Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2023-00091-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2023-00091-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 81001-23-39-000-2023-00091-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de abril de 2024
Demandante: Óscar Mauricio León Bermúdez
Demandado: Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2023-00091-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 81001-23-39-000-2023-00091-01
Demandante: ÓSCAR MAURICIO LEÓN BERMÚDEZ
Demandado: JUZGADO 1.° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE ARAUCA
Temas: Tutela contra incidente de desacato – revoca la negativa y en
su lugar ampara defecto procedimental. Procedencia de la
acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de
desacato. Obligatoriedad de vincular a los incidentados y
verificación del cumplimiento total de la orden de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 19 de enero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Arauca negó el amparo constitucional invocado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Óscar Mauricio León Bermúdez, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 28 de noviembre de 2023, a través de la cual el Juzgado 1.°
Administrativo del Circuito Judicial de Arauca resolvió no abrir el incidente de desacato
interpuesto por el actor por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en la
acción de tutela que se identificó con el radicado 81001-33-33-001-2023-00174-00/01.
1 Con escrito presentado el 14 de diciembre de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Demandante: Óscar Mauricio León Bermúdez
Demandado: Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2023-00091-01
En dicho proceso, en lo que interesa al asunto, se amparó el derecho fundamental de
petición del actor, en el sentido de ordenar (i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cúcuta — Arauca, resolver el recurso de reposición presentado
contra la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023, y (ii) a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial resolver el recurso de apelación presentado contra
la Resolución No. 5521 del 09 de agosto de 2019.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERO: Que la Honorable Corporación, tutele de manera excepcional, los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia; por
configurarse el DEFECTO PROCEDIMENTAL.
SEGUNDO: Que en consecuencia de lo anterior; DECLARAR LA NULIDAD de la
providencia fechada el 28 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca; y en consecuencia, se ordene a ese Despacho aperturar el
incidente de desacato, en contra del Director Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta – Norte de Santander, y su superior; presentado mediante escrito del 20 de
noviembre de 2023; en razón a que la accionada “Dirección Seccional de Administración
judicial de Cúcuta – Norte de Santander, no ha resuelto la concesión del recurso de
apelación interpuesto de manera subsidiaria, ante su superior Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
TERCERO: Los demás derechos fundamentales, que su señoría, en su pronta
impartición de justicia, considere necesarias.
1.3. Hechos
El actor sustentó su acción de tutela en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Señaló que desde el 11 de diciembre de 1995, labora en el cargo de secretario en
propiedad en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca.
Explicó que desde hace años padece una serie de quebrantos de salud, razón por la
cual el 8 de marzo de 2023 la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) le emitió un dictamen de pérdida de la capacidad laboral con un
porcentaje de 53.99%.
Resaltó que el 30 de mayo de 2023 la Nueva EPS expidió un concepto de rehabilitación
y pronóstico desfavorable por 26 patologías.
Alegó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta (Norte
de Santander) expidió la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023
mediante la cual resolvió suspenderle el pago mensual de auxilio económico y de
prestaciones sociales a partir del 20 de mayo de 2023, con fundamento en que su
«incapacidad laboral por Enfermedad Común superó los 180 días».
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Afirmó que contra la mencionada resolución interpuso el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación. No obstante, comoquiera que la autoridad omitió
pronunciarse, presentó una acción de tutela que correspondió por reparto al Juzgado
1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca.
Comentó que al proceso se le asignó el radicado 81001-33-33-001-2023-00174-00 y
que, en sentencia de 3 de agosto de 2023, la autoridad judicial accionada resolvió:
PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la
pretensión 5.1 de la presente acción de tutela, por los motivos expuestos en la parte
considerativa.
SEGUNDO: Negar el amparo frente a la pretensión 5.2, por los motivos expuestos en
la parte considerativa.
TERCERO: Tutelar el derecho fundamental de petición respecto a las pretensiones 5.3.
y 5.4., por los motivos expuestos en la parte considerativa.
CUARTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta
— Arauca, resolver el recurso de reposición presentado contra la Resolución No.
DESAJCUR23-2121 del 16/05/2023. Esta orden se radica en cabeza del director de tal
cartera, quien deberá atenderla dentro de los ocho (08) días siguientes a la notificación
de la presente providencia.
QUINTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, resolver el
recurso de apelación presentado contra la Resolución No. 5521 del 09/08/2019. Esta
orden se radica en cabeza del director de tal cartera, quien deberá atenderla dentro de
los ocho (08) días siguientes a la notificación de la presente providencia.
Destacó que esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Arauca en sentencia de 12 de septiembre de 2023, al considerar lo
siguiente:
Ahora bien, visto el contenido de Resolución N.° DESAJCUR23-2121 de 2023 «Por la
cual se ordena la suspensión del Auxilio Económico a un servidor que superó los 180
días de incapacidades por enfermedad común», se encuentra que luego de las
consideraciones que hace la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta y Arauca, dispone «ARTÍCULO 1°: SUSPENDER a partir del día 20/05/2023,
el pago mensual del Auxilio Económico y de las prestaciones sociales, a través del
sistema de Nómina EFINOMINA, concedido a OSCAR MAURICIO LEON BERMUDEZ,
identificado con la C.C. Nº91273112 expedida en Bucaramanga (Santander), quien se
desempeña como SECRETARIO CIRCUITO en Propiedad del JUZGADO 1 PENAL DEL
CIRCUITO DE ARAUCA (Arauca), en razón a que su incapacidad laboral por
Enfermedad Común superó los 180 días, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva
del presente acto administrativo»; con lo que materialmente se constituye en un acto
adminsitrativo particular y definitivo que manifiesta la voluntad de la administración, que
busca producir efectos jurídicos pues modifica una determinada situación jurídica frente
al administrado.
