inmediato a la ilegalidad del acto de
desvinculación, pues con los anteriores parámetros no se pretende vaciar
de contenido la facultad discrecional, por lo que en sede judicial el juez
deberá determinar si se satisfacen las condiciones de proporcionalidad
y razonabilidad de la decisión administrativa, esto es, la coherencia y
concordancia entre el ejercicio de la facultad discrecional y la finalidad
perseguida (mejoramiento del servicio), que le permitan conservar su
presunción de legalidad, en armonía con las reglas de la sana crítica en
la valoración probatoria de las respectivas evaluaciones, hoja de vida y
demás documentos relevantes que despejen cualquier duda de
arbitrariedad.
A partir del anterior derrotero, cuando la Administración determine el retiro de
un miembro de la fuerza pública, en ejercicio de facultad discrecional, debe
estar antecedido por una recomendación de retiro del servicio de la respectiva
junta asesora o de evaluación y clasificación, que servirá de sustento al acto
administrativo definitivo, que comporte la materialización de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, concepto que debe dársele a conocer al
interesado, para que se entere de las razones objetivas por las que fue retirado
de la institución castrense.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
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peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Extracto de hoja de vida, expedida por el Ejército Nacional, la cual da cuenta
de que el actor ingresó a esa institución el 4 de julio de 2009, como cadete; el
12 de junio de 2012 ascendió a subteniente; para la fecha de retiro (8 de
septiembre de 2016), se desempeñaba como teniente; y acumuló 6 años, 3 meses
y 7 días de servicios. De este documento también se evidencia que recibió 1
condecoración y 22 felicitaciones (ff. 66 a 69 del cuaderno principal 1).
b) Auto de 29 de febrero de 2016 (ff. 54 a 57 del cuaderno principal 1), dictado
dentro de la investigación disciplinaria 1/2016, mediante el cual se da inicio a
ese procedimiento contra el accionante, por «[…] los hechos ocurridos el día
26 de febrero de 2016 donde la AFEUR No. 20 agregada operacionalmente al
grupo de caballería mecanizado No. 18 realiza operación en el sector
denominado puerto contreras hacia el sector conocido como puerto político y
lugar de los hechos de la detonación vereda charo centro municipio de
Saravena. El comandante del grupo ordena realizar movimiento táctico. Siendo
aproximadamente las 19:50 horas se escucha una fuerte detonación al sector
nor-occidente de la jurisdicción y posteriormente se informa que hay personal
herido […] y procede a extraer para ser atendido» (sic).
c) En los folios 58 a 61 del cuaderno principal 1, se encuentra la versión libre
del accionante recaudada al interior de la anterior investigación disciplinaria.
d) Resolución 7928 de 8 de septiembre de 2016 (ff. 46 a 51 del cuaderno
principal 1), expedida por el Ministro de Defensa Nacional, por medio de la cual
se retira, en ejercicio de facultad discrecional, al demandante del servicio activo
del Ejército Nacional, en el grado de teniente, con fundamento en los artículos
217 de la Constitución Política y 99 del Decreto 1790 de 2000. En este acto
administrativo se trascribió el contenido del acta 7 de 28 de junio anterior de la
junta asesora de esa cartera, que «[…] recomendó el retiro discrecional […]»,
de la que resulta relevante destacar las siguientes consideraciones:
El Comité de Evaluación conforme lo dispone el artículo 104 del
Decreto Ley 1790 de 2000, procede a analizar las circunstancias
militares y otros aspectos del [actor] […] orgánico de la Agrupación de
Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas No. 20.
[…]
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Mediante vari[os] informes de la Octava División, que dan cuenta de
unos hechos luctuosos, ocurridos el 22[12] de febrero de 2016, cuando
personal de las AFEUR20 fue afectado por una carga explosiva al
parecer por integrantes del frente Domingo Laín del SAT ELN, lo que
dejó como resultado dos soldados asesinados y tres heridos. Esto como
resultado del incumplimiento de las órdenes impartidas al TE ALZATE
MANCHOLA HÉCTOR, por parte del señor TC JAVIER DAVID
PÉREZ DURÁN, Comandante del Grupo Mecanizado “GR. Gabriel
Revéis Pizarro”, de efectuar el movimiento táctico a campo traviesa, sin
embargo el mismo se realizó por carretera, lo que trajo como
consecuencia el fatal resultado.
