RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 81001-23-39-000-2022-00121-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2022-00121-01

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2022-00121-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela relacionadas con la mora judicial reclamada por el señor Lucena García Bejarano contra el Juzgado Primero Administrativo de Arauca y el Tribunal Administrativo de Arauca de conformidad, con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que ejerció el señor Lucena García Bejarano contra el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de los diez días 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Lucena García Bejarano Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01 Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 81001-23-39-000-2022-00121-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de marzo de 2023

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandante: LUCENA GARCÍA BEJARANO
Demandados: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y
OTRO

Tema: Tutela de fondo. Mora judicial. Tutela contra providencia
judicial. Declara improcedencia por no satisfacer los requisitos
de subsidiariedad y relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Lucena García
Bejarano contra el Juzgado Primero Administrativo de Arauca y el Tribunal
Administrativo de Arauca.

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 6 de diciembre de 2022, a través del aplicativo web
del Consejo Superior de la Judicatura, el señor Lucena García Bejarano formuló
acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas, con el objetivo de
obtener la protección de los derechos fundamentales a la propiedad, al debido
proceso, a la igualdad, a la justicia, a la verdad, a la información y de petición,
entre otros; presuntamente vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de
Arauca.

2. Con base en lo anterior, la parte actora reclamó la protección de las
garantías ius fundamentales mencionadas en el párrafo anterior y, en
consecuencia, pidió:

1. Que se tutelen todos los derechos accionados dentro de la presente acción de tutela.

2. Solicito que se oficie y obligue al Juez 1° Administrativo de Arauca, a que se me
entregue el fallo correspondiente del proceso con Radicación 81-001-33-31-001-2016-
00377-00 y se ordene el pago de todos mis derechos que aparecen en los hechos y del
cual vengo solicitando dentro de este proceso contra la Nación, el Ministerio de Defensa
y Policía Nacional y a la fecha no se me ha pagado.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

3. Solicito de su despacho, se lleve a cabo inspección judicial, solicitada en el acápite de
pruebas documentales para corroborar el agravio y la violación de los derechos
fundamentales incoados en la presente acción de tutela.

4. Se lleve el debido proceso de su despacho, teniendo en cuenta los hechos, los derechos
sobre los cuales invoco protección, los fundamentos de derecho, la competencia, las
pruebas documentales, las pretensiones, el juramento, los anexos y las notificaciones.

1.2 Hechos probados y/o admitidos

3. El accionante afirma que inició una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, radicado 81-001-33-31-001-2016-0377-00. A través de ese medio de
control, el señor García Bejarano pretendía obtener la nulidad del acto
administrativo 119854/ARPRE-GRUE-1.10 del 28 de abril de 2015, mediante el
cual se le negó la reliquidación de la asignación de retiro conforme al principio de
oscilación (la variación del IPC1, incluyendo los aumentos decretados por el
Gobierno Nacional), debidamente indexada desde el 31 de diciembre de 2005
hasta la fecha de la decisión.

4. En audiencia del 12 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca dictó sentencia de primera instancia mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. La Policía Nacional promovió el recurso de apelación, se celebró la
audiencia de conciliación que se declaró fallida y se remitió el expediente al
Tribunal Administrativo de Arauca. Según se constató, a la fecha de presentación
de esta acción de tutela, no se registraba ninguna actuación procesal.

6. En este punto, el peticionario advierte que han transcurrido cuatro años sin
que exista una decisión ni pago de lo adeudado.

1.3 Sustento de la vulneración

1. El actor afirmó que tiene derecho a que se le paguen los reajustes
reconocidos por el juez Primero Administrativo de Arauca, pues han transcurrido
cuatro años desde que se dictó el fallo de 12 de diciembre de 2018, sin que se le
hubieren cancelado los valores adeudados. Además, refirió lo siguiente:

“Por consiguiente dentro de dicho proceso debe haber medidas cautelares, en el cual solicito
para que haya un control del proceso y un fallo. Dentro de las normas violadas y conceptos
de la violación contemplados en los preámbulos del Art. 2, 4, 13, 46, 48 y 33 de la C.N., Art.
1° de la Ley 238/1995, Art. 14 de 1979 (sic) parágrafo 4 Ley 10/1993 (sic) y Art. 2 literal A de
la Ley 4 de 1992, debe haber la reparación y el amparo de mis derechos violados, según
hechos de la contestación del ministerio público debe pagar o como es: el Estado, Ministerio
de Defensa y demás.