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De lo que resulta que ese acto administrativo Resolución N.° DESAJCUR23-2121 de
2023 es susceptible de los recursos previsto en el artículo 74 del CPACA. Corolario de
lo expuesto, no prospera el cargo contra el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de tutela de primera instancia2.
Expuso que solicitó la apertura de un primer incidente de desacato, comoquiera
trascurrido el término otorgado en el fallo de tutela «la accionada aún no ha resuelto el
recurso de Reposición».
Manifestó que con auto de 7 de septiembre de 2023 el juzgado accionado resolvió no
sancionar al director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Cúcuta (Norte
de Santander), señor Sergio Alberto Mora López, teniendo en cuenta que a través de
la Resolución DESAJCUR23- 2567 de 22 de agosto de 2023 resolvió el recurso de
reposición.
Puso de presente que radicó una nueva solicitud de apertura del incidente de desacato
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca y
su superior, en los siguientes términos:
Ruego a su señoría, que le dé tramite al presente incidente; se le requiera a la accionada
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca; para que se
pronuncie respecto a la concesión del recurso de apelación; y se vincule a su superior,
de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 52 del decreto 2591; en caso de
mantenerse en incumplimiento; solicito de manera respetuosa, que imponga las
sanciones de Ley. (Se resalta)
Sin embargo, a través de proveído de 28 de noviembre de 2023 el Juzgado 1.°
Administrativo del Circuito Judicial de Arauca resolvió no abrir el incidente de desacato
solicitado. Lo anterior, al considerar lo que se transcribe a continuación:
2.2. Descendiendo al caso, se recibe nuevamente escrito incidental por el actor, pero
esta vez, pretendiendo que la administración se pronuncie sobre la concesión del
recurso de apelación que en subsidio fue presentado.
El recurso de reposición en subsidio de apelación presentado por el accionante fue
dirigido contra la Resolución No. DESAJCUR23-2121 de 2023, decisión que muy a
pesar de indicar «la no procedencia de recursos» sí era susceptible de ser recurrido
¿Cuál era la razón y cuál era el recurso procedente? El despacho consideró que por
ser un acto administrativo particular y concreto, era, por lo menos, pasible del recurso
de reposición, ya que era una decisión definitiva en que se negaba el reconocimiento
de un derecho. Por esa razón, y al considerarse que la configuración del silencio
administrativo no exime de responsabilidad a la Entidad para decidir la reposición, el
despacho tuteló el derecho al accionante, a fin de que fuera la propia administración
la que estudiara el recurso presentado. Bajo una misma línea, el Tribunal
Administrativo de Arauca al conocer la impugnación formulada por la DESAJ,
identificó que esa Resolución No. DESAJCUR23-2121 constituía «un acto
administrativo particular y definitivo que manifiesta la voluntad de la administración,
que busca producir efectos jurídicos pues modifica una determinada situación jurídica
2
Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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frente al administrado. De lo que resulta que ese acto administrativo Resolución N.º
DESAJCUR23-2121 de 2023 es susceptible de los recursos previsto en el artículo 74
del CPACA» (pág. 13, TAA).
En vista de ello, la DESAJ resolvió el recurso de reposición, notificando al recurrente
de la advertencia de que no procedía algún otro recurso, es decir, declarando la
terminación de la actuación administrativa.
Entonces, si el único recurso procedente es la reposición, y en efecto ya se resolvió,
no hay mérito para que por esta vía se busque un pronunciamiento adicional de la
DESAJ. Durante este trámite, al juez le compete determinar si la orden de tutela fue
cumplida ¿Cuál? Para el caso de la DESAJ, la de desatar las inconformidades
elevadas por el hoy incidentalista en su reposición, no otra.
Recalcó que le solicitó al Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
que reconsiderara la decisión adoptada en el auto de 28 de noviembre de 2023 y diera
apertura al incidente de desacato pretendido contra la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) y su superior jerárquico,
comoquiera que no se han pronunciado sobre la concesión del recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023.
Indicó que en la providencia de 13 de diciembre de 2023, la autoridad judicial
accionada rechazó por ser improcedente el recurso de reposición presentado contra
el auto de 28 de noviembre de 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales, al proferir la decisión de 28 de noviembre de 2023, pues incurrió en un
defecto procedimental absoluto.
En primer lugar, informó que a la fecha se encuentra suspendido de la nómina laboral,
por lo que no está percibiendo ningún ingreso, salario ni auxilio por enfermedad desde
la incapacidad que inició el 20 de mayo de 2023. Además, destacó que su empleador
ha desplegado otras conductas por las cuales se siente perseguido y acosado, razón
por la cual el 6 de diciembre de 2023, radicó una denuncia ante el Comité de
Conciliación Laboral de la Administración Judicial.
Cuestionó que en la providencia reprochada no se hizo una valoración probatoria en
conjunto, teniendo en cuenta que presentó un escrito a través del cual interpuso un
recurso de apelación y a la fecha no se ha decidido sobre su concesión, situación
que no fue analizada por la autoridad judicial accionada.
Reprochó que no es cierto, como lo afirma el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito
Judicial de Arauca, que la orden de tutela ya se cumplió, puesto que se encuentra
pendiente que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta (Norte de
Santander) se pronuncie sobre la concesión del recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023.
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De igual forma, puso de presente que lo que discute no es lo relacionado con lo que
se resolvió en el recurso de reposición, sino únicamente lo relacionado con la
concesión de este último.