Además de lo anterior, el TE ALZATE MANCHOLA HÉCTOR
re[a]signó el mando de la patrulla después de los insucesos y los heridos
a cargo del S.S. GARCÍA MUÑOZ DANIEL, demostrando falta de
mando, liderazgo y control de la situación, incumplimiento con los
deberes propios del cargo.
Sumado a lo anterior se constató que el Oficial faltó a la verdad puesto
que se logró determinar la real ocurrencia de los hechos, con la posterior
aceptación por parte de este, que había faltado a la verdad.
El comportamiento desplegado […] irresponsable, indolente desde todo
punto de vista, los cuales se encuentran soportados en la documentación
allegada por sus superiores, lo cual enmarcan [sic] en tela de juicio la
trayectoria del militar.
Estos comportamientos indolentes desde todo punto de vista afectan de
manera grave el servicio, porque además [de] que fueron notorios,
fundamentados y soportados en la revista de inspección y otros
documentos, en los cuales se vio involucrado el señor Oficial, colocan
en tela de juicio la trayectoria de su carrera militar, perdiendo la
credibilidad y confianza en futuros cargos o misiones que se le pudieran
encomendar, además [de] que colocan en tela de juicio la función
constitucional y legal que le corresponde a la Institución Armada y sus
integrantes.
Hasta el momento de ocurrencia de estos hechos, el joven Oficial se
venía desempeñando de manera adecuada, pero dadas las presentes
circunstancias, por obvias razones no puede continuar al servicio del
Ejército Nacional, puesto que su comportamiento individual afecta la
buena marcha de la Institución con claro perjuicio del servicio que está
obligado a cumplir y por tanto el interés general, puesto que sus
funciones deben estar encaminadas a la consecución de los fines que la
12
Dentro del proceso se determinó que las circunstancias fácticas en que se soporta el acto administrativo ocurrieron
el 26 de febrero de 2016, por lo que en primera instancia se concluyó que se trató de un error de digitación en el
acta 7 de 2016 suscrita por el Comité de Evaluación hacer alusión al día 22 de los mismos mes y año.
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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Constitución Política de Colombia y las leyes ha confiado al Ejército
Nacional.
[…]
Así las cosas, la permanencia del Oficial, no depende solamente de una
hoja de vida en donde no se advierta la existencia de antecedentes
penales o disciplinarios en su contra, ni de la revisión de conceptos
obtenidos con anterioridad al retiro, sino a demás de la existencia de
condiciones orientadas a mantener la pulcritud y probidad de la
Institución con miras a asegurar que el personal de las Fuerzas Militares
cumpla de manera decorosa su misión constitucional […].
Es necesario considera, que si bien es cierto hasta el momento de los
eventos narrados el oficial tenía una historia laboral normal, como se
evidencia del análisis de la misma que le permitió ostentar el actual
grado militar. Al realizar la valoración del comportamiento individual
del funcionario frente a los hechos en cita, se afecta de manera grave la
buena marcha de la institución Armada, en claro perjuicio del servicio
que está obligado a cumplir y por ende el interés general; puesto que sus
funciones en todo momento deben estar encaminadas a la consecución
de los fines dispuestos por la Constitución y la Ley, a los miembros de
la Fuerza Pública.
