Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 81001-23-39-000-2018-00056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2018-00056-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de diciembre de 2021
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Demandante : Aglael Estívenson Berrío Macera
Demandada : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema : Reconocimiento de asignación de retiro a personal del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional; retiro por sanción
disciplinaria de destitución
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 16 a 42). El señor Aglael Estívenson Berrío Macera,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 30 de mayo de 2017, por
medio del cual Casur le negó el reconocimiento de la asignación de retiro al
actor.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada pagar su asignación de retiro a partir del «[…] 04 de
julio de 2012 […]»; y dar cumplimiento al fallo en los términos establecidos
en el CPACA. Por último, se condene en costas a la accionada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ingresó a la Policía Nacional
en 1996 y fue retirado el «04 de julio de 2012», en «cumplimiento de un fallo
disciplinario», con 16 años, 5 meses y 11 días de servicios.
Dice que su último grado fue el de intendente y reúne los requisitos previstos
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
en el Decreto 1212 de 1990 para acceder a una asignación de retiro, esto es,
más de 15 años de servicio, sin importar la edad.
Afirma que el 28 de abril de 2017 solicitó de la demandada el reconocimiento
de su asignación de retiro, negada mediante el acto administrativo acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 2, 5, 13, 47, 48 y
53 de la Constitución Política; la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1212 de 1990.
Arguye que la Caja accionada desconoce que la norma aplicable a su caso es
el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, por lo que el acto acusado se
encuentra viciado de nulidad, pues, en su condición de intendente retirado de
la Policía Nacional, tiene derecho a que se le reconozca asignación de retiro
por cumplir más de 15 años de servicio y ser desvinculado por sanción de
destitución.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 69 a 76). La entidad demandada, por
intermedio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones,
para lo cual asegura que en el caso bajo estudio no se configuran los
requisitos para acceder a la asignación de retiro, porque el actor no cuenta con
25 años de servicio, tal como lo prevén los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de
2012, en el evento en que el retiro se dé por «DESTITUCIÓN».
1.6 La providencia apelada (ff. 141 a 149). El Tribunal Administrativo de
Arauca, en sentencia de 28 de marzo de 2019, negó las súplicas de la demanda
(sin condena en costas), al considerar que el actor «[…] tiene certificado por
la propia entidad estatal en la Hoja de Servicio, un tiempo computable para
asignación de retiro de 16 años, 5 meses y 11 días […] De ahí que no se
causó en su favor el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro que
pidió, pues su vinculación a la Policía Nacional fue por un lapso de servicio
menor a los 20 años que le exige el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990»
(sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 156 a 166 y 167 a 177). Inconforme con el
anterior fallo, el demandante, a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que «[…] fue retirado de la Policía Nacional después de
brindar sus servicios por dieciséis (16) años, cinco (05) meses y once (11)
días bajo la modalidad de destitución y sin recaer sobre él alguna condena
penal, por obvias razones supera el tiempo de los quince (15) años exigidos
2
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
por la norma, es decir, el Decreto 1212 de 1990, art[í]culo 144, para que se le
conceda la asignación mensual de retiro, de ahí que cualquier otra
interpretación configura un defecto material o sustantivo, pues [el a quo],
interpret[ó] en su sentencia algo diametralmente contrario a lo consagrado en
la ley y, por ello el Honorable Consejo de Estado, debe de corregir el yerro».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por el demandante fue concedido mediante
auto de 3 de mayo de 2018 (f. 179) y admitido por esta Corporación a través
de proveído de 21 de febrero de 2020 (f. 186), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 200), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por las primeras1.
2.1.1 Entidad demandada. La accionada, por conducto de apoderada, reitera
los argumentos de la contestación de la demanda y asegura que «[…] para el
momento en que se produjo el retiro del [actor], su situación se regía por el
Decreto 4433 de [2004], por lo que su solicitud de reconocimiento fue negada
y que en el devenir jurisprudencial dicha norma fue declarada nula al igual
que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, debe advertirse que en el Decreto
754 de 2019 se establecieron los requisitos para acceder a la asignación de
retiro, por lo que hay lugar a aplicar lo dispuesto en esta normatividad, que
exige 20 años de servicio para acceder a la prestación de asignación de
retiro, cuando la causa sea la sanción de destitución […]» (sic).