Alegó que la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023 no puede quedar
ejecutoriada hasta que no se resuelva la apelación que se radicó en su contra, recurso
que, según lo establecido por el Tribunal Administrativo de Arauca en el fallo de tutela
de 12 de septiembre de 2023, es procedente.
En ese punto, citó lo siguiente:
De lo que resulta que ese acto administrativo Resolución N.° DESAJCUR23-2121 de
2023 es susceptible de los recursos previsto en el artículo 74 del CPACA. Corolario de
lo expuesto, no prospera el cargo contra el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de tutela de primera instancia.
Así mismo, cuestionó que no está de acuerdo con que se señalara que contra ese acto
administrativo no procede el recurso de apelación, pues la norma no lo prohíbe y que
la afirmación realizada en la Resolución DESAJCUR23- 2567 de 22 de agosto de 2023
según la cual «[c]ontra esta decisión no procede recurso alguno» aplica respecto de
ese acto administrativo y no de la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de
2023.
Enunció que la autoridad judicial enjuiciada no explicó cuál es el mecanismo mediante
el cual se puede lograr la concesión del recurso de apelación, simplemente refirió que
contra lo decidido en la reposición no procedía ningún recurso, aspecto que sea de
paso aclarar no es objeto de discusión en la medida que, en efecto, no procede recurso
de reposición contra el auto que decide reposición pero diferente es la procedencia del
de apelación respecto del primigenio.
Sobre el defecto procedimental explicó que este se configuró con la decisión de no
dar trámite al incidente de desacato y ante la omisión de valorar en conjunto las
pruebas allegadas al plenario que daban cuenta que la entidad accionada no se ha
pronunciado sobre la concesión del recurso de apelación.
Además, indicó que esta omisión vulnera no solo su derecho al debido proceso, sino
también el de acceso a la administración de justicia, puesto que ante la falta de firmeza
de la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023 no puede acudir a la vía
judicial para demandar dicho acto. Al respecto, hizo hincapié en que sobre el mismo sí
procede el de apelación.
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Por otro lado, citó el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Arauca, dentro
de la acción de tutela 81001-31-18-001-2020-00062-01, en la que al parecer se le
ampararon sus derechos fundamentales contra el Juzgado Segundo Penal Municipal
con Funciones Mixtas de Control de Garantías de Adolescentes, ante un defecto
procedimental en el que incurrió la citada autoridad por no conceder un recurso de
reposición en el trámite de un incidente y por obviar «la valoración probatoria propia
de los incidentes e incurrió en un defecto procedimental absoluto, ante la falta de
verificación del cumplimiento de la sentencia».
Lo anterior, con el fin de reprochar la decisión de 13 de diciembre de 2023, por medio
de la cual se rechazó por ser improcedente el recurso de reposición presentado contra
el auto de 28 de noviembre de 2023.
Por último, consideró que en este caso la acción de tutela contra providencia judicial,
particularmente contra decisiones que resuelven incidentes de desacato, se torna
procedente, tal como lo indica la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 18 de diciembre de 2023, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo de Arauca admitió la acción de tutela, dispuso tener como autoridad
judicial accionada al Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca y
vinculó en calidad de accionada a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Norte de Santander y Arauca3.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el siguiente
informe:
1.6.1. Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
El titular del despacho solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela
o que se nieguen las pretensiones del accionante, en tanto que no se acreditó una
vulneración a sus derechos fundamentales.
Al respecto, informó que ese despacho en la sentencia de 3 de agosto de 2023,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Arauca el 12 de septiembre de ese año,
ordenó lo siguiente:
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Notificado el 18 de diciembre de 2023, a la dirección electrónica
dsajcucnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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«CUARTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta — Arauca, resolver el recurso de reposición presentado contra la Resolución
No. DESAJCUR23- 2121 del 16/05/2023. Esta orden se radica en cabeza del director
de tal cartera, quien deberá atenderla dentro de los ocho (08) días siguientes a la
notificación de la presente providencia».
Explicó que el actor promovió un primer incidente de desacato con el que alegó que la
entidad accionada no había cumplido el fallo de tutela. No obstante, comoquiera que
se allegó la Resolución DESAJCUR23-2567 del 22 de agosto de 2023, que resolvió
no reponer la decisión recurrida por el actor, mediante auto de 7 de septiembre de
2023, el despacho decidió no sancionar al incidentado «en tanto la orden desde el
punto de vista objetivo había sido cumplida».
Informó que el 20 de noviembre de 2023 el actor presentó un nuevo incidente al señalar
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Arauca (Norte de
Santander) guardó silencio respecto del recurso de apelación presentado. Sin
embargo, por auto de 28 de noviembre de 2023 el despacho resolvió no abrir el
incidente al encontrar que en el fallo de tutela se ordenó resolver el recurso de
reposición, lo cual fue realizado cuando se expidió la Resolución DESAJCUR23-2567
del 22 de agosto de 2023.
Finalmente, destacó:
2.5. Surtida esta última decisión, el accionante decidió interponer un recurso de
reposición, siendo este improcedente a la luz del Decreto 2591 de 1991, disposición que
sólo previó la revisión automática en grado de consulta, más no bajo el mecanismo de los
recursos ordinarios que son propios de las codificaciones procesales ordinarias (ver
sentencia Corte Constitucional C-243/1996 — referida en la Pág. 1-2, índice 14,
expediente incidental #2).
Sobre el particular, consideró que la labor del juez constitucional en el trámite de un
incidente de desacato se limita a verificar y hacer cumplir lo ordenado en el fallo de
tutela, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que en el caso
concreto quedó limitado a que se resolviera el recurso de reposición.
