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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2023-00072-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2023-00072-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 24 de noviembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 81001-23-39-000-2023-00072-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

29 de febrero de 2024

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00072-01
Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 81001-23-39-000-2023-00072-01
Demandante: MANUEL ALEXANDER PÉREZ RUEDA
Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y COMISIÓN
ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Elección de gobernador
departamental que debe ser cuestionada a través del medio de
control de nulidad electoral

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra la sentencia de 24 de noviembre de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Arauca dentro de la acción de tutela, en la que se declaró su
improcedencia por desatender el requisito subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que se presentó como candidato a la Gobernación de Arauca
para el periodo constitucional 2024-2027, por el partido Centro Democrático en las
elecciones que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023. Agregó que en el
escrutinio de mesa y transmisión de los resultados de las elecciones, él fue
elegido ganador con 40.853 votos y, en segundo lugar, se ubicó el señor Renson
Martínez del partido Liberal con “una votación de 40.716, quedando una diferencia
entre los dos de 137 votos”.

Sostuvo que se denunciaron varias irregularidades presentadas durante los
escrutinios ante la Comisión Escrutadora Departamental de Arauca,
principalmente, las acaecidas en el puesto de votación de Puerto Nariño y “la
falsedad de siete (7) formularios E-14, relacionados con los municipios de Arauca, Tame,
Fortul, Saravena y Puerto Rondón donde solo aparecieron votos a favor del candidato del
Partido Liberal, señor RENSON MARTINEZ PRADA, en una cantidad de 434”. Refirió
que las denuncias tuvieron como fundamento: “I) la comisión de actos de violencia
sobre los nominadores, electores o autoridades electorales; (II) la comisión de actos de
violencia o sabotaje contra los sistemas de votación; y (III) a la alteración o manipulación
de los documentos electorales, así como a la suplantación de electores”.

Indicó que presentó solicitud de saneamiento de nulidades electorales, en razón a
que las irregularidades denunciadas son causales de anulación del acto de
elección. No obstante, la Comisión Escrutadora Departamental del Arauca en
audiencia de escrutinios negó tal solicitud.
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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

Afirmó que contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, pero la
mencionada autoridad administrativa no lo concedió bajo el argumento que “NO
procede recurso alguno, al rotularlo como un acto de trámite”, razón por la cual
interpuso recurso de queja.

Por último, manifestó que el 6 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora
Departamental de Arauca declaró como gobernador al señor Renson Martínez
para el periodo constitucional 2024-2027, “aunque no disponía de la competencia para
hacerlo hasta tanto no fuese resuelto el recurso de Apelación por parte del Consejo
Nacional Electoral”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso electoral y a elegir y ser elegido, supuestamente
vulnerados por la Comisión Escrutadora Departamental de Arauca y el Consejo
Nacional Electoral, por no conceder el recurso de apelación contra la decisión que
resolvió de manera negativa la solicitud de saneamiento de nulidad electoral, al no
darle el trámite correspondiente al recurso de queja que interpuso de manera
oportuna y, además, por declarar la elección del gobernador del departamento de
Arauca cuando no tenía competencia para ello, hasta tanto el Consejo Nacional
Electoral no tomara una decisión de fondo respecto del recurso de queja.

Como medida provisional solicitó que se suspendieran los efectos del acto
administrativo E-26 de 6 de noviembre de 2023, por medio del cual la Comisión
Escrutadora Departamental declaró la elección del gobernador del departamento
de Arauca para el periodo constitucional 2024-2027, con base en los siguientes
argumentos:

i). Apariencia de buen derecho: enfatizó que acude a la acción de tutela para
impedir que se configure un daño irremediable, pues no solo se ven afectadas sus
pretensiones políticas de ser gobernador, sino también los derechos de los
sufragantes “quienes han creído en la viabilidad del programa de gobierno presentado al
pueblo araucano”, lo que genera una lesión al interés común de los habitantes del
departamento.

Explicó que la vulneración del derecho al debido proceso tiene graves
implicaciones sobre su derecho fundamental a elegir y ser elegido, pues con la
decisión de la Comisión Escrutadora Departamental de Arauca se están truncando
sus intereses y se desconoce la elección de los electores.