Según el problema jurídico a resolver, el juez accionado en la presente ha sido negligente y
ha dejado pasar 4 años, que en el término ha de ser de 2 años; según el análisis jurídico
sobre el principio de oscilación en las pensiones de las fuerzas públicas (sic).

1 Índice de Precios al Consumidor.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

(…)

[L]os miembros de las fuerzas militares y policía nacional (sic) tienen un régimen especial de
carrera, prestacional y disciplinario que debe ser llevado por la ley. Además, el Congreso de
la República según la Ley (sic) del 18 de mayo de 1992, fijó los lineamientos a los cuales
debe ceñirse el gobierno para fijar los lineamientos de los servidores públicos, indicando en
su art. 10 y 13 (sic) que el régimen salarial y prestacional, se debe a imposiciones
contenidas en la presente ley, que indican que el gobierno nacional debe dar cumplimiento a
lo actuado y no evadir responsabilidades. En desarrollo de la presente ley, se debe nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de las fuerzas militares de conformidad con los
principios establecidos en el Art. 2 y por el cual la nivelación salarial de que trata el presente
artículo se debe producir en la vigencia fiscal 1993 a 1996.

(….)

Por consiguiente, no puede haber prescripción y se debe ordenar el pago inmediato con un
fallo positivo de su proceso, y que se me informe en forma detallada todos los
procedimientos en el cual (sic) ha estado archivado por el tiempo transcurrido de 4 años y
por consiguiente los accionados si me están violando mis derechos fundamentales”.

1.4 Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Arauca

7. Mediante auto del 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Arauca admitió la solicitud de amparo de la referencia. En la misma providencia,
ordenó vincular al Juzgado Primero Administrativo de Arauca y, a la Policía
Nacional, en calidad de tercera interesada.

8. En sentencia del 16 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Arauca
negó el amparo solicitado porque consideró que se cuestionaba un trámite
jurisdiccional que cursó ante el Juzgado Primero Administrativo de Arauca y que
se encuentra pendiente de la decisión de segunda instancia en esa misma
corporación, sin que existiera mora judicial del juez ordinario de primera instancia.

9. La anterior decisión fue impugnada por el accionante, bajo consideraciones
similares a las que plasmó en el escrito inicial.

1.4.2. Actuaciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado

10. A través del auto del 3 de marzo de 2023, la magistrada sustanciadora,
explicó que se realizó una consulta en el sistema Samai del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho aludido por el demandante (expediente n.°
81001333100120160037700) y, encontró que, desde el 14 de febrero de 2020,
está en el Tribunal Administrativo de Arauca, pendiente de resolver el “RECURSO
DE APELACIÓN EN EL EFECTO SUSPENSIVO, INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA
EN CONTRA DE LA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO DE LA AUDIENCIA INICIAL
CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 POR EL JUZGADO”.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

11. La magistrada sustanciadora, consideró que “si bien la acción estuvo
dirigida únicamente contra el Juzgado Primero Administrativo de Arauca; lo cierto
es que, este despacho constató que la vulneración denunciada también se predica
del Tribunal Administrativo de Arauca”. Lo anterior, por cuanto “la presunta mora
judicial que reprocha la parte actora, materialmente recae en esa autoridad
judicial, dado que tiene a su cargo el trámite de la segunda instancia del proceso
n.° 81001333100120160037700”.

12. Además, señaló que “el estudio de la presente infracción ius fundamental,
involucra también al Tribunal Administrativo de Arauca, porque esa corporación,
en este momento, tiene a su cargo el proceso, en sede de apelación”. Por lo que
esa autoridad judicial debe ser llamada al trámite constitucional, toda vez que se
itera “que lo que denuncia el accionante se relaciona con la presunta mora judicial
en la expedición de una sentencia y el pago de los derechos reconocidos en
aquella, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que
cursa la segunda instancia ante esa última autoridad judicial”. En consecuencia,
consideró que:

[R]esulta ineluctable proteger los principios del debido proceso y de autonomía e
independencia judicial, por lo que deben retrotraerse las actuaciones, para garantizar que el
Tribunal Administrativo de Arauca comparezca al trámite en calidad de accionado, y que el
asunto sea decidido en primera instancia por el Consejo de Estado, en los términos del
artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021.