En ese sentido, manifestó que no se vulneraron los derechos del actor, dado que al
encontrarse que ya se había resuelto el recurso por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Arauca (Norte de Santander) no había mérito
para sancionar ni continuar con el incidente de desacato.
1.7. Sentencia de primera instancia4
Con fallo de 19 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Arauca negó el amparo
constitucional invocado por el señor Óscar Mauricio León Bermúdez.
4 Notificada vía electrónica el 23 de enero de 2024.
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En primer lugar, encontró superados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, motivo por el que pasó a estudiar el defecto
procedimental alegado por el actor.
Al respecto, consideró que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto
invocado, comoquiera que tuvo en consideración que la entidad accionada resolvió el
recurso de reposición presentado contra la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de
mayo de 2023, conforme se le ordenó en el fallo de tutela.
De otro lado, explicó que la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en relación con la procedencia de los recursos ordinarios frente a las
decisiones adoptadas en el trámite incidental de desacato de tutela, respecto de los
cuales ha establecido que estos son improcedentes y, bajo esa consideración, indicó
que, en efecto, contra el auto de 28 de noviembre de 2023 que negó la apertura del
incidente de desacato no procede ningún recurso.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 26 de enero de 2024, el señor Óscar Mauricio León Bermúdez
solicitó que se revoque el fallo de tutela de primera instancia para que, en su lugar, se
amparen sus derechos fundamentales y se ordene:
[…] al Juzgado accionado, para que [dé] apertura el incidente de desacato en contra del
director Seccional de administración de Justicia de Cúcuta – Norte de Santander,
y su superior Director Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en los Artículos
27 y 52 del decreto 2591; para que resuelvan lo concerniente a la concesión del recurso
de apelación interpuesto de manera oportuna en contra de la RESOLUCIÓN No.
DESAJCUR23-2121 DE 16/05/2023, emitida por la dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta – Norte de Santander.
Insistió en que no es cierto que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) haya cumplido en su totalidad la orden de
amparo como erradamente lo asegura el juzgado accionado, puesto que a la fecha no
ha desistido de los recursos y «tampoco ha sido resuelt[a] la apelación; o al menos su
concesión ante el superior».
Informó que la autoridad judicial accionada no analizó el escrito mediante el cual
presentó los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ni la Resolución
DESAJCUR23-2567 del 22 de agosto de 2023, en la que nada se dijo sobre este último
recurso ni siquiera si es procedente o no. Particularmente, destacó:
En ningún momento, le he pedido al empleador “Dirección Seccional”, que me resuelva
el recurso de apelación, que de manera subsidiaria interpuse; solo que se pronuncie en
resolución respecto de la concesión. Considero la necesidad, de que, el director
Seccional resuelva la concesión del recurso. Porque habiéndose interpuesto
oportunamente, debe resolverse.
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Demandante: Óscar Mauricio León Bermúdez
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Alegó que en el incidente de desacato, la autoridad judicial resolvió no abrir dicho
trámite al señalar que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta (Norte de Santander) resolvió el recurso de reposición y notificó que no
procedía ningún otro recurso.
Sin embargo, estableció que tal afirmación es parcialmente cierta, puesto que, si bien
en la Resolución DESAJCUR23-2567 del 22 de agosto de 2023 se indicó que «contra
esta decisión no procede recurso alguno», lo cierto es que esto aplica respecto de
ese acto administrativo de 22 de agosto de 2023 y no de la Resolución
DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023, que es sobre la cual se reprocha la falta
de resolución del recurso de apelación y la omisión del pronunciamiento sobre su
concesión.
Es decir que, a su juicio, para un cumplimiento total de la orden de tutela, era
obligatorio que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
(Norte de Santander) analizara aspectos procesales como la oportunidad y el plazo
para concederlo o no la apelación y de esa manera se pueda remitir al superior
(Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) y esta decida sobre el fondo.
Explicó que en la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023 se está
resolviendo sobre un asunto laboral de un servidor judicial vinculado en carrera, lo que
implica que tiene derecho a los recursos de ley, entre ellos, el que corresponde al
control por parte del superior jerárquico.
Puso de presente que el juzgado accionado no valoró en su integridad la
documentación arribada al expediente que daba cuenta del incumplimiento del fallo de
tutela, particularmente, el escrito con el que interpuso los recursos de ley contra la
Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023, la cual debió ser tenida en
cuenta para efectos de comprobar que falta lo atinente a la concesión y resolución de
la apelación.
De otra parte, adujo que existe una contrariedad entre la jurisdicción contenciosa y la
ordinaria, toda vez que en un caso con similares supuestos fácticos, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Arauca sí le amparó sus derechos al determinar que la
«interposición del recurso de reposición en contra de la providencia que ordena el
archivo del incidente, si es procedente».
1.9. Trámite en segunda instancia
1.9.1. Mediante auto de 21 de marzo de 2024, el magistrado sustanciador de esta
providencia ordenó a la Secretaría General de la corporación que pusiera en
conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 la nulidad saneable
que se presentaba en el proceso de la referencia.
5 Notificada mediante correo enviado el 2 de abril de 2024, a la dirección electrónica
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Radicado: 81001-23-39-000-2023-00091-01
Lo anterior, comoquiera que esta autoridad (i) integró el extremo demandado en el
expediente de tutela 81001-33-33-001-2023-00174-00, y (ii) se le impusó una orden
judicial en la mencionada causa. Así, le otorgó el plazo de tres (3) días siguientes a su
notificación para que: (a) la alegaran si a bien lo tenían; (b) se pronunciaran sobre la
solicitud de amparo sin invocar la nulidad; o, (c) guardaran silencio. Sin embargo, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio, por lo cual se entiende
saneada la nulidad.