Sostuvo que, en este caso, solicita medidas urgentes que no pueden esperar los
términos prolongados de los medios judiciales ordinarios, en razón a la proximidad
de la posesión de los gobernadores en el país y a la necesidad de que los
resultados electorales reflejen la verdad expresada de los ciudadanos en las
votaciones adelantadas el 29 de octubre de 2023.

ii). Peligro en la mora: precisó que no desconoce que desde la declaratoria de la
nulidad empezó a correr el término de la caducidad del medio de control de
nulidad electoral, por lo que insistió que es necesario que se suspendan los
efectos del acto administrativo objeto de tutela para garantizar una protección
constitucional y “no hacer ilusorio un eventual fallo a favor de mi poderdante”. Agregó
que los términos para resolver la acción de tutela en sus dos instancias y la
eventual revisión lleva un tiempo aproximado de cuatro (4) meses, por lo que de
no accederse a la medida provisional solicitada, tendría que instaurar la demanda
de nulidad electoral con “nefastas repercusiones sobre los derechos sobre los derechos
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fundamentales, objeto de protección; en el entendido que, no quedaría otro remedio, para
el juez Constitucional, que declarar improcedente la Acción de Tutela por carencia actual
de objeto”.

iii). Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien
afecta directamente: adujo que la solicitud de medida provisional no genera un
daño desproporcionado a los candidatos que se presentaron a las elecciones de
gobernación del departamento de Arauca, ni a quien fue declarado electo en el
cargo, mientras no ocurra su posesión.

Por otra parte, hizo referencia a los requisitos de procedencia de la acción de
tutela. En relación con la subsidiariedad expuso que, si bien en el artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, está contemplado el medio de control de nulidad
electoral, el mismo es insuficiente para la defensa de los derechos fundamentales,
por lo que la demanda ordinaria es carente de idoneidad y eficacia.

Explicó que la nulidad electoral no garantiza la protección inmediata de su derecho
fundamental al debido proceso -contradicción- y la garantía de la doble instancia-,
lo que sí ocurre en la acción de tutela.

Agregó que permitir que el procedimiento administrativo electoral continúe con el
trámite de la solicitud de saneamiento electoral y concluya en sus dos instancias
garantiza el derecho de elegir y ser elegido, situación que, a su juicio, no se
presenta en el medio de control de nulidad electoral ya que se debe agotar un
nuevo proceso que es más largo y dispendioso con efectos nocivos que crean
inestabilidad institucional y crisis de gobernabilidad.

Desarrolló el alcance del derecho al debido proceso electoral, para lo cual citó las
sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado con radicados No. 11001-
03-28-000-2014-00117-00, 11001-03-28-000-2018-00106-00, 11001-03-28-
0002018-00081-00. Añadió que en el procedimiento administrativo electoral se
pueden presentar solicitudes de saneamiento de nulidad electoral, en cualquier
etapa antes de la declaratoria de la elección, y las decisiones que se adopten al
respecto son pasibles del recurso de apelación.

Alegó que existe incompetencia manifiesta de la Comisión Escrutadora del
departamento de Arauca al declarar la elección el gobernador de Arauca, sin que
el Consejo Nacional Electoral hubiera resuelto el recurso de apelación o, en su
defecto, el de queja formulado contra la decisión de negar la solicitud de
saneamiento de nulidad electoral presentada.

Señaló que la Comisión Escrutadora Departamental resolvió la solicitud de
saneamiento mediante un auto de trámite, con el propósito de cerrar toda
posibilidad de una segunda instancia, lo que, sostuvo, niega la posibilidad de
interponer recursos pues dicha decisión es susceptible del recurso de apelación el
cual es de competencia exclusiva del superior.

Para terminar, expresó que si bien el Decreto 2241 de 1986 no contempla la
procedencia del recurso de queja para objetar las decisiones que niegan
solicitudes de saneamiento de nulidades electorales, lo cierto es que el artículo 74
de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, el cual es aplicable por remisión, establece que
este recurso procederá cuando se nieguen los mecanismos impugnatorios
procedentes ante el superior del funcionario que dictó la decisión, motivo por el
cual, insistió, la formulación de la queja implicaba que la Comisión Escrutadora
Departamental debía esperar a que el Consejo Nacional Electoral lo resolviera
para poder adoptar alguna determinación respecto al gobernador de Arauca.
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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Fundamentada en lo anterior señor Juez, es por lo que procedo a interponer la
presente ACCIÓN DE TUTELA en contra del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL -
CNE-, La REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y la Comisión
Escrutadora Departamental De Arauca, en aras de que se protejan las garantías
constitucionales a elegir y ser elegido, y al debido proceso de MANUEL ALEXÁNDER
PÉREZ RUEDA, y, por ende, se ORDENE:

2. Que la Comisión Escrutadora Departamental deje sin Efecto jurídico vinculante, la
declaratoria de la elección del Gobernador de Arauca, periodo 2024-2027.