2.1.2 Parte demandante. El actor, por medio de apoderado, pide que se «[…]
REVOQUE en su integridad la sentencia recurrida y por ende se concedan las
s[ú]plicas de la demanda y consecuencia de lo anterior, el reconocimiento,
liquidación y pago de la asignación mensual de retiro a [su] favor […] a la
cual tiene derecho por haber laborado más de quince (15) años de servicio en
la Policía Nacional, encontrándose en servicio activo para la fecha del 31 de
diciembre de 2004, cuando entr[ó] en vigencia la Ley 923 de 2004, por lo
tanto no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al establecido en las
1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
normas vigentes (Decreto 1212 y 1213 de 1990) a la expedición de la citada
ley […]» (sic).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al accionante le asiste derecho al
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, de conformidad con el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990; o por el contrario, carece de razón,
pues le es aplicable el Decreto 1858 de 2012, respecto del cual no colma los
requisitos para tal prestación, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.
La asignación de retiro es una prestación económica2 especial3 para los
miembros de la fuerza pública que se retiran del servicio activo, por las
excepcionales funciones públicas4 que desarrollaron en cumplimiento de su
actividad militar o policial, que tiene como objetivo la financiación de sus
necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, acceso a servicios
públicos domiciliarios, recreación, atención en salud, entre otras) y familiares,
a la que se accede siempre y cuando se acrediten los requisitos legales.
Esta prestación fue regulada por el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se
reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
2
Dijo la Corte Constitucional, en sentencia T-512 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, que «[…] la
asignación de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por el retiro
del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la
normatividad de las [L]eyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Adicionalmente, es indiscutible que dicha prestación
cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal
beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus
condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus
vidas y las de sus familiares».
3
La asignación de retiro está excluida de sistema integral de seguridad social contenido en las Leyes 100 de
1993 (artículo 79) y 797 de 2003.
4
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (artículo 216 de la Carta Política); (ii)
velar por la defensa de la soberanía, independencia, e integridad del territorio nacional y del orden
constitucional (art. 217 ibidem); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (art. 218 ib.).
4
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
Nacional», que estableció:
ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del
presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que
sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al
servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución
de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta
deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los
tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de
que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros
años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco
por ciento (85%) de los haberes de actividad.
PARÁGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales
que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más
años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de
las partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en
este Decreto.
PARÁGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por
ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la
respectiva asignación.
Por cuenta de la creación del nivel ejecutivo por el Decreto ley 41 de 1994, se
expidió, en desarrollo de la Ley 4ª de 18 de mayo de 19925, el Decreto
reglamentario 1029 de 1994, «Por el cual se emite el Régimen de
Asignaciones y Prestaciones para el personal de Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional», cuyo artículo 53 previó, sin hacer distinción entre el personal
incorporado directamente y el homologado, como requisito para acceder a la
asignación de retiro, un tiempo de servicio de 20 años cuando este se
produjere por llamamiento a calificar servicios, voluntad de la dirección
general, disminución de la capacidad psicofísica, destitución o haber sido
condenado con pena principal de arresto; y 25 años cuando sea por solicitud
5
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e)
y f) de la Constitución Política».
5
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
propia, incapacidad profesional, inasistencia injustificada al servicio por más
de 10 días, haber cumplido 65 años los hombres y 60 las mujeres y por
conducta deficiente o destitución.
Sin embargo, en razón de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto ley
41 de 1994, la Corte Constitucional, en sentencia C-613 de 19966, sobre la
vigencia de la norma que lo reglamentó, es decir, el Decreto 1029 de 1994, la
consideró inaplicable, toda vez que el nivel ejecutivo temporalmente había
desaparecido.
También, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, fue proferido el Decreto 1091 de
1995, «Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para
el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante
Decreto 132 de 1995», que dispuso que dicho personal tiene derecho a la
asignación de retiro al cumplir (i) 20 años de servicio y ser retirado por
llamamiento a calificar servicio, voluntad de la dirección general de la Policía
Nacional, disminución de la capacidad sicofísica o haber cumplido 65 años de
edad los hombres y 60 las mujeres; y (ii) 25 años de servicio y ser retirado o
separado por solicitud propia, incapacidad profesional, inasistencia al servicio
por más de 5 días sin causa justificada, conducta deficiente, destitución,
detención preventiva que exceda de 180 días o por separación absoluta.