Por lo anterior y en concordancia con el artículo 104 del Decreto ley
1790 de 2000, y acogiendo los criterios de la sentencia SU 053 de 2015
de la Corte Constitucional; las anteriores circunstancias, ameritan
recomendar por razones del servicio y en forma [d]iscrecional el retiro
del servicio activo en forma temporal y con pase a la reserva del
Teniente HÉCTOR FABIÁN ALZATE MANCHOLA, […] que el
mismo conlleva necesariamente al mejoramiento del servicio, afectado
por las conductas descritas que perjudicaron de manera grave la rectitud
y valores que son base fundamental de los hombres que integran el
Ejército Nacional […]
(sic para toda la cita).
La resolución acusada también refiere que la facultad discrecional «[…] está
soportada en la evaluación realizada por el Comité de Evaluación, según Acta
No. 731 […] de fecha 28 de abril de 2016».
e) Radiograma de 10 de septiembre de 2016 (f. 45 del cuaderno principal 1),
suscrito por el director de personal del Ejército Nacional, con el que informa
sobre la expedición del acto acusado.
f) Oficio 216 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JENOP-DIV8-BR18-AFEUR20-
38.10 de 12 de septiembre de 2016 (f. 44 del cuaderno principal 1), por el cual
el comandante de la agrupación fuerzas especiales urbanas 20 del Ejército
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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Nacional:
SE PERMITE NOTIFICAR EN LA PRESENTE […] DE ACUERDO
A LA RESOLUCIÓN N° 7928 NOVEDAD FISCAL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 “POR RETIRO DISCRECIONAL” DEL
SERVICIO ACTIVO DE LAS FUERZAS MILITARES AL SEÑOR
TE (R) ALZATE MANCHOLA HÉCTOR FABIÁN OFICIAL DEL
EJÉRCITO NACIONAL […] A PARTIR DE LA FECHA DE
COMUNICACIÓN DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO
[…] (sic para toda la cita).
g) En este proceso se recaudó como prueba el acta 731 de 28 de abril de 2016
(ff. 179 a 183 del cuaderno principal 1), del comité de evaluación para la
aplicación del artículo 104 del Decreto ley 1790 de 2000, cuya conclusión fue
el retiro del accionante del servicio activo, por facultad discrecional. Frente a
este documento, se destaca que fue allegado en virtud del decreto de pruebas
ordenado en la audiencia inicial celebrada el 14 de febrero de 2018 (ff. 122 a
123 vuelto del cuaderno principal 1), y no como fue indicado por el actor en su
alzada, en la que aseveró que fue con los alegatos de conclusión de la
demandada.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor prestó sus
servicios como oficial del Ejército Nacional durante más de 6 años y su último
grado fue el de teniente; (ii) por medio de auto de 29 de febrero de 2016, se
abrió investigación disciplinaria en su contra por hechos ocurridos en una
operación militar el 26 anterior; (iii) mediante actas 731 de 28 de abril y 7 de
28 de junio, ambas de 2016, el comité de evaluación y la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente, decidieron recomendar su
retiro por facultad discrecional, conforme al artículo 104 del Decreto ley 1790
de 2000; y (iii) con Resolución 7928 de 8 de septiembre de 2016, el señor
Ministro de Defensa Nacional lo desvinculó de acuerdo con los anteriores
conceptos.
Con ocasión de la anterior decisión, el demandante acudió a la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación,
sustentado en que el acto acusado está viciado de falsa motivación, en la medida
en que no conoció el contenido de las actas que recomendaron su retiro; además,
no era dable que se le desvinculara de la institución castrense por cuanto se
había iniciado una investigación disciplinaria en su contra con base en los
mismos hechos.
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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Lo primero que debe anotarse es que la carga de la prueba se mantiene en el
actor, quien, tras acusar de nulo el acto administrativo demandado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP),
aplicable por la remisión expresa del 306 del CPACA, le incumbe «[…] probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», lo que significa que debe desplegar las actuaciones necesarias para
llevar al juez a ese convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los
elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con
las reglas de la sana crítica.