3. Como consecuencia, retrotraiga el proceso administrativo electoral, al momento de la
etapa en el que resolvió las solicitudes de saneamiento de nulidad oportunamente
presentadas y se habilite la etapa procesal correspondiente para que se interponga el
Recurso de Apelación o, en su caso, se le dé trámite al Recurso de Queja; en razón a
que la Comisión Escrutadora Departamental se NEGÓ a recibir el Recurso de
Apelación y, por su parte, por secretaría de dicha comisión se recibió el Recurso de
Queja, pero NO le impartió el trámite de ley correspondiente”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de los siguientes documentos:

• Solicitud de saneamiento de vicios de nulidad presentada ante la Comisión
Escrutadora Departamental de Arauca, el 5 de noviembre de 2023.
• Recurso de apelación interpuesto contra la decisión que negó la solicitud de
saneamiento de nulidad.
• Recurso de queja formulado ante el Consejo Nacional Electoral, el 6 de noviembre
de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 10 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Arauca
admitió la demanda y ordenó notificar a las partes, así como al señor Renson
Jesús Martínez Prada y a la coalición Arauca Mejor (conformada por el Partido
Liberal Colombiano, Partido Verde, Partido de la U, Alianza Social Independiente -
ASI-, y el Partido Conservador Colombiano), como terceros interesados en el
trámite constitucional.

De igual manera, negó la solicitud de medida cautelar tendiente a que se ordenara
a la Procuraduría General de la Nación la suspensión de los efectos del acto
administrativo E-26 de 6 de noviembre de 2023, por no considerarla necesaria ni
urgente para la protección de los derechos fundamentales.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

El abogado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones formuladas por el demandante, por ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

Explicó que en los escrutinios debe imperar el principio de publicidad desde el
momento del escrutinio en la mesa, a cargo de los jurados de votación, hasta el
cierre de la jornada electoral que termina con la declaración de elección por
cuenta de la respectiva Comisión Escrutadora y advirtió que no se configura un
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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

perjuicio irremediable porque la actuación de la Comisión Escrutadora
Departamental de Arauca se encuentra revestida de legalidad y, por ende, las
decisiones desfavorables no pueden entenderse como ilegítimas o ilícitas.

Mencionó que el demandante debe esperar a que la Sala Plena del Consejo
Nacional Electoral resuelva el recurso de queja interpuesto, toda vez que la acción
de tutela no es el mecanismo indicado para pronunciarse sobre aspectos que
únicamente le corresponden al juez natural.

Por último, citó los artículos 70, 80 y 87 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, sin
realizar un pronunciamiento adicional.

6.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La entidad, a través de apoderado judicial, pidió que se negara el amparo de los
derechos fundamentales, al considerar que el procedimiento administrativo se
llevó a cabo en cumplimiento de las normas y con respeto del debido proceso.

Afirmó que carece de competencia para intervenir en las decisiones que los
jurados de votación tomen en el escrutinio de mesa, como las decisiones
adoptadas por las comisiones escrutadas, en tanto son las únicas facultadas para
atender las reclamaciones presentadas por los testigos, candidatos y/o
apoderados y, además, son las que deciden cuáles solicitudes son procedentes.

Por último, expuso que las comisiones escrutadoras son la máxima autoridad en
materia de escrutinios que validan los documentos y declaran las elecciones en
los diferentes comicios en el país, por lo que la acción de tutela no puede ser
utilizada como una jurisdicción paralela que desplaza las instancias de la vía
administrativa o crea una instancia adicional, ni puede desconocer el medio de
control de nulidad electoral que se puede ejercer ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

6.3. Respuesta del Partido Conservador Colombiano (vinculado como
tercero con interés)

La secretaria jurídica aclaró que el partido fue coavalista de la candidatura del
señor Renson Jesús Martínez Prada y que el avalista principal es el partido liberal,
por lo que coadyuvan el escrito presentado por el señor Martínez Prada y se
atienen al resultado del trámite constitucional.