Teniendo en cuenta que el artículo 132 del CGO, prevé que “[a]gotada cada etapa del
proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que
configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto
para los recursos de revisión y casación”. El despacho saneará el proceso, con el objetivo de
que el Tribunal Administrativo de Arauca acuda en calidad de accionado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

13. Bajo las anteriores consideraciones, la magistrada ponente, en primer lugar,
declaró la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso de tutela, sin afectar
el auto admisorio de 12 de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo de Arauca, con el fin de que se subsanen las irregularidades
advertidas, dejando a salvo los informes y las pruebas allegadas al proceso.

14. En segundo lugar, avocó el conocimiento, en primera instancia, del proceso
de la referencia y, en tercer lugar, dispuso notificar de la actuación a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca para que rindieran los informes
que considerara necesarios.

1.5 Intervenciones

1.5.1 Juzgado Primero Administrativo de Arauca

15. El Juzgado Primero Administrativo de Arauca se opuso a las pretensiones
del amparo. Afirmó que no ha incurrido en mora judicial porque surtió el trámite

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

correspondiente dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la parte actora.

16. Explicó que, en audiencia del 12 de diciembre de 2018, dictó la sentencia de
primera instancia dentro del proceso de la referencia. En esa decisión se declaró
la nulidad del acto administrativo acusado y se ordenó el restablecimiento del
derecho. Añadió que esa providencia fue apelada por la Policía Nacional y una vez
se declaró fallida la audiencia de conciliación entre las partes, en audiencia del 10
de febrero de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca concedió la
alzada, por lo que el 14 del mismo mes y año remitió las diligencias al Tribunal
Administrativo de Arauca.

17. El juez explicó que respecto de los cuestionamientos de la peticionaria con
las decisiones adoptadas por esa autoridad judicial la acción es improcedente
porque no se han agotado todos los medios de defensa judiciales que están en
curso.

1.5.2 Tribunal Administrativo de Arauca

18. La magistrada del Tribunal Administrativo de Arauca solicitó que declarara la
improcedencia de la acción o, en su defecto, se denegara el amparo invocado. En
primer lugar, relató las actuaciones que se adelantaron en la primera instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado n.° 81001-3331-001
2016-00377-01 en el que es demandante el señor Lucena García Bejarano y es
demandada la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

19. En segundo lugar, explicó que el proceso le fue repartido para surtir la
apelación, sin embargo, se suspendieron los términos judiciales a nivel nacional
por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. Esto sumado a la necesidad de
digitalizar los expedientes judiciales que se tramitaban en físico en el despacho
(como el de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia) prolongó las
actuaciones.

20. En tercer lugar, afirmó que mediante providencia del 30 de septiembre de
2020, admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada del
proceso ordinario y “luego de finalizada la primera etapa de la gestión de
digitalización de expedientes contratada por la Rama Judicial, mediante auto del
24 de enero de 2023 se corrió traslado para alegatos de conclusión de segunda
instancia, vencido el término, el 3 de marzo de 2023 pasó el proceso al Despacho
para proferir sentencia de segunda instancia y de acuerdo con los turnos se
programa llevar el proyecto de fallo a la Sala de Decisión de diciembre de este
año”.

21. En cuarto lugar, recalcó que en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no ha existido incumplimiento injustificado de los
plazos legales para adelantar la actuación judicial, por lo que no ha existido mora
judicial.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

22. En cuanto a algunas afirmaciones del actor, según las cuales no debe
declararse la prescripción de algunos emolumentos, explicó lo siguiente:

[D]entro del término legal previsto no impugnó la providencia del Juzgado en lo que le pudo
resultar desfavorable, como por ejemplo frente la prescripción que predica en esta acción de
amparo; con su silencio y negligencia, consintió la decisión y cerró la posibilidad que ahora
de manera tardía y fallida invoca. Y en lo que respecta a la segunda instancia ya también se
han descrito aquí las actuaciones surtidas, descartándose con ellas una mora judicial.