En ese entendimiento, como se expuso en el acápite precedente, el artículo 104
del Decreto ley 1790 de 2000 faculta a la Administración para retirar, por
razones del servicio y por facultad discrecional, a oficiales y suboficiales, con
cualquier tiempo de servicios, previa recomendación del comité de evaluación
y de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional (en el caso de
oficiales); potestad que, por ser discrecional, no es dable la motivación expresa
del respectivo acto administrativo, como tampoco la previa posibilidad de darle
a conocer al interesado los fundamentos o soportes de la recomendación de la
aludida junta, sino que tal recomendación, de acuerdo con las reglas de
unificación fijadas en la sentencia CE-SUJ-SII-26-2022 de 7 de abril de 202213,
debe notificarse junto con el acto de retiro.
Por tanto, en principio, la Resolución 7928 de 8 de septiembre de 2016, por medio
de la cual se dispuso el retiro del actor por facultad discrecional, colma las
condiciones del Decreto ley 1790 de 2000, puesto que podía retirársele con
cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del comité de evaluación y la
junta asesora, como en efecto ocurrió. No obstante, el demandante aduce que
dicho acto administrativo está viciado de nulidad por falsa motivación porque está
sustentado en unos conceptos de los que él no tuvo conocimiento.
Antes de desatar esa acusación, se recuerda que según la jurisprudencia de esta
Corporación, para que se configure la falsa motivación de los actos
administrativos «[…] es necesario que se demuestre una de dos circunstancias:
a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta
hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían
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Expediente 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
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conducido a una decisión sustancialmente diferente»14.
Precisado lo anterior, para la configuración de dicho vicio se requiere que la
decisión administrativa esté fundada en hechos falsos o inexistentes que, en el
asunto sub examine no se evidencian, si se tiene en cuenta que está soportada en
los conceptos emitidos por el comité de evaluación y la junta asesora para el
Ministerio de Defensa Nacional, es decir, no se trata de situaciones fácticas
inexistentes, sino que, por el contrario, se acataron las exigencias legales para
adoptar este tipo de determinaciones, en cuanto a que estuvo soportada en tales
recomendaciones.
Sin embargo, de acuerdo con las reglas de unificación fijadas por esta sección en
la mencionada sentencia CE-SUJ-SII-26-2022 de 7 de abril de 2022, los
conceptos, sustento de la decisión discrecional, deben entregarse al interesado en
la diligencia de notificación del acto de retiro y, en caso de no hacerse, le
corresponderá al juez examinar «si se satisfacen las condiciones de
proporcionalidad y razonabilidad de la decisión administrativa, que le permitan
conservar su presunción de legalidad, en armonía con las reglas de la sana crítica
en la valoración probatoria de los documentos relevantes que despejen cualquier
duda de arbitrariedad»15.
En el presente asunto se observa que los referidos conceptos no fueron entregados
al accionante en el acto de notificación de la Resolución acusada; empero, su
contenido fue insertado en las consideraciones de esa decisión, razón por la que
no se tienen como trasgredidos los derechos de defensa y contradicción, por
cuanto él conoció las razones por las que tanto el comité de evaluación como la
junta asesora recomendaron su retiro del servicio activo del Ejército Nacional, por
facultad discrecional.
Por otro lado, en lo atañedero al argumento referente a que por existir una
investigación disciplinaria con base en los mismos hechos no era dable su retiro
de la institución, para esta Sala le asiste razón al a quo al advertir que el trámite
de aquella no excluye que se adelanten otros procedimientos con el fin de
establecer responsabilidades de otras naturalezas (penal, fiscal, entre otras), de
modo independente a que surjan o no de las mismas situaciones fácticas.
En relación con el ejercicio de la facultad disciplinaria y el desarrollo de la
atribución discrecional para el retiro de los miembros de las fuerzas militares y
14
Sección cuarta, sentencia de 26 de julio de 2017, expediente 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326), C. P.
Milton Chaves García.
15
Tercera regla de unificación en dicha sentencia.