6.4. Respuesta del señor Renson Jesús Martínez Prada (vinculado como
tercero con interés)

Por conducto de apoderado, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela por incumplir con el requisito de subsidiariedad.

Expuso que el actor cuenta con el medio de control de nulidad electoral para
cuestionar la legalidad de las actuaciones previas a la expedición del acto que
declaró la elección del gobernador de departamento de Arauca para el periodo
constitucional 2024-2027.

Sostuvo que el demandante acude a la acción de tutela desconociendo la
naturaleza subsidiaria de la misma, a lo que agregó que no se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que permita la procedencia del amparo
de manera excepcional.
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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

Indicó que en el formulario E-26 GOB se evidencia que el señor Manuel Alexander
Pérez Rueda no obtuvo la mayor votación para ser elegido gobernador de Arauca
y, por el contrario, le fueron computados los votos válidos a su favor pues al
ubicarse en el segundo lugar de los comicios se le reconoció el derecho que le
asiste a ocupar una curul en la Asamblea Departamental de Arauca.

Finalmente, expresó que el demandante no cuestiona los elementos sustanciales
de la decisión de la Comisión Escrutadora Departamental de Arauca sino, por el
contrario, sus reproches están dirigidos a la no concesión del recurso de
apelación, “aspecto que en sí mismo no tiene la virtualidad de viciar los guarismos del
escrutinio en los que se sustentó la declaratoria de la elección que contiene la voluntad de
los electores expresado en las urnas”.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Arauca mediante sentencia de 24 de noviembre de
2023, declaró improcedente el amparo constitucional solicitado porque encontró
incumplido el requisito de subsidiariedad.

Refirió que el medio de control de nulidad electoral es el mecanismo idóneo para
ventilar las pretensiones del actor relativas a que se deje sin efectos la declaratoria
de elección del gobernador de Arauca en el período constitucional 2024-2027 y se
habilite la etapa procesal para interponer recurso de apelación o se dé trámite al
recurso de queja formulado contra la decisión de negar la solicitud de
saneamiento.

Afirmó que el actor desde la presentación de la demanda en el proceso ordinario
puede solicitar la adopción de medidas cautelares con la misma finalidad de las
pretensiones que formuló en sede de tutela, para que el juez natural las conozca y
con garantía en el debido proceso decida sobre estas y resuelva de fondo el
asunto.

Señaló que no puede considerarse procedente la acción constitucional ni siquiera
como mecanismo transitorio, porque se estaría haciendo un uso indebido del
amparo como vía preferente o instancia judicial alterna de protección y, además,
vaciaría de contenido el medio de control de nulidad electoral.

Para terminar, previno al actor indicándole que el medio de control de nulidad
electoral debe promoverse ante el juez natural dentro de los términos previstos en
el artículo 164 numeral 2 literal a) de la Ley 1437 de 2011.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y pidió que se revocara.

Sostuvo que solicita la protección de sus derechos fundamentales a elegir y ser
elegido vulnerados por la Comisión Escrutadora Departamental de Arauca que
negó “recibir el recurso de apelación” interpuesto contra la decisión de negar el
saneamiento de nulidad electoral y, además, tampoco dio trámite al recurso de
queja.

Afirmó que conforme a sentencias de la Corte Constitucional, al juez de tutela le
corresponde hacer un análisis razonado y sustancial de todas las circunstancias
que rodean el caso para identificar si el mecanismo ordinario con el que cuenta el
accionante es idóneo y eficaz. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Arauca6

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no cumplió con esa obligación, pues se limitó a realizar un estudio formal del
requisito de subsidiaridad.

Mencionó que el juez de tutela de primera instancia omitió realizar un análisis
sustancial de los hechos que fundamentan la presente acción, en tanto es el
medio judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales,
objeto que escapa del medio de control de nulidad electoral.

Además, señaló que la medida cautelar que procede en el proceso ordinario es la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, la cual es
insuficiente para el amparo de las garantías iusfundamentales.