Pero tampoco se trata de un asunto de relevancia constitucional, pues se trataría de una
inconformidad de valoración probatoria y normativa cuyo análisis escapa al Juez
constitucional de tutela. Y es más, incumplió también el requisito de inmediatez al instaurar
la acción de tutela cuatro años después de la sentencia de primer instancia. Así mismo, se
debe tener en cuenta que no se demostró en el expediente, pero ni siquiera se planteó en la
demanda de la presente acción constitucional, que la tutelante afronte la posibilidad de un
perjuicio irremediable que sugiera la intervención del Juez de tutela.

23. Finalmente, informó que allegó la copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Lucena García Bejarano
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia

24. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Lucena García Bejarano contra el Juzgado Primero Administrativo de
Arauca y el Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2 Cuestión previa

25. La presente acción de tutela fue promovida por la parte actora quien
reclama que han transcurrido cuatro años desde que el juez Primero
Administrativo de Arauca emitió la sentencia del 15 de diciembre de 2018, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que aquel inició en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional; sin que hasta la
fecha se le hubiere efectuado el pago de los reconocimientos realizados en dicha
providencia.

26. De la lectura de las pretensiones, esta Sala interpreta que el señor Lucena
García Bejarano plantea dos cuestiones diferentes. La primera una mora judicial
porque su proceso no se ha decidido en la segunda instancia a cargo del Tribunal
Administrativo de Arauca. La segunda porque considera que el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca debe ordenar “el pago de todos mis derechos que
aparecen en los hechos y del cual vengo solicitando dentro de este proceso contra

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

la Nación, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional y a la fecha no se me ha
pagado”.

27. La segunda cuestión propuesta, se interpreta que cuestiona la providencia
judicial de primera instancia, al considerar que “no puede haber prescripción y se
debe ordenar el pago inmediato con un fallo positivo de su proceso”.

28. Por lo anterior, en primer lugar, se analizará la mora judicial y, en segundo
lugar, la procedencia de esta acción frente a la sentencia del Juzgado Primero
Administrativo de Arauca.

2.3 Problemas jurídicos

• ¿El Tribunal Administrativo de Arauca vulneró los derechos invocados por el
señor Lucena García Bejarano por presuntamente incurrir en mora judicial
injustificada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado n.° 81001-3331-001-2016-00377-01?

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?

29. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿La sentencia del 15 de diciembre de 2018, proferida el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca vulneró los derechos fundamentales del actor al
haber declarado probada la prescripción trienal de las mesadas causadas
antes del 26 de marzo de 2011?

30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) mora judicial injustificada
en el caso concreto; (iii) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) requisitos de procedibilidad
adjetiva y iv) la improcedencia de la acción en el caso concreto.

2.4 Generalidades de la acción de tutela

31. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

32. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.5 De la mora judicial justificada en el caso concreto

33. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales3.

34. Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellas controversias en los que dicho retardo se
deba a la falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los
deberes de tales servidores públicos4.

35. De igual forma, dicha Corte ha considerado que “atendiendo la realidad del
país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no
es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”5. A su vez, frente al particular,
la Corte Constitucional afirmó que:

(…) [P]or ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de
hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó
que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no
ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

36. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial6, según la cual solo se

2 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
4 Ibidem.
5 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
6 Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-0002018-

00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04391-00;
Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-03562-00; Sentencia del
08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del
15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. De acreditarse esta conducta, constituye violación al
derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes
en un proceso.

37. Por medio de la presente acción constitucional, el señor Lucena García
Bejarano solicitó el amparo de las garantías fundamentales a la propiedad, al
debido proceso, a la igualdad, a la justicia, a la verdad, a la información y de
petición, entre otros; presuntamente vulnerados por el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca, porque, según su dicho, han transcurrido cuatro años
desde que se decidió su caso mediante la sentencia del 15 de diciembre de 2018,
sin que a la fecha se le hubieren pagado los emolumentos reconocidos.

38. Revisado el expediente y con base en los informes rendidos, la Sala
observa que, en primer lugar, el demandante no expuso ni acreditó ninguna
condición de sujeto de especial protección constitucional que permitiera estudiar el
presente asunto con un enfoque diferencial.