La anterior disposición fue retirada del ordenamiento jurídico por la sección
segunda de esta Corporación, que en sentencia de 14 de febrero de 20077 la
declaró nula, al estimar que violaba la Constitución Política y la ley, pues
«[…] el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen
prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto […] y, de otra
parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a
la carrera del nivel ejecutivo».
Por otro lado, con la expedición de la Ley 797 de 20038, se otorgaron
nuevamente facultades extraordinarias al presidente de la República (artículo
17, numeral 3), entre otras, para «[…] expedir normas con fuerza de ley para
reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares y de
Policía», en virtud de las cuales se dictó el Decreto ley 2070 de 2003, «por
medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas
Militares», incluidos los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
6
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
7
Consejo de Estado, sección segunda, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, acción de nulidad 11001-
03-25-000-2004-00109-01(1240-04).
8
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
6
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
Esta norma (Decreto ley 2070 de 2003) fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, mediante fallo C-432 de 20049, toda vez que a la luz de los
artículos 150 (numeral 19, letra e), 217 y 218 de la Constitución Política, el
régimen salarial y prestacional de la fuerza pública está reservado a las leyes
marco.
Destaca la Sala que pese a la corta vida jurídica de las disposiciones
mencionadas en párrafos precedentes, en lo que atañe al requisito de tiempo de
servicio para acceder a la asignación de retiro, el artículo 25 del Decreto ley
2070 de 2003, así como los 53 y 51 de los Decretos 1029 de 1994 y 1091 de
1995, en su orden, establecieron, sin hacer distinción entre el personal
incorporado directamente y el homologado del nivel ejecutivo, que este sería
de 20 años cuando el retiro se produjere por llamamiento a calificar servicios,
voluntad de la dirección general o disminución de la capacidad psicofísica y
25 años, por solicitud propia o destitución.
Posteriormente, se dictó la Ley marco 923 de 30 de diciembre de 200410, que
reguló los objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, de conformidad con
el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política, que en lo
pertinente al caso, estableció:
Artículo 2.º Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de
eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera,
intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
[…]
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de
formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para
acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de
servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el
derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de
9
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
10
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
7
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15
años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
[…] [subraya la Sala].
Esta ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 31 de diciembre de 200411,
que en su artículo 25 determinó respecto de la asignación de retiro para el
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a su
entrada en vigor, que cuando «[…] sea retirado con veinte (20) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de
Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por
disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud
propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco
(25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen
los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro […]».
Empero, el 12 de abril de 201212, la sección segunda de esta Colegiatura anuló
el parágrafo segundo del precitado artículo 25, al estimar que el Gobierno
nacional desbordó la potestad reglamentaria al incrementar la edad para
acceder a la asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal.
Luego, el 23 de octubre de 201413, se declaró la nulidad de los artículos 14, 15
(parágrafo), 24, 25 (parágrafo 1°) y 30 del precitado Decreto 4433 de 2004,
por quebrantar los límites que trazó el legislador en la Ley 923 de 2004 al
ejecutivo y afectar con requisitos más gravosos a los beneficiarios de la
asignación mensual de retiro.
Para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en desarrollo de las facultades
conferidas por la Ley 923 de 2004, se dictó el 6 de septiembre de 2012 el
Decreto 185814, que fijó el régimen pensional y de asignación de retiro para
los suboficiales y agentes que se homologaron y de quienes ingresaron por
incorporación directa, antes del 1º de enero de 2005, que previó:
Artículo 1º. Régimen de transición para el personal homologado del
Nivel Ejecutivo. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro
para el personal que ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo de la
11
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
12
Consejo de Estado, sección segunda, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, acción de nulidad 11001-
03-25-000-2006-00016-00 (1074-07).
13
Consejo de Estado, sección segunda, acción de nulidad 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07).
14
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional».
8
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005, siendo Suboficiales o
Agentes, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la
institución después de quince (15) años de servicio por llamamiento a
calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por
disminución de la capacidad psicofísica y los que se retiren a solicitud
propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de los veinte (20) años de servicio, a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de
que trata el artículo 3º del presente decreto, por los quince (15) primeros
años de servicio, un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda
de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19) años y un nueve por
ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de los
veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%)
de tales partidas.