19
Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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la Policía Nacional, este alto Tribunal16 ha dicho:
Para la Sala resulta pertinente señalar, en punto de la concurrencia del
ejercicio de la facultad discrecional y la disciplinaria, que bien puede la
administración hacer uso de la primera de ellas siempre que los hechos
que llevan a adoptar tal decisión sean los mismos que dan lugar al
ejercicio del diligenciamiento disciplinario, y sólo cuando estos
entrañen una grave afectación del servicio.
En efecto, se justifica el ejercicio concomitante de la facultad
discrecional y la disciplinaria en el evento en que la conducta del oficial
o suboficial objeto de la media afecte clara y gravemente la actividad
funcional de la unidad o fuerza a la que se encuentre adscrito, lo
contrario, esto es, el ejercicio de la facultad discrecional sin que sea
evidente tal grado de afectación, por una conducta disciplinable,
deslegitima el ejercicio de la facultad discrecional, además de que
constituye una especie de responsabilidad objetiva proscrita de manera
absoluta en el ordenamiento jurídico colombiano.
Así las cosas, estima la Sala que la administración está facultada para
que, de manera simultánea, haga uso tanto de la facultad discrecional
como la disciplinaria en los casos en que resulta evidente la afectación
del servicio para lo cual, deberá verificar cada caso en concreto la
necesidad y razonabilidad en la adopción de dicha medida […]
En tal sentido, carece de sustento jurídico este argumento del accionante,
máxime cuando de los diferentes procedimientos que pueden adelantarse
(disciplinario, fiscal, penal, discrecional) se derivan responsabilidades de
distinta naturaleza, que no se excluyen entre sí, como ocurrió en este caso.
Además, el trámite de alguno no implica que el otro avance desfavorablemente
al sujeto, sino que su consecuencia dependerá de lo que llegue a probarse en
cada uno.
Tampoco es indispensable ni necesario que deba esperarse la determinación que
se adopte en un procedimiento administrativo disciplinario para ejercer la
facultad discrecional, en la medida en que, de acuerdo con lo expuesto a lo largo
de este fallo, comportan atribuciones independientes que pueden ejercerse
simultáneamente o en forma separada.
Por último, según la hoja de vida del accionante, hay que recordar que los
reconocimientos y felicitaciones por sí solos no desvirtúan la presunción de
legalidad que ampara el acto administrativo acusado, toda vez que el buen
16
Sección segunda, subsección B, sentencia de 8 de marzo de 2012, expediente 19001-23-31-000-2002-00256-01
(1332-09), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
20
Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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desempeño y la idoneidad en el ejercicio de un empleo público se exige de
cualquier servidor estatal y el retiro por facultad discrecional no comporta una
sanción17, sino un instrumento para el mejoramiento del servicio, previo
cumplimiento de las exigencias de ley.
Por lo expuesto, dado que el accionante no demostró una finalidad contraria a la
Constitución y la ley de la facultad discrecional de retirarlo del servicio, la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado continúa incólume,
habida cuenta de que se satisfacen las condiciones de proporcionalidad y
razonabilidad de la decisión administrativa.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.
En lo atañedero a la actuación del abogado Wilson Eduardo Ramírez Jiménez,
quien dice actuar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional18, no se le reconocerá personería, toda vez que no aportó los
documentos que acrediten la condición de quien le otorga poder, esto es, de la
señora Sonia Clemencia Uribe Rodríguez, de quien se afirma que es la directora
de asuntos legales de dicha cartera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1º. Confírmase la sentencia de 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que negó las súplicas de la demanda en el proceso
instaurado por el señor Héctor Fabián Alzate Manchola contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por las razones expuestas
en la parte motiva.
2º. Abstiénese la Sala de reconocer personería al abogado Wilson Eduardo
Ramírez Jiménez como apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, por las razones consignadas en la motivación.
17
En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencia de 1º. de diciembre de 2016, expediente 41001-23-
31-000-2003-00401-01 (1129-2014).
18
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
21
Expediente 81001-23-39-000-2017-00075-01 (3580-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Héctor Fabián Alzate Manchola contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
22
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