39. En segundo lugar, se observa que, en efecto, en la audiencia del 15 de
diciembre de 2018, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca dictó sentencia
de primera instancia, mediante la cual:

(i) se declaró probada la excepción de prescripción cuatrienal de las mesadas
causadas con anterioridad al 26 de marzo de 2011;

(ii) se declaró la nulidad del Oficio n.° 119854/APRE-GRUPE1.10 de 28 de
abril de 2015, proferido por el Área de Prestaciones Sociales de la Policía
Nacional, que negó el incremento de la asignación de retiro del actor con base
en el IPC certificado por el DANE;

(iii) como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó el reajuste de la asignación de retiro del demandante, para los
años 1997, 1999, 2002 y 2004, con fundamento en las Leyes 100 de 1993
(artículo 14) y 238 de 1995;

(iv) le ordenó a la Policía Nacional pagar las diferencias causadas, con efectos
fiscales a partir del 26 de marzo de 2011. Dichos pagos debían efectuarse
indexados.

40. La anterior decisión fue apelada por la entonces demandada. En
consecuencia, se celebró audiencia de conciliación el 10 de febrero de 2020, la
cual se declaró fallida y se concedió el recurso de apelación ante Tribunal
Administrativo de Arauca.

05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-04518-00.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

41. Según el informe rendido por las accionadas y constatado con el sistema
Samai, por razón de la pandemia del Covid-19, se suspendieron los términos
procesales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, en virtud de lo previsto
en los Acuerdos PCSJA20- 11517 del 15 de marzo de 2020, PCSJA20-11518 y
PCSJA20- 11519 del 16 de marzo de 2020, PCSJA20-11521 del 19 de marzo de
2020 , PCSJA20- 11526, PCSJA20-11527 y PCSJA20-11528 del 22 de marzo de
2020, PCSJA20-11529 del 25 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril
de 2020, PCSJA20- 11546 del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 del 7 de
mayo de 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020, PCSJA20-11567 del 5
de junio de 2020 y PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020 del Consejo Superior
de la Judicatura.

42. Después de lo anterior, se observa que el proceso pasó al área de
digitalización y escaneo, por lo que se encontraba en turno y el 11 de octubre de
2021, el proceso fue remitido para tal efecto.

43. Mediante auto del 24 de enero de 2023, se corrió traslado para alegatos de
conclusión y, según informó el Tribunal Administrativo de Arauca, el proceso
ingresó al despacho para fallo y se le asignó turno para diciembre de 2023.

44. De acuerdo con lo expuesto se observa que el Tribunal Administrativo de
Arauca incurrió en una tardanza justificada de proferir fallo de segunda instancia al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que
ingresó al despacho para dictar sentencia el 3 de marzo de 2023, este se
encuentra en trámite desde febrero de 2020.

45. En ese orden, se observa que el término procesal con el que contaba la
autoridad judicial accionada para dictar fallo de segunda instancia ya fue
superado; no obstante, esta Sala encuentra que dicha dilación no es imputable
directamente a la falta de diligencia de la parte demandada, pues está justificada
por la emergencia derivada de la pandemia por Covid-19, la espera en la
asignación de turnos para digitalizar el expediente y la carga laboral que debe
afrontar el Tribunal Administrativo de Arauca. En todo caso, se resalta que ya se
asignó un turno para fallo para finales del año en curso.

46. Por tanto, no es posible predicar la configuración de una vulneración de los
derechos fundamentales del señor Lucena García Bejarano, dado que la tardanza
no es imputable al actuar negligente del juez ni del tribunal. Esto, en la medida en
que el origen de la mora judicial subyace a un problema estructural de la
administración de justicia, como lo es la carga laboral, sumada a la crisis que
ocasionó la pandemia y la digitalización de la justicia.

47. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-453 de 20207 indicó
que “la inobservancia de los términos por parte de los funcionarios judiciales debe
ser analizada en cada caso en concreto”, motivo por el cual “el vencimiento de

7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-453 del 16.10.20., M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

términos legales per se no implica la lesión de derechos fundamentales, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable”. En este sentido, y al no haberse
acreditado un daño inminente, se considera que en el asunto en concreto se
presenta un evento en el que la mora está justificada.

48. Por lo anterior, se negarán las pretensiones del amparo respecto de la mora
judicial endilgada al Tribunal Administrativo de Arauca.

49. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Sala identificó que el accionante en el
escrito inicial cuestionó la declaratoria de la prescripción de los emolumentos
causados antes del 26 de marzo de 2011, se procederá a efectuar el estudio de
procedencia de la acción contra la providencia judicial de la referencia.