Artículo 2º. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que
ingresó al escalafón por incorporación directa. Fíjase el régimen
pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de
la institución con veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a
calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por
delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o
destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho
a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del
monto de las partidas de que trata el artículo 3º del presente decreto, por
los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más,
por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso
sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.
Mediante sentencia de 3 de septiembre de 201815, el Consejo de Estado anuló
el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, con efectos ex tunc, al concluir que
desconoció las previsiones de la Ley 923 de 2004, pues impuso al personal
vinculado con el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado
directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, condiciones
superiores y más exigentes para acceder al derecho de la asignación de retiro,
esto es, tiempos mínimos y máximos de servicio entre 20 y 25 años, cuando
estaba restringido a 15 y 20.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
15
Consejero ponente César Palomino Cortés, expediente 11001-03-25-000-2013-00543-00.
9
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Hoja de servicios 78752769 de 3 de agosto de 2012 y su adición de 16 de
enero de 2017, según la cual el accionante prestó servicio militar al Ejército
Nacional como soldado bachiller del 18 de julio de 1995 al 15 de julio de
1996, ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo el 20 de
septiembre de 1996, laboró en esa institución 15 años, 6 meses y 14 días
(incluido el término de suspensión por proceso penal), su último grado fue el
de intendente y se le retiró del servicio el 4 de julio de 2012, con un total de
16 años, 5 meses y 7 días de servicio (ff. 15 y 16).
b) Resolución 2243 de 25 de junio de 2012, por la que el director general de la
Policía Nacional dispuso retirar del servicio activo al demandante por sanción
de destitución, en el grado de intendente, de conformidad con lo dispuesto en
el acto de 29 de marzo anterior, proferido por el jefe de la oficina de control
disciplinario interno de la policía metropolitana del Valle de Aburrá,
confirmado el 14 de mayo siguiente por el inspector delegado región 6 de
policía (f. 18).
c) Constancia del secretario de la sala penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín de 2 de noviembre de 2016, según la cual la sentencia de
segunda instancia proferida por esa Corporación el 5 de agosto de 2015, en el
proceso 2011-02455 adelantado, entre otros, contra el demandante, por los
delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; abuso de
autoridad por omisión de denuncia y falsa denuncia, por medio de la cual se
«CONFIRMÓ la absolución emitida en primera instancia», quedó
ejecutoriada el 1° de noviembre de 2016 (f. 20).
d) Escrito de 28 de abril de 2017, a través del cual el actor pidió de la
accionada el reconocimiento de la asignación de retiro, por haber trabajado
más de 15 años al servicio de la Policía Nacional (ff. 21 a 23).
e) Oficio de 30 de mayo de 2017, por cuyo conducto la Caja demandada le
negó al accionante la asignación de retiro, al estimar que, conforme a los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, los miembros del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional que pretendan disfrutar de esa prestación deben acreditar no
menos de 25 años de servicios, cuando el desacuartelamiento sea por sanción
de destitución (f. 14).
10
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor prestó
servicio militar al Ejército Nacional como soldado bachiller del 18 de julio de
1995 al 15 de julio de 1996; ingresó a la Policía Nacional como alumno del
nivel ejecutivo el 20 de septiembre de 1996 y su último grado fue el de
intendente; (ii) se le retiró del servicio por sanción de destitución el 4 de julio
de 2012, con un total de 16 años, 5 meses y 7 días de servicio; y (iii) mediante
oficio de 30 de mayo de 2017, Casur le negó la asignación de retiro, puesto
que no satisface los requisitos previstos en el artículo 2° del Decreto 1858 de
2012, esto es, mínimo 25 años de servicios, cuando la causal de
desacuartelamiento es destitución.
En el presente caso, en el acto acusado la accionada alega que al demandante
le son aplicables las previsiones contenidas en el artículo 2º del Decreto 1858
de 2012, norma que exige un tiempo mínimo de servicio de 25 años para
acceder a la asignación de retiro, lo que no colma el actor, dado que solo
acreditó 16 años, 5 meses y 7 días.
Ahora bien, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial
consignado en líneas anteriores, las condiciones para obtener la asignación de
retiro por los miembros de la fuerza pública deben verificarse a partir de lo
establecido en la Ley marco 923 de 2004, que prevé que la norma
reglamentaria no podía contener para quienes estuvieran en servicio activo
requisitos mayores a los previstos en las disposiciones anteriores en cuanto al
tiempo de servicio; y, además, debían incluir un régimen de transición que
respetara las expectativas legítimas de quienes se encontraran próximos a
consolidar su estatus de retirado.