1.9.2. Por su parte, el accionante allegó un memorial a través del cual puso de presente
lo siguiente:
Su señoría, considero muy necesaria la vinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Tratándose, de una acción de tutela por el DEBIDO PROCESO;
en la cual la dirección Seccional de Cúcuta – Norte de Santander, emite un acto
administrativo de carácter personal /particular; decidiendo una situación laboral
administrativa de un empleado; lo que significa que en esa actuación está en posición
de empleador (RESOLUCIÓN No. DESAJCUR23-2121 DE 16/05/2023 – suspensión al
sistema de nómina).
Por lo tanto, con respecto, considero que tengo derecho, que las actuaciones de la
Dirección Seccional de Cúcuta – Norte de Santander, en las que deciden una situación
laboral del suscrito, deben ser conocidas por su superior “Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial”. La misma connotación tienen las resoluciones donde se
liquidan las cesantías, las cuales son objeto de los recursos ordinarios, tal y como lo
manifesté en la presente acción de tutela.
Luego, al asistirle el deber legal a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
resolver de fondo en segunda instancia las resoluciones emitidas por sus direcciones
seccionales, con mayor razón debe ser vinculada. Además, de conformidad con lo
establecido en el articulo 27 del Decreto 2591, tal como lo solicité al Juez accionado,
por mandato legal, se debe vincular al superior jerárquico de la Dirección Seccional de
Cúcuta – Norte de Santander.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de
tutela de 19 de enero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca, de
conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 19 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca,
a través de la cual se negó el amparo solicitado por la parte actora.
11
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Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela de la referencia y de encontrarse superados, y (iv) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato10
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03- 15-
000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12
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La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente
manera:
[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]11.
Ahora bien, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un trámite
incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»12 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.
La mencionada Corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:
[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes
con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda
hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada
como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del interesado […]13.
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato debe establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo que fue
proferida,
11 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
12 Sentencia T-763 de 1998.
13 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
13
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ii) si respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se pueda
reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido
de aquella.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a
la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, ante la posible configuración de un defecto procedimental.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad
judicial incurrió en el defecto procedimental, por lo que se evidencia que trasciende un
estudio de lo meramente legal.
De igual manera, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas establecidas
por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
En este caso, como quedó establecido se involucra un debate jurídico que gira en torno
al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del actor y no se refiere a un asunto meramente
legal y/o económico; pues aun cuando se trata de una providencia en la que se resolvió
no abrir un incidente de desacato, lo cierto es que se está invocando el
desconocimiento del procedimiento establecido para el trámite incidental, lo que
conllevó a la omisión de verificar el verdadero y total cumplimiento de un fallo de tutela.
Nótese igualmente que frente al auto que decidió no aperturar el incidente de desacato
no procede los recursos ordinarios, pese a que incluso el tutelante lo impetró. Se
recuerda que la reposición le fue rechazada por improcedente, luego entonces de
considerarse que se incurrió en alguna irregularidad violatoria de garantías
fundamentales no le queda al accionante otra vía que la acción de tutela.
14
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Radicado: 81001-23-39-000-2023-00091-01
En resumen, el asunto reviste relevancia constitucional porque se alega una
irregularidad procesal que pese a haber sido expuesta en el trámite incidental no fue
atendida por la autoridad judicial accionada y ese defecto procesal impacta de manera
directa en el goce de gatrantías constitucionales.
Para el caso concreto, por un lado, se alega la omisión de analizar la concesión del
recurso de apelación, situación que impide tener acceso a una segunda instancia en
sede administrativa y, eventualmente, la presentación de una demanda ante la
incertidumbre sobre la ejecutoriedad del respectivo acto administrativo.
De otra parte, se reprocha el hecho de que las órdenes judiciales pese a involucrar a
dos autoridades, esto es, al director ejecutivo seccional de Administración Judicial de
Cúcuta — Arauca y al director ejecutivo de Administración Judicial, el Juzgado 1.°
Administrativo del Circuito Judicial de Arauca únicamente requirió y se pronunció
respecto del primero.
2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia
judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del incidente de
desacato identificado con el radicado 81001-33-33-001-2023-00174-01, que se
promovió con el propósito de que el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de
Arauca exigiera el cumplimiento total de lo ordenado por él en la sentencia de 3 de
agosto de 2023, confirmada por el Tribunal Administrativo Arauca en providencia de
12 de septiembre de 2023.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia que
cuestiona el accionante fue dictada el 28 de noviembre de 2023 por el Juzgado 1.°
Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 14 de diciembre de 2023, de manera que, sin necesidad de establecer la
fecha de ejecutoria, se observa que su interposición se hizo en un término que a juicio
de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6) meses de la
providencia de segunda instancia.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
15
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los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.
2.5.4. En lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos judiciales, esta
Colegiatura encuentra que, en el caso concreto, la providencia controvertida
corresponde al auto de 28 de noviembre de 2023, dictado en el marco del incidente de
desacato 81001-33-33-001-2023-00174-01, razón por la cual contra las providencias
controvertidas no procede recurso alguno conforme con lo dispuesto en Decreto 2591
de 1991 y el Decreto 2067 del mismo año y tampoco los recursos ordinarios ni
extraordinarios16.
