Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2021-00018-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2021-00018-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2021-00018-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 81001-23-39-000-2021-00018-01 (1894-2025)
Demandante: Elvia Inés Rodríguez Parra
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Vinculado: Departamento de Arauca
Tema: Incorporación automática en el escalafón de carrera
administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta ocasión se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) Resolución nro. 20191700093345 del 14 de agosto de 2019; ii)
auto nro. 2019170018494 del 8 de octubre de 2019; y iii) Resolución nro.
20191700121715 del 6 de diciembre de 2019, por medio de los cuales la entidad
demandada negó la inscripción de la señora Elvia Inés Rodríguez Parra en el
sistema de carrera administrativa.
3. Como restablecimiento del derecho, se exigió que la actora sea nombrada como
servidora pública de carrera administrativa en el cargo de secretaria, código 5140,
grado 8; el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales
padecidos con ocasión de la no inscripción automática en carrera administrativa; la
actualización de las sumas reconocidas en la sentencia de acuerdo con los términos
previstos en artículo 187 CPACA y la condena en costas a la entidad demandada.
4. Hechos. Mediante la Resolución nro. 019 del 2 de febrero de 1998, el obispo y
representante de la Diócesis de Arauca, en el marco de la educación nacional
contratada, designó a la señora Elvia Inés Rodríguez Parra en el cargo de
secretaria, código 5140, grado 8 en el colegio «La Frontera» del municipio de
Saravena (Arauca); decisión ratificada por el Ministerio de Educación Nacional a
través de la Resolución 1.123 de 30 de marzo de ese año.
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Demandante: Elvia Inés Rodríguez Parra
5. La Secretaría de Educación del Departamento de Arauca solicitó ante la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la inscripción de la demandante en el
registro público de carrera administrativa; sin embargo, tal petición fue negada a
través de los actos administrativos cuestionados.
6. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulnerados los siguientes
artículos: 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo. Al desarrollar el concepto de violación, expuso lo siguiente:
7. De conformidad con lo previsto en el numeral 2.° del artículo 15 del Decreto 1706
de 1989, las personas vinculadas en el marco de la educación nacional contratada,
estaban exceptuadas de la realización de concurso de méritos para obtener un
nombramiento en carrera administrativa.
8. Se evidenció que la servidora Ana del Carmen Zambrano Ramírez fue
escalafonada en carrera administrativa, pese a encontrarse en las mismas
condiciones fácticas y jurídicas que la actora, lo que indudablemente vulnera su
derecho a la igualdad.
9. Finalmente, indicó que se desconocieron los derechos adquiridos de la
accionante, porque adquirió derechos de carrera administrativa desde el mismo
momento en que fue nombrada.
10. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad legal, la entidad
demandada contestó la demanda en los siguientes términos:
11. El inciso segundo del artículo 125 de la Constitución Política señala que el
ingreso y ascenso a los cargos de carrera administrativa ocurre cuando el servidor
público supera todas las fases del respectivo concurso de méritos.
12. Por ende, la inscripción en el sistema de carrera administrativa, sin la
participación en un proceso de selección, quebranta de manera esencial los criterios
constitucionales de la función pública.
13. Aunque con sustento en las previsiones del artículo 22 de la Ley 27 de 1992 le
era permitido a las entidades proceder con las denominadas inscripciones
extraordinarias, lo cierto es que en la sentencia C-030 de 1997 la Corte
Constitucional excluyó del ordenamiento jurídico tal disposición, por encontrarla
contraria a los principios del mérito y acceso a la función pública.
14. Es por ello que, a partir del 14 de febrero de 1997, fecha de publicación de la
aludida sentencia de constitucionalidad, no es admisible la inscripción en carrera
1 Ver «30_ED_EXPEDIENTE_31CONTESTACIONDEMAND», contentivo del expediente digital, el cual puede
ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia. Se deja
constancia que el departamento de Arauca fue vinculado a este proceso y contestó la demanda. Sin embargo,
no se referencian sus argumentos porque en la sentencia impugnada se declaró probada frente a él la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
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administrativa de los servidores públicos que no hayan superado un proceso de
selección basado en el sistema de mérito.
15. La CNSC hizo el análisis de la solicitud de inscripción en el Registro Público de
Carrera Administrativa de la demandante, pero consideró que no era procedente tal
anotación porque el ingreso de la actora a la función pública no devino de un
proceso de selección bajo criterios de mérito.