La única condición que la citada Ley 923 de 2004 impuso para ser
beneficiario de la transición establecida en su artículo 3, es que al momento
de su entrada en vigor el uniformado se encontrara en servicio activo en la
fuerza pública (Policía Nacional o fuerzas militares), toda vez que respecto de
la exigencia del término se limitó a respetar los mínimos y máximos, que no
son otros que los fijados en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el
reconocimiento de la asignación de retiro, al margen de la causal de
desvinculación y de la clase de ingreso al nivel ejecutivo (homologación o
incorporación directa).
11
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
Sobre el particular, esta Corporación, en fallo de 3 de septiembre de 201816,
dijo:
En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por
remisión expresa de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía
Nacional, entre los cuales se hallan los que integran el nivel ejecutivo,
que se encontraran activos al momento de la expedición de la Ley, esto
es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de
servicio, para efectos de acceder a la asignación de retiro, superior al
establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, por ser esta la
normativa que se encontraba vigente para dicho momento, cuando quiera
que la causal de retiro invocada sea la de solicitud propia, ni inferior a 15
años cuando la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.
De lo expuesto en precedencia se deduce que no se debe imponer como
condición para el referido reconocimiento un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de su expedición, en el
entendido de que la Ley 923 de 2004 estableció un régimen de transición que
reconoce las expectativas legítimas de quienes estaban cerca de acceder a la
asignación de retiro.
En el asunto sub judice, se observa que para el 31 de diciembre de 2004
(entrada en vigor de la Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba activo
en la Policía Nacional, por lo que estaba amparado por el mencionado régimen
de transición y, en esa medida, resta por verificar (i) cuál es el régimen
prestacional que le aplica y (ii) si satisface los requisitos para obtener la
asignación de retiro.
Para dilucidar el primer aspecto, cabe precisar que según los artículos 12 del
Decreto ley 132 de 1995 y 9 del Decreto ley 1791 de 200017, el grado de
intendente, que tenía el actor al momento del retiro, era equivalente al de
sargento segundo dentro de la desaparecida jerarquía de suboficiales de la
Policía Nacional. Por lo anotado, se tiene que la norma que corresponde analizar
es el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional» (se destaca).
Ahora bien, el artículo 144 de dicho estatuto preveía que los suboficiales de la
Policía Nacional que fueran retirados del servicio activo después de 15 años
por (i) llamamiento a calificar servicios, (ii) mala conducta, (iii) no asistir al
16
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. César
Palomino Cortés, expediente 11001-03-25-000-2013-00543-00(1060-13).
17
«Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional».
12
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
servicio por más de 5 días sin causa justificada, (iv) voluntad del Gobierno o
de la Dirección General de la Policía Nacional, (v) sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, (vi) disminución de la capacidad sicofísica, (vii)
incapacidad profesional o (viii) conducta deficiente, y los que se desvinculen o
sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a
partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación
mensual de retiro.
En el presente caso, las pruebas dan cuenta de que el accionante laboró para la
Policía Nacional 16 años, 5 meses y 7 días, esto es, más de los 15 años que
impone la normativa para ser beneficiario de la asignación de retiro.
Asimismo, se advierte que el demandante fue retirado por sanción disciplinaria
de destitución, como consecuencia de la decisión de 29 de marzo de 2012,
adoptada por el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la policía
metropolitana del Valle de Aburrá, confirmada el 14 de mayo siguiente por el
inspector delegado región 6 de policía, causal que, como se vio, no es de
aquellas descritas expresamente en el aludido artículo 144 del Decreto 1212 de
1990. No obstante, ese vacío no es óbice para negar el derecho, puesto que esta
Corporación18 ha precisado que la destitución o la separación absoluta pueden
ser enmarcadas dentro de la causal de mala conducta.
Acerca de este aspecto, esta Colegiatura, en sentencia de 14 de septiembre de
201719, concluyó:
Para la Subsección es claro que la causal de retiro «separación absoluta»
que se configuró en este caso, e incluso la de «destitución» consagrada
en la anterior hoja de servicios del 16 de septiembre de 2003, se ajustan a
la causal de «mala conducta comprobada» que prevé el artículo 104 del
Decreto 1213 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro.