Al respecto, cabe precisar que únicamente se consagró como recurso admisible en el
trámite de la acción constitucional, la impugnación del fallo de primera instancia, la cual
está regulada en el artículo 31 del mencionado Decreto 2591 de 1991, así como el
grado jurisdiccional de consulta, para los autos dictados en un incidente de desacato
mediante los cuales se imponga una sanción, consagrado en el artículo 52 ejusdem.
Por otra parte, se estableció un sistema de revisión de los fallos de tutela, el cual es
realizado por la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 33 del referido
decreto17.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.
2.6. Generalidades del defecto procedimental absoluto
La Corte Constitucional18 precisó que se incurre defecto procedimental cuando la
autoridad judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente
para el trámite de un asunto específico, y establece las siguientes posibilidades para
la configuración del cargo en mención: i) el juez se ciñe a un trámite completamente
ajeno al pertinente, esto es, desvía el cauce del asunto; ii) omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido legalmente, con lo cual afecta el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso, y (iii) pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, con lo que se vulnera el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los
hechos de la demanda o su contestación.
16 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 18 de julio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
17 Ver postura de la Sala en la providencia de 22 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15- 000-
2020-03180-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia del 09.09.13., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
16
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Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto, la
jurisprudencia constitucional19 ha precisado que deberán concurrir los siguientes
elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía,
de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los
derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico, y (iv) que como consecuencia de lo anterior se
presente una vulneración a los derechos fundamentales.
2.7. Caso concreto
2.7.1. Como se ha mencionado, el señor Óscar Mauricio León Bermúdez consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia por parte del Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial
de Arauca que mediante auto de 28 de noviembre de 2023 resolvió no abrir el incidente
de desacato interpuesto por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en
la acción de tutela 81001-33-33-001-2023-00174-00/01.
En sentencia de 19 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Arauca negó el
amparo constitucional invocado por el señor Óscar Mauricio León Bermúdez, al
considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto invocado,
comoquiera que tuvo en consideración que la entidad accionada resolvió el recurso de
reposición presentado contra la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de
2023, conforme se le ordenó en el fallo de tutela.
Inconforme con esta decisión el tutelante la impugnó y solicitó que se revoque para
que, en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales y se ordene la apertura del
incidente de desacato con el fin de que se resuelva lo relacionado con la concesión
del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16
de mayo de 2023.
Lo anterior, al destacar que no es cierto que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) haya cumplido con la orden
de tutela como lo asegura el juzgado accionado, pues a la fecha él no ha desistido de
los recursos y tampoco se ha resuelto la apelación o por lo menos ha sido concedida.
2.7.2. Revisadas las pruebas allegadas al plenario, la Sala observa que, en sentencia
de 3 de agosto de 2023, el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
resolvió lo siguiente:
19
Ibidem.
17
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PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la
pretensión 5.1 de la presente acción de tutela, por los motivos expuestos en la parte
considerativa.
SEGUNDO: Negar el amparo frente a la pretensión 5.2, por los motivos expuestos en
la parte considerativa.
TERCERO: Tutelar el derecho fundamental de petición respecto a las pretensiones 5.3.
y 5.4., por los motivos expuestos en la parte considerativa.
CUARTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta
— Arauca, resolver el recurso de reposición presentado contra la Resolución No.
DESAJCUR23-2121 del 16/05/2023. Esta orden se radica en cabeza del director de tal
cartera, quien deberá atenderla dentro de los ocho (08) días siguientes a la notificación
de la presente providencia.
QUINTO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, resolver el
recurso de apelación presentado contra la Resolución No. 5521 del 09/08/2019. Esta
orden se radica en cabeza del director de tal cartera, quien deberá atenderla dentro de
los ocho (08) días siguientes a la notificación de la presente providencia.
Esta decisión fue impugnada por las partes. Particularmente, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca alegó que contra la Resolución
DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023 no procedía ningún recurso por ser un
acto de mero trámite.
No obstante, esta providencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Arauca en sentencia de 12 de septiembre de 2023, al considerar que
la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023 es susceptible de los
recursos previstos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo:
Ahora bien, visto el contenido de Resolución N.° DESAJCUR23-2121 de 2023 «Por la
cual se ordena la suspensión del Auxilio Económico a un servidor que superó los 180
días de incapacidades por enfermedad común», se encuentra que luego de las
consideraciones que hace la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta y Arauca, dispone «ARTÍCULO 1°: SUSPENDER a partir del día 20/05/2023,
el pago mensual del Auxilio Económico y de las prestaciones sociales, a través del
sistema de Nómina EFINOMINA, concedido a OSCAR MAURICIO LEON BERMUDEZ,
identificado con la C.C.Nº91273112 expedida en Bucaramanga (Santander), quien se
desempeña como SECRETARIO CIRCUITO en Propiedad del JUZGADO 1 PENAL DEL
CIRCUITO DE ARAUCA (Arauca), en razón a que su incapacidad laboral por
Enfermedad Común superó los 180 días, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva
del presente acto administrativo»; con lo que materialmente se constituye en un acto
adminsitrativo particular y definitivo que manifiesta la voluntad de la administración, que
busca producir efectos jurídicos pues modifica una determinada situación jurídica frente
al administrado.
De lo que resulta que ese acto administrativo Resolución N.° DESAJCUR23-2121 de
2023 es susceptible de los recursos previsto en el artículo 74 del CPACA. Corolario de
lo expuesto, no prospera el cargo contra el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de tutela de primera instancia.
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Luego, se tiene que el actor solicitó la apertura de un primer incidente de desacato,
puesto que trascurrido el término otorgado en el fallo de tutela «la accionada aún no
ha resuelto el recurso de Reposición».