16. Según la base de datos de la entidad, la servidora Ana del Carmen Zambrano
Ramírez fue inscrita en el Registro Público de Carrera Administrativa por parte del
Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la Resolución 73 de
24 de enero de 1990, con ocasión de la superación de un concurso de méritos. Con
todo, tal inscripción se dio con anterioridad a la sentencia C-030 de 1997 y, por
tanto, su derecho ya se encontraba consolidado para entonces, por lo que la parte
actora no puede alegar la vulneración del principio de igualdad ante una situación
totalmente disímil a la suya.
17. Sentencia de primera instancia2. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Arauca dictó sentencia en la que negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora. Con tales fines,
concluyó que:
18. Los actos administrativos enjuiciados no están viciados de nulidad, pues no se
demostró que la accionante hubiese accedido al empleo de secretaria, código 5140,
grado 08 de la Institución Educativa «La Frontera» de Saravena (Arauca) en virtud
de la superación de un concurso de méritos.
19. En consecuencia, su vinculación en el marco de la educación misional
contratada no constituye una excepción al proceso de selección por méritos, más
aún cuando en sentencia C-030 de 1997 la Corte Constitucional declaró la
inexequebilidad de los artículos 5.° y 6.° de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de
1992 que permitían tal actuación.
20. La situación de la actora no se asemeja a la de la servidora Ana del Carmen
Zambrano Ramírez, pues esta fue inscrita en el sistema de carrera administrativa el
24 de enero de 1990, esto es, con antelación a la sentencia C-030 arriba
referenciada. En consecuencia, ante condiciones disímiles no es posible pregonar
la vulneración del derecho a la igualdad.
21. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante la recurrió en apelación. Con tales fines alegó lo siguiente:
22. En la sentencia de primera instancia se omitió aplicar el precedente
jurisprudencial vertido en la providencia del 2 de octubre de 2008 (proferida en el
expediente 25000-23-25-000-1999-04557-01, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez). En
2 Ejusdem., «126Sentenciaprime_sentencia_00020210001800Senten».
3 Ejusdem., «131_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION».
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tal decisión el Consejo de Estado concluyó que en aquellos eventos en los que se
acredite que la solicitud de inscripción automática en el sistema de carrera
administrativa fue presentada con anterioridad a la sentencia C-030 de 1997, le
asiste derecho al servidor público a obtener el respectivo registro.
23. Por tanto, desde el mismo momento en que fue nombrada en el cargo de
secretaria código 5140, grado 08 de la Institución Educativa «La Frontera» de
Saravena (Arauca), la demandante le asiste similar derecho, pues su designación
se hizo en el marco de la educación nacional contratada regulada en el Decreto
2155 de 1987. En consecuencia, la omisión de la CNSC en incluir a la demandante
en el escalafón de carrera administrativa no le puede restar fuerza a tal privilegio.
24. Finalmente, indicó que con las decisiones demandadas se desconocieron los
principios de interpretación más favorable al trabajador y primacía de la realidad
sobre las formas.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
25. La admisión del recurso. Mediante auto del 28 de noviembre de 20254 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad concedida solo intervino
el agente del Ministerio Público5, quien solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, al considerar que no se pueden otorgar derechos de carrera
administrativa a quienes no han superado el respectivo concurso de méritos.
26. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
27. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.
28. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por la
recurrente, a la Sala le corresponde determinar si ¿La demandante tiene derecho a
ser inscrita en el sistema de carrera administrativa, pese a no haber superado el
respectivo concurso de méritos?
4 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
5 Actuación visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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29. El caso concreto. Resolución del interrogante planteado.
30. Único interrogante: ¿La demandante tiene derecho a ser inscrita en el sistema
de carrera administrativa, pese a no haber superado el respectivo concurso de
méritos?
31. En sentencia C-030 de 19978, la Corte Constitucional estudió lo relativo a la
inscripción automática o extraordinaria en el sistema de carrera administrativa. Con
tal finalidad concluyó que tal actuación no es posible, en tanto implica desconocer
los principios que rigen la función pública.
32. Por la importancia que esa providencia tiene frente al asunto que ahora se
debate, a continuación, se transcriben sus apartes más significativos:
«Las normas acusadas, en su orden, los artículos 5o. y 6o. de la ley 61 de 1987, y el
22 de la ley 27 de 1992, las primeras aplicables a los empleos del nivel nacional, el
segundo, a los empleos del nivel territorial, señalan, en términos generales, que, a su
entrada en vigencia, los empleados que ocupen un cargo de carrera, podrán, dentro
del año siguiente, solicitar su inscripción en la carrera administrativa, previa
acreditación de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional o por los decretos
que prevean las correspondientes equivalencias. Igualmente, consagran la posibilidad
de que las personas que ocupen esos cargos y no puedan acreditar los requisitos en
el término que ellas prevén accedan a la carrera, cuando logren acreditar esos
requisitos.