Finalmente, insistió que el medio de control de nulidad electoral no garantiza “ la
vigencia inmediata del Derecho Fundamental al Debido Proceso en todo el esplendor que
su núcleo esencial cobija, tales como el derecho de contradicción y la garantía de la doble
instancia”, además, indicó que este proceso es más largo y dispendioso con
“efectos nocivos de crear inestabilidad institucional y crisis de gobernabilidad”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca que declaró la improcedencia de la acción de tutela por desatender el
requisito de subsidiaridad, en tanto, conforme con el planteamiento de la parte
accionante, la solicitud cumple con dicho presupuesto porque el medio de control
de nulidad electoral no es el mecanismo idóneo ni eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, le corresponde a la Sala determinar si
la Comisión Escrutadora Departamental de Arauca vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de elegir y ser elegidos del señor Manuel
Alexander Pérez Rueda, al declarar la elección del gobernador de Arauca por el
periodo constitucional 2024-2027, sin que se haya dado trámite al recurso de
queja impuesto contra la decisión negó la procedencia del recurso de apelación
contra la providencia que negó la solicitud de saneamiento electoral.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
administrativas susceptibles de control en nulidad electoral

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio7

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de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-404 de 20141, reafirmó el deber de los
jueces constitucionales de determinar, en cada caso concreto, la eficacia del
mecanismo de defensa judicial ordinario para la protección de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados a partir de un criterio sustancial y no
formal. Al respecto, expresó:

“En ese sentido, es preciso que los jueces constitucionales estudien las particularidades
propias de cada caso concreto para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo
judicial alterno, más allá de la simple existencia del mismo y sin olvidar que con ello no
puede suplantarse la competencia del juez ordinario. Sobre el particular, se ha dicho lo
siguiente:

‘Sin embargo, y con el primordial objetivo de preservar la eficacia de la acción de tutela
como mecanismo de protección jurídica de los derechos fundamentales, en numerosas
ocasiones y de manera constante se ha manifestado por la jurisprudencia constitucional
que es necesario realizar un análisis sustancial, y no simplemente formal, al evaluar la
existencia de mecanismos ordinarios para la protección del derecho fundamental
vulnerado o amenazado. En este sentido se ha insistido en que dicha evaluación no debe
observar únicamente que el ordenamiento prevea la existencia de recursos o acciones
para la solución por la vía jurídica de determinada situación, sino que en el contexto
concreto dicha solución sea eficaz en la protección del derecho fundamental
2
comprometido ’”.

Ahora bien, la Corte Constitucional también ha considerado que de manera
excepcional la acción de tutela procede como mecanismo principal “(i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando
existiendo ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las
circunstancias del caso concreto” y como mecanismo transitorio cuando se
interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable3

En los casos donde la entidad accionada es una organización electoral o se
buscan proteger derechos relacionados con la participación política, la misma
corporación judicial definió el alcance del concepto de un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos4:

“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:

A). El perjuicio ha de ser inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’.
Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo,
porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse
dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente,
pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado

1
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
2
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
3
Sentencia T-376 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
4
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Reiterada en la Sentencia T-232 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 8

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cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias
que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está
produciendo la inminencia.

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real
Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si
la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda
alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere
a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las
circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud
señalan la oportunidad de la urgencia.

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede
a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos
es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae
sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la
objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de
caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.

D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya
desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas
en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el
equilibrio social.

De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que
hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente
protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del
Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio.

El fundamento de la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia
de un daño o menoscabo graves de un bien que reporta gran interés para la persona y
para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar una
determinada circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la protección del
bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios,
urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una situación
definitiva, sino unas medidas precautelativas”.

En definitiva, en el examen de procedencia de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos en materia electoral, conforme a los parámetros de la Corte
Constitucional, el juez constitucional debe tener en cuenta las circunstancias
particulares y fácticas del caso para, eventualmente, flexibilizar su procedencia
para la protección de derechos fundamentales, tales como, la participación política
y a elegir y ser elegido.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Manuel Alexander Pérez Rueda acudió al mecanismo de protección
constitucional con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso y a elegir y ser elegido, los cuales considera vulnerados por la
Comisión Escrutadora de Arauca, al declarar la elección el gobernador de Arauca,
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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

sin que el Consejo Nacional Electoral hubiera resuelto el recurso de queja o, en su
defecto, el de apelación formulado contra la decisión de negar la solicitud de
saneamiento de nulidad electoral presentada.