En efecto, tal como lo advierte el recurrente, lo que determina que el
motivo de retiro del demandante no se ajuste en apariencia a ninguna de
las causales que prevé el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 ha sido
la constante evolución del régimen disciplinario de la Policía Nacional
que ha aparejado modificaciones en la terminología y las figuras
contempladas en el mismo.
[…]
18
Ver, entre otros, fallos de (i) 14 de septiembre de 2017, sección segunda, subsección A, expediente 76001-
23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007); (ii) 11 de abril de 2018, sección segunda, subsección B, expediente
25000-23-42-000-2015-01949-01 (5126-2016); (iii) 7 de marzo de 2019, sección segunda, subsección B,
expediente 25000-23-42-000-2014-04425-01 (4314-2017); y (iv) 19 de julio de 2019, sección segunda,
subsección B, expediente 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
19
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, expediente
76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007).
13
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
Por su parte, la evolución de la figura de la separación absoluta en el
régimen de la Policía Nacional estaría dada por lo dispuesto en el artículo
87 del Decreto 41 de 199420, posteriormente derogado por el Decreto
1791 de 2000 que en su artículo 66 dispuso: «El personal que sea
condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o
arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, por delitos
dolosos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional y no
podrá volver a pertenecer a la misma».
Tales motivos hacen preciso entender que cuando el artículo 104 del
Decreto 1213 de 1990 prevé la «mala conducta comprobada» como una
de las causales de la asignación de retiro, el verdadero supuesto que
contempla la norma para hacerse a dicha prestación económica es la
verificación de una falta disciplinaria sancionable con el retiro del
servicio, como lo es la sanción de destitución prevista en el actual
régimen disciplinario de la Policía Nacional o la de separación absoluta
en los casos en que dicha falta disciplinaria constituye también un delito
judicialmente sancionado con la imposición de una pena principal de
prisión o arresto.
En conclusión, los conceptos de retiro por «separación absoluta» y
«destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía
Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada»
contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de
la evolución normativa que ha tenido tal régimen.
En la misma dirección, en fallo de 19 de julio de 201921, esta subsección
sostuvo:
51. En tal sentido, debe precisar la Sala que, como el demandante estuvo
vinculado durante toda su vida laboral al Ejército Nacional, hasta que se
produjo su retiro por separación absoluta, que como se indicó no se
encuentra prevista dentro del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, lo
cierto es que dicha situación puede enmarcarse dentro de la causal de
«mala conducta», razón por la cual, al hacer una interpretación amplia de la
norma, debe entenderse tal causal como un tipo en blanco en donde se
encuentran incluidos acontecimientos que al verse cuestionados pueden
culminar en una sanción bien sea de carácter penal, fiscal o disciplinario, y
que al ser llevadas al caso concreto, evidencian que la separación de la
actividad militar se fundamentó en la existencia de mala conducta sin que
ello implique la negativa al reconocimiento de la asignación de retiro una
vez se verifique el complimiento de los requisitos legales del interesado.
20
«Articulo 87. Separación absoluta. El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto, por la
Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, salvo el caso de condena por delitos culposos, será separado en
forma absoluta de la Policía Nacional.
El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo que sea separado en forma absoluta, no podrá volver a
pertenecer a la Policía Nacional.»
21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente
25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
14
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
52. Así las cosas, y como quiera que la figura de la separación absoluta es
equiparable a la causal de retiro del servicio por mala conducta
comprobada, lo cual resulta procedente en el caso bajo análisis, en la
medida en que de acuerdo con la hoja de servicios del demandante, su
separación de la actividad militar se produjo en cumplimiento de lo
previsto por el Decreto 1790 de 2000, dicha circunstancia constituye un
hecho indicador de que su dimisión se dio por mala conducta, por lo que
será ésta la causal bajo la cual se verificará el cumplimiento del tiempo de
servicios para acceder a la asignación de retiro22.