Estas normas, tal como lo indica el actor, permiten el ingreso automático a la carrera
administrativa, de funcionarios que reúnan dos condiciones, a saber: la primera, estar
ocupando un cargo que la ley ha definido como de carrera; la segunda, acreditar una
serie de requisitos contemplados en leyes y decretos, en un período de tiempo
determinado.
De esta manera, esas normas facilitan el ingreso y permanencia en la carrera
administrativa de cierto grupo de personas que, por estar en cierta condición
(desempeñando un cargo de carrera), no requieren someterse a un proceso de
selección para evaluar sus méritos y capacidades. Así se desconocen, no sólo el
mandato constitucional contenido en el artículo 125 de la Constitución, que exige la
convocación a concursos públicos para proveer los cargos de carrera, sino los
principios generales que este sistema de selección tiene implícitos, tales como la
igualdad y la eficacia en la administración pública (artículos 13 y 209 de la
Constitución).
La excepción que establecen las normas acusadas para el ingreso a la carrera
administrativa, desnaturaliza el sistema mismo, pues se dejan de lado conceptos como
el mérito y capacidades, para darle paso a otros de diversa índole, permitiendo que la
discrecionalidad de los nominadores rija este sistema, e impidiendo que todos aquellos
que crean tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a
nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a ellos, simplemente
porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades.
En tres casos similares al analizado en esta sentencia, la Corte ha sido absolutamente
clara: no puede existir norma alguna dentro de nuestro ordenamiento que
permita el ingreso automático a cargos de carrera. Por esa razón, ha declarado
inexequibles normas que permitían el ingreso a la carrera, en distintos organismos, sin
8 Corte Constitucional, sentencia C-030 del 30 de enero de 1997, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
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mediar un proceso de selección, tales como la Aeronáutica Civil (sentencia C-317 de
1995), la rama judicial (sentencia C-037 de 1996) y el escalafón docente (sentencia C-
562 de 1996).
En conclusión: las normas acusadas desconocen el mandato general del artículo 125
de la Constitución, y los principios de igualdad y eficacia que deben regir la
administración pública. Razón por la que se declarará la inexequibilidad de los artículos
5o. y 6o. de la ley 61 de 1987 y 22 de la ley 27 de 1992.
Tercero-. Efectos de la declaración de inexequibilidad.
La pregunta que sigue a la declaración de inexequibilidad de las normas demandadas,
es si las personas que acreditaron los requisitos señalados en la normatividad
correspondiente, y se encuentran inscritas en la carrera administrativa, pierden el
derecho a permanecer en ella.
Según las normas acusadas, al entrar a regir las leyes de las que hacen parte, los
funcionarios que ocupaban un cargo de carrera, por ese sólo hecho, adquirieron el
derecho a ingresar al régimen de carrera. Podían, en consecuencia, gozar de todos
los derechos y beneficios que este régimen ofrece, entre ellos, por no decir que el
principal, la estabilidad y promoción en el empleo.
Para el caso en estudio, a los empleados que accedieron a la carrera administrativa
con fundamento en las normas que serán declaradas inexequibles, no pueden
desconocérseles los derechos que en virtud de ellas adquirieron. Es decir, quienes en
desarrollo de los artículos 5o. y 6o. de la ley 61 de 1987 y 22 de la ley 27 de 1992,
lograron obtener su inscripción en carrera administrativa, mantendrán esa situación, a
pesar de esta declaración de inexequibilidad. Si bien no se agotó un proceso de
selección adecuado, estos empleados, que al entrar en vigencia las normas acusadas,
una vez cumplidos los requisitos allí señalados, fueron inscritos en carrera, adquirieron
unos derechos que no pueden ser desconocidos por este fallo. Derechos como el de
permanecer en la carrera, a pesar de que su ingreso a ella no cumplió todos los
requisitos para el efecto.
Pero aquellos funcionarios que aún continúan vinculados a la administración ocupando
un cargo de carrera, sin hallarse inscritos como tales, no podrán solicitar su inscripción,
pues para ello deberán someterse al correspondiente proceso de selección que cada
entidad a nivel nacional o territorial adopte, a efecto de proveer cargos de esta
naturaleza. En conclusión, a partir de la notificación de este fallo, se negará
cualquier inscripción en carrera, que tenga como fundamento las normas que
por medio de esta sentencia serán declaradas inexequibles.» (Énfasis de la Sala)
33. Ahora, de conformidad con los estrictos términos de la providencia en mención,
si el ingreso al cargo y la respectiva solicitud de incorporación automática en carrera
administrativa se concretó con anterioridad al 14 de febrero de 1997 -fecha de
notificación de la citada sentencia9-, es procedente que el servidor público tenga
derecho al mentado beneficio, toda vez que la normatividad vigente para ese
entonces lo permitía.