Afirmó que la Comisión Escrutadora Departamental resolvió la solicitud de
saneamiento mediante un auto de trámite, con el propósito de cerrar toda
posibilidad de una segunda instancia.

Señaló que acude a la acción de tutela para impedir que se configure un perjuicio
irremediable, que consiste en la afectación de sus pretensiones políticas de ser
gobernador y de los derechos de los sufragantes “quienes han creído en la viabilidad
del programa de gobierno presentado al pueblo araucano”. Agregó que si bien existe el
medio de control de nulidad electoral, el mismo es insuficiente para la defensa de
sus derechos fundamentales por carecer de idoneidad y eficacia ya que es un
proceso más largo y dispendioso.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró
improcedente la acción de tutela, por encontrar incumplido el requisito de
subsidiariedad.

Consideró que el demandante cuenta con el medio de control de nulidad electoral
como un mecanismo judicial idóneo, eficaz, natural y especial para ventilar las
pretensiones relativas a que se deje sin efectos la declaratoria de elección del
gobernador de Arauca en el período constitucional 2024-2027 y se habilite la
etapa procesal para interponer el recurso de apelación o se dé trámite al recurso
de queja formulado contra la decisión de negar la solicitud de saneamiento.

En el escrito de impugnación, el señor Manuel Alexander Pérez Rueda, por
conducto de apoderado judicial, solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, por cuanto, manifestó, en el caso se reúnen las condiciones para la
procedencia excepcional de la solicitud, en tanto el medio de control de nulidad
electoral no es idóneo ni eficaz para la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a elegir y ser elegido.

Aseveró que el a quo no hizo un análisis sustancial de los hechos que
fundamentaron la acción de tutela para abordar el requisito de subsidiaridad, pues
el medio de control de nulidad electoral no garantiza “la vigencia inmediata del
Derecho Fundamental al Debido Proceso en todo el esplendor que su núcleo esencial
cobija, tales como el derecho de contradicción y la garantía de la doble instancia” y,
además, la medida cautelar que procede en dicho medio es la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo, la cual, en su concepto, es
insuficiente para el amparo de sus garantías iusfundamentales.

Agregó que el proceso ordinario es largo y dispendioso “con efectos nocivos de crear
inestabilidad institucional y crisis de gobernabilidad. Efectos que se pretenden evitar, con
la solicitud de saneamiento de nulidad electoral, pues a través de ella, se persigue
conjurar, de manera expedita y en vía administrativa, los vicios de nulidad de que trata el
artículo 275 del CPACA, configurados en el proceso electoral”.

4.2. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia porque la acción de tutela no cumple el requisito de la
subsidiariedad, dado que los reparos formulados por el demandante contra la
Comisión Escrutadora Departamental de Arauca están relacionados con (i) el acto
que declara la elección del gobernador de Arauca por el periodo constitucional
2024-2027, (ii) la procedencia del recurso de apelación contra el auto que negó la
solicitud de saneamiento de nulidad electoral y (iii) el trámite del recurso de queja
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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

que interpuso contra la decisión que declaró la improcedencia de la apelación
presentada, los cuales no son susceptibles de ser analizados en el marco de la
acción de tutela, pues para ello la Constitución Política ha previsto la acción de
nulidad electoral, reglamentada en el artículo 139 de la Ley 1437 de 20115.

En efecto, la Sala evidencia que el demandante contó con la posibilidad de acudir
al medio de control de nulidad electoral, el cual era el mecanismo idóneo y eficaz
para resolver los argumentos expuestos en el escrito de tutela y en la impugnación
relacionados con la declaración de la elección del gobernador de Arauca por el
periodo constitucional 2024-2027, así como lo relativo a las inconformidades
presentadas en el recurso de apelación que formuló contra la decisión de negar la
solicitud de saneamiento de nulidad electoral y el trámite del recurso de queja.