No obstante, en auto de 7 de septiembre de 2023 el juzgado accionado resolvió no
sancionar al director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Cúcuta (Norte
de Santander), señor Sergio Alberto Mora López, teniendo en cuenta que a través de
la Resolución DESAJCUR23- 2567 de 22 de agosto de 2023 resolvió el recurso de
reposición.
Posteriormente, se encuentra que el 20 de noviembre de 2023, el tutelante presentó
una segunda solicitud con el fin de que se abriera el incidente de desacato contra la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca y su
superior, en los siguientes términos:
Ruego a su señoría, que le dé tramite al presente incidente; se le requiera a la accionada
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca; para que se
pronuncie respecto a la concesión del recurso de apelación; y se vincule a su superior,
de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 52 del decreto 2591; en caso de
mantenerse en incumplimiento; solicito de manera respetuosa, que imponga las
sanciones de Ley. (Se resalta)
En consecuencia, en la misma fecha el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial
de Arauca profirió un auto previo a la apertura del incidente, a través del cual requirió
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca para
que allegara un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de 3 de agosto de 2023.
Ante el requerimiento realizado, la autoridad solicitó que se declarara la carencia actual
de objeto por hecho superado, al indicar que el ordinal cuarto de la sentencia de tutela
fue atendido mediante la Resolución DESAJCUR23-2567 del 22 de agosto de 2023,
en la que además quedó plasmada «la negación taxativa “contra esta decisión no
procede recurso alguno”».
A continuación, la autoridad judicial accionada expidió el auto de 28 de noviembre de
2023, en el cual resolvió no abrir el incidente de desacato, al poner de presente que la
decisión que se estaba revisando era la impartida a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Cúcuta — Arauca que correspondía a la resolución del
recurso de reposición, el cual ya había sido respondido a través de la Resolución
DESAJCUR23-2567 del 22 de agosto de 2023:
El recurso de reposición en subsidio de apelación presentado por el accionante fue
dirigido contra la Resolución No. DESAJCUR23-2121 de 2023, decisión que muy a
pesar de indicar «la no procedencia de recursos» sí era susceptible de ser recurrido
¿Cuál era la razón y cuál era el recurso procedente? El despacho consideró que por ser
un acto administrativo particular y concreto, era, por lo menos, pasible del recurso de
reposición, ya que era una decisión definitiva en que se negaba el reconocimiento de un
derecho. Por esa razón, y al considerarse que la configuración del silencio administrativo
no exime de responsabilidad a la Entidad para decidir la reposición, el despacho tuteló
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el derecho al accionante, a fin de que fuera la propia administración la que estudiara el
recurso presentado. Bajo una misma línea, el Tribunal Administrativo de Arauca al
conocer la impugnación formulada por la DESAJ, identificó que esa Resolución No.
DESAJCUR23-2121 constituía «un acto administrativo particular y definitivo que
manifiesta la voluntad de la administración, que busca producir efectos jurídicos pues
modifica una determinada situación jurídica frente al administrado. De lo que resulta que
ese acto administrativo Resolución N.º DESAJCUR23-2121 de 2023 es susceptible de
los recursos previsto en el artículo 74 del CPACA» (pág. 13, TAA).
En vista de ello, la DESAJ resolvió el recurso de reposición, notificando al recurrente de
la advertencia de que no procedía algún otro recurso, es decir, declarando la terminación
de la actuación administrativa.
Entonces, si el único recurso procedente es la reposición, y en efecto ya se resolvió, no
hay mérito para que por esta vía se busque un pronunciamiento adicional de la DESAJ.
Durante este trámite, al juez le compete determinar si la orden de tutela fue cumplida
¿Cuál? Para el caso de la DESAJ, la de desatar las inconformidades elevadas por el
hoy incidentalista en su reposición, no otra.
Finalmente, se observa que el tutelante solicitó al Juzgado 1.° Administrativo del
Circuito Judicial de Arauca que reconsiderara la decisión adoptada en el auto de 28 de
noviembre de 2023 y diera apertura al incidente de desacato pretendido contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) y su
superior jerárquico, así:
PRIMERA: Ruego a su señoría, reconsidere su decisión y en consecuencia reponga lo
resuelto en su providencia del 28 de noviembre de 2023, y en su defecto, se de apertura
el incidente de desacato, en contra de la Dirección Seccional, y su superior, Dirección
Ejecutiva; ya que esta última, es la que deberá resolver el recurso de apelación
interpuesto de manera subsidiaria, dentro del término de ley; o al menos, para que la
Dirección Seccional, se pronuncie sobre la concesión o no. (Se resalta)
Sin embargo, esta solicitud fue despachada desfavorablemente en providencia de 13
de diciembre de 2023, en la que la autoridad judicial accionada rechazó por ser
improcedente el recurso de reposición presentado contra el auto de 28 de noviembre
de 2023.
2.7.3. Ahora bien, realizado el anterior recuento fáctico, la sala anticipa que revocará
la sentencia de primer grado y, en su lugar, amparará el derecho fundamental al debido
proceso del actor, comoquiera que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
procedimental absoluto invocado.
Al respecto, se advierte que en las sentencias de 3 de agosto y 12 de septiembre de
2023, el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca y el Tribunal
Administrativo de Arauca le ordenaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cúcuta — Arauca y a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial que resolvieran los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor
contra las Resoluciones DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023 y 5521 del 09
de agosto de 2019, respectivamente.