34. Pues bien, con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que fueron
acertadas las consideraciones del Tribunal Administrativo de Arauca, en tanto la
señora Elvia Inés Rodríguez Parra no tenía ni tiene derecho a la incorporación
automática al sistema carrera administrativa.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”, sentencia de 6 de junio de 2012, expediente No. 05001-
23-31-000-2001-03652-01 (0159-10), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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35. En efecto, las pruebas arrimadas a la actuación evidencian que el ingreso de la
demandante al servicio público se materializó el 2.° de febrero de 1998, con la toma
de posesión en el empleo de secretaria, código 5140, grado 08 en el colegio «La
Frontera» del municipio de Saravena (Arauca), cargo para el que nombrada
provisionalmente a través de la Resolución nro. 019 del 2 de febrero de 199810.
36. Así las cosas, y como quiera que la anterior situación fue posterior a la sentencia
C-030 de 1997, que declaró inexequibles las normas que permitían el ingreso
automático a la carrera administrativa, se concluye que las decisiones proferidas
por la Comisión Nacional del Servicio Civil se ajustaron a los parámetros
constitucionales y legales vigentes, pues la única manera de que la actora pueda
acceder al registro público de carrera es mediante la superación de todas las fases
del concurso de méritos, lo que aquí no fue acreditado.
37. La recurrente solicitó aplicar el precedente judicial contenido en la sentencia del
2 de octubre de 2010 -dictada el 2 de octubre de 2008, expediente 25000-23-25-
000-1999-04557-01 (4055-01)-, por considerar que en esa oportunidad se resolvió
una situación similar y se accedió a las pretensiones de la demanda.
38. No obstante, a juicio de la Sala, las situaciones fácticas y jurídicas de este caso
difieren de los expuestos en el asunto resuelto a través de la providencia cuya
aplicación ahora se exige. En efecto, en este último se solucionó la reclamación de
una empleada que se vinculó e incluso solicitó la inscripción automática en el
escalafón de carrera administrativa antes de la sentencia C-030 de 1997. Por tanto,
no es procedente aplicar la aludida tesis al caso actual, porque, se reitera, la
demandante se vinculó al servicio público con posterioridad a la citada sentencia de
constitucionalidad.
39. De otra parte, considera la Sala que no es procedente aplicar el principio de la
condición más favorable, porque esta figura jurídica se activa en la medida que a
una misma situación sean aplicables dos o más disposiciones de derecho; condición
que no se satisface en este caso, por cuanto en esta temática solo existía una
disposición normativa que permitía el ingreso automática en carrera de los
servidores públicos del nivel territorial -artículo 22 de la Ley 27 de 1992-, la cual fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional en la ya citada sentencia C-030.
40. Así entonces, la ausencia de disposiciones que regulen la inscripción
automática en el sistema de carrera administrativa impide adelantar la comparación
que el aludido principio de favorabilidad demanda.
41. Así mismo, deviene improcedente el principio de primacía de la realidad sobre
las formas, porque en este asunto, la forma, representada en el nombramiento
provisional de la actora en un empleo de carrera administrativa, no le otorgó el
derecho a ser inscrita en dicho régimen a la luz de los artículos 5.° y 6.° de la Ley
10 Ver folio 7 del archivo « 3_ED_EXPEDIENTE_04ANEXOSDEMANDA», contentivo del expediente digital, el
cual puede ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera
instancia.
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61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992 -la realidad-, pues su ingreso a dicho cargo
se produjo con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de tales
disposiciones.
42. Así las cosas, avalar la inscripción automática en el escalafón de carrera
administrativa de demandante implica: i) vulnerar el principio constitucional del
mérito como requisito de acceso al empleo público y; ii) patrocinar un trato desigual
frente a otros servidores públicos que sí participaron y superaron las etapas de los
respectivos procesos de selección.
43. Condena en costas en esta instancia. La modificación del artículo 188 del
CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora por cuanto en esta
decisión se están negando las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de marzo de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió la señora Elvia Inés Rodríguez Parra contra la Comisión Nacional del
Servicio Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en precedencia.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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