Cabe resaltar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, órgano de cierre en materia electoral, en los términos del
artículo 237 de la Constitución Política, o el medio de control de nulidad electoral
establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, “tiene como
propósito reestablecer el orden jurídico en abstracto y preservar la legalidad –en la
comprensión amplia de este principio, que incluye no solo la legislación sino toda norma
de orden superior–, cuando quiera que haya sido trastocada en actos de elección por voto
popular–e inclusive decisiones que reflejan el resultado en el ejercicio de los mecanismos
6
de participación ciudadana –, llamamiento o nombramiento" .

Es decir, que el medio de control de nulidad electoral es el mecanismo idóneo
para solicitar la anulación de un acto de elección popular cuando se considere que
se infringieron los perceptos normativos para su expedición7.

Así las cosas, en el presente caso la acción de tutela es improcedente teniendo en
cuenta que, si el juez constitucional estudia de fondo los reparos presentados por
el demandante, estaría usurpando funciones propias del juez natural.

Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra actos de
carácter electoral, la Corte Constitucional ha estimado que por regla general “la
acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante la amenaza o
vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se centra en lograr que el
ejercicio de tal derecho no se vea afectado o perturbado, toda vez que el ordenamiento
legal contempla un calendario definido para llevar a cabo dicho proceso. Así, por ejemplo,
el derecho a elegir no podría protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien
que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al derecho a ser elegido,
la protección busca permitir la participación del candidato que cumpla los requisitos
señalados por la ley para postularse y que, en caso de llegar a ser elegido, se le permita
cumplir el periodo para el cual fue elegido, salvo cuando por vía judicial la misma ha sido
8
declarada nula o el mandato sea revocado en los términos de la Constitución (…)” .

De ese modo, aun cuando el accionante sostuvo que de acudir a la administración
de justicia es un proceso más largo y dispendioso “con efectos nocivos que crean
inestabilidad institucional y crisis de gobernabilidad”, lo cierto es que desde la

5
En el mismo sentido se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 6 de octubre de
2022, cuya pretensión era que se dejara sin efecto el Decreto 1190 de 2022, por medio del cual se designó un
gobernador encargado. Exp. 2022-04905-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
6
Sentencia de 19 de febrero de 2021, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente: 11001-03-28-
000-2020-00058-00
7
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. Nº. 08001-23-31-000-2007-00972-01, M.P. Filemón Jiménez
Ochoa.
8
Corte Constitucional, sentencia T-232 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, reiterada en la sentencia
T-572 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 11

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Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

radicación de la demanda pudo solicitar como medida cautelar la suspensión de
los efectos de la decisión cuestionada en sede de tutela.

Además, contrario a lo expuesto por el demandante, respecto a que la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo es insuficiente para la protección
de sus derechos fundamentales, la Sala advierte que conforme con el inciso final
del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, cuando se pida la suspensión provisional
del auto acusado “se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido
por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única
instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación”, es decir, que
contó con la posibilidad de tener un pronunciamiento de manera oportuna con la
opción de interponer recursos en caso de que la decisión no hubiera sido
favorable a sus intereses.

Aun cuando la Sala no desconoce que eventualmente la acción de tutela puede
proceder ante la amenaza de alguna garantía ius fundamental, cuando se utilice
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, lo cierto es que en el
asunto bajo examen no se lograron acreditar los requisitos establecidos por la
jurisprudencia constitucional9 para habilitar la procedencia excepcional de la acción
de tutela dado que no es posible determinar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En realidad, no se justificó ni se probó, siquiera de manera sumaria,
alguna situación que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni
tampoco la existencia de un daño o menoscabo material o moral grave que haga
impostergable el estudio constitucional.

En ese sentido, como lo determinó el juzgador de primera instancia, el
demandante contó con el medio de defensa de nulidad electoral, circunstancia
que torna improcedente la solicitud de amparo, en tanto conforme con la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no puede erigirse como un medio
sustituto de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, aunado
al hecho de que no se demostró un perjuicio irremediable que haga procedente
este mecanismo de manera transitoria.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, habida cuenta de que la misma incumple el
requisito de la subsidiariedad.

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 24 de noviembre de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo de Arauca.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

9
Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de subsidiariedad,
la Corte Constitucional ha establecido que “(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con
que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar
la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea
ineficaz por inoportuna”, Sentencia T-003 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 12

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Radicación: 81001-23-39-000-2023-00072-01
Demandante: Manuel Alexander Pérez Rueda

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

13

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