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No obstante, pese a que en el escrito incidental de 20 de noviembre de 2023, el señor
Óscar Mauricio León Bermúdez solicitó la apertura del incidente de desacato contra la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta — Arauca y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante los autos de 20 y 28 de
noviembre de 2023, el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
únicamente requirió y se pronunció respecto de la primera entidad, pero omitió vincular
a la segunda, aun cuando, se reitera, el tutelante también reprochó la omisión de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Recuérdese que, sobre la naturaleza jurídica del incidente de desacato, la Corte
Constitucional ha señalado que:
El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a petición de
la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público20, el cual tiene
como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias,
sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las
cuales se protejan derechos fundamentales. […]
De acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido entendido
como un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional
sancionatorio21; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental.
[…]
Asimismo, la Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser
impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los
rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de
desacato está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad
responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la
orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los
derechos fundamentales con ella protegidos22. […]23 (Énfasis propio)
Por su parte, esta Sección ha considerado lo siguiente:
Ante una manifestación de incumplimiento formulada por alguna de las partes de la
acción de tutela, el juez tiene dos posibilidades independientes, no excluyentes entre sí:
1) Iniciar el trámite tendiente a obtener el cumplimiento del fallo; 2) Iniciar un incidente
de desacato; ii) el trámite para el cumplimiento tiene como única finalidad asegurar
de manera efectiva y real el acatamiento de las órdenes contenidas en la sentencia
de tutela; iii) en cambio, el incidente de desacato, tiene como finalidad la de sancionar
al responsable de ese incumplimiento y, iv) el trámite para el cumplimiento del fallo es
de naturaleza objetiva. Sólo interesa demostrar que la sentencia no fue cumplida en los
precisos términos en que fue proferida. El incidente de desacato, por el contrario, es de
naturaleza subjetiva, ya que allí es necesario, además de demostrar el incumplimiento,
determinar el grado de responsabilidad -a título de culpa o dolo- de la persona o
personas que estaban obligadas a actuar en pro del cumplimiento de la sentencia24.
(Énfasis propio).
20 Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 1998.
21 Corte Constitucional, Sentencias T-188 de 2002, T-171 de 2009 y T-123 de 2010, entre otras.
22 Sobre este punto consultar Sentencias T-014 de 2009, T-171 de 2009 y T-123 de 2010, entre otras.
23 Sentencia T-512/11. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 22 de enero de
2009. Actor Guillermo Alberto Pulido Mosquera. M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.
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Conforme con el marco conceptual expuesto, conviene hacer hincapié en que el fin del
trámite incidental es lograr el acatamiento efectivo de lo ordenado por el juez de tutela
que, en el caso sub lite, consistió en que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cúcuta — Arauca y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial resolvieran los recursos de reposición y apelación interpuestos por el
accionante en contra de las Resoluciones DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023
y 5521 del 09 de agosto de 2019, respectivamente.
Sin embargo, se itera que la autoridad judicial accionada, aun cuando recibió la
solicitud de apertura del incidente de desacato contra la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Cúcuta — Arauca, así como contra su superior jerárquico,
esto es, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, omitió su deber de verificar
a quién se dirigió la orden, el término en que debía ejecutarse y si existió o no
incumplimiento parcial o integral de las mencionadas órdenes de tutela. Por el
contrario, se limitó a requerir únicamente a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cúcuta — Arauca.
Esta omisión, a juicio de la sala de decisión se configura en un defecto procedimental
absoluto, comoquiera que se apartó del procedimiento establecido para el trámite del
incidente de desacato al no requerir a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
respecto de la cual también fue reprochado el presunto incumplimiento de la orden de
tutela que se le dio en las sentencias de 3 de agosto y 12 de septiembre de 2023.
De otro lado, es importante precisar que la manifestación en la Resolución
DESAJCUR23-2567 del 22 de agosto de 2023, referida a que «contra esta decisión no
procede recurso alguno» no es extensiva al acto primigenio, esto es la Resolución
DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023. Por lo tanto, existía un deber de la
administración de determinar la procedencia o no del recurso de apelación que
interpuso en subsidio contra la primera resolución, circunstancia que resulta importante
para efectos de acudir a la jurisdicción y someter los actos a control.
Con todo, se recuerda que en la tutela que concedió el amparo se concluyó que contra
la Resolución DESAJCUR23-2121 de 16 de mayo de 2023, por ser un acto
administrativo que decidió una situación jurídica, procedían los recursos de reposición,
de apelación y de queja tal como lo establece el artículo 74 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales tiene
finalidades y reglas de competencia distintas.
Con base en las anteriores consideraciones, esta sala revocará la sentencia de 19 de
enero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca negó el
amparo constitucional invocado. En su lugar, amparará el derecho fundamental al
debido proceso del actor y dejará sin efectos los autos de 20 y 28 de noviembre de
2023, proferidos por el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, en
el marco del incidente de desacato 81001-33-33-001-2023-00174-00/01, para que
vincule a toda la parte incidentada y verifique el cumplimiento total de las órdenes
impartidas en las sentencias de 3 de agosto y 12 de septiembre de 2023.
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Además, ordenará a la autoridad judicial accionada que, en el término de veinte (20)
días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un auto de reemplazo en
el que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en este proveído.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de enero de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Arauca que negó el amparo constitucional invocado por el señor
Óscar Mauricio León Bermúdez. En su lugar, se ampara el derecho fundamental al
debido proceso del actor.
SEGUNDO: En consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS los autos de 20 y
28 de noviembre de 2023, proferidos por el Juzgado 1.° Administrativo del Circuito
Judicial de Arauca, en el marco del incidente de desacato identificado con el radicado
81001-33-33-001-2023-00174-00/01.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera un auto de reemplazo en el que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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