2.6 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

50. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
8
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9 y declaró su
procedencia.10

51. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

52. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

53. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

2.7 La presente acción de tutela es improcedente porque no satisface los
presupuestos de inmediatez, ni subsidiariedad, ni relevancia
constitucional

54. De acuerdo con la lectura del escrito inicial, la Sala identificó que algunos
cuestionamientos apuntaban a la declaratoria de prescripción de los valores
adeudados por la variación del IPC en la asignación de retiro del demandante.

55. En efecto, el señor Lucena García Bejarano planteó que “no puede haber
prescripción y se debe ordenar el pago inmediato con un fallo positivo de su
proceso”. A partir de esta afirmación, se estudiará la procedencia del amparo
contra la sentencia del 15 de diciembre de 2018 del Juzgado Primero
Administrativo de Arauca.

56. En ese orden de ideas, atendiendo a los derroteros plasmados en el título
anterior, se observa, en primer lugar, que si la acción promovida por el actor
pretendía cuestionar la decisión que se adoptó, esta no satisface el requisito de la
inmediatez, toda vez que ese fallo se adoptó en audiencia y se corrieron términos
para la apelación entre el 12 de diciembre de 2018 y el 17 de enero de 2019, lapso
dentro del cual la Policía Nacional formuló la alzada.

57. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, incorporada
por el Consejo de Estado, las acciones de tutela contra providencias judiciales
deben instaurarse dentro de un término razonable. Esto está fundamentado en el
principio de seguridad jurídica, puesto que no puede dejarse indefinida la
posibilidad de cuestionar la cosa juzgada de una actuación judicial. En ese
contexto, esta corporación ha establecido que, por regla general, el término para
instaurar el amparo no debe superar los seis meses desde el hecho vulnerador.

58. En el presente caso, la sentencia se profirió en audiencia el 15 de diciembre
de 2018 y, el demandante formuló el amparo el 6 de diciembre de 2022, es decir,
casi cuatro años después, tiempo que excede un plazo razonable.

59. En segundo lugar, se observa que el presente caso tampoco satisfaría el
requisito de la subsidiariedad porque está en trámite el recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo de Arauca, es decir, aun no se han agotado todos los
medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios disponibles.

60. En tercer lugar, la Sala encuentra que la demanda de tutela formulada no
guarda relevancia constitucional, por tres razones: la primera, porque el
accionante no presentó una carga argumentativa mínima que permitiera identificar
en qué está dada la infracción de los derechos fundamentales. De ahí que no
pueda establecerse cómo este mecanismo apuntaría a desarrollar un contenido de
la Constitución.

61. La segunda, porque la cuestión que se reclama es eminentemente

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

patrimonial, dado que los efectos de la declaratoria de prescripción trienal del
reajuste en la asignación de retiro del peticionario son económicos. Esto se
desprende de la lectura de las pretensiones, ya que en estas el señor Lucena
García advierte la necesidad de que se le cancele todo lo que solicitó en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

62. Finalmente, se concluye que la presente acción busca reabrir un debate
procesal que no ha finalizado, por lo que tampoco sería relevante desde la
perspectiva constitucional, al plantear argumentos de carácter legal con el objetivo
de que el juez de tutela supla la actuación del Tribunal Administrativo de Arauca,
lo cual es improcedente.

63. En ese orden de ideas, la presente acción de tutela contra la providencia
judicial del 15 de diciembre de 2018, proferida por el juez Primero Administrativo
de Arauca, es improcedente.

2.8 Conclusiones

64. En conclusión, la Sala de Decisión, en primer lugar, negará el amparo frente
a la mora judicial reprochada a las accionadas, porque esta está justificada y, lo
cierto, es que actualmente el proceso del demandante está en turno para fallo. En
segundo lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela contra la
sentencia del 15 de diciembre de 2018, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela relacionadas con la
mora judicial reclamada por el señor Lucena García Bejarano contra el Juzgado
Primero Administrativo de Arauca y el Tribunal Administrativo de Arauca de
conformidad, con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que ejerció
el señor Lucena García Bejarano contra el Juzgado Primero Administrativo de
Arauca, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de los diez días

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucena García Bejarano
Radicado: 81-001-23-39-000-2022-00121-01
Demandados: Juzgado Primero Administrativo de Arauca y otro

siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.