Sobre el particular, la Sala aclara que si bien tal criterio fue expuesto respecto de
los artículos 163 y 104 de los Decretos 1211 y 1213 de 1990, en su orden, dicho
análisis también resulta aplicable en el caso del personal regido por el artículo
144 del Decreto 1212 de ese año, comoquiera que este comparte el mismo vacío
normativo que aquellos (en cuanto no previeron la aludida causal de retiro) y el
concepto de separación absoluta consagrado en el artículo 66 del Decreto 1791
de 2000 resulta aplicable a todo el personal uniformado de la Policía Nacional,
sin excepción.
Por consiguiente, como el 31 de diciembre de 2004 el demandante se
encontraba en servicio activo en la Policía Nacional, institución en la que laboró
por más de 15 años, hasta cuando fue retirado por sanción de destitución, se
tiene que cumple los requisitos consagrados tanto en la Ley 923 de 2004 como
en el Decreto 1212 de 1990 para ser beneficiario de la asignación de retiro.
Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al actor le
debe ser reconocida su asignación de retiro a partir del 4 de julio de 2012
(fecha de retiro definitivo del servicio), equivalente al 50% del monto de las
partidas de que trata el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, por los 15
primeros años de servicio, y un 4% más por cada año que exceda a los 15, sin
que el total sobrepase del 85% de los haberes de actividad.
Por otra parte, resulta oportuno precisar que por ser el derecho pensional de
carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier
época por el interesado23. Contrario sensu, el legislador ha establecido el
fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan solamente las mesadas
22
Al respecto debe señalarse que la Subsección A de esta sección mediante sentencia del 14 de septiembre de
2017 dentro del proceso 760012331000200602942-01consideró que «los conceptos de retiro por «separación
absoluta» y «destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía Nacional son equiparables a
la causal de «mala conducta comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud
de la evolución normativa que ha tenido tal régimen».
23
Artículo 164 del CPACA: «Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas […]».
15
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
causadas hasta cuatro (4) años antes de la fecha en que se haya formulado la
correspondiente reclamación ante la caja de retiro, conforme al artículo 15524 del
Decreto 1212 de 1990. En el sub lite trascurrieron más de cuatro (4) años entre
la fecha de adquisición del derecho (4 de julio de 2012) y la petición de 28 de
abril de 2017, con la que el accionante reclamó la asignación de retiro (negada
por oficio de 30 de mayo de 2017), motivo por el cual operó la prescripción
cuatrienal de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de abril de 2013.
Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en
armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se revocará la sentencia de primera instancia, que negó las
súplicas de la demanda; en su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo acusado y se ordenará a Casur reconocer la asignación de retiro
al demandante a partir del 4 de julio de 2012, de conformidad con el Decreto
1212 de 1990, esto es, equivalente al 50% del monto de las partidas de que
trata el artículo 140 ibidem, por los 15 primeros años de servicio, y un 4% más
por cada año que exceda a los 15, sin que el total sobrepase del 85% de los
haberes de actividad, con efectos fiscales desde el 28 de abril de 2013, por
prescripción cuatrienal.
Las mesadas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con la
fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el
índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula
que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.
En relación con la condena en costas, esta Corporación, en sentencia de 1º de
24
«Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto, prescriben en cuatro (4) años que se contarán
desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente, sobre un
derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores
reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y
pasarán a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional».
16
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
diciembre de 201625, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
25
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revócase la sentencia de 28 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones de la demanda en el
proceso instaurado por el señor Aglael Estívenson Berrío Macera contra la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), conforme a lo consignado
en la parte motiva, en su lugar:
1.1 Declárase la nulidad del oficio de 30 de mayo de 2017, por el cual la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) le negó al demandante el
reconocimiento de la asignación de retiro, de acuerdo con la motivación.
1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ordénase a la demandada reconocer asignación
de retiro al actor, a partir del 4 de julio de 2012, de conformidad con el
Decreto 1212 de 1990, esto es, equivalente al 50% del monto de las partidas
de que trata el artículo 140 ibidem, por los 15 primeros años de servicio, y un
4% más por cada año que exceda a los 15, sin que el total sobrepase del 85%
de los haberes de actividad, con efectos fiscales desde el 28 de abril de 2013,
como quedó indicado con la parte motiva.
1.3 La accionada hará la actualización sobre las mesadas adeudadas, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a
saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
18
Expediente: 81001-23-39-000-2018-00056-01 (3339-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aglael Estívenson Berrío Macera contra Casur
1.4 La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo
previsto en el artículo 192 del CPACA.
2. Sin condena en costas